Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-01805-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-01805-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2019-01805-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2019-01805-01 (30350)
Demandante EDATEL S.A. E.S.P.
Demandada DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Temas Cuota de fiscalización. Año 2015. Intereses moratorios.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 16 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Decisión, que decidió1:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda promovida por EDATEL S.A. con Nit. […]
contra el DISTRITO DE MEDELLÍN con Nit. […], de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: SIN COSTAS. […]
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El Consejo Municipal de Política Fiscal de Medellín (COMFIS) profirió la resolución
062 del 18 de septiembre de 2014, con la que determinó el porcentaje del 0.26670%
para el cálculo de la cuota provisional de fiscalización para las entidades
descentralizadas del orden municipal para el año 2015, y ordenó la expedición de
una liquidación provisional de la cuota respectiva para cada una de las entidades.
El COMFIS, mediante resolución 037 del 30 de junio de 2015, estableció el valor de
la cuota de fiscalización definitiva para la vigencia 2015 para cada una de las
entidades señaladas, incluyendo a EDATEL S.A. E.S.P. (en adelante EDATEL), la cual
fue comunicada a EDATEL con acto 201500352740 del 15 de julio de 2015.
El COMFIS profirió la resolución 48 del 5 de octubre de 2015, por medio de la cual
liquidó la cuota de fiscalización definitiva de EDATEL para el año 2015. Decisión que,
previa interposición de recurso de reconsideración, fue confirmada en su totalidad
en resolución SH17-412 del 9 de agosto de 2016.
EDATEL pagó la cuota por el periodo 2015 en el mes de febrero de 2017.
En resolución 46 del 11 de enero de 2018, el Subsecretario de Ingresos de la
Secretaría de Hacienda de Medellín ordenó cobrar los intereses moratorios
causados con ocasión a la cuota de fiscalización del período 2015, a cargo de la
sociedad, por considerar que hubo un pago extemporáneo de la obligación.
1
Samai de tribunal, índice 29, pág. 12.
1
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-01805-01 (30350)
Demandante: Edatel S.A. E.S.P.
Previa interposición del recurso de reconsideración, el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín confirmó la decisión, en resolución SH15-012
del 5 de marzo de 2019.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones en el escrito de la demanda2:
3.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
3.1.1. Resolución No. 46 del 11 de enero de 2018, por medio de la cual el municipio de
Medellín fija el debido cobrar de los intereses moratorios por concepto de la Cuota de
Fiscalización, a EDATEL por los períodos 2015, 2016 Y 2017.
3.1.2. Resolución con Consecutivo Interno No. SH15-012 del 5 de marzo de 2019, radicado
No. 201950019365 de 2019, por medio de la cual el Municipio de Medellín resuelve el
recurso de reconsideración interpuesto por EDATEL contra la Resolución No. 46 del 11
de enero de 2018.
3.2. Que, como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se
declare que EDATEL pagó de manera oportuna las cuotas de fiscalización por las
vigencias 2015, 2016 y 2017 y en consecuencia se declare que los intereses de mora
fijados por el Municipio de Medellín no son procedentes.
Invocó como normas violadas los artículos 29 de la Constitución Política; 3, 35, 39,
42 y 137 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo;
y 730 (numeral 6) del Estatuto Tributario. El concepto de la violación se resume, así:
Alegó la falsa y falta motivación en el cálculo de los intereses moratorios, toda vez
que la demandada desconoció que EDATEL pagó la cuota de fiscalización dentro de
los plazos establecidos en las facturas de cobro expedidas por la Secretaría de
Hacienda de Medellín, por lo que no era procedente el cobro de intereses
moratorios, ya que estos solo se causan cuando no se cumple oportunamente con
las obligaciones tributarias3. Indicó que efectuó el pago de la cuota del año 2015 el
14 de febrero de 2017.
Expuso que «las fechas límite de pago establecidas en las facturas de cobro expedidas por el
Municipio de Medellín tenían como vencimiento el año 2017» por lo que, por derecho de
petición, solicitó a la administración informar las resoluciones aplicables para los
años 2015, 2016 y 2017 para efectos de los plazos para el pago de la cuota, sobre
lo cual sostuvo que la autoridad «se limita simplemente a afirmar que: “en cuento [sic] a los
plazos podrán pagar dentro de los primeros 15 días hábiles del mes en que se causa»4; siendo
evidente la inexistencia del acto administrativo que determinara dichas fechas de
pago, estando entonces en tiempo los pagos realizados por la sociedad.
Aclaró que este tipo de cuotas eran cobradas a través del sistema de facturación,
por lo que el municipio era el encargado de emitir la obligación y fijar las fechas para
su pago; en ese sentido, adujo que el contribuyente solo debía esperar a la
ocurrencia de la mencionada situación para ser responsable del tributo.
2
Samai, índice 2. PDF demanda, pág. 3.
3
Cito las sentencias C-257 de 1998 y C-231 de 2003.
4
Samai, índice 2. PDF demanda, pág. 7.
2
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-01805-01 (30350)
Demandante: Edatel S.A. E.S.P.
