Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01016-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01016-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-01016-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2019-01016-01 (1051-2023)
Demandante: Soraya Delgado Villegas
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Litisconsorte: Municipio de Medellín
Temas: Pensión de jubilación docente- cómputo de tiempo laborado
antes de la Ley 812 de 2003 – Compatibilidad entre pensión
y salario
Decisión: Confirma la decisión que accede a las pretensiones de la
demanda. Sin condena en costas.
Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
accionada en contra de la sentencia de 7 de diciembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad 1, que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por la señora Soraya
Delgado Villegas en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de
Medellín.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2.
2.1.1. Pretensiones.
2. La señora Soraya Delgado Villegas, por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó las siguientes
declaraciones:
1 Con ponencia del magistrado Gonzalo Zambrano Velandia.
2 Expediente hibrido. Índice 3 de la segunda instancia. Archivo one drive. Archivo «001Demanda (4).pdf».
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• La nulidad parcial de la Resolución 006648 del 3 de junio de 2016
expedida por la Secretaría de Educación del municipio de Medellín, en
representación de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la cual se ordenó el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a la accionante a partir
de la acreditación del retiro definitivo del servicio.
• La nulidad total de las Resoluciones 009143 del 16 de agosto de 2016,
201850054363 del 2 de agosto de 2018 y 201950000841 del 4 de enero de
2019, por las cuales se resuelve el recurso de reposición y se le negó el
reajuste de la pensión desde la adquisición del estatus pensional.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocerle y pagarle la pensión de jubilación, desde el momento
en el que cumplió el estatus pensional, esto es, el 1.° de octubre de 2015, con el
respectivo retroactivo y la indexación correspondiente.
2.1.2. Hechos.
4. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:
5. La demandante se desempeñó como docente del servicio público de
educación del municipio de Medellín, y tras cumplir con los requisitos de ley, se
le reconoció la pensión de jubilación a través de la Resolución 006648 del 3 de
junio de 2016, condicionando su pago a demostrar el retiro definitivo del servicio.
6. Contra la anterior decisión interpuso el recurso de reposición para que se
reconociera la efectividad de la prestación a partir de la adquisición del estatus
pensional, es decir, el 1.° de octubre de 2015.
7. La entidad demandada negó su solicitud través de la Resolución 009143 del
19 de agosto de 2018, con base en la incompatibilidad pensional con el salario
que percibía.
8. El 13 de febrero de 2018 el apoderado de la actora radicó petición a fin de que
se reconociera el derecho a la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el
salario, desde el estatus de pensionada.
9. Mediante las Resoluciones 201850054363 del 2 de agosto de 2018 y
201950000841 del 4 de enero de 2019 se le denegó su solicitud y se resolvió el
recurso de reposición interpuesto.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
10. Como normas vulneradas citó los artículos 2.°, 4.°, 25, 48 y 58 de la
Constitución Política, 5.° del Decreto 224 de 1972, 36 y 70 del Decreto Ley 2277
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de 1979, 15-2 de la Ley 91 de 1989, 19 de la Ley 4a de 1992, 5.° del Decreto 14
de 1992, 6.°, inciso 3.° de la Ley 60 de 1993, los Decretos 1285 de 1995 y 196
de 1995 y los Acuerdos 82 de 1959 y 20 de 1985.
11. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que los actos acusados
incurrieron en violación directa de la ley toda vez que desconocieron que la
compatibilidad entre sueldo y pensión sin límite alguno en la cuantía dispuesta
en el artículo 1 del Decreto Legislativo 2285 de 1955 para los docentes, vino a
ser ratificada por el Decreto Ley 224 de 1972, artículo 5, pero limitándola hasta
la edad de sesenta y cinco (65) años, edad que se consideró como de retiro
forzoso siempre que el docente se encuentre mental y físicamente apto para
desarrollar su tarea docente.
12. Adicionalmente se incurrió en desviación de poder y la falsa motivación,
consistente en que si bien los funcionarios que emitieron los actos administrativos
acusados, tienen la competencia y la obligación para reconocer la pensión de
jubilación desde la fecha en que adquirió el estatus de pensionada, dolosamente
omitieron reconocer la compatibilidad de la pensión y el salario y el pago en sí
mismo de la prestación, desde la fecha en que cumplió los requisitos establecidos
en la Ley 33 de 1985.
13. En consecuencia, la entidad no dio aplicación al régimen de transición y con
ello a las Leyes 33 y 62 de 1985, así como la Ley 6ª de 1945, siendo esta última
norma la que prevé de forma enunciativa mas no taxativa los factores salariales
que deben ser tenidos en cuenta para la liquidación de la pensión de jubilación
de los docentes.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. El municipio de Medellín3.
