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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2019-01546-01

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2019-01546-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción ejecutiva, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: SIN COSTAS. TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2019-01546-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 05001233300020190154601 (69009)
Demandante: CARLOS MARIO FLÓREZ ÁLVAREZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Tema: Proceso ejecutivo. Marco normativo aplicable para el pago de
sentencias condenatorias contra el extinto Instituto de Seguros
Sociales. Caducidad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra la
sentencia del 15 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción ejecutiva.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 23 de noviembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó1 al
extinto Instituto de Seguros Sociales (ISS) por los daños ocasionados a Carlos
Mario Flórez Restrepo y su núcleo familiar, en hechos ocurridos el 14 de octubre de
1995 en la Clínica León XIII de Medellín. La anterior decisión cobró ejecutoria el 2
de febrero de 2012, motivo por el cual, según lo narrado en la demanda, el 14 de
mayo de 2012, la parte demandante solicitó a la entidad condenada pagar la
obligación contenida en la sentencia judicial.

En la demanda ejecutiva, la parte ejecutante afirma que la Nación – Ministerio de
Salud y Protección Social, en calidad de deudor de las obligaciones derivadas de
sentencias judiciales contra el extinto ISS, no ha cancelado la obligación contenida
en la providencia proferida el 23 de noviembre de 2011 por el Tribunal

1 En la sentencia se reconoció por perjuicios morales, 100 SMLMV a Carlos Mario Flórez Álvarez,

María Judith Restrepo Ruiz y Carlos Mario Flórez Restrepo, y 50 SMLMV a Jael Emilia Ruiz Arias, y
por perjuicio fisiológico, 100 SMLMV a Carlos Mario Flórez Restrepo.

2

Radicado: 05001233300020190154601 (69009)
Demandante: Carlos Mario Flórez Álvarez y otros

Administrativo de Antioquia y, por tal motivo, solicita sea ejecutado por la suma total
de $255.015.000 y el valor de los intereses moratorios causados hasta la fecha en
que se verifique el pago total de la obligación.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 12 de junio de 20192, Carlos Mario Flórez Álvarez, María Judith Restrepo Ruiz,
Carlos Mario Flórez Restrepo, Carlos Mario Flórez Restrepo y Jael Emilia Ruiz
Arias, mediante apoderado judicial presentaron demanda ejecutiva en contra de la
Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de que les sean
canceladas las obligaciones contenidas en la sentencia proferida el 23 de
noviembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Como pretensiones de su demanda, los actores solicitan se libre mandamiento de
pago por los siguientes conceptos: i) la suma de $255.015.0003, correspondiente al
capital adeudado de la sentencia condenatoria del 23 de noviembre de 2011, ii) la
suma que se cause por intereses moratorios desde el 3 de febrero de 2012 y hasta
el pago total de la obligación; y, iii) las costas y agencias en derecho.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante manifiesta que el 23 de
noviembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de
reparación directa promovido por los aquí ejecutantes contra el extinto Instituto de
Seguros Sociales, dictó sentencia de única instancia en la que declaró patrimonial
y extracontractualmente responsable a la entidad referida por los perjuicios
ocasionados por falla en la prestación del servicio médico asistencial a Carlos Mario
Flórez Restrepo.

Sostiene que la anterior providencia quedó debidamente ejecutoriada el 2 de febrero

2 Fl. 1 y 2, C. Ppal.
3 Distribuidos así: i) la suma de $56.670.000 a Carlos Mario Flórez Álvarez, ii) la suma de
$56.670.000 a María Judith Restrepo Ruiz, iii) la suma de $113.340.000 a Carlos Mario Flórez
Restrepo, y iv) la suma de $28.335.000 a Jael Emilia Ruiz Arias.

3

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Demandante: Carlos Mario Flórez Álvarez y otros

de 2012.

Afirma que el 14 de mayo de 2012, los beneficiarios de la condena solicitaron al ISS
pagar la obligación contenida en la sentencia del 23 de noviembre de 2011.

Indica que, mediante Decreto 541 del 6 de abril de 2016, modificado por el Decreto
1051 del 27 de junio de 2016, el Gobierno Nacional asignó al Ministerio de Salud y
Protección Social la competencia para pagar las sentencias judiciales derivadas de
las obligaciones a cargo del Instituto de Seguros Sociales Liquidado.

Se asegura que, a la fecha de presentación de la demanda ejecutiva, la Nación -
Ministerio de Salud y Protección Social no ha cancelado las sumas a las que fue
condenado el extinto Instituto de Seguros Sociales, razón por la cual los aquí
demandantes solicitan que la accionada sea ejecutada por la suma total de
$255.015.000 más los intereses moratorios causados hasta la fecha en que se
efectúe el pago total de la obligación.

2. Mandamiento Ejecutivo

Mediante proveído del 17 de julio de 20194, el Tribunal Administrativo de Antioquia
libró mandamiento de pago ejecutivo a favor de los demandantes y en contra del
Ministerio de Salud y Protección Social, por la suma total de $255.015.000 más los
intereses moratorios que se causen desde el 3 de febrero de 2012 hasta la fecha
en que se efectué el pago total de la obligación.

3. Contestación

El 17 de julio de 20195 el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la notificación
de la demanda a la entidad ejecutada y al ministerio público.

4 Fl. 5 y 6, C. Ppal.
5 Ibid.

4

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Demandante: Carlos Mario Flórez Álvarez y otros

3.1. El Ministerio de Salud y Protección Social6 se opuso a las pretensiones de la
demanda, formulando como excepción la falta de integración del litisconsorcio por
pasiva al estimar que el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de
Seguros Sociales era la entidad llamada a comparecer al proceso. Además, planteó
las excepciones de falta de jurisdicción y competencia, porque a su juicio se
omitieron las normas que rigieron la liquidación del ISS. Por último, invocó la
caducidad de la acción ejecutiva, al considerar que la obligación que aquí se
pretende ejecutar se hizo exigible el 11 de enero de 2012 y la demanda se presentó
solo hasta el 12 de junio de 2019, lo que excedió ampliamente el término de cinco
(5) años previsto por la ley.

