Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01113-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2019-01113-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01113-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-01113-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Treinta (30) de abril de Dos mil Veintiséis (2026)
Radicado : 05001-23-33-000-2019-01113-01 (0291-2026)1
Demandante : Ruth Mery Medina Patiño
Demandado : Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Pensión de sobreviviente
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, que negó las
pretensiones de la demanda2.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones3
1. La señora Ruth Mery Medina Patiño, por intermedio de apoderada judicial, en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad de la Resolución
No. 16917 del Quince (15) de agosto de Dos mil Siete (2007), mediante la cual, la Nación
– Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la que considera tiene
derecho, como cónyuge sobreviviente del señor José Whisner Agudelo Gómez.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió: i) condenar a la Nación – Ministerio
de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y
pagar la pensión de sobrevivientes a partir del Nueve (9) de mayo de Mil Novecientos
1 Expediente electrónico
2 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 026, archivo
Sentencia_05001233300020190111
379 kb
3 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo ED_ExpedienteElectronic
13 kb, anexo cuaderno principal, folios 1-2.
2
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Noventa y Cinco (1995), equivalente al 75 % de los factores salariales devengados por
el señor José Whisner Agudelo Gómez en el año anterior a su fallecimiento, ii) sobre el
monto inicial de la sustitución pensional reconocida, efectuar los ajustes previstos en la
Ley 71 de 1988, iii) Inclusión en nómina de pensionados y pago de mesadas atrasadas,
iv) Reconocimiento y pago de reajustes por pérdida del poder adquisitivo en aplicación
del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, con base en la variación del Índice de Precios
al Consumidor (IPC) y v) el pago de intereses moratorios desde la ejecutoria de la
sentencia y por todo el tiempo necesario hasta el cumplimiento total de la condena,
conforme al artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
3. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda son los
siguientes4.
4. El señor José Whisner Agudelo Gómez, prestó sus servicios como docente
nacionalizado al departamento de Antioquia, de forma ininterrumpida, desde el Seis (6)
de abril de Mil Novecientos Ochenta y Tres (1983), hasta el Treinta (30) de abril de Mil
Novecientos Noventa y Tres (1993), acumulando un tiempo total de 10 años y 26 días,
y su último cargo fue en la Institución Educativa del municipio de Puerto Berrío.
5. Mediante sentencia judicial del Veinticuatro (24) de febrero de Mil Novecientos
Noventa y Ocho (1998), proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Berrío,
se declaró la muerte presunta del señor José Whisner Agudelo Gómez, fijando como
fecha presuntiva de su fallecimiento, el Nueve (9) de mayo de Mil Novecientos Noventa
y Cinco (1995).
6. Posteriormente, el Cuatro (4) de mayo de Dos Mil Siete (2007), la señora Ruth Mery
Medina Patiño, en calidad de cónyuge sobreviviente, solicitó el reconocimiento y pago de
la pensión de sobrevivientes, derecho que alegó derivado de la condición de docente del
causante.
7. Dicha solicitud fue negada mediante la Resolución 16917 del Quince (15) de agosto
de Dos Mil Veintisiete (2007), al considerar que, la naturaleza especial del régimen
prestacional del magisterio se encontraba regulada por la Ley 91 de 1989 y la Ley 115 de
1994, por tanto, la pensión de sobrevivientes es una prestación prevista para los afiliados
al Sistema General de Seguridad Social, conforme a la Ley 100 de 1993.
4 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo ED_ExpedienteElectronic
13 kb, anexo cuaderno principal, folios 3-4
3
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
1.2. Normas violadas y concepto de violación5
8. Como normas violas se citan: Decreto 224 de 1972, artículo 7, Ley 2400 de 1986,
artículo 26, Ley 33 de 1985, artículos 1 y 4, Decreto 1160 de 1989, Ley 91 de 1989 y
Ley 100 de 1993.
9. La demandante considera que, con la expedición del acto se vulneran las normas
mencionadas, en razón al trato inequitativo, pues, se está negando un derecho que, a
cualquier cotizante amparado por el régimen general de pensiones, le hubiera concedió
sin inconvenientes.
10. En tal razón, aduce que, se presenta violación al principio de favorabilidad,
consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, así como, desconocimiento de
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en las cuales han
dilucidado la tensión normativa entre disposiciones de carácter general y especiales, por
medio de los más altos sentidos de equidad y justicia, en la defensa de la carta magna.
11. Colige que, el Estado debe propender por la protección del núcleo familiar sin
distingo alguno, en tal razón considera que, si la población se rige por la Ley 100 de
1993, artículos 46 a 49 en lo referente a la pensión de sobrevivientes, no es lógico
suponer que, por ser docente y estar afiliado a un régimen especial, que en principio
parecía favorecerle, su familia no vaya a tener acceso a continuar con una vida digna y
acorde a la que gozaba antes de la muerte del causante.
1.3. Contestación de la demanda
12. Revisado el expediente, se advierte que la entidad demanda no contestó la demanda.
1.4. Sentencia de primera instancia6
13. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, el Veintinueve
(29) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), profirió sentencia, en el sentido de negar
las súplicas de la demanda, sin imponer condena en costas.
14. Lo anterior, en razón a que, luego de efectuar la valoración probatoria existente
dentro del expediente, expuso que se encuentra plenamente probado que, el señor José
5 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo ED_ExpedienteElectronic
13 kb, anexo cuaderno principal, folios 4-9
6 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo ED_ExpedienteElectronic
13 kb, anexo No. 22 sentencia.
4
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Whisner Agudelo Gómez, se desempeñó como docente nacionalizado al servicio del
IDEM Puerto Berrío, desde el Cuatro (4) de abril de Mil Novecientos Ochenta y Tres
(1983) hasta el Treinta (30) de abril de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993). Durante
su vida contrajo matrimonio con la señora Ruth Mery Medina Patiño.
15. Precisó que el señor José Whisner Agudelo Gómez fue visto por última vez, el
Nueve (9) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), razón por la cual, se declaró
su muerte presunta por desaparecimiento, desde el Nueve (9) de mayo de Mil Novecientos
Noventa y Cinco (1995), no obstante, en el numeral primero de la parte resolutiva se indicó
que, su desaparecimiento se presentó desde el día Nueve (9) de mayo de Mil Novecientos
Noventa y Tres (1993).
16. Afirmó que, pese a que la parte demandante solicitó la aplicación del principio de
igualdad y favorabilidad, con el fin de acceder al reconocimiento de los beneficios previstos
en la Ley 100 de 1993, ello no era posible, toda vez que, dicho principio solo puede
aplicarse, si la ley favorable se encontraba vigente al momento de ocurrencia de los hechos
que dan lugar al reconocimiento del derecho reclamado.
17. Resaltó que, en materia de pensiones de sobrevivientes, la norma aplicable es
aquella que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del causante. En los
casos de muerte presunta por desaparición, resulta indispensable determinar la fecha
exacta en que se entiende ocurrido el fallecimiento, dado que, esta define el régimen
jurídico aplicable.
18. Indicó que, la Corte Constitucional ha establecido una diferenciación clara entre
la fecha de la declaración judicial de la muerte presunta, y la fecha de desaparición,
entendida como el último día en que la persona fue vista con vida.
19. Consideró que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, esta última fecha
es la que debe tomarse en cuenta para estudiar la viabilidad del reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes. Tal criterio resulta lógico, pues exigir el cumplimiento de
requisitos de semanas cotizadas en los años anteriores al fallecimiento sería
materialmente imposible, cuando la declaración de desaparición ocurre años después
del momento real en que la persona dejó de tener contacto con la sociedad.
20. En este contexto, sostuvo que la Ley 100 de 1993, antes de su modificación por
la Ley 797 de 2003, exigía como requisito, haber cotizado 26 semanas en el año
inmediatamente anterior a la muerte del afiliado, lo cual debía evaluarse conforme a la
normativa vigente para la fecha real del fallecimiento entendido jurídicamente.
5
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
21. Finalmente, dado que, en la sentencia de muerte presunta se estableció que la
desaparición ocurrió el Nueve (9) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), y
considerando que, para esa fecha aún no se encontraba vigente la Ley 100 de 1993,
concluyó que, dicha ley no resulta aplicable al caso concreto. En consecuencia, la
normativa correcta para resolver la situación es la prevista en el Decreto Ley 224 de 1972,
específicamente su artículo 7, por ser la disposición vigente al momento de la desaparición
del causante.
1.5. Recurso de apelación7
22. La apoderada judicial de la parte demandante, interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, y pide se revoque, por cuanto estimó que, la
decisión fue tomada de manera ligera e infundada, pues, no adecuó la situación fáctica
a las normas previstas para el reconocimiento prestacional a favor de su representada.
23. En ese orden, reitera que, la señora Ruth Mery Medina Patiño, es la beneficiaria
del señor José Wishner Agudelo Gómez, quien se desempeñó como docente desde el
año 1983 a 1993 y, luego se declaró su muerte presunta, para el Nueve (9) de mayo de
Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), mediante sentencia judicial emitida por el
Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Berrio.
