Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01863-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01863-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-01863-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad
Radicación: 05001 23 33 000 2019 01863 01 (4557–2023)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Leonel de Jesús Cobaleda Zapata
Temas: Acción de Lesividad. Pensión gracia. Naturaleza de la
vinculación docente. Labor en Escuela de Arte Popular. Ley
1437 de 2011.
Decisión: Confirma sentencia que accede parcialmente a
pretensiones
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por el demandado contra la sentencia de 29 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda2
2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por medio de la acción de lesividad y
actuando a través de apoderado judicial, solicitó declarar la nulidad de la
Resolución RDP 031477 de 7 de julio de 2018, a través de la que reconoció la
pensión gracia a favor del señor Leonel de Jesús Cobaleda Zapata.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó ordenar la devolución de las sumas
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001233300020190
1863011100103
2 Folios 1 a 10 del expediente físico.
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Demandante: UGPP
percibidas por concepto de mesadas pensionales, así como la indexación de los
valores resultantes y los ajustes desde el momento en que se causó dicha
prestación hasta la ejecutoria de la sentencia; y se condene en costas y agencias
en derecho.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
4. Indicó que el señor Leonel de Jesús Cobaleda Zapata nació el 6 de diciembre
de 1938. Que, desde el 27 de mayo de 1971 hasta el 27 de diciembre de 1994,
prestó servicios como docente en la Escuela Popular de Arte de la Secretaría de
Educación de Medellín.
5. A través de la Resolución RDP 03477 de 30 de julio de 2018, le fue
reconocida una pensión gracia al citado docente, la cual fue liquidada con el 75%
del promedio de lo devengado en el año inmediatamente anterior a adquirir el
estatus pensional, esto es el 27 de septiembre de 1993, con efectos fiscales a partir
del 25 de mayo de 2015 por prescripción trienal.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
6. Indicó como normas vulneradas los artículos 1, 2, 6, 121, 128, 150 y 209 de la
Constitución Política, así como las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 91 de 1989,
115 de 1994 y 797 de 2003, y el Decreto 2277 de 1979.
7. Explicó que el servicio docente prestado por el demandado en la Escuela de Arte
Popular de Medellín no corresponde a un servicio de docencia oficial y, por tanto, la
educación allí impartida no se asemeja a una de escuela básica primaria del orden
territorial del magisterio, siendo imposible acreditar los requisitos exigidos por las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989. Que revisado el Decreto
073 de 1992 por medio del cual se reestructura la Escuela Popular, se advierte que
el artículo primero se refirió al objetivo principal de aquella, cuál era la formación de
artistas pedagogos; así como la iniciación artística de niños, jóvenes y adultos y
capacitación docente y de adultos que tiene como eje curricular las disciplinas de
danza, música, teatro, artes plásticas, desarrollando además la investigación y
proyección artística y cultural, entre otros.
8. Adujo que la pensión gracia le fue reconocida de manera irregular al demandado,
por lo que se le viene efectuando un pago al que no tiene derecho, comprometiendo
de esta manera dineros públicos. Finalmente cita la sentencia de 26 de abril de 2018
con radicado 05001-23-33-000-2014-00343-01(3532-2016) proferida por el Consejo
de Estado, y en la que se niegan las pretensiones, cuyos fundamentos fácticos son
similares a este asunto.
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Demandante: UGPP
1.4. Contestación de la demanda
9. Admitida la demanda el 19 de septiembre de 20193, y notificado dicho proveído,
el señor Leonel de Jesús Cobaleda Zapata4 se opuso a las pretensiones de la
acción de lesividad; al respecto, explicó que cumplió todos los requisitos exigidos
para ser beneficiario de la pensión gracia, principalmente el haber prestado servicio
docente en el orden territorial, pues estuvo vinculado en instituciones del orden
municipal.
10. Aclaró que, si bien es cierto lo que aduce la entidad demandante, en cuanto a
que la Escuela de Arte Popular imparte educación en áreas consideradas por ellos,
que no son de básica primaria o básica secundaria; también lo es, que dicha escuela
está adscrita a la secretaría de educación de Medellín y que los programas
académicos impartidos son complementarios a la formación de los estudiantes de
dichos niveles educativos. Estimando así, que encaja dentro de la definición de
docente contenida en el artículo 2° del Decreto 2277 de 1979.