Destacó que EDATEL no solo pagó oportunamente la obligación, sino que tiene un
saldo a favor, pues efectuó un pago mayor a la obligación por el año 2017, por lo
que insistió en que no existía fundamento para el cobro de intereses moratorios.
Sostuvo que los actos demandados fueron expedidos contrarios a la realidad, por
lo que era procedente la declaración de nulidad al carecer de fundamento5; advirtió
que el municipio vulneró el principio de legalidad y el derecho al debido proceso, ya
que dentro de las resoluciones discutidas no incluyó ninguna liquidación que diera
lugar a la suma registrada por concepto de intereses moratorios (operación
matemática, fechas exactas tenidas en cuenta para el cálculo y tarifa aplicada), ni
explicó cómo se determinó que los pagos fueron extemporáneos6.
Indicó que la Corte Constitucional7, al definir el debido proceso, precisó que el
legislador debía fijar plazos razonables para que las autoridades resolvieran la
situación jurídica de quien fuese investigado; no obstante, en el presente asunto al
no existir disposición sobre los términos por parte de la administración, el municipio
violó el debido proceso y el derecho de defensa.
Oposición de la demanda
El distrito de Medellín solicitó negar las pretensiones8. En el acápite de los hechos,
destacó que la demandante pagó la cuota de fiscalización por el año 2015 el 21 de
febrero de 2017, por lo que se causaron intereses que fueron arrastrados en el
sistema desde el momento de la facturación por cada mes del año gravable,
documentos de cobro que fueron devueltos en cada oportunidad por la demandante.
Además, aseveró que EDATEL fue notificada de las resoluciones 062 de 2014 y 037
de 2015 del COMFIS, por lo que tenía la obligación de pagar en los plazos allí fijados.
Aseguró que EDATEL interpuso recursos en contra de la liquidación provisional y
definitiva de la cuota de fiscalización, pero fueron negadas sus pretensiones9.
Luego, en 2017, y solicitó una nueva liquidación de la obligación por el año 2015,
de modo que se expidió, pero únicamente en relación con el capital, pero esto no
permite considerar al pago como oportuno.
Afirmó que el recurso de reconsideración contra el acto inicial de intereses fue
presentado de manera extemporánea, el 2 de abril de 2018, y que la resolución 46
de 2018 liquidó de manera exclusiva los intereses moratorios generados por la cuota
de 2015, y no por los periodos 2016 y 2017.
En los argumentos de defensa, señaló que el procedimiento administrativo se surtió
con cumplimiento de las garantías del contribuyente, por lo que no se incurrió en
ninguno de los vicios de nulidad manifestados en la demanda.
Destacó que el artículo 287 de la Constitución dispone que las entidades territoriales
tendrán la competencia de ejercer la normativa que le corresponda, así como de
administrar y establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.
5
Citó las sentencias del 26 de abril de 2009, exp. 16317; del 7 de febrero de 2008, exp. 15972; del 26 de abril de 2007,
exp. 15057, sin identificar ponentes.
6
Citó la sentencia del 3 de marzo de 2011, exp. 17828, sin identificar ponente.
7
Citó la sentencia C-181 de 2002.
8
Samai, índice 2. PDF contestación.
9
Se refirió a los procesos 05001-23-33-000-2015-00364-00 y 05001-33-33-0272-2013-00654-00.
3
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Demandante: Edatel S.A. E.S.P.
Expuso el marco normativo de la cuota de fiscalización, y explicó que el órgano
encargado de establecer los porcentajes y cuotas de auditaje era el COMFIS,
organismo técnico adscrito a la Secretaría de Hacienda, encargado de coordinar el
sistema presupuestal del municipio, el cual contiene el plan financiero, plan
operativo anual de inversiones, y el presupuesto.
Precisó que la cuota era un tributo especial que hace parte del presupuesto público,
cuyo recaudo se encontraba adscrito a los entes territoriales10. Agregó que, al
tratarse de un tributo, este debía atender lo dispuesto en el artículo 338 de la
Constitución, el cual prevé que, mediante ley, ordenanza y acuerdos, se fijan los
sujetos activos y pasivos, los hechos, la base gravable y las tarifas; siendo, en este
caso, reglamentada por los acuerdos 64 de 2012 y 66 de 2017.
Aclaró que la base gravable de la cuota era el monto de los ingresos, los cuales
obedecían a los conceptos contables que revelan el estado financiero de la entidad;
que de acuerdo con las normas aceptadas en materia contable como de los
principios que la fundamentan, los ingresos tienen relación con los hechos
económicos de una actividad, por lo que el parágrafo del artículo 11 de la Ley 617
de 2000 indica que el cálculo de la cuota se realizará solo sobre el total del monto
de los ingresos ejecutados, por lo que estos serán integrados por todos aquellos
valores que no están taxativamente excluidos en la norma.