24. Expone que, por remisión directa del artículo 81 de la Ley 812 del 2003, debe
entenderse que, la norma aplicable al caso en concreto es la Ley 100 de 1993, la cual,
contempla una pensión de sobreviviente; toda vez que, la muerte del educador fue
declarada el Nueve (9) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), es decir,
bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993.
25. A tono con lo anterior, consideró que, la demandante cumplió con los requisitos
establecidos en la ley para obtener el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, en
concordancia con los principios del derecho laboral y constitucionales.
1.6. Trámite de segunda instancia
26. Por auto de Ocho (8) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)8, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante de
acuerdo con lo establecido por el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
7 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo ED_ExpedienteElectronic
13 kb, anexo No. 24 recurso de apelación.
8 Expediente digital – Samai – índice - 004
6
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
27. De acuerdo con el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió
traslado a las partes para alegar.
1.6.1. Concepto Ministerio Público.
28. El señor agente del Ministerio Público, emitió concepto de fondo en el sentido de
solicitar se confirme la sentencia de primera instancia, pues considera que, la norma
aplicable al presente caso es el Decreto Ley 224 de 1972, bajo cuya vigencia se produjo
el desaparecimiento del causante el Nueve (9) de mayo de Mil Novecientos Noventa y
Tres (1993), y bajo la cual, el causante no acreditó el tiempo mínimo de servicios exigido
para el reconocimiento de la prestación, razón por la cual, considera que no resulta
procedente la aplicación de la Ley 100 de 1993, pues su entrada en vigencia para los
servidores del orden nacional, ocurrió el Primero (1) de abril de Mil Novecientos Noventa
y Cuatro (1994), con posterioridad al hecho determinante de la causación del derecho,
lo que significa que no existía concurrencia de normas que permitiera invocar el principio
de favorabilidad, y la única norma aplicable era el Decreto Ley 224 de 1972.
29. Sostiene que, no es de recibo la tesis de la parte actora, consiste en que, debe
tomarse como fecha determinante la presuntiva de fallecimiento -Nueve (9) de mayo de
Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995)- y no la del desaparecimiento, por cuanto para
aquella, la Ley 100 de 1993 ya estaba vigente. Sin embargo, considera que dicho
razonamiento contradice la propia jurisprudencia que invoca el extremo activo de la litis,
en razón a que, la Corte Constitucional estableció que en casos de muerte presunta la
fecha relevante para efectos pensionales es el desaparecimiento.
30. En ese orden, precisó que bajo el Decreto Ley 224 de 1972, el artículo 7 exigía
que el docente hubiera laborado en planteles oficiales por lo menos dieciocho (18) años
continuos o discontinuos, empero, del expediente se acredita que, el causante solo
prestó 10 años y 26 días de servicios al magisterio, tiempo insuficiente para satisfacer
ese requisito, lo que hace imperativo denegar la prestación bajo ese régimen.
31. En todo caso, sostiene que, si en gracia de discusión, el órgano de cierre
estimara que la fecha presunta de fallecimiento -09 de mayo de 1995- es la determinante
y procediera el análisis de favorabilidad bajo la Ley 100 de 1993, advierte una limitación
probatoria adicional que igualmente impediría el reconocimiento de la prestación, pues,
el artículo 47 de dicha norma en su texto original, exige al cónyuge supérstite haber
convivido con el causante por no menos de dos (2) años continuos, con anterioridad al
fallecimiento.
7
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
32. No obstante, dicha circunstancia no se encuentra acreditada, pues aun cuando
reposa en el expediente registro civil de matrimonio No. 1734192, el cual, si bien fue
celebrado e inscrito antes del desaparecimiento, a la luz de la jurisprudencia del H.
Consejo de Estado, resulta insuficiente por sí solo para demostrar la permanencia de la
convivencia efectiva durante los dos años previos al desaparecimiento, además,
tampoco obra en el plenario testimonios, declaraciones extrajuicio, certificaciones de
domicilio compartido, ni ningún otro elemento de convicción que acredite el requisito de
ley.
33. Finalmente, aclara que, lo relacionado con la Ley 812 de 2003, contemplado en
el escrito de alzada como remisión a la Ley 100 de 1993, tampoco aplica al causante,
porque esa norma rige únicamente para docentes vinculados a partir del Veintisiete (27)
de junio de Dos Mil Veintitrés (2003) y el señor Agudelo Gómez estuvo vinculado desde
Mil Novecientos Ochenta y Tres (1983), luego desapareció en Mil Novecientos Noventa
y Tres (1993), de modo que, su régimen era exclusivamente el anterior -Decreto 224 de
1972 y Ley 91 de 1989- conforme lo establece el propio artículo 81 en su inciso primero,
lo cual, fue ratificado por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del
Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Diecinueve (2019) (SUJ-014-CE-S2-2019) y por la
Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
34. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo9, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código
General del Proceso10, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
9 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del
que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
10 El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
8
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
2.2. Problema jurídico
35. Corresponde a la Sala resolver: ¿A la parte demandante le asiste razón jurídica
o no, para reclamar el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, en su
calidad de cónyuge supérstite del docente José Whisner Agudelo Gómez, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, norma que alega debe ser aplicada
por ser la que estaba vigente para la fecha en que se declaró la muerte presunta y en
virtud del principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Constitución Política,
al ser más beneficioso que el régimen especial docente establecido en el Decreto 224
de 1972?
36. Con el fin de resolver el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre la sustitución pensional en docentes, 2.4.
Hechos probados y 2.5. Caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto.
37. Sobre el marco normativo y jurisprudencial que resulta determinante para resolver
la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en caso de docentes, esta
Subsección de forma pacífica lo ha esbozado bajo los siguientes derroteros:
38. La muerte constituye una contingencia del sistema de seguridad social, pues al
desaparecer en forma definitiva la persona que atendía el sostenimiento del grupo
familiar, se corre el riesgo de que sus integrantes queden desamparados y en peligro
para poder subsistir.11
39. Por ello, se concibió la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes, con
el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de vida de los
beneficiarios de esta prestación, la primera de ellas, concedida con ocasión del
fallecimiento de un pensionado o de una persona que ya había adquirido legalmente el
estatus, pero que no se le había reconocido formalmente, y la segunda, otorgada en
virtud de un afiliado no pensionado, cuyo deceso se presenta antes de cumplir las
condiciones para acceder a la pensión.
11 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia
de 2 de octubre de 2014, expediente 08001-2331-000-2001-02315-01 (964-12), C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B C.P: Jorge
Edison Portocarrero Banguera, sentencia del doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026), expediente
17001-23-33-000-2017-00551-01 (4011-2024).
9
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
40. La Corte Constitucional12, en diversas oportunidades se ha referido a la pensión
de sobrevivientes, destacando que, su creación tiene por objeto principal el proteger a
la familia y los derechos fundamentales de quienes compartían de manera cercana su
vida con el causante, y que entran a soportar las cargas económicas, ante la muerte de
un pensionado de quien dependía su sustento.
41. Así las cosas, queda claro que, el derecho pensional en mención tiene
como finalidad, atender la contingencia derivada por el deceso del trabajador, con el
objetivo de cubrir no solo la ausencia repentina de la persona, sino el apoyo económico
que le daba al grupo familiar, y con el único fin de evitar un cambio de las condiciones
de subsistencia de los beneficiarios13.
42. Ahora, atendiendo la similitud fáctica del sub lite con la analizada y resuelta por
esta subsección, en sentencia de fecha Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Veintiséis
(2026), es oportuno traer in extenso en esta oportunidad, los apartes tanto normativos
como jurisprudenciales expuestos así14:
«El principio de favorabilidad en materia pensional
La Constitución establece en su artículo 53 que los jueces deben optar por la situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho. La jurisprudencia constitucional ha definido dos manifestaciones de
este principio. En primer lugar, el principio de favorabilidad en sentido estricto, en virtud
del cual el juez que pueda elegir entre dos o más normas vigentes que regulen una misma
circunstancia, debe optar por aquella norma que más beneficie al trabajador. En segundo
lugar, el principio in dubio pro operario o de favorabilidad en sentido amplio implica que,
ante múltiples interpretaciones de una misma disposición, el juez debe escoger la más
provechosa para el empleado15.
Ahora bien, no cualquier duda habilita al juez para escoger una norma o interpretación
determinada. La duda debe ser seria y objetiva, derivada de la solidez jurídica de las
posturas encontradas. La duda debe ser además respecto de un aspecto normativo y no
fáctico16. Asimismo, deben concurrir las interpretaciones en juego en un caso concreto, es
decir, las normas concurrentes y su hermenéutica deben ser aplicables a los mismos
supuestos de hecho17.
