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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-01981-01

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-01981-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia apelada, en su lugar: Primero. Declarar la nulidad de los actos demandados, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Segundo. A título de restablecimiento del derecho, se declara que la actora no está obligada a pagar suma alguna por concepto del impuesto de alumbrado público por los periodos marzo, abril, mayo, junio, julio y noviembre de 2018. 2. Condenar en costas a la parte demandada en ambas instancias. En consecuencia, ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2019-01981-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

16 de octubre de 2025

Radicado: 05001-23-33-000-2019-01981-01 (29462)
Demandante: EPM ESP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2019-01981-01 (29462)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín ESP
Demandado: Municipio de Vegachí

Temas: Impuesto de alumbrado público. Acto previo. Liquidación oficial.
Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la actora contra la sentencia del
27 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Decisión, que decidió2:

Primero. Negar las pretensiones de la demanda, conforme con los argumentos expuesto[s] en la
presente providencia.

Segundo. Sin costas.

…

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante las liquidaciones informativas VGCHI-000039, VGCHI-000040, VGCHI-
000041, VGCHI-000042, VGCHI-000043 y VGCHI-000047 de 2018, el demandado
determinó el impuesto de alumbrado público de los períodos marzo a julio y noviembre
de 2018, respectivamente3; actos que fueron confirmados por las resoluciones 44, 45,
46, 47 y 48, del 01 de marzo de 2019, y 83, del 05 de abril de 20194, respectivamente.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones5

Solicito al Despacho que previos los trámites del proceso estatuido en la Ley 1437 de 2011 se
realicen las siguientes declaraciones:

1 Samai tribunal, índice 43, certificado BDFDF2479BE4B545 B67C656C5CEED6E9 D715E7FB20E973E2 FF3846DBF5A9D69A
(pdf), pp. 1 a 18.
2
Samai tribunal, índice 40, certificado 7A11C2B37F625EAD A8CA010928AC01AC 1BDC3ACB3D5F058B 390745BC038106B6 (pdf),
pp. 12.
3
Samai CE, índice 16, certificado 6C7FEEA9CAEB696D EF159D3AACE4A172 C4B6A3B88CB74E69 A368FF35B06584EE (pdf),
pp. 68 a 79.
4
Samai CE, índice 16, certificado 6C7FEEA9CAEB696D EF159D3AACE4A172 C4B6A3B88CB74E69 A368FF35B06584EE (pdf),
pp. 208 a 231 y certificado 8B48E852446F23B5 076DFEB8E8277166 F7D3FD6159DC8006 114C1A9BAF07C707 (pdf), pp. 1 a 120.
5
Samai CE, índice 16, certificado, 6C7FEEA9CAEB696D EF159D3AACE4A172 C4B6A3B88CB74E69 A368FF35B06584EE pp. 12
y 13.

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www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 05001-23-33-000-2019-01981-01 (29462)
Demandante: EPM ESP

Primera. Que se declare la nulidad de las liquidaciones informativas del impuesto de alumbrado
público VGCH 000039, 000040, 000041, 000042, 000043 y 000047 de 2019 (sic)6, proferidas por
Secretaría de Hacienda del municipio de Vegachí, correspondientes a los periodos de marzo, abril,
mayo, junio, julio y noviembre de 2018.

Según el artículo 163 de la Ley 1437 de 2011, se entiende también demandada la nulidad de la
decisión emitida frente al recurso de reconsideración interpuesto contra las liquidaciones oficiales
atrás indicadas, resoluciones 44, 45, 46, 47 [y] 48, del 01 de marzo de 2019, y Resolución 83, del
[0]5 de abril de 2019, proferidas por la Secretaría de Hacienda del municipio de Vegachí.

Segunda. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
enunciados en el numeral anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se declare que [la
demandante] no está obligada a pagar al municipio de Vegachí las sumas contenidas en las
liquidaciones oficiales del impuesto de alumbrado público demandadas.

Tercera. Que se condene a la entidad demandada a hacer devolución a EPM de las sumas que se
llegaren a pagar en virtud de los actos administrativos demandados.

Cuarta. Que se ordene a la entidad demandada [a] dar cumplimiento a la sentencia en los términos
establecidos en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

Quinta. Que se condene a la entidad demandada al pago de las costas y agencias en derecho a que
haya lugar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la ley 1437 de 2011 y demás normas
concordantes.

Invocó como vulnerados los artículos 6, 29, 121, 123, 189.11, 287, 313.4, 315.1, 328,
363, 365 a 370 de la Constitución; 683, 712, 731, 732 y 734 del ET (Estatuto Tributario,
Decreto 624 de 1989); 66 de la ley 383 de 1996; 59 de la Ley 788 de 2002; las leyes 136
de 1994 y 1551 de 2012; el Decreto 061 de 2013; y los acuerdos 002 de 2013 y 005 de
2014, bajo el siguiente concepto de violación7:

-Expedición irregular del acto y violación de las normas en que debía fundarse. Señaló
que los actos desconocieron los artículos 66 de la Ley 383 de 1997 y 59 de la Ley 788
de 2002 que determinan que las entidades territoriales deben aplicar, en los procesos de
determinación y discusión, los procedimientos del Estatuto Tributario nacional. En línea
con ello, invocó los artículos 712 del ET y 99 del Decreto Municipal 061 de 2013 para
señalar que, analizadas las liquidaciones oficiales proferidas por el demandado, estas
incumplían los requisitos de su contenido que, en forma taxativa exigían las citadas
disposiciones, esto es: período gravable, bases de cuantificación del tributo y firma o sello
del control manual o automatizado.

En esa línea, sostuvo que, respecto de la cuantificación de la base gravable, el municipio
se limitó a determinar el impuesto en la suma de 4 smlmv, bajo el sustento de que la
actora era contribuyente del impuesto de alumbrado público perteneciente al «grupo 3»,
sin explicar las razones que la condujeron a establecer tal cifra, no obstante ser claro, en
el Acuerdo 005 de 2014, que la tarifa aplicable era del 10% de la liquidación del consumo
de energía eléctrica del mes (LCEEM); sin embargo, el demandado no indicó cuál fue la
liquidación, para estar autorizado a aplicar el tope mínimo [4 smmlv].

Asimismo, manifestó que la Administración no señaló cuál era el fundamento normativo
de la acumulación de la «deuda anterior» incluida en las liquidaciones informativas, pese a
que cada uno de ellos actos debían identificar los factores y cuantía de la obligación que
correspondiera a cada periodo liquidado y que originaba el proceso de determinación. Al
hilo de esto, adujo que no era posible una acumulación de obligaciones, como se
6
Las liquidaciones oficiales son todas del año 2018, según consta en la parte resolutiva de los actos que desataron los sendos
recursos de reconsideración interpuestos.
7
Samai CE, índice 16, certificado, 6C7FEEA9CAEB696D EF159D3AACE4A172 C4B6A3B88CB74E69 A368FF35B06584EE pp. 14
a 34.

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-01981-01 (29462)
Demandante: EPM ESP

pretendía en los actos demandados, ya que las liquidaciones oficiales solo podían tener
como cuantía el «valor mensual a cancelar».

