República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-01722-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2019-01722-01 (4175-2022)
Demandante: Horacio Quintero Duque
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Municipio de Medellín
Tema: pensión de jubilación docente y retiro del servicio. Subtema. Congruencia
de la sentencia de primera instancia con las pretensiones de la demanda.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 27 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Horacio Quintero Duque solicitó la nulidad parcial del acto administrativo a
través del cual la parte accionada le reconoció una pensión de vejez condicionada
al retiro del servicio. Pidió ser reintegrado al cargo que desempeñaba como
maestro; que se declare la compatibilidad entre la pensión y la prestación del
servicio docente y se ordene el pago de los salarios dejados de percibir desde el 3
de abril de 2017 cuando le fue aceptada la renuncia y «hasta la fecha actual».
Manifestó que como el reconocimiento de la pensión se supeditó al retiro del servicio
tuvo que presentar de manera obligada su renuncia al cargo como educador.
El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En tal sentido,
ordenó el reconocimiento de la pensión de vejez a partir de la fecha de adquisición
del estatus, al considerar que la pensión es compatible con la prestación del servicio
docente. De otro lado, negó las pretensiones concernientes al reintegro, al señalar
que el acto de retiro no se acusó.
1
Radicación: 05001-23-33-000-2019-01722-01 (4175-2022)
Demandante: Horacio Quintero Duque
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Municipio de Medellín
Esta Subsección confirmará la decisión anterior, al considerar que es congruente
con las pretensiones de la demanda. Además, no es posible acceder a la petición
de reintegro y pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir desde el
retiro del servicio, toda vez que no se acusó el acto administrativo a través del cual
la administración expresó la voluntad de desvinculación.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito del 10 de julio de 20191, el señor Horacio Quintero
Duque, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
el Municipio de Medellín, según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho
que a continuación se sintetizan2.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad parcial de la Resolución
002539 del 6 de marzo de 2017, mediante la cual se le reconoció una pensión de
vejez efectiva a partir de la fecha de retiro del servicio docente.
3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte accionada (1) su
reintegro al cargo de docente y permanecer en este hasta la edad de retiro forzoso;
(2) reconocer la compatibilidad entre recibir el salario básico mensual y la mesada
pensional mensual; y (3) el pago de los salarios dejados de recibir desde el 3 de
abril de 2017 cuando fue desvinculado y «hasta la fecha actual». Lo anterior, sin
aplicar la prescripción trienal.
4. Requirió que se condene al pago de las sumas anteriores ajustadas de
acuerdo con el IPC.
2.1.2. Hechos
5. La Sala los sintetiza así:
1 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_05001233300020190172(.zip), documento
01Cuaderno 1, pág. 17.
2 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_05001233300020190172(.zip), documento
01Cuaderno 1, págs. 1 a 17.
• La demanda fue subsanada en escrito allegado el 2 de septiembre de 2019, visto en Samai, índice 02,
expediente digital, archivo ED_DEMANDA_05001233300020190172(.zip), documento 01Cuaderno 1, págs. 40
a 43. Ello, dada su inadmisión en auto del 16 de agosto de 2019, proferido por el Tribunal de Antioquia, que
obra en Samai, gestión en otros despachos, radicación 05001233300020190172200, índice 04, expediente
digital, gestionar documentos, archivo 20/08/2019 AUTO INADMISORIO(.DOC).
2
Radicación: 05001-23-33-000-2019-01722-01 (4175-2022)
Demandante: Horacio Quintero Duque
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Municipio de Medellín
6. El señor Horacio Quintero Duque, a través de la Resolución 02254 del 18 de
febrero de 2011, fue nombrado en provisionalidad por el municipio de Medellín como
docente.
7. Mediante la Resolución 002539 del 6 de marzo de 2017, el secretario de
educación del municipio de Medellín reconoció una pensión de vejez a favor del
demandante, efectiva a partir del retiro del servicio docente.
8. Por medio de la Resolución 003322 del 23 de marzo de 2017, se aceptó la
renuncia al cargo del accionante.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
• Ley 1821 de 2016, artículos 1, 2, 3 y 4.
• Decreto 1278 de 2002, artículo 37.
9. Sostuvo que en el acto administrativo acusado se le exigió al demandante la
renuncia irrevocable a su cargo, es decir, el retiro del servicio docente para así poder
acceder al pago de la pensión de vejez que le fue reconocida. Ello, en tanto para la
parte accionada la referida prestación es incompatible con el salario.
