Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-01486-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-01486-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2019-01486-02
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
8 de mayo de 2025
Radicado: 05001-23-33-000-2019-01486-01 (28763)
Demandante: PAQUETE EXPRESS S.A. EN REORGANIZACIÓN
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2019-01486-01 (28763)
Demandante: PAQUETE EXPRESS S.A. EN REORGANIZACIÓN
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Temas: Aportes parafiscales, periodos de enero a diciembre de 2013.
Desalarización. Costas.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la parte
demandada contra la sentencia del 18 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, condenó en costas a la UGPP y fijó como agencias en
derecho el equivalente al 3% del valor de lo pedido (cuantía que sirvió para estimar la
competencia).
La parte resolutiva del fallo dispuso lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de las Resoluciones N°
RDC2019-00098 del 4 de febrero de 2019 y RDO-2018-00182 del 29 de enero de
2018, a través de las cuales se profirió y modificó la liquidación oficial de aportes
al Sistema de la Protección Social correspondiente al periodo enero a diciembre
de 2013, y se impuso sanción por inexactitud, conforme las razones expuestas en
esta decisión.
SEGUNDO: a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, que efectúe nueva liquidación de los aportes de la sociedad
Paquetex S.A., en la que i) se eliminen los ajustes por mora correspondientes al
mes de noviembre de 2013 y, ii) se eliminen los ajustes por inexactitud que
corresponden a la inclusión dentro del IBC de aquellos conceptos objeto del pacto
de exclusión salarial, de los trabajadores relacionados en el cuadro de páginas 23
y siguientes, marcados con “si” anexó contrato con pacto de exclusión, en el
porcentaje autorizado por el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, según
corresponda.
Como consecuencia de lo anterior, deberá igualmente la entidad calcular
nuevamente la sanción por inexactitud que corresponda.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: La condena impuesta en la presente sentencia, la cumplirá la entidad
demandada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 195 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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QUINTO: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del
Proceso, se condena en costas de primera instancia a la parte demandada, las
cuales serán liquidadas por la Secretaría de la Corporación.
Las agencias en derecho se fijan en el equivalente al 3% del valor de lo pedido
(cuantía que sirvió para estimar la competencia), de conformidad con lo establecido
en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 del Consejo Superior de la
Judicatura.
(…)”.
ANTECEDENTES
La UGPP expidió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro. RCD-2017-01005
del 16 de junio de 2017, en el que propuso determinar una deuda a cargo de PAQUETE
EXPRESS S.A. EN REORGANIZACIÓN por $127.327.500 por mora e inexactitud en
las autoliquidaciones y pagos de los aportes parafiscales por los periodos de enero a
diciembre de 2013. Así mismo, se impuso una sanción por inexactitud en cuantía de
$70.212.0001.
Previa respuesta al requerimiento, el 3 de febrero de 2018, la UGPP expidió la
Liquidación Oficial Nro. RDO 2018-00182, en los mismos términos del requerimiento.
El 26 de marzo de 2018, la demandante interpuso recurso de reconsideración contra
la liquidación oficial en mención.
Por Resolución RDC 2019-00098, la UGPP resolvió el recurso y modificó el acto de
liquidación en el sentido de acoger parcialmente los argumentos de la sociedad. En
consecuencia, los ajustes determinados en la liquidación por cuantía de $127.327.500,
disminuyeron en la suma de $3.814.500, persistiendo así una cuantía de
$123.513.000. La sanción por inexactitud se liquidó en la suma de $68.462.4002.
DEMANDA
PAQUETE EXPRESS S.A. EN REORGANIZACIÓN en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, a través de apoderado judicial, formuló las siguientes
pretensiones:
“PRIMERA: Declarar la nulidad del acto administrativo Resolución Nro. RDC-2019-
00098 del 04 de febrero de 2019, notificada electrónicamente el 11 de febrero de
2019 expedido por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL UGPP en el cual se estableció lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR los aportes determinados en la Liquidación
Oficial No. RDO-2018-00182 del 29 de enero de 218, proferida por la Subdirección
de Determinación de Obligaciones de la Dirección de Parafiscales a cargo de
PAQUETE EXPRESS S.A. EN REORGANIZACIÓN con NIT 811.034.955, por las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, los cuales
se fijarán en la suma de CIENTO VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS TRECE
MIL PESOS M/CTE ($123.513.000).
1 Índice 2 de Samai – Expediente digital.
