Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01445-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01445-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-01445-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
13 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2019-01445-01 (0863-2023)
Demandante: Óscar de Jesús Jiménez González
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)
Tema: reintegro de dineros por doble asignación (pensión y salario).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de apelación interpuesto por Colpensiones contra la sentencia proferida el 21 de
noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual
accedió a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
COLPENSIONES, mediante la Resolución GNR 138937 del 20 de junio de 2013, le
reconoció a Óscar de Jesús Jiménez González una pensión de vejez, en cuantía de $
2.367.817, supeditado el ingreso a nómina hasta acreditar el retiro del servicio. A
través de la Resolución SUB 116142 del 30 de abril de 2018, la demandada ordenó
que el accionante estaba en la obligación de reintegrar el valor de las mesadas
pensionales pagadas en exceso durante el periodo comprendido entre marzo de 2016
y marzo de 2018 por cuantía de $66.601.863 a favor de COLPENSIONES.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1.Óscar de Jesús Jiménez González, por conducto de apoderado judicial, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones,
hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.
2.1.1. Pretensiones
2. El demandante solicitó que se declarara la nulidad de los siguientes actos
administrativos expedidos por COLPENSIONES: i) Resolución SUB 116142 de 30 de abril
de 2018 mediante la cual se le ordenó reintegrar la suma de $66.601.863, por concepto
de mesadas pensionales pagadas en exceso entre marzo de 2016 y marzo de 2018,
ii) Resolución SUB 149398 del 6 de junio de 2018, que resolvió el recurso de reposición
1
Según el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada el 4 de marzo de 2019 ante los Juzgados
Administrativos de Medellín según «ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO», carpeta ED_05001233300020190144(.zip) NroActua 2,
archivo 01 y mediante auto del 17 de mayo de 2019 fue remitido por competencia al Tribunal Administrativo de Antioquia y
repartido el 6 de junio de 2019, según «ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO», archivo 10.
Radicación: 05001-23-33-000-2019-01445-01 (0863-2023)
Demandante: Óscar de Jesús Jiménez González
Demandado: COLPENSIONES
interpuesto contra la resolución inicial y la confirmó, y iii) Resolución DIR 14597 del 10
de agosto de 2018 que resolvió el recurso de apelación en igual sentido.
3. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condene a la entidad
demandada a: i) que no habrá lugar a devolver lo percibido por concepto de mesadas
pensionales durante el periodo comprendido entre marzo de 2016 y marzo de 2018,
por cuanto no se había probado la mala fe, ii) dar continuidad a la Resolución GNR
138937 del 20 de junio de 2013 y se efectúe el pago de los dineros de las mesadas
dejadas de percibir debido a la expedición de los actos administrativos demandados,
y iii) pagar intereses comerciales y moratorios debidamente indexados, por el no pago
oportuno.
2.1.2. Hechos
4. La Sala sintetiza los principales hechos2 del caso de la siguiente manera:
1) COLPENSIONES a través de la Resolución GNR 138937 del 20 de junio de 2013
reconoció la pensión de vejez del actor, condicionando el ingreso a nómina hasta
acreditar el retiro del servicio.
2) Señaló que laboró desde el 23 de abril de 1973 hasta el 17 de diciembre de 2012
en Maquel ltda, municipio de Medellín y Gobernación de Antioquia.
3) Sostuvo que cumplió los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición
previsto el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y acreditó un total de 1741 semanas
cotizadas.
4) La entidad demandada mediante la Resolución GNR 71765 del 7 de marzo de 2016
reliquidó la pensión del demandante, por valor de $2.561.982, efectiva a partir del
1 de marzo de 2016.
5) Posteriormente, COLPENSIONES expidió la Resolución SUB 116142 del 30 de abril
de 2018 por la cual ordenó la devolución del valor de las mesadas pagadas en
exceso, a saber, $66.601.863, por el periodo comprendido entre marzo de 2016 y
marzo de 2018.
6) El 18 de mayo de 2018, el demandante interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación contra la resolución anterior, los cuales fueron resueltos
mediante las resoluciones SUB 149398 del 6 de junio de 2018 y DIR 14597 del 10
de agosto de 2018, que confirmaron en todas y cada una de sus partes la
Resolución SUB 116142 del 30 de abril de 2018.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
5.La parte demandante citó como normas violadas las siguientes: la Constitución
Política, artículos 2, 5, 6 y 29.