3.2. El ministerio público guardó silencio.

4. Audiencia inicial

El 15 de junio de 20227 el Tribunal Administrativo de Antioquia celebró la audiencia
inicial, en la que entre otras cosas, resolvió las excepciones previas y fijó el objeto
del litigio.

Frente a las excepciones de falta de jurisdicción y competencia y falta de integración
de litisconsorcio por pasiva, el Tribunal adujo que “el Consejo de Estado determinó
que si era posible adelantar una demanda ejecutiva en contra del Ministerio de
Salud y Protección Social, teniendo en cuenta que el crédito del ejecutante había
sido reconocido en el curso del proceso de liquidación del Instituto de Seguros
Sociales […]. En este caso, al presentarse la demanda ejecutiva en contra del
Ministerio de Salud y Protección Social, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 541 del 6 de abril de 2016 y 1051 del 27 de junio de 2016, la parte
ejecutante escogió acudir de manera directa a dicha cartera ministerial para obtener
el pago de la condena en contra del extinto ISS; por lo tanto, no prosperan las
excepciones de falta de jurisdicción y competencia y falta de integración de
litisconsorcio por pasiva”.

6 Fl. 12 a 26, C. Ppal.
7 Archivo “Acta de Audiencia”, índice 38, Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia.

5

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Demandante: Carlos Mario Flórez Álvarez y otros

Respecto del objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a “establecer si se
configuran o no la excepcion de caducidad de la acción ejecutiva propuesta por la
Nación – Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 23 de noviembre de 2011 en
el proceso de reparación directa con radicado 05001233100019970255900”.

5. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 15 de septiembre de 20228 el Tribunal Administrativo de Antioquia en la audiencia
inicial corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

5.1. La parte demandante, el Ministerio de Salud y Protección Social y el ministerio
público guardaron silencio.

6. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 15 de septiembre de 20229, el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad
ejecutada y, en consecuencia, declaró terminado el proceso y condenó en costas a
la parte ejecutante.

Al efecto, sostuvo que: “[T]eniendo en cuenta que la sentencia que sirve de recaudo
en el presente proceso quedó ejecutoriada el 2 de febrero de 2012, era exigible el
pago de la condena desde el 3 de agosto de 2013, por lo que contaba la parte
ejecutante hasta el 3 de agosto de 2018 con plazo para presentar la demanda
ejecutiva y, según se observa en el expediente, lo hizo el 12 de junio de 2019, es
decir fuera del término de caducidad […] Adicionalmente, revisado el contenido del
Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012, por medio del cual fue suprimido por

8 Archivo “AUDIENCIACELEBRADA_CONTINUACI”, índice 46, Samai del Tribunal Administrativo de

Antioquia.
9 De conformidad con lo previsto en el artículo 272 del CGP, según el cual salvo que se requiera la

práctica de otras pruebas, a continuación, en la misma audiencia (inicial) y oídas las partes hasta
por 20 minutos cada una, se dictará sentencia. Archivo “AUDIENCIACELEBRADA_CONTINUACI”,
índice 46, Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia.

6

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Demandante: Carlos Mario Flórez Álvarez y otros

mandato legal el Instituto de Seguros Sociales, el mismo tampoco señala que se
afecte el término de caducidad de las acciones que se pretendiesen iniciar en contra
del ISS […], si bien mediante el Decreto 1051 del 27 de junio de 2016 se le asignó
al Ministerio de Salud y Protección Social la obligación de asumir el pago de las
sentencias judiciales derivadas de las obligaciones contractuales y
extracontractuales a cargo del Instituto de Seguros Sociales Liquidado, esto no
significa que el término de caducidad se haya reiniciado, pues la obligación, como
se explicó previamente, era exigible desde el 3 de agosto de 2013 al ISS en
liquidación, y a partir del 27 de junio del 2016 a la entidad ejecutada, por lo que la
parte ejecutante, de conformidad con el literal k) del artículo 164 de la Ley 1437 de
2011, solo contaba hasta el 3 de agosto de 2018 para solicitar el pago de la
obligación, inicialmente en el proceso de liquidación del ISS y posteriormente ante
el Ministerio de Salud y Protección Social, en todo caso, antes de la fecha referida;
sin embargo, la demanda solo fue presentada el 12 de junio de 2019, es decir, por
fuera del término de caducidad. Por lo anteriormente expuesto, la Sala declarará
probada la excepción de caducidad de la acción y, por ende, la terminación del
presente proceso ejecutivo, sin que sea necesario realizar un pronunciamiento de
fondo frente a las demás excepciones de mérito propuestas por la entidad
ejecutada”.

7. Recurso de apelación

En desarrollo de la audiencia del 15 de septiembre de 202210, la parte ejecutante
interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido en la misma fecha y admitido el
7 de julio de 202511.

7.1. La parte actora argumentó que no operó la caducidad, pues el término
preclusivo se suspendió durante el proceso de liquidación del Instituto de Seguros
Sociales, de conformidad con el precedente judicial definido en casos similares al
sub iudice (Consejo de Estado, Sentencia del 30 de junio de 2016, Rad.: 3637-14).
Adicionalmente, sostuvo que el término de caducidad debía contabilizarse a partir

10 Archivo “AUDIENCIACELEBRADA_CONTINUACI”, índice 46, Samai del Tribunal Administrativo

de Antioquia.
11 Archivo “Autoqueadmite_69009”, índice 7, Samai del Consejo de Estado.