Es importante mencionar que el principio de favorabilidad ha sido reconocido por la misma
OIT en su Constitución, cuando para el eventual conflicto entre un Convenio de la OIT y
una norma de derecho interno, remite precisamente a la regla de la mayor favorabilidad,
en los siguientes términos: «[e]n ningún caso podrá considerarse que la adopción de un
convenio o una recomendación por la Conferencia, o la ratificación de un convenio por un
12 Sentencia T – 701 de 22 de agosto de 2006
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, C.P:
Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil
veintiséis (2026) expediente con radicación: 05001-23-33-000-2016-02743-02 (4009-2021).
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-140 de 2019.
16 Corte Constitucional, sentencias T-130 de 2014, T-088 de 2018 y SU-140 de 2019.
17 Corte Constitucional, sentencias T-545 de 2004, T-248 de 2008, T-090 de 2009, entre otras.
10
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los
trabajadores condiciones más favorables que la que figuren en el convenio o en la
recomendación». En similar sentido, el artículo 5.2 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; y el artículo 32 de la Carta Social Europea, establecen
la prevalencia del principio de favorabilidad.
Como lo ha expresado la Corte Constitucional en las sentencias T-389 de 2009, T-583 de
2010, T-760 de 2010, T-334 de 2011, T-559 de 2011, T-100 de 2012, T-360 de 2012, T-
063 de 2013, T-596 de 2013, SU-769 de 2014, T-408 de 2016 y T-219 de 2021, entre
otras, el principio de favorabilidad constituye un imperativo constitucional de aplicación
directa, por parte de las autoridades administrativas y judiciales encargadas de definir y
examinar derechos propios del sistema general de seguridad social, pues, se encuentra
señalado de manera explícita en el artículo 53 de la Constitución:
«El principio de favorabilidad -que tiene origen en la Constitución-, ha sido concebido
entonces como un mecanismo para resolver los conflictos entre normas laborales o
interpretaciones vigentes derivadas de las fuentes formales a las que se remite el
derecho laboral. En ese sentido, se ha entendido como un límite a la autonomía
judicial pues, cuando exista la posibilidad de interpretar o aplicar las normas del
ordenamiento laboral que puedan resolver el mismo problema jurídico, el juez debe
preferir las que brinden mayor protección a los derechos de los trabajadores o
pensionados pues, de lo contrario, desconocería el mandato que el Constituyente creó
y el legislador reiteró en la normatividad laboral. De allí que de no aplicarse el precepto
jurídico favorable de manera preferente, se incurre en violación directa de la
Constitución.
En suma, el principio de favorabilidad es una herramienta contenida en la Constitución
Política y la ley laboral, que tiene como finalidad dirimir los conflictos laborales que
surjan tanto de la aplicación de fuentes formales de derecho como de su
interpretación. Así pues, cuando concurren diferentes interpretaciones y sobre ello
existe duda razonable respecto de la aplicación de las interpretaciones sobre las
normas, el operador debe optar por la que resulte más favorable a la condición del
trabajador o pensionado, para no transgredir el mandato constitucional y legal»18.
En aplicación del principio de favorabilidad, la Corte Constitucional y esta Sección en
anteriores ocasiones han optado por la inaplicación de los regímenes exceptuados en
materia de seguridad social, cuando se demuestra que sin razón justificada las diferencias
surgidas de la aplicación de los regímenes especiales generan un trato desfavorable para
sus destinatarios, frente a quienes se encuentran sometidos al régimen común, lo cual
configura una evidente discriminación que impone el retiro de la normativa especial.
Así lo sostuvo la Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-348 de 24 de julio de
1997:
«En general, esta Corporación ha considerado que la consagración de regímenes
especiales de seguridad social, como los establecidos en el artículo 279 de la Ley 100
de 19-93, no vulnera la igualdad, en la medida en que su objetivo reside, precisamente,
en la protección de los derechos adquiridos por los grupos de trabajadores allí
señalados. Salvo que se demostrare que la ley efectuó una diferenciación arbitraria, las
personas vinculadas a los regímenes excepcionales deben someterse integralmente a
éstos sin que pueda apelarse a los derechos consagrados en el régimen general».
Luego, en sentencia C-461 del 12 de octubre del 2005 reiteró:
«(…) Por las razones anteriores la Corte considera que el establecimiento de regímenes
pensionales especiales, como aquellos señalados en el artículo 279 de la Ley 100, que
18 Corte Constitucional, sentencia SU-082 de 2022.
11
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
garanticen en relación con el régimen pensional, un nivel de protección igual o superior,
resultan conformes a la Constitución, como quiera que el tratamiento diferenciado lejos
de ser discriminatorio favorece a los trabajadores a los que cobija. Pero si se determina
que, al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento
inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al
que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable,
se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la
Carta».
(…)
En el mismo sentido, esta Subsección en un caso en el cual se solicitó el reconocimiento
de pensión de sobrevivientes de quien fue un docente nacionalizado, consideró lo
siguiente frente a las normas aplicables19:
«Ahora, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Sección, en casos similares al que
se juzga en este proceso, a las excepciones en la aplicación de las normas generales
por la existencia de normas especiales que gobiernen un caso concreto, debe recurrirse
sólo en tanto la norma especial resulte más favorable que el régimen general; lo contrario
implicaría que una prerrogativa conferida por una ley a un grupo de personas, se
convierta en un obstáculo para acceder a los derechos mínimos consagrados en la ley
para la generalidad, [...]».
Bajo estos supuestos, la Sala advierte la posibilidad de que, por vía de excepción, se deje
de lado la aplicación de regímenes especiales de seguridad social cuando estos impliquen
un trato desfavorable y discriminatorio al reconocido por el sistema general.
Ahora bien, se debe recalcar que la aplicación del principio de favorabilidad debe darse
respecto de las normas vigentes al momento de causación del derecho. Puntualmente,
para el caso de la pensión de sobrevivientes, esta Corporación ha precisado que las
normas que la gobiernan son aquellas vigentes a la fecha del deceso del causante. Al
respecto, en sentencia del 19 de febrero de 201520, se indicó:
«La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que en circunstancias
especiales, cuando un régimen pensional especial no satisface las mínimas garantías
que sí satisface el régimen general y cuando éste resulta más favorable que el especial,
debe preferirse su aplicación; no obstante, es necesario tener en cuenta que la ley
favorable que se debe aplicar es la que esté vigente al momento en que se habría
causado el derecho.
El derecho a la pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del
pensionado, es decir, en el caso analizado las normas que gobiernan la pensión de
sobrevivientes que hubiera podido surgir con ocasión del fallecimiento del señor
Pulgarín son las que estaban vigentes el 16 de noviembre de 1992, pues fue durante
su vigencia cuando se produjo el deceso y por tanto, cuando se pudo consolidar el
presunto derecho reclamado.
La Ley 100 de 1993, que consagra el derecho pensional de sobrevivientes solicitado
por la accionante, entró en vigencia el 1 de abril de 1994, de conformidad con lo previsto
en su artículo 151, que es del siguiente tenor literal: […].
Es decir, no estaba en vigencia al momento del fallecimiento del causante, razón por la
cual no puede aplicarse para resolver la situación pensional aquí reclamada. Para la
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de agosto de 2009, 2007-0241-
00.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2015, expediente
05001-23-31-000-2011-00501-01(3533-13).
12
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación retroactiva de la
Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus pretensiones; no
obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte del señor Pulgarín se
consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su fallecimiento, lo que
lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se pretende, toda vez que
ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la ley, derivado de la Ley 153
de 1887.
La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir frente a las situaciones
que se produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y,
solo por excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra, el
contenido de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no sucede en el caso de la Ley
100 de 1993, pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151 comenzó a regir a partir
del 1 de abril de 1994».
En suma, cuando el régimen general resulta ser más favorable que el régimen especial,
es preciso aplicar las disposiciones del régimen general al caso bajo estudio, pues
precisamente en virtud del referido principio el operador jurídico en caso de duda en la
aplicación o interpretación de una o más normas que regulan en forma diferente una
misma situación de hecho, debe optar por aquella que sea más benéfica para el trabajador.
En aplicación de los anteriores lineamientos jurisprudenciales, se ha procedido a la
aplicación del principio de favorabilidad en los eventos en que el régimen especial vigente
establece beneficios inferiores a los dispuestos en el régimen general aplicable al común
de la población, sin que exista causa válida para este tratamiento diferencial, en razón a
que la situación discriminatoria riñe con los principios de igualdad y favorabilidad que
erigen el Estado Social de Derecho.
Procedencia de la aplicación por favorabilidad y retrospectividad del régimen
general de pensiones
El artículo 288 de la Ley 100 de 1993 previó el principio de favorabilidad, así: «[…]
Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley y en Leyes anteriores. Todo
trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene
derecho a la vigencia de la presente Ley, le sea aplicable cualquier norma en ella contenida
que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma
materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley […]».