11. Señaló que, en atención al Decreto 073 de 1992, su labor fue la de fomentar el
desarrollo cultural de jóvenes y adultos en instituciones educativas municipales, por
tanto, cumple con la vinculación exigida por la norma que creó la pensión gracia.
12. Alegó que el acto de reconocimiento goza de presunción de legalidad, y que no
hay lugar a devolución de suma alguna, primero porque la entidad no ha realizado
ningún pago, y segundo porque no se obró de mala fe.
13. En ese orden, propuso las excepciones de i) cobro de lo no debido, ii)
inexistencia de la obligación de pagar intereses comerciales y moratorios, iii)
imposibilidad de condena en costas y agencias en derecho.
1.5. Sentencia de primera instancia5
14. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia de 29 de mayo de 2023,
accedió a la declaratoria de nulidad de la resolución demandada, negó la devolución
de dineros suplicada y condenó en costas a la parte demandada.
15. Como sustento de lo anterior, luego de referirse al marco normativo y
jurisprudencial que regula la pensión gracia, y además de realizar un recuento del
material probatorio, llegó a la conclusión de que no se cumplieron los requisitos
mínimos exigidos para el reconocimiento y pago de la prestación referida.
3 Folio 195 del expediente físico.
4 Folios 212 a 224 del expediente físico.
5 Documento disponible en el índice 37 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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16. Explicó que el señor Leonel de Jesús Cobaleda Zapata prestó servicios como
docente externo en la Escuela Popular de Arte de Medellín, desde el 26 de mayo
de 1971 hasta el 6 de julio de 1980, y como maestro de tiempo completo desde el
7 de julio de 1980 hasta el 27 de diciembre de 1994; institución de educación
intermedia o técnica y no formal, es decir, no se desempeñó como docente de
educación básica en los términos de las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928.
17. Adicionalmente, precisó que dicha escuela dejó de existir en virtud del Decreto
municipal 378 de 15 de abril de 2002 y que, para el momento de la sentencia, era
una institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano, novando su calidad
en una unidad académica que hace parte del Instituto Tecnológico Metropolitano.
18. En esos términos, el demandado no logró computar tiempos válidos para la
pensión gracia siendo procedente la declaratoria de nulidad del acto acusado,
trayendo a colación la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 26 de abril
de 2018 con radicado interno 0287-2016, en la que se realizó un análisis sobre la
institución educativa en mención. En cuanto a la devolución de dineros, indicó que
la UGPP no acreditó la mala fe en la obtención del reconocimiento pensional o que
el demandado haya incurrido en conductas deshonestas, fraudulentas o dolosas,
por lo que consideró que no procede el restablecimiento deprecado.
19. Finalmente condenó en costas al demandado.
1.6. Recurso de apelación6
20. A través de apoderado, el señor Leonel del Jesús Cobaleda Zapata presentó
recurso de apelación a fin de que se revoque la decisión de primera instancia; alegó
que la labor docente desempeñada se cumplió en una institución educativa formal
del orden municipal y que los programas académicos de la Escuela de Arte Popular
fueron aprobados por la Secretaría de Educación Municipal, en donde se impartía
formación académica a estudiantes de básica primaria y secundaria, precisando que
incluso, ello en varias ocasiones lo hacía por solicitud de rectores y directores de
escuela, por lo que debía desplazarse a dictar las clases en estas últimas
instituciones o colegios.
21. Así mismo, afirmó que los salarios pagados al docente provenían del municipio
de Medellín y su régimen pensional se encuentra establecido por la Ley 91 de 1989,
por lo que resulta compatible para el reconocimiento de la pensión gracia.
22. Finalmente, pidió se reconsidere la condena en costas, pues únicamente se
respondió a la acción de lesividad y se defendieron los derechos del pensionado, a
quien no le fue pagado el retroactivo de la pensión gracia.