2 Índice 2 de Samai – Expediente digital.
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ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR la sanción por inexactitud impuesta a
PAQUETE EXPRESS S.A. EN REORGANIZACIÓN con NIT 811.034.955, por las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, la cual se
fijará en cuantía de SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($68.462.400).
SEGUNDA: Declarar la nulidad del acto administrativo Resolución Nro. RDO-
2018-00182 del 29 de enero de 2018, mediante la cual se profirió liquidación oficial
a PAQUETE EXPRESS S.A. EN REORGANIZACIÓN con NIT: 811.034.955
notificada el 03 de febrero de 2018.
TERCERA: Como medida de restablecimiento del derecho, declare este Tribunal
que la sociedad demandante NO está en la obligación de pagar suma alguna de
dinero a las cuales se hace mención en los actos administrativos demandados.
CUARTA: Que se condene a la entidad demandada al pago de costas y agencias
en derecho.”
La actora invocó como normas violadas los artículos 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 127 y 128 del Código Sustantivo del
Trabajo; 30 de la Ley 1993 de 2010.
El concepto de la violación se sintetiza así:
Las declaraciones de autoliquidación de aportes del año 2013 se presentaron
oportunamente.
La entidad en el documento soporte del recurso de reconsideración propuso ajustes
de mora en relación con todos los meses del año 2013, siendo que la misma entidad
excluyó de la fiscalización los meses de marzo y noviembre.
La UGPP no tuvo en cuenta que el modelo de negocio de la sociedad implica que unos
empleados hayan trabajado por periodos muy cortos, por lo que la sociedad no estaba
en la obligación de pagar los aportes parafiscales por esas personas.
Los pagos que reconoció la sociedad a sus empleados por concepto de
“bonificaciones, préstamos, auxilios de transporte, rodamientos, alimentaciones,
mantenimiento de vehículo y demás conceptos diferentes al salario estipulado como
contraprestaciones directas del servicio” no debieron ser incluidos en el IBC porque
estos rubros no constituyen salario según lo pactado en los contratos de trabajo.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La UGPP no presentó contestación de la demanda.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, condenó en costas
a la UGPP y fijó como agencias en derecho el equivalente al 3% del valor de lo pedido
(cuantía que sirvió para estimar la competencia), por las siguientes razones:
Sostuvo que la conducta de mora imputada a la sociedad consistió en no haber
realizado aportes de algunos trabajadores para los periodos de “enero, febrero, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2013”, quedando
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excluidos los meses de marzo y noviembre. Sin embargo, en el cuadro de Excel que
constituye el soporte del acto por el que se resolvió el recurso de reconsideración, se
observa que se incluyeron conceptos por el mes de noviembre. Bajo ese entendido,
esos ajustes deben ser excluidos de la liquidación contenida en la Resolución RDC
2019-00098 del 4 de febrero de 2019.
Indicó que dentro de la liquidación no se encuentra que se hayan realizado ajustes por
mora en relación con el pago tardío de las planillas como lo argumenta la parte
demandante, sino por los siguientes conceptos: “(i) persiste ajustes, se verifica planilla,
el aportante canceló con cédula errada; (ii) el aportante no canceló aportes; y (iii)
persiste ajuste, se verifica planilla, el aportante canceló aportes con cédula errada”.
En cuanto a la no realización de aportes respecto de los empleados que habían
trabajado por periodos muy cortos, precisó que al resolver el recurso de
reconsideración la UGPP determinó que “desaparece ajuste, no se evidencia
continuidad laboral en auxiliares contables para este periodo”. Además, la parte
demandante no allegó las pruebas que desacreditaran los otros ajustes que quedaron
plasmados en los actos administrativos acusados.
Señaló que la demandada debió reconocer la existencia del pacto de desalarización
que se acordó entre la compañía y los trabajadores, pues este se encuentra soportado
en los contratos laborales que fueron allegados. Prueba que justifica la no inclusión en
el IBC al momento de liquidar los aportes en la PILA para esos trabajadores. Frente a
los demás empleados a los que hace alusión la actora no se presentó el material
probatorio correspondiente para su reconocimiento.
Finalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 365 del CGP, el Tribunal
consideró procedente la condena en costas a la parte demandada y fijó como agencias
en derecho el equivalente al 3% del valor de lo pedido (cuantía que sirvió para estimar
la competencia).