El artículo 151 ibidem determinó que «[e]l sistema general de pensiones previsto en la
presente ley, regirá a partir del 1 de abril de 1994», por lo que las situaciones jurídicas
consolidadas a partir de su entrada en vigor son susceptibles de la aplicación del señalado
principio de favorabilidad.
Sobre el particular, el Consejo de Estado en la sentencia del 29 de abril de 201021 precisó
que en materia laboral y en aplicación del artículo 288 de la Ley 100 de 1993, la citada ley
podía ser aplicada de forma retrospectiva a ciertas situaciones o hechos jurídicos que aun
cuando han acaecido bajo la vigencia de una ley anterior no tuvieron la virtud de obtener
su consolidación de manera definitiva como derecho bajo la ley antigua.
Sin embargo, mediante sentencia del 25 de abril de 201322 se rectificó la posición,
oportunidad en la que se consideró que la ley aplicable es aquella vigente al momento en
que se estructure el derecho, esto es en el caso de la pensión de sobreviviente, la fecha
en que se produjo la muerte:
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente 0548-2009.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, expediente 1605-2009.
13
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
«[…] Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación
retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece
sus pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales derivados de la
muerte […] se consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su
fallecimiento, lo que lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se
pretende, toda vez que ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la
ley, derivado de la Ley 153 de 1887.
La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las situaciones
que se produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas
y, solo por excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello
ocurra, el contenido de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no sucede en el
caso de la Ley 100 de 1993, pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151
empezó a regir a partir del 1 de abril de 1994.
En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al
derecho pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993,
toda vez que los derechos prestacionales causados con la muerte de su cónyuge
se consolidaron en vigencia de la normatividad anterior, la que exigía el requisito
de tener 15 o más años de servicio activo y, como no cumplió ese requisito, no
era viable su reconocimiento.
Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala rectifica la posición
adoptada en sentencias de abril 29 de 2010 y noviembre 1 de 2012, en las que,
en materia de sustitución pensional se aplicó una ley nueva o posterior a hechos
acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio de la retrospectividad de la ley,
precisando que no hay lugar a la aplicación de tal figura, toda vez que la ley que
gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al
momento del fallecimiento del causante y no una posterior […]».
En efecto, tal como lo ha señalado esta Sección23, la posibilidad de exigir la aplicación de
la Ley 100 de 1993 en los términos del artículo 288 citado ante el cotejo con lo expresado
en normas anteriores a su vigencia, requiere que el derecho reclamado con base en la
normativa anterior se hubiere consolidado en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir,
que esta última estuviera rigiendo en el caso concreto.
En ese sentido, respecto de la pensión de sobrevivientes, no es factible conceder el
derecho reclamado y aplicar retrospectivamente el artículo 46 de la Ley 100 de 1993,
porque ello conllevaría a la vulneración del principio de irretroactividad de la ley.
Lo anterior permite concluir la improcedencia de aplicar, a discusiones sobre
reconocimiento de pensión de sobrevivientes, la Ley 100 de 1993 a situaciones que se
consolidaron antes de la entrada en vigencia de esa norma en virtud del principio de
favorabilidad, pues debe tenerse en cuenta la disposición normativa vigente en el
momento de los hechos que dieron origen a la consolidación del derecho pensional.
Aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de
sobrevivientes
El Consejo de Estado24 en algunas oportunidades ha determinado en materia de pensión
de sobrevivientes, la posibilidad de aplicar la condición más beneficiosa como un
mecanismo para guardar las expectativas legítimas de quienes acreditaran el requisito de
semanas mínimo de algún régimen derogado, sin que ello desconociera el criterio según
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 30 de marzo de 2017, expediente:
05001233300020130084301/2245-2014. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 11 de mayo de 2017, expediente 15001233300020130078301/0870-2015.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de abril
de 2024, expediente 66001233300020200013601/2451-2022.
14
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
el cual el derecho a la pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento
del causante, pues, fue durante su vigencia el momento en que se produjo el deceso y,
por tanto, cuando se pudo consolidar el presunto derecho reclamado, según las
particularidades de cada caso.
(….)
Régimen de pensión de sobrevivientes aplicable a los docentes
A través de la Ley 43 de diciembre 11 de 1975 el legislador nacionalizó la educación
primaria y secundaria que prestaban los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los
municipios, las intendencias y comisarías. En razón a ello, según el artículo 1 de dicha
norma, los gastos de este servicio público estarían a cargo de la Nación.
Así las cosas, se expidió la Ley 91 de 1989, por la cual se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, con el fin de atender, entre otras, las
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados, y se señaló la manera
como la Nación y los entes territoriales asumirían la carga prestacional del personal
docente. Puntualmente, en el artículo 15 de esta ley se indicó:
«A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado
y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes
disposiciones:
1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decreto 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones
consagradas en esta ley.».
Es del caso preciar, que en materia de pensión post mortem o de sobreviviente, el Decreto
224 de 1972 por el cual se dictaron normas especiales relacionadas con el ramo docente,
en su artículo 7 previó la siguiente prestación:
«Artículo 7.- En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito
de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como
profesor en planteles oficiales por lo menos 18 años continuos o discontinuos, el
cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la respectiva entidad de
previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual fijada
para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte mientras aquel no
contraiga nuevas nupcias o el hijo menor cumpla la mayoría de edad y por un tiempo
máximo de cinco (5) años.».
Así las cosas, el Decreto 224 de 1972 en su artículo 7 dispuso un régimen especial
que ampara a los beneficiarios de los docentes fallecidos que al momento de su
deceso no habían cumplido con los requisitos para percibir pensión de jubilación,
otorgándoles el derecho a la pensión post mortem pero sólo cuando hubiesen
laborado en planteles oficiales durante un periodo mínimo de 18 años continuos o
discontinuos, caso en el cual se habilita para el cónyuge y los hijos menores, el
derecho a una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual fijada para el
cargo desempeñado por el docente al tiempo de su fallecimiento, sin el límite
15
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
temporal que inicialmente se le dio a dicha prestación, por la derogatoria tácita que
surgió al respecto con la expedición de la Ley 33 de 197325.
[…]»
2.3.1. La pensión de sobrevivientes en la Ley 100 de 1993
43. Ahora, sobre la pensión de sobrevivientes el artículo 46 de la Ley 100 de 1993
«Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones», previó los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes,
disposición normativa modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 «Por la cual
se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados
y especiales».
44. Por su parte, el artículo 47 de la legislación general modificado por el artículo 13
de la Ley 797 de 2003, previó el orden de los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes.
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando
dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de
edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el
beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario
deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si
tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente,
con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la
pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se
dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será
la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente
la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en
un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando
haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante.
La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad
conyugal vigente (…)
25Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 17 de noviembre de 2017.
Radicación 19001-23-33-000-2014-00295-01(0603-17)
16
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
45. De igual forma, se resalta que el Régimen de Seguridad Social en Pensiones
previsto en la normatividad anterior, empezó a regir a nivel nacional el 1º de abril de
1994, sin embargo, en el nivel territorial el mismo cobró vigencia el 30 de junio de 1995,
conforme a lo dispuesto en los arts. 150 de la Ley 100 de 1993 y 1º del Decreto 1068 de
1995.
46. A su vez, la Ley 100 de 1993 en su art. 279 dispuso la exclusión de su aplicación
a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así:
«ARTICULO. 279.-Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido
en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la
Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con
excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a
los miembros no remunerados de las corporaciones públicas. Así mismo, se
exceptúa a los afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio,
creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con
pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la
expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren
del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.»
47. No obstante, lo anterior, la Ley 812 del 26 de junio de 2003, terminó con la
excepción prevista en el art. 279 de la Ley 100 de 1993 aplicable a los docentes afiliados
al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, para disponer que a partir de su
vigencia (diario oficial No. 45.231 del 27 de junio de 2003) los docentes se regían por el
sistema de seguridad social en pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, así en su art.
81 dispuso:
«ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES.
El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley. Los docentes que se vinculen a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. […]».