7

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Demandante: Carlos Mario Flórez Álvarez y otros

la expedición del Decreto 1051 de 2016, cuando la obligación se hizo exigible ante
el Ministerio de Salud y Protección Social, pues se le asignó la competencia para el
pago de las sentencias condenatorias en contra del ISS Liquidado.

8. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El Despacho no corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, puesto que
de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, modificado por el numeral 5° del artículo 67 de la Ley
2080 del 202112, no se decretaron pruebas en segunda instancia.

Asimismo, se advierte que en esta instancia el ministerio público13 solicitó confirmar
la decisión de primera instancia al constatar que no se suspendió el término de
caducidad durante el proceso de liquidación del Instituto de Seguros Sociales, ni
bajo las normas que designaron al Ministerio de Salud y Protección Social como
competente para asumir el pago de las sentencias judiciales derivadas de las
obligaciones a cargo del ISS Liquidado, por lo que el término de cinco (5) años para
interponer el proceso ejecutivo, venció el 3 de agosto de 2018, en consecuencia,
operó el fenómeno preclusivo de la caducidad.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer y decidir
los procesos ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones
aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que

12 De conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021. Trámite del
recurso de apelación contra sentencias. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en
primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si fuere necesario
decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito,
para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado
para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez
(10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso
[…]”.
13 Archivo “Concepto”, índice 16, Samai del Consejo de Estado.

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Demandante: Carlos Mario Flórez Álvarez y otros

hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos
celebrados por esas entidades, según lo previsto en el numeral 6 del artículo 10414 del
CPACA.

Por demás, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación presentado
por la parte ejecutante en contra de la sentencia del 15 de septiembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 150, 156 numeral 9º y 247 del CPACA15, e independientemente de la
cuantía, puesto que se trata de un proceso ejecutivo derivado de una sentencia

14 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá
de los siguientes procesos: (…) Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las
conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que
hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por
esas entidades”.
15 “Artículo 150. Modificado por la Ley 2080 del 2021. Competencia del Consejo de Estado en

Segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos (…)”.
“Artículo 156. Competencia por razón del territorio. Para la determinación de la competencia por
razón del territorio se observarán las siguientes reglas: (…) 9. En las ejecuciones de las condenas
impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo o de las obligaciones contenidas en
una conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que profirió la providencia
respectiva.
Artículo 247. Modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro
de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias
dictadas en audiencia.
2. Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio, total o parcialmente, y contra
este se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado ponente citará a audiencia de
conciliación que deberá celebrarse antes de resolverse sobre la concesión del recurso, siempre y
cuando las partes de común acuerdo soliciten su realización y propongan fórmula conciliatoria.
3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá
mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior. Recibido el expediente por el
superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos.
4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la
admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el
recurso de apelación formulado por los demás intervinientes.
5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la
presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En
caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente
al despacho para dictar sentencia (…)”.
Sobre el tema consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación del 29 de enero
del 2020. Radicado 47001-23-33-000-2019-00075-01 (63931). Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, auto de unificación del 12 de septiembre del 2023. Radicado 11001-03-
15-000-2023-00857-00.

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Radicado: 05001233300020190154601 (69009)
Demandante: Carlos Mario Flórez Álvarez y otros

condenatoria emitida por la jurisdicción contenciosa administrativa.

2. Normativa aplicable

Por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012 16,
al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)17; así como las disposiciones del Código General del Proceso (CGP)18, en
virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los
estatutos mencionados19.

No obstante, en virtud del régimen de transición adoptado en el artículo 308 del
CPACA20, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta
su culminación por el “régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el
cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el
momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el
proceso, salvo disposición legal en contrario.

16 La demanda se presentó el 12 de junio de 2019.
17 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)

de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior”.
18 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo

de Estado, mediante auto del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), unificó su
jurisprudencia para indicar que el CGP entró a regir a partir del primero (1º) de enero de dos mil
catorce (2014), “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (…) las cuales se
resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (…)”. Ver: Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014,
expediente 49.299.
19 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá

el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
20 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)

de julio del año 2012.
(…)
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior”.

10

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Demandante: Carlos Mario Flórez Álvarez y otros

Bajo ese entendido y, en consonancia con lo decantado por la Sección Tercera del
Consejo de Estado21, para efectos de la exigibilidad, causación y pago de intereses
que se generen como consecuencia de la mora en el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2011 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, estas se rigen por lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo (CCA), en la medida que esa decisión se dictó
dentro del proceso de reparación directa con radicación No.
05001233100019970255900, cuya demanda se promovió el 14 de octubre de 1997,
esto es, en vigencia de ese estatuto procesal.

Por otra parte, como el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia se interpuso el 15 de septiembre de 202222, es
decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 202123, para su
trámite y decisión al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones
vigentes al momento de su interposición, esto es, las contenidas en la Ley 1437 de
2011 con las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con lo
señalado en los incisos finales del artículo 86 de la referida reforma24.