Indicó que el demandado confundió el ejercicio de una competencia tributaria para
liquidar el impuesto de alumbrado, con el cobro de una presunta acreencia, en distorsión
y desconocimiento del principio de especialidad aplicable a cada procedimiento, pues las
acreencias a favor de la Administración debían exigirse por medio del procedimiento de
cobro coactivo, conforme a la Ley 1066 de 2006, respecto de las deudas tributarias que
estuvieran en firme; lo cual no correspondía a este caso, en el que apenas se había
iniciado el proceso de determinación oficial de la obligación y su discusión, en sede
administrativa. Siendo claro que, se trataba de procedimientos independientes y
autónomos, no siendo procedente que en el proceso de determinación se adelantara el
cobro de deudas anteriores, y mucho menos sin dar ninguna explicación respecto de los
períodos a los que correspondía, o sobre la tarifa liquidada. Precisó que cada liquidación
oficial estaba sujeta a unos criterios cuantitativos de la base y tarifa que permitían
determinar su monto, lo cual debía ser independiente de los otros períodos, dado que
cada uno estaba sujeto a la posibilidad de control judicial.

Afirmó que lo antes señalado, se evidenciaba en que, los actos administrativos de
liquidación oficial del impuesto de alumbrado público del municipio de Vegachí habían
sido objeto de discusión ante la jurisdicción, mediante procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho8. Adicionalmente, incluir una presunta «deuda anterior» en la
liquidación oficial, sin identificar a que correspondía, podía estar desconociendo
conceptos sobre los que se configuró la prescripción o que fueron declarados nulos, lo
que imposibilitaba su control judicial.

Arguyó que, en caso de que se fuera a adelantar el trámite de cobro, el demandado
ejecutaría vía coactivo el valor total de cada liquidación, puesto que cada una de ellas
constituía soporte para expedir el mandamiento de pago, lo que le permitiría vulnerar el
principio de doble tributación; De modo que, no se cumplió el requisito para la expedición
de la liquidación oficial, concerniente a la «explicación de las modificaciones, correcciones
efectuadas o de los fundamentos de hecho y de derecho del aforo »; pues no existían razones ni
considerandos en las liquidaciones demandadas. Así, al no cumplir las liquidaciones
demandadas con los requisitos previstos en las prenotadas normas, desconocerlos o
desbordarlos, configuraba causal de nulidad de lo actuado, acorde con el ordinal 4 del
artículo 730 del ET referido a la omisión de las bases gravables, el monto de los tributos
o la explicación de las modificaciones efectuadas.

Expuso que, si el hecho generador del impuesto era «la prestación del servicio de alumbrado
público», de manera que la actividad de transmisión, distribución y comercialización de energía »,
desarrollada por la actora, no «encuadraba [n]» en esa definición, porque esas actividades
no obtenían un uso, goce o disfrute directo o indirecto del servicio de alumbrado público
y, por tanto, no podían estar gravadas con el tributo.

Luego, señaló que el demandado no debió omitir la aplicación de los artículos 715, 716
y 717 del ET, sino que, previo a expedir las liquidaciones debió adelantar las
investigaciones respectivas en virtud de sus potestades de fiscalización (arts. 89 y
siguientes del Decreto Municipal 061 de 2013) y emplazar a los contribuyentes, a fin de
que, en el término de un mes, cumpliera el deber omitido; agotado lo cual, podía dentro
de los 5 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar, proferir primero una
resolución sanción contra la cual procedía recurso, lo cual no hizo el municipio, por lo que
no le fue posible interponerlo, lo cual vulneró sus derechos al debido proceso y al derecho
8
Identificados con radicados «5001233300020180136500; 05001333301820180022600; 050012333000201801108;
0005001333301820170031800»

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-01981-01 (29462)
Demandante: EPM ESP

defensa. Añadió que una vez en firme la resolución sancionatoria, la Administración
hubiera podido notificar una liquidación de aforo.

-Violación de la Constitución y la Ley. Falta de competencia para expedir los actos
administrativos demandados. Adujo que el ordinal 4.4 del artículo 4 del Acuerdo municipal
005 de marzo de 2014 dispuso que el período de causación del impuesto de alumbrado
público era mensual, pero que el cálculo se ajustaría a los ciclos y condiciones de
facturación que implementara el agente recaudador designado, dentro del mes objeto de
cobro; lo que significaba que el cobro solo podía generarse vencido el período mensual
y no como lo había efectuado el municipio; esto es, antes de transcurrir el respectivo
período, puesto que la facturación de la prestación del servicio a la que se vinculaba la
liquidación del impuesto, solo tenía lugar, transcurrido el periodo del consumo, luego de
que la empresa efectuara la lectura de los datos del medidor y liquidara los consumos.

Así, las liquidaciones oficiales demandadas fueron expedidas sin que transcurriera el
período que se pretendió cobrar; es decir, sin que hubiera surgido y se hubiera
consolidado el hecho generador de la obligación tributaria, y sin que, para ese momento,
hubiera nacido la obligación sustancial, pues estas fueron enviadas antes de que se
causara el tributo. De ahí que, las liquidaciones estuvieran viciadas de nulidad al haberse
ejercitado una potestad fiscal sin haberse generado el impuesto. Adicionalmente, arguyó
que los artículos 100 y 101 del Decreto Municipal 061 de 2023, solo contemplaron las
liquidaciones provisionales para los impuestos de predial e ICA, y no para el de
alumbrado público, por lo que se actuó sin competencia al extenderlas a ese impuesto.

-Violación del artículo 29 de la Constitución que consagra los derechos fundamentales al
debido proceso y al derecho de defensa: Antes de la expedición de las liquidaciones
demandadas no se dio oportunidad a EPM de discutir la calidad de sujeto pasivo del
impuesto. Afirmó que el demandado no le dio la oportunidad de discutir tal condición
previo a los actos acusados, ni tampoco le informó, junto con las pruebas, las razones
por la cuales lo consideró sujeto pasivo del impuesto, lo cual vulneró el derecho a la
defensa, al debido proceso y vició de nulidad los actos. Adujo que, en un proceso similar
al que es objeto de estudio, en el cual fungió como demandante, esta corporación precisó
mediante la sentencia del 12 de noviembre de 2015 (exp. 20633, CP: Martha Teresa
Briceño de Valencia), [entre otras cosas], que: «La Sala considera que el municipio debió realizar,
en este caso concreto, una interpretación armónica de la normativa local y de las normas generales sobre
las actuaciones administrativas, en concreto, el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo aplicable
al municipio demandado con fundamento en el artículo 1 ibidem, lo cual permitía concluir que antes de
expedir la liquidación del impuesto, debía informarle las razones por las cuales consideraba que debía
pagar el tributo, pues de lo contrario se vulnera el derecho de defensa de la demandante»; conclusiones
que, solicitó tener en cuenta para definir este caso, dada su pertinencia e identidad de
tema; esto sustentado en el artículo 35 del CCA, previsión consagrada con igual sentido
en el artículo 42 del CPACA.

