Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01800-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01800-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-01800-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001-23-33-000-2019-01800-01(3645-2023)
Demandante: Piedad de la Cruz Echeverri Miranda
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1
Temas: Compatibilidad entre pensión de jubilación y salario docente /
Competencia del Fomag / Condena en costas - Análisis de la
temeridad y mala fe
Sentencia de segunda instancia
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Fomag contra la
sentencia proferida el 19 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta Mixta, por medio de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1. ANTECEDENTES
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2
1. Piedad de la Cruz Echeverri Miranda presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3
en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 201750008736 del 21 de
septiembre de 2017, por medio de la cual se le reconoció una pensión de
jubilación a partir del retiro definitivo del servicio, sin la inclusión de la prima de
servicios y la bonificación docente como factores a tener en cuenta en su
liquidación.
2. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de forma
concurrente con su salario como docente oficial; ii) la inclusión de la prima de
1 En adelante Fomag.
2 Ver índice 2 de Samai. Documento «ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2», archivo digital
01.CuadernoPrincipal.
3 En adelante CPACA.
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servicios y la bonificación en la liquidación de su mesada pensional; iii) el pago
de las mesadas retroactivas a partir de 23 de abril de 2017; iv) la indexación de
las sumas adeudadas; y v) la condena en costas.
1.1.1. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. El 3 de enero de 2003 cumplió los 55 años de edad. Se vinculó al servicio
oficial docente territorial a partir del 3 de marzo de 1997, encontrándose activa.
3.2. Con la Resolución 201750008736 del 21 de septiembre de 2017, la Secretaría
de Educación de Medellín le reconoció y ordenó el pago de una pensión de
jubilación al adquirir el estatus pensional el 23 de abril de 2017, pero condicionó
su pago al retiro definitivo del servicio. En la liquidación se omitió la inclusión de
la prima de servicios y la bonificación docente.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
4. Como disposiciones violadas citó los artículos 15.2 de la Ley 91 de 1989; 10 y
12 de la Ley 4ª de 1992; leyes 60 y 100 de 1993; 32 de la Ley 136 de 1994 y Ley
344 de 1994; decretos ley 2285 de 1955 y 224 de 1972; 1 y 5 del Decreto 1919 de
2002; y decretos 1545 de 2013, 123 de 2016, 983 de 2017 y 322 de 2018.
5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos 4:
5.1. El acto administrativo acusado está parcialmente viciado de nulidad, por
cuanto la entidad demandada desconoció los preceptos legales y
jurisprudenciales que regulan el reconocimiento y pago de las pensiones en favor
de los docentes oficiales, toda vez que no se le permitió el disfrute, pese a los
términos establecidos para ello.
5.2. El numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que «[p]ara los
docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para
aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los
requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del
salario mensual promedio del último año».
5.3. Así, pese a la disparidad de criterios existentes en el Consejo de Estado,
Sección Segunda, respecto de los factores salariales a tener en cuenta en la
liquidación de las pensiones, en sentencia del 4 de agosto de 20105 concluyó
que, la Ley 33 de 1985 no los estableció de forma taxativa sino enunciativa, por
lo que era procedente la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de servicio.
5.4. Si bien la Constitución Política6 dispuso que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
4 Ver índice 2 de Samai. Documento «5ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2», archivo
digital 01DemandayAnexos.pdf (pag. 7).
5 Expediente 25000-23-25-000206-07509-01.
6 Artículo 128.
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mayoritaria el Estado», excepcionó de ello, «a los casos expresamente determinados
por la ley», por lo que el derecho a la compatibilidad entre la pensión y el sueldo
de los docentes oficiales reconocido a través de los decretos ley 2285 de 1955 y
224 de 1972 no se afectó.
5.5. Derecho avalado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, a través de
reiterados pronunciamientos7.
1.2. Contestación de la demanda
6. La entidad demandada la contestó de forma extemporánea8.
1.3. Sentencia de primera instancia9
7. El 19 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta
declaró la nulidad de la expresión «a partir de la fecha de retiro» contenida en el
acto acusado y ordenó al Fomag a que:
«[…] mediante acto administrativo reconozca y pague la pensión de jubilación a favor
de la demandante, a partir de la fecha en que la que adquirió el estatus de pensionada,
es decir, el 23 de abril de 2017.
Así mismo, […], pagar a favor de la demandante, el retroactivo de las mesadas
pensionales adeudadas, con los respectivos ajustes anuales, desde que adquirió el
estatus de pensionada el 23 de abril de 2017, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente sentencia.
8. Así mismo, negó las demás pretensiones de la demanda y condenó en costas
al Fomag. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales
y jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:
8.1. De acuerdo con lo dispuesto «en ley 224 de 1972, el decreto 2277 de 1979 y el
artículo 6 de la ley 60 de 1993, en principio, el derecho a gozar de la pensión de jubilación
era compatible con el ejercicio de cargos en el servicio educativo estatal, por lo cual era
posible que un docente disfrutara la prestación mientras continuaba vinculado al cargo;
sin embargo, a partir de la entrada en vigencia del decreto 1278 de 2002, es decir, el 19
de junio de 2002, ambas situaciones dejaron de ser compatibles. En este orden de ideas,
la compatibilidad entre el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal y el goce de
la pensión de jubilación dependerá de la fecha de vinculación al cargo» (sic),
8.2. La demandante ingresó al servicio el 3 de marzo de 1997, esto es, previo a la
entrada en vigor del Decreto 1278 de 2002, por lo que le era compatible el
derecho a disfrutar de la pensión de jubilación y el ejercicio de la docencia oficial
de conformidad con los artículos 5 de la Ley 224 de 1972, 128 de la Constitución
Política y 19 de la Ley 4ª de 1992, entre otros, tal como lo ha señalado el Consejo
de Estado, Sección Segunda, en reiterados pronunciamientos10.