21 En sentencia del 20 de octubre de 2014, la Sección Tercera de esta Corporación concluyó que: i)

las demandas instauradas antes de la vigencia del CPACA y cuya sentencia también se dictó antes,
causan intereses de mora, en caso de retardo en el pago, conforme al art. 177 del CCA; ii) las
demandas instauradas antes de la vigencia del CPACA y cuya sentencia se dicta después, causan
intereses de mora, en caso de retardo en el pago, conforme al art. 177 del CCA, y la entrada en
vigencia del CPACA no altera esta circunstancia, por disposición expresa del art. 308 de este último
estatuto; y iii) Los procesos iniciados en vigencia del CPACA, y desde luego la sentencia se dicta
conforme al mismo, causan intereses de mora conforme al art. 195 del CPACA. (Radicación No.
52001-23-31-000-2001-01371-02 (AG). Posición que ha sido reiterada recientemente por auto de 9
de julio de 2021 con radicación No. 66814; auto de 27 de abril de 2020 con radicación No. 65427;
auto del 10 de marzo de 2020 con radicación No. 64781 y; sentencia del 10 de octubre de 2020 con
radicación No. 62424.
De conformidad con lo anterior, resulta innecesario buscar la solución en las reglas generales (como
lo hizo la Sala de Consulta y Servicio Civil en el Concepto No. 2184 del 29 de abril de 2014), dado
que existe una regla especial de transición procesal consagrada en el artículo 308 del CPACA, que
es clara en establecer un régimen de transición y su vigencia.
22 Archivo “AUDIENCIACELEBRADA_CONTINUACI”, índice 46, Samai del Tribunal Administrativo

de Antioquia.
23 Publicada el 25 de enero de 2021.
24 “De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código

General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las
anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los
procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.
En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o

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Radicado: 05001233300020190154601 (69009)
Demandante: Carlos Mario Flórez Álvarez y otros

Finalmente, en virtud de la remisión e integración normativa contemplada en el
artículo 306 del CPACA25, en lo relativo a los aspectos no regulados en los procesos
ejecutivos, el juez deberá acudir al Código de Procedimiento Civil -CPC-, remisión
que debe entenderse, en la actualidad, al Código General del Proceso -CGP-.

3. Medio de control procedente

El medio de control ejecutivo es la pretensión idónea cuando se demanda la
ejecución forzosa de obligaciones expresas, claras y exigibles a cargo de entidades
pública, cuya fuente se encuentra entre otros, en sentencias judiciales de condena
y/o decisiones en firme proferidas en ejercicio de los mecanismos alternativos de
solución de conflictos26.

En este caso el medio de control procedente es el ejecutivo, porque se pretende la
ejecución de una obligación consistente en cancelar las sumas de dinero contenidas
en una sentencia condenatoria proferida dentro de un proceso de reparación directa
seguido en contra del extinto Instituto de Seguros Sociales.

4. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto en el acápite de antecedentes de esta providencia
y con los argumentos planteados en el recurso de apelación formulado, corresponde
a la Sala determinar si el medio de control ejecutivo se ejerció oportunamente o si,
por el contrario, se encontraba caducado al momento en que se presentó la
demanda ejecutiva.

diligencias, empezaron a correr términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones”. Se destaca.
25 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá

el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
26 Corte Constitucional. Sentencia C-918 de 2001.

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5. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la vigencia del medio de control.

6. Vigencia del medio de control

Comoquiera que el Tribunal Administrativo de Antioquia estimó en la sentencia de
primera instancia que había operado la caducidad del trámite ejecutivo y ello fue
objeto de apelación por la parte ejecutante, es necesario verificar si la demanda se
presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal27.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general28, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto

a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar,
que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al
momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del
Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido, o
bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el
auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de
fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se
encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”
28 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”

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El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción29, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso,
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure30 que opera
por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para

29 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos”.
30 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.

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Radicado: 05001233300020190154601 (69009)
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hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 31,
cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley
procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción
de límite temporal de la figura en comento, sin embargo opera en favor del
accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho
de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto
el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar
de oficio.

El literal k del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, señala que el término para
presentar la demanda ejecutiva es de cinco (5) años contados a partir de la fecha
en que se hizo exigible la obligación.

A su vez, el artículo 17732 del CCA señala que una vez ejecutoriada una providencia
que imponga o liquide una condena o la que apruebe una conciliación, la entidad
pública a cargo de su cumplimiento cuenta con un plazo de 18 meses para su pago.
Vencido ese término sin que se hubiera satisfecho esos créditos judiciales pueden
ser exigidos mediante juicio ejecutivo promovido por sus beneficiarios ante la
jurisdicción.

7. Caso concreto

En el sub lite los demandantes pretenden la ejecución de una obligación consistente
en cancelar las sumas de dinero contenidas en la sentencia del 23 de noviembre de
2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de
reparación directa con radicado No. 05001233100019970255900.

31 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
32 “Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidad públicas. (…) Tales condenas, además,

serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria”.

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Pues bien, mediante sentencia del 15 de septiembre de 2022, el Tribunal
Administrativo de Antioquia declaró probada la excepción de caducidad propuesta
por la entidad ejecutada y, en consecuencia, declaró terminado el proceso y
condenó en costas a la parte ejecutante.

Por su parte, en el recurso de apelación, la parte ejecutante argumentó que no operó
la caducidad, pues el término preclusivo se suspendió durante el proceso de
liquidación del Instituto de Seguros Sociales, de conformidad con el precedente
judicial definido en casos similares al sub iudice (Consejo de Estado, Sentencia del
30 de junio de 2016, Rad.: 3637-14). Adicionalmente, sostuvo que el término de
caducidad debía contabilizarse a partir la expedición del Decreto 1051 de 2016,
cuando la obligación se hizo exigible ante el Ministerio de Salud y Protección Social,
pues se le asignó la competencia para el pago de las sentencias condenatorias en
contra del ISS Liquidado.

En este sentido, y comoquiera que sólo la parte ejecutante presentó recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso, se resolverá el asunto sub lite exclusivamente “sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio”33.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo.

33 “Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones. En la apelación de autos, el superior solo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación
del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes,
salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”.