Advirtió que, al analizar la información registrada por la compañía para la cuota de
fiscalización «del año 2017 (que son los ingresos base para el cálculo de la cuota de fiscalización
para el año 2018)»11, la subdirección encontró que la entidad estaba descontando
conceptos que no estaban estipulados en la norma, puesto que, aquellos rubros que
no estaban excluidos de forma taxativa se entendían como gravados; en concreto,
se refirió a “Otros Pasivos Cuentas por Cobrar”.
Adujo que, en los actos demandados, el tributo se liquidó con fundamento en Ley
617 de 2000 y 1416 de 2010, ya que no se excedió del 0.4% la cuota de fiscalización
liquidada.
Manifestó que no hubo violación al debido proceso, al verificar que la motivación de
los actos se encuentra dentro de los supuestos de hecho y de derecho, actuación
que se sujetó a lo dispuesto en la norma aplicable, como a los principios tributarios.
Agregó que los intereses moratorios estaban plenamente probados, toda vez que la
cuota de fiscalización debía cancelarse dentro de la misma vigencia como se
indicaba en los correspondientes documentos de cobro, por lo que, si se determinó
la cuota para el año 2015, esta debió ser cancelada en esta misma anualidad y no
en el período de 2017 como se indicó en la resolución 46 del 11 de enero de 2018.
En cuanto a la violación del debido proceso, alegó que a la demandante se le
garantizó su derecho durante toda la actuación administrativa, resaltando que, pese
a que el recurso de reconsideración se interpuso de forma extemporánea, este fue
admitido y resuelto, con respeto a las garantías procesales.
Planteó las siguientes excepciones: i) ausencia de violación de normas
constitucionales y legales, al proferirse los actos con verdadero juicio de legalidad;
ii) inexistencia de causal de nulidad, porque las resoluciones fueron expedidas por
10
Citó la sentencia C-1148 de 2001.
11
Samai, índice 2. PDF contestación. Pág. 25.
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funcionario competente y de conformidad con la ley; iii) buena fe, porque la
actuación de la administración se realizó según lo dispuesto en la norma aplicable;
iv) presunción de legalidad de los actos administrativos12.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, negó las
pretensiones de la demanda y no condenó en costas, por lo siguiente13:
Expuso el acervo probatorio del proceso, resaltando los documentos de cobro, los
comprobantes de pago y los actos demandados; aclaró que las excepciones
propuestas por la demandada se resolverían en el fondo del asunto; y refirió el
marco normativo y jurisprudencial14 de la cuota de fiscalización, en concreto,
disposiciones de la Ley 617 de 2000 y la Ley 1416 de 2010.
Además, resaltó que el Consejo de Estado15 ha definido en reiteradas decisiones el
alcance de las causales de nulidad de falsa y falta de motivación; respecto a la
primera, dispuso que esta se relacionaba directamente con la legalidad y el control
de los hechos que dieron origen al acto, mientras que la segunda implica «no solo la
expedición de un acto administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser clara,
puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los actos y que suministre al
destinatario las razones de hecho y de derecho […]»16.
De este modo, indicó que, conforme las pruebas obrantes en el expediente, verificó
que, con fundamento en la resolución 062 de 2014, el municipio de Medellín realizó
la facturación (documentos de cobro) por concepto de cuotas provisionales de
fiscalización a cargo de EDATEL por el año 2015, en donde determinó el plazo límite
para el pago. Si bien EDATEL aseguró que pagó el 14 de febrero de 2017, no aportó
soporte de su dicho y agregó que, para el período 2015, la sociedad interpuso
recurso de reconsideración contra el acto que liquidó de forma definitiva la cuota,
cuya decisión fue confirmada posteriormente mediante Resolución SH17-412 de
2016; precisó que la subsecretaría de ingresos informó la ausencia de pago del
contribuyente respecto de los intereses generados por no pago.
Adujo que la carga de la prueba se le atribuye a la parte que persigue el supuesto
de hecho consagrado en la norma, es decir, a la que alega la transgresión de un
derecho o procedimiento17 y concluyó que EDATEL no logró acreditar la carga
probatoria en cuanto a las afirmaciones realizadas en la demanda, puesto que no
demostró el pago oportuno de las cuotas de fiscalización del año 2015.
Recurso de apelación
La demandante solicitó revocar la decisión de primera instancia18, y en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:
En primer lugar, alegó la falsa motivación de los actos demandados, e indicó que,
contrario a lo resuelto por el a quo, los documentos de cobro por cada uno de los
12
La demandante se pronunció sobre las excepciones mediante escrito del 8 de julio de 2021, en el que indicó la inexistencia
de excepciones previas y la improcedencia de las excepciones de fondo. Samai, índice 2, PDF 13 memoriales pronunci.
El tribunal en auto del 2 de febrero de 2024 tuvo por no presentado el anterior escrito (Samai de tribunal, índice 19).
13
Samai de tribunal, índice 29.
14
Citó las sentencias C-1148 de 2001 y del 27 de mayo de 2021, exp. 05001-23-31-000-2012-00365-01, sin identificar
ponentes.
15
Citó la sentencia del 26 de julio de 2017, exp. 22326, sin identificar ponente.
16
Samai de tribunal, índice 29. Pág. 10.
