Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01049-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01049-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-01049-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2019-01049-01 (2927-2025)
Demandante: Adolfo León Gómez Paniagua
Demandado: Municipio de envigado
Tema: Nivelación salarial. La jerarquía del empleo no es un parámetro
determinante para ordenar la equiparación salarial.
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia del 29 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó anular el Oficio No. 0016351-
0000009-20180718-1100-2018/07/18 del 12 de julio de 2018, a través del cual la
Alcaldía Municipal de Envigado negó la solicitud de nivelación salarial presentada
por el accionante.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó condenar al ente demandado
nivelar su salario en proporción al que percibe el señor Edgar de Jesús Restrepo
Restrepo y, consecuentemente, reajustar su salario y las prestaciones sociales
causadas a partir de la fecha de su posesión, así como los aportes realizados al
sistema de seguridad social integral.
4. Hechos. Se reseñaron como tales los siguientes:
5. El demandante participó en el concurso de méritos realizado mediante la
Convocatoria 001 de 2005 y aspiró al cargo de líder de programa, código 206, grado
19.
6. Mediante el Acuerdo 049 de 23 de diciembre de 2010, el Concejo Municipal de
Envigado modificó la escala salarial de la administración y, en cumplimiento de ello,
la alcaldía emitió el Decreto 070 de 3 de febrero de 2011, en el que ajustó tal escala
y modificó los grados salariales respectivos.
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Demandante: Adolfo León Gómez Paniagua
7. Por Resolución 1714 de 2 de mayo de 2012, el actor fue designado en periodo
de prueba en el cargo de líder de programa, código 206, grado 06, nivel profesional,
adscrito a la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario. Luego,
mediante la Resolución 376 de 28 de enero de 2013, fue nombrado en carrera en
ese empleo.
8. El señor Edgar de Jesús Restrepo Restrepo está vinculado a la planta de cargos
del ente accionado como profesional universitario, código 219, grado 23 de la
secretaría de hacienda y devenga un salario superior al del accionante, a pesar de
que el empleo de este último está escalafonado en un nivel superior, dado que funge
como líder de programa.
9. En efecto, en la estructura administrativa y el manual de funciones del municipio,
el cargo de líder de programa pertenece al nivel profesional y tiene una jerarquía
superior al de profesional universitario, en atención a sus funciones y
responsabilidades. No obstante, aunque el señor Restrepo Restrepo ostenta un
empleo de inferior jerarquía, percibe un salario mayor al del demandante.
10. En julio de 2018, el accionante solicitó la nivelación salarial frente al cargo del
señor Edgar de Jesús Restrepo Restrepo, para lo cual invocó la desigualdad
existente. Sin embargo, el municipio negó tal pedimento porque las condiciones de
ingreso de uno y otro fueron diferentes, pues el señor Restrepo venía de laborar en
la contraloría desde el año 1989.
11. Tal justificación es improcedente, pues la contraloría es una entidad autónoma
e independiente, y el vínculo laboral actual de ambos servidores se originó a partir
de la superación del mismo concurso de méritos.
12. Fundamentos de derecho1. Para la abogada de la parte activa, la decisión
cuestionada vulneró las siguientes disposiciones: artículos 1.°, 2.°, 6.°, 121, 128 y
209 de la Constitución Política; el Decreto 070 de 4 de febrero de 2011, emitido por
la Alcaldía Municipal de Envigado; el Acuerdo Municipal 049 de 2010, emitido por el
Concejo Municipal de Envigado; el Decreto 309 de 19 de febrero de 2018; la Ley
443 de 1993 y la Ley 909 de 2004.
13. Al exponer el concepto de violación, sostuvo, en esencia, que no existe
justificación proporcional ni razonable para que el ente enjuiciado avale la aludida
diferencia salarial, máxime porque el cargo que el demandante ejerce es superior
en funciones y responsabilidades al que desempeña el señor Edgar Restrepo
Restrepo.
14. Por tanto, en virtud de los principios constitucionales a la igualdad y de “a trabajo
igual, salario igual”, el accionante merece que su asignación básica sea nivelada a
la que percibe el aludido señor.