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7.1. Hechos probados

7.1.1. Se acreditó que, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2011, el Tribunal
Administrativo de Antioquia dentro del proceso de reparación directa con radicado
No. 050012331000199702559000, condenó al Instituto de Seguros Sociales a
pagar perjuicios morales y fisiológicos, por los daños ocasionados a Carlos Mario
Flórez Restrepo y su núcleo familiar, en hechos ocurridos el 14 de octubre de 1995
en la Clínica León XIII de Medellín, según da cuenta copia auténtica de dicha
providencia34, en la cual se resolvió:

“[…] 2. Declárese administrativamente responsable al Instituto de Seguros Sociales,
por el daño ocasionado al menor Carlos Mario Flórez Restrepo.

3. Condénese al Instituto de Seguros Sociales a pagar los siguientes perjuicios:

Perjuicios morales:

Para Carlos Mario Flórez Álvarez y María Judith Restrepo Ruiz (padres del menor) la
suma de 100 SMLMV para cada uno.

Para Carlos Mario Flórez Restrepo (menor lesionado) la suma de 100 SMLMV.

Para Jael Emilia Ruiz Arias (abuela del menor) la suma de 50 SMLMV.

Perjuicio fisiológico:

Para Carlos Mario Flórez Restrepo (menor lesionado) la suma de 100 SMLMV.

[…]

5. Niéguense las demás pretensiones.

6. Désele cumplimiento a este fallo en los términos previstos en los artículos 177 y
178 del Código Contencioso Administrativo […]”.

7.1.2. Se demostró que el 2 de febrero de 2012, cobró ejecutoria la sentencia del 23
de noviembre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, según
da cuenta copia auténtica de la respectiva constancia secretarial35.

34 Fl. 189 a 205, C. 1.
35 Fl. 218, C. 1.

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7.1.3. Se verificó que el 12 de junio de 2019, Carlos Mario Flórez Álvarez, María
Judith Restrepo Ruiz, Carlos Mario Flórez Restrepo, Carlos Mario Flórez Restrepo
y Jael Emilia Ruiz Arias, mediante apoderado judicial presentaron demanda
ejecutiva en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin
de que les sean canceladas las obligaciones contenidas en la sentencia proferida el
23 de noviembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Antioquia. De ello da
cuenta el memorial correspondiente36.

7.2. Análisis de caducidad

En el caso sub examine los demandantes pretenden la ejecución de una obligación
consistente en cancelar las sumas de dinero contenidas en la sentencia del 23 de
noviembre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del
proceso de reparación directa con radicado No. 05001233100019970255900, que
condenó al extinto Instituto de Seguros Sociales a pagar perjuicios inmateriales.

Sobre el particular, es menester recordar que el Instituto de Seguros Sociales fue
suprimido y liquidado por orden del Gobierno Nacional a través del Decreto 2013 de
201237, que dispuso como marco normativo aplicable para efecto del trámite de
liquidación, la regulación establecida en el Decreto Ley 254 de 200038 modificado
por la Ley 1105 de 200639, liquidación que se prorrogó a través de los Decretos
2115 de 201340, 65241 y 271442 de 2014 hasta el 31 de marzo de 2015, fecha en
que culminó el proceso liquidatorio.

36 Fl. 1 y 2, C. Ppal.
37 “Por el cual se suprime el Instituto de Seguros Sociales, ISS, se ordena su liquidación, y se dictan

otras disposiciones”.
38 “Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional”.
39 “Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación

de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones”.
40 “Por el cual se prorroga el plazo de liquidación del Instituto de Seguros Sociales – ISS en

Liquidación”.
41 “Por medio del cual se modifica el Decreto No. 2013 de 2012”.
42 “Por el cual se prorroga el plazo de liquidación del Instituto de Seguros Sociales (ISS) en

Liquidación”.

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De conformidad con lo anterior, mediante sentencia del 15 de diciembre de 201543,
la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de la Acción de Cumplimiento No.
76001-23-33-000-2015-01089-01, dispuso: “Ordenar al Gobierno Nacional
conformado en esta oportunidad por el Presidente de la República y los Ministros
de Salud y Protección Social; Hacienda y Crédito Público; Trabajo y el Director del
Departamento Administrativo de la Función Pública el cumplimiento del parágrafo
1° del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, en el sentido de que se disponga sobre la
subrogación de las obligaciones del ISS liquidado, en materia de condena de
sentencias contractuales y extracontractuales, dentro de los dos (2) meses
siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, teniendo en cuenta la complejidad del
tema”.

Con ocasión de la orden contenida en la referida providencia, el Gobierno Nacional
expidió el Decreto No. 541 de 201644, por medio del cual se asignó al Ministerio de
Salud y Protección Social la competencia para el pago de las sentencias derivadas
de obligaciones contractuales y extracontractuales del liquidado ISS, en los
siguientes términos:

“Artículo 1°. De la competencia para el pago de las sentencias derivadas de
obligaciones contractuales y extracontractuales. Será competencia del Ministerio de
Salud y Protección Social asumir el pago de las sentencias judiciales derivadas de
obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo del Instituto de Seguros
Sociales Liquidado.

Sólo procederá el pago de los fallos judiciales de que trata este decreto, si el
acreedor y/o beneficiario demuestra que cumplió su obligación legal de presentar la
reclamación dentro del término del emplazamiento que tuvo lugar en el plazo
comprendido entre el cinco (5) de diciembre de 2012 y el cuatro (4) de enero de
2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1.3.2.1 del Decreto 2555 de
2010.

El análisis de procedencia y/o exigibilidad y el trámite de pago, podrá hacerlo el
Ministerio de Salud y Protección Social directamente o a través del Patrimonio
Autónomo de Remanentes constituido por el Liquidador del extinto Instituto de
Seguros Sociales, u otro que se determine para tal efecto.

43 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 15 de diciembre de 2015, Rad.: 76001-23-33-

000-2015-01089-01.
44 “Por medio del cual se asignan unas competencias administrativas”.