7 Sentencias del 24 de octubre de 2012, expediente 05001-23-31-000-2006-03475-01; 1.° de
agosto de 2018, expediente 05001-23-33-000-2014-00357-01, entre otras.
8 Ver índice 2 de Samai. Documento «ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2», archivo digital 13.
Sentencia (pág. 4).
9 Ibídem.
10 Sentencias del 22 de noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000-2004-02695-01(0133-
10); 24 de octubre de 2018, expediente 0249-11; 1.° de marzo de 2018, expediente 20001 23 39
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8.3. En cuanto a la pretensión de inclusión de la totalidad de los factores
devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, no le
asiste el derecho a la demandante de conformidad «con la regla establecida por el
Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril
de 2019, sólo serán factores salariales a tener en cuenta en el cálculo de la pensión,
aquellos que hayan servido como cálculo de los aportes, por disposición expresa de la
ley 62 de 1985» (sic).
8.4. En razón a que el recurso de apelación se presentó y sustentó11 previo a la
modificación traída por la Ley 2080 de 2021 en materia de costas, procede la
condena de acuerdo con el artículo 188 del CPACA bajo un criterio objetivo, en
razón a que se accedió a las pretensiones de la demanda.
1.4. Recurso de apelación12
9. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag solicitó la revocatoria de
la sentencia condenatoria con los siguientes argumentos:
9.1. El trámite de las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales en
favor de docentes oficiales es una actuación compleja que involucra, también, al
ente territorial al que ha pertenecido, el cual debe elaborar y remitir el respectivo
proyecto de acto administrativo (Decreto 2831 de 2005).
9.2. Pese a las obligaciones legalmente establecidas, la Secretaría de Educación
de Medellín no fue vinculada el asunto bajo estudio, lo cual contrarió lo dispuesto
en el artículo 61 del Código General del Proceso13. Entidad que profirió el acto
acusado, por lo que el Fomag se encuentra ante la «imposibilidad material de
cumplir la orden impartida por el juez de primera instancia» (sic).
9.3. Tal como se señaló en la sentencia de unificación CE-SUJ-014-19 del 25 de
abril de 201914, desde la Ley 812 de 2003, se distinguió entre los docentes
vinculados al servicio de educación oficial antes de su entrada en vigor (26 de
junio de 2003), y aquellos que lo hicieron a partir de ese momento,
manteniéndoseles a los primeros, el régimen de pensión ordinario de jubilación
previsto en la Ley 33 de 1985, cuyos factores a tener en cuenta serían los
enlistados en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985.
9.4. Desde la Ley 4ª de 1992 se dispuso que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que
provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado»15, salvo, entre otros, «[l]as que a la fecha de entrar en vigencia
la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados».
000 201500167 01 (1629-16); 28 de marzo de 2019, expediente 20001-23-39-000-2014-00375-
01.
11 Error de digitación presentado en la sentencia apelada, pues fue proferida en sede de primera
instancia.
12 Ver índice 2 de Samai. Documento «ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2», archivo digital 14.1
APELACION PIEDAD DE LA CRUZ ECHEVERRI MIRANDA PENSAL.
13 En adelante CGP.
14 Consejo de Estada, Sección Segunda, expediente 68001-23-33-0002015-00569-01(0935-17).
15 Artículo 19.
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9.5. El artículo 19 de la Ley 344 de 1996 dispuso: «[s]in perjuicio de lo estipulado en
las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor público que adquiera el
derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o
continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. […] La
asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse producido la
terminación de sus servicios en dichas instituciones».
9.6. «[D]esde la expedición del acto legislativo 01 del 2005, en la que es CLARO que
los docentes no disfrutan de un régimen especial en materia pensional, sino que
se someten a las disposiciones que regían la materia pensional con vigencia para el
universo de los demás servidores públicos de régimen común, por lo cual en su respecto
cabía la exigencia que aún hoy se incluye, como en el asunto debatido que se precisa al
rubro, atinente a que para entrar a disfrutar de la pensión derecho, deben acreditar el
retiro del servicio, a riesgo de encontrarse incursos en la prohibición de estirpe
constitucional» (sic).
9.7. «[N]i la Ley 91 de 1989 ni la Ley 60 de 1993 ni la Ley 115 de 1994, habían
establecido, antes de la expedición de la Ley 344 de 1996, el derecho en favor de los
docentes a disfrutar simultáneamente de la mesada pensional y del sueldo por el
ejercicio del cargo. La única previsión en tal sentido que es posible deducir de la Ley 91
de 1989 es la atinente a la compatibilidad del disfrute de la “pensión gracia” y del sueldo».
Además, el Decreto 224 de 1972 cobijó a los docentes nacionales, nunca a los
territoriales, al referir a aquellos «dependientes del Ministerio de Educación
Nacional»16.
9.8. El a quo desconoció el verbo rector «dispondrá» del artículo 188 del CPACA,
lo cual no impone de manera automática una condena en costas, la cual no se
rige por un criterio objetivo, «sino que exige por parte del operador jurídico una
valoración subjetiva».
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA en cuanto no fue
necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar 17.
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio1819.
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa - Sobre la ausencia de vinculación de la Secretaría de
Educación de Medellín y la no responsabilidad del Fomag en el asunto
12. De acuerdo con los argumentos traídos en el escrito de apelación, la
Fiduprevisora SA consideró que no es el llamado a responder por la condena
16 Artículo 2.°, literal a).
17 Tal y como se indicó en el auto del 4 de marzo de 2024. Índice 10 de Samai.
18 Así se desprende del informe secretarial del 26 de abril de 2024. Índice 14 de Samai.
19 Si bien el expediente ingresó para fallo al despacho en una primera oportunidad, lo cierto es
que con ocasión de una trámite adicional requerido por las partes, ingresó nuevamente para ello
el 3 de septiembre de 2025.