6 Documento disponible en el índice 40 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
23. Con auto de 27 de octubre de 20237, se admitió el recurso de apelación y se
notificó a las partes; sin embargo, la UGPP, el señor Leonel de Jesús Cobaleda
Zapata, el agente del Ministerio Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
guardaron silencio en esta etapa procesal.
24. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
25. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso9, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y,
comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente una de las partes presentó
recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Del problema jurídico
26. De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, le corresponde a la Sala
determinar lo siguiente:
27. ¿El señor Leonel de Jesús Cobaeda Zapata cumplió con los requisitos
mínimos exigidos para el reconocimiento y pago de la pensión gracia,
principalmente la vinculación docente de naturaleza territorial o nacionalizada
por 20 años?
28. De resultar negativa la respuesta debe establecer si hay lugar a revocar la
condena en costas impuesta por el a quo al demandado.
7 Folio 406 del expediente físico.
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»
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2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
29. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en
el magisterio por un término no menor de 20 años.
30. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión
gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento,
además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de
edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.
31. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
32. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
33. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de
texto].
34. El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de
la pensión gracia para los docentes al establecer:
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Demandante: UGPP
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la nación. […]»
35. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»10
36. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 201811 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
37. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».12
38. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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39. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria
o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad
de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió con los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4. Caso concreto
40. Con el objeto de resolver el problema jurídico planteado dentro de la acción de
lesividad de la referencia, la Sala pasa a analizar el material probatorio y el
cumplimiento de requisitos para obtener la pensión gracia de la siguiente manera:
2.4.1. Actuación administrativa
41. Revisado el expediente, se observa que el señor Leonel de Jesús Cobaleda
Zapata solicitó el 25 de mayo de 2018 el reconocimiento de la pensión gracia, lo
cual fue resuelto de manera favorable por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
mediante la Resolución RDP 31477 del 30 de julio de 2018, con efectividad a partir
del 28 de septiembre de 1993, pero con efectos fiscales desde el 25 de mayo de
2015, por prescripción.13
42. Posterior a ello, el docente interpuso los recursos de ley contra dicho acto, los
cuales fueron resueltos de manera desfavorable con las Resoluciones RDP
041501 de 19 de octubre de 2018 y RDP 042147 de 23 de octubre de esa misma
anualidad14. Posterior a ello, el interesado solicitó información sobre la inclusión en
nómina de pensionados, por lo que, con Oficio de 6 de febrero de 2019, la entidad
le indicó que no se había procedido a ello, dado que se encontraron inconsistencias
en los certificados aportados, y que su tipo de nombramiento no se encontraba
enlistado en la normativa que regulaba la pensión gracia.15
43. El señor Cobaleda Zapata interpuso acción de tutela a fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales, solicitando que se ordenara su inclusión
en nómina de pensionados. En primera instancia, el Juzgado Diecisiete Laboral del
Circuito de Medellín, con fallo de 26 de julio de 2019, amparó los derechos de aquél
y ordenó su inclusión en nómina en el término perentorio de 48 horas siguientes a
la notificación de dicha decisión; en cumplimiento de lo anterior, la UGPP expidió la