6.En el concepto de violación hizo referencia a los artículos 2, 5, 6 y 29 de la
Constitución Política, para señalar que le está menoscabando su estabilidad
económica al no generar el pago de la pensión de vejez, así mismo, que con la orden
de reintegro de la suma de $66.601.863 se amenaza su calidad de vida y la de su
familia. Además, que los actos acusados revisten una extralimitación en las funciones
de la administración pública.
2
Índice 002 del Samai, carpeta ED_05001233300020190144(.zip) NroActua 2, archivo 02 Demanda, fls. 1-3.
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01445-01 (0863-2023)
Demandante: Óscar de Jesús Jiménez González
Demandado: COLPENSIONES
7. Finalmente citó la jurisprudencia del Consejo de Estado3, según la cual tratándose
de un error de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los
requisitos legales, no puede la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de
recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe.
2.2. Contestación de la demanda
8. COLPENSIONES4 se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las
excepciones denominadas: i) existencia de la obligación de COLPENSIONES de ordenar
el reintegro de mesadas pensionales pagadas a pensionados con evidencia de doble
asignación del erario; ii) pago y recepción de lo no debido; iii) mala fe del demandante;
iv) prescripción; v) improcedencia de la indexación de las condenas; y vi) imposibilidad
de condena en costas.
9. Precisó que los actos demandados fueron expedidos por la autoridad competente,
observando todos y cada uno de los requisitos para su creación. Que su motivación es
consistente y congruente con las normas superiores en las que se fundan, en
búsqueda de lo más favorable para el asegurado y que la notificación de dichas
resoluciones se hizo en debida forma.
10. Señaló que la inclusión en nómina de pensionados sin estar desvinculados de la
entidad pública, es una violación constitucional y legal a la disposición regulada en el
artículo 128 de la Constitución Política y al artículo 19 de la Ley 4 de 1992, al
presentarse la prohibición de percibir simultáneamente una pensión y un salario, por
ser ambas asignaciones provenientes del tesoro público y que esa fue la razón para
que COLPENSIONES solicitara el reintegro de las cotizaciones realizadas para no
generar el detrimento de los recursos públicos, por los aportes parafiscales realizados,
existiendo el pago de lo no debido, siempre con respeto al debido proceso.
11. Frente a las obligaciones de COLPENSIONES como administradora del régimen
general de pensiones de prima media respecto del reconocimiento de pensiones o su
revocatoria, hizo referencia a la sentencia T – 497 de 2014 de la Corte Constitucional
y señaló que conforme a la referida providencia, Colpensiones ordenó al pensionado,
el reintegro o devolución de las mesadas pensionales realizadas desde marzo de 2016
a marzo de 2018 y como consecuencia de ello ordenó iniciar el cobro coactivo de
dichos dineros.
12. Sostuvo que la finalidad de las pensiones de vejez e invalidez jurídicamente es la
de reemplazar el salario y suplir su pérdida de ganancia. Por lo anterior, se infiere que,
reconocer la pensión a una persona durante el lapso en que es un trabajador activo,
equivale a permitirle devengar simultáneamente tanto el salario, en su condición de
trabajador dependiente, como la pensión y que esa duplicidad de ingresos riñe con el
propósito para el cual se crearon esas prestaciones.
13. Por último, indicó que, con ocasión del reconocimiento prestacional, se canceló al
demandante, la suma de $66.601.863 por concepto de mesadas pensionales entre
marzo de 2016 y marzo de 2018, las cuales se pagaron sin tener la obligación de
hacerlo, lo que configura el pago de lo no debido.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de
2014. Radicado: 25000-23-25-00-2011-00609-02 (3130-13).
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Índice 00002 del Samai, carpeta ED_05001233300020190144(.zip) NroActua 2, archivo 22.