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impuesta, sino la Secretaría de Educación de Medellín, la cual no fue vinculada al
proceso.
13. En atención a lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA 20, según el cual le
corresponde al juez de segunda instancia declarar las excepciones que
encuentre probadas, esta Sala estima necesario realizar las siguientes
precisiones en relación con la competencia de los entes territoriales para
reconocer las prestaciones del personal docente.
14. Al respecto, el artículo 321 de la Ley 91 de 198922 dispuso la creación del Fomag,
como una cuenta especial de la Nación sin personería jurídica, con independencia
patrimonial, contable y estadística, cuyos recursos deberían ser manejados por
una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga
más del 90% del capital.
15. Respecto de los docentes afiliados al Fomag, la norma en cita determinó que los
docentes nacionales y nacionalizados vinculados a la fecha de su promulgación
quedarían automáticamente afiliados a este, asimismo, el personal vinculado con
posterioridad, siempre que cumplieran con los requisitos de afiliación de naturaleza
formal o normativa y económica.
16. El numeral 1 del artículo 5 de la Ley 91 de 1989, en cuanto a la finalidad del
Fomag determinó que se encargaría de realizar el pago de las prestaciones
sociales de sus afiliados; sin embargo, dejó en cabeza de la Nación el
reconocimiento de dichas prestaciones, es decir que el fondo únicamente las
pagaría23.
17. Ahora bien, a propósito de los fondos especiales sin personería jurídica creados
por el legislador para el manejo de recursos públicos, el Consejo de Estado, Sala
de Consulta y Servicio Civil, con ocasión de una consulta elevada por el gobierno
nacional a través del Ministerio de Educación Nacional en el concepto 1423 de
200224 determinó que estos se administran en la forma que establezca la
20 Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará
un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de
los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar
las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida
todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. […]
21 Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta
especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería
jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta,
en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno
Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las
estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente ley y fijará la comisión que,
en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o
variable determinada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del
contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional.
El Fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de
los servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad».
22 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
23 Según el artículo 9 de la Ley 91 de 1989.
24 Consejo de Estado, Sala de Consulta y del Servicio Civil, consulta del 23 de mayo de 2002,
expediente 1423. M.P. César Hoyos Salazar.
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disposición legal que los creó y por regla general «no son un patrimonio autónomo
del organismo o entidad pública al cual están adscritos, por cuanto son una cuenta de
aquel o aquella instituida para cumplir el objetivo específico al cual se destinan los
recursos que ingresen al fondo respectivo; en forma excepcional pueden llegar a
constituir patrimonios autónomos».
18. Posteriormente, el gobierno nacional mediante Decreto 1775 de 1990 25,
reglamentó el funcionamiento del Fomag, para lo cual, en relación con el
reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de los docentes, precisó
que las solicitudes debían ser radicadas ante la oficina de prestaciones sociales
del respectivo fondo educativo regional, el que procedería a realizar el estudio de
la documentación, con el visto bueno de la entidad fiduciaria, para luego expedir
la correspondiente resolución de reconocimiento.
19. No obstante, el artículo 56 de la Ley 962 de 200526 dispuso que las
prestaciones sociales pagaderas por el Fomag serían reconocidas «mediante la
aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual
debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de
reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de
Educación de la entidad territorial», trámite que fue reglamentado por los artículos
2, 3, 4 y 5 del Decreto 2831 de 200527, los cuales establecen lo siguiente:
Artículo 2°. Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de
prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la
dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial
certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o
causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad
fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, implementará
un sistema de radicación único, que registre las solicitudes de reconocimiento de
prestaciones económicas que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en forma simultánea en la respectiva entidad territorial
certificada y en la sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes conocer
electrónicamente el estado de su trámite.
Artículo 3°. Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo con lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de
2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que
pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a
través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la
dependencia que haga sus veces.
Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:
1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con el
reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
25 Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio de que trata la Ley 91 de 1989.
26 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos».
27 «por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7° de la Ley
91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones».
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Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad
fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.
2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos
del Fondo y conforme a los formatos únicos por esta adoptados, certificación de
tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o
causahabiente, de acuerdo con la normatividad vigente.
3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la sociedad
fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la certificación
descrita en el numeral anterior del presente artículo.
4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y
administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones
económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962 de
2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites administrativos
a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley.
5. Remitir, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos administrativos
de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de este, junto con la respectiva
constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres días siguientes a
que estos se encuentren en firme.
Parágrafo 1°. Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean interpuestos
contra las decisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento aquí
establecido y aquellas que modifiquen decisiones que con anterioridad se hayan
adoptado respecto del reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y
penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la
autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin la previa aprobación de la
sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal
Fondo, carecerán de efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo.
Artículo 4°. Trámite de solicitudes. El proyecto de acto administrativo de
reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, o la entidad
que haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta docente
pertenezca o haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que
se encargue del manejo de los recursos del Fondo para su aprobación.
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución,
la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las
razones de su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la respectiva secretaría de
educación.
Artículo 5°. Reconocimiento. Aprobado el proyecto de resolución por la sociedad
fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, deberá ser suscrito por el
secretario de educación del ente territorial certificado y notificado en los términos y
con las formalidades y efectos previstos en la ley.