-(…) Violación de los principios de equidad, eficiencia y progresividad consagrados en el
artículo 363 de la Constitución Política. Planteó que, si bien esta corporación ha
reconocido la autonomía de los municipios para fijar los elementos del tributo, estos
debían hacerlo bajo los criterios constitucionales y legales establecidos. Al respecto,
destacó que el artículo 363 constitucional establecía que el sistema se fundaba en los
principios de equidad, eficiencia y progresividad, los cuales definía la sentencia C- 249
de 2013 (exp. D 929, MP. María Victoria Calle Correa), cuyos apartes transcribió.

En ese contexto, sostuvo que no era proporcionado ni racional que la entidad facturara
por concepto de impuesto de alumbrado público, de forma mensual, la suma de
$3.124.968 para el año 2018, cuando la sociedad había pagado por impuesto de ICA por
todo el año gravable 2016 y por todos los servicios que prestó en el municipio demandado

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-01981-01 (29462)
Demandante: EPM ESP

la suma de $28.451.000; y, por el año 2017 un valor de $77.766.000. Añadió que no
podía ser equitativo un impuesto que tuviera como hecho generador la realización de una
actividad ya gravada con ICA. Por último, solicitó que se tuviera en cuenta el artículo 683
del ET - espíritu de justicia-.

Contestación de la demanda

La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la actora9, por las razones que se
resumen a continuación:

Planteó las excepciones previas de falta de competencia del tribunal para dirimir el
asunto, así como la falta de integración del contratista que prestaba el servicio público de
alumbrado -citación a otras partes-10; sin embargo, estas fueron desestimadas por el a
quo en la audiencia inicial llevada a cabo el 10 de marzo de 2020, lo cual quedó plasmado
en el Acta 001, de la misma fecha (índice 16 de Samai).

-Inexistencia de causales de nulidad de los actos administrativos demandados. Precisó
que la Ley 1437 de 2011 reguló los requisitos de la demanda y estableció que esta debía
contener los fundamentos de derecho de las pretensiones. Igualmente, se refirió a las
causales de nulidad consagradas en el artículo 137 del CPACA. Luego, enfatizó el
carácter rogado de la jurisdicción contencioso-administrativa e indicó que el juez debía
ceñirse al concepto de violación presentado por la demandante para decidir sobre la
validez del acto impugnado. A partir de esto, concluyó que no se configuraba ninguno de
los vicios alegados por la sociedad, conforme a lo siguiente.

-Los actos administrativos demandados no fueron expedidos de forma irregular ni violan
las normas en que debían fundarse. Sostuvo que la interpretación que hizo la
demandante de los artículos 712 ET y 99 del Decreto Municipal 061 de 2013 fue errónea,
toda vez que estos no eran aplicables al caso concreto, puesto que regulaban situaciones
jurídicas distintas. Así, el artículo 712 ET se refería a la «liquidación de revisión», categoría
dentro de la cual no podía enmarcarse la liquidación del impuesto de alumbrado público,
pues tal liquidación estaba dirigida a tributos que debían ser declarados por el
contribuyente, lo cual no aplicaba al tributo discutido, pues su recaudo no estaba
supeditado a la presentación de una declaración, sino que era liquidado directamente por
el municipio, bajo la facultad conferida por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 -
modificatorio del artículo 69 de Ley 1111 de 2006, a su vez modificado por el artículo 354
de la Ley 1819 de 2016-. Adujo que el Acuerdo 005 de 2014, determinaba que la
Administración facturaría el impuesto, de modo que la liquidación oficial no constituía una
liquidación de revisión, pues no se estaban modificando valores previamente declarados
por el contribuyente.

Por lo anterior, al impuesto de alumbrado público no le aplicaba el procedimiento del
emplazamiento por no declarar, ni las consecuencias por no hacerlo, como tampoco la
liquidación de aforo, ni privada, ni de revisión, ni requerimiento especial, ni la resolución
sanción por no ser un impuesto de «auto declaración por parte del contribuyente», sino que se
cobraba directamente por la entidad territorial «a través de liquidación oficial, llevada a cabo
mediante el sistema de facturación».

9
Samai CE, índice 16, certificado 67C171E5CF4DB285 06C7E30F9DEF159E 3E9AAE017248DCDF B2985D0ED0977A77 (pdf), pp.
1 a 31.
10
Había planteado en esa segunda excepción que el municipio, tenía un contrato de concesión con la «unión temporal vegachí
iluminado» para la prestación del servicio de alumbrado público, financiado con el impuesto correspondiente. Precisó que la
remuneración del concesionario depende del impuesto en discusión, por lo que una decisión judicial que afecte su recaudo impactaría
directamente al contratista. Por tanto, al no haberse notificado a la empresa del auto admisorio de la demanda, se configuraba una
excepción previa por falta de citación a un tercero con interés directo en el proceso, según lo establece la ley.

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Por las mismas razones, los actos tampoco desconocían lo señalado en el artículo 99 del
Decreto Municipal 061 de 2013, porque esa disposición consagraba la facultad de revisar
las liquidaciones privadas de los contribuyentes, mientras que la determinación del
impuesto de alumbrado la efectuaba directamente la Administración; de modo que la
norma invocada por la demandante no tenía aplicación para este tributo.

Aseguró que, los actos demandados sí explicaron la forma como se determinó la cifra
liquidada, a cuyos efectos, era importante tener en cuenta que el artículo 4 del Acuerdo
municipal 005 de 2014, al establecer los elementos del impuesto de alumbrado público,
consagraba como hecho generador el consumo de energía eléctrica en el municipio, y
en consecuencia, los sujetos pasivos eran quienes usaban, generaban o consumían
dicha energía. Añadió que la misma disposición clasificaba los sujetos pasivos en dos
regímenes, general y particular, estando comprendidos en este último, los contribuyentes
que accedieran al servicio de energía en la modalidad de autoconsumo, generación,
autogeneración y cogeneración de energía. Explicó que el valor del tributo dependía de
la categoría en la que se ubicarán los sujetos: así, para el caso concreto, le correspondía
la B3, prevista para quienes desarrollaran actividades de transmisión, distribución o
comercialización de energía, a la cual le aplicaba una tarifa mínima de 4 smlmv (art. 9
del Acuerdo 005 de 2014).

Sostuvo que cada una de las liquidaciones impugnadas, explicitaban: «(i) norma que regula
el tributo (acuerdo 005),(ii) hecho generador (descripción de la actividad) consiste en la trasmisión y/o
distribución y/o comercialización de energía eléctrica, y (iii) el rango del contribuyente»; de modo que,
los actos sí consignaban los elementos que permitían determinar el valor a pagar que fue
señalado como equivalente a 4 smlmv. Así, era desacertado cuestionar que los actos no
explicaron las modificaciones, puesto que estos no correspondían a una liquidación de
revisión, sino a la determinación del impuesto. Y si bien en las liquidaciones se
determinaba la actividad económica de la demandante, esta no constituía el hecho
generador, sino que ello estaba dado por el consumo de energía en el municipio.