14. La apoderada del ente territorial se opuso a las pretensiones de la demanda,
para lo cual sostuvo que la docente Soraya Delgado Villegas no tiene derecho a
recibir simultáneamente la pensión y el salario por no ser destinataria de las
disposiciones previstas en el Decreto 224 de 1972, dado que fue nombrada por
esta entidad territorial con cargo a su propio presupuesto, es decir, se le aplican
las disposiciones en materia prestacional que rigen a los empleados públicos de
la Rama Ejecutiva del sector nacional según lo previsto en el Decreto 1919 de
2002, reglamentario de la Ley 4ª de 1992.
15. También, debe tenerse presente que el secretario de educación no actúa en
nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, sino que ésta le corresponde a la Fiduciaria La Previsora quien es la
encargada de realizar el pago de la pensión de la docente.
3 Índice 3 de la segunda instancia, sistema SAMAI. Expediente digitalizado, Archivo
«004ContestacionDeLaDemanda (2).pdf».
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16. Estimó además que para determinar el régimen prestacional aplicable a la
docente se debe tener en cuenta aquel que se encontraba vigente a la fecha de
su vinculación y para el caso de la docente se le aplica la normatividad
consagrada en la Ley 33 de 1985, en cuanto a la edad y al tiempo de servicios.
Igualmente, no es compatible percibir doble asignación antes del retiro del
servicio docente, es decir: salario y mesada pensional conforme a lo señalado en
el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992; en consecuencia, es válido que el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, exija el retiro del servicio para
poder hacer efectivo el pago de la pensión de jubilación.
17. Finalmente propuso las excepciones denominadas «falta de legitimación en
la causa por pasiva», «inexistencia de la obligación», «buena fe», «prescripción»
y «declaración de oficio de excepciones no alegadas que resulten demostradas
en el proceso».
2.2.2. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio no presentó contestación.
2.3. La sentencia apelada 4.
18. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, mediante
sentencia de 7 de diciembre de 2022 declaró probada la excepción de «falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el MUNICIPIO DE MEDELLÍN
• SECRETARÍA DE EDUCACIÓN»; accedió a la nulidad de los actos
administrativos demandados y a título de restablecimiento del derecho le ordenó
a la demandada reconocer a favor de la accionante « […] la pensión de jubilación
a partir del 2 de octubre de 2015, día siguiente al de la adquisición del estatus de
pensionada, previa deducción de los valores correspondientes para la
seguridad», esto es, debidamente actualizada, con el cumplimiento de la
sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA y finalmente se abstuvo de
imponer condena en costas a la demandada.
19. Para ello, explicó que teniendo en cuenta que la demandante se vinculó al
municipio de Medellín el 23 de enero de 1995, momento para el cual no se
encontraba vigente la Ley 812 de 2003, en materia pensional se le aplicaba lo
establecido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que dispone que los vinculados
a partir del 1.° de enero de 1990 tendrán derecho a una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año y gozarán del
régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, que para la
época era la Ley 33 de 1985, norma que exigía 20 años continuos o discontinuos
de servicios y 55 años de edad, los cuales cumplió la accionante el 1.° de octubre
de 2015 fecha en la que adquirió el estatus.
4 Índice 27 ibidem.
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20. Resaltó que dicha Corporación acogía el criterio del Consejo de Estado, por
lo que cuando se trate de docentes vinculados a este sector antes de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, se les aplica la Ley 33 de 1985 toda vez que
respecto de los docentes que se vinculen a dicho sector luego del aludido hito
temporal, se les aplica la Ley 100 de 1993 en toda su extensión con la sola
salvedad de la edad para entrar a disfrutar de la mesada pensional que, como se
sabe, para los maestros es de 57 años.
21. En este caso resaltó que la accionante ha prestado sus servicios como
docente al servicio oficial del municipio de Medellín, bajo vinculación territorial
con recursos propios pagados por el Sistema General de Participaciones, desde
el 23 de enero de 1995, resultando acreedora del derecho a disfrutar de una
pensión de jubilación, reconocimiento que se dio a través de la Resolución No.
006648 del 3 de junio de 2016 pero sometiendo dicho reconocimiento y el pago
de la prestación económica al retiro definitivo del servicio.