1 Ver archivo denominado «033ED_C003_001Subsanacion», el cual puede ser descargado en la pestaña
«Gestionar documentos» de la plataforma SAMAI de primera instancia.
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15. Contestación de la demanda. Dentro de la oportunidad de ley, el municipio de
Envigado se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Con tales
fines:
16. Alegó que los cargos de líder de programa, código 206, grado 06 y profesional
universitario código 219, grado 10 son distintos en su denominación, código, grado,
funciones, propósitos y requisitos, conforme a los manuales de funciones, por lo que
no son comparables.
17. Afirmó que el demandante participó en el concurso de méritos y aceptó las
condiciones del cargo al momento de su nombramiento, incluyendo la asignación
salarial correspondiente. En ese sentido, señaló que la diferencia salarial obedece
a que, aunque ambos empleos pertenecen al nivel profesional, cuentan con grados
salariales distintos dentro de la escala fijada por el concejo municipal en ejercicio de
sus competencias constitucionales.
18. Como excepciones de mérito, propuso la de inepta demanda y carencia de
objeto para demandar, presunción de legalidad del acto administrativo, inexistencia
de causa para pedir y mala fe del accionante.
19. Sentencia de primera instancia2. Es la dictada el 29 de agosto de 2025, a
través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la
demanda. Con tal fin, y luego de referenciar con brevedad los alcances
jurisprudenciales del principio de “a trabajo igual, salario igual”, concluyó que:
20. En la convocatoria 001 de 2005, el municipio demandado ofertó los cargos de
líder de programa, código 206, grado 19 y profesional universitario, código 219,
grado 23. Luego, en virtud del Acuerdo Municipal 049 de 2010 y el Decreto 070 de
2011, el concejo y la alcaldía municipal modificaron la escala salarial de todos los
empleos de la administración y, en consecuencia, los cargos en cita pasaron a ser
grado 6 y 10 respectivamente.
21. Entonces, la diferencia salarial que ahora se reprocha está fundamentada en el
proceso de reforma salarial adelantado por las citadas autoridades, lo que provocó
que los grados de los empleos desempeñados por el demandante y el señor Edgar
Restrepo Restrepo terminaran en los niveles arriba señalados.
22. En este sentido, para que pueda ordenarse una nivelación salarial, es necesario
que quien demanda demuestre que el empleo ejercido por él se iguala en
propósitos, funciones, responsabilidades, perfil y condiciones de trabajo al cargo
frente al que realiza la comparación. Por tanto, las percepciones subjetivas
relacionadas con la superioridad de un empleo frente a otro no son suficientes para
avalar la igualdad salarial.
2 Índice 00041 de la plataforma SAMAI de primera instancia.
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23. En este asunto, además de lo ya reseñado, no solo se evidenció la diferencia
existente entre los códigos y grados de ambos cargos, sino también entre sus
propósitos principales pues, mientras el ejercido por el actor apunta al diseño e
implementación de estrategias para la inclusión de la población víctima del conflicto
en el municipio, el ejecutado por el señor Restrepo Restrepo se dirige a la
preparación y presentación de los reportes e informes financieros y de rendición de
cuentas por parte del ente territorial.
24. En consecuencia, es claro que el salario que actualmente percibe el accionante
es el que legalmente le corresponde, pues según lo expuesto hasta aquí, no existen
razones para aplicar el principio de “a trabajo igual, salario igual”.
25. Por ende, la parte activa no puede pretender vía judicial la asignación del salario
de un cargo para el que no concurso. De permitirlo, se desconocería la estructura
de la planta de personal, la escala salarial y las normas sobre carrera administrativa
de la demandada.
26. Recurso de apelación3. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de
la parte demandante presentó recurso de apelación en los siguientes términos:
27. El tribunal interpretó erróneamente el argumento de la demanda, pues el uso
del vocablo “status” solo tuvo por finalidad destacar que los cargos públicos tienen
asignada una jerarquía y, en el caso concreto, el nivel profesional de la entidad
accionada lo compone, en su orden, el líder de programa, el líder de proyectos, el
profesional especializado y el profesional universitario.