10. Afirmó que en el presente caso debe aplicarse el precedente jurisprudencial
de la Corte Constitucional3 y el Consejo de Estado4, en el que se ha definido que la
pensión es compatible con la prestación del servicio docente.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio propuso las excepciones de «falta de
legitimación en la causa por pasiva; falta de causa para demandar; caducidad;
prescripción; inepta demanda; cobro de lo no debido y excepción genérica»;
además, solicitó que se nieguen las súplicas de la demanda5.
11. Adujo que no es la entidad que profirió el acto administrativo acusado, en
tanto fue emitido por la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín.
Asimismo, no es la encargada de cumplir la obligación que se pretende con la
demanda, por lo que no puede ser condenada a pago alguno. Señaló que de
acuerdo con los artículos 6 y 7 de la Ley 715 de 2001, los departamentos y
municipios son quienes administran el personal docente de los planteles educativos.
3 Citó: Corte Constitucional, sentencia C-1157 del 2003, M.P. Eduardo Montealegre.
4 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 14 de mayo de 1991, M.P. Dolly Pedraza de Arenas.
5 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_05001233300020190172(.zip), documento
03ContestacionMinEducacion8-7-20.
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01722-01 (4175-2022)
Demandante: Horacio Quintero Duque
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Municipio de Medellín
2.2.2. El municipio de Medellín se opuso a las pretensiones de la demanda y pidió
que se declare probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva6.
12. Aseveró que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es
el competente para reconocer las prestaciones sociales económicas de los
docentes vinculados a las instituciones educativas del Estado, teniendo en cuenta
que el municipio no obra en su representación ni tampoco administra sus recursos.
13. Enfatizó que si bien a las secretarías de educación les corresponde dar
trámite a las solicitudes de pensión que le sean presentadas, lo cierto es que
conforme con el numeral 4 del artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la suscripción del
acto administrativo únicamente puede hacerse previa aprobación por parte de la
sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
14. Afirmó que las pretensiones de la demanda carecen de fundamento legal,
puesto que la condición del pago de la pensión a partir del retiro del servicio se
sustenta en las leyes 91 de 1989; 60 de 1993 y 115 de 1994, así como en el Decreto
196 de 1995.
15. Indicó que la resolución acusada se ajusta a derecho, toda vez que los
docentes vinculados directamente a la planta del municipio se pensionan en virtud
de lo previsto en los Acuerdos 082 de 1959 y 20 de 1985, los cuales no establecen
disposiciones especiales en cuanto a la compatibilidad entre el salario y la pensión.
2.3. Sentencia de primera instancia
16. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, profirió
sentencia el 27 de abril de 2022, a través de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. La providencia
se fundó en los siguientes argumentos7:
17. Definió que el municipio de Medellín carecía de legitimación en la causa por
pasiva, puesto que es al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a
quien le corresponde atender las solicitudes de los docentes afiliados a este,
indistintamente de que el trámite se realice a través de las secretarías de educación.
18. Señaló que, según se probó en el plenario, al accionante le fue reconocida
una pensión efectiva a partir del retiro definitivo del servicio, con sustento en el
artículo 8 de la Ley 71 de 1988, aplicable al caso por tratarse de un maestro
6 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_05001233300020190172(.zip), documento
04ContestacionMunMedellin.
7 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_05001233300020190172(.zip), documento
18SentenciaPrimeraInstancia.
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01722-01 (4175-2022)
Demandante: Horacio Quintero Duque
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Municipio de Medellín
municipal con recursos propios. Sin embargo, precisó que dicha disposición no es
absoluta, en tanto es necesario que se interprete en consonancia con la normativa
que regula el régimen de los educadores —artículos 5 del Decreto 224 de 1972; 19
de la Ley 4 de 1992; 6 de la Ley 60 de 1993—, conforme la cual el disfrute de la
pensión no es incompatible con el ejercicio docente.
19. Añadió que la anterior circunstancia no se limita al tipo de vinculación y, por
ende, el accionante tiene derecho a que su pensión se reconozca y pague a partir
de la fecha en la que adquirió el estatus pensional. En consecuencia, ordenó a la
entidad accionada a pagar a su favor las mesadas pensionales atrasadas, causadas
y no pagadas desde el 6 de septiembre de 2016, hasta que el momento en el que
fue incluido en nómina de pensionados.
20. Por otra parte, en cuanto a la pretensión de reintegro al cargo, el Tribunal
adujo que según se demostró, el 15 de marzo de 2017, el demandante presentó su
renuncia con efectos a partir del 3 de abril del mismo año, sin ninguna manifestación
adicional. Esta fue aceptada mediante la Resolución 3322 del 23 de marzo de 2017;
sin embargo, dicho acto administrativo no fue acusado en la demanda de la
referencia, motivo por el cual no procede un pronunciamiento de fondo.
