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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2019-01139-03

Fecha
17 de octubre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2019-01139-03

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en audiencia celebrada el 24 de febrero de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NEGAR seguir adelante con la ejecución. TERCERO: CONDENAR en costas a Luis Alberto Acevedo Escobar en esta instancia, las cuales serán liquidadas por el a quo, según lo previsto por el artículo 366 del estatuto procesal general. Adicionalmente, deberá asumir la condena en costas efectuada para la primera instancia. Fijar como agencias en derecho de la primera instancia la suma de $67.680.992 y por la segunda instancia el equivalente a 1 SMLMV para el momento de ejecutoria de la sentencia. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría se dispondrá DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen. Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2019-01139-03

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

17 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 05001-23-33-000-2019-01139-03 (68341)
Demandante: LUIS ALBERTO ACEVEDO ESCOBAR
Demandado: MUNICIPIO DE DONMATÍAS (ANTIOQUIA)
Referencia: PROCESO EJECUTIVO - LEY 1437 DE 2011

Ante la ausencia de práctica de pruebas en segunda instancia, procede la Sala a
resolver por escrito, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en
contra de la sentencia proferida el 24 de febrero de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual se ordenó seguir adelante con la
ejecución y se condenó en costas a la entidad ejecutada.

I. ANTECEDENTES
1. Demanda

El 4 de febrero de 2019, el señor Luis Alberto Acevedo Escobar, por conducto de
apoderado judicial (fls. 21-22), presentó demanda ejecutiva en contra del municipio
de Donmatías (Antioquia), con el fin de que se librara mandamiento de pago por las
siguientes sumas de dinero:

1. Por la cantidad de trescientos setenta y siete millones doscientos treinta y
seis mil seiscientos cincuenta y nueve pesos ($377.236.659), derivada del Acta
No. 1, Factura de venta número 1406, acto proferido con ocasión de la actividad
contractual.

(...)

3. Por la cantidad de quinientos ochenta y ocho millones doscientos veinte mil
ciento noventa y ocho pesos ($588.220.198), derivada del Acta No. 2, Factura
de venta número 1434, acto proferido con ocasión de la actividad contractual.

(...)

Radicación: 05001233300020190113903 (68341)
Demandante: Luis Alberto Acevedo Escobar
Demandado: Municipio de Donmatías
Referencia: Proceso ejecutivo

5. Por la cantidad de doscientos setenta millones ochocientos trece mil ciento
sesenta y ocho pesos ($270.813.168), derivada del Acta No. 3, Factura de
venta número 1456, acto proferido con ocasión de la actividad contractual.

(...)

7. Por la cantidad de doscientos treinta y un millones seiscientos treinta mil
setenta y nueve pesos ($231.630.079), derivada del Acta No. 4, Factura de
venta número 1476, acto proferido con ocasión de la actividad contractual.

(...)

9. Por la cantidad de trescientos treinta y ocho millones seiscientos veinticuatro
mil ochocientos doce pesos ($338.624.812), derivada del Acta No. 5, Factura
de venta número 1514, acto proferido con ocasión de la actividad contractual.

(...)

11. Por la cantidad de doscientos treinta y cuatro millones quinientos ochenta
y nueve mil sesenta y dos pesos ($234.589.062), derivada del Acta No. 6,
Factura de venta número 1522, acto proferido con ocasión de la actividad
contractual.

(...)

13. Por la cantidad de doscientos sesenta y cuatro millones seiscientos
cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y ocho pesos ($264.654.948),
derivada del Acta No. 7, Factura de venta número 1540, acto proferido con
ocasión de la actividad contractual.

(...)

15. Por la cantidad de doscientos catorce millones novecientos diecinueve mil
noventa pesos ($214.919.090), derivada del Acta No. 8, Factura de venta
número 1553, acto proferido con ocasión de la actividad contractual.

En relación con todas estas sumas de dinero se solicitaron intereses moratorios,
liquidados a la tasa máxima legal establecida en el artículo 4, numeral 8 de la Ley
80 de 1993, desde el momento en que se hicieron exigibles las obligaciones;
además, elevó solicitud de condena en costas en contra de la entidad ejecutada.

Como fundamento fáctico de las pretensiones, narró, en síntesis, que al señor Luis
Alberto Acevedo Escobar se le adjudicó el contrato de obra pública 14052015DT21
de 2015, cuyo objeto consistía en la construcción de la institución educativa, sector
San Antonio, área urbana del municipio de Donmatías, Antioquia, por un valor de
$4.065´415.868.

El acta de inicio se suscribió el 27 de agosto de 2015 y el 27 de junio de 2016 se
firmó el acta de recibo de las obras, sin que a la fecha el contrato haya sido objeto
de liquidación.
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Demandante: Luis Alberto Acevedo Escobar
Demandado: Municipio de Donmatías
Referencia: Proceso ejecutivo

Las facturas relacionadas en las pretensiones fueron efectivamente recibidas; no
obstante, las mismas no han sido aceptadas, por ello ha quedado un saldo
pendiente de pago por valor de dos mil quinientos veinte millones seiscientos
ochenta y ocho mil dieciséis pesos ($2.520.688.016). Como existe mora en el pago
de estas sumas de dinero, se generan intereses moratorios en favor del contratista.

1.2. Título ejecutivo

Con fundamento en lo anterior, la parte ejecutante adujo que el título ejecutivo se
encontraba conformado por el contrato y las facturas referenciadas, de las cuales
se desprendía una obligación clara, expresa y exigible. Como anexos de la
demanda allegó:

a. Copia del contrato de obra pública 14052015DT21 de 2015.
b. Póliza No. 2537806.
c. Acta de inicio de obra.
d. Acta de pago No. 1 y factura 1406.
e. Acta de pago No. 2 y factura 1434.
f. Acta de pago No. 3 y factura 1456.
g. Acta de pago No. 4 y factura 1476.
h. Acta de pago No. 5 y factura 1514.
i. Acta de pago No. 6 y factura 1522.
j. Acta de pago No. 7 y factura 1540.
k. Acta de pago No. 8 y factura 1553.
l. Acta de recibo de la obra.