13 Folios 239 al 241 del expediente.
14 Folios 251 al 257 del expediente.
15 Folios 258 al 268 del expediente.
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Demandante: UGPP
Resolución 025700 de 28 de agosto de 2019, disponiendo incluir en nómina de
pensionados la anterior resolución, no obstante, el Tribunal Superior de Medellín -
Sala Laboral, con fallo de 4 de septiembre de 2019, revocó la sentencia de tutela
referida, y en su lugar, amparó el derecho fundamental de petición, ordenando a la
UGPP informarle al tutelante cuando culminaría el trámite de aclaración adelantado
por la entidad, para poder darle respuesta de fondo16, llevando a que la entidad
emitiera la Resolución RDP 027960 de 17 de septiembre de 2019 declarando el
decaimiento de la Resolución RDP 025700 de 2019, que había ordenado inclusión
en nómina.17
44. Finalmente, con la Resolución RDP 034788 de 19 de noviembre de 2019 la
entidad accionante incluyó en la nómina la Resolución 31477 de 30 de julio de 2018,
pues, aunque se afirmó en dicho acto que el tiempo de servicio prestado por el
docente lo fue en otros niveles de educación (técnico, tecnológico o superior),
diferentes a los exigidos para obtener pensión gracia, lo cierto es que el acto de
reconocimiento de la prestación estaba en firme y goza de presunción de legalidad,
no existiendo para ese momento para la entidad, sustento probatorio frente a
ilegalidad o falsedad, es decir, no existía una conducta suficientemente grave que
pudiera enmarcarse en un delito y habilitara proceder con la revocatoria directa; y
si bien se había iniciado el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, aún
no se tenía una decisión favorable a la UGPP.18
2.4.2. Del cumplimiento de los requisitos
45. Respecto a los requisitos exigidos para obtener la pensión gracia se tiene:
a. Edad
46. En el expediente reposa copia de la cédula de ciudadanía del señor Leonel de
Jesús Cobaleda Zapata, en donde se constata que nació el 24 de septiembre de
193819, razón por la cual, el 24 de septiembre de 1988 cumplió 50 años de edad.
b. Buena conducta
47. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.
16 Folios 287 al 293 del expediente.
17 Folios 294 a 300 del expediente.
18 Folios 322 al 326 del expediente.
19 Folios 82 y 110 del expediente físico.
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c. Tiempo de servicio
48. Al respecto, se observan las siguientes novedades laborales como docente
oficial, rememorando que la controversia gira en torno a la acreditación de este
requisito:
• Vinculación desde el 26 de mayo de 1971 hasta 27 de diciembre de 1994.
49. Del expediente se sustrae que el señor Leonel de Jesús Cobaleda Zapata fue
nombrado como docente en la Escuela Popular de Arte, adscrita a la Secretaría de
Educación de Medellín, en dos oportunidades:
50. Primero, designado por el alcalde de Medellín, a través del Decreto 261 de 10
de mayo de 197120, como profesor de hora cátedra, con una intensidad de 3 horas
diarias, en la Sección de Divulgación, Departamento Cultural; al respecto, se
observa lo siguiente:
51. Posterior a ello, con el Decreto 309 de 26 de junio de 198021, emitido por el
alcalde de Medellín, se “promovió” al señor Leonel Cobaleda Zapata al cargo de
Maestro en la Escuela Popular de Arte de la Secretaría de Educación; adicional a
ello, obra acta de posesión de 7 de julio de 198022, en la que consta que se
posesionó como «maestro “EPA” Sria Educación».
52. Al respecto, la Unidad de Administración de Talento Humano de la Secretaría
de Servicios Administrativos de Medellín, el 30 de octubre de 200623 y el 7 de
20 Folio 85 del expediente físico.
21 Folios 180 a 181 del expediente físico.
22 Folio 116 del expediente físico.
23 Folio 84 del expediente físico.
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febrero de 201524, expidió certificación referente a la prestación del servicio docente
del señor Leonel de Jesús Cobaleda Zapata, en la que se referenciaron las
novedades antes descritas, especificando que laboró al servicio del municipio de
Medellín por 20 años y 104 días.
53. Adicional a ello, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Secretaría de Educación de Medellín, en certificación de tiempo de servicios
fechada el 29 de septiembre de 201425, indicó que el señor Cobaleda Zapata prestó
servicio como docente con vinculación territorial / municipal por 21 años y 90 días,
así:
54. Revisados los actos administrativos de nombramiento y las certificaciones
emitidas, se observa que el alcalde de Medellín, actuando como nominador y en
uso de sus facultades legales, determinó la vinculación del señor Leonel de Jesús
Cobaleda Zapata como docente por más de 20 años en la Escuela Popular de Arte,
institución adscrita a la Secretaría de Educación y Deporte del municipio.