21. Pese a lo expuesto, afirmó que la administración carecía de elementos para
estimar que la manifestación de renuncia del accionante no era un acto libre y
espontáneo; además, aun cuando el acto de reconocimiento pensional condicionó
el pago al retiro del servicio, no existían pruebas suficientes para considerar que la
entidad ejerció algún tipo de presión sobre el docente para obtener su renuncia al
cargo. Esto, teniendo en cuenta también, que el accionante pudo demandar dicho
acto sin presentar la renuncia.
2.4. Recurso de apelación
22. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque parcialmente la decisión, con el fin de que se ordene el reintegro del
accionante a su cargo como docente y el reconocimiento y pago de todos los
salarios, primas, bonificaciones, estímulos y demás prestaciones sociales dejados
de percibir desde el 3 de abril de 2017, fecha en que fue desvinculado del servicio.
Ello, bajo los siguientes argumentos8:
23. Sostuvo que el Tribunal, pese a declarar la nulidad parcial del acto
administrativo que condicionó el pago de la pensión al retiro definitivo del servicio y
ordenar el pago de las mesadas pensionales causadas desde la adquisición del
estatus pensional, negó las pretensiones de reintegro y de pago de emolumentos
laborales, incurriendo así en una incongruencia procesal. Expuso que dicha
8 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_05001233300020190172(.zip), documento
20Apelacion-Dte.
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01722-01 (4175-2022)
Demandante: Horacio Quintero Duque
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
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incongruencia se configura porque el fallo ordena el pago de unas mesadas
pensionales que, en la práctica, ya venían siendo pagadas desde que el
demandante se vio forzado a renunciar para poder acceder a su pensión; de modo
que lo verdaderamente adeudado y no reconocido corresponde a los salarios y
demás emolumentos laborales, que son precisamente los que se reclamaron en la
demanda.
24. Manifestó que las entidades demandadas se extralimitaron en sus funciones
al condicionar el disfrute de la pensión ordinaria de jubilación al retiro del servicio
docente, contrariando una línea jurisprudencial consolidada del Consejo de Estado
según la cual los docentes oficiales no están cobijados por la prohibición de recibir
doble asignación del tesoro público. En particular, mencionó pronunciamientos de
esta corporación en los que se ha reconocido que el artículo 6 de la Ley 60 de 1993,
en concordancia con el artículo 5 del Decreto 224 de 1972 y el artículo 19 de la Ley
4 de 1992, prevén la compatibilidad entre la pensión de jubilación —ordinaria y
gracia— y el salario percibido por el ejercicio de la docencia; excepción que no se
encuentra limitada en el tiempo ni condicionada a la forma de vinculación del
docente.
25. Afirmó que el acto acusado impuso ilegalmente como condición para hacer
efectiva la pensión el retiro definitivo del servicio, lo que privó al demandante de su
libre albedrío y lo obligó a presentar una renuncia que, a su juicio, es constitutiva de
acoso laboral.
26. Señaló que existe una contradicción entre lo decidido en la parte resolutiva
—que ordena el pago de mesadas pensionales que ya se venían sufragando— y
las pretensiones de la demanda, que se dirigían al reconocimiento y pago de los
salarios y demás emolumentos dejados de percibir como consecuencia del retiro
forzado. Invocó jurisprudencia de esta corporación en la que se ha precisado que la
sentencia, en su parte resolutiva, debe contener decisión expresa y clara sobre cada
una de las pretensiones formuladas en la demanda.
27. Alegó que se desconocieron los principios de primacía de la realidad sobre
las formalidades y de progresividad en materia de derechos sociales. Respecto al
primero, sostuvo que no puede olvidarse la situación del demandante, quien fue
obligado a renunciar para poder acceder a su pensión, con lo que se afectaron sus
condiciones laborales. Frente al segundo, argumentó que la decisión de primera
instancia obvió derechos laborales ya consolidados, en contravía del mandato
constitucional que prohíbe adoptar medidas regresivas en materia de derechos
sociales prestacionales sin una justificación constitucionalmente válida.
28. Pidió que se aplique el principio de favorabilidad laboral establecido en el
artículo 53 de la Constitución Política, conforme al cual, en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, debe optarse por la
6
Radicación: 05001-23-33-000-2019-01722-01 (4175-2022)
Demandante: Horacio Quintero Duque
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norma o interpretación más favorable al trabajador. Indicó que dicho principio es de
obligatoria observancia para el juez, quien no puede apartarse de él so pena de
incurrir en una vía de hecho por desconocimiento de derechos fundamentales.