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante presentó recurso de apelación contra la anterior decisión con
fundamento en los siguientes argumentos:
Sostuvo que la sociedad demandante en sede judicial allegó copia de todos los
contratos laborales que dan cuenta de la existencia del pacto de desalarización. Sin
embargo, en la orden impartida por el Tribunal no se tuvo en cuenta la prueba
contractual que fija la desalarización para algunos empleados que enlista en el
documento.
Concluyó que frente a esos trabajadores existe pacto de exclusión laboral, por lo que
procede su inclusión en el listado de la reliquidación ordenada por el a quo.
La parte demandada instauró recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, bajo los argumentos que se resumen a continuación:
Señaló que para la determinación de la condena en costas no solamente debe tenerse
en cuenta el resultado del proceso frente a la parte vencida, pues indudablemente nos
encontramos ante un asunto de interés público, como lo son las contribuciones
parafiscales.
Indicó que no procede la condena en costas porque la UGPP nunca incurrió en
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maniobras dilatorias, temerarias o de mala fe. Además, no se encuentra material
probatorio dentro del expediente que acredite su causación.
TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA
La parte demandante y la parte demandada no se pronunciaron frente a los recursos
de apelación presentados por la sociedad actora y la UGPP, respectivamente, en los
términos previstos en el numeral 4º del artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021.
Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la parte
demandada, le corresponde a la Sala determinar si los contratos de trabajo aportados
por la sociedad demandante en sede judicial demuestran la desalarización de los
pagos realizados a algunos de los trabajadores, y, en consecuencia, si hacen parte o
no del IBC. Así mismo, establecerá si procede la condena en costas impuesta a la
UGPP en la sentencia de primera instancia.
Desalarización.
La demandante en el recurso de apelación manifestó que allegó todos los contratos
que demuestran que algunos pagos fueron pactados entre las partes como
“desalarizados”. Razón por la que no hacen parte del IBC.
Para resolver, la Sala pone de presente que en la regla número 2 de la sentencia de
unificación3 se estableció que «en virtud de los artículos 128 del CST y 17 de la Ley
344 de 1996, los empleadores y trabajadores pueden pactar que ciertos factores
salariales no integren el IBC de aportes al Sistema de Seguridad Social» y enfatizó
que la consecuencia del referido acuerdo es que «para efectos de los aportes
parafiscales y las contribuciones a la seguridad social, cuando se pacte que un pago
no constituye salario, significa que no hará parte del ingreso base de cotización». Bajo
ese entendimiento, se permite que factores que son salario y que regularmente
integrarían la base gravable, puedan excluirse de la misma, sin que cambie su
naturaleza.
En lo que atañe a la carga de la prueba en materia de aportes al sistema de la
protección social y el carácter salarial o no de los pagos, en la aludida sentencia de
unificación se estableció en la regla número 5 que «los conceptos salariales y no
salariales declarados por el aportante en las planillas de aportes al sistema de la
seguridad social o PILA se presumen veraces. Si el ente fiscalizador objeta los pagos
no constitutivos de salario para incluirlos en el IBC de aportes, por considerar que sí
remuneran el servicio, corresponde al empleador o aportante justificar y demostrar la
naturaleza no salarial del pago realizado, a través de los medios probatorios
pertinentes». En ese sentido, quien alegue el pacto de desalarización tiene la carga de
demostrarlo so pena de que se incluya el concepto pagado dentro del ingreso base de
cotización en virtud de su carácter salarial que no fue desvirtuado.
3
Sentencia del 9 de diciembre de 2021, (exp. 25185, C.P. Milton Chaves García).
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En el expediente obran copias de los contratos en los que se encuentra una cláusula
de desalarización, así4:
“DÉCIMA TERCERA: teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la ley 50
del 28 de diciembre de 1990 las partes acuerdan los siguientes:
Las partes acuerdan que todos los auxilios, beneficios o conceptos extralegales
que la empresa le pague o le haya pagado al trabajador durante todas las
relaciones laborales tales como bonificaciones, préstamos, auxilios de transporte,
rodamientos, alimentaciones, mantenimiento de vehículo y demás conceptos
diferentes al salario estipulado como contraprestaciones directas del servicio, no
constituyen salario de ninguna naturaleza (dinero o especie) en los términos
autorizados por el artículo 15 de la ley 50 de 1990”.