En cuanto a la «deuda anterior», arguyó que en cada uno de los actos demandados se
expresó con claridad que el valor del impuesto correspondía cada uno de los períodos
liquidados. Adujo que, el hecho de que la actora no comprendiera la razón por la cual se
incluía la «deuda anterior», no implicaba que el acto estuviera revestido de algún tipo de
vicio, máxime cuando al determinarse el impuesto por el sistema de facturación, la
característica de tal sistema, consistía en dar cuenta no solo del valor cobrado sino
también de los saldos insolutos, lo que de modo alguno invalidaba las liquidaciones, pues
en cada una de ellas era clara la suma determinada (4 smlmv), siendo el concepto de
deuda anterior meramente informativo, sin lugar a confusión sobre el valor del impuesto
correspondiente al periodo objeto de cobro. Respecto de no haberse tenido en cuenta
los pagos efectuados, señaló que no había registro de ningún pago realizado por la
demandante por concepto del impuesto de alumbrado público.

Frente a la falta de aplicación de los artículos 715, 716 y 717 ET, arguyó que tales
disposiciones eran inaplicables al caso por no existir la obligación de presentar una
declaración tributaria, en apoyo de lo cual citó el oficio 2-2018-011991 del 20 de abril de
2018, en el que la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda señaló que al no
ser un tributo auto declarativo no se requería emplazamiento previo, ni resolución
sanción; sino que podía expedirse directamente la liquidación oficial. Fundado en ello,
concluyó que el municipio no requería iniciar ninguna diligencia o investigación previa a
la liquidación del tributo para establecer si el contribuyente estimó de forma correcta el
valor a pagar o si omitió declarar, porque era la Administración quien determinaba el
tributo por medio del sistema de facturación, señalando el monto y fecha de pago.

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-Los actos administrativos demandados no violan la Constitución ni la ley, ni carecen de
competencia para su expedición. Explicó que la causación del impuesto de alumbrado
público era mensual, tal como lo expresó la demandante y como lo señalaba el ordinal
4.4 del artículo 4 del Acuerdo 005 de 2014. Bajo tal ilación, afirmó que la norma era clara
en establecer que, pese a que la causación era mensual, su cálculo debía ajustarse a los
ciclos de facturación fijados por el recaudador dentro del mes objeto de cobro, lo que
significaba que el cobro del impuesto se daba dentro del mes de su causación, por lo que
no se vislumbraba la configuración del vicio de nulidad alegado por la actora. Adicionó
que, si bien la causación del impuesto hacía referencia al hecho jurídico material, «que da
lugar al nacimiento de la obligación tributaria», desde la óptica del hecho generador el impuesto
de alumbrado público era de carácter instantáneo, solo que, para efectos de una
adecuada y eficiente administración «se consagra en periodos mensuales o los que correspondan
a su ciclo de facturación» de la energía eléctrica, los cuales podían ser acumulables para efectos
de su cobro; esto, sin perjuicio de la prescripción en materia tributaria en un término de 5
años. Finalizó precisando que la liquidación no tenía naturaleza de provisional, pues la
misma correspondía de manera cierta al período objeto de cobro, solo que el cobro se
supeditaba al ciclo de facturación, dentro del mismo mes.

-Los actos administrativos demandados no violan el artículo 29 de la Constitución. Se
opuso al cargo de la actora referido a la violación del debido proceso por no dársele la
oportunidad de discutir la calidad de sujeto pasivo previamente a la liquidación, lo cual
apoyó la demandante en una sentencia de esta corporación. A esos efectos, adujo que
esta no constituía un precedente judicial para el caso, pues en los términos del artículo
270 del CPACA, los precedentes se derivaban de sentencias de unificación expedidas
por el Consejo de Estado y «no de una sentencia ordinariamente emitida en el curso de la segunda
instancia de un proceso cualquiera»; destacó además que, los hechos y el marco normativo
del caso analizado en esa sentencia eran distintos, ya que en ese proceso no se
encontraba vigente la Ley 1430 de 2010, norma que fundamentó la liquidación del
impuesto de alumbrado público en el presente caso. Señaló que actuó conforme al
artículo 58 de la citada ley y al artículo décimo del Acuerdo 005 de 2014, previsiones que
autorizaban la determinación del impuesto de alumbrado público mediante el sistema de
facturación, sin determinar un procedimiento previo para la determinación del tributo.
Además, el municipio al expedir los actos, se sujetó a la ley y al reglamento, sin
transgredir el debido proceso, pues se limitó a aplicar la regla establecida para la
determinación del impuesto en cuestión. Resaltó que, aplicó la prenotadas disposiciones,
que no contemplaban «una audiencia previa del contribuyente para la liquidación del tributo», sobre
todo cuando la calidad de sujeto pasivo la consagraba el Acuerdo 005.

Agregó que, acorde con la regulación del tributo, los desacuerdos que pudieran surgir,
podían ser expresados a través del recurso de reconsideración, el cual fue ejercido por
la actora y debidamente resuelto por la Administración; mecanismo procesal que
garantizaba el debido proceso. En adición, sostuvo que las actuaciones de la
Administración se encontraban sujetas al principio de legalidad (sentencia T-1082 de
2012), por lo que debían ser adelantadas conforme a las normas preexistentes y a las
formas establecidas para el efecto; así, conforme al artículo décimo ejusdem, no existía
la obligación de efectuar un procedimiento previo para la determinación del tributo en
discusión. Entonces, exigir un acto previo, implicaría desconocer el procedimiento
establecido para el efecto, así como el principio de legalidad que rige la actuación de la
autoridad. En consecuencia, insistió que los actos cuestionados fueron expedidos
conforme a lo previsto en la ley y el reglamento.

-Los actos administrativos demandados no violan los principios de equidad, eficiencia y
progresividad consagrados en el artículo 363 de la Constitución Política. Destacó que,
los actos demandados eran los de liquidación del impuesto de alumbrado público y las

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decisiones de los recursos de reconsideración interpuestos, para lo cual se aplicaron
objetivamente las reglas del Acuerdo 005 de 2014; por lo que, de considerarse que el
tributo no era equitativo, eficiente o progresivo, esto no sería un vicio de los actos
demandados, sino del Acuerdo que lo creó «el cual no es objeto de controversia» y gozaba de
presunción de legalidad. Con todo, aseguró que el Acuerdo 005 de 2014 sí incorporó en
su artículo 3 los principios de «equidad, eficiencia o progresividad» al crear el impuesto, y que,
el principio de progresividad fue desarrollado en el parágrafo del artículo 4 ídem, al
clasificar los sujetos pasivos en dos regímenes en atención a su capacidad contributiva,
así como en el artículo 8 que preveía valores diferentes del impuesto, dependiendo del
régimen; categorización que acorde con lo señalado por esta corporación no constituía
vicio de nulidad alguno (sentencia del 10 de marzo de 2010 exp. 18141).

Así, concluyó que contrariamente a lo sostenido por la actora, el impuesto era razonable;
no se desconocía el artículo 683 ET. Finalmente, descartó el cuestionamiento referido a
que el impuesto de alumbrado no era proporcionado en comparación con el ICA, puesto
que se trataba de tributos diferentes con hechos generadores y tarifas distintas.
Igualmente, advirtió que era incorrecto el señalamiento de que el tributo era inequitativo
por tener como hecho generador la propiedad sobre un equipo, pues lo indicado como
tal, era el consumo de energía eléctrica en el municipio.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda11, al concluir que la actora era sujeto
pasivo del impuesto de alumbrado público en la jurisdicción del demandado, con
fundamento en la normativa municipal y la sentencia de unificación proferida por esta
Sección (6 de noviembre del 2019, exp. 23103, CP. Milton Chaves García), y al
desestimar la violación del debido proceso y encontrar garantizados los principios de
equidad, eficiencia y progresividad.