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Artículo 2°. Recursos para el pago de las sentencias condenatorias. Las
sentencias condenatorias derivadas de obligaciones contractuales y
extracontractuales a cargo del extinto Instituto de Seguros Sociales que sean
susceptibles de pago en los términos del presente decreto, se honrarán con
cargo a los activos transferidos por el Liquidador al momento de suscribir el Contrato
de Fiducia Mercantil número 015 de 2015, por medio del cual se constituyó el
Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en
Liquidación, en el que la posición de Fideicomitente fue cedida al Ministerio de Salud
y Protección Social, y cuya vocera y administradora es Fiduagraria S.A., o en su
defecto por la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social”. (Se resalta)

Dentro de la acción de cumplimiento se promovió incidente de desacato que fue
resuelto mediante auto interlocutorio No. 155 del 6 de mayo de 2016 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. En esa decisión, se ordenó eliminar los
condicionamientos para que el Ministerio de Salud y Protección Social asumiera las
condenas derivadas de sentencias contra el ISS.

En cumplimiento de la anterior decisión, el Gobierno Nacional expidió el Decreto
1051 de 201645, mediante el cual se modificó el artículo 1 del Decreto 541 de 2016,
en los siguientes términos:

“Artículo 1°. Modificar el artículo 1° del Decreto número 541 de 2016 el cual
quedará así:

“Artículo 1°. De la competencia para el pago de las sentencias derivadas de
obligaciones contractuales y extracontractuales. Será competencia del Ministerio
de Salud y Protección Social asumir el pago de las sentencias judiciales
derivadas de las obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo del
Instituto de Seguros Sociales Liquidado”. (Se resalta)

Bajo ese entendido, resulta claro que el Decreto 541 de 2016 modificado por el
Decreto 1051 de la misma anualidad, estableció una regla especial en relación con
el pago de las sentencias judiciales derivadas de las obligaciones contractuales y
extracontractuales a cargo del ISS liquidado, según la cual la competencia para
esos efectos sería asumida directamente por el Ministerio de Salud y Protección
Social, sin ningún tipo de condicionamiento.

45 “Por medio del cual se modifica el Decreto No. 541 de 2016”.

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Ahora bien, la parte ejecutante señaló que la decisión adoptada por el tribunal a quo
desconoció el precedente judicial aplicado por los jueces en casos similares, en los
que se ha admitido la suspensión del término de caducidad de las acciones
ejecutivas pero en contra de la Caja Nacional de Previsión Social durante su
proceso de liquidación. En sustento de lo anterior, trajo a colación la sentencia del
30 de junio de 201646 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
la que esta Corporación al conocer de una demanda contra CAJANAL, sostuvo que
“es necesario que el juez identifique a partir de qué momento se hizo exigible la
obligación judicial y la fecha en la cual se pudo efectivamente perseguir
judicialmente su cumplimiento ante CAJANAL o UGPP, teniendo en cuenta que la
caducidad de medio de control se suspenderá sólo a partir del momento en que
inició el periodo liquidatario de CAJANAL EICE”.

Justamente, sobre el precedente judicial, la jurisprudencia constitucional ha
entendido que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con
otras sentencias o conjuntos de sentencias proferidas con anterioridad si: (i) los
hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los
supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica
aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y; (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en
una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación47.

Bajo el anterior contexto, se estima que la decisión proferida el 30 de junio de 2016
por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación no es un
precedente aplicable al caso objeto de reproche, como pasa a explicarse.

En efecto, se resalta que la sentencia referida se pronuncia respecto de la normativa
aplicable a CAJANAL, fundamentando la suspensión del término de caducidad y

46 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 30 de junio de 2016. Rad.:

25000-23-42-000-2013-06595-01(3637-14).
47 Ver entre otras las sentencias: T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto,

Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. T-355 de 10 de
mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.

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prescripción durante el proceso de liquidación de esa entidad, en el inciso 2° del
artículo 1º del Decreto Ley 254 de 2000 y el artículo 14 de la Ley 550 de 199948.

Al respecto, el inciso 2º del artículo 1º del Decreto Ley 254 de 2000 establece que
“[…] los vacíos del presente régimen de liquidación se llenarán con el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero y las normas que lo desarrollan […]”.

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 550 de 1999 prevé que “[…] durante la
negociación del acuerdo [de reestructuración] se suspende el término de
prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra
el empresario […]”.

Ahora bien, en el presente asunto se estima que no es procedente remitirse a la Ley
550 de 1999, pues la remisión normativa está llamada a realizarse cuando la ley
sobre determinado tema es incompleta y se requiere que sea llenada con otros
preceptos jurídicos, sin embargo, se reitera que el Decreto 2013 de 2012 que ordenó
la liquidación del Instituto de Seguros Sociales, determinó en su artículo 1º que el
régimen de liquidación aplicable era el determinado por ese decreto y que los vacíos
que allí se encontraran serian suplidos por el Decreto Ley 254 de 2000.

Sobre el tema que aquí interesa, es decir, la caducidad y prescripción de las
obligaciones del Instituto de Seguros Sociales, el artículo 32 del Decreto 254 de
2000 estableció expresamente que “corresponder[í]a al liquidador cancelar las
obligaciones pendientes a cargo de la masa de la liquidación, previa disponibilidad
presupuestal, con el fin de realizar su liquidación progresiva”, para ello fijo unas
reglas, dentro de las cuales se encuentra la siguiente “5. Para el pago del pasivo se
tendrá en cuenta la caducidad y la prescripción de las obligaciones, contenidas en
las normas legales vigentes”.

48 “Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la
reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el
desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente
con las normas de esta ley”.