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Demandante: Óscar de Jesús Jiménez González
Demandado: COLPENSIONES
2.3. Sentencia de primera instancia
14. El Tribunal Administrativo Antioquia, mediante sentencia del 21 de noviembre de
20225 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas,
bajo los siguientes argumentos:
a) Precisó que, para la Sala es evidente que la entidad no tiene la competencia para
ordenar motu proprio al demandante que le reintegre los dineros pagados, pues, para
ejercer cualquier potestad administrativa debe existir una habilitación expresa. Ahora,
la expresión en que fundamentan el acto: «en uso de las atribuciones inherentes al
cargo», tampoco se la atribuye, toda vez que no existen facultades propias de algún
cargo, pues deben estar consignadas explícitamente en una norma del ordenamiento
jurídico.
b) Indicó que la ausencia de una norma que establezca la competencia tiene como
resultado la imposibilidad de actuar para la autoridad, es decir, las facultades de
autotutela declarativa y ejecutiva de la administración dependen, igualmente, de la
existencia de normas expresas de autorización y de mandato, lo cual se ajusta al
principio de legalidad instituido en la Constitución Política.
c) Argumentó que contrario a lo expuesto por la entidad demandada en el transcurso
del proceso, en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 no se le otorga esta competencia,
por el contrario allí se establece la revocatoria de pensiones reconocidas
irregularmente, no coincidiendo los supuestos de hecho ni de derecho con la situación
analizada, pues el supuesto normativo hace referencia a la revocatoria del acto que
reconoció una pensión de forma irregular, mientras que, en el caso en cuestión, la
entidad pretendía la devolución de unas sumas pagadas, a su entender,
erróneamente.
d) Sostuvo que la arbitrariedad de COLPENSIONES es tan flagrante que trasgrede el
artículo 164, numeral 1, literal c), de la Ley 1437 de 2011 que establece que «no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», de tal manera
que, si en un proceso judicial no es posible ordenar el reintegro de dineros si se
recibieron de buena fe, menos puede la entidad emitir tal orden, transgrediendo,
evidentemente, el derecho al debido proceso.
e) Hizo énfasis en que, si la entidad pretendía una devolución de sumas que, en su
consideración, había pagado «mal», es decir, sin que hubiera una causa legal para
ello, debió reclamar el «pago de lo no debido» contemplado en el artículo 2313 del
Código Civil, que señala que si por error se realiza un pago y se prueba que no se
debía, se tendrá́ derecho para repetir lo pagado.
e) Finalmente, adujo que en casos como este es evidente el abuso del derecho de la
administración al pretender eludir el debido proceso y trasladar al administrado la carga
de demandar ese acto absolutamente ilegal, eso es «ni más ni menos» que una vía de
hecho. De allí que la Sala proceda a declarar la nulidad de los actos demandados y
ordenar, a título de restablecimiento del derecho, que el demandante no tiene la
obligación de reintegrar las sumas de dinero por valor de $66.601.863.
2.4. Recurso de apelación
15. COLPENSIONES 6 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, en el que insistió en los argumentos de la contestación de la demanda,
solicitó su revocatoria y, en su lugar, que se despachen desfavorablemente las
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Índice 002 del Samai, carpeta ED_05001233300020190144(.zip) NroActua 2, archivo 46.
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Índice 002 del Samai, carpeta ED_05001233300020190144(.zip) NroActua 2, archivo 49.
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Demandante: Óscar de Jesús Jiménez González
Demandado: COLPENSIONES
pretensiones de la demanda. Además, indicó que revisado el aplicativo de nómina de
pensionados de COLPENSIONES el demandante fue incluido en nómina en marzo de
2016 y suspendido en abril de 2018, dado que en la historia laboral no se evidencia
retiro de la Secretaria de Educación de Antioquia con quienes se registra vínculo
laboral hasta la actualidad, hechos que se encuentran reiterados en la demanda.
16. Sostuvo que Óscar de Jesús Jiménez González, a partir del periodo 03 de 2016
hasta el periodo 04 de 2018, percibió la pensión de vejez por parte de COLPENSIONES,
y el salario como trabajador de la Secretaria de Educación de Antioquia, por lo que
devengó dos asignaciones provenientes del Tesoro Público. Por lo tanto, esta situación
ilegal es la que lleva a la entidad al cobro de aquello que se pagó y a lo cual el aquí el
accionante no tenía derecho.