A los efectos anteriores, describió el marco normativo legal y municipal que regía para la
época de los hechos la determinación al impuesto de alumbrado público, y enlistó las
pruebas obrantes en el proceso. Planteó que, la prestación del servicio de alumbrado
público se dirigía a todos los habitantes de la jurisdicción territorial que hicieran uso de
los bienes y espacios públicos, sin que fuera posible establecer un usuario específico,
como «usuario o beneficiario potencial», quien es «… todo sujeto que hace parte de una colectividad
que reside en determinada jurisdicción municipal» conforme lo ha denominado la jurisprudencia
de esta corporación.

Igualmente, se refirió a las reglas de unificación jurisprudencial que fueron fijadas en la
prenotada providencia y, a partir de ellas, describió los elementos del tributo sub examine,
destacando que constituía hecho generador del tributo, cumplir cualquiera de las
siguientes condiciones: el consumo de energía, ser usuario potencial directo o indirecto
receptor del servicio de alumbrado público, entendido como tal, todas las personas
naturales o jurídicas, que ostentaran la calidad de usuarios, suscriptores o consumidores,
auto consumidores generados, auto generadores o cogeneradores de energía eléctrica
en el área geográfica del municipio, seguido de lo cual, precisó que la gravabilidad no era
respecto de la subestación de energía o de las líneas de transmisión, sino el «… beneficio
directo o indirecto, transitorio o permanente del servicio de alumbrado público », pues con la
subestación se desarrollaron actividades de transmisión, distribución y comercialización
de energía eléctrica; conforme lo reconoció la actora en la demanda.

11
Samai tribunal, índice 40, certificado 7A11C2B37F625EAD A8CA010928AC01AC 1BDC3ACB3D5F058B 390745BC038106B6
(pdf), pp. 3 a 12.

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También señaló que, conforme a la subregla d. de la aludida sentencia de unificación, las
empresas propietarias, poseedoras o usufructuarias de subestaciones de energía o
líneas de transmisión de energía eléctrica eran «… sujetos pasivos del impuesto sobre el servicio
de alumbrado público siempre y cuando tengan un establecimiento físico en la jurisdicción del municipio
correspondiente y, por ende, sean beneficiarias potenciales del servicio de alumbrado público».

Asimismo, señaló que la base gravable se determinaba con fundamento en el consumo
de la energía eléctrica «… antes de contribución o subsidio» durante el mes, advirtiendo
seguidamente que, su causación era mensual, pero su cálculo se sujetaba a los ciclos
de facturación de la empresa recaudadora de energía, y para el caso que el impuesto no
se liquidara con la factura del servicio de energía, se procedería a emitir factura por parte
del municipio. Respecto de la tarifa, explicó que se debía tener en cuenta el costo de la
energía consumida y de los valores del Kw/h, con unos topes mínimos expresados en
smlmv, atendiendo los principios de progresividad y gradualidad-, que se medían a través
de la actividad económica desarrollada por el sujeto pasivo (clasificados en los grupos
B1, B2, B3 y B4). Así, teniendo en cuenta que la actora se encontraba clasificada en el
régimen B3, le era aplicable una tarifa del 10% de la liquidación del consumo de energía,
y un mínimo de 4 smlmv.

Tras lo anterior, concluyó que en los actos cuestionados (i) se determinó la norma que
regulaba al tributo (Acuerdo 005 de 2014); (ii) se indicó el tipo de actividad realizada por
la actora -transmisión y/o distribución y/o comercialización de energía eléctrica-; (ii) se
describió la normativa aplicable; (iii) se consignó que el régimen aplicable a la
clasificación del sujeto pasivo era la del grupo 3; y (iv) que el impuesto a cargo se calculó
en aplicación del tope mínimo de 4 smlmv -tratamiento diferenciado que encontró
procedente, en aplicación del principio de progresividad-. Así, se cumplieron los
elementos del impuesto de alumbrado público, no siendo aplicable el artículo 730 del ET.

En relación con las referencias a la «deuda anterior», incluida en los actos demandados,
precisó que los reproches de la actora no versaron sobre la determinación o cobro de
tales sumas, sino sobre la improcedencia de su acumulación en cada uno de los actos
definitivos; y que no se allegaron medios de prueba para desvirtuar la legalidad de tales
sumas. En relación con la aplicación del proceso de liquidación de aforo a efectos del
impuesto de alumbrado público, señaló que esto no era procedente, puesto que las
normas locales establecieron su recaudo a través de la factura de energía eléctrica y, en
su defecto, a través de una factura del impuesto emitida por el municipio, acorde con el
artículo 58 de la Ley 1430 de 2010. Y resaltó que, para el impuesto de alumbrado público,
no se tenía que presentar una declaración. De esa forma, advirtió que «… la jurisprudencia
ha manifestado que en los impuestos en los cuales el contribuyente no tiene la obligación formal de
declarar, no es aplicable el procedimiento de liquidación de aforo »; de modo que no se pretermitió
lo dispuesto en los artículos 712, 715, 716 y 717 del ET, pues no debía proferirse «… una
liquidación oficial de revisión, un emplazamiento para declarar y menos una liquidación oficial de aforo »
(sentencia del 04 de mayo de 2015, exp. 20615, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
En tal contexto, descartó que se hubiera violado el debido proceso, o transgredido los
principios de progresividad, equidad e igualdad en materia tributaria, en tanto, existían
categorías que delimitaban unas tarifas conforme al beneficio recibido.

Finalmente, estimó que el impuesto de industria y comercio no era un referente adecuado
para determinar la tarifa o el monto a pagar del impuesto de alumbrado público, toda vez
que el hecho generador de cada tributo era distinto.

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Recurso de apelación

La actora recurrió la decisión del tribunal12. Señaló que la conclusión del tribunal respecto
de que no hubo violación del debido proceso por haber sido expedidas las liquidaciones
en el marco de las facultades del municipio, desconocía los vicios en el trámite en la
expedición de los actos acusados, los precedentes jurisprudenciales de esta Sección, y
configuraba una aplicación indebida de las pruebas y de las normas en que debió
fundarse la autoridad. Adujo que, para determinar la base gravable el municipio
simplemente señaló el monto del impuesto a cargo, sin explicar la forma en que arribó a
la cifra; no especificó sobre cual activo o subestación se estaba cobrando el tributo, si
era o no de su propiedad ni la capacidad instalada; ni tampoco, se justificaron los criterios
aplicados para determinar el rango donde se ubicó a la actora ni se señalaron cuáles
fueron los soportes de esa decisión.