20. Así las cosas, los actos a través de los cuales se dispone el reconocimiento y
la orden de pago de una prestación social a favor de los afiliados del Fomag, son
actos administrativos complejos, pues para su formación intervienen varias
voluntades jurídicas (secretaría de educación, o la dependencia o entidad que haga
sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta docente
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pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente y la sociedad fiduciaria
encargada del manejo y administración de los recursos de tal fondo).
21. Establecido lo anterior, no hay duda acerca de la legitimación que le asiste al
Fomag en el asunto bajo estudio, como entidad parte del proceso de
reconocimiento y pago de prestaciones sociales en favor de sus afiliados, pues,
en definitiva, es el llamado a pagar el derecho reconocido.
22. Ahora, en cuanto a la ausencia de vinculación de la Secretaría de Educación
de Medellín, si bien hace parte del referido trámite administrativo como se explicó
en precedencia, lo cierto es que su actuación se dirige a la elaboración y
suscripción del acto administrativo correspondiente, esto último, previa
aprobación de la sociedad fiduciaria.
23. En un asunto de contornos similares, la Subsección en sentencia del 21 de
agosto de 202528, en cuanto a la ausencia de vinculación del ente territorial al
asunto, sin que ello fuera requerido por el Fomag, consideró:
«[…] 45. En punto, se aclara que aun cuando situaciones como la indebida o falta de
notificación de los interesados podría dar lugar a la configuración de una causal de
nulidad (artículo 134 del CGP), quien omitió alegar dicha circunstancia como
excepción previa, si tuvo la oportunidad de hacerlo, no puede con posterioridad
proponer la configuración de dicha causal (artículo 135 del CGP, inciso segundo).
Esto ratifica que circunstancias como la manifestada por la parte accionada están
sometidas al principio de preclusión, de manera tal que resulta extemporáneo que en
el caso de autos se pretenda proponer la excepción de falta de integración del
litisconsorte necesario en el recurso de apelación.
46. En todo caso, se advierte que en los eventos en los que se ventilan controversias
sobre las prestaciones sociales de los docentes afiliados al FOMAG, esta Sección ha
decantado que, como en el caso de autos, si bien la entidad territorial es la encargada
de recibir la solicitud de reconocimiento pensional, elaborar el proyecto de acto
administrativo y remitirlo al FOMAG, es este último el encargado de administrar los
recursos del régimen pensional del personal docente; por ende, es el responsable de
realizar el pago en caso de que se profiera una eventual condena17. Así las cosas,
no sería necesaria la vinculación de la secretaría de educación en calidad de
litisconsorte necesario. […]». (sic)
24. En tal sentido, la Sala concluye que la no vinculación del ente territorial en el
asunto bajo estudio no desconoce garantía procesal alguna de cara al pago
pensional en discusión, pues, en definitiva, es el Fomag el llamado a responder.
2.2. Problemas jurídicos
25. Con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de apelación29, el
problema jurídico se contrae a determinar:
25.1. ¿si supeditar el pago de una pensión de jubilación reconocida por el
Fomag al retiro definitivo del servicio, desconoce la compatibilidad entre
aquella y los sueldos generados en el ejercicio de la docencia oficial?
28 Radicado 05001-23-33-000-2020-03338-01 (4643-2023).
29 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece
el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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25.2. ¿si procedíala condena en costas impuesta al Fomag por haber sido
vencido en el proceso?
26. Para resolver la Sala abordará la siguiente temática: (1) marco normativo y
jurisprudencial, (1.1) compatibilidad pensional de los docentes y (1.2) la condena
en costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo; (2) caso concreto;
(3) costas; y (4) conclusión.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Compatibilidad pensional de los docentes
27. Desde 1886 el constituyente estableció la prohibición de percibir más de una
asignación proveniente del tesoro público, en ese sentido la norma constitucional
disponía:
Artículo 64.- Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para
casos especiales determinen las leyes. [Se resalta]
28. Como se advierte de la disposición en cita, el constituyente previó la
posibilidad de que se establecieran excepciones a la prohibición contenida en el
artículo 64, las cuales inicialmente fueron «determinadas» por el presidente de la
República, quien en ejercicio de facultades extraordinarias expidió el Decreto-ley
1317 de 196030, dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que provengan de
establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de profesorado de
tiempo completo31». Esta excepción fue reiterada en artículo 32 del Decreto 1042
de 1978.
29. Asimismo, el legislador extraordinario a través del Decreto 224 de 197232,
incluyó de manera expresa dentro de las mencionadas salvedades, la
compatibilidad entre la pensión y el ejercicio docente, así:
Artículo 5º.- El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la
pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente
apto para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir
sesenta y cinco (65) años de edad. [Se resalta]
30. Posteriormente, con ocasión del cambio de régimen constitucional de 1991,
se mantuvo la mencionada prohibición de recibir simultáneamente más de una
erogación del erario en los siguientes términos:
Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público
ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o
de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de
las descentralizadas.
30 Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el
artículo 64 de la Constitución.
31 Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
32 Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
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31. Ahora bien, la anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador
a través de la Ley 4 de 1992, la cual en su artículo 19 dispuso:
Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las siguientes
asignaciones:
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]. [Se resalta]
32. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban
a los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó33:
«[…] Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya
estaban pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los
docentes pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la
prohibición, no de aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes
pensionados.
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en
vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el
artículo 5º del Decreto 224 de 1972 […]». [se resalta]
33. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al
respecto se destacan las siguientes disposiciones:
33.1. i)
El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del
Sistema Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989,
cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].
33.2. ii) El artículo 6 de la Ley 60 de 199334 precisó que «[…] [e]l régimen prestacional
aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las
plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas
reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de
remuneraciones»; y
33 Sentencia del 6 de marzo de 2003. Radicado: 05001-23-31-000-1995-01799-01 (Radicado
interno: 1577-2001). CP Alejandro Ordóñez Maldonado.