2. Trámite en primera instancia

2.1. El 15 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia libró
mandamiento ejecutivo por las siguientes sumas de dinero:

a) El capital de trescientos setenta y siete millones doscientos treinta y seis mil
seiscientos cincuenta y nueve pesos ($377.236.659), correspondiente a la
factura de venta número 1406, más los intereses moratorios, causados desde
el día siguiente al vencimiento de la factura y hasta que se realice el pago
efectivo de la misma.

b) El capital de quinientos ochenta y ocho millones doscientos veinte mil ciento
noventa y ocho pesos ($588.220.198), correspondiente a la factura de venta

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Radicación: 05001233300020190113903 (68341)
Demandante: Luis Alberto Acevedo Escobar
Demandado: Municipio de Donmatías
Referencia: Proceso ejecutivo

número 1434, más los intereses moratorios, causados desde el día siguiente al
vencimiento de la factura y hasta que se realice el pago efectivo de la misma.

c) El capital de doscientos setenta millones ochocientos trece mil ciento sesenta
y ocho pesos ($270.813.168), correspondiente a la factura de venta número
1456, más los intereses moratorios, causados desde el día siguiente al
vencimiento de la factura y hasta que se realice el pago efectivo de la misma.

d) El capital de doscientos treinta y un millones seiscientos treinta mil setenta y
nueve pesos ($231.630.079), correspondiente a la factura de venta número
1476, más los intereses moratorios, causados desde el día siguiente al
vencimiento de la factura y hasta que se realice el pago efectivo de la misma.

e) El capital de trescientos treinta y ocho millones seiscientos veinticuatro mil
ochocientos doce pesos ($338.624.812), correspondiente a la factura de venta
número 1514, más los intereses moratorios, causados desde el día siguiente al
vencimiento de la factura y hasta que se realice el pago efectivo de la misma.

f) El capital de doscientos treinta y cuatro millones quinientos ochenta y nueve
mil sesenta y dos pesos ($234.589.062), correspondiente a la factura número
1522, más los intereses moratorios, causados desde el día siguiente al
vencimiento de la factura y hasta que se realice el pago efectivo de la misma.

g) El capital de doscientos sesenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y
cuatro mil novecientos cuarenta y ocho pesos ($264.654.948), correspondiente
a la factura de venta número 1540, más los intereses moratorios, causados
desde el día siguiente al vencimiento de la factura y hasta que se realice el
pago efectivo de la misma.

h) El capital de doscientos catorce millones novecientos diecinueve mil noventa
pesos ($214.919.090), correspondiente a la factura de venta número 1553, más
los intereses moratorios, causados desde el día siguiente al vencimiento de la
factura y hasta que se realice el pago efectivo de la misma.

2.2. Luego de la notificación del auto que libró mandamiento de pago, la entidad
ejecutada interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante providencia
del 4 de mayo de 2021, en el sentido de reponer parcialmente el auto recurrido,
confirmando el mandamiento de pago por las sumas de dinero anteriormente
indicadas, salvo lo concerniente al capital de doscientos sesenta y cuatro millones
seiscientos cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y ocho pesos
($264.654.948), correspondiente a la factura de venta número 1540, junto con los
intereses moratorios, debido a la ausencia de firma por parte de la entidad
contratante.

2.3. Posteriormente, el municipio de Donmatías propuso las excepciones que
denominó: los documentos base del recaudo no prestan mérito ejecutivo y no
reúnen los requisitos para la configuración del título ejecutivo complejo; contrato no
cumplido; objeto y causa lícita; y el demandante cuenta con el medio de control de
controversias contractuales para el reconocimiento del monto adeudado.

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Radicación: 05001233300020190113903 (68341)
Demandante: Luis Alberto Acevedo Escobar
Demandado: Municipio de Donmatías
Referencia: Proceso ejecutivo

2.4. El 6 de julio de 2021 se fijó fecha para audiencia y se decretaron las pruebas
solicitadas por ambas partes.

2.5. El 10 de agosto de 2021 se practicó la audiencia de la que trata el artículo 372
del CGP.

2.6. El 7 de diciembre de 2021 se llevó a cabo audiencia durante la cual se
escucharon los alegatos de conclusión de las partes y el concepto del Ministerio
Público.

3. Sentencia de primera instancia

En audiencia celebrada el 24 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de
Antioquia emitió fallo de primera instancia en el sentido de seguir adelante con la
ejecución a favor del señor Luis Alberto Acevedo Escobar y en contra del municipio
de Donmatías, por las sumas precisadas en el mandamiento de pago y en el auto
que resolvió el recurso de reposición.

Para arribar a tal conclusión, consideró que entre el señor Luis Alberto Acevedo
Escobar y el municipio de Donmatías se celebró el contrato de obra 14052015DT21,
cuyo objeto era la construcción de la Institución Educativa, sector San Antonio, en
el área urbana de esa localidad, con un plazo de ejecución de 10 meses y un valor
de $4.065´415.868, el cual no fue objeto de liquidación.

Respecto a las actas parciales, concluyó que, como estas contenían la descripción
de las obras ejecutadas por el contratista, los valores, así como la firma del
interventor -quien tenía como función rechazar todos aquellos trabajos o materiales
que no reunieran las condiciones exigidas en los documentos contractuales-, se
podían entender por aceptadas.

En torno a las facturas, expuso que contenían el monto de la transacción, la
descripción del servicio prestado y las personas que intervinieron, aclarando que
todas tienen sello de recibo del municipio de Donmatías; aunque ciertamente no se
pudo constatar si la firma pertenecía al representante legal de la entidad, se
comprobó que el contratista hizo la correspondiente entrega.

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Demandante: Luis Alberto Acevedo Escobar
Demandado: Municipio de Donmatías
Referencia: Proceso ejecutivo

Resaltó que las excepciones de contrato no cumplido u objeto y causa ilícita atañen
a la legalidad del título base de recaudo, argumento que no puede ser evaluado en
el proceso ejecutivo que busca obtener coercitivamente del deudor el cumplimiento
de una obligación en favor del acreedor, a tal punto que las excepciones formuladas
no permiten su conversión a un proceso ordinario.