28. Así, aunque el establecimiento de grados determina la respectiva remuneración
salarial, no se puede desconocer la anterior jerarquía, pues es ilógico que el
demandante, quien ostenta un cargo superior, perciba un salario inferior al de aquel
que tiene un empleo de menor categoría.
29. En consecuencia, antes que perseguir la nivelación salarial en virtud del
principio de “a trabajo igual, salario igual”, lo que pretendió fue alcanzar esa igualdad
a partir de la noción piramidal que converge en los empleos públicos, de manera
que el cargo desempeñado por el actor, al corresponder al de líder de programa, es
superior al de profesional universitario. Por tanto, no importa que los códigos,
grados, propósitos, funciones y responsabilidades sean distintos, pues lo que
determina el derecho que ahora se reclama es el rango que ostenta el demandante.
30. Finalmente, reprochó la falta de resolución al cargo de nulidad según el cual el
nivel salarial del señor Edgar Restrepo Restrepo no estuvo determinado por su
antigüedad, emanada de venir laborando en la “contraloría”, pues este también
ingresó a trabajar con la Alcaldía Municipal de Envigado a partir de la superación de
las fases de la convocatoria 001 de 2005.
3 Índice 00045 de la plataforma SAMAI de primera instancia.
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Trámite correspondiente a la segunda instancia
31. La admisión del recurso4. Mediante auto de 13 de febrero de 2026 se admitió
el recurso de apelación.
32. Dentro de la oportunidad de ley solo intervino el Agente del Ministerio Público
Delegado ante esta corporación, quien solicitó confirmar la sentencia recurrida5.
Para ello, adujo que el principio laboral de “a trabajo igual, salario igual” no parte de
la consideración y/o del nombre el empleo público, sino de la determinación de
similitud sustancial entre los cargos objeto de comparación.
33. Que la equiparación entre los empleos de líder de programa, código 206, grado
6 y profesional universitario, código 219, grado 10, no evidenció la referida igualdad,
pues los propósitos, funciones y requisitos de experiencia y formación profesional
requeridos para cada uno de ellos no eran similares.
34. Control de legalidad6. Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
35. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,7 esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación presentado.
36. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados por la
recurrente, le corresponde a la Sala establecer si:
36.1 ¿El demandante tiene derecho a la nivelación salarial reclamada en la
demanda frente el cargo de profesional universitario, código 219, grado 10?
36.2 ¿El tribunal de primer grado guardó silencio frente al cargo según el cual la
asignación salarial del empleo ejercido por el señor Edgar Restrepo Restrepo no
provenía de su labor anterior en la contraloría, porque su ingreso a la demandada
se produjo por la superación del concurso de méritos enmarcado en la convocatoria
001 de 2005?
37. Con tales fines, la Subsección referenciará la aplicación del principio
constitucional denominado “a trabajo igual, salario igual” frente a las pretensiones
de nivelación salarial.
4 Actuación visible en el índice 00005 de la plataforma SAMAI.
5 Actuación visible en el índice 00011 de la plataforma SAMAI.
6 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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38. El principio constitucional de “a trabajo igual, salario igual” como
presupuesto para reconocer la nivelación salarial en la función pública.
39. El artículo 25 Constitucional establece que «[e]l trabajo es un derecho y una
obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas».
40. Dentro de las protecciones que emanan de ese postulado se encuentra el
principio de “a trabajo igual, salario igual”, que a su vez concreta los pilares de
dignidad y justicia allí señalados. En el ámbito legal, el artículo 143 del Código
Sustantivo el Trabajo precisa los alcances de ese bastión en los siguientes términos:
«ARTICULO 143. A TRABAJO DE IGUAL VALOR, SALARIO IGUAL. <Artículo
modificado por el artículo 7 de la Ley 1496 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:>
1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia
también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los
elementos a que se refiere el artículo 127.
2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, género,
sexo nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales.
3. Todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración, se presumirá
injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de
diferenciación».