22. Empero dado que se había vinculado con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003 no podía darse aplicación a la regla de
incompatibilidad, dado que su caso se gobernaba por las previsiones anteriores
a la Ley 100 de 1993, con lo que se entendía configurada la ilegalidad de los
actos acusados, toda vez que no podía someterse el reconocimiento y pago de
la pensión de jubilación de la señora Soraya Delgado Villegas, a la acreditación
de su retiro definitivo del servicio oficial docente.
23. Finalmente consideró que no operó el fenómeno de la prescripción teniendo
en cuenta que la accionante cumplió el estatus de pensionada el 1.° de octubre
de 2015, momento en el que se hizo exigible el derecho pensional y que elevó
solicitud de reconocimiento pensional el 5 de febrero de 2015, «el término
prescriptivo fue interrumpido por 3 años más, de manera que, siendo notificada
la resolución que resolvió el recurso de reposición el día 26 de agosto de 2016 -
fl. 33- e instaurada la demanda el día 9 de abril de 2019 -fl. 19-, es claro que la
misma fue presentada antes de que se configurara el fenómeno prescriptivo».
2.4. Recurso de apelación
24. La apoderada de la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 5 presentó recurso de
apelación, en el que, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y denegar
las pretensiones de la demanda respecto de esa entidad.
25. Para el efecto señaló que desde la expedición del Acto Legislativo 01 del
2005, los docentes no disfrutan de un régimen especial en materia pensional,
sino que se someten a las disposiciones que regían la materia pensional con
vigencia para el universo de los demás servidores públicos de régimen común,
por lo cual en su respecto cabía la exigencia atinente a que para entrar a disfrutar
5 Índice 31 Expediente digitalizado. Primera Instancia.
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de la pensión derecho, deben acreditar el retiro del servicio, a riesgo de
encontrarse incursos en la prohibición constitucional, que tan sólo admite una
excepción en el caso de los maestros, cual es la consistente en que el docente
puede disfrutar de la pensión y de la pensión gracia.
26. Resaltó que el docente accionante era un empleado de carácter territorial por
lo que no tiene el derecho a disfrutar de la pensión al mismo tiempo que el sueldo,
además, el artículo 19 de la Ley 344 de 1996, establecía la posibilidad a algunos
docentes nacionales de disfrutar de pensión sin haberse retirado del servicio, lo
que fue derogado. Y ni la Ley 91 de 1989, la Ley 60 de 1993 o la Ley 115 de
1994, habían establecido, antes de la expedición de la Ley 344 de 1996, el
derecho en favor de los docentes a disfrutar simultáneamente de la mesada
pensional y del sueldo por el ejercicio del cargo. Solamente la Ley 91 de 1989 es
la atinente a la compatibilidad del disfrute de la “pensión gracia” y del sueldo.
2.5. Alegatos de segunda instancia
27. En esta oportunidad tanto las partes como el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.
28. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
29. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 6 de la Ley 1437 de 2011.
30. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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3.2. Problema jurídico
31. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala determinar ¿si la señora Soraya
Delgado Villegas tiene derecho a percibir su pensión de jubilación a partir del día
siguiente a la adquisición del estatus pensional en compatibilidad con el salario
como docente?
3.3. Compatibilidad de la pensión de jubilación y el sueldo en el caso de los
docentes.
32. El artículo 64 de la Constitución Política de 1986 estableció la prohibición de
percibir más de una asignación proveniente del tesoro público o de empresas o
instituciones en que tuviera parte el Estado con excepción de los casos
dispuestos por el legislador.
33. Luego, el Decreto 1317 del 18 de julio de 1960 ratificó esa prohibición, pero
consagró algunas excepciones, entre ellas, las asignaciones provenientes de
establecimientos educativos oficiales siempre que no se tratara de docentes que
cumplieran su labor de tiempo completo.
34. Asimismo, el artículo 32 del Decreto 1042 del 7 de junio de 1978 reiteró esta
prohibición así:
«ARTÍCULO 32. De la prohibición de recibir más de una asignación. De
conformidad con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado
público podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro, o de
empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, ya sea en razón
de contrato, de comisión o de honorarios.
Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones
que a continuación se determinan:
a. Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los
establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de
tiempo completo.
[…]».
35. Posteriormente con la expedición de la Ley 91 de 1989, el legislador permitió
la compatibilidad de la pensión ordinaria de jubilación y la pensión gracia teniendo
en cuenta el carácter especial de esta última comprendida como una recompensa
por la labor docente.