34 Derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
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33.3. iii) El artículo 19 de Ley 344 de 199635 dispuso:
Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115
de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio,
hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán
hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar
solamente después de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas
instituciones.
34. Finalmente, de acuerdo con esta tercera cita normativa, una vez los servidores
públicos adquieran el estatus pensional, cuentan con la posibilidad de optar por
una de las dos opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar
de la pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta
cumplir la edad de retiro forzoso. De esto, es claro que los servidores públicos
podrán disfrutar de la pensión solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio;
sin embargo, nuevamente, de manera expresa el legislador excluyó a los
docentes oficiales, por cuanto dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989,
60 de 199336 y 115 de 1994, disposiciones de las que se desprende la
compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión del ejercicio
docente. En ese sentido, se refirió la Corte Constitucional en sentencia C-584 de
1997:
«[…] No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344
de 1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de
1989, 60 de 1993 y 115 de 1994». [Se resalta]
35. Adicional a lo expuesto, se advierte que en los decretos a través de los cuales
el gobierno nacional37 «modifica la remuneración de los servidores públicos docentes
y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media
y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal», de
manera expresa se reitera la prohibición de desempeñar simultáneamente más
de un empleo público, pero se mantiene la excepción en relación con «las
asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992», lo que permite
evidenciar la vigencia de la compatibilidad entre el salario y la pensión de quienes
desarrollan una labor docente.
3.3.2. La condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo
36. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
35 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden
unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
36 Derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
37 Por ejemplo: decretos 887 de 2023, 284 de 2024 y 596 de 2025.
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público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal.
37. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a
las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
38. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para
dar paso a una aplicación razonable de la norma38.
39. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existen acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.
2.3.2.1. En torno a la temeridad. Del principio de la buena fe y su tratamiento
jurisprudencial
40. La Real Academia de la Lengua Española define la temeridad como un
adjetivo, dicho de una persona excesivamente imprudente que arrostra peligros,
o de una cosa dicha, hecha o pensada sin fundamento, razón o motivo. En igual
sentido, de acuerdo con lo que señala el Diccionario Panhispánico
del Español Jurídico, la temeridad procesal es una «actitud propia del que,
resistiéndose a aceptar una pretensión legítima, abusa de la jurisdicción, ya ejercitando
acciones totalmente infundadas, ya obstaculizando el proceso en el que se promueve de
contrario una acción fundada»39.
41. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que la temeridad se
da en 2 dimensiones: i) cuando se actúa de mala fe40; y ii) cuando se acude a la
administración de justicia de manera desmedida, por iguales hechos, sin una
justificación razonable sobre dicho actuar41.
42. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el
crédito personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma,
la fides hacía referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su
nombre cuando había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había
prometido y entre las partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la
38 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia del 1.° de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación
70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
39 https://dpej.rae.es/lema/temeridad-procesal.
40 Sentencia T-502 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
41 Ver entre otras, sentencias: SU-154 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-986 de
2004 M.P Humberto Sierra Porto, T-410 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas, SU-168 de 2017, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
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fidelidad de la palabra al estar ligado a su propia declaración42.
43. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos43, «[l]a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las
partes interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina
"principio de probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real
Academia de la Lengua Española44, como honradez.
44. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199545, sostuvo que «[l]a
buena fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios
fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de
proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo,
como el derecho a esperar que los demás procedan en al (sic) misma forma».
45. El principio de la buena fe surgió en el Código Civil, en especial, en su artículo
769 que establece:
Artículo 769. Presunción de buena fe. La buena fe se presume, excepto en los casos
en que la ley establece la presunción contraria.
En todos los otros, la mala fe deberá probarse.46
46. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispone que «(s)e
presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una
persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá
probarlo». Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 prevé el principio de
la buena fe como rector de los contratos en las etapas precontractual y
contractual y su ejecución.
47. A su turno, el Código Contencioso Administrativo47 en su artículo 136, numeral
2, establecía que «[l]os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no
habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
48. Actualmente, el desarrollo más importante del principio de la buena fe en
nuestro ordenamiento jurídico se encuentra en el artículo 83 de la Constitución
Política de Colombia, el cual prevé:
Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones
que aquellos adelanten ante éstas.
49. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
42 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
43
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20un
a%20conducta.
44 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
45 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. MP Jorge Arango Mejía.
46 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del
23 de noviembre de 1995. MP Jorge Arango Mejía.
47 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
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gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional en la sentencia T-475 del 29 de julio de 199248 ha sostenido
que el principio de la buena fe es aquel que exige, tanto a las autoridades, como
a los particulares acomodar sus comportamientos y actuaciones a una conducta
honesta y leal, tal y como lo haría una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la
buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia
jurídica y se refiere a la «confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra
dada».
50. En la sentencia C-131 de 200449, en cuanto a la aplicación del principio de la
buena fe, sostuvo:
«[…] El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia
de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada,
a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de
los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte
esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen
el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de
tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos
y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el
sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se
deben los sujetos intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético
de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de
voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que
ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena
fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y
ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico […]». [Se resalta].
51. El artículo 79 del CGP dispuso que se presumirá que ha existido temeridad o
mala fe en los siguientes casos: i) cuando sea manifiesta la carencia de
fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; ii) cuando se aduzcan
calidades inexistentes; iii) cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; iv) cuando se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; v) cuando por cualquier
otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; y vi)
cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas.
52. Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad;
sin embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto,
sino que tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría
constitucional, tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el
desarrollo de la función administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la
economía, entre otros24.