41. A partir de estas estipulaciones, la Corte Constitucional ha insistido que el
principio en cita se activa en la medida en que el interesado acredite que: i) ocupa
el mismo cargo; ii) desarrolla las mismas funciones y; iii) detenta las mismas
competencias y habilidades para cumplir con la tarea encomendada a otro
empleado, con la diferencia de que a éste se le reconoce y paga una asignación
salarial superior.
42. En tal sentido, ha proclamado que las condiciones reales de trabajo son las que
determinan la proporcionalidad y el valor de la respectiva remuneración. Por tanto,
con base en ese pregón, proscribe toda diferencia salarial que provenga de criterios
individualistas, caprichosos y arbitrarios.
43. Por el contrario, cuando tales distinciones emanan de consideraciones objetivas
y razonables, se dice que la desigualdad está ajustada a la Constitución Política y,
por tanto, no amerita reproche de ningún tipo. Como ejemplos pueden citarse: a) la
existencia de parámetros variados para la evaluación y desempeño; b) las
diferencias en la estructura institucional de las dependencias en las que se ejecutan
las labores y; c) las diversas clasificaciones de los empleos al interior de la entidad.
En sentencia T-369 de 2016,8 ese alto tribunal expresó:
8 M.P. María Victoria Calle Correa.
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«6. El principio “a trabajo igual, salario igual” – Reiteración jurisprudencial
Independientemente de si la relación laboral se desarrolla en el sector público o
privado, debe ser justa y digna por orden expresa de la Constitución, que en su
artículo 25 dispone: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en
todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”9.
Del segundo de estos requisitos –justicia– se desprende el principio “a trabajo igual,
salario igual”. Éste corresponde a la obligación para el empleador de proporcionarles
a sus trabajadores una remuneración acorde con las condiciones reales del
trabajo10. Es decir, una que provenga de la observación de elementos objetivos y no
de consideraciones subjetivas, caprichosas o arbitrarias. Así pues, quienes ocupan
el mismo cargo, desarrollan las mismas funciones y demuestran tener las mismas
competencias o habilidades para cumplir con la tarea que se les ha encomendado,
deben percibir la misma remuneración, toda vez que no existen, en principio,
razones válidas para tratarlos de forma distinta.
No obstante lo anterior, no toda desigualdad salarial entre sujetos que ostentan las
mismas características constituye una vulneración de la Constitución, pues un trato
diferente sólo se convierte en discriminatorio y, en esta medida, es reprochado
cuando no obedece a causas objetivas y/o razonables. El trato desigual que está
fundamentado en criterios constitucionalmente válidos es conforme a la Carta y, por
ende, está permitido.
Teniendo esto en cuenta, la Corte ha sostenido que para acreditar la vulneración del
principio “a trabajo igual, salario igual”, primero debe estarse ante dos (2) o más
sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo
régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo, son comparables y,
no obstante ello, reciben una remuneración diferente.11
Seguidamente, el Tribunal ha indicado que se deben analizar las razones por las
cuales existe la desigualdad, a efectos de determinar si ellas cuentan con un
respaldo constitucional y si son lo suficientemente poderosas como para limitar el
derecho fundamental a la igualdad.
9 El derecho fundamental al trabajo también está regulado en el artículo 53 superior, donde se señala: “El
Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes
principios mínimos fundamentales: || Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima
vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos
inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación
de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de
las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. || El estado garantiza
el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. || Los convenios internacionales
del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. || La ley, los contratos, los acuerdos
y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los
trabajadores”. El derecho fundamental al trabajo se encuentra regulado en instrumentos internacionales, dentro
de los cuales se encuentran los siguientes, teniendo en cuenta el tema específico que se debate en la presente
Sentencia: (i) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de mil novecientos sesenta
y seis (1966), que fue aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 74 de 1968, y (ii) el Convenio
Internacional del Trabajo No. 111, aprobado por Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en mil
novecientos sesenta y nueve (1969), relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación.