Del contenido de los contratos se puede evidenciar que “las bonificaciones, préstamos,
auxilios de transporte, rodamientos, alimentaciones, mantenimiento de vehículo y
demás conceptos diferentes al salario estipulado como contraprestaciones directas del
servicio” fueron pactados expresamente como un pago desalarizado. En esa medida,
esos pagos al ser desalarizados solo integran la base gravable en la porción que
supere el 40%.
En la sentencia de primera instancia el Tribunal reconoció la desalarización frente a
algunos trabajadores, sin embargo, la apelante manifiesta que no se tuvieron en
cuenta todos los contratos allegados en los que se evidenciaba el pacto de
desalarización.
De las pruebas obrantes en el expediente, se observa que la sociedad demandante
allegó los contratos de trabajo que contienen la cláusula de desalarización en relación
con los trabajadores que reconoció el Tribunal en la sentencia apelada y, a su vez, los
que se enlistan a continuación:
Nombre trabajador Prueba
Joan Esteban Pérez Moreno Contrato visible en la carpeta “contratos 2013” del
expediente digital
Robinson Ortiz Díaz Contrato visible en la carpeta “contratos 2013” del
expediente digital
Luis Carlos Machado Montoya Contrato visible en la carpeta “contratos 2013” del
expediente digital
Daniel Alfonso Osorio Restrepo Contrato visible en la carpeta “contratos 2013” del
expediente digital
Carlos David Noreña Cuervo Contrato visible en la carpeta “contratos 2013” del
expediente digital
Gerardo Antonio Gaviria Gaviria Contrato visible en la carpeta “contratos 2013” del
expediente digital
Oscar Darío Espinosa Cárdenas Contrato visible en la carpeta “contratos 2013” del
expediente digital
Fredy Arturo Echavarría Gómez Contrato visible en la carpeta “contratos 2013” del
expediente digital
Francisco Javier Suárez Hernández Contrato visible en la carpeta “contratos 2013” del
expediente digital
Luis Alfonso Villada Gaviria Contrato visible en la carpeta “contratos 2013” del
expediente digital
Andrés Felipe García Toro Contrato visible en la carpeta “contratos 2013” del
expediente digital
4 Índice 2 de Samai – Expediente digital.
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Yeison Alexis Grajales Zapata Contrato visible en la carpeta “contratos 2013” del
expediente digital
Carlos Andrés Muñoz Moyano Contrato visible en la carpeta “contratos 2013” del
expediente digital
Ronald Alexander García Contrato visible en la carpeta “contratos 2013” del
expediente digital
Diego Fernando Orrego García Contrato visible en la carpeta “contratos 2013” del
expediente digital
Wilberto Villa Ortiz Contrato visible en la carpeta “contratos 2013” del
expediente digital
Luis Fernando Salazar Londoño Contrato visible en la carpeta “contratos 2013” del
expediente digital
Gerardo Antonio Cartagena Vargas Contrato visible en la carpeta “contratos 2013” del
expediente digital
Sergio Vélez Santamaría Contrato visible en la carpeta “contratos 2013” del
expediente digital
Así pues, frente a los trabajadores citados anteriormente se tiene que sí se allegaron
los contratos laborales por medio de los cuales se desalarizan “las bonificaciones,
préstamos, auxilios de transporte, rodamientos, alimentaciones, mantenimiento de
vehículo, y demás conceptos diferentes al salario estipulado como contraprestaciones
directas del servicio”. De manera que de acuerdo con lo expuesto, para la Sala está
probado el pacto entre estos trabajadores y su empleador, por lo que esos rubros no
integran el IBC de aportes a seguridad social conforme con el 128 CST, al cumplir con
las reglas de unificación 2 y 5, en lo que no exceda el 40% contemplado en el artículo
30 de la Ley 1393 de 2010.
En consecuencia, el cargo apelado por la demandante está llamado a prosperar.
Condena en costas
El Tribunal condenó en costas en primera instancia a la DIAN por ser la parte vencida
en el proceso, decisión que fue apelada por la demandada, al considerar que este no
es motivo suficiente para condenar en costas, sino que su causación debe estar
demostrada. Además, porque no incurrió en maniobras dilatorias, temerarias o de mala
fe.
Es de destacar que en el fallo de primera instancia se declaró la nulidad parcial de los
actos demandados, por lo que no puede predicarse que la UGPP sea la parte vencida
en el proceso, tal como lo afirmó el Tribunal en la sentencia cuestionada.