53. De lo expuesto se advierte que para calificar una conducta se debe analizar la
situación particular en cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que
se espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar
que esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese
principio o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso
48 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
49 MP Clara Inés Vargas Hernández.
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concreto, pero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de
cada parte.
54. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que la persona
cuya conducta se analiza actuó en forma deshonesta al momento de reclamar
determinado derecho, es decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe
i) ser previa al pronunciamiento en torno a un derecho; y ii) derivarse de un hecho
concreto en que el beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el
propósito de acceder a ese derecho.
55. Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las
autoridades se presume la buena fe, razón por la cual, cuando se pretenda
acreditar lo contrario, se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal
principio. Para ello, quien lo alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar
una conducta deshonesta que le permitió el acceso a un derecho o beneficio a
efectos de demostrar que actuó con desconocimiento de los postulados de la
buena fe, o dicho en otras palabras, que se incurrió en conductas deshonestas o
fraudulentas, en el trámite de la actuación que, a la postre, conllevó a otra
situación en particular.
56. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda
de lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras
fraudulentas, como la presentación de documentos que no gozan de veracidad,
o que contienen información que no revelan la realidad, indican una actuación
temeraria e intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no
tendría derecho sin ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con, por
ejemplo, la devolución de los dineros recibidos como consecuencia del irregular
reconocimiento de una prestación50.
57. Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso
o apócrifo dentro de una actuación, y que ello desemboque en el reconocimiento
de un derecho, permitiría desvirtuar la presunción de buena fe que gobierna los
actos del peticionario.
2.4. Análisis del caso concreto
2.4.1. Lo probado en el proceso
58. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente :
50 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 1783-01, MP Ana
Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los dineros que
hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala fe con
que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando
la buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor;
por tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a
ellas, debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto
original).».
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58.1. Con Resolución 201750008736 del 21 de septiembre de 201751, la
Secretaría de Educación de Medellín reconoció una pensión de jubilación en
favor de Piedad de la Cruz Echeverri Miranda, de conformidad con la Ley 33 de
1986, en los siguientes términos:
«[…] ARTICULO PRIMERO: Reconocer y pagar a PIEDAD DE LA CRUZ
ECHEVERRI MIRANDA, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.026.954,
una Pensión de Jubilación por valor de $3.903.136 efectiva a partir de la fecha de
retiro del servicio docente, de acuerdo, con la parte motiva de la presente resolución,
por su vinculación como docente Municipal Recursos Propios.
ARTICULO SEGUNDO: Que la "Fiduciaria La Previsora FIDÚPRÉVISQRA S.A, en
calidad de vocera y administradora de los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, descontará las sumas de dinero que sean
ordenadas por Despachos Judiciales, en los porcentajes que éstos determinen en los
términos del artículo 2488 del Codigo Civil en concordancia con los artículos 154, 155
y 156 del C.S.T., modificado por la Ley 11 de 1984 articulo 3 y 4; 95 y 96 del Decreto
Nacional 1848 de 1969; 134 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1073 de 2002,
modificado por el Decreto 994 de 2003".
ARTICULO TERCERO: La pensión reconocida sera con cargo a la entidad obligada
donde el educador hizo los aportes de ley:
ARTICULO CUARTO: El valor reconocido se pagara con cargo a la cuenta del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Entidad Fiduciaria,
previas las deducciones ordenadas por la Ley 91 de 1989, Ley 812 de 2003, Ley 1122
de 2007 y Ley 1250 de 2008. […]». (sic)
58.2. Decisión notificada personalmente a la demandante el 12 de octubre de
201752.
2.4.2. Análisis de la Sala
59. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda, al encontrar consolidado a favor de
Piedad de la Cruz Echeverri Miranda el derecho a la compatibilidad entre la
pensión de jubilación y el salario de origen docente, por lo que declaró la nulidad
parcial del acto acusado en cuanto a la expresión «a partir de la fecha de retiro» y
ordenó el pago de la pensión de jubilación a partir del 23 de abril de 2017, fecha
en la que adquirió el estatus.
60. Así mismo, negó la pretensión relacionada con la inclusión de la prima de
servicios y la bonificación docente como factores a tener en cuenta en la
liquidación de la mesada pensional. Condenó en costas a la entidad demandada.
51 Ver índice 2 de Samai. Documento «ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2», archivo digital
01CuadernoPrincipal (págs. 21 a 23).
52 Ibidem.
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Demandante: Piedad de la Cruz Echeverri Miranda
61. La Fiduprevisora SA solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia
al considerar que, no es procedente la compatibilidad entre la pensión de
jubilación y el sueldo como docente de la demandante, pues, ello contraría la
prohibición constitucional contenida en el artículo 128. La Sala centrará su
estudio en este cargo, comoquiera que de lo manifestado por la recurrente los
factores salariales no fueron objeto de reproche en esta oportunidad
62. En efecto, tal como se analizó en el acápite 2.3.1. de esta providencia, resultan
parcialmente ciertos los argumentos de defensa traídos por la entidad
demandada relacionados con que, «[n]adie podrá desempeñar simultáneamente mas
de un empleo público ni recibir mas de una asignación que provenga del tesoro público,
o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado»,
reiterado en las leyes 4ª de 1992 (art. 19) y 344 de 1996 (art. 19),
63. Sin embargo, omitió referir lo pertinente a las salvedades establecidas por el
constituyente y el legislador respecto de «aquellos casos expresamente
determinados por la ley», y más, en tratándose de «los servidores oficiales docentes
pensionados».
64. Ahora, contrario a su interpretación, de las leyes 91 de 1989, 60 de 199353 y
115 de 1994, sí se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente, tal como se explicó de manera
detallada en esta providencia (ver párrafos 32, 33 y 34).