29. Concluyó que tanto las entidades públicas como los jueces están obligados
a aplicar los precedentes reiterados sobre la compatibilidad entre pensión y salario
en materia docente, los cuales, en su criterio, amparan plenamente las pretensiones
de la demanda y debieron conducir al reconocimiento del reintegro y del pago de
los emolumentos reclamados.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
30. Mediante auto se admitió el recurso de apelación presentado por la parte
demandante y se prescindió del traslado para alegar de conclusión, en aplicación
de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron pruebas en segunda
instancia9.
2.6. Ministerio Público
31. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado10 no rindió
concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
32. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado
conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
33. De acuerdo con el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia,
y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en la alzada, corresponde a la Sala definir si:
34. ¿La sentencia de primera instancia es incongruente con las pretensiones de
la demanda?
9 Samai, índice 04, expediente digital, archivo AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx).
10 Samai, índice 07, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01722-01 (4175-2022)
Demandante: Horacio Quintero Duque
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35. ¿El demandante tiene derecho a ser reintegrado al cargo de docente y al
pago de los salarios y las prestaciones dejadas de percibir desde que fue retirado
del servicio, aun cuando no se acusó el acto administrativo que aceptó su renuncia
al cargo? O si, en su lugar, por dicha omisión ¿se configura la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda, en punto a dichas pretensiones?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. De la excepción de inepta demanda
36. La excepción de ineptitud de la demanda, conforme a lo previsto en el
numeral 5 del artículo 100 del Código General del Proceso, en adelante CGP, puede
alegarse únicamente, por la falta de requisitos formales o por indebida acumulación
de pretensiones.
37. Por falta de los requisitos formales: la excepción resulta procedente cuando
la demanda no cumple con los requisitos relativos a su contenido y anexos,
establecidos en los artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA, los cuales determinan
los elementos que debe contener el escrito, la forma de individualizar las
pretensiones y los documentos que deben acompañarlo. Se exceptúan de esta regla
los anexos señalados en los numerales 3 y 4 del artículo 166 ibidem, respecto de
los cuales opera la excepción específica contenida en el numeral 6 del artículo 100
del CGP.
38. No obstante, dichos requisitos pueden ser subsanados en el momento de la
subsanar o reformar de la demanda, como lo disponen los artículos 170 y 173 del
CPACA, en concordancia con el numeral 3 del artículo 101 del CGP o dentro del
término de traslado de la respectiva excepción, con ocasión de la modificación
introducida por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021 al parágrafo segundo del
artículo 175 del CPACA, en armonía con el numeral 1 del artículo 101 del CGP.
39. Por indebida acumulación de pretensiones: Esta excepción prospera por la
inobservancia de los presupuestos normativos contenidos en los artículos 137 y ss.
y 165 del CPACA.
3.4. Hechos probados relevantes
40. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:
41. El señor Horacio Quintero Duque nació el 6 de septiembre de 1959, según
copia de la cédula de ciudadanía11.
11Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_05001233300020190172(.zip), documento
01Cuaderno 1, pág. 37.
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01722-01 (4175-2022)
Demandante: Horacio Quintero Duque
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
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42. A través de la Resolución 02254 del 18 de febrero de 2011, la Secretaría de
Educación de Medellín nombró en calidad de maestro en provisionalidad al
accionante, a partir del 21 de febrero de 2011, para desempeñar funciones en la
Institución Educativa José Horacio Betancur12.
43. Mediante la Resolución 002539 del 6 de marzo de 2017, el municipio de
Medellín reconoció a favor del demandante una pensión de vejez compartida con
Colpensiones, con fundamento en la Ley 100 de 1993, equivalente al 67,5 % del
promedio de los factores salariales sobre los cuales cotizó durante los 10 años
anteriores al reconocimiento de la pensión; «efectiva a partir de la fecha de retiro
del servicio docente». Lo anterior, al encontrar probado que13:
• Acreditó 1.320 días cotizados a Colpensiones, entre el 1 de octubre de 1996
y el 30 de noviembre de 2011—interrumpidamente—.
• Demostró 8.580 días laborados como educador, «al Fomag», entre el 20 de
febrero de 1978 y el 6 de septiembre de 2016 —interrumpidamente—.
44. El 15 de marzo de 2017, el demandante presentó, ante la Secretaría de
Educación de Medellín, la renuncia irrevocable al cargo de docente, con efectos a
partir del 3 de abril de 201714.