55. Respecto de la mencionada institución, vale la pena poner de presente que, si
bien la vinculación proviene de una entidad del orden municipal sin que se haya
dejado constancia que para los nombramientos mediara orden o delegación del
Ministerio de Educación, se debe analizar si la labor desarrollada resulta válida o no
para ser tenida en cuenta para la obtención de la pensión gracia.
56. Sobre el particular, es necesario recordar que la pensión gracia en la Ley 114
de 1913, fue «concebida como una compensación o retribución en favor de los maestros
de primaria del sector oficial que percibían una baja remuneración», que luego, con las
24 Folio 105 del expediente físico.
25 Folio 106 del expediente físico.
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Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, fue extendida a los docentes de secundaria,
entendiendo así que los maestros oficiales, tanto de primaria como de secundaria,
serían beneficiarios de la mencionada prestación cuando cumplieran los requisitos
exigidos para ello.
57. En efecto, la pensión gracia en Colombia, regulada principalmente por la Ley
114 de 1913 y la Ley 91 de 1989, está diseñada específicamente para docentes que
hayan prestado servicios en instituciones educativas oficiales de educación primaria
y secundaria en el orden territorial (municipal, departamental o distrital) y
nacionalizado. Sobre el particular, vale la pena referir que, la Corte Constitucional
ha sido clara en señalar que solo los docentes de primaria y secundaria en
instituciones oficiales, pueden ser beneficiarios de dicha prestación, la cual se ha
extendido en algunos casos a escuelas normales (que forman maestros) e
inspectores de instrucción pública, pero no a otros tipos de enseñanza especializada
como la artística, a menos que esta se imparta dentro del marco de la educación
formal básica (primaria o secundaria), así en Sentencia C – 085 de 2002, sobre la
pensión gracia dicha Corporación sostuvo:
«En lo relativo a la pensión de gracia, pensión que es a la que se refiere el
artículo 6 acusado, dado que extendió el derecho a percibirla a otros
docentes distintos a los mencionados en la Ley 114 de 1913, la Corte, en
la sentencia C-479 de 1998, analizó las causas que la originaron, al
examinar la constitucionalidad de uno de los requisitos para acceder a
ella, pues, la acusación, en aquella ocasión, consistía en que había una
diferencia injustificada para su reconocimiento entre los educadores
oficiales de primaria y los de secundaria. La Corte, entonces, se remontó a
las razones históricas que explicaron su establecimiento, y señaló que la
pensión de gracia se concibió como una compensación o retribución a favor de
los maestros de primaria del sector oficial, cuyos salarios y prestaciones
estaban a cargo de los entes territoriales, en cuantía mucho menor que la que
recibían los docentes de la secundaria, vinculados a la Nación. En esta
providencia, también se mencionó que el artículo 6 de la Ley 116 de 1928,
ahora acusado, constituyó una ampliación al número de educadores
con derecho a acceder a la misma. En lo pertinente, la providencia dijo lo
siguiente:
“Esta pensión fue concebida como una compensación o retribución en
favor de los maestros de primaria del sector oficial que percibían una baja
remuneración y, por consiguiente, tenían un poder adquisitivo precario y
menor frente a aquellos educadores cuyas prestaciones estaban a cargo
de la Nación. En efecto: en la ley 39 de 1903, que rigió la educación durante la
mayor parte de este siglo, se estableció que la educación pública primaria
estaría a cargo de los departamentos o municipios, y la secundaria de la Nación.
En relación con la primera, la competencia de los entes territoriales era amplia
pues, además de fijar los programas educativos debían atender con sus propios
recursos el pago de los salarios y prestaciones de los empleados de este sector.
Si bien en principio, tales atribuciones respondían a un ánimo claro de
descentralización administrativa, en la práctica, y en especial para los maestros
del orden territorial, tal sistema adolecía de múltiples fallas, pues los
departamentos y municipios mostraron una progresiva debilidad financiera, que
se reflejó, entre otras cosas, en los bajos salarios que percibían los docentes
de ese nivel. El legislador, entonces, consciente de la situación desfavorable de
los educadores de primaria oficiales, decidió crear en su favor la mencionada
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pensión de gracia, para reparar de algún modo la diferenciación existente entre
los citados servidores públicos.»26 (Negrillas de la Sala).