Cabe precisar que, en relación con la condena en costas, el Consejero de Estado
Wilson Ramos Girón ha expresado su postura en diversos salvamentos y aclaraciones
de voto5, en los cuales ha señalado lo siguiente:
“(…) las costas procesales están integradas por (i) «las expensas y gastos que se
han sufragado durante el proceso» y por (ii) «las agencias en derecho»; conceptos
que se tasarán «con criterios objetivos y verificables en el expediente», a cuyos
efectos, los artículos 365 y 366 ibidem establecen las reglas pertinentes.
(…) la indemnidad económica de quien triunfó en el litigio, por los gastos relativos
al apoderamiento judicial en que haya incurrido, se desliga de la demostración de
la existencia de un contrato y de la cuantía de los honorarios, pues el alcance de
la condena en este aspecto se restringe al monto que corresponda reconocer a
5 Ver Salvamento de Voto en la sentencia proferida el 27 de marzo de 2025 dentro del proceso 76001-23-33-000-
2021-00562-01 (29452), C.P. Milton Chaves García.
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título de «agencias en derecho», según los artículos 361 y 366, ordinal 4 del CGP.
El último precepto mencionado dispone que para fijar las agencias en derecho el
juez no goza de libertad, sino que debe reconocerlas y liquidarlas aplicando las
tarifas que mediante Acuerdo establezca el Consejo Superior de la Judicatura, en
función del tipo de proceso del que se trate y del mayor o menor despliegue
procesal que se haya requerido por parte de quien ganó el pleito.
Lo anterior implica que el segmento de la condena en costas correspondiente a las
agencias en derecho no depende de que se demuestre la existencia de un contrato
de prestación de servicios de apoderamiento judicial, ni de que se acredite la
cuantía de los honorarios pactados con el apoderado o pagados a él. Tanto así,
que el reconocimiento de las agencias en derecho procede aun si se actúa en
nombre propio y que su cuantía no está determinada por la prestación económica
a la que tenga derecho el apoderado.
4- En ese orden, como para el reconocimiento y liquidación de las agencias en
derecho el juez está sometido a las tarifas prescritas por Consejo Superior de la
Judicatura y no a aquello que la parte que obtuvo la sentencia favorable haya
convenido con su apoderado, será una prueba carente de pertinencia y, por ende,
irrelevante para decidir sobre la condena en costas, el contrato de apoderamiento
o cualquier medio probatorio dirigido a afirmar la cuantía de los honorarios
pactados o pagados”.
No obstante, lo anterior, se respeta el precedente de la Sala que ha acogido la tesis
según la cual no procede la condena en costas cuando en el expediente no obran
pruebas que las demuestren o justifiquen, conforme a lo dispuesto en el artículo 188
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en
el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso.
Así mismo, el criterio en cuanto a las agencias en derecho, en donde la Sala
mayoritaria ha precisado que deben estar probadas, pues aun cuando el Consejo
Superior de la Judicatura determinó las tarifas para su determinación, la parte
interesada está llamada a acreditar su causación para así, establecer la naturaleza,
calidad y duración de la gestión efectuada por el apoderado judicial6.
Atendiendo a lo expuesto hasta este punto y una vez revisado el expediente, la Sala
observa que, le asiste razón a la UGPP en cuanto a que en el expediente no obran
pruebas que justifiquen la causación de costas procesales a favor de la sociedad
actora. Lo anterior es motivo suficiente para revocar la decisión del Tribunal, y en su
lugar, no condenar en costas en primera instancia. Por las mismas razones
anteriormente referidas, la Sala se abstendrá de condenar en costas de segunda
instancia.
Conclusión
Por lo razonado en precedencia, se modifica el numeral segundo de la sentencia de
primera instancia, por cuanto la UGPP para la liquidación de aportes parafiscales debe
tener en cuenta los pactos de desalarización que hizo la demandante con los
trabajadores, tal como se evidenció en los contratos de trabajo allegados al
expediente. Así mismo, para la Sala no procede la condena en costas a la UGPP que
se impuso en la sentencia de primera instancia, en la medida en que no se encuentran
6 Sentencia del 13 de abril de 2023. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 27303, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello. Reiterada en: Sentencia del 11 de abril de 2024. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp.