Indicó que la entidad ejecutada pudo haber acudido a diferentes opciones jurídicas,
como el uso de las facultades exorbitantes, la liquidación unilateral, multas, nulidad
absoluta o acudir al medio de control de controversias contractuales. A partir de lo
anterior concluyó:

En ese entendido y tal como se dejó plasmado en los autos del 15 de marzo y
04 de mayo de 2021, por medio de los cuales libró mandamiento de pago y se
resolvió el recurso de reposición incoado por la parte ejecutada, en este caso
se advierte la existencia de una obligación clara, expresa y exigible en torno a
lo que el señor Luís Alberto Acevedo Escobar ejecutó del Contrato de Obra No.
14052015DT21 de 2015 suscrito con el municipio de Donmatías, al contarse
con el respaldo suasorio asentado en las facturas 1406, 1434, 1456, 1476,
1514, 1522 y 1553 que soportan los valores a cobrar por las actas parciales de
obra número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8.

A su vez, compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para investigar
las omisiones frente a las medidas que pudo adoptar el municipio de Donmatías en
relación con el contrato de obra y se condenó en costas a la entidad ejecutada.

4. Recurso de apelación

Luego de pronunciarse el fallo de primera instancia, el apoderado de la parte
ejecutada solicitó suspender la audiencia con el fin de preparar el recurso de
apelación; a continuación, la magistrada explicó que, por ser un fallo adoptado en
audiencia, el artículo 322 del Código General del Proceso le concedía las
posibilidades de sustentarlo en ese mismo momento o durante los tres días
siguientes, ante lo cual, el apoderado manifestó que optaba por la última alternativa.

En efecto, el 1 de marzo de 2022 se radicó la sustentación del recurso de
apelación1, por medio de la cual el municipio de Donmatías solicitó tomar como

1
De conformidad con el numeral 2 del artículo 443 del Código General del Proceso, en concordancia
con el artículo 373 ibídem, que a su vez remite a la aplicación del artículo 322 del mismo estatuto
procesal, debe destacarse que sobre la interposición del recurso de apelación, la última disposición
mencionada consagra: “Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el
recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su
finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar,

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Demandado: Municipio de Donmatías
Referencia: Proceso ejecutivo

cargos concretos los reproches planteados en el salvamento de voto de uno de los
magistrados, quien recordó que la demanda había sido presentada en dos
ocasiones anteriores, en las cuales se negó el mandamiento ejecutivo por no
cumplir con los requisitos dispuestos para ello, máxime cuando el objeto contractual
no fue cumplido, porque la institución educativa no fue construida.

Indicó que las facturas presentadas no cumplen con los requisitos establecidos en
los artículos 621 y 774 del Código de Comercio, al no contener una firma, sino un
sello del municipio, sin que se logre identificar el nombre y el cargo de la persona
firmante. Tampoco son claras respecto a las actividades constructivas
efectivamente realizadas, no dan cuenta de la amortización del anticipo, y siendo
un contrato de precios unitarios las facturas discriminaban montos globales.

Resaltó que, al absolver el interrogatorio de parte, el ejecutante fue evasivo en
ciertos asuntos concernientes a la ejecución de la obra, situación contraria a la
manifestación incluida en los hechos de la demanda en el sentido que la obra se
ejecutó en su totalidad con estricto respeto de las condiciones técnicas.

Todo ello sumado a una serie de irregularidades que desvirtuaban la existencia de
un título ejecutivo complejo contentivo de obligaciones claras, expresas y exigibles.

A título personal remarcó que la decisión sentaba un precedente nocivo para el
patrimonio público, porque los contratistas incumplidos pueden cobrar dineros
públicos sin la correspondiente ejecución de las obras o sin acreditar el
cumplimiento contractual.

Afirmó que los documentos aportados con la demanda no conforman un título
ejecutivo complejo, encontrando las siguientes deficiencias: por tratarse de un
contrato estatal de obra pactado en precios unitarios no bastaba con las actas
parciales, debía aportarse el documento contentivo del presupuesto oficial con el
fin de analizar las cantidades de obras pactadas y los precios; cada ítem de obra

de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la
sustentación que hará ante el superior”.
Nótese que cuando la norma habla de los tres días siguientes a su finalización, está haciendo
referencia a la culminación de la audiencia, por tal razón, el recurrente tiene dos opciones para
presentar los reparos concretos: I) oralmente, durante la misma diligencia, inmediatamente después
de proferirse el fallo, o II) por escrito, dentro de los tres días siguientes a la finalización de la
audiencia. Criterio aceptado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia: sentencia
del 28 de julio de 2021, radicación No. 05360-31-10-002-2014-00403-02 (SC3148-2021), M.P. Álvaro
Fernando García Restrepo.

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Demandado: Municipio de Donmatías
Referencia: Proceso ejecutivo

debía ejecutarse técnicamente, por tanto, las actas parciales debían discriminar
cada ítem y recibir la correspondiente aprobación técnica; por último, para la
ejecución de los contratos de obra se requiere la aprobación de las garantías y el
otorgamiento de la póliza de estabilidad, requisitos ausentes en el presente caso.

Insistió en que uno de los documentos integrantes del título ejecutivo es el acta de
liquidación bilateral o unilateral, porque las actas parciales de obra, por sí solas, no
prestan mérito ejecutivo.

Sostuvo que no se aportó el contrato original, copia auténtica del certificado de
registro presupuestal y el acto administrativo de aprobación de la garantía,
documentos necesarios para la integración del título ejecutivo.

Respecto a las actas parciales de obra, aseguró que no se evidencia en ellas de
cuáles obras específicas se trata, cuáles fueron las obras intervenidas, ejecutadas,
el lugar donde se realizaron, así como los precios unitarios pactados y ejecutados.

Se mostró inconforme con la decisión del a quo de considerar suficiente la firma del
interventor para dar por aceptados los avances de obra; adicionalmente, no se tiene
claridad sobre quién es el interventor, dado que las actas se encuentran firmadas
por personas que no precisan su vinculación con la firma seleccionada para tal
labor, la cual en todo caso no contó con el aval de la administración para el recibo
de las obras, circunstancia reflejada en la amortización del anticipo.