17
Citó la sentencia del 3 de agosto de 2017, exp. 1162-14, sin identificar ponente.
18
Samai de tribunal, índice 31.
5
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meses del período 2015 se fundamentaron en la resolución 062 de 2014, cuyo
artículo segundo preveía la expedición de un acto de liquidación provisional de la
obligación. Sin embargo, dicha liquidación provisional no existe, de modo que no
determinaron obligaciones a su cargo.
Insistió en que, previo a la expedición de los documentos de cobro, la administración
no notificó a la sociedad resolución que liquidara la cuota de fiscalización para el
período 2015, es decir, que la determinación se realizó de forma subjetiva por la
demandada. Si bien el tribunal señaló que la liquidación definitiva se hizo mediante
la resolución 48 del 5 de octubre de 2015, y que posteriormente fue confirmada por
la resolución SH17-412 de 2016, estos actos administrativos no se encuentran
dentro del expediente, y solo se mencionan en el acto que resolvió el recurso de
reconsideración. Sumado a lo anterior, adujo que las resoluciones referidas son
posteriores a la expedición de los documentos de cobro.
Manifestó que, en los antecedentes administrativos, se observó que la autoridad fijó
el valor definitivo por concepto de cuota de fiscalización para el año 2015 por medio
de la resolución 037 del 30 de junio de 2015, razón por la que EDATEL solicitó liquidar
esa suma definitiva, por lo que se expidieron nuevamente los documentos de cobro
con la misma identificación que contenían los documentos de cobro anteriores, pero
que modificaron la fecha de pago para otorgar un plazo de hasta el 21 de febrero
de 2017.
Explicó que la compañía realizó el respectivo pago dentro de la oportunidad
señalada por la administración en estos últimos documentos de cobro, lo cual se
acreditó con la demanda. Por lo anterior, consideró que la conclusión del a quo «no
correspondió a los hechos real y efectivamente acaecidos en el presente caso»19.
En segundo lugar, respecto a la falta de motivación, así como la violación del debido
proceso y derecho de defensa, señaló que, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley
1437 de 2011, la autoridad estaba obligada a motivar la decisión, por lo que debió
exponer los argumentos fácticos y jurídicos que dieron origen a su expedición20.
Aclaró que la resolución 46 de 2018 estableció el cobro de intereses moratorios por
la cuota de fiscalización por los períodos 2015, 2016 y 2017 a cargo de EDATEL, sin
realizar la respectiva operación matemática para liquidar las sumas expuestas, o
desarrollar la justificación del cálculo realizado, por lo que no tuvo acceso a la base
de liquidación de los intereses, tarifa aplicable, presunta fecha de vencimiento y el
pago a capital, vulnerando entonces la posibilidad de una defensa técnica.
Advirtió que, si bien en el acto que resolvió el recurso de reconsideración dispuso
que «se había generado un arrastre de los valores dejado de pagar por concepto de capital desde
el año 2015 al año 2017»21, y que conforme con la normativa aplicable procedía la
liquidación de intereses moratorios con una tarifa del 1% mensual para un total
anual del 12%, esta no era la actuación para desarrollar fundamentos fácticos,
jurídicos y probatorios, que debían incluirse en la resolución principal.
Oposición a la apelación
La demandada guardó silencio.
19
Ibidem, pág. 14.
20
Citó las sentencias del 6 de junio de 2024, exp. 24535, y del 20 de junio de 2024, exp. 28450, sin identificar ponentes.
21
Samai de tribunal, índice 31. Pág. 19.
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Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia apelada22.
Puso de presente que los actos demandados no fueron expedidos con falsa
motivación, toda vez que las resoluciones 46 del 11 de enero de 2018 y SH15-012
del 5 de marzo de 2019 se encontraban ajustadas a derecho, al estar debidamente
motivadas y cumplir con el debido proceso. Agregó que las facturas proferidas a
cargo de EDATEL contenían los plazos límites de pago, no obstante, indicó los pagos
alegados por la demandante no obran en el expediente, por lo que no fueron
acreditados en el presente asunto.
Consideró que el cobro de intereses moratorios era procedente, ya que la
liquidación de tasas, fechas y fundamentos para el cálculo se sustentaron en la
norma aplicable y en los documentos aportados por el municipio de Medellín.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
La Sección evidencia que EDATEL, en el escrito de la demanda, se refiere al cobro
de los intereses moratorios respecto de la cuota de fiscalización por los períodos
2015, 2016 y 2017; no obstante, del estudio del expediente, especialmente de la
sentencia, del recurso de apelación y de la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración, se precisa que la discusión se centra únicamente sobre la
liquidación de intereses moratorios del año 2015.