17. Citó el artículo 128 de la Constitución Política y el artículo 19 de la Ley 4 de 1992,
según los cuales se establece que nadie podrá desempeñar simultáneamente más de
un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público,
por lo que en este caso se configura un pago de lo no debido contemplado en el artículo
2313 del Código Civil.
18. Señaló que actuó en atención a las facultades contenidas por el entonces Acuerdo
108 de 2017 sustituido por el Acuerdo 131 del 26 de abril de 2018, que dispuso «4.3.3.
Dirección de Nómina de Pensionados […] 4.3.3.7. Adelantar las actividades necesarias
y suministrar la información, a las áreas competentes, para gestionar los reintegros y/o
recuperación de los valores a que haya lugar, propios del proceso de gestión de
nómina de pensionados y demás nóminas de pensionados que administra
COLPENSIONES».
19. Adujo que COLPENSIONES con el propósito de salvaguardar los recursos públicos y
evitar el detrimento patrimonial definido en el artículo 6 de la Ley 610 del año 2000,
dentro de la órbita de sus competencias legales, efectúa los procedimientos
pertinentes para determinar la deuda del pensionado y solicitar el reintegro de los
valores correspondientes, cuando a ello hubiere lugar, en ese sentido, los actos
administrativos que ordenan la devolución de los dineros a la entidad prestan mérito
ejecutivo, por lo que son actos de la administración que fueron expedidos por la
autoridad competente, fundados en las normas vigentes, en relación a la Seguridad
Social y con total congruencia en los motivos en que se funda, pues se da aplicación
al principio constitucional de estabilidad financiera del sistema de prima media y se
ordena en cumplimiento de normas de orden constitucional, la devolución de los
dineros pagados y recibidos por el demandado sin tener derecho a ello.
20. Finalmente, concluyó que la entidad demandada ha actuado de buena fe, conforme
a la ley y sin violar el debido proceso ni extralimitar sus funciones.
2.5. Intervenciones en segunda instancia
21. Conforme con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67
de la Ley 2080 de 20217, no hubo traslado a las partes para alegar porque no fue
necesario el decreto de pruebas. El Ministerio Público no emitió concepto.
7
Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, Ley 1437 de 2011,
y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.
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Demandado: COLPENSIONES
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
22. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución
23. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del
siguiente problema jurídico: determinar si el demandante debe reintegrar las sumas de
dinero por pagadas por COLPENSIONES por concepto de mesadas pensionales recibidas
entre marzo de 2016 y marzo de 2018 y al tiempo recibir salario por parte de la
Secretaría de Educación de Antioquia o si, por el contrario, no es procedente ordenar
la referida devolución de dineros.
24. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, en primer lugar, la
prohibición de recibir doble asignación del erario, y en segundo lugar, estudiará el caso
en concreto.
3.3. Prohibición de recibir doble erogación del erario.
25. El artículo 128 de la Constitución Política reguló la prohibición de recibir más de una
asignación que tenga su origen en el tesoro público, como se observa a continuación:
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público
ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.
Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas».
26. En este orden de ideas está prohibido: i) desempeñar más de un empleo de forma
simultánea y, ii) percibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de
empresas e instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
27. A su vez, el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, preceptúa:
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más
de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones
en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
[…]».
28. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-133 del 1° de abril de 19938, al
estudiar la exequibilidad del citado artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, consideró:
«[…] Este mandato constitucional consagra una incompatibilidad que consiste en la
prohibición de desempeñar simultáneamente dos o más cargos públicos y de recibir más
de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en
que tenga parte principal el Estado, además de autorizar a la ley para fijar los casos en
que no opera dicha prohibición.
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Referencia: Expediente D-153.
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Demandado: COLPENSIONES
Tal incompatibilidad está redactada en los siguientes términos:
[...]
Esta disposición apareció por primera vez en la Constitución Política de 1886 cuando el
constituyente de esa época prescribió: «Nadie podrá recibir dos sueldos del tesoro
público, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes» (art. 64). Este
precepto, como se lee en los antecedentes legislativos obedeció al deseo del
constituyente de evitar posibles abusos por parte de los empleados públicos, al
permitírseles la acumulación de cargos y por ende de sueldos.