Frente a las facturas aportadas por el ejecutante, afirmó que no cumplen con los
requisitos contemplados en los artículos 772 y 774 del Código de Comercio, por
cuanto no puede librarse una factura por una obra que no fue ejecutada y debe
identificarse plenamente la persona encargada de recibir el título valor.

Destacó que, al absolver el interrogatorio de parte, el ejecutante fue evasivo en
ciertos asuntos concernientes a la ejecución de la obra, lo constituye una confesión
presunta al tenor de lo señalado por el artículo 205 del CGP.

Finalizó explicando que, en el proceso ejecutivo contractual es posible proponer
todo tipo de excepciones en relación con el negocio que da origen al recaudo. Las
actas parciales de obra y sus correspondientes facturas no gozan de algún tipo de
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Referencia: Proceso ejecutivo

presunción de legalidad, pues no se trata de actos administrativos o de una
sentencia ejecutoriada, siendo procedentes las excepciones de contrato no
cumplido, objeto y causa ilícita.

El recurso de apelación fue concedido el 16 de marzo de 2022.

5. Trámite de segunda instancia

5.1. Esta Corporación admitió el recurso de apelación el 20 de mayo de 2022.

5.2. En el presente asunto no se decretaron pruebas en segunda instancia.

5.3. En el concepto presentado por el Ministerio Público se solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, en razón a que los documentos aportados
constituyen un título ejecutivo complejo.

Respecto de las actas parciales de obra, se indicó que fueron entregadas y
recibidas por el municipio de Donmatías, las cuales contienen la descripción de los
diferentes ítems relacionados con el avance de las obras, con precisión de valores
y actividades, sin que hubieran sido tachadas de falsas por el ente municipal.

Las facturas presentadas por el ejecutante reúnen los requisitos contemplados en
el artículo 774 del Código de Comercio, por cuanto especifica la fecha de emisión
y vencimiento, la fecha de recibo, nombre de la entidad, funcionario que recibió, el
concepto de la factura, el contrato y su objeto, el valor del acta, la amortización
sobre el valor del contrato, el saldo, la identificación de la cuenta para el
desembolso, ligado a ello, no se comprobó que la firma consignada en las facturas
no corresponde a la de un funcionario del municipio.

En cuanto a la amortización del anticipo, razonó que se identificó de manera clara
el valor amortizado por cada una de las actas parciales de obras, valor que coincide
con el indicado en las facturas.

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Radicación: 05001233300020190113903 (68341)
Demandante: Luis Alberto Acevedo Escobar
Demandado: Municipio de Donmatías
Referencia: Proceso ejecutivo

II. CONSIDERACIONES

En atención a lo regulado por el artículo 299 del CPACA, modificado por el artículo
81 de la Ley 2080 de 20212, en la ejecución de los títulos de recaudo derivados
de la actividad relacionada con contratos celebrados por entidades públicas, se
observarán las reglas previstas en el Código General del Proceso para los
procesos ejecutivos, salvo lo concerniente con la determinación de la competencia
por los factores territorial y cuantía, que seguirá las reglas previstas en el CPACA.

1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del
CGP, la Sala es competente para conocer del presente asunto por tratarse de un
recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, corporación competente en primera instancia
según lo consagrado en el numeral 7 del artículo 152 del CPACA3.

2. Ejercicio oportuno de la acción

A la luz de lo previsto en el literal k) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, el
término para presentar la demanda ejecutiva es de cinco años contados desde la
fecha en que se hizo exigible la obligación.

En el presente caso, se pretende la ejecución de una obligación consistente en
cancelar unas sumas de dinero contenidas en las actas parciales de obra Nos. 1 a
6 y 8, con sus correspondientes facturas, generadas durante la ejecución del
contrato de obra pública No. 14052015DT21 de 2015, celebrado entre el municipio
de Donmatías y el señor Luis Alberto Acevedo Escobar.

A efectos de contabilizar el término de caducidad, se evaluará el acta parcial de
obra No. 1 y la factura No.1406, cuyo vencimiento es el más antiguo: 30 de
noviembre de 2015, en el entendido que si la demanda ejecutiva por dicha factura
fue presentada en término se colige que frente a las demás no operó la caducidad,
pues su vencimiento fue posterior.

2
Norma que resulta aplicable en razón a que el recurso de apelación fue interpuesto el 1 de marzo
de 2022, momento para el cual dicha normativa había adquirido plena vigencia.
3
La cuantía fue estimada en: $ 3.726.249.359.

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Radicación: 05001233300020190113903 (68341)
Demandante: Luis Alberto Acevedo Escobar
Demandado: Municipio de Donmatías
Referencia: Proceso ejecutivo

En ese orden, se tiene que el término de caducidad se extendía, en principio, hasta
el 1 de diciembre de 2020; como la demanda fue radicada el 4 de febrero de 2019,
se concluye que no operó la caducidad del medio de control.

3. Caso concreto

El proceso ejecutivo tiene como finalidad garantizar la efectividad de las
obligaciones claras, expresas y exigibles originadas en una relación jurídica, de la
cual se desprende una prestación a cargo del ejecutado y en favor del ejecutante,
quien se encuentra legitimado para pretender su cumplimiento forzoso.

Esa finalidad se ve reflejada en el diseño del proceso ejecutivo, con la introducción
de una serie de limitaciones para evitar la discusión jurídica y probatoria en los
mismos términos de un juicio declarativo. Justamente, en este punto radica la
diferencia entre ambos procesos, mientras que en los declarativos el derecho se
encuentra en discusión y deberá determinarse a quién le asiste razón; en los
ejecutivos ese debate deberá encontrarse resuelto con la existencia de un título
contentivo de una obligación plenamente determinada, pero insatisfecha, respecto
de la cual se solicita coercitivamente su cumplimiento4.