Aclarado lo anterior, corresponde a la Sección decidir sobre la legalidad de las
resoluciones 46 del 11 de enero de 2018 y SH15-012 del 5 de marzo de 2019,
mediante las cuales el distrito de Medellín determinó el cobro de intereses
moratorios por el pago extemporáneo de la cuota de fiscalización para el año 2015,
a cargo de EDATEL, previo a lo cual se precisa que en el presente asunto ninguna
de las partes discute que EDATEL era sujeto pasivo de la cuota de fiscalización para
el período 2015
Análisis del caso concreto
La apelante afirmó que la administración no notificó a la sociedad el acto que
liquidara la cuota de fiscalización provisional para el año 2015, como lo ordenó la
resolución 062 de 2014, por lo que los documentos de cobro sustentados en esa
resolución no determinaron ninguna obligación a cargo de la compañía. Además,
que las resoluciones de liquidación definitiva a las que se refiere el a quo (resoluciones
48 de 2015 y SH17-412 de 2016) no se encuentran dentro del expediente.
Sostuvo que, al liquidarse definitivamente la cuota para el año 2015, solicitó a la
entidad determinar la obligación correspondiente, cuestión por la que expidieron
nuevamente los documentos de cobro con la misma identificación a las emitidas
anteriormente, pero en las que se determinó que el plazo para el pago vencía el 21
de febrero de 2017, por lo tanto, realizó el pago oportunamente.
Para decidir, se observa que el artículo 4 de la Ley 106 de 1993 prevé que la
Contraloría General de la República cobra una tarifa de control fiscal a los
22
Samai, índice 12.
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organismos y entidades vigiladas, con la finalidad de garantizar su autonomía
presupuestaria; mientras que el parágrafo del artículo 11 de la Ley 617 de 2000,
reiterado en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1416 de 201023, dispone el cobro
de la cuota de fiscalización en favor de las contralorías distritales y municipales,
«deberán pagar una cuota de fiscalización hasta del punto cuatro por ciento (0.4%), calculado sobre
el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior» pero ninguna
de las referidas leyes regula la oportunidad del pago de la cuota de fiscalización ni
la causación de intereses de mora.
La demandante allegó la respuesta al derecho de petición del 2 de julio de 2019, en
la que la entidad territorial afirmó que «Los actos administrativos aplicables a la cuota de
fiscalización para las vigencias 2015, 2016 y 2017 son las resoluciones 883 y 884 de septiembre 14
de 2011»24. Además, informó que el pago se podrá realizar dentro de los primeros 15
días hábiles del mes en que se causa el tributo. Se destaca que esta respuesta al
derecho de petición no puede considerarse un acto administrativo definitivo, en tanto
que no crea, modifica o extingue una situación jurídica, sino que simplemente
suministra una información.
No obstante, ni con la demanda, ni con la contestación ni con los antecedentes
administrativos se allegó copia de las referidas resoluciones 883 y 884 de 2011 y
dichos actos no se encuentran disponibles para su consulta en portales de internet.
Esto es relevante, en tanto los artículos 177 del Código General del Proceso y 167
de la Ley 1437 de 2011 prevén que las normas jurídicas que no tengan alcance
nacional deben aportarse al proceso, a menos que se puedan consultar en línea; es
decir, las normas locales son objeto de prueba.
A lo anterior, se suma que el despacho sustanciador, mediante auto del 10 de julio
de 2026, requirió a la entidad demandada para que aportara el expediente
administrativo, debido a que «los antecedentes administrativos allegados por el Distrito al
proceso de la referencia se encuentran incompletos, toda vez que se (sic) discontinuidad en los
documentos que los integran y la ausencia de distintos actos, así como del recurso de
reconsideración interpuesto por la demandante en sede administrativa»25. Esta orden fue
atendida, según consta en el expediente26, pese a lo cual, las resoluciones y los
actos indicados previamente no fueron aportados.
De este modo, dado que ninguna de las partes allegó las resoluciones referidas y
no es posible consultarlas en línea, no es posible su valoración para verificar el plazo
para el pago indicado en la respuesta al derecho de petición.
Adicionalmente, se observa que el acto acusado que decidió el recurso de
reconsideración menciona las resoluciones referidas, pero no señala que en ellas
se disponga algún término para pagar. El acto se limitó a señalar lo siguiente27:
Mediante Resolución No. 884 de septiembre 14 de 2011 en Consejo Municipal de Política
Fiscal “COMFIS” expedida por la Secretaría de Hacienda determinó las entidades que deben
cancelar la cuota de fiscalización, que con la Resolución 883 de septiembre 14 de 2011
reglamentaron el cálculo de la cuota de fiscalización a las entidades del orden municipal al
Municipio de Medellín, en virtud del ejercicio de la función de vigilancia que por mandato legal
debe ejercer la Contraloría General de Medellín; Ley 330 de 1996 y Ley 617 de 2000.
23
Por medio de la cual se fortalece el ejercicio de control fiscal.
24
Samai, índice 2, PDF de la demanda y anexos, pág. 111.
25
Samai, índice 14.
26
Samai, índice 20.
27
Samai, índice 2, PDF de la demanda y anexos, página 60.
