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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02004-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02004-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el siete (07) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión. Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 05001-23-33-000-2019-02004-01 (6676-2024) Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-02004-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., seis (06) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02004-01 (6676-2024)
Demandante: Sergio Raúl Cardoso González
Demandado: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Temas: Nombramiento en provisionalidad de magistrada de la Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Antioquia, sin tener en cuenta la lista de elegibles para proveer el cargo.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Ley 1437 de 2011)

1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el siete (07) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, por medio de la cual
negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

2. El señor Sergio Raúl Cardoso González instauró demanda1 en contra de la
Nación Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

3. Que se declare la nulidad del Acuerdo 1284 del 7 de febrero de 2019, mediante
el cual la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia nombró en encargo y/o
provisionalidad a la señora Ángela María Peláez Arenas como magistrada de la Sala
Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Antioquia y, a título de restablecimiento del derecho, se le nombre en
encargo y/o provisionalidad en el cargo mencionado o en uno de la misma jerarquía

1 Índice 00002 