10
Asimismo, este principio encuentra sustento en el artículo 13 superior, referente al derecho fundamental a la
igualdad, y que señala lo siguiente: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
|| El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de
grupos discriminados o marginados […]”.
11 Véanse las Sentencias T-097 de 2006 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-545A de 2007 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto) y T-833 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
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Respecto a los criterios válidos que pueden justificar una diferenciación salarial, la
jurisprudencia constitucional12 ha permitido, entre otros, los siguientes: (i) criterios
objetivos de evaluación y desempeño; (ii) diferencias de la estructura institucional
de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima
facie análogos; y (iii) distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual
se generan diferentes escalas salariales, que responden a
cualificaciones igualmente disímiles para acceder a dichos empleos».
44. Por su parte, esta corporación ha venido destacando que, aunque a un servidor
público se le pueden asignar tareas que cotidianamente no ejecuta o que se
encuentran por fuera de las consignadas en su manual de funciones, tales
actividades no pueden corresponder a las de un empleo del nivel superior, pues con
ello no solo se avalaría el “enriquecimiento sin causa de la administración”, sino
también el desconocimiento de los derechos laborales del trabajador.13
45. Como instrumento para contrarrestar las infracciones que se puedan presentar
en esta materia, esta Subsección ha expresado que quien pretenda hacerse
acreedor a la nivelación salarial:
«[…] debe acreditar que cumplió las mismas funciones asignadas al cargo del cual
reclama el salario, que tiene idénticas responsabilidades y categoría del empleo y
además, que reúne los requisitos que se exigen para ocuparlo. Cumplidos estos
presupuestos, es posible aplicar el principio denominado «a trabajo igual, salario
igual» previsto en el artículo 53 de la Constitución Política de 1991 […]».14
46. En suma, el principio de “a trabajo igual, salario igual” cobra fuerza cuando un
servidor pretende ser equiparado a las condiciones salariales y prestacionales
reconocidas a un funcionario de un nivel superior y por tanto acredita que: i) cumple
con las mismas funciones; ii) está sujeto a las mismas responsabilidades y; iii)
satisface los requisitos para ocupar el cargo respecto del cual pretende la nivelación.
47. El caso concreto. La resolución del primer interrogante: ¿El demandante
tiene derecho a la nivelación salarial reclamada en la demanda frente el cargo de
profesional universitario, código 219, grado 10?
48. En orden a resolver el anterior cuestionamiento, la Sala referenciará las pruebas
que, incorporadas al expediente, tienen una relación indisoluble con lo planteado
por la parte actora. Por tanto, está debidamente demostrado que:
48.1 Mediante Resolución nro. 683 de 23 de marzo de 2012, la Comisión
Nacional del Servicio Civil conformó la lista de elegibles para la provisión del
cargo denominado líder de programa, código 206, grado 19 de la Alcaldía
12 Véanse las ya referidas Sentencias T-097 de 2006 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-545A de 2007 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto) y T-833 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), las cuales serán explicadas a profundidad en el
texto principal de esta providencia.
13 Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 28 de septiembre de 2016, expediente N° 25 000 23 25 000 2010 01072
01(4233-13), C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.
14 Sentencia de 12 de noviembre de 2020, expediente No. 25000-23-42-000-2013-01884-01(3804-16), Consejero Ponente
Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
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Demandante: Adolfo León Gómez Paniagua
Municipal de Envigado. En ella, quedó inscrito como único elegible el señor
Adolfo León Gómez Paniagua15.
48.2 Por Resolución 1714 del 2 de mayo siguiente, la referida alcaldía municipal
nombró al actor en periodo de prueba en el señalado empleo, pero
especificando que el grado actual corresponde al 06.16 Con tales fines
explicó que:
«4. La Administración Municipal de Envigado mediante Decreto 070 d febrero
3 de 2011 acorde con el Acuerdo 049-2010 del 23 de diciembre de 2010
modificó la Estructura de la Escala Salarial de la Administración Municipal de
Envigado.
5. Que la modificación de la estructura salarial de Municipio de Envigado no
cambia los emolumentos con respecto a los grados salariales reportados en
la Convocatoria 001 de 2005.»