[…]
Como se puede apreciar, en la Constitución de 1991 se conserva el precepto antes
vigente en su integridad, agregándole la prohibición que tiene toda persona de
desempeñar mas (sic) de un cargo público, y adecuando su texto a la nueva
normatividad, al extenderse la definición de tesoro público, también al patrimonio
correspondiente a las entidades descentralizadas. […]”
29. Frente a lo que se entiende por el vocablo “asignación” la citada providencia sostuvo
que:
“[…]
El término "asignación" comprende toda clase de remuneración que emane del tesoro
público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc. Siendo así, bien podía el
legislador ordinario establecer dicha incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a. de
1992, sin contrariar mandato constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se
hubiere concluido que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los
funcionarios públicos debía ser regulado por medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto
de acusación, tampoco sería inconstitucional, por cuanto el legislador estaba
perfectamente facultado para hacerlo. […]».
Adicionalmente la Corte Constitucional en la sentencia C-432 de 20049 sostuvo que la
compatibilidad entre pensiones de jubilación o invalidez de entidades de derecho
público implica que estas se causen con tiempos diferentes de servicio, pues «no es
posible con un mismo tiempo obtener dos prestaciones que tienen idéntica causa y
objeto».
Por consiguiente, las situaciones en las cuales se presente la concurrencia de la
asignación de retiro con cualquier otro emolumento proveniente del erario diferente a
las anteriores, se encontrará dentro de la prohibición general y resultará incompatible.
3.4. Caso concreto
3.4.1. Hechos probados
30. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se puede establecer lo
siguiente:
a) El demandante laboró desde el 23 de abril de 1973 hasta el 17 de diciembre de 2012
y prestó sus servicios a: Maquel ltda, municipio de Medellín y Gobernación de
Antioquia10.
9
Corte Constitucional. Providencia proferida el 6 de mayo de 2004.
10
Índice 002 del Samai, carpeta ED_05001233300020190144(.zip) NroActua 2, archivo 03 Anexos demanda, fl 9 y 10.
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Demandante: Óscar de Jesús Jiménez González
Demandado: COLPENSIONES
b) Mediante la Resolución GNR 138937 del 20 de junio de 201311, COLPENSIONES
reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez al actor conforme a la Ley 33 de
1985, condicionada al retiro del servicio.
c) La entidad demandada a través de la Resolución GNR 71765 del 7 de marzo de
201612 reliquidó la pensión del demandante, por valor de $2.561.982, efectiva a partir
del 1 de marzo de 2016.
d) COLPENSIONES expidió la Resolución SUB 116142 del 30 de abril de 2018 13 por la
cual ordenó la devolución del valor de las mesadas pagadas en exceso, a saber,
$66.601.863, por el periodo comprendido entre marzo de 2016 y marzo de 2018.
e) El 18 de mayo de 2018, el demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación contra la resolución anterior, los cuales fueron resueltos mediante las
resoluciones SUB 149398 del 6 de junio de 201814 y DIR 14597 del 10 de agosto de
201815, que confirmaron en todas y cada una de sus partes la Resolución SUB 116142
del 30 de abril de 2018.
3.4.2. Análisis sustancial de la Sala
31. El demandante pretende la nulidad del acto administrativo que ordenó el reintegro
de los dineros pagados en por concepto de mesadas pensionales por el periodo
comprendido entre marzo de 2016 y marzo de 2018, toda vez que no se demostró la
mala fe.
32. La entidad demandada afirmó que la parte actora actuó de mala fe por percibir la
pensión de vejez por parte de COLPENSIONES, y el salario como trabajador de la
Secretaria de Educación de Antioquia, por lo que devengó dos asignaciones
provenientes del tesoro público.
33. La Sala precisa que en el presente asunto no se discute si Óscar de Jesús Jiménez
González es o no beneficiario de las prestaciones reconocidas, sino la procedencia de
ordenar el reintegro de las sumas recibidas durante el periodo comprendido entre
marzo de 2016 y marzo de 2018, tiempo en el que percibió tanto la pensión otorgada
por COLPENSIONES como el salario producto de su labor en la Secretaría de Educación
de Antioquia, sin que se encuentre dentro de las excepciones para percibir salario y
pensión.