Seguidamente, expuso que acorde con el parágrafo del artículo 4 del Acuerdo 005 de
2014, existían regímenes como el general y el particular; el primero para los usuarios del
servicio público domiciliario de energía eléctrica y, el segundo, para contribuyentes
especiales -autoconsumo, generación, autogeneración o cogeneración- y que, en este
último caso, la liquidación oficial era mensual con base en el aforo que realizara el
municipio. Luego, describió que el aspecto cuantitativo del impuesto era regulado por el
artículo 8 ídem, el cual catalogó los criterios para establecer el valor del impuesto según
las actividades económicas de los sujetos pasivos (B1, B2, B3 y B4), y consecuente con
ello, el artículo 9 previó las tarifas, fijando para unos un porcentaje sobre el consumo o
liquidación de consumo y para otros unos topes mínimos o un valor fijo, de ahí la
necesidad e importancia de que se le hubiera dado la oportunidad de discutir los criterios
que utilizó el municipio, previo a la expedición de la liquidación, lo cual no ocurrió.

Arguyó que, aunque el tribunal advirtió las condiciones aplicables para liquidar el tributo
tuvo defectos en la conclusión, pues el mínimo no era 4 salarios, sino que partía de 0.4
salarios mínimos y hasta 6 salarios mínimos, dependiendo del grupo en el que se
encontrara el respectivo sujeto y, por ello, el a quo pudo advertir la necesidad de que
previo a la determinación del tributo, se le diera la oportunidad de discutir en cuál de los
rangos se ubicaba, lo que no se hizo.

Adujo que, si bien el acuerdo regulaba el impuesto, se equivocaba el tribunal al dejar de
lado que, no existía soporte previo de como determinó la autoridad los criterios para
catalogarla en un rango y no en otro; pues las liquidaciones no determinaban con
fundamento en que prueba fue establecido eso, ni tampoco se le dio una oportunidad
previa para discutir los criterios usados para ubicarlo.

Expuso que, en las liquidaciones no se mencionó alguna subestación ni ningún otro
activo, lo cual discutió en el recurso de reconsideración. Así, la justificación que daba el
tribunal acerca de que «para el rango se estableció en grupo 3 porque a través de la subestación lo
que se busca, entre otras cosas, es la distribución de energía eléctrica que permita llegar a diferentes zonas
geográficas …», no la había señalado la autoridad, dado que no expidió un acto previo para
que se pudieran discutir los elementos esenciales del tributo, que permitieran clasificarla
en uno u otro rango, pues la calificación no se daba por las reglas generales de liquidación
del tributo, sino que obedecía a condiciones especiales que debían cumplirse y probarse
acorde con lo establecido en el artículo 742 del ET, aplicable por la remisión de la Ley
788 de 2002.

12
Samai tribunal, índice 43, certificado BDFDF2479BE4B545 B67C656C5CEED6E9 D715E7FB20E973E2 FF3846DBF5A9D69A
(pdf), pp. 1 a 18.

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Afirmó que el a quo desconoció los cargos planteados en la demanda y omitió considerar
que el concepto de «deuda anterior», incluido en los actos demandados, desatendió el ET.
Sostuvo que las liquidaciones acusadas incumplían los requisitos de los artículos 712,
719 y 730 del ET, los acuerdos 002 de 2013 y 005 de 2014 y el Decreto Municipal 061
de 2013, en relación con la determinación de las «bases de cuantificación de las tarifas», pues
solamente estableció el impuesto sin explicar como la obtuvo. En consecuencia,
incumplió con el requisito de las liquidaciones oficiales de la «explicación de las modificaciones
o correcciones efectuadas; o de los fundamentos de hecho y de derecho del aforo », pues en los actos
demandados no existían razones ni considerandos, ni se explicaba el fundamento que
diera certeza sobre cuál era la actividad ejercida, y con cuáles activos se desarrollaba,
todo lo cual, vulneró el derecho de defensa y el debido proceso por pretermitirse el acto
previo que permitiera controvertir los criterios de sujeción pasiva.

Agregó que la mencionada tesis estaba sólidamente establecida por esta corporación en
materia del impuesto de alumbrado público, pues acorde con lo señalado por la
judicatura, en los casos en que el impuesto no fuera declarable, previo a expedirse el
acto de determinación, debía informársele al administrado las razones por las cuales
debía pagar el tributo. A tales efectos, invocó la sentencia del 12 de noviembre de 2015
(exp. 20633, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia)13, la cual señaló como un
precedente aplicable por corresponder a un caso similar. Adujo que, según el criterio
jurisprudencial omitir el acto previo, vició de nulidad los actos demandados, pues le
impidió discutir los elementos esenciales del tributo. También, invocó sentencia en similar
sentido donde fungió como demandante14.

Insistió en que la Corporación ha reiterado la necesidad del procedimiento previo, en
pronunciamientos anteriores15, e insistió en que, al haberse obviado el acto previo en la
determinación de la carga tributaria en su contra, se vulneró el debido proceso y defensa,
lo que vició de nulidad los actos demandados, pues adicionalmente, no pudo interponer
los recursos legales contra dicho acto.

En otro punto, reprochó las conclusiones del tribunal respecto de que la actora no
controvirtió la determinación y cobro de la «deuda anterior», pues tanto en la demanda,
como en el escrito de pronunciamiento sobre las excepciones, se cuestionó tal aspecto,
y no solo su acumulación. Precisó que, en la demanda se alegó la improcedencia de
incluir tal concepto en la liquidación oficial del impuesto, pues con ello, se incumplían los
criterios establecidos en el artículo 712 del ET, lo que configuraba las causales de nulidad
del artículo 730 ibidem, y lo reiteró en la contestación al traslado de las excepciones
previas; reparo que fue efectuado ante la imposibilidad de ejercer el derecho de defensa,
al no conocer los parámetros con los que se determinó la suma incluida (base, tarifa y a
qué periodos correspondía); lo que podía acarrear el cobro de obligaciones respecto de
las cuales se hubiera configurado la prescripción extintiva, o hubiera sido objeto de
anulación, en virtud de las demandas promovidas por EPM, las cuales referenció en la
demanda. Sobre ese particular, destacó dos sentencias proferidas en esos procesos, en
los cuales fueron anulados los actos del municipio.

Bajo la misma ilación, cuestionó que el tribunal diera a entender que una cifra podía ser
incluida en un acto administrativo sin determinarse la base, tarifa o a qué período
correspondía. A su entender, lo anterior transgredía el derecho de defensa y debido
13
Indicó que tal criterio jurisprudencial ha sido reiterado en las siguientes sentencias: del 24 de septiembre de 2015 (exp. 21217, CP:
Jorge Octavio Ramírez Ramírez); del 10 de febrero de 2016 (exp. 20712, CP: Cármen Teresa Ortíz de Rodríguez); del 13 de octubre
de 2016 (exp. 20078, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas); y del 15 de septiembre de 2022 (exp. 26276, CP: Julio Roberto Piza
Rodríguez).
14
Sentencia del 15 de septiembre de 2022 Exp. 26276.
15
Al respecto, citó las sentencias del 10 de febrero de 2016 (exp. 20712, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez); del 25 de febrero
de 2020 (exp. 22473 – IJ-SU, CP: William Hernández Gómez); y del 18 de octubre de 2018 y 6 de julio de 2023 (exps. exp. 22892 y
26860, CP: Milton Chaves García).

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proceso (aspecto que, a su vez, le obstaculizó presentar pruebas para desvirtuarlo).