2.3.2. Declaratoria de muerte presunta por desaparecimiento
48. Finalmente, resulta oportuno traer a colación el recuento normativo que sobre la
declaratoria de muerte presunta por desaparecimiento ha hecho la sección segunda –
Subsección A, en anterior ocasión, así26:
«El artículo 97 del Código Civil regula la declaración de la muerte presunta como
consecuencia de la desaparición de una persona, pasados dos años sin tener noticias
del ausente, de la siguiente forma:
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero
Ponente: William Hernández Gómez, sentencia del veintitrés (23) de mayo de dos mil veintidós (2022)
17
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
«Art. 97. Si pasaren dos años sin haberse tenido noticias del ausente, se
presumirá haber muerto éste, si además se llenan las condiciones siguientes:
1. La presunción de muerte debe declararse por el Juez del último domicilio
que el desaparecido haya tenido en el territorio de la Nación, justificándose
previamente que se ignora el paradero del desaparecido, que se han hecho
las posibles diligencias para averiguarlo, y que desde la fecha de las últimas
noticias que se tuvieron de su existencia han transcurrido, a lo menos, dos
años;
2. La declaratoria de que habla el artículo. anterior no podrá hacerse sin que
preceda la citación del desaparecido, por medio de edictos, publicados en el
periódico oficial de la Nación, tres veces por lo menos, debiendo correr más de
cuatro meses entre cada dos citaciones;
3. La declaración podrá ser provocada por cualquiera persona que tenga interés
en ella; pero no podrá hacerse sino después que hayan trascurrido cuatro meses,
a lo menos, desde la última citación;
4. Será oído, para proceder a la declaración i en todos los trámites judiciales
posteriores, el defensor que se nombrará al ausente desde que se provoque tal
declaración; i el Juez, a petición del defensor, o de cualquiera persona que tenga
interés en ello, o de oficio, podrá exigir, además de las pruebas que se le
presentaren del desaparecimiento, si no las estimare satisfactorias, las otras que
según las circunstancias convengan;
5. Todas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, se publicarán en el
periódico oficial;
6. El juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio
contado desde la fecha de las últimas noticias; i trascurridos dos años más desde
la misma fecha, concederá la posesión provisoria de los bienes del desaparecido;
[…]». (Resaltado intencional).
49. A su turno, los artículos 656 a 658 del Código de Procedimiento Civil, preceptúan
que se trata de una presunción legal de muerte, que admite prueba en contrario y es
declarada por el juez del último domicilio del desaparecido.
50. De igual forma, se indica que la sentencia que declare la muerte presunta ordenará
transcribir lo resuelto al funcionario del estado civil para que extienda el folio de
defunción. Tiene por efecto extinguir la personalidad del ser humano, el que desaparece
como sujeto de derechos y, posibilita la transmisión de los derechos patrimoniales
derivados de tal insuceso.»
2.3.3. Precedentes sobre la pensión de sobrevivientes en casos de muerte
presunta.
51. El H. Consejo de Estado, Sección Segunda,subsección A, al analizar solicitudes
de pensión de sobrevivientes en casos de muerte presunta en casos concreto donde el
causante pertenece a las fuerzas militares, al respecto sostuvo:
«De lo expuesto, la Subsección observa que a pesar de que fue declarada
la muerte presunta por desaparecimiento del suboficial Bernal Ramírez la
18
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
entidad demandada se negó en reiteradas oportunidades a modificar la
hoja de servicios por la causal de retiro decretada judicialmente y cambiar
la respectiva fecha de desvinculación.
De igual forma, acorde con lo analizado en acápites anteriores, la muerte
presunta del sargento segundo Jhon Jairo Bernal Ramírez debe ser
catalogada en actos simplemente en actividad, toda vez que fue declarada
judicialmente el 9 de diciembre de 2004, lo cual implica: i) la extinción de la
persona como sujeto de derechos y; ii) conforme al ordinal 6.º del artículo
97 del Código Civil15 el último día en que se tuvo noticias del causante fue
la mencionada fecha.
Aunado a lo anterior, no se acreditó que el desaparecimiento del agente
Bernal Ramírez tuvo relación directa con el Ejército Nacional o con ocasión
del servicio prestado a la entidad demandada y ha de concluirse que ocurrió
en actos en simple actividad, tal como lo prevé el parágrafo del artículo 197
del Decreto 1211 de 1990, motivo por el cual la verdadera causal de retiro
es su desaparecimiento el cual coincide con la época en la cual se produjo
su retiro de la institución.
Ahora bien, el objeto del recurso de alzada de la entidad demandada se
encuentra encaminado a la improcedencia del reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes a favor de la señora Sugey Alejandra Hernández
Lemus en su calidad de cónyuge supérstite del causante y sus hijos
menores María Alejandra, Jhon Alejandro y Jhon Hansen Bernal
Hernández.
Al respecto, se advierte que en virtud de la expedición de la sentencia de
unificación CE-SUJ2-009-18 del 1.° de marzo de 2018, en atención al
principio de favorabilidad, los beneficiarios de los oficiales y suboficiales
fallecidos en simple actividad con anterioridad a la entrada en vigencia del
Decreto 4433 de 2004 y con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de
1993, pueden beneficiarse de la pensión de sobrevivientes prevista por el
régimen general contenido en esta última, artículos 46, 47 y 48, regla que
es extendible en virtud de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, a
todas las personas que acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos,
y para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como
judicial, dado los efectos retrospectivos de dicha decisión, tal como ocurre
en el presente caso.
Bajo esa línea de intelección, es claro que para efectos del reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte en simple
actividad del sargento segundo del Ejército Nacional Jhon Jairo Bernal
Ramírez, que ocurrió presuntamente el 9 de diciembre de 2004, el régimen
prestacional aplicable es la Ley 100 de 1993 modificada en lo pertinente
por la Ley 797 de 2003, y no la normativa especial como lo alude lo entidad
demandada en el recurso de alzada27.»
52. En anterior providencia, la misma Sección Segunda, Subsección A, al analizar el
derecho pensional de sobrevivientes reclamado por cónyuge supérstite de agente de la
Policía Nacional, declarado con muerte presunta, indicó:
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero
Ponente: William Hernández Gómez, sentencia del Veintitrés (23) De Mayo de Dos Mil Veintidós (2022),
expediente 15001-23-33-000-2019-00429-01 (0097-2021).
19
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
«(…) los artículos 97 del Código Civil13 y 656 a 658 del Código de
Procedimiento Civil (normativa vigente al momento de la declaratoria de
muerte presunta del agente), regulan la declaración de la muerte presunta
como consecuencia de la desaparición de una persona, pasados dos años
sin tener noticias del ausente.
Se trata de una presunción legal de muerte, que admite prueba en contrario
y es declarada por el juez del último domicilio del desaparecido. La sentencia
que declare la muerte presunta ordenará transcribir lo resuelto al funcionario
del estado civil para que extienda el folio de defunción. Tiene por efecto
extinguir la personalidad del ser humano, el que desaparece como sujeto de
derechos y, posibilita la transmisión de los derechos patrimoniales derivados
de tal insuceso28.»
53. A tono con lo anterior, concluyó que la causación del derecho surge con la fecha
en que, se declara judicialmente la muerte presunta, por tanto, la norma aplicable para
dilucidar el derecho pensional es la vigente para dicho momento.
54. Ahora, la H. Corte Constitucional29 al dilucidar en acción de tutela, los derechos
fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida digna, ante la solicitud de
reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de sobrevivientes, analizó: i) Su
naturaleza y el cumplimiento de los requisitos para su reconocimiento en casos de
muerte presunta y ii) Aplicación en el tiempo de las normas relativas a la pensión de
sobrevivientes: definición del derecho con base en las normas vigentes, favorabilidad,
condición más beneficiosa, irretroactividad y retrospectividad. Reiteración de
jurisprudencia.
55. Con fundamento en lo anterior, estableció las siguientes reglas:
1. «Primera regla de decisión. Como garantía de los derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna, en casos de
muerte presunta, procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
cuando: (i) se acredita el mínimo de semanas del régimen temporal aplicable; (ii)
no existen beneficiarios con mejor derecho; y (iii) se verifica una dependencia
económica (no absoluta).
2. Segunda regla de decisión. Para proteger los derechos fundamentales
a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna, en casos de pensión de
sobrevivientes por muerte presunta, (i) se aplica, como regla general, la norma
vigente a la fecha de la desaparición, y el cómputo de semanas se realiza desde
la fecha de desaparición del afiliado; (ii) los beneficiarios deben acreditar los
requisitos habilitantes respecto de ese momento (en padres, la dependencia
económica real y determinante); (iii) la favorabilidad y la condición más beneficiosa
operan solo de modo excepcional, sin que ello implique una “mezcla” de reglas de
distintos regímenes para escoger la más conveniente al caso; y (iv) la
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero
Ponente: Dr. William Hernández Gómez, sentencia del Veinticuatro (24) de agosto de Dos Mil Diecisiete
(2017), expediente 41-001-23-33-000-2013-00216-01 (0618-2015)
29 Sentencia T-483/25
Sentencia T-263/17
20
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
retrospectividad procede únicamente cuando el derecho a la prestación no estaba
consolidado, es decir, un nuevo elemento definitorio se decide bajo la ley posterior,
y la prestación es reclamada por un sujeto de especial protección constitucional
que sufra una intensa afectación de sus derechos.»
56. A su turno, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en un asunto
de similares presupuestos fácticos, mediante sentencia del 3 de abril de 2008, con
radicado 32156, precisó:
«… para concluir la viabilidad del derecho pensional en un caso como el
estudiado, en el cual se ha señalado que “para los casos de muerte por
desaparecimiento del asegurado, la fecha a partir de la cual se cuentan las
semanas necesarias para el surgimiento del derecho a la pensión de
sobrevivientes, no puede ser la de la providencia que declara la muerte
presunta, sino aquella hasta la cual el desaparecido estuvo en
posibilidad física y jurídica de realizar cotizaciones.”. (Negrilla ajena al
texto).»