La prosperidad de la pretensión ejecutiva estará supeditada a la existencia de un
título ejecutivo, bien sea simple o complejo5. Cuando la obligación que se cobra
deviene de un contrato estatal, por regla general, el título ejecutivo es complejo en
la medida en que se encuentra conformado no solo por el contrato, en el cual consta
el compromiso de pago, sino por otros documentos tales como actas de liquidación,
de recibo, de reunión y facturas elaborados por las partes del negocio jurídico, entre
otros, en donde consten el modo o condiciones a las que esté sometida la
obligación, e inclusive, que permitan verificar (en algunos casos) la satisfacción de
la obligación a cargo del ejecutante para requerir el cumplimiento del ejecutado, de
las que se pueda deducir de manera clara y expresa el contenido de la misma, así
como su exigibilidad.

4
Hernando Devís Echandía. (2015). Teoría General del Proceso. Editorial Temis, (Págs. 145-147).
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
providencia del 14 de junio de 2019, radicación No. 25000-23-26-000-2011-00995-02(61805), C.P.
María Adriana Marín.

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Radicación: 05001233300020190113903 (68341)
Demandante: Luis Alberto Acevedo Escobar
Demandado: Municipio de Donmatías
Referencia: Proceso ejecutivo

En todo caso, los títulos ejecutivos deben reunir ciertas condiciones formales y
sustanciales. Las primeras se refieren a que la obligación debe constar: i) en
documentos auténticos que provengan del deudor o de su causante y que
constituyan plena prueba contra él, o ii) en providencias emanadas de autoridades
competentes que tengan fuerza ejecutiva, conforme a la ley, como, por ejemplo, las
sentencias de condena y otro tipo de providencias judiciales que impongan
obligaciones, verbigracia, aquellas que fijan honorarios a los auxiliares de la justicia,
las que aprueban la liquidación de costas, etc. Las condiciones sustanciales, por su
parte, se traducen en que las obligaciones que se acrediten a favor del ejecutante y
a cargo del ejecutado sean claras, expresas y exigibles. 6

La obligación será clara cuando sea inteligible y su interpretación sea unívoca, sin
lugar a equívocos o confusiones, puesto que la causa, objeto y sujetos de la
obligación a ejecutar deben estar plenamente identificados; será expresa cuando
por lenguaje escrito aparezca visible, patente y explícita en el título ejecutivo,
excluyendo así la posibilidad de ejecutar obligaciones implícitas o presuntas; por
último, será exigible cuando pueda solicitarse su cumplimiento porque se venció el
plazo, se cumplió la condición, o la obligación era pura y simple.7

Al descender al caso concreto, preliminarmente se observa que el 18 de junio de
2015 se celebró el contrato de obra pública 14052015DT21 de 2015 entre el
municipio de Donmatías y el señor Luis Alberto Acevedo Escobar, cuyo objeto
consistía en la “construcción de la institución educativa, sector San Antonio, área
urbana del municipio de Donmatías, Antioquia”, por un valor de $ 4.065´415.868, un
plazo de ejecución de 6 meses y una vigencia total de 10 meses (fls. 12-18 C.ppal).

Según el acta de inicio, la ejecución comenzó el 27 de agosto de 2015 (fl. 25 C.
ppal) y a partir del mes de octubre de esa misma anualidad se empezaron a emitir
las actas parciales de obra y las facturas que, según la parte demandante, contienen
la obligación a cargo de la entidad ejecutada de cancelar unas sumas de dinero,
como se sintetiza a continuación8:

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
providencia del 30 de agosto de 2022, radicación No. 25000-23-26-000-2019-000907-01 (67633),
C.P. María Adriana Marín.
7
Hernán Fabio López Blanco. (2017). Código General del Proceso: parte especial. Editorial Dupre
Editores Ltda. (Págs. 507-511).
8
Se excluye el acta parcial de obra No. 7 y la factura No. 1540, en atención a que mediante
providencia del 4 de mayo de 2021 el Tribunal Administrativo de Antioquia negó el mandamiento de
pago por la falta de firma de la entidad contratante.

12

Radicación: 05001233300020190113903 (68341)
Demandante: Luis Alberto Acevedo Escobar
Demandado: Municipio de Donmatías
Referencia: Proceso ejecutivo

Acta Factura Valor Fecha de Fecha de Folios
parcial emisión vencimiento (C. ppal)
de obra

1 1406 $377.236.659 12/11/2015 30/11/2015 26-38

2 1434 $588.220.198 21/12/2015 21/01/2016 39-53

3 1456 $270.813.168 03/02/2016 28/02/2016 54-67

4 1476 $231.630.079 23/02/2016 23/03/2016 68-81

5 1514 $338.624.812 06/04/2016 30/04/2016 82-94

6 1522 $234.589.062 02/05/2016 30/05/2016 95-110

8 1553 $214.919.090 15/06/2016 14/07/2016 126-142

Esta Corporación ha aceptado la procedencia del proceso ejecutivo para cumplir
con las obligaciones contenidas en las actas parciales de obra, siempre y cuando el
contrato estatal no haya sido objeto de liquidación, operación que constituye ese
cruce de cuentas definitivo con el fin de aclarar las obligaciones subsistentes a cargo
de las partes; en otras palabras, la falta del acta de liquidación del contrato no afecta
la exigibilidad de las obligaciones contenidas en las actas parciales de obra.9

En el presente asunto, no se avizora que las partes hubieran liquidado el contrato
durante los cuatro meses siguientes a su finalización, como se pactó en la cláusula
vigésima quinta del contrato de obra, tampoco se verificó que la entidad procedió
con la liquidación unilateral, por tanto, no le asiste razón al recurrente en el sentido
de que era indispensable allegar el acta de liquidación bilateral o unilateral para
ejecutar las sumas de dinero en cuestión, dado que las actas parciales de obra
pueden prestar mérito ejecutivo.

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 30 de
agosto de 2001, radicación No. 50001-23-31-000-1999-6256-01(16256), C.P. Alier Eduardo
Hernández Enríquez; providencia del 11 de septiembre de 2003, radicación No. 44001-23-31-000-
1997-00981-01(15151), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; providencia del 30 de agosto de
2008, radicación No. 68001-23-15-000-2002-01365-01(31280), C.P. Mauricio Fajardo Gómez;
Subsección B, providencia del 5 de octubre de 2020, radicación No. 13001-23-33-000-2016-00765-
02 (63753), C.P. Alberto Montaña Plata.