48.3 A través de Resolución nro. 376 de 28 de enero de 2013, el demandante
fue nombrado en propiedad en el citado cargo17.
48.4 Por Resolución nro. 2143 de 17 de junio de 2011, el señor Edgar de Jesús
Restrepo Restrepo fue nombrado en periodo de prueba en el empleo
denominado profesional universitario, código 219, grado 1018.
48.5 Que el citado señor fue inscrito en carrera administrativa según Resolución
4284 del 29 de noviembre de 2016, pues así lo certificó la Comisión Nacional
del Servicio Civil19.
48.6 Que en petición visible a folios 20-2120, la parte actora solicitó la nivelación
salarial objeto de debate.
48.7 A folios 2221, la Alcaldía Municipal de Envigado negó la anterior solicitud
al considerar que «[…] [c]omo podrá observar las condiciones del empleo
por el cual concurso usted y en el cual fue nombrado son diferentes a las
del empleo con el cual usted lo compare, igualmente las condiciones de
antigüedad en el servicio son diferentes, tampoco podemos hablar de
igualdad en las funciones.»
48.8 Por medio del Acuerdo 049 de 23 de diciembre de 2010, el Concejo
Municipal de Envigado modificó la escala salarial del municipio22.
15 Ver folios 86-88 del archivo denominado «26_Expedientedigi_001Demanda_0_20250902140815407», el cual
puede ser descargado en la pestaña «Visualizar expediente» de la plataforma SAMAI de primera instancia.
16 Folios 89-90 ejusdem.
17
Folios 60-61 del archivo denominado «037ED_C003_005ContestacionDeLaD», el cual puede ser descargado
en la pestaña «Visualizar expediente» de la plataforma SAMAI de primera instancia.
18 Folios 47-48, ib.
19 Folio 50 ib.
20 Del archivo denominado «26_Expedientedigi_001Demanda_0_20250902140815407», el cual puede ser
descargado en la pestaña «Visualizar expediente» de la plataforma SAMAI de primera instancia.
21 Ejusdem.
22 Folios 44-45 ejusdem.
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48.9 Mediante Decreto 070 de 3 de febrero de 2011, el alcalde municipal, en
cumplimiento de ese Acuerdo, ajustó las escalas salariales de los empleos
de esa entidad.23
48.10 A folios 51-55 y 65-6924 reposan los manuales específicos de funciones y
competencias laborales de los cargos de profesional universitario, código
219, grado 10 y líder de programa, código 206, grado 06.
49. Pues bien, la Sala destaca que en el recurso de apelación la parte actora
reconoció que los cargos objeto de comparación son distintos, tanto en su
denominación como en sus funciones y responsabilidades. Sin embargo, sostuvo
que el error del tribunal consistió en limitar su análisis a esos parámetros, sin
considerar que dentro del nivel profesional existe una organización jerarquizada de
empleos en la que el de líder de programa ejercido por él ostenta un mayor rango.
50. En ese sentido, adujo que su cargo se encuentra en un nivel superior dentro de
la estructura de personal del ente accionado, dadas sus mayores responsabilidades,
funciones de dirección y coordinación, y su ubicación en la clasificación de empleos.
Por ello, estimó que esa posición debe reflejarse en una mayor remuneración.
51. Con base en lo anterior, insistió en que existe una incoherencia en la estructura
salarial del municipio, pues un cargo jerárquicamente inferior está recibiendo una
remuneración superior. Por ello, sostuvo que debe percibir un salario mayor, no por
igualdad de funciones, sino por respeto a la jerarquía del cargo que ocupa.
52. En relación con los reparos formulados en el recurso de apelación, la Sala
advierte que no le asiste razón al apelante, en tanto sus argumentos desconocen el
marco constitucional y legal que rige la fijación de las asignaciones salariales en el
sector público territorial.