45. Por medio de la Resolución 003322 del 23 de marzo de 2017, el secretario
de educación de Medellín aceptó la renuncia al docente Horacio Quintero Duque en
la planta de personal de la Institución Educativa José Horacio Betancur15.
46. El demandante laboró como profesor al servicio de la Secretaría de
Educación Municipal de Medellín desde el 21 de febrero de 2011 hasta el 3 de abril
de 2017, según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral
emitido por la misma entidad el 29 de enero de 202016.
12 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_05001233300020190172(.zip), documento
01Cuaderno 1, págs. 20 a 22.
13 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_05001233300020190172(.zip), documento
01Cuaderno 1, págs. 23 a 27.
14 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_05001233300020190172(.zip), documento
4.3AntecedentesAdministrativosParte1, pág. 5.
15 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_05001233300020190172(.zip), documento
01Cuaderno 1, págs. 29 a 30.
16 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_05001233300020190172(.zip), documento
4.3AntecedentesAdministrativosParte1, págs. 18 a 20.
9
Radicación: 05001-23-33-000-2019-01722-01 (4175-2022)
Demandante: Horacio Quintero Duque
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Municipio de Medellín
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
3.5.1. De la congruencia de la sentencia de primera instancia
47. La parte demandante, en el recurso de apelación, afirma que la sentencia de
primera instancia es incongruente en la medida en que no es coherente con las
pretensiones del medio de control de la referencia. Sostiene que se ordenó el pago
de unas mesadas pensionales que se sufragaron desde el momento en el que el
accionante se vio forzado a renunciar, de modo que lo verdaderamente adeudado
y no reconocido, en lugar de las mesadas pensionales, corresponde a los salarios
y emolumentos laborales reclamados en la demanda.
48. Así, corresponde a la Sala determinar si la decisión impugnada es congruente
o no respecto a las pretensiones del medio de control de la referencia.
49. En primer lugar, se advierte que de conformidad con los artículos 280 y
siguientes del CGP17 y el artículo 187 del CPACA18, la sentencia que decide el
proceso debe contener una motivación breve y precisa de las razones
constitucionales, legales y doctrinales necesarias, realizando un examen riguroso
de las pruebas aportadas con la explicación de las conclusiones que sobre ellas se
hagan. Para el caso de las sentencias proferidas por la Jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativo, a efectos de restablecer el derecho particular
17 Artículo 280. Contenido de la sentencia. La motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de
las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales,
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos
con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la
conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella.
La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula “administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley”; deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la
demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y
sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código.
Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda y su contestación.
Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda
ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual
verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo
de oficio.
[…].
18 Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve
resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales,
de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con
brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.
[…].
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vulnerado o violado, se podrán adoptar disposiciones nuevas en reemplazo de las
acusadas, o modificarlas o reformarlas.
50. Asimismo, la decisión deberá proferirse de acuerdo con los hechos y las
pretensiones contenidas en la demanda, además de las excepciones que resulten
probadas en el trámite judicial. Por tales razones no puede condenarse al
demandado por un objeto diferente al solicitado, ni por causa distinta a la invocada.
51. Sobre el tema se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia T-455 de
2016, en la que destacó que el principio de congruencia «se traduce en una garantía
del debido proceso para las partes, puesto que garantiza que el juez sólo se
pronunciará respecto de lo discutido y no fallará ni extra petita, ni ultra petita, porque
en todo caso, la decisión se tomará de acuerdo con las pretensiones y excepciones
probadas a lo largo del desarrollo del proceso. Esto, además, garantiza el derecho
a la defensa de las partes, puesto durante el debate podrán ejercer los mecanismos
que la ley ha establecido para ello en los términos adecuados»19.
52. Descendiendo al asunto en concreto, revisado el escrito de subsanación de
la demanda20, se tiene que la parte accionante solicitó lo siguiente: (1) que se
declare la nulidad parcial de la Resolución 002539 del 6 de marzo de 2017,
mediante la cual se reconoció al demandante una pensión de vejez, efectiva a partir
del retiro del servicio; se ordene (2) el reintegro del accionante al cargo como
docente; (3) la compatibilidad entre el salario y la mesada pensional y, a su vez, el
(4) reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir
desde el retiro del servicio —3 de abril de 2017—.
53. Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia en la
sentencia apelada declaró la nulidad parcial del acto acusado, al considerar que el
demandante tiene derecho a que su pensión se pague a partir de la fecha de
adquisición del estatus pensional, toda vez que el disfrute de la pensión es
compatible con el ejercicio de la docencia oficial. En consecuencia, ordenó a la
entidad accionada reconocer y pagar a favor del señor Horacio Quintero Duque las
mesadas pensionales causadas a partir de la consolidación del estatus pensional
—6 de septiembre de 2016—, hasta el momento en que fue incluido en nómina de
pensionados.