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De otra parte, es necesario destacar que la Ley 550 de 1999 tuvo una vigencia de
cinco (5) años49, los cuales se prorrogaron por un término de dos (2) años50 y luego
por un periodo adicional de seis (6) meses51. Justamente, en la nota de vigencia de
dicha normativa se consignó la siguiente información: “Ley prorrogada hasta el 1º
de julio de 2007, vencido dicho término, se aplicará de forma permanente solo a
las entidades territoriales, las descentralizadas del mismo orden y las
universidades estatales del orden nacional o territorial de que trata la
Ley 922 de 2004. Ver artículo 126 de la Ley 1116 de 2006”. (Se resalta)

En otras palabras, a partir del 1º de julio de 2007, la Ley 550 de 1999 continuó
vigente pero única y exclusivamente frente a entidades territoriales, las
descentralizadas del mismo orden y las universidades estatales del orden nacional
o territorial, entidades de que trata el artículo 12552 de la Ley 1116 de 2006.

Bajo el anterior contexto, se advierte que la Ley 550 de 1999 no resulta aplicable al
Instituto de Seguros Sociales, pues era una Empresa Industrial y Comercial del
Estado, entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 2148 de 1992. Adicionalmente, el Decreto
4107 de 2011 estableció que el ISS era una entidad vinculada al Ministerio de Salud
y Protección Social.

Además, se observa que el artículo 14 de la Ley 550 de 1999 se refiere a acuerdos
de reestructuración empresarial, no obstante, lo anterior, es menester precisar que
en el caso del Instituto de Seguros Sociales no medió un acuerdo de ese tipo,

49 Ley 550 de 1999. “Artículo 79. Vigencia. Esta ley regirá durante cinco (5) años, contados a partir

la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y durante el mismo plazo se aplicará de preferencia
sobre cualquier norma legal, incluidas las tributarias, que le sean contrarias”. (Se resalta)
50 Ley 922 de 2004. “Artículo 1º. Prorrógase la vigencia de la Ley 550 de diciembre 30 de 1999

por el término de dos (2) años contados a partir del 31 de diciembre de 2004”. (Se resalta)
51 Ley 1116 de 2006. “Artículo 126. Vigencia. […] A partir de la promulgación de la presente ley, se

prorroga la Ley 550 de 1999 por seis (6) meses y vencido dicho término, se aplicará de forma
permanente solo a las entidades de que trata el artículo anterior de esta ley […]”. (Se resalta)
52 Ley 1116 de 2006. “Artículo 125. […] Las entidades territoriales, las descentralizadas del mismo

orden y las universidades estatales del orden nacional o territorial de que trata la Ley 922 de 2004,
podrán seguir celebrando acuerdos de reestructuración de pasivos de acuerdo con lo dispuesto en
el Título V y demás normas pertinentes de la Ley 550 de 1999 y sus Decretos Reglamentarios,
incluidas las modificaciones introducidas a dichas normas con posterioridad a su entrada en vigencia
por la Ley 617 de 2000, sin que sea necesario constituir las garantías establecidas en el artículo 10
de la Ley 550 de 1999”. (Se resalta)

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Radicado: 05001233300020190154601 (69009)
Demandante: Carlos Mario Flórez Álvarez y otros

contrario sensu, se surtió un proceso de disolución y posterior liquidación. En suma,
se evidencia que lo previsto en la Ley 550 de 1999 no resulta aplicable al Instituto
de Seguros Sociales.

En ese sentido, se concluye que las normas que ordenaron la disolución y
liquidación del Instituto de Seguros Sociales no dispusieron de manera alguna la
suspensión o interrupción del término de caducidad para acudir ante la jurisdicción
contencioso administrativa con el fin de hacer efectiva una condena contenida en
una sentencia judicial en contra del extinto ISS.

Con todo, la Sala encuentra necesario advertir que resulta imposible colegir que se
desconoció el precedente judicial, pues en la actualidad existen dos criterios
disímiles en la Sección Segunda del Consejo de Estado, en relación con la
suspensión del término de caducidad de las obligaciones a cargo de CAJANAL
durante el proceso de liquidación. De hecho, aunque en sentencia del 30 de junio
de 2016, la Subsección A de la Sección Segunda consideró que el término de
caducidad de las obligaciones a cargo de la extinta Caja Nacional de Previsión
Social estuvo suspendido durante su proceso de liquidación, lo cierto es que la
Subsección B de la misma Sección en proveído del 12 de septiembre de 201953
concluyó que la liquidación de CAJANAL no suspendió el término de caducidad de
las acciones ejecutivas procedentes en su contra.

Por otra parte, los recurrentes señalaron que el término de caducidad debía
contabilizarse a partir la expedición del Decreto 1051 de 2016, cuando la obligación
se hizo exigible ante el Ministerio de Salud y Protección Social, pues se le asignó la
competencia para el pago de las sentencias condenatorias en contra del ISS. Sin
embargo, el argumento de los ejecutantes no está llamado a prosperar, por cuanto

53 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 12 de septiembre de 2019,

Rad.: 2015-01191. Sobre el punto argumentó que “En aquellos casos en los cuales se esté
estudiando la caducidad de la acción ejecutiva contra CAJANAL EICE –en liquidación- no es
necesario hacer tal remisión porque el Decreto 2196 de 2009 (mediante el cual se suprime y ordena
la liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social) previó que el representante legal de la entidad
referida era quien tenía la dirección de los procesos judiciales, por lo tanto no era necesaria la
suspensión de los términos de caducidad y prescripción de las acciones contra la entidad”.

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Demandante: Carlos Mario Flórez Álvarez y otros

la obligación se hizo exigible desde la fecha de ejecutoria de la sentencia
condenatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17754 del CCA.