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Es oportuno destacar que el acto que decidió el recurso de reconsideración indicó
que la omisión del pago en cada mes del año 2015 dio lugar a la aplicación de
intereses moratorios «al 12% anual (1% mensual) y antes de la entrada en vigencia del Acuerdo
66 de 2017»28. Sin embargo, dicho acuerdo 066 de 2017 del Concejo Distrital de
Medellín, que prevé el pago en los primeros 15 días hábiles de cada mes de
causación del tributo, no es aplicable al caso bajo examen, pues no estaba vigente
para el año gravable 2015.
De otro lado, se observa que, como lo manifestó la apelante, las resoluciones 48 de
2015 y SH17-412 de 2016 (que fijaron la cuota de fiscalización definitiva a cargo de EDATEL) no
obran en el expediente. No obstante, el acto que decidió el recurso de
reconsideración (resolución SH15-012 del 5 de marzo de 2019) transcribió parcialmente el
último de ellos, incluyendo su parte resolutiva29, pero de dicha transcripción no se
deriva ningún plazo para efectuar el pago de la obligación.
Dicho ello, se evidencia que uno de los actos acusados (resolución 46 de 2018) indicó
que fue proferido con base en las facultades legales previstas en el «Acuerdo 064 de
2012»30, y que las sumas allí determinadas corresponden a «los intereses moratorios por
el no pago de la cuota de fiscalización provisional vigencia 2015 cuando estos procedan según lo
previsto en el Acuerdo 64 de 2012 […]»31. Dicho acuerdo sí está disponible para su
consulta en página web de la entidad territorial32, por lo que, siendo el fundamento
invocado y es posible su consulta, se decidirá atendiendo lo dispuesto en él.
Así, se destaca que el artículo 218 del acuerdo 064 de 2012 establece que «Para
efectos tributarios. la tasa de interés moratorio será la tasa equivalente a la tasa efectiva de usura
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora, los
cuales se liquidan por cada día calendario de retardo en el pago de las obligaciones tributarias. Sin
perjuicio de lo anterior, se dará aplicación a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional».
El Estatuto Tributario Nacional, en el artículo 634 vigente para el año 201533,
dispone que «Los mayores valores de impuestos, anticipos o retenciones, determinados por la
Administración de Impuestos en las liquidaciones oficiales, causarán intereses de mora, a partir del
vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo año o período gravable al
que se refiera la liquidación oficial» [subraya la Sección].
El COMFIS profirió la resolución 062 del 18 de septiembre de 2014, que dispuso lo
siguiente34:
Artículo 1°. Fijar el 0.26670% como porcentaje para el cálculo de la cuota provisional de
fiscalización que las entidades descentralizadas del orden municipal deberán apropiar en sus
proyectos de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal 2015.
Artículo 2°. Ordenar que se expida con base en lo establecido en el artículo anterior, la
resolución en donde se determine para cada entidad descentralizada del orden municipal, el
valor que deben apropiar en sus proyectos de presupuesto de la vigencia fiscal 2015 como
Cuota de Fiscalización Provisional. […]
En el expediente administrativo obran documentos de cobro por la cuota de
fiscalización provisional a cargo de EDATEL por los meses de enero a septiembre de
28
Ibidem, pág. 70.
29
Ibidem, págs. 61 a 63.
30
Ibidem, pág. 53.
31
Ibidem.
32
El contenido de este acto administrativo de carácter general se puede verificar en el siguiente enlace:
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-hacienda/normatividad-tributaria/.
33
Modificación realizada por la Ley 788 de 2002.
34
Samai, índice 20. Archivo ZIP, carpeta «2. FacturasComunicacionesPQRS», PDF «2. Resolución62de2014», pág. 3.
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2015, con excepción de febrero, fundamentados en la resolución 062 de 2014;
además, constan los oficios de devolución de estos por parte de la sociedad, tal
como se expone a continuación:
• Documento de cobro 240006116283, por concepto de cuota provisional de enero 2015, fecha
de expedición 13/01/2015, con pago hasta 23/01/2015, por valor de $38.931.79635.
• Oficio 00160249 del 28 de enero de 2015, por medio del cual la compañía devolvió el
documento de cobro de la cuota provisional de enero de la misma anualidad, dado que «hasta
la fecha no conocemos dicho acto administrativo»36 (refiriéndose a la resolución 062 de 2014).
• Documento de cobro 240006220429, por concepto de cuota provisional de marzo 2015, fecha
de expedición 02/03/2015, con pago hasta 20/03/2015, con un total a pagar de $38.931.79637.
• Oficio 00161973 del 27 de marzo de 2015, por medio del cual la compañía devolvió el
documento de cobro de la cuota provisional de marzo de la misma anualidad, en el que indicó
que no conoce la resolución 062 de 201438.
• Documento de cobro 230006239261, por concepto de cuota provisional de abril 2015, fecha
de expedición 06/04/2015, con pago hasta 27/04/2015, con un total a pagar de $38.931.79639.
• Oficio 00162306 del 14 de abril de 2015, por medio del cual la compañía devolvió el documento
de cobro de la cuota provisional de abril de la misma anualidad, en el que indicó «porque hasta
la fecha no conocemos dicho acto administrativo»40.