54. Lo anterior evidencia que el juez de primera instancia resolvió la pretensión
de nulidad del acto demandado y habiendo reconocido, como lo solicitó el
accionante, que la pensión es compatible con el salario docente, accedió al pago de
las mesadas dejadas de percibir desde el 6 de septiembre de 2016 —fecha del
estatus pensional— y hasta el momento en que se hubiese incluido en nómina de
19 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
20Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_05001233300020190172(.zip), documento
01Cuaderno 1, págs. 40 a 43.
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pensionados. Así, se advierte que las pretensiones —1 y 3 relacionadas en párrafos
atrás—, fueron resueltas.
55. Por otra parte, respecto a las dos súplicas adicionales de la demanda —2 y
4 referidas en párrafos anteriores—, esto es, la solicitud de reintegro al servicio y el
pago de los salarios dejados de devengar desde el retiro, se tiene que fueron
negadas. Al respecto, el Tribunal señaló que no podía realizarse ningún análisis de
fondo sobre el particular, toda vez que el acto administrativo que retiró del servicio
al accionante no fue acusado. No obstante, adujo que, según se probó, el
demandante renunció de manera libre y espontánea a su cargo como docente en
provisionalidad, razón por la cual el municipio de Medellín le aceptó la renuncia, sin
que se hubiese acreditado algún tipo de presión.
56. Lo expuesto evidencia que el juez de primera instancia estudió y resolvió el
medio de control de manera coherente con la solicitud de nulidad del acto
administrativo y lo solicitado a título de restablecimiento del derecho.
57. Sobre el particular, la Sala precisa que, dada la declaratoria de nulidad parcial
del acto acusado, el Tribunal condenó al pago de las mesadas correspondientes
desde la consolidación del estatus pensional; lo que demuestra que la autoridad
judicial le dio la razón al demandante en cuanto al derecho a la compatibilidad entre
la pensión y la prestación del servicio docente. Sin embargo, en lo relativo al retiro
del servicio, se despacharon desfavorablemente las pretensiones de la demanda.
58. En punto, se aclara que la condena al pago de las mesadas pensionales
deriva de la nulidad del acto acusado, que precisamente reconoció una pensión a
favor del accionante. Cosa distinta ocurre con los salarios dejados de recibir que
también se solicitaron con la demanda y que se reclaman en la apelación, en tanto
corresponden a las asignaciones que mensualmente el accionante no recibió por
haber sido retirado del servicio a través de la Resolución 003322 del 23 de marzo
de 2017; acto cuya nulidad no se solicitó y, por consiguiente, no fue objeto de
discusión en el presente asunto.
59. En este orden de ideas, como la consecuencia de la nulidad parcial de la
Resolución 002539 del 6 de marzo de 2017 es que el accionante pueda devengar
de manera simultánea la pensión y el salario docente, correspondía, en tal sentido,
accederse al pago de la pensión desde que adquirió el derecho a esta, conforme se
decidió en la sentencia impugnada.
60. Por ende, se estima que no tiene asidero alguno el argumento del recurrente
en cuanto a que como las mesadas pensionales se pagaron a partir del retiro del
servicio, lo que debía, en su lugar, era ordenarse el pago de los haberes dejados de
recibir. Esto, comoquiera que el pago de salarios y prestaciones derivaría del
estudio de legalidad del retiro del servicio; pretensión que como se vio antes se
negó.
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61. Así las cosas, al no evidenciarse la falta de congruencia endilgada por la
parte accionante, se estima que sus alegaciones no son suficientes para revocar el
fallo de primera instancia.
3.5.2. El derecho al reintegro al cargo y el pago de salarios y prestaciones
dejados de recibir dado el retiro del servicio, en el asunto concreto
62. El señor Horacio Quintero Duque solicita su reintegro al cargo docente y el
pago de los salarios y demás emolumentos dejados de recibir con ocasión del retiro
del servicio. Afirmó que como el acto acusado impuso ilegalmente como condición
para hacer efectiva la pensión de vejez el retiro definitivo del servicio, lo privó de su
libre albedrío y lo obligó forzosamente a presentar la renuncia.
63. En este orden, se definirá si el demandante tiene derecho a ser reintegrado
al cargo de docente y al pago de los salarios y las prestaciones dejadas de percibir
desde que fue retirado del servicio, aun cuando no se acusó el acto administrativo
que aceptó su renuncia al cargo.