28286, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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acreditadas en el proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
1. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia del 18 de marzo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual queda así:
“SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho: (i) ORDENAR
a la UGPP practicar una nueva liquidación en la que se eliminen los ajustes por mora
correspondientes al mes de noviembre de 2013; (ii) ORDENAR a la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, practicar una nueva liquidación en la que se determine que los pagos que fueron
recibidos por concepto de “bonificaciones, préstamos, auxilios de transporte,
rodamientos, alimentaciones, mantenimiento de vehículo, y demás conceptos diferentes
al salario estipulado como contraprestaciones directas del servicio”, en los periodos
discutidos, por los señores por los señores Netzar A. Hernández Restrepo, Wilson
Agualimpia Sabala, Robinson Molina Franco, Andrés Alejandro Castaño Urrego, Jonnier
Fernán Saldarriaga Zapata, Jorge Estiver Castañeda Sánchez, Julián Andrés Bermúdez
Bravo, Juan David Salazar Vélez, Hernán Darío Castrillón Acero, Miguel Arnulfo Correa
Castro, Elderney Montoya Alzate, Guillermo León Navarro Vélez, Juan Pablo Espinosa
Correa, Giovany Benítez Gallego, Jhon Alexis Marín Restrepo, Carlos Alberto Ardila
Mora, Luis Norberto Ramírez Escalante, Juan Diego Restrepo Hernández, Juan Carlos
Toro Restrepo, Liliana Patricia Sánchez Herrera, Diana Carolina Pareja Paniagua,
Andrés Mauricio Suárez Sánchez, Luis Esteban Restrepo Moreno, Elías Antonio Toro,
Albeiro de Jesús Pérez Pérez, Carlos Esteban Muñoz Suárez, Carlos Andrés Vanegas
Uribe, Nelson Andrés Molina Vélez, Rubén Darío Arteaga Pino, Pedro Pablo Tabares
Flórez, Jaime Antonio Ceballos Patiño, Mariano Alonso Agudelo Vásquez, William
Geovanni Rodríguez Colorado, Yesica Tatiana Cuartas Triana, Juan Fernando Del Toro
Martínez, Antonio José Cruz Urrego, Jhorman Alexander Jiménez Arango, Jorge Adán
Gómez Rodríguez, Dairo Orlando Sierra Cardona, Daney Rodríguez Rodríguez, Omar
Gómez Taborda, Andrés Felipe Zabala Botero, Héctor Antonio Foronda Gutiérrez, Héctor
Serna Mejía, Maicol Brandon Bran Calderón, Daban Andrés Cuervo García, Ricardo
Marín Osorio, Sergio Vélez Sanmartín, Juan David Aristizábal Parra, Pedro Esteban
Vásquez Usuga, Yeison Martínez Yepes, Luis Nolberto Ocampo Villa, José Gabriel
Camargo Prieto, Jorge Horacio Rave Lora, Ernesto Merardo Niño Pérez, Alejandra
Patiño Pulgarín, Robinson Alonso Lopera García, Jarles Daniel Muñoz Acosta, Wilson
Emilio Correa López, Wilmar Alonso Rondón Rua, Pablo Emilio Álvarez Lerna, Laurency
de Jesús Restrepo, Dorian Alonso Ardila Dorian, Carlos Mario Arroyave Zapata, Pedro
González González, Juan David Vélez Valencia, José Albeiro Carmona Bedoya, Jairo
Alexander Ruíz Moreno, José Ricardo Pareja Correa, Juan Cristóbal Moreno Henao,
Joan Esteban Pérez Moreno, Robinson Ortiz Díaz, Luis Carlos Machado Montoya, Daniel
Alfonso Osorio Restrepo, Carlos David Noreña Cuervo, Gerardo Antonio Gaviria Gaviria,
Oscar Darío Espinosa Cárdenas, Fredy Arturo Echavarría Gómez, Francisco Javier
Suárez Hernández, Luis Alfonso Villada Gaviria, Andrés Felipe García Toro, Yeison
Alexis Grajales Zapata, Carlos Andrés Muñoz Moyano, Ronal Alexander García, Diego
Fernando Orrego García, Wilberto Villa Ortiz, Luis Fernando Salazar Londoño, Gerardo
Antonio Cartagena Vargas y Sergio Vélez Santamaría, se encuentran desalarizados,
aplicando, para ese efecto, el límite establecido en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010;
y (iii) ORDENAR a la UGPP que disminuya la sanción por inexactitud de forma
proporcional a los aportes”.
2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-01486-01 (28763)
Demandante: PAQUETE EXPRESS S.A. EN REORGANIZACIÓN
3. Sin condena en costas en ambas instancias.
Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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