36. La Constitución de 1991 en su artículo 128 mantuvo la prohibición de percibir
más de una asignación proveniente del tesoro público y prescribió la
imposibilidad de desempeñar dos empleos públicos simultáneamente, en los
siguientes términos:
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«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y
el de las descentralizadas».
37. Se entiende que esta prohibición incluye no solo más de una asignación
proveniente de varios empleos públicos sino la de otras remuneraciones como
ocurre con las pensiones.
38. Esta norma fue desarrollada por el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, que
consagró:
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir
más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las
siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón
de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a
más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.» Destacado fuera
del texto.
39. La excepción resaltada es aplicable tanto a los docentes pensionados como
a los que posteriormente adquieran tal calidad en los términos señalados por esta
Corporación en sentencia del 14 de agosto de 2009 donde estudió un caso similar
al que aquí se discute 7:
«Lo expuesto permite concluir que la excepción consagrada en el artículo 19
de la Ley 4 de 19928 no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la
pensión ordinaria y/o gracia con posterioridad, dado que es precisamente su
7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “B”. Radicado Núm. 050012331000200403824 01.
8 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993.
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condición de pensionados la que les permite acceder a los beneficios
consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del
Decreto 224 según el cual “el ejercicio de la docencia no sería incompatible
con el goce de la pensión de jubilación”.
La excepción no está condicionada en el tiempo, como lo afirma la entidad
demandada al manifestar que ésta sólo es aplicable a los pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia, sino que debe entenderse con respecto a
los beneficios que, para la fecha de su entrada en vigencia, 18 de mayo de 1992,
cobijan a los docentes que adquieran la calidad de pensionados.»
Destacado fuera del texto.
40. A propósito, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación indicó 9:
«Teniendo en cuenta este antecedente, así como la legislación expedida con
posterioridad a la ley 4ª de 1992, la Sala considera que si bien es cierto ella
estableció como criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de los
servidores aludidos, el respeto a los derechos adquiridos por los servidores del
Estado tanto de régimen general "como de los regímenes especiales" 8, como era
natural -, también lo es que el literal g) no estableció una excepción a la
prohibición, atendiendo un criterio subjetivo, derivado de la locución "beneficien
a los servidores oficiales docentes pensionados", sino uno de carácter objetivo
supeditado a la expresión "exceptuanse las siguientes asignaciones", que remite
a las disposiciones de la legislación anterior que consagraban las excepciones
ya mencionadas, esto es, la compatibilidad de devengar pensión y sueldo, o dos
pensiones -ordinaria y gracia.
Así, las locuciones citadas entre comillas se remiten a las normas que
beneficiaban a los docentes pensionados, es decir, aquéllas que permiten al
docente que disfruta de una pensión recibir otra asignación del tesoro público, y
no a los docentes que se hallaban pensionados al momento de la vigencia de la
ley 4ª de 1992, pues la excepción apunta es a las "asignaciones" y no a los
sujetos "docentes pensionados"
De esta manera, un docente se beneficia de la excepción dicha, cuando al cumplir
las exigencias legales accede a la pensión y simultáneamente tiene la posibilidad
jurídica de devengar sueldo u otra pensión, en los términos ya señalados, […]».
41. En ese sentido el artículo 5.° del Decreto 224 de 1972 señaló:
«El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario de esté mental y físicamente apto
para la tarea docente, pero no se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir
sesenta y cinco (65) años de edad.» Destacado fuera del texto.
42. Es decir, para los docentes la pensión de jubilación es compatible con el
ejercicio de la docencia de tal manera que pueden recibir la prestación social y el
salario, en consecuencia, la pensión no debe estar sujeta al retiro del servicio.
43. Lo anterior no obsta para señalar que, en su momento, con la entrada en
vigencia del Decreto 1278 de 2002, el Gobierno Nacional consideró necesario
9 Concepto No. 1.305 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce, reiterado en
concepto No. 1459 de 29 de agosto de 2002.
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contemplar un régimen de incompatibilidades para los educadores oficiales, el
cual se desarrolló a través del artículo 45, sobre la incompatibilidad de empleo y
pensión de la siguiente forma:
«Artículo 45. Incompatibilidades. Además de las establecidas en la Constitución
y en las leyes para todos los servidores públicos, el ejercicio de cargos en el
sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
44. No obstante, la Corte Constitucional a través de sentencia C-1157 de 2003
declaró inexequible dicha norma al indicar que el legislador en el marco de sus
potestades había contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo
128 Superior en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser
modificada por el Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de
la Ley 4ª de 1992, se pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores
de percibir el salario y la pensión de jubilación de manera concomitante, ello para
nivelar sus condiciones remunerativas y la especialidad diferenciadora de su
labor dentro de la Función Pública 10.
45. Es importante señalar, además, que el citado Decreto 1278 de 2002, en su
artículo 42, literal k) prohibía a los maestros oficiales devengar simultáneamente
más de una asignación proveniente del tesoro público, norma que igualmente fue
declarada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-
734 de 2003.
46. Finalmente, en tanto guarda relación con el recurso de apelación, es de
señalar que el Decreto 2277 de 1979 -Estatuto Docente, en su artículo 3.°,
dispuso que los educadores que prestan sus servicios a entidades del orden
nacional, departamental, distrital y municipal son empleados oficiales de
régimen especial en lo que tiene que ver con la administración de personal y
algunos temas salariales y prestacionales, así:
«Artículo 3. Los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales
de orden nacional, departamental, distrital, intendencial, comisarial y municipal,
son empleados oficiales de régimen especial que, una vez posesionados,
quedan vinculados a la administración por las normas previstas en este
decreto».
47. Como se advierte dicha disposición, comprende aspectos de administración
de personal, situaciones administrativas, ascenso de los educadores. Sin
embargo, aunque en lo relacionado con la pensión ordinaria de jubilación los
docentes no disfrutan de ninguna especialidad que les otorgue determinados
10 Sentencia de 22 de junio de 2023 dictada por esta Subsección con ponencia del consejero Jorge Iván
Duque Gutiérrez dentro del proceso 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
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privilegios, «sí han sido beneficiarios de algunas prerrogativas, como la
posibilidad de recibir simultáneamente pensión y sueldo, y algunos gozan de la
denominada pensión gracia». 11
3.4. Análisis del caso concreto
48. En este caso, a la demandante se le reconoció la pensión de jubilación a
través de la Resolución 006648 del 3 de junio de 2016 12, a la luz de la Ley 33
de 1985, por acreditar 55 años de edad, esto porque nació el 1.° de octubre de
1960 y acreditó un periodo de labor desde el 23 de enero de 1995 hasta el 1.° de
octubre de 2015, cuando contaba con 20 años y 8 meses de servicios.
49. En el acto demandado se indicó que la señora Delgado Villegas adquirió el
estatus pensional el 1.° de octubre de 2015, sin embargo, estableció que su
efectividad dependía del retiro del servicio al tenor de lo señalado por el artículo
8.° de la ley 71 de 1988.
50. Ahora bien, dado que la señora Delgado Villegas se vinculó a la docencia
oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se encuentra
cobijada por las previsiones de las Leyes 33 y 62 de 1985, se evidencia por tanto,
que la demandante como docente territorial, se encuentra cobijada por la
excepción consagrada en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992
comoquiera que su régimen especial docente lo permite y por consiguiente, es
beneficiaria de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario en los
términos del artículo 5.° del Decreto 224 de 1972.
51. En efecto como el vínculo inició antes del 27 de junio de 2003 como es el
presente caso, para reconocer la pensión se debe acudir a la Ley 91 de 1989,
por lo que sí tenía derecho a devengar la aludida prestación y a la vez continuar
en ejercicio de su cargo docente hasta el cumplimiento de los 70 años de edad,
considerados como la edad de retiro forzoso en virtud de la Ley 1821 de 2016.
52. De esta manera, le asistió razón al Tribunal, toda vez que la demandante
tiene derecho a que la pensión de jubilación le sea reconocida desde el momento
en que adquirió el estatus pensional y no al retiro; y en tal sentido, la sentencia
apelada se confirma.
3.5. De la condena en costas en segunda instancia
53. En el caso concreto, advierte la Sala que no hay lugar a condenar en costas:
11 Sentencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,de 14 de marzo de 2024,
dictada dentro del proceso 05001-23-33-000-2016-02542-01, radicado interno 3475-2023.
12 Carpeta one drive. índice 3. Segunda instancia. Archivo «004ContestacionDeLaDemanda (2).pdf».
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54. En efecto, si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto a la carencia de
fundamentación jurídica para imponerlas.
55. En esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis,
de la revisión de los argumentos presentados por la parte demandada se
advierte que, en efecto, el ejercicio de la oposición a la sentencia de primera
instancia se basó en argumentos jurídicos debidamente sustentados por lo que
la Sala considera que no hay lugar a imposición de costas a cargo de la entidad.
56. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de diciembre de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho incoada por la señora Soraya Delgado Villegas contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el municipio de Santiago de Cali, con fundamento en las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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