64. Sobre el particular, se advierte que el Tribunal negó las pretensiones de
reintegro al cargo y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde
el retiro del servicio. Ello, al considerar que como el acto administrativo que decidió
la desvinculación no se acusó, no podía realizarse un pronunciamiento de fondo.
65. Ahora bien, se advierte que el artículo 138 del CPACA prevé el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos:
Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que
se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo
anterior. […].
66. De conformidad con la definición anterior, cualquier persona que considere
vulnerado un derecho subjetivo estará legitimada para solicitar la nulidad del acto
administrativo correspondiente y, de manera consecuente, reclamar el
restablecimiento de dicho derecho. En esa medida, le corresponde al afectado
acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo para demandar el acto
administrativo que contiene la manifestación de voluntad mediante la cual se creó,
modificó o extinguió su situación jurídica.
67. En ese orden de ideas, las pretensiones de la demanda son las que
determinan el marco decisorio del juez, y su análisis permite establecer el alcance
y los efectos jurídicos que eventualmente se derivarían de la declaratoria de nulidad
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del acto administrativo enjuiciado. Tratándose del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, resulta indispensable identificar con precisión la
actuación que originó la afectación; esto es, debe demandarse el acto administrativo
que produjo la lesión alegada sobre el derecho subjetivo, de modo que dicha
declaratoria pueda traducirse válidamente en un restablecimiento a favor de la parte
demandante21.
68. Cabe destacar que las pretensiones de la demanda no solo delimitan el
ejercicio de la facultad de decisión del juez, sino que, además, deben guardar
estricta congruencia entre la nulidad impetrada y el restablecimiento del derecho
pretendido. De no ser así, se dificulta la adopción de una decisión de fondo. Por
consiguiente, el juez deberá analizar en cada caso concreto si del acto
administrativo demandado se desprende el restablecimiento solicitado. En otros
términos, habrá de examinarse si el acto definitivo de carácter particular que se
cuestiona constituye una declaración de voluntad de la administración orientada a
producir efectos jurídicos, y si a través de ella se creó, modificó o extinguió la
situación subjetiva respecto de la cual se reclama el correspondiente
restablecimiento en sede judicial, por conducto del respectivo medio de control.
69. Ahora bien, el accionante, como se dijo en párrafos precedentes, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad
parcial de la Resolución 002539 del 6 de marzo de 2017, por medio de la cual se le
reconoció una pensión de vejez, efectiva a partir del retiro del servicio. Y, de acuerdo
con el recurso de apelación, a título de restablecimiento, pide que se ordene el
reintegro del accionante al cargo como docente y el reconocimiento y pago de los
salarios y prestaciones dejadas de recibir desde el retiro del servicio.
70. Así, se destaca que el demandante pretende ser reintegrado al cargo docente
y obtener el pago de los emolumentos dejados de percibir desde que fue
desvinculado del servicio, dada la declaratoria de nulidad parcial del acto
administrativo que le reconoció la pensión de vejez a partir del retiro del cargo.
71. En este punto, se precisa que, tratándose del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, es importante identificar y acusar el acto
administrativo que produjo la afectación del derecho respecto del cual pueda pedirse
el correspondiente restablecimiento en sede judicial, con el fin de concretar la órbita
de decisión del asunto.
72. Aclarado esto, en el caso concreto, se considera que la actuación que produjo
el retiro del servicio del accionante, del cual se depreca, a su vez, el reintegro y el
pago de los salarios y prestaciones con ocasión de la desvinculación, fue
precisamente la decisión de la administración de aceptar la renuncia al cargo de
21 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 28 de julio de 2020, exp. 25000-
23-42-000-2018-01939-01 (4767-2019), M.P. William Hernández Gómez.
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docente presentada por el señor Horacio Quintero Duque, la cual conforme se
probó, se encuentra contenida en la Resolución 003322 del 23 de marzo de 2017,
emitida por el secretario de educación de Medellín.
73. Dicha decisión fue la que produjo la terminación de la relación laboral entre
el demandante y la secretaría de educación de Medellín y, en consecuencia, el cese
del pago de los salarios y de las prestaciones sociales que acá se reclaman. Sin
embargo, dicho acto administrativo no se acusó.