65. En tal sentido, a través del Decreto 224 de 1972, se dispuso que «[e]l ejercicio
de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y
cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente, pero se
decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad»54.
66. En este punto, se recuerda que, si bien mediante Decreto Ley 1278 de 200255,
en su artículo 45 se estableció la incompatibilidad del ejercicio de cargos del
sector educativo, entre otros, con «[e]l goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia
o similares», lo cierto es que, en sentencia C-1157 de 200356, la Corte
Constitucional declaró su inexequibilidad al considerar que «fue […] expedido
excediendo las facultades que le fueron otorgadas al Gobierno».
67. Así, contrario a lo expuesto por el juez de instancia, la fecha de vinculación del
docente al servicio oficial no delimita el derecho a la compatibilidad pensional.
Ello, en tanto consideró que, si su vinculación se «dio después de la entrada en
vigencia del decreto 1278 de 2002, esto es, el 19 de junio de 2002, el docente no podrá
disfrutar de la pensión de jubilación mientras se encuentre ejerciendo un cargo en el
sector educativo estatal, pues ambas situaciones son incompatibles» (sic).
68. Ciertamente el ejercicio de la profesión docente como servicio público a cargo
del Estado tiene un tratamiento especial por parte del legislador, en los términos
previstos en el Decreto Ley 2277 de 197957 y la Ley 115 de 199458, lo que traduce
53 Derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
54 Artículo 5.
55 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
56 MP Eduardo Montealegre Lynett.
57 Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente.
58 Por la cual se expide la Ley General de Educación.
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en que los docentes estén exentos de la prohibición constitucional del artículo
128.
69. Sobre este aspecto, la Subsección señala que la prohibición de recibir dos
asignaciones con cargo al tesoro público tiene excepciones, en especial para el
sector docente, que de conformidad con las definiciones expresas de ley y dentro
de las salvedades previstas en el Decreto Ley 1278 de 2002, corresponden a la
posibilidad de percibir la pensión gracia59 y la de jubilación, y la compatibilidad de
esta con el salario siempre que el docente no tenga edad de retiro forzoso y
mantenga aptitud mental y física60.
70. Ahora, en cuanto al argumento de que, con ocasión de la expedición del Acto
Legislativo 01 de 2005, los docentes ya no gozan de un régimen especial en
materia pensional y por ello, deben acreditar el retiro del servicio para disfrutar
de la pensión, se precisa que la referida normativa reiteró lo establecido en el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003 respecto del régimen pensional de los docentes
oficiales, sin disponer la derogatoria de las normas que les reconoció el derecho
a la compatibilidad entre el salario y la pensión de jubilación.
71. Tan es así, que el derecho se reconoció a favor de quienes prestan sus
servicios como maestros oficiales, es decir, debido a la actividad docente y no
con ocasión de un régimen prestacional determinado.
72. De acuerdo con lo expuesto, es claro que a Piedad de la Cruz Echeverri
Miranda le resultaba compatible el pago de la pensión de jubilación reconocida
mediante Resolución 201750008736 del 21 de septiembre de 2017 y el ejercicio
del servicio docente oficial, por lo que no había lugar a condicionar su disfrute
hasta tanto se retirara del servicio. Así, es afirmativa la respuesta al primer
problema jurídico planteado.
73. En consecuencia, la Sala confirmará la decisión del a quo de declarar la
nulidad de la expresión «a partir de la fecha de retiro» contenida en el acto acusado
y ordenar al Fomag el pago de la pensión a partir del 23 de abril de 2017, fecha
en que adquirió el estatus de pensionada.
74. Por otra parte, se formuló cargo de apelación contra la condena en costas
impuestas al Fomag, la cual el tribunal de instancia sustentó así:
«[…] Para la fecha de emisión de esta sentencia se halla vigente, en materia de
costas, la modificación introducida a la ley 1437 de 2011 por la ley 2080 de 2021, no
obstante, para la fecha de interposición y sustentación del recurso de apelación aún
no había entrado dicha modificación, razón por la cual se decidirá con base en lo
dispuesto por la norma vigente en aquélla.
Sobre la condena en costas, el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que “Salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
El Código de Procedimiento Civil fue derogado por el Código General del Proceso, de
59 Ley 114 de 1913.
60 Decreto 224 de 1972.
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esta forma se debe entender que la remisión que hace el CPACA, es a la normativa
procesal vigente y, particularmente, a su artículo 365 que es del siguiente tenor literal
(se transcribe textual, como aparece en la norma en cita):
[…]
En relación con la liquidación de las agencias en derecho, el artículo 366 del Código
General del Proceso estipula (se transcribe textual, como aparece en la norma en
cita):
[…]
Ahora bien, teniendo en cuenta que se accederá a las pretensiones de la demanda,
la Sala condenará en constas a la parte demandada, debido a que las disposiciones
en cita consagran un supuesto objetivo por imponer su condena, esto es, que están
a cargo de la parte vencida. […]». (sic)
75. En efecto, el a quo acudió a un criterio objetivo valorativo para condenarla, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 365 del CGP. De la lectura de la norma se
observa que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las costas
del proceso, están relacionadas con el hecho de que una de las partes resultare
vencida en el juicio, sin que para tal efecto indique la necesidad de verificar la
temeridad o mala fe.
76. Sin embargo, tal conclusión se deriva de una lectura aislada del artículo 188
del CPACA, pues el enunciado deóntico dispondrá que establece que la norma
puede asimilarse a decidirá, lo que no necesariamente implica concluir un criterio
eminentemente objetivo y que suprima el subjetivo valorativo, con base en el cual
es necesario analizar la conducta de las partes al interior del proceso.