13

Radicación: 05001233300020190113903 (68341)
Demandante: Luis Alberto Acevedo Escobar
Demandado: Municipio de Donmatías
Referencia: Proceso ejecutivo

De antaño esta Corporación había reconocido la potestad-deber del juez para
revisar, de manera oficiosa, los requisitos del título ejecutivo10, posición que resultó
consagrada legalmente con la modificación introducida por el artículo 81 de la Ley
2080 de 2021 al artículo 299 del CPACA, en el entendido que los defectos formales
del título de recaudo podrán declararse de oficio por el juez en la sentencia; en
consecuencia, procede la Sala a evaluar el cumplimiento de tales
condicionamientos.

3.1. El título ejecutivo complejo no fue aportado en original o copia auténtica

Se observa que el contrato de obra pública 14052015DT21 de 2015, celebrado entre
el municipio de Donmatías y el señor Luis Alberto Acevedo Escobar fue aportado
en copia simple (fls. 12-18 C. ppal). Sobre este aspecto, el juez de primera instancia
consideró que podía aceptarse el documento por cuanto no fue tachado de falso,
de acuerdo con lo indicado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación
del año 2013.

Sin embargo, contrario al anterior entendimiento, la misma sentencia de unificación
contempló que la posibilidad de valorar las copias simples no tiene aplicación en los
procesos ejecutivos:

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la
existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente
pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o
privado. En efecto, existirán escenarios –como los procesos ejecutivos– en los
cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los
requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el
original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.).
Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia,
está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso
administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la
actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún
momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr.
contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del
derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga
exigible el requisito de las copias auténticas (…).11

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 12
de agosto de 2004, radicación No. 20001-23-31-000-1999-0727-01(21177), C.P. Ramiro Saavedra
Becerra, reiterada en providencia del 10 de noviembre de 2016, radicación No. 25000-23-26-000-
2006-01379-02 (56950), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y providencia del 31 de julio de
2020, radicación No. 08001-23-31-000-2009-00986-01(53095), C.P. María Adriana Marín.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
del 28 de agosto de 2013, radicación No. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), C.P. Enrique Gil
Botero.

14

Radicación: 05001233300020190113903 (68341)
Demandante: Luis Alberto Acevedo Escobar
Demandado: Municipio de Donmatías
Referencia: Proceso ejecutivo

En efecto, en el proceso ejecutivo se exige aportar el original o la copia auténtica
de los documentos que conforman el título ejecutivo simple o complejo, según lo
regulado por el inciso 2 del artículo 215 del CPACA y lo planteado por esta
Subsección en diferentes oportunidades12, exigencia que tiene como finalidad
garantizar plenamente la autenticidad de los títulos de recaudo, el respeto por los
ritos procesales y la protección del patrimonio público13, de tal forma que se evite
la multiplicidad de procesos ejecutivos con sustento en copias de un mismo
documento.

Igualmente, fueron aportados en copia simple el acta de inicio de obra (fl. 25 C.
ppal), acta parcial de obra No. 1 (fls. 28-38 C. ppal), acta parcial de obra No. 3,
frente a la cual debe resaltarse que la firmada por el contratista e interventor fue
aportada incompleta (fls. 64-67 C.ppal), acta parcial de obra No. 6 (fls. 97-110 C.
ppal) y el acta parcial de obra No. 8 (fls. 128-142 C.ppal 1), frente a las demás actas
de obra debe destacarse que fueron aportadas en original; sin embargo, al haberse
aportado el contrato de obra en copia simple, resulta imposible aceptar la
configuración del título ejecutivo complejo.

La Sala no desconoce que el contrato de obra pública fue aportado por la misma
entidad ejecutada al momento de proponer las excepciones de mérito 14 y por la
Procuraduría General de la Nación cuando dio respuesta al exhorto No. 48 del 7 de
julio de 202115, por lo que no habría discusión frente a su contenido o autenticidad.

Al margen de aceptar la autenticidad del título ejecutivo por las razones expuestas
anteriormente, en el presente asunto no es posible continuar con la ejecución, en
razón a que existen una serie de falencias en lo referido a la aceptación de las
facturas, como pasa a explicarse a continuación.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
providencia del 18 de marzo de 2022, radicación No. 20001-23-33-000-2020-00661-01 (67.725),
C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Subsección A, sentencia del 20 de mayo de 2022, radicación
No. 25000-23-26-000-2012-00442-01(64181), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Subsección A,
sentencia del 8 de junio de 2022, radicación No. 25000-23-36-000-2015-01521-01(56907), C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico.
13
Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo. (2021). La Acción Ejecutiva ante la Jurisdicción
Administrativa. Editorial Jurídica Sánchez R. S.A.S., pág. 396.
14
Fls.10-16 archivo: 24Anexos del expediente del Tribunal Administrativo de Antioquia.
15
Carpeta 41A:AnexosRespuestaExhorto48

15

Radicación: 05001233300020190113903 (68341)
Demandante: Luis Alberto Acevedo Escobar
Demandado: Municipio de Donmatías
Referencia: Proceso ejecutivo

3.2. Aceptación de las facturas

Ante la falta de una previsión expresa sobre la forma de pago del contrato de obra
pública 14052015DT21 de 2015, debe acudirse a lo estipulado en los pliegos de
condiciones, en los cuales se señaló:

C. Forma de pago

La entidad pagará mensualmente el valor del contrato, por el sistema de
precios unitarios no reajustables, previa presentación de las respectivas
actas de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor
y/o Supervisor.

i. Con un anticipo del treinta por ciento 30%.

(…)

ii. Con pagos mensuales, dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto
de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible.

(…)

8. Actas de obra

El contratista y la interventoría deberán elaborar el acta mensual dentro de
los diez (10) días calendario del mes siguientes al de ejecución de las obras.
El valor del acta será la suma de los productos que resulten de multiplicar
las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el Interventor,
por los precios unitarios estipulados en la propuesta económica, o si es del
caso, por los precios unitarios acordados para nuevos ítems (obra extra) que
resulten durante el desarrollo del contrato (fls.169-241,OBRA CARPETA
116).