57. De igual forma, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en
providencia del 24 de julio de 2002, con radicado 16.497, reiterada en marzo 26 de 2004,
radicación 21.953, expuso:
«…Es claro que ni en la Ley 100 de 1993 ni en la legislación anterior, en lo
referente a las pensiones de sobrevivientes, se realizó reglamentación
alguna referente al caso de la muerte por desaparecimiento. Pues de
aceptarse el razonamiento de la censura, como viene de decirse nunca en
casos como el presente habría lugar al nacimiento de un derecho en cabeza
de los sucesores o del cónyuge del desaparecido. Dado lo anterior, actuando
con un criterio lógico e integrador de las disposiciones legales, debe decirse
que la fecha a partir de la cual se cuentan las semanas necesarias para el
surgimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes en casos como el
que ahora ocupa la atención de la Corte, no puede ser la muerte presunta,
sino aquella hasta la cual el desaparecido estuvo en posibilidad física
y jurídica de realizar cotizaciones…». (Negrilla ajena al texto).
58. Así las cosas, de conformidad con el precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional, que recoge la integralidad del precedente de la Corte Suprema de
Justicia, establecen que, en casos de pensión de sobrevivientes por muerte presunta,
se aplica, como regla general, la norma vigente a la fecha de la desaparición, y el
cómputo de semanas se realiza desde la fecha de desaparición del afiliado;
59. Se resalta que la anterior, tesis tiene su génesis en la expresión del principio de
solidaridad y materialización del derecho fundamental a la seguridad social, previsto en
el artículo 48 de la Constitución Política, el ordenamiento jurídico colombiano contempla
la figura de la pensión de sobrevivientes, regulada en los artículos 46 a 49 de la Ley
21
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
100 de 199330. Tales disposiciones señalan que esta prestación corresponde a los
miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez que fallezca, o de
aquel afiliado que muera siempre que hubiere cotizado un número determinado de
semanas antes del deceso.
60. Establecidas las tesis de las Altas Cortes, se pasa a enlistar los hechos probados
para a partir de ahí, analizar el caso concreto.
2.4. Hechos probados
61. De la valoración probatoria que resulta relevante para dar solución a la alzada, la
Sala encuentra acreditados los siguientes supuestos fácticos:
62. El señor José Whisner Agudelo Gómez, laboró en el Departamento de Antioquia,
en calidad de docente nacionalizado, en el establecimiento educativo IDEM Antonio
Nariño de Puerto Berrio, desde el Seis (6) de abril de Mil Novecientos Ochenta y Tres
(1983) hasta el Treinta (30) de abril de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), conforme
se indica en el formato único para la expedición de certificado de historia laboral y de
salarios número 95908-1731.
63. Con el certificado número 95908-17, se hizo constar que el docente presentó las
siguientes interrupciones: 1 día de mayo de 1984, 30 días de mayo, 30 días de junio, 30
días de julio, 30 días de agosto, 30 días de septiembre,30 días de octubre, 30 días de
noviembre y 30 días de diciembre de 1993, todo el año de 1994, todo el año de 1995,
todo el año de 1996 y 26 días de 199732.
64. El señor José Whisner Agudelo Gómez y Ruth Mery Medina Patiño, contrajeron
matrimonio católico el Veinticuatro (24) de Diciembre de Mil Novecientos Ochenta y
Siete (1987), conforme se evidencia del registro civil de matrimonio núm. 1734192 de la
Notaría Primera de Bello, Antioquia. 33
65. El Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Berrio, a través de sentencia emitida
el Veinticuatro (24) de febrero de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998), resolvió:
PRIMERO: DECLARESE PRESUNTAMENTE MUERTO al señor José Whisner Agudelo
Gómez por su desaparecimiento desde el día Nueve (9) de mayo de Mil Novecientos
30 Congreso de Colombia, Ley 100 de 1993, artículos 46 (modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de
2003), 47 (modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y el artículo 13 de la Ley 2388 de 2024),
48 y 49.
31 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo cuaderno principal, folios 29-34.
32 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo cuaderno principal, folio 30.
33 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo cuaderno principal, folio 24.
22
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Noventa y Tres (1993). SEGUNDO: Es fecha presuntiva de su muerte el día NUEVE (9)
DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO (1995) 34.
66. El Tribunal Superior de Antioquía – Sala de Decisión de Familia, por medio de la
sentencia proferida el Catorce (14) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998),
dentro del proceso seguido por la señora Ruth Mery Medina Patiño, por la presunción
de muerte por desaparecimiento del señor José Whisner Agudelo Gómez, resolvió
confirmar la sentencia de primera instancia, por medio de la cual, se declaró la
presunción de muerte por desaparecimiento del docente Agudelo Gómez35.
67. En cumplimiento de lo anterior, el Veinticuatro (24) de julio de Mil Novecientos
Noventa y Ocho (1998), se expidió el registro civil de defunción, donde se registró como
fecha de muerte del docente José Whisner Agudelo Gómez, el Nueve (9) de mayo de
Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), bajo la causal, presunción de muerte por
desaparecimiento36.
68. El docente realizó aportes al Fomag sobre los factores de sueldo o sobresueldo,
según consta en el formato único para la expedición de certificado de salarios No.
95908-1737.
69. El Cuatro (4) de mayo de Dos Mil Siete (2007), la señora Ruth Mery Medina
Patiño, radicó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por el
fallecimiento del señor José Whisner Agudelo Gómez38.
70. El director de gestión y apoyo administrativo de la secretaría de educación para
la cultura de Antioquía, actuando en nombre y representación de la Nación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en ejercicio de las facultades que le
confiere la Ley 91 de 1989, el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, el Decreto 2831 de
2005 y en virtud de la Resolución 3733 del 28 de febrero de 2006 de la secretaría de
educación para la cultura de Antioquia, a través de la Resolución No. 16917 de agosto
Quince (15) de Dos Mil Siete (2007), resolvió negar el reconocimiento y pago de la
pensión de sobreviviente por la muerte del docente José Whisner Agudelo Gómez39, en
los siguientes términos:
34 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo cuaderno antecedentes administrativos, folios 85-91.
35 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo cuaderno antecedentes administrativos, folios 70-81.
36 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo cuaderno principal, folio 30.
37 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo cuaderno principal, folio 34.
38 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo cuaderno principal, folios 18-19, información que se extrae de la
Resolución No. 16.917 de fecha 15 de agosto de 2007..
39 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo cuaderno principal, folios 18-19.
23
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
71. La señora Ruth Mery Medina Patiño, nació el Trece (13) de septiembre de Mil
Novecientos Sesenta y Dos (1962)40.
72. El señor José Whisner Agudelo Gómez, nació el Treinta (30) de mayo de Mil
Novecientos Cincuenta y Seis (1956)41.
40 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo 19.1 José Agudelo, folio 14.
41 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo 19.1 José Agudelo, folio 15.
24
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
73. Los señores José Ricardo Gil Gutiérrez, Diana Patricia Bustamante Herrera,
Manuel Antonio Calderón Arango, Berta Inés Correa Velásquez y Ruth Mery Medina
Patiño ante la Notaria Primera del Círculo de Bello – Antioquia, rindieron declaración
extraproceso juramentada Nos. 495642, 90343 y 90444.
2.5. Caso concreto
74. De cara a los antecedentes expuestos, la Sala procederá a verificar si la señora
Ruth Mery Medina Patiño, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes pretendida con
fundamento en la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, en calidad de
cónyuge del señor José Whisner Agudelo Gómez, sobre quien se declaró la muerte
presunta por desaparición.
75. Frente a la prestación pensional bajo análisis, esta Sección ha sostenido que el
legislador con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, previó la
denominada pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, como una prestación
dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado o
pensionado, al grupo familiar, y por ende evitar que su deceso se traduzca en un cambio
sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de
dicha prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter
público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
76. Al respecto, se recuerda que la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de
2003, precisó que: «[…] La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los
mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad
social antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas
que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus
necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con
que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé
que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y
que más dependían del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para
satisfacer sus necesidades. […]».
77. Ahora, atendiendo la causa de la muerte del señor Agudelo Gómez, es dable
precisar que el Código Civil artículo 97 y del Código de Procedimiento Civil artículos 656
42 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo 19.1 José Agudelo, folios 22-23.
43 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo 19.1 José Agudelo, folios 61-62.
44 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo 19.1 José Agudelo, folio 63.