58. Por su parte el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la posibilidad de
computar tiempos de servicio docente prestados en una institución de educación no
formal como lo es la Escuela Popular de Arte de Medellín, concluyendo que no
clasifica dentro de la naturaleza de educación formal de primaria o secundaria, se
destaca:
«[…] el tiempo que el actor certificó para los periodos comprendidos […], en el
Municipio de Medellín, bajo el sentir de la Sala, no pueden ser apreciados como
una vinculación territorial al servicio del nivel de educación secundaria, en el
entendido de que, si bien la certificación así lo indica, la misión institucional del
establecimiento educativo Popular de Arte, está orientada, de acuerdo a las
pruebas del proceso, a impartir programas, talleres y cursos libres enfocados
en el desarrollo de habilidades en la música, artes, plásticas, danza y
capacitaciones a docentes en los mismos campos.
Conforme a lo anterior, dicho aspecto no puede pasar desapercibido por la Sala,
como quiera que la pensión gracia estuvo instituida para aquellos docentes, que
dedicados a prestar su labor en los niveles de primaria y secundaria, estuvieran
vinculados en el orden territorial.
Consecuentes, con lo anterior, si aceptáramos de manera plana, que la simple
dependencia laboral con una entidad del orden territorial cual fuere su orden27,
y el ejercicio de la docencia son suficientes para el reconocimiento de la pensión
gracia, sería menoscabar su definición filosófica, según la cual, solo los
educadores que tuvieron ingresos inferiores, que históricamente fueron los de
primaria que en principio dependían de las entidades territoriales28, tenían
derecho a ella y que posteriormente se extendió al nivel secundario.»29
59. Ahora bien, en relación con lo expuesto, la alcaldía de Medellín en oficio de 13
de noviembre de 201930 explicó que la Escuela Popular de Arte, con Resolución
6758 de 27 de octubre de 1972 obtuvo aprobación del Ministerio de Educación
Nacional para impartir educación en las modalidades de música, danzas y teatro.
Aunado a ello, con Resolución 000196 de 19 de febrero de 1997 de la gobernación
de Antioquia concedió aprobación a dicha escuela en la modalidad de educación no
formal. Finalmente, explicó que con Resolución 16167 de 6 de diciembre de 2010,
emanada de la Secretaría de Educación de Medellín, se cancelaron las
autorizaciones como institución de educación no formal.
60. En el caso específico de la prestación del servicio docente del señor Leonel de
26 Corte Constitucional. Sentencia C-085 de 2002, respecto del artículo 6 de la Ley 116 de 1928.
27 «Centralizada o descentralizada.»
28 «Después se hizo extensiva a los docentes de básica secundaria y de escuelas normales,
inspectores y directivos docentes, pero guardando el mismo referente de vinculación y de
remuneración. Leyes 116 de 1928 y 37 de 1937.»
29 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-000-2014-00343-01 (3532-2016).
Sentencia 26 de abril de 2018.
30 Folios 346 y 356 del expediente.
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Jesús Cobaleda Zapata, mediante oficio de 8 de noviembre de 201931, la Unidad de
Administración de Personal de la alcaldía de Medellín se refirió a las vinculaciones
laborales de aquél con dicho ente territorial en la Escuela Popular de Arte, adscrita
a la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación sin vinculación al Fomag, y
destacando que no se encontraba inscrito en el escalafón docente; y que se
desconocía la población o grados de escolaridad a los cuales prestó los servicios el
actor, véase:
«Con el propósito de certificar las labores y dar cuenta de la historia laboral del
señor Leonel de Jesús Cobaleda Zapata al servicio del Municipio de Medellín,
se procedió a expedir la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados -
CETIL (anexo), en el que se detalla la vinculación legal y reglamentaria en
propiedad con el Municipio de Medellín, en el cargo de Maestro durante el
periodo comprendido entre el 26/05/1971 al 27/12/1994, de los cuales prestó el
servicio a razón de 15 horas semanales entre el 26/05/1971 al 06/07/1980 y
tiempo completo entre el 07/07/1980 y el 27/12/1994, como maestro en la
Escuela Popular de Arte - EPA, adscrito al departamento de Educación de la
Secretaría de Educación, Cultura y Recreación sin vinculación al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, es decir, asumiendo por parte
del Municipio de Medellín todo el tiempo de servicios para efectos pensionales
y sin encontrarse inscrito en el Escalafón Nacional Docente.