• Documento de cobro 230006292506, por concepto de cuota provisional de mayo 2015, fecha
de expedición 04/05/2015, con pago hasta 26/05/2015, con un total a pagar de $38.931.79641.
Luego, con el mismo número del documento de cobro como con las fechas de expedición y
pago, el distrito remitió por concepto el cobro de la cuota de fiscalización de mayo de 2015,
más «C.F.A EDATEL S.A. - Transferencias Nro. Facturas Vencidas 15» por un valor de
$622.915.312 e, «Intereses Mora Cuota Fiscalizac. - Transferencias INTERESES CUOTA DE
FISCALIZACIÓN» por la suma de $35.167.89742.
• Oficio 00163384 del 19 de mayo de 2015, por medio del cual la compañía devolvió el
documento de cobro de la cuota provisional de mayo de la misma anualidad, como el
documento de cobro que incluyó intereses de mora, con el mismo sustento que los oficios
pasados43.
• Documento de cobro 230006327139, por concepto de cuota provisional de junio 2015, fecha
de expedición 01/06/2015, con pago hasta 23/06/2015, con un total a pagar de $38.931.79644.
• Documento de cobro 225006319796, por concepto de cuota provisional de julio 2015, fecha
de expedición 02/07/2015, con pago hasta 24/07/2015, con un valor a pagar de $38.931.796,
más «C.F.A EDATEL S.A. - Transferencias Nro. Facturas Vencidas 17» por un valor de
$700.778.904 e, «Intereses Mora Cuota Fiscalizac. - Transferencias INTERESES CUOTA DE
FISCALIZACIÓN» por la suma de $35.167.89745.
• Oficio 00165341 del 21 de julio de 2015, por medio del cual la compañía devolvió el documento
de cobro de la cuota provisional de junio de la misma anualidad, como el documento de cobro
que incluyó intereses de mora por el mes de julio, en el que indicó «porque hasta la fecha no
conocemos dicho acto administrativo»46.
• Documento de cobro 240006421864, por concepto de cuota provisional de agosto 2015, fecha
de expedición 03/08/2015, con pago hasta 25/08/2015, por valor de $38.931.796. Además, sin
identificar otro concepto, señaló que el total a pagar es de $778.642.49647.
35
Ibidem, PDF «1. DocumentosCobro», pág. 3.
36
Ibidem, pág. 4.
37
Ibidem, pág. 1.
38
Ibidem, pág. 2.
39
Ibidem, pág. 5.
40
Ibidem, pág. 6.
41
Ibidem, pág. 7.
42
Ibidem, pág. 9.
43
Ibidem, pág. 8.
44
Ibidem, pág. 11.
45
Ibidem, pág. 12.
46
Ibidem, pág. 10.
47
Ibidem, pág. 13.
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• Oficio 00166743 del 1 de septiembre de 2015, por medio del cual la compañía devolvió el
documento de cobro de la cuota provisional de agosto de la misma anualidad, en el que indicó
«porque el pasado 12 de agosto de 2015 nos fue enviada copia de la Resolución 037 del 30
de junio de 2015, mediante la cual se determina el valor de la cuota de fiscalización definitiva.
De acuerdo con lo anterior, resulta improcedente que el municipio continúe cobrando una
cuota provisional de fiscalización […]»48.
• Documento de cobro 24550064224981, por concepto de cuota provisional de septiembre
2015, fecha de expedición 01/09/2015, con pago hasta 22/09/2015, con un total a pagar de
$38.931.79649.
• Oficio 00167058 del 9 de septiembre de 2015, por medio del cual la compañía devolvió el
documento de cobro de la cuota provisional de septiembre de la misma anualidad, en el que
indicó «porque el pasado 12 de agosto de 2015 nos fue enviada copia de la Resolución 037
del 30 de junio de 2015, mediante la cual se determina el valor de la cuota de fiscalización
definitiva. De acuerdo con lo anterior, resulta improcedente que el municipio continúe cobrando
una cuota provisional de fiscalización […]»50.
También se precisa que la demandante manifestó que, como consecuencia de la
liquidación definitiva de la cuota de fiscalización (resolución 037 de 2015), elevó solicitud
a la administración para que expidiera los documentos de cobro para el período
gravable 2015, hecho que no es discutido ni objetado por la demandada.
Dentro del expediente administrativo obra el documento PDF identificado como «4.
DocumentosCobtoPQRSOtros»51, que contiene copia de los documentos de cobro por
cuota provisional de fiscalización a cargo de EDATEL por los meses de enero a
septiembre del año 2015, con la misma identificación, fecha de expedición, concepto
(cuota provisional) y valores ($38.931.796 cada una) a las previamente citadas. Sin
embargo, estos documentos modificaron la fecha de pago oportuno, pues señalan
que como tal el 21 de febrero de 201752; además, ninguno de estos documentos
liquidó intereses moratorios a cargo de la sociedad.
También se encuentran los cobros por los meses de noviembre y diciembre de
2015, pero por concepto de cuota definitiva de la «Res. 48 de Octubr», así como el
documento de cobro por cuota provisional de febrero y octubre, y señalan lo
siguiente:
• Documento de cobro 225006117574, por concepto de cuota provisional de febrero 2015, fecha
de expedición 02/02/2015, con pago hasta 21/02/2017, con un total a pagar de $38.931.79653.