25
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
a 658, (vigente al momento de los hechos objeto de análisis), regulan la declaración de
la muerte presunta como consecuencia de la desaparición de una persona, pasados dos
años sin tener noticias del ausente. Se trata de una presunción legal de muerte, que
admite prueba en contrario y es declarada por el juez del último domicilio del
desaparecido. La sentencia que declare la muerte presunta ordenará transcribir lo
resuelto al funcionario del estado civil para que extienda el folio de defunción. Tiene por
efecto extinguir la personalidad del ser humano, el que desaparece como sujeto de
derechos y, posibilita la transmisión de los derechos patrimoniales derivados de tal
insuceso45.
78. Establecido lo anterior, la parte demandante recurre a la fecha inscrita en el
registro civil de defunción del señor José Whisner Agudelo Gómez, para reclamar la
pensión de sobrevivientes, pues indica que, en dicho documento se registró como fecha
de defunción el Nueve (9) de Mayo de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), por ello
considera que, le resulta aplicable la Ley 100 de 1993 para acceder al reconocimiento
del derecho pensional.
79. En ese orden, la Sala observa que, el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto
Berrio, a través de sentencia del Veinticuatro (24) de febrero de Mil Novecientos Noventa
y Ocho (1998), resolvió declarar presuntamente muerto al señor José Whisner Agudelo
Gómez, por su desaparecimiento desde el Nueve (9) de mayo de Mil Novecientos
Noventa y Tres (1993), y estableció como fecha presuntiva de su muerte, el día Nueve
(9) de mayo de mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), esto es, luego de pasado dos
(2) años desde que se reportó la desaparición, tal como lo dispone el artículo 97 del
Código Civil, numeral 6, «El juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del
primer bienio contado desde la fecha de las últimas noticias;»
80. A tono con lo anterior, y bajo la tesis jurisprudencial de la Corte Constitucional y
de la Corte Suprema de Justicia, el A-quo negó las pretensiones de la demanda, toda
vez que, consideró que, en casos de pensión de sobrevivientes por muerte presunta, se
aplica, la norma vigente a la fecha de la desaparición del afiliado, por tanto, como ello,
en el sub lite, ocurrió el Nueve (9) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993),
no le resultaba aplicable la Ley 100 de 1993, en razón a que, entró a regir el 1 de abril
de 1994 para el sector nacional, y el 30 de junio de 1995 para el ámbito territorial, de
conformidad con lo previsto en su artículo 151.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero
Ponente: Dr. William Hernández Gómez Bogotá D.C., 24 de agosto de 2017 Radicado: 41-001-23-33-
000-2013-00216-01
26
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
81. No obstante, si bien es cierto, la tesis a la que acudió el A-quo, para resolver el
caso concreto contempla que, en casos de pensión de sobrevivientes por muerte
presunta, se aplica la norma vigente a la fecha de la desaparición, también lo es que, la
misma Corte es clara en indicar que dicha regla se aplica de carácter general, por lo que
no puede entenderse en término absoluto.
82. Así las cosas, se resalta que la jurisprudencia de esta Sección sostiene que, la
causación del derecho surge con la fecha en que se declara judicialmente la muerte
presunta, pues, ello tiene el efecto de extinguir la personalidad del ser humano, por
tanto, la norma aplicable para dilucidar el derecho pensional es la vigente para dicho
momento.
83. De igual forma, es dable recordar que en sentencia de unificación 46, la Sección
Segunda, al analizar el requisito de convivencia para la sustitución de la pensión gracia,
lo cual resulta aplicable Mutatis mutandis al caso concreto, estableció:
[
«Se unifica la jurisprudencia sobre el requisito de convivencia para la sustitución
de la pensión gracia. 'Uno de los puntos que abordó el proyecto de Acto
Legislativo 01 de 2005 fue la pensión de sobrevivientes […]. [S]e prevé que
las leyes del Sistema General de Seguridad Social en pensiones son las que
contienen los requisitos para adquirir el derecho a la pensión de sobrevivencia;
precisión que debe entenderse también bajo la regla general según la cual la
norma que gobierna la sustitución pensional es la vigente para la fecha de
fallecimiento del causante.
Regla de unificación: 'La norma aplicable sobre el requisito de convivencia para el
cónyuge supérstite o el compañero permanente en materia de sustitución de
pensión gracia es la vigente para la fecha del deceso del causante, en armonía
con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, que remite a las leyes del
Sistema General de Pensiones, sin perjuicio de los derechos adquiridos bajo
normas anteriores. En el caso de estar vigente el artículo 47 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se exige al cónyuge o
al compañero acreditar no menos de 5 años de convivencia con el docente o el
pensionado.»
84. Bajo esa línea de intelección, es claro que para efectos del reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte del docente José Whisner Agudelo
Gómez, que ocurrió según quedó anotado en el registro civil de defunción el Nueve (9)
de mayo de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995) con la declaratoria de muerte
presunta por medio de decisión judicial, se encontraba vigente para el docente el
Decreto 224 de 197247 y en el régimen general la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley
797 de 2003.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación, Expediente No. 23001-23-33-000-
2014-00444-01(1655-17) _SUJ-029-CE-S2-2022 de 11 de agosto de 2022, C.P. Dr. César Palomino
Cortés.
47 “Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.”
27
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
85. En ese orden, se encuentra debidamente acreditado y no existe discusión, el
hecho que el señor José Whisner Agudelo Gómez, laboró en calidad de docente
nacionalizado en el establecimiento educativo IDEM Antonio Nariño de Puerto Berrio,
desde el Seis (6) de abril de Mil Novecientos Ochenta y Tres (1983) hasta el Treinta (30)
de abril de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), es decir, por espacio de 10 años y
26 días.
86. En tal razón, antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 que creó el
Fomag y, luego con la aplicación de esta norma, el causante cotizó para pensiones al
fondo de previsión social del Departamento de Antioquia y al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio según lo acredita el formato único para la
expedición de certificado de historia laboral y de salarios número 95908-17.
87. En ese orden, la normativa especial aplicable a los docentes oficiales para el 9
de mayo de 1993 era el Decreto 224 de 1972, el cual, prevé en relación con la pensión
de sobreviviente, que el cónyuge supérstite del docente que fallece sin cumplir con el
requisito de edad exigido para la obtención de la pensión de jubilación tendrá derecho a
recibir una pensión de sobrevivientes, siempre que el causante tuviera mínimo 18
años de servicios.
88. En consecuencia, el causante no reunió el requisito mínimo establecido en el
Decreto 224 de 1972, consistente en acreditar 18 años de servicios, razón por la cual,
en principio a la demandante no le asiste derecho a la pensión post mortem establecida
en dicha norma.
89. Ahora, como lo antes anotado no lo desconoce la demandante, solicita el
reconocimiento pensional en aplicación del principio de favorabilidad a la luz de la Ley
100 de 1993.
90. En ese orden, la Ley 100 de 1993, consagró en el artículo 46 el derecho a una
pensión de sobrevivientes a los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca,
siempre que cumpla con las semanas mínimas de cotización48.
91. La Sala es del criterio que, si bien el régimen general con su artículo 279,
exceptuaba de su ámbito de aplicación a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, también es cierto que, en el artículo 288 ibidem, permite que
todo trabajador se beneficie de ella si ante la comparación con leyes especiales sobre
la misma materia esta le resulta más favorable y siempre que se someta a la totalidad
de sus disposiciones en virtud del principio de inescindibilidad normativa.
48 De 26 semanas pasó a 50 a partir de la expedición de la Ley 797 de 2003.
28
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
92. En todo caso, comoquiera que, a la fecha de la muerte presunta por una parte
se encontraba vigente en el sector docente el Decreto 224 de 1972 49 y en el régimen
general la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, al efectuarse una
ponderación de ambos regímenes, se observa que, en aplicación del principio de
favorabilidad, debía dársele prevalencia a las normas generales que prevén una
prestación con mayor vocación de acceder al derecho pensional que las incluidas en el
régimen especial.
93. Lo anterior, por cuanto, a la luz del principio de igualdad en materia pensional, la
Sección Segunda ha considerado50:
«La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha
admitido que la existencia de regímenes especiales que ofrezcan un nivel
de protección igual o superior al previsto por el general no vulnera el
derecho a la igualdad y que dicho tratamiento diferenciado no resulta
discriminatorio sino que favorece a sus destinatarios51.
Adicionalmente, ha indicado que quienes se encuentran beneficiados por
aquellos regímenes especiales, en principio, deben acogerse en su
totalidad a aquellos pues, aunque existan algunas prestaciones que no
resulten tan favorables, es posible que estén contempladas otras
disposiciones que permitan compensar ese tratamiento con otros
beneficios52.
No obstante, es viable que frente a una prestación en particular sea
procedente el análisis de la transgresión del derecho a la igualdad por
prever un trato diferenciado que conlleve una desmejora evidente, de
manera arbitraria y sin razón aparente, frente a quienes están afiliados al
régimen general, pues la creación de dichas condiciones especiales busca
ofrecer protección específica a algunos sujetos que desarrollan
determinada labor, lo cual implica que no pueda ser menos beneficiosa que
la prevista para el resto de la población53.»