Finalmente, planteó que no motivar los actos contravenía lo dispuesto en los artículos 1
y 29 de la Constitución, 42 del CPACA y 712 del ET, vulnerándose con ello el derecho
de defensa, contradicción y el debido proceso. Asimismo, indicó que los actos
administrativos expedidos sin motivación o con una impertinente, obscura e imprecisa
«son propios de un Estado arbitrario»; afirmación que sustentó en la sentencia SU-250 de
1998, de la Corte Constitucional y la providencia del 18 de julio de 2019 (exp. 20526, CP:
Julio Roberto Piza Rodríguez) de esta corporación. También se refirió a la falsa
motivación [aspecto que no sustentó].

Pronunciamientos finales

El ministerio público guardó silencio en esta etapa procesal16. Por su parte, la actora
apelante, pese a no ser la oportunidad procesal para pronunciarse sobre su propio
recurso, presentó un escrito donde reiteró los argumentos expuestos en la impugnación
del fallo de primer grado17.

El demandado se opuso a los reproches formulados por la apelante y solicitó confirmar
la sentencia de primera instancia18. Afirmó que respetó el debido proceso al expedir los
actos demandados y advirtió que en las normas tributarias municipales no se encontraba
regulado un procedimiento previo para la expedición de dichos actos, por lo que sostuvo
que no era aplicable al caso concreto. En ese sentido, agregó que, de exigirse su
cumplimiento, se violaría el debido proceso, y el principio de legalidad, dada la
inexistencia del mencionado trámite previo en la normativa del municipio. En todo lo
demás, reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos administrativos acusados, atendiendo los cargos
de apelación planteados por la actora, en calidad de apelante única, contra la sentencia
de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.

Problemas jurídicos

2- En concreto, le corresponde a la Sala definir, en el siguiente orden, por razones
metodológicas, los siguientes problemas jurídicos: (i) si se transgredió el debido proceso
y el derecho a la defensa de la actora, al haberse proferido las liquidaciones oficiales del
impuesto de alumbrado público sin expedirse previamente un acto que le hubiese
permitido conocer y discutir los elementos con los que se determinó la causación y el
valor del tributo. En caso de no prosperar tal cuestionamiento, deberá establecerse (ii) si
los actos no explicaron los elementos y criterios utilizados para la determinación del valor
de la obligación tributaria (sujeción pasiva, clasificación en los rangos de los
contribuyentes y tarifa utilizada); y si (iii) se le vulneró el derecho a la defensa al incluirse
indebidamente el concepto «deuda anterior» en las liquidaciones oficiales demandadas, sin
ninguna explicación de los conceptos y forma de determinación.

16
Samai CE, índice 28, certificado 913C35393A8DFDF4 FCDB12C97E95A98F 35FBDA9E5293F5EB E967A2A0B2CD3851 (pdf), p.
1.
17
Samai CE, índice 26, certificado B13C8AB588DFD040 7BA0E4B6CB5CC1F4 5DFDF49B44864B44 B37A7269BDD0D1DE (pdf),
pp. 1 a 13.
18
Samai CE, índice 25, certificado 23EF9DD206FDF49C BE5F7026E5DE969E D781471999813A8A 43FFF4592A7DE48B (pdf), pp.
1 a 8.

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Análisis del caso concreto

3- Respecto del primer problema, la apelante aseguró que le fue vulnerado el debido
proceso y el derecho a la defensa al haberse omitido, por parte del demandado, expedir
un acto previo a las liquidaciones oficiales del impuesto de alumbrado público que, a su
vez, le hubiesen permitido conocer y controvertir los fundamentos de la determinación
del valor del tributo a su cargo. En particular, adujo que la Administración incurrió en
vicios de trámite en la expedición de las liquidaciones, pues simplemente señaló el monto
del impuesto a cargo, sin explicar la forma en que arribó a la cifra; no especificó sobre
cuál activo o subestación se estaba cobrando el tributo, si era o no de su propiedad ni la
capacidad instalada; ni tampoco, se justificaron los criterios aplicados para determinar el
rango donde fue ubicada «B3». Reclamó la inobservancia de los artículos 715, 716 y 717
ET, y en específico la falta de un acto previo a la liquidación oficial del impuesto de
alumbrado público, el que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta corporación
era indispensable en garantía del debido proceso y el derecho de defensa.

En el otro extremo, el demandado señaló que la normativa local no contempló un
procedimiento previo para liquidar el tributo, por lo que no resulta exigible. En ese orden,
advirtió que, de exigirlo, pese a la inexistencia de una disposición en tal sentido, se
transgrediría el principio de legalidad que regía a las actuaciones de la Administración,
en la medida en que estas debían sujetarse a las normas preestablecidas para el efecto,
conforme a lo señalado en la sentencia T-1082 de 2012, de la Corte Constitucional.
Igualmente, sostuvo que acorde con el artículo 10 del Acuerdo 005 de 2014, que regulaba
el impuesto de alumbrado público y que remitía al artículo 58 de la Ley 1430 de 2010, en
dicho ente territorial el impuesto se determinaba mediante facturación y eso fue lo que se
hizo en aplicación de ese precepto; no se estableció la expedición de un acto previo a la
liquidación del tributo. Al hilo de ello, planteó que el instrumento adecuado por el
ordenamiento jurídico para manifestar los desacuerdos respecto del impuesto liquidado
era el recurso de reconsideración.

Al desatar la controversia, el a quo señaló que la normativa local no dispuso el
cumplimiento de una «obligación formal» a cargo de los administrados, en el sentido de
presentar una declaración para la liquidación del impuesto sub examine; por lo que
precisó que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, no resultaba aplicable
el procedimiento de la liquidación de aforo. En ese contexto, concluyó que no se
pretermitió el trámite procedimental previsto en los artículos 712, 715, 716 y 717 del ET
y, en consecuencia, no se violó el debido proceso, toda vez que al no haber lugar a la
presentación de una declaración tributaria, no era exigible haber proferido «… una
liquidación oficial de revisión, un emplazamiento para declarar y menos una liquidación oficial de aforo»;
igualmente, advirtió que, conforme a las normas municipales (acuerdos 002 de 2013 y
005 de 2014) el recaudo del impuesto de alumbrado público se realizó a través de las
facturas de energía eléctrica y en su defecto a través de la facturación del impuesto, en
los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010, y precisó que, en caso
de no haberse obtenido su pago, debía surtirse el procedimiento administrativo de
determinación, liquidación, discusión y cobro coactivo. Además, puntualizó que, las
liquidaciones habían cumplido los elementos del impuesto de alumbrado público, no
siendo aplicable el artículo 730 del ET.

3.1- Para dirimir el sub lite, la Sala aplicará el criterio jurisprudencial adoptado por esta
Sección, en el marco de controversias con identidad de partes y similitud fáctica y jurídica;
en consecuencia, reiterará, en lo pertinente, los precedentes conformados por las
sentencias del 06 de marzo de 2025 exp. 29463, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello;
del 12 de junio de 2025 exp. 30002 y 29918 del 18 de septiembre de 2025, ambas con
CP. Wilson Ramos Girón.