En efecto, si bien a partir de lo dispuesto en los Decretos 541 y 1051 de 2016, se
habilitó, de manera excepcional, la posibilidad de reclamar el pago de las sentencias
condenatorias en contra del extinto Instituto de Seguros Sociales por asuntos
derivados de obligaciones contractuales y extracontractuales, a través de un
proceso ejecutivo, o por vía administrativa ante el Ministerio de Salud y Protección
Social, en consideración a que el reglamento especial expedido por el gobierno
nacional para esos asuntos, consagró expresamente que es esa entidad la que
debe “asumir el pago de las sentencias judiciales derivadas de obligaciones
contractuales y extracontractuales a cargo del Instituto de Seguros Sociales
Liquidado”, lo cierto es que ello no suspendió ni revivió los términos de caducidad,
por el contrario solo determinó que a partir del 27 de junio del 2016 las obligaciones
del ISS eran exigibles ante el Ministerio de Salud y Protección Social y con
anterioridad a esa fecha, exigibles al Instituto de Seguros Sociales o en su defecto
al Patrimonio Autónomo de Remanentes de la entidad liquidada.

Así las cosas, en el presente caso quedó probado: i) que mediante sentencia del
23 de noviembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso
de reparación directa con radicado No. 050012331000199702559000, condenó al
Instituto de Seguros Sociales a pagar por perjuicios morales 100 SMLMV a Carlos
Mario Flórez Álvarez, María Judith Restrepo Ruiz y Carlos Mario Flórez Restrepo, y
50 SMLMV a Jael Emilia Ruiz Arias, y por perjuicio fisiológico, 100 SMLMV a Carlos
Mario Flórez Restrepo (hecho probado 7.1.1.); ii) que el 2 de febrero de 2012, cobró
ejecutoria la sentencia del 23 de noviembre de 2011 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia (hecho probado 7.1.2.); y iii) que el 12 de junio de 2019,
Carlos Mario Flórez Álvarez, María Judith Restrepo Ruiz, Carlos Mario Flórez
Restrepo, Carlos Mario Flórez Restrepo y Jael Emilia Ruiz Arias, mediante
apoderado judicial presentaron demanda ejecutiva en contra de la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de que les sean canceladas las

54 “Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidad públicas. (…) Tales condenas, además,
serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria”.

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Demandante: Carlos Mario Flórez Álvarez y otros

obligaciones contenidas en la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2011 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia (hecho probado 7.1.3.).

En ese sentido, el literal k del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, señala que el
término para presentar la demanda ejecutiva es de cinco (5) años contados a partir
de la fecha en que se hizo exigible la obligación.

A su vez, el artículo 177 del CCA señala que una vez ejecutoriada una providencia
que imponga o liquide una condena o la que apruebe una conciliación, la entidad
pública a cargo de su cumplimiento cuenta con un plazo de 18 meses para su pago.
Vencido ese término sin que se hubiera satisfecho esos créditos judiciales pueden
ser exigidos mediante juicio ejecutivo promovido por sus beneficiarios ante la
jurisdicción.

Pues bien, salta a la vista que la sentencia condenatoria del 23 de noviembre de
2011 quedó ejecutoriada el 2 de febrero de 2012, por lo que es este el extremo inicial
a partir del cual debe realizarse el cómputo de la caducidad.

Entonces, es a partir del 3 de febrero de 2012, que inició el conteo del término de
18 meses previsto en el artículo 177 del CCA, que se cumplieron el 3 de agosto de
2013.

En consecuencia, el término para presentar la demanda ejecutiva de forma oportuna
corrió desde el 3 de agosto de 2013 hasta el 3 de agosto de 2018 -cuando venció
el término de 5 años dispuesto en el artículo 164 del CPACA-.

Así pues, según lo expuesto, se advierte que en el caso de marras el derecho de
accionar no se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta que el término para presentar
la demanda fenecía el 3 de agosto de 2018 y el escrito introductorio solo se radicó
hasta el 12 de junio de 201955, esto es, cuando ya había transcurrido el término
legal de cinco (5) años dispuesto en la ley procesal vigente para ejercer la
pretensión de forma oportuna.

55 Fl. 1 y 2, C. Ppal.

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Demandante: Carlos Mario Flórez Álvarez y otros

De tal suerte, fuerza es, entonces, confirmar la sentencia del 15 de septiembre de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró probada la
excepción de caducidad de la acción ejecutiva propuesta por la entidad ejecutada,
por las razones expuestas en precedencia.

8. Condena en costas

Se procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme
a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del Código
General del Proceso, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto
es, por expensas y gastos procesales, honorarios de auxiliares de la justicia y
agencias en derecho que deben ser “[…] tasadas y liquidadas con criterios objetivos
y verificables en el expediente”.

Precisamente, frente a las reglas para la imposición de la condena, la norma
procesal general establece que ésta procede en contra de la parte vencida o contra
quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y, que “[…] solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”.

En virtud de lo anterior, se observa que en este caso no procede su imposición por
los componentes de expensas y honorarios de auxiliares de la justicia, debido a que
no se encuentra acreditado en el expediente que las partes hubieren incurrido en
gastos por esos conceptos durante el trámite de segunda instancia. Precisamente,
debe señalarse que en el presente asunto litigioso no se decretaron pruebas en el
trámite de segunda instancia, por lo cual de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de
202156, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión.

56 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la
apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no

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Radicado: 05001233300020190154601 (69009)
Demandante: Carlos Mario Flórez Álvarez y otros

En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como “la porción de las costas
imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, se evidencia que
en atención a lo previsto en el numeral 8º del artículo 365 del Código General del
Proceso y tomando en consideración que la parte ejecutante no desplegó actuación
en segunda instancia, no se impondrá una orden para que proceda su pago, pues, no
existe una causación material que así las sustente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de septiembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró probada la excepción de
caducidad de la acción ejecutiva, de conformidad con los argumentos expuestos en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS.

TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

VF

habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia”.

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