El ejecutante allegó las actas parciales de obra Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8
correspondientes con las facturas Nos. 1406, 1434, 1456, 1476, 1514, 1522 y 1553
respectivamente, emitidas por el contratista Luis Alberto Acevedo Escobar, frente a
ellas, la Sala advierte que, si bien fueron entregadas en la alcaldía del municipio de
Donmatías, según se desprende del sello impuesto en cada una de las
comunicaciones dirigidas a la entidad, no puede concluirse que las mismas fueron
aceptadas. El artículo 773 del Código de Comercio señala:

ARTÍCULO 773. ACEPTACIÓN DE LA FACTURA. Una vez que la factura sea
aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, se considerará, frente a
terceros de buena fe exenta de culpa que el contrato que le dio origen ha sido
debidamente ejecutado en la forma estipulada en el título.

16
Para acceder al documento debe dirigirse al expediente digital del Tribunal Administrativo de
Antioquia: 41A-AnexosRespuestaExhorto48/ E-2019-104774/ FOLIO 13/ DISCO 1/
Acervo_Probatorio1/ COP_14052015DT21_2015/ OBRA CARPETA 1.

16

Radicación: 05001233300020190113903 (68341)
Demandante: Luis Alberto Acevedo Escobar
Demandado: Municipio de Donmatías
Referencia: Proceso ejecutivo

El comprador o beneficiario del servicio deberá aceptar de manera expresa el
contenido de la factura, por escrito colocado en el cuerpo de la misma o en
documento separado, físico o electrónico. Igualmente, deberá constar el recibo
de la mercancía o del servicio por parte del comprador del bien o beneficiario
del servicio, en la factura y/o en la guía de transporte, según el caso, indicando
el nombre, identificación o la firma de quien recibe, y la fecha de recibo. El
comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de
representación o indebida representación por razón de la persona que reciba
la mercancía o el servicio en sus dependencias, para efectos de la aceptación
del título valor.

La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o
beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea
mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el
caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título,
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. En el evento en
que el comprador o beneficiario del servicio no manifieste expresamente la
aceptación o rechazo de la factura, y el vendedor o emisor pretenda endosarla,
deberá dejar constancia de ese hecho en el título, la cual se entenderá
efectuada bajo la gravedad de juramento.

Antes de pasar al análisis de la aceptación de cada una de las facturas a la luz del
artículo citado, es necesario recordar que en el acápite precedente (3.1.) se
concluyó que las actas parciales de obra Nos. 1, 3, 6 y 8 fueron aportadas en copia
simple, impidiendo su valoración y afectando de esta manera las facturas Nos.
1406, 1456, 1522 y 1553, que fueron expedidas justamente con sustento en
aquellas; con todo, la Sala advierte que, en adición al problema de autenticidad u
originalidad de las actas, las facturas que fueron emitidas con base en ellas
tampoco pueden considerarse aceptadas, como pasa a explicarse.

Las facturas aportadas al plenario contaban con tres espacios para las firmas, el
primero para la aceptación de la factura, el segundo para la firma del contratista y
el tercero para la firma del cliente.

La factura 1406, correspondiente al acta parcial de obra No.1, se encuentra firmada
por el contratista y en el espacio de aceptación de la factura aparece una firma y la
cédula de ciudadanía No. 1128264305.

Las facturas Nos. 1456 y 1476, correspondiente a las actas parciales de obra Nos.
3 y 4 respectivamente, se encuentran firmadas por el contratista y en el espacio de
la aceptación de la factura aparece una firma y la cédula de ciudadanía No.
11222892.

Respecto a estas facturas, se advierte que el número de cédula consignado en la
factura 1406 no coincide con el manuscrito en las facturas 1456 y 1476; no se logró

17

Radicación: 05001233300020190113903 (68341)
Demandante: Luis Alberto Acevedo Escobar
Demandado: Municipio de Donmatías
Referencia: Proceso ejecutivo

aclarar si los firmantes tenían la competencia para aceptar las facturas
presentadas, no siendo de poca importancia la identificación plena del funcionario
encargado de tal función, como lo ha reconocido este cuerpo colegiado en una
oportunidad anterior.17

Situación diferente ocurre con las facturas 1434, 1514, 1522 y 1553,
correspondientes a las actas parciales de obra 2, 5, 6 y 8 respectivamente, las
cuales se encuentran firmadas por el contratista y en el espacio destinado a la firma
del cliente se observan las letras “VR”, pero no se consignó un número de cédula,
dejando en blanco el espacio destinado a la aceptación de la factura; por tal razón,
no es posible concluir que estas facturas efectivamente fueron aceptadas por la
entidad, porque debe tratarse de una manifestación inequívoca en tal sentido,
situación que no se cumple para los documentos analizados. En un caso de
contornos similares, esta Sección había concluido:

Adicionalmente, tal como se expuso con antelación, es deber del vendedor o
prestador del servicio conservar el original de la factura con la correspondiente
firma y aceptación del deudor, situación que no se observa en ninguna de las
dos facturas de venta, y teniendo en cuenta que la aceptación del título valor,
tal como se precisó en el punto No. 2 de estas consideraciones, constituyen
requisitos indispensables para que se establezca el título valor.