Se desconoce el tipo de formación académica impartida por el señor Cobaleda
Zapata al servicio de la Escuela Popular de Arte - EPA del Municipio de
Medellín, así como la población o grados de escolaridad atendidos; no obstante,
se expidió manual de funciones del cargo de maestro el cual se anexa.»
61. Con Resolución 408 de 7 de marzo de 199532, el municipio de Medellín
reconoció una pensión de jubilación a favor del señor Leonel de Jesús Cobaleda
Zapata.
62. De lo anterior, es claro que la jurisprudencia ha interpretado de manera estricta
el alcance de la pensión gracia, limitándola a maestros de los niveles educativos de
primaria y secundaria, excluyendo generalmente otras categorías de enseñanza a
menos que estén expresamente contempladas.
63. Una escuela de arte adscrita al municipio, aunque sea pública, no califica como
una institución de educación primaria o secundaria en el sentido tradicional, ya que
su enfoque suele ser especializado y no corresponde al currículo básico de estos
niveles. Por lo tanto, un maestro de una escuela de dicha naturaleza, incluso si está
vinculado al municipio, no sería beneficiario de la pensión gracia, salvo que se
demuestre que la institución tiene un carácter de educación formal primaria o
secundaria reconocido oficialmente, lo cual no ocurre en el subjudice, ya que el
municipio de Medellín certificó que la Escuela Popular de Arte prestó educación no
formal, por tanto, el tiempo de servicio en dicha institución no resulta válido para la
pensión reclamada por el actor a través del presente medio de control.
31 Folio 357 del expediente.
32 Folio 368 del expediente.
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64. Con fundamento en lo anterior, estima la Sala que no tiene vocación de
prosperidad el argumento traído con el recurso de apelación por el demandado, en
cuanto a que el servicio docente se prestó en una institución oficial del orden
municipal, pues, como se examinó previamente, la Escuela Popular de Arte no era
una institución de educación formal, sino que se trataba de una institución
especializada en música, danzas y teatro y, por tanto, la labor allí desarrollada por
el docente no fue precisamente en educación básica primaria o secundaria, pues se
trataba de enseñanza técnica y artística.
65. Ahora, respecto al otro argumento de la alzada, respecto a que «muchas veces
a solicitud de rectores o Directores esta formación se impartía directamente en las
escuelas o colegios, lugar hasta el cual se debía desplazar el docente», para la Sala
no es posible corroborar lo mencionado, pues no se allegaron certificaciones u
oficios que respaldaran tales argumentos, no pudiendo computarse el tiempo de
servicio alegado por el demandado.
66. Así, es claro que al señor Leonel de Jesús Cobaleda Zapata no le asiste el
derecho a ser beneficiario de una pensión gracia, como lo consideró el tribunal en
el fallo apelado, pues el tiempo de servicio como docente de la Escuela de Arte
Popular de Medellín no se ajusta a las condiciones exigidas por las normas y la
jurisprudencia, ya que la labor desarrollada en la institución anterior no fue
precisamente en educación básica primaria o secundaria, sino que fue nombrado
en el área de enseñanza técnica y artística, lo cual no resulta válido para la
causación de la prestación.33
2.5. De la condena en costas de primera instancia
67. Ahora bien, en atención a que la parte demandada, es decir, el señor Leonel de
Jesús Cobaleda Zapata eleva su inconformidad frente a la condena en costas de
primera instancia, indicando que «no ha hecho más que contestar la demanda que
realizó la UGPP y defender un derecho que considera le asiste […]», pasa a revisar si
hay lugar a revocar en este sentido la sentencia.