• Documento de cobro 230006911472, por concepto de cuota provisional de octubre 2015,
fecha de expedición 1/10/2015, con pago hasta 21/02/2017, con un total a pagar de
$27.583.97654.
• Documento de cobro 240006521415, por concepto de cuota definitiva de noviembre 2015,
fecha de expedición 10/11/2015, con pago hasta 21/02/2017, con un total a pagar de
$46.665.51255.
• Documento de cobro 240006538101, por concepto de cuota definitiva de diciembre 2015,
fecha de expedición 01/12/2015, con pago hasta 21/02/2017, con un total a pagar de
$46.665.51256.
48
Ibidem, pág. 14.
49
Ibidem, pág. 15.
50
Ibidem, pág. 16.
51
Ibidem.
52
Ibidem, PDF «4. DocumentosCobtoPQRSOtros», págs. 1 a 11.
53
Ibidem, pág. 2.
54
Ibidem, pág. 23.
55
Ibidem, pág. 10.
56
Ibidem, pág. 11.
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Ahora bien, mediante resolución 46 del 11 de enero de 2018 (acto acusado), la
Secretaría de Hacienda de Medellín ordenó el cobro de intereses moratorios
causados con ocasión a la cuota de fiscalización por el período gravable 2015 a
cargo de EDATEL, decisión que posteriormente fue confirmada por la resolución
SH15-012 del 5 de marzo de 2019.
De este modo, atendiendo las particularidades del caso bajo examen, se observa
que en el expediente obran documentos de cobro por concepto de la liquidación
provisional de la cuota de fiscalización para el año 2015, por los meses de enero a
septiembre (excepto febrero) con identidad en valores por cobrar, así como en su
identificación y fechas de expedición, cuya única diferencia radica en las fechas de
pago límite, puesto que las primeras corresponden a cada uno de los meses
liquidados, mientras que las segundas contienen como fecha límite de pago hasta
el 21 de febrero de 2017.
Sumado a lo anterior, los documentos de cobro que obran en el expediente para la
liquidación provisional de la cuota de fiscalización de febrero y octubre de 2015 y la
liquidación definitiva de noviembre y diciembre del mismo año otorgan un plazo para
el pago de hasta el 21 de febrero de 2017.
Además, si bien algunos de los primeros documentos de cobro hacen referencia al
cobro de intereses moratorios, este concepto no figura en ninguno de los demás
documentos de cobro que establecieron como fecha de pago oportuno el 21 de
febrero de 2017, lo cual no es suficiente para concluir que, como lo afirmó la
demandada, la obligación fuera exigible en cada uno de los meses del año 2015.
Ante las pruebas verificadas, la Sección concluye que se debe tener como fecha de
vencimiento de la obligación la indicada en estos últimos documentos (febrero de
2017), en tanto que el acreedor (entidad demandada) es la llamada a determinar con
claridad cuál es el plazo para efectuar el pago oportuno de la obligación, máxime si
se tiene en cuenta que las normas aplicables no señalan nada al respecto, como ya
se advirtió.
Precisado lo anterior, se debe tener en cuenta que los actos acusados señalaron
que el pago de la obligación fue realizado el 14 de febrero de 201757, tal como lo
manifestó la demandante, por lo que este fue oportuno al ser anterior al vencimiento
del plazo determinado por la entidad acreedora.
Con base en lo expuesto, y dadas las particularidades de este caso, prospera el
recurso de apelación de la demandante, por lo que la Sección revocará la decisión
de primera instancia, y en su lugar, se accederá a las pretensiones de la demanda.
De acuerdo con lo expuesto, no es necesario estudiar los demás cargos expuestos
en la apelación, referentes a la alegada vulneración al debido proceso por la
ausencia de operaciones matemáticas en la liquidación.
Costas
De acuerdo con el numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso y el
acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025, como se revoca la sentencia
dictada en primera instancia y se accede a las pretensiones formuladas, es
procedente condenar en costas a la demandada en ambas instancias.
57
Ibidem, pág. 70.
12
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Para tal efecto las agencias en derecho se tasan en un (1) SMLMV por cada instancia,
y se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación, conforme a
las reglas consagradas en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. REVOCAR la sentencia apelada, proferida el 16 de mayo de 2025, por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión.
2. DECLARAR la nulidad de las resoluciones 46 del 11 de enero de 2018 y SH15-
012 del 5 de marzo de 2019, por medio de las cuales el distrito de Medellín
determinó el cobro de intereses moratorios por concepto de cuota de
fiscalización para el año 2015, a cargo de EDATEL S.A. E.S.P.
3. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que la sociedad
demandante no está obligada al pago de los intereses impuestos.
4. CONDENAR en costas a la demandada en ambas instancias. En consecuencia,
ordenar al tribunal que dé el trámite al respectivo incidente conforme con lo
señalado en la presente providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con aclaración de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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