Entonces, al desproveerse del requisito de la aceptación por el comprador,
beneficiario o deudor, con la correspondiente fecha, identificación, nombre,
firma, sello o signo de quien así lo reconozca, o que hubiere otorgado el cabal
consentimiento de manera expresa en dicho documento, se observa que
ninguna de las facturas conlleva dicha aceptación, evidenciando que los
documentos allegados por la parte ejecutante se consideraran ineficaces.18

Por otro lado, en el caso bajo examen, no es posible avalar la aceptación tácita de
las facturas, según lo contemplado en el inciso 3° del artículo 773 del Código de
Comercio, puesto que esta Sección ha reconocido que esa posibilidad se encuentra
limitada cuando el título de recaudo se origina en un contrato estatal:

Bajo estas mismas condiciones, se tiene que en el presente caso no se puede
dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 773 del Código de Comercio que
establece la aceptación tácita de las facturas, pues si bien la ejecutante podía
solicitar el pago de las obligaciones a cargo del ICBF, se requería de la
presentación de unos documentos previos para que se tuviera por satisfecha su
obligación. En tal sentido, si la hoy ejecutante no aportó la certificación por parte

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 14
de julio de 2004, radicación No. 20001-23-31-000-1998-03850-01(16616), C.P. Alier Eduardo
Hernández Enríquez.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
providencia de 8 de marzo de 2018, radicación No. 25000-23-36-000-2017-00152-01 (60149), C.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

18

Radicación: 05001233300020190113903 (68341)
Demandante: Luis Alberto Acevedo Escobar
Demandado: Municipio de Donmatías
Referencia: Proceso ejecutivo

del supervisor del contrato, no podía exigir su pago, pues, se itera, ella no había
cumplido con lo señalado en el contrato y, por tanto, la obligación no se hacía
exigible, pues para ello requería del cumplimiento de una condición.19

La aceptación de la factura no podía operar automáticamente en tanto el municipio
de Donmatías tenía la obligación de verificar la cancelación de los parafiscales y
los aportes al sistema de seguridad social de los trabajadores del contratista, según
lo contemplado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley
1150 de 2007, que modificó el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

Del mismo modo, en las actas parciales de obra se identifica la ejecución de obras
extras, frente a las cuales la entidad contratante se reservó el derecho de aceptarlas
o rechazarlas, según se deriva de la cláusula octava del contrato de obra 20, de ahí
que no sea posible evadir ese control en virtud de la aceptación tácita de las
facturas.

En conclusión, se revocará la sentencia de primera instancia, toda vez que el título
ejecutivo complejo carece del requisito formal de su originalidad o autenticidad,
aunado a las circunstancias evidenciadas que impiden dar por aceptadas las
facturas incluidas como parte del título de recaudo.

4. Condena en costas

De conformidad con el numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso,
cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior se
condenará a la parte vencida a pagar las costas de ambas instancias.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 19 de julio
de 2017, radicación No. 25000-23-36-000-2016-01041-01(58341), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico,
reiterada en auto del 5 de octubre de 2020, Subsección B, radicación No. 13001-23-33-000-2016-
00765-02 (63753), C.P. Alberto Montaña Plata.
20
CLÁUSULA OCTAVA: Normas y especificaciones técnicas. En la ejecución de las obras que son
objeto de este contrato, el contratista se ceñirá a las normas y especificaciones técnicas, planos y
diseños suministrados por la entidad contratante, la entidad contratante. Podrá hacer cambios en los
planos y especificaciones de las obras, por conveniencia, por factores relacionados con el diseño o
por eventos excepcionales. Estas modificaciones serán acordadas mediante actas de modificaciones
entre la entidad contratante y el contratista, si el contratista desea hacer cambios a los planos o
especificaciones originales, la entidad contratante se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos:
Parágrafo: El contratista no podrá apartarse de los planos y especificaciones, que hacen parte del
presente contrato, sin autorización escrita de la entidad contratante y concepto previo del interventor.
Si el contratista pretermite lo aquí establecido no solo perderá el derecho a reclamar el
reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional que resulte de la
modificación de los planos y especificaciones, si no que se hará responsable de los daños que cause
a la entidad contratante o a terceros en razón de su infracción.

19

Radicación: 05001233300020190113903 (68341)
Demandante: Luis Alberto Acevedo Escobar
Demandado: Municipio de Donmatías
Referencia: Proceso ejecutivo

En el presente caso, se revocó la totalidad de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 24 de febrero de 2022, por consiguiente, el ejecutante
Luis Alberto Acevedo Escobar deberá asumir tanto la condena en costas de la
primera instancia como la de la segunda. En cuanto a su liquidación, se hará de
manera concentrada por el a quo, según lo previsto por el artículo 366 del estatuto
procesal general.

Respecto a las agencias en derecho, se observa que el acuerdo No. PSAA16-10554
del 5 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, aplicable
al presente asunto21, diferenció entre el valor a imponer por la primera y la segunda
instancia.

Así, para la primera instancia, por tratarse de un proceso ejecutivo de mayor
cuantía22, se establece: Si se dicta sentencia de excepciones totalmente favorable
al demandado, entre el 3% y el 7,5% del valor total que se ordenó pagar en el
mandamiento de pago.

Por consiguiente, se fijan como agencias en derecho de la primera instancia el 3%
de $2.256.033.068, correspondiente al valor total que el Tribunal Administrativo de
Antioquia ordenó pagar en el auto del 4 de mayo de 2021, esto es, $67.680.992.

Respecto de la segunda instancia, el acuerdo citado indica que el valor de las
agencias en derecho se fijará entre 1 y 6 SMLMV; en consecuencia, en esta
instancia se determina la suma de 1 SMLMV para la fecha de ejecutoria del presente
fallo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

21
La demanda fue presentada el 4 de febrero de 2019.
22
De acuerdo con el artículo 25 del CGP, el equivalente a 150 SMLMV para el año 2019 era la suma
de $124.217.400, mientras que la cuantía de la demanda ejecutiva fue estimada en $ 3.726.249.359.

20

Radicación: 05001233300020190113903 (68341)
Demandante: Luis Alberto Acevedo Escobar
Demandado: Municipio de Donmatías
Referencia: Proceso ejecutivo

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia en audiencia celebrada el 24 de febrero de 2022, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NEGAR seguir adelante con la ejecución.

TERCERO: CONDENAR en costas a Luis Alberto Acevedo Escobar en esta
instancia, las cuales serán liquidadas por el a quo, según lo previsto por el artículo
366 del estatuto procesal general. Adicionalmente, deberá asumir la condena en
costas efectuada para la primera instancia.

Fijar como agencias en derecho de la primera instancia la suma de $67.680.992 y
por la segunda instancia el equivalente a 1 SMLMV para el momento de ejecutoria
de la sentencia.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría se dispondrá DEVOLVER
el expediente a su Tribunal de origen.

Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace:

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

21

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