53. En efecto, conforme lo ha reiterado esta Sección25, la determinación de las
escalas salariales en las entidades territoriales corresponde a las autoridades
competentes, Gobierno Nacional, asambleas departamentales, concejos
municipales y gobernadores y alcaldes, quienes actúan dentro de los límites fijados
por la Constitución Política y la Ley 4ª de 1992. Además, es notorio que al fijar tales
estipendios deben atender los criterios de sostenibilidad fiscal, eficiencia y
racionalidad del gasto público.
54. En ese sentido, los topes salariales establecidos por el Gobierno Nacional
constituyen límites máximos, mas no parámetros obligatorios que deban ser
23 Folios 46-47 ib.
24 Del archivo denominado «037ED_C003_005ContestacionDeLaD», el cual puede ser descargado en la
pestaña «Visualizar expediente» de la plataforma SAMAI de primera instancia.
25 Sentencias del 21 de mayo de 2020, radicado 63001-23-33-000-2017-00288-01(3962-18); del 24 de
septiembre de 2020, radicado 63001-23-33-000-2017-00248-01 (2436-2018); del 5 de noviembre de 2020,
radicado 63001-23-33-000-2017-00289-01(3434-2018); del 25 de febrero de 2021, radicado 63001-23-33-000-
2017-00292-01(2930-18); del 13 de mayo de 2021.
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replicados de manera uniforme o que impongan una equivalencia entre cargos
distintos.
55. Bajo esta perspectiva, no resulta jurídicamente válido el planteamiento del
recurrente según el cual, por existir una supuesta jerarquía interna dentro del nivel
profesional, el cargo de líder de programa deba necesariamente devengar una
remuneración superior a la del empleo de Profesional Universitario. Tal
razonamiento desconoce que la asignación salarial no se determina únicamente por
una clasificación jerárquica abstracta, sino por criterios objetivos como la
denominación del empleo, su código, grado, funciones, responsabilidades y
ubicación dentro de la planta de personal, conforme a la escala salarial válidamente
adoptada por la entidad territorial.
56. Así mismo, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que la sola existencia de
diferencias salariales entre servidores públicos no configura, por sí misma, una
vulneración del principio de igualdad, ni da lugar a la nivelación pretendida, en
especial cuando los cargos no son equivalentes en sus funciones, requisitos y
responsabilidades.
57. En el presente caso, está plenamente demostrado que los empleos comparados
son distintos, no solo en su denominación y grado, sino también en sus funciones y
propósitos institucionales, lo que excluye la aplicación del principio de “a trabajo
igual, salario igual”.
58. En efecto, solo por citar un ejemplo, los propósitos principales de uno y otro son
distintos, pues mientras el que ejecuta el demandante tiene por finalidad «[d]efinir e
implementar estrategias que propendan por la inclusión de la población víctima del
conflicto del Municipio de Envigado, de acuerdo a la normatividad vigente y a los
lineamientos establecidos.», el de profesional universitario apunta a «[a]plicar los
conocimientos profesionales en la Secretarla de Hacienda preparando y presentado
adecuada y oportunamente los reportes e informes económicos, financieros y de
rendición de las cuentas a las diferentes entidades oficiales y privadas, internas y
externas del Municipio de acuerdo con las políticas y normas vigentes sobre la
materia.»
59. De otra parte, tampoco es de recibo el argumento según el cual los grados
salariales no pueden compararse entre cargos distintos, para luego sostener que
debe prevalecer una supuesta jerarquía funcional. Tal postura resulta contradictoria,
pues pretende desconocer el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos,
así como la estructura salarial definida por la entidad, para imponer un criterio
subjetivo de organización que no tiene sustento normativo.
60. Adicionalmente, debe resaltarse que la fijación de las escalas salariales
responde a una política pública integral, en la que se ponderan factores como la
disponibilidad presupuestal y la sostenibilidad financiera de la entidad territorial. En
este sentido, se precisa que ni siquiera el aumento de categoría de un ente territorial
ni la existencia de diferencias salariales entre servidores implican la obligación de
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incrementar las remuneraciones de todos los empleados, pues ello podría
comprometer el equilibrio fiscal y afectar la destinación de recursos al gasto social.