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Acorde con el criterio de decisión adoptado por la Sección, para el caso del impuesto de
alumbrado público se tiene que: «aun en los casos en que se haya dispuesto que los obligados no
deben autoliquidar la obligación tributaria a su cargo se puede generar violación al debido proceso si la
administración no emite un acto previo a la determinación de la obligación fiscal». De modo que la
expedición directa de las liquidaciones oficiales informativas, sin que hayan sido
precedidas por dicho acto previo «… implica la violación del artículo 42 del CPACA, según el cual
para que la administración pueda tomar una decisión debe dar al administrado la oportunidad de expresar
sus opiniones, como garantía del debido proceso y del derecho de defensa »; previsión aplicable «a
todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes,
sectores y niveles, en lo no previsto en las normas especiales que las regulan (artículo 2 del CPACA) ».

En línea con lo anterior, es menester precisar que, con independencia de que la norma
local no determinara la necesidad de expedir un acto previo, tal actuación era requerida
para garantizar el debido proceso del obligado tributario, garantía constitucional, lo cual
no se subsana por haberse tenido la oportunidad de interponer el recurso de
reconsideración; pues, como se explicó en precedencia, es indispensable que se surta
una oportunidad procesal de manera previa a la emisión de los actos administrativos
definitivos por medio de los cuales se establezca una obligación tributaria a cargo de los
administrados - liquidación oficial-.

3.2- Conforme a lo explicado, la Sala encuentra que las liquidaciones informativas del
impuesto de alumbrado público que el demandado expidió, para los efectos de establecer
el valor, periodo y clasificación del sujeto pasivo, correspondientes a los periodos de
marzo a julio y noviembre de 2018, no fueron precedidas por un acto previo que le
hubiese permitido a la obligada tributaria conocer y discutir los fundamentos fácticos y
jurídicos que la autoridad tuvo en cuenta para la exigencia del gravamen (Índice 2 de
Samai), lo que por demás, fue reconocido por el propio demandado, aduciendo que, en
el procedimiento local no se adoptó la expedición de acto previo.

Si bien, alega el demandado que eso fue así porque se acogió a la posibilidad de
determinación dicho tributo mediante facturación, conforme al artículo 58 de la ley 1430
de 2010, que modificó el artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, lo cierto es que, en este
caso, estamos ante un típico evento en el que el municipio directamente determina el
tributo a quien cataloga como sujeto pasivo.

En el presente juicio, con base en el Acuerdo 005 de 2014, el demandado catalogó a la
actora perteneciente al régimen particular del impuesto en la categoría B3; a quien le
aplicó una cuota tributaria de 4 salarios, mínimos, mensuales, legales y vigentes, sin
considerar mediciones de consumo de energía eléctrica, pues de esa categoría harían
parte quienes desarrollaran en ese territorio, ciertas actividades listadas en el ordinal 2
del artículo séptimo; de modo que, para determinársele el tributo no medió en esa relación
jurídico-tributaria un sustituto como agente recaudador del tributo (artículo décimo
primero del Acuerdo 005 de 2014) en función del consumo. Bajo esos supuestos en que
el municipio cataloga y directamente determina un tributo a un obligado es que la
jurisprudencia de esta corporación ha dictaminado la necesidad de que, previamente, se
le expida un acto administrativo en el que se le ponga de presente al administrado los
motivos por los que estaría sujeto al impuesto de alumbrado público en el respectivo
territorio, por lo cual, resulta indiferente que el acto de determinación empleado por la
autoridad haya sido facturación o el ordinario acto administrativo de liquidación oficial,
pues la tesis jurídica de la Sala consiste en que se garantice el debido proceso,
contradicción y defensa con un acto previo que omitió el demandado en esta oportunidad.

De esa forma, según el derecho aplicable y, específicamente, el criterio jurisprudencial
expuesto, la Sala encuentra que, la pretermisión del acto previo conculcó el debido
proceso y el derecho de defensa a la apelante única. Lo anterior, con prescindencia de

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que la norma local, no lo consagrara expresamente, en tanto esto constituye garantía del
prenotado principio constitucional y, por lo mismo, no puede entenderse subsanado por
la posibilidad o el ejercicio del recurso de reconsideración, como lo planteó la
Administración. Prospera el cargo de apelación.

3.3- Dado que, la transgresión al debido proceso y al derecho de defensa que fue
establecida resulta suficiente para anular los actos demandados; la Sala se relevará de
estudiar los demás cuestionamientos. En consecuencia, revocará la providencia de
primera instancia y, en su lugar, se declarará la nulidad de los actos acusados.

Respecto del restablecimiento del derecho aplicable, la Sala declarará que que la actora
no está obligada a pagar suma alguna por concepto del impuesto de alumbrado público
por los periodos marzo, abril, mayo, junio, julio y noviembre de 2018. En cambio, no
accederá a la pretensión de devolución de «las sumas que se llegaren a pagar en virtud de los
actos administrativos demandados», porque, el contenido del acto demandado no tuvo como
objeto el análisis de una solicitud de devolución o su rechazo, propósito para el cual, la
normativa local, vigente, exige como presupuesto que el titular incoe una solicitud en tal
sentido (art. 407 del Acuerdo 002 de 2013), para lo cual podrá observar la parte actora
que el término para presentar dicha petición debe considerar el dies a quo establecido
en la sentencia del 07 de diciembre de 2023 (exp. 22685, CP: Wilson Ramos Girón), esto
es, a partir de la ejecutoria de esta sentencia, previa las verificaciones a que haya lugar
por parte de la Administración.

Conclusión

4- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de
esta providencia que la liquidación oficial del impuesto de alumbrado público debe estar
precedida de un acto que le dé posibilidad al administrado de controvertir la sujeción
pasiva pretendida, so pena de vulnerar el principio constitucional del debido proceso y el
derecho de defensa y contradicción de los administrados.

Costas

5- Acorde con la posición actual y mayoritaria de la Sección fijada en la sentencia del 23
de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP. Wilson Ramos Girón), se condenará en costas
-agencias en derecho- a la parte vencida o a quien se resuelva desfavorablemente el
recurso, sin que haga falta prueba alguna, en el entendido que «el reconocimiento del
segmento de la condena en costas correspondiente a las agencias en derecho no depende de que se
pruebe haber contratado la prestación de servicios de apoderamiento judicial», pues «el monto de esas
agencias en derecho no guarda ninguna relación con la prestación económica a la que tenga derecho el
apoderado de la parte vencedora en el juicio».

En el caso, como se revoca la sentencia apelada y la parte demandada resulta vencida
en el proceso, la condena en costas -agencias en derecho- es procedente. Así, se fijarán
como agencias en derecho, en cada instancia, el equivalente a un (1) smlmv al momento
de la ejecutoria de la providencia. Por lo tanto, se ordenará al tribunal tramitar el
respectivo incidente de liquidación de la condena en costas, conforme a las reglas
consagradas en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA

1. Revocar la sentencia apelada, en su lugar:

Primero. Declarar la nulidad de los actos demandados, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, se declara que la actora no está obligada a pagar
suma alguna por concepto del impuesto de alumbrado público por los periodos marzo, abril, mayo,
junio, julio y noviembre de 2018.

2. Condenar en costas a la parte demandada en ambas instancias. En consecuencia,
ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo voto parcial

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclaro voto

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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