68. Al respecto, es importante señalar que esta Sección había sostenido la tesis de
que el concepto de las costas del proceso comprendía todos los gastos necesarios
o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y los denominados gastos o
expensas del proceso, llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso y otros,
como son los indispensables para traslado de testigos y la práctica de la prueba
pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres,
transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.
33Sobre el particular, véanse también: Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 3672.
Sentencia de 19 de agosto de 1992; Radicado: 73001-23-33-000-2013-00413-01 (2933-2014)
Sentencia de 22 de marzo de 2018; Radicado: 63001 23 33 000 2018 00218 01 (3848–2019).
Sentencia de 29 de junio de 2023.
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69. Tras la expedición del CPACA, la Subsección A, inicialmente sostuvo que el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la condena de manera
«automática» u «objetiva», para quien resultara vencido en el litigio. Ello, en
consideración a que debían observarse una serie de factores tales como la
temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y
costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en
el que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no.
70. Sin embargo, esta Subsección en providencia del 7 de abril de 2016, varió
aquella posición y acogió el criterio objetivo-valorativo al concluir que no era
necesario evaluar la conducta de las partes –temeridad o mala fe–, sino los
aspectos previstos en el Código General del Proceso, con el fin de darle plena
aplicación a su artículo 365.
71. No obstante, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, recientemente fue
modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el sentido de precisar que
«En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
72. Lo anterior, permite hacer extensiva dicha interpretación para efectos de
analizar si en el asunto de la referencia puede considerarse que se presentó la
demanda con carencia manifiesta de fundamento legal, teniendo en cuenta que la
sentencia se dictó el 29 de mayo de 2023, esto es, en vigencia de la mentada
normativa.
73. Con base en lo expuesto, sea lo primero señalar que, en el presente caso el a
quo no efectuó dicho estudio, sino que únicamente determinó la configuración de
las costas en contra del demandado al resultar vencido y fijó las agencias en
derecho con fundamento en el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016.
74. Al margen de lo anterior, lo relevante en este caso era determinar si la defensa
de los intereses de la parte demandada se presentó con carencia manifiesta de
fundamento legal, aspecto que no fue analizado por el tribunal al dictar la sentencia,
y que, en todo caso, tampoco se observa configurado por esta Corporación, pues
presentó argumentos y fundamentos jurídicos con los cuales sustentó el derecho
que considera tener frente a la prestación social en discusión.
75. En ese orden, esta Sala estima procedente revocar la decisión de condenar en
costas a la parte demandada, pues no se sustentó debidamente y, además, no se
ajusta a la modificación que introdujo la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 de la Ley
1437 de 2011, tal como se expuso previamente.
2.6. Conclusión
76. En atención a lo anterior, se impone confirmar la sentencia de primera instancia
dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se accedió
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parcialmente a las pretensiones de la demanda, toda vez que el señor Cobaleda
Zapata no acreditó prestación de servicio docente diferente al desarrollado en la
Escuela Popular de Arte de Medellín, el cual, como ya se explicó, no resulta válido
para la pensión gracia, no cumpliendo entonces con el requisito de 20 años de
servicio docente territorial o nacionalizado; sin embargo, se revocará la condena en
costas impuesta al demandado, conforme la motivación.
2.7 Condena en costas de segunda instancia
77. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas de
segunda instancia, en atención a que como se explicó, actualmente, con la entrada
en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de
a la existencia de carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por el demandado con el recurso de apelación, no puede
observarse dicha situación, contrario a ello, se estima que se sustentaron las
razones en defensa jurídica de los intereses y, por ende, no se condenará en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR el numeral tercero de la sentencia del 29 de mayo de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio del cual se
condenó en costas y agencias en derecho al señor Leonel de Jesús Cobaleda
Zapata.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 29 de mayo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la nulidad de la
Resolución RDP 031477 de 30 de julio de 2018; de acuerdo con lo expuesto en esta
sentencia.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación.
CUARTO. Se reconoce personería al abogado Oscar Joaquín Zúñiga Cuevas como
apoderado de la UGPP de acuerdo con el poder llegado vía correo electrónico y
disponible en el expediente digital visible en SAMAI.
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QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
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