34. Al respecto, se tiene que mediante la Resolución SUB 116142 del 30 de abril de
2018 (acto acusado), COLPENSIONES le ordenó a Óscar de Jesús Jiménez González
reintegrar a favor de esa administradora, la suma de $66.601.863 por concepto de
mesadas pensionales pagadas en exceso entre marzo de 2016 y marzo de 2018, a
saber, en los siguientes términos16:
«CONSIDERACIONES
[…]
Que revisado el aplicativo de nómina de pensionados de COLPENSIONES el señor
JIMENEZ GONZALEZ OSCAR DE JESUS fue incluido en nómina 201603 y
suspendido en 201804.
11
Índice 002 del Samai, archivo ED_05001233300020190144(.zip) NroActua 2, archivo 03 Anexos de la demanda, fl. 9.
12
Visible en la Resolución SUB 116142 del 30 de abril de 2018
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Índice 002 del Samai, archivo ED_05001233300020190144(.zip) NroActua 2, archivo 03 Anexos de la demanda, fl. 17.
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Transcripción inclusive con errores.
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01445-01 (0863-2023)
Demandante: Óscar de Jesús Jiménez González
Demandado: COLPENSIONES
Que revisada la historia laboral no se evidencia retiro con la SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA con quienes se registra vínculo laboral hasta la
actualidad.
Que el señor JIMENEZ GONZALEZ OSCAR DE JESUS encontrándose activo en la
nómina de pensionados, se encontraba vinculado activamente al servicio oficial en la
entidad SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA.
[…]
Que el valor neto girado a la pensionada es de $66.601863.00, por concepto del pago
de mesadas de pensión vejez por los periodos desde marzo de 2016 hasta marzo de
2018.
Que como consecuencia de haber percibido mensualmente dos asignaciones con
cargo a los recursos del Estado, el señor JIMENEZ GONZALEZ OSCAR DE JESUS
deberá reintegrar a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, el
valor girado por concepto de pago de pensión de vejez.
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese al señor JIMENEZ GONZALEZ OSCAR DE JESUS
[…] el reintegro de la suma de $ 66.601.863.00, por concepto de mesadas de pensión
de vejez de los periodos desde marzo de 2018, a favor de la Administradora
Colombiana de Pensiones COLPENSIONES de acuerdo con lo señalado en la parte
considerativa de la presente resolución […]».
35. A través de las resoluciones SUB 149398 del 6 de junio de 2018 17 y DIR 14597 del
10 de agosto de 201818, se confirmó en todas y cada una de sus partes la Resolución
SUB 116142 del 30 de abril de 2018.
36. Observa la Sala que, mediante la Resolución SUB 116142 del 30 de abril de 2018,
COLPENSIONES le ordenó a Óscar de Jesús Jiménez González reintegrar a favor de esa
administradora, la suma de $66.601.863 por concepto de mesadas pensionales
pagadas en exceso entre marzo de 2016 y marzo de 2018 por recibir al mismo tiempo
salario por parte de la Secretaría de Educación de Antioquia.
37. Con fundamento en lo indicado se advierte que son incompatibles los pagos que
percibió el demandante por concepto de pensión de vejez con lo cancelado como
salario por su labor en la Secretaría de Educación de Antioquia, de conformidad con
lo expuesto.
38. Conforme a lo anterior, las sumas que percibió Óscar de Jesús Jiménez González
por concepto de pensión de vejez durante el periodo comprendido entre marzo de 2016
y marzo de 2018, son incompatibles con el pago de salarios y demás prestaciones que
recibió como empleado de la Secretaria de Educación de Antioquia. Por tal motivo los
descuentos ordenados en el acto administrativo cuya nulidad se solicita, son ajustados
a derecho y a la prohibición constitucional prevista en el artículo 128, contrario a lo
declaró por el a quo.
En un tema similar esta Sala, en sentencia del 30 de junio de 201119, precisó:
«[…] Por su parte, esta Sala en la Consulta 896 de 1997 sostuvo que «...la prohibición
de recibir más de una asignación del tesoro público, está estrechamente relacionada
con el ejercicio de empleos en el sector oficial o con el pago de prestaciones
17 Índice 002 del Samai, archivo ED_05001233300020190144(.zip) NroActua 2, archivo 03 Anexos de la demanda,
fl. 25.