94. En virtud de lo expuesto, se procederá a verificar la acreditación de los requisitos
plasmados en el régimen general de la siguiente manera:
• Cotizaciones mínimas
95. De conformidad con el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, tendrán derecho a la pensión
de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca siempre y
cuando «2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este
hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos: a. Que el afiliado se encuentre
49 “Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.”
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero
Ponente: William Hernández Gómez, sentencia del diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
51 Ver, entre otras, sentencia de la Corte Constitucional C-461 de 1995 y providencia de la Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2017, radicación: 170012333000201300133 01
(0274-2014).
52 Sentencia C-956 de 2001.
53 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación CE-SUJ2-010-18 del 12 de abril de
2018. Sección Segunda. Radicación número: 81001-23-33-000-2014-00012 01(132115).
29
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al
momento de la muerte; b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado
aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior
al momento en que se produzca la muerte. A su vez dispone el parágrafo que “Para
efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en
cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente Ley.”»
96. De acuerdo con el certificado de historia laboral y de salarios número 95908-17,
el señor José Whisner Agudelo Gómez, laboró en calidad de docente nacionalizado en
el establecimiento educativo IDEM Antonio Nariño de Puerto Berrio, desde el Seis (6)
de abril de Mil Novecientos Ochenta y Tres (1983) hasta el Treinta (30) de abril de Mil
Novecientos Noventa y Tres (1993), es decir, por espacio de 10 años y 26 días.
97. Con lo anterior se acredita que, durante dicho lapso realizó cotización al sistema
de pensiones y cumplió con más de 26 semanas previo a desaparición dada la
imposibilidad de cotizar entre 1993 a 1995 por tanto, en el año anterior a su desaparición
9 de mayo de 1992 a 9 de mayo de 1993, efectuó la cotización mínima de las semanas
exigidas por la ley 100 de 1993.
98. Así, queda claro que se cumple el requisito de las semanas mínimas de
cotización.
• El cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite
beneficiaria (o), a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o
más años de edad.
99. La señora Ruth Mery Medina Patiño, con el registro civil de matrimonio núm.
1734192 de la Notaría Primera de Bello, Antioquia54, acredita ser la cónyuge del
causante y con su documento de identidad demuestra que nació el Trece (13) de
septiembre de Mil Novecientos Sesenta y Dos (1962)55, por tanto, a la fecha en que se
declaró la muerte presunta del señor José Whisner Agudelo Gómez, ostentaba la
condición de cónyuge y tenía más de 30 años.
• Acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante y hasta
su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años
continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado
uno o más hijos con el pensionado fallecido;
54 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo cuaderno principal, folio 24.
55 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo 19.1 José Agudelo, folio 14.
30
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
100. Para dilucidar el presente requisito, valora la Sala las declaraciones extraproceso
juramentada Nos. 495656, 90357 y 90458 rendidas por los señores José Ricardo Gil
Gutiérrez, Diana Patricia Bustamante Herrera, Manuel Antonio Calderón Arango, Berta
Inés Correa Velásquez ante la Notaria Primera del Círculo de Bello – Antioquia, toda vez
que, de manera unánime, indicaron que conocen de vista, trato y comunicación a los
señores Ruth Mery Medina Patiño y José Whisner Agudelo Gómez por espacio de más
de 25 y 30 años, que eran casados, tenían un hijo mayor de edad, que el señor Agudelo
Gómez asistía económicamente su hogar y compartió techo, lecho y mesa con su
cónyuge en forma continua e ininterrumpida desde el día que se casaron hasta la fecha
de su desaparición.
101. Con lo anterior, aun cuando se acredita la convivencia, pues las declaraciones
extrajudiciales a la luz de la jurisprudencia son válidas como prueba acreditante de ello
[174]59 lo cierto es que, en el sub lite, no resultaba exigible acreditar dicha convivencia,
toda vez que, entre los señores Ruth Mery Medina Patiño y José Whisner Agudelo
Gómez, procrearon un hijo, según se acredita con el registro civil de nacimiento Víctor
Manuel Agudelo Medina60.
102. Por lo expuesto, la demandante, en su calidad de cónyuge supérstite del señor
José Whisner Agudelo Gómez, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes prevista en el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993. Ello, en
armonía con los principios de favorabilidad, protectorio, pro homine y de igualdad que
encauzan el derecho laboral, en consideración a que acreditó el cumplimiento de los
requisitos previstos por la disposición en comento.
2.6. De la prescripción.
103. Establecido el derecho pensional, procede la Sala a verificar si se configura o no
el fenómeno de la prescripción trienal, veamos.
104. De conformidad con lo previsto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, la
prescripción de las mesadas pensionales es de tres (3) años, contados desde que la
56 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo 19.1 José Agudelo, folios 22-23.
57 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo 19.1 José Agudelo, folios 61-62.
58 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo 19.1 José Agudelo, folio 63.
59 Corte Constitucional, T-184 de 2022, MP. Alejandro Linares Cantillo
60 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo 16.1 antecedentes folio 97
31
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
obligación se hace exigible, y se interrumpe por una sola vez con la reclamación
administrativa.
105. En el presente caso, se observa que la señora Ruth Mery Medina Patiño, el Cuatro
(4) de mayo de Dos Mil Siete (2007), radicó solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes, por el fallecimiento del señor José Whisner Agudelo Gómez,
a su turno, la entidad demandada expidió la Resolución No. 16917 el Quince (15) de
agosto de Dos Mil Siete (2007) y la demanda se interpuso el Veintidós (22) de abril de
Dos Mil Diecinueve (2019), según consta en el acta de reparto61, luego entonces, como
la parte no instauró la demanda dentro del término de tres (3) años desde el Quince (15)
de agosto de Dos Mil Siete (2007), operó la prescripción de las mesadas antes del
Veintidós (22) de abril de Dos Mil Dieciséis (2016).
2.7. Conclusiones:
106. Por las razones que anteceden, se revocará la sentencia de primera instancia
proferida el Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, que negó las pretensiones de la
demanda formulada por la señora Ruth Mery Medina Patiño en contra de la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En
su lugar, se declarará la nulidad de la Resolución No. 16917 de agosto Quince (15) de
Dos Mil Siete (2007), en cuanto negó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente a favor de la señora Ruth Mery Medina Patiño, por la muerte del docente
José Whisner Agudelo Gómez.
107. Como consecuencia de lo anterior, se ordenará a la entidad demandada el
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor de la señora Ruth Mery
Medina Patiño a partir del Nueve (9) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995)
(fecha de la muerte presunta del causante), pero con efectos fiscales a partir del
Veintidós (22) de abril de Dos Mil Dieciséis (2016).
108. La liquidación se realizará conforme a la forma establecida en el artículo 48 de la
Ley 100 de 1993.
109. Se declarará probada la excepción de prescripción respecto a las mesadas
pensionales causadas antes del Veintidós (22) de abril de Dos Mil Dieciséis (2016).
110. Se ordenará que las sumas que resulten a favor de la demandante se actualizarán
61 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo
ED_ExpedienteElectronic 13 kb, anexo 1, folio 36.
32
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
en la forma como se indica en esta providencia y se aplicará para ello la siguiente
fórmula:
Índice final
R= Rh x
Índice inicial
111. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesada pensional con
inclusión de los reajustes de ley, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de
precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta
providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas.
112. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se pagará separadamente, mes
por mes para cada mesada pensional, teniendo en cuenta que el índice inicial es el
vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.
113. A la sentencia se dará cumplimiento en los términos del artículo 192 del CPACA.
2.6. Condena en costas
114. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, por tanto, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el Veintinueve (29) de octubre
de Dos Mil Veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima
de Oralidad, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 16917 de agosto Quince (15)
de Dos Mil Siete (2007), en cuanto negó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente a favor de la señora Ruth Mery Medina Patiño, por la muerte del docente
José Whisner Agudelo Gómez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
33
Número interno: 0291-2026
Demandante: Ruth Mery Medina Patiño
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
TERCERO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a
favor de la señora Ruth Mery Medina Patiño, a partir del Nueve (9) de mayo de Mil
Novecientos Noventa y Cinco (1995) (fecha de la muerte presunta del causante), pero
con efectos fiscales a partir del Veintidós (22) de abril de Dos Mil Dieciséis (2016), por
prescripción trienal. La liquidación se realizará conforme a la forma establecida en el
artículo 48 de la Ley 100 de 1993.
CUARTO: DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto a las mesadas
causadas antes del Veintidós (22) de abril de Dos Mil Dieciséis (2016). Por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, actualizar las sumas que resulten a favor de la
demandante, con base en la fórmula que indicada en la parte considerativa de esta
providencia.
SEXTO: La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los términos del
artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
SÉPTIMO: Sin condena en costas en esta instancia.
OCTAVO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.