74. Vale la pena aclarar que la resolución que le otorgó al accionante la pensión
con efectos desde el retiro del servicio, tuvo como consecuencia el reconocimiento
de esta prestación, más no adoptó alguna determinación sobre la continuidad o no
del demandante en el magisterio, no le impuso ni ordenó que debiera renunciar al
cargo, dicho de otro modo, no se ocupó en forma alguna sobre la vinculación laboral
del demandante, de manera tal que no puede considerarse que es la decisión que
terminó su relación legal y reglamentaria y, por ende, la que le causó la pérdida de
los derechos y prestaciones laborales que reclama en esta oportunidad.
75. En este orden de ideas, teniendo en cuenta que la parte accionante no solicitó
la nulidad del acto que aceptó la renuncia, que sí tuvo incidencia en cuanto a la
duración del vínculo laboral, pues a partir de él dejó de ejercer la labor docente y
percibir los salarios y prestaciones cuyo pago a título de restablecimiento del
derecho solicita, sino la de aquel por medio de la cual se reconoció una pensión de
vejez a su favor —Resolución 002539 del 6 de marzo de 2017—, se estima que en
el asunto en concreto se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda frente a las pretensiones de reintegro y pago de salarios, y prestaciones
sociales dejadas de percibir por el retiro del servicio. Ello, al evidenciarse la indebida
individualización de la decisión que negó las acreencias reclamadas—artículo 163
del CPACA—.
76. Así las cosas, dado que no se demandó el acto administrativo que generó la
lesión alegada, no se encuentra razón alguna, en los términos expuestos por la
parte demandante, para revocar la sentencia apelada. No obstante, se modificará
el numeral primero de esta, para también declarar probada de oficio la excepción
de ineptitud sustantiva de la demanda respecto a las pretensiones de reintegro y
pago de salarios, y prestaciones sociales dejadas de percibir dado el retiro del
servicio.
77. Por último, se precisa que el asunto se decidió siguiendo las reglas propias
de los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho establecidas en el CPACA
y a partir del análisis de las pretensiones de la demanda, que no se dirigieron contra
la decisión en virtud de la cual se terminó el vínculo laboral del demandante, por lo
que alrededor de ella no se desarrolló el juicio de validez, circunstancias
estrechamente relacionadas con la garantía del derecho al debido proceso y con las
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cargas mínimas que deben cumplir quienes acuden a la jurisdicción, cuyo
cumplimiento y exigencia no puede calificarse per se contrarias a los principios de
primacía de la realidad sobre las formalidades, progresividad en materia de
derechos sociales y favorabilidad, contrario a lo alegado por el recurrente, en la
medida que a partir de las anteriores garantías no resulta válido que el juicio de
legalidad sobre el acto de reconocimiento de la pensión del demandante, se
extienda a la decisión que terminó el vínculo laboral, que se insiste, no fue
demandada en los términos de la Ley 1437 de 2011.
78. En este orden, se advierte que hubo congruencia entre lo pretendido en la
demanda y lo resuelto en la sentencia de primera instancia y se definió que del
análisis de legalidad del acto acusado no se derivaba la presunta afectación de los
derechos e intereses respecto de los cuales se solicitó el restablecimiento,
concerniente al reintegro y pago de salarios y prestaciones sociales.
3.6. Conclusión de la decisión
79. Revisada la sentencia de primera instancia, se estima que es congruente con
las pretensiones de la demanda. Ello, en tanto se resolvieron cada una de las
peticiones formuladas por el accionante; distinto es que no se accediera al
restablecimiento del derecho en los términos en los que este lo consideraba debía
hacerse.
80. No obstante, se declarará probada la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda frente a las pretensiones de reintegro y pago de salarios, y prestaciones
sociales dejadas de percibir dado el retiro del servicio, toda vez que, conforme se
probó, el demandante no acusó el acto administrativo que produjo el retiro, del cual
se derivarían las pretensiones en mención.
81. Así las cosas, se confirmará parcialmente el fallo impugnado, en tanto se
modificará el numeral primero de este, para también declarar probada de oficio la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda respecto a las pretensiones de
reintegro y pago de salarios, y prestaciones sociales dejadas de percibir dado el
retiro del servicio.
3.7. Costas
82. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 22 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
22 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben
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decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 27 de abril de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, mediante la cual
se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Modificar el numeral primero de la sentencia impugnada, el cual quedará
así:
PRIMERO. Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el municipio de Medellín y de oficio la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda respecto a las pretensiones
de reintegro y pago de salarios, y prestaciones sociales dejadas de percibir
por el señor Horacio Quintero Duque, dado el retiro del servicio, de
conformidad con las consideraciones antes expuestas.
Tercero. Sin condena en costas en las dos instancias.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de
abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01722-01 (4175-2022)
Demandante: Horacio Quintero Duque
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Municipio de Medellín
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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