77. Sobre el particular, esta Subsección ha señalado que el vocablo disponer,
tiene una segunda acepción en el diccionario de la Real Academia Española que
significa: «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse», lo que implica
que el aludido enunciado según el cual «la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas», el cual no presupone su causación per se contra la parte que pierda el
litigio, sino que exige un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el
arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de
la norma61.
78. Asimismo, cuando la norma señala que la liquidación y ejecución se regirá por
las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código GGP) no implica que
deba atenderse a las reglas allí señaladas para los eventos en que procede la
condena en costas, sino que, en caso de acreditar su causación, la liquidación y
ejecución seguirá esas disposiciones. A efectos de una mayor comprensión del
argumento expuesto, a continuación, se transcribe la norma aludida:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando
61 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1.° de diciembre de 2016,
radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014) M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal.
79. De lo anterior se advierte que la remisión a las normas del procedimiento civil
está precedida de una coma, que permite entender que toda sentencia debe
emitir un pronunciamiento sobre la condena en costas y que solo en caso de
encontrar acreditada su causación para efectos de su liquidación y ejecución
debe acudirse al CGP.
80. Ahora bien, la adición de la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 del CPACA
refuerza el argumento relativo a la necesidad de analizar la conducta de las
partes, pues deja en evidencia que debe evaluarse si la demanda se presentó
con manifiesta carencia de fundamento legal, es decir, aun cuando el
demandante haya sido vencido en el proceso y no se haya advertido una
conducta temeraria o de mala fe que implique ser condenado en costas, esta
procederá si se observa que no tenía fundamento legal.
81. De esta manera, está claro que el legislador no pretendió imponer al juez la
necesidad de condenar en costas cuando una las partes fuera vencida, sino la
de pronunciarse sobre esas costas, sobre la base de un juicio subjetivo valorativo.
82. Este juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las
diferentes etapas del procedimiento62. Al respecto, esta corporación ha acudido
a los criterios señalados en el artículo 79 del CGP a efectos de establecer los
eventos en los que se puede concluir que se ha actuado con temeridad o mala
fe, esto es cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se
aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se
utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con
propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica
de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se
hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas.
83. De acuerdo con lo expuesto, frente a la condena de las costas el juez debe
realizar un análisis subjetivo valorativo, en tanto para decidir si condena es
necesario que i) revise la conducta de las partes en el proceso; y ii) en el
expediente, identifique si las referidas costas se causaron.
84. Distinto es que, luego de concluir que hay lugar a condenar en costas, la
cuantía de la condena se fije en atención a lo dispuesto en el CGP y a la posición
de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador,
el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de
escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación
procesal (Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, modificado por el Acuerdo PSAA13-9943 de 2013).
85. En este sentido, la condena en costas no procede automáticamente por el solo
hecho de que una de las partes resulte vencida en el proceso. El juez debe emitir
62 Ibidem.
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siempre un pronunciamiento sobre ellas, pero su imposición requiere un análisis
subjetivo valorativo de la conducta procesal de aquellas, con verificación de si
hubo temeridad, mala fe o manifiesta carencia de fundamento legal.
86. En el caso concreto, el a quo no realizó el análisis subjetivo valorativo en torno
a la conducta procesal de las partes para determinar si existieron actuaciones
temerarias, de mala fe o con manifiesta carencia de fundamento legal que
justificaran la imposición de costas. La condena impuesta, por tanto, constituye
una medida arbitraria y discrecional, máxime cuando la entidad demandada pese
a contestar la demanda, lo hizo de forma extemporánea, por lo que limitó su
intervención en el proceso a la interposición del recurso de apelación, sin que del
expediente se adviertan comportamientos orientados a entorpecer o dilatar el
trámite.
87. En consecuencia, como esta Sala no evidenció que, en primera instancia, la
demandada hubiese actuado de forma temeraria o con mala fe, ni se advirtió
conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal63, que
habilitara la condena en costas, se revocará aquella impuesta por el a quo, por
no haberse efectuado el análisis aquí expuesto. En estos términos, la respuesta
al segundo problema jurídico planteado es negativa.
2.5. Costas en segunda instancia
88. En esta instancia, como no se evidenció que la parte vencida actuase
con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
2.6. Conclusión
89. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que Piedad de la Cruz Echeverri
Miranda acreditó la ilegalidad de la expresión «a partir de la fecha de retiro»
contenida en el acto acusado, al desconocer la normativa y jurisprudencia
aplicable en materia de compatibilidad entre la pensión de jubilación reconocida
y el sueldo proveniente del ejercicio de la labor docente oficial.
90. Así mismo, que el Fomag no actuó en forma temeraria, ni con
desconocimiento de los postulados de la buena fe, razón por la cual no procedía
la condena impuesta por el a quo.
91. En consecuencia, se confirmará parcialmente la sentencia proferida el 19 de
julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta por
medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, salvo
el ordinal cuarto, el cual se revocará.
63 Como si se advirtió en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14
de noviembre de 2024, radicado: 11001-03-25-000-2018-00247-00 (0953-2018), MP Jorge
Edison Portocarrero Banguera. En ese asunto, se consideró: «[…] para la Sala debe imponerse
condena en costas a la accionante en atención a la conducta que desplegó en la actuación
judicial, pues promovió el presente recurso con el argumento de que era “la verdadera compañera
permanente del causante […]”, aun cuándo en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho declaró que […] eran compañeros permanentes».
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 19 de julio de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, por medio de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Segundo. Revocar el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia proferida el 19 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Quinta Mixta. En su lugar, se dispone no condenar en costas
de primera instancia.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
LXRR
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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