18 Índice 002 del Samai, archivo ED_05001233300020190144(.zip) NroActua 2, archivo 03 Anexos de la demanda,
fl. 17.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 30 de junio de 2011, Radicado: 11001-
03-25-000-2004-00145-01(2701-04).
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01445-01 (0863-2023)
Demandante: Óscar de Jesús Jiménez González
Demandado: COLPENSIONES
provenientes del ejercicio de estos empleos [...] las asignaciones mencionadas en
dichas normas comprenden los sueldos, prestaciones sociales y toda clase de
remuneración que tenga como fundamento un vínculo o relación laboral con
entidades del Estado20; bajo el vocablo asignación queda comprendida toda
remuneración que se reciba en forma periódica, mientras se desempeña una función.
[...]
«Ahora bien, la locución "desempeñar más de un empleo público» que trae el artículo
128 no resulta tautológica respecto de la que proscribe «recibir más de una
asignación», como podría creerse a primera vista, pues cada una de ellas produce
consecuencias jurídicas diferentes: una, prevenir el ejercicio simultáneo de empleos
públicos remunerados, con la consabida acumulación de funciones públicas y, otra,
impedir que quien ostenta una sola investidura - reciba otra asignación proveniente
del tesoro público, distinta del salario.»
«Se deduce, entonces, que el bien jurídico constitucional tutelado por los artículos
128 de la C.P. y 19 de la ley 4ª de 1992 es la moralidad administrativa21 considerado
en el ámbito propio de la función pública y, por tanto, el término asignación debe
entenderse referido respecto de quienes desempeñan empleos públicos22 4.
[Resaltado de Sala]
Igualmente, esta corporación en sentencia del 1 de febrero de 202423 respecto a la
incompatibilidad entre asignación de retiro y salario sostuvo:
«[…] Con fundamento en lo explicado, las sumas que percibió el señor Álvaro Herney
Pizarro Potes por concepto de asignación de retiro durante el tiempo en que estuvo
apartado del servicio activo de la Policía Nacional, son incompatibles con el pago de
salarios y demás prestaciones que recibió como restablecimiento del derecho por la
anulación de la decisión de desvinculación de dicha entidad (declarada por sentencia
judicial). Por tal motivo los descuentos ordenados en el acto administrativo cuya nulidad
se depreca, son ajustados a derecho y a la prohibición constitucional prevista en el
artículo 128, conforme lo declaró el a quo. […]» [Resaltado de Sala]
3.5. Conclusión
39. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es que,
Óscar de Jesús Jiménez González debe reintegrar el valor de las mesadas
pensionales que recibió entre marzo de 2016 y marzo de 2018, toda vez que devengó
al mismo tiempo salario en la Secretaría de Educación de Antioquia siendo
incompatibles.
40. Por lo tanto, en la parte resolutiva de esta providencia se revocará la sentencia de
primera instancia, y, en consecuencia, los actos administrativos demandados,
conservan su presunción de legalidad.
3.6. Costas
presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 24 de la
41. La
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
20 En igual sentido Consulta 580/94.
21
Sentencia Sección Primera de la Sala de Casación Laboral C. S .de J., enero 27/95.
22
Sentencia C-133/93: «…si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no le es menos que esta
se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración de los servidores estatales…».
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 1 de febrero de 2024, Radicado: 76001-23-33-000-
2015-00449-01
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La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo
por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para
el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365,
según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
(iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de
determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo
188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un
interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01445-01 (0863-2023)
Demandante: Óscar de Jesús Jiménez González
Demandado: COLPENSIONES
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte
demandada, y en esta instancia recurrente, haya incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: Revocar la sentencia de primera instancia proferida el 21 de noviembre de
2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual accedió a las
pretensiones de la demanda, por lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: En su lugar, negar las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por Óscar de Jesús Jiménez González.
Tercero: No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente en comisión
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia,
conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a
través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista
y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas
en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación,
esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-14).
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