61. Así las cosas, el cargo en mención no prospera.
61.1 Resolución del segundo interrogante: ¿El tribunal de primer grado guardó
silencio frente al cargo según el cual la asignación salarial del empleo ejercido por
el señor Edgar Restrepo Restrepo no provenía de su labor anterior en la contraloría,
porque su ingreso a la demandada se produjo por la superación del concurso de
méritos enmarcado en la convocatoria 001 de 2005?
62. Advierte la Sala que, tal y como lo indicó el apelante, el a quo no resolvió este
ítem. Sin embargo, ese silencio no tiene la fuerza suficiente para variar el contenido
de la decisión apelada, por las siguientes razones:
63. De acuerdo con los argumentos vertidos al resolver el cuestionamiento que
precede, la fijación de la asignación básica de un servidor público depende
exclusivamente de «[…] criterios objetivos como la denominación del empleo, su
código, grado, funciones, responsabilidades y ubicación dentro de la planta de
personal.»
64. Ahora bien, aunque en el Oficio demandado se aseguró que «[…] [c]omo podrá
observar las condiciones del empleo por el cual concurso usted y en el cual fue
nombrado son diferentes a las del empleo con el cual usted lo compare, igualmente
las condiciones de antigüedad en el servicio son diferentes, tampoco podemos
hablar de igualdad en las funciones.» (el énfasis es nuestro), lo cierto es que la
administración no explicó el sustento de esa afirmación.
65. En otras palabras, la alcaldía nunca dio a conocer los motivos por los cuales las
condiciones de antigüedad fueron determinantes para fijar la asignación básica del
empleo de profesional universitario desempeñado por el señor Restrepo Restrepo.
66. Es más, en la Resolución 2143 de 201726, a través de la cual aquel fue
designado en periodo de prueba en el aludido cargo, la administración fue clara al
expresar que «[…] mediante Decreto 070 de febrero 3 de 2011 acorde con el
Acuerdo 049-2010 del 23 de diciembre de 2010 modifico la Estructura de la Escala
Salarial de la Administración Municipal de Envigado. Que la modificación de la
estructura salarial del municipio de Envigado no cambia los emolumentos con
respecto a los grados salariales reportados en la Convocatoria 001 de 2005.»
67. Lo anterior evidencia que la asignación salarial del cargo de profesional
universitario ejercido por el señor Edgar Restrepo Restrepo no tuvo su génesis en
las señaladas condiciones de antigüedad, sino que es el mismo que se determinó
al hacer la convocatoria pública dentro del concurso de méritos que, como era de
26 Folios 47-48 del archivo denominado «037ED_C003_005ContestacionDeLaD», el cual puede ser descargado
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esperarse, se nutrió de los incrementos anuales decretados por el gobierno
nacional.
68. Adicionalmente, la Sala no pasa por alto que, al modificar las escalas salariales
de los empleos de la Alcaldía Municipal de Envigado, las autoridades competentes
fijaron los salarios respectivos sin hacer mención de condiciones de antigüedad. Por
tanto, ninguna ilegalidad refleja la anterior afirmación que, se reitera, no fue
sustentada por la demandada, ni se soporta en los actos administrativos que
determinaron los valores de cada uno de los emolumentos salariales, por lo que
este cargo tampoco prospera.
69. En consecuencia, al no demostrarse la ilegalidad del acto acusado ni la
vulneración de los principios invocados, y habiéndose establecido que la asignación
salarial del demandante corresponde a la estructura legalmente definida por el
Municipio, no hay lugar a acceder a la nivelación pretendida, razón por la cual se
impone confirmar la decisión de primera instancia.
70. Condena en costas en esta instancia. La modificación del artículo 188 del
CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.
71. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del CGP.
72. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
73. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora, por cuanto en la
presente decisión no se acogieron los argumentos planteados en el recurso de
apelación por ella presentado. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Antioquia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 29 de agosto de 2025, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la
demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, promovió el señor Adolfo León Gómez Paniagua en contra del municipio
de Envigado.
SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta
instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Antioquia.
TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley y el art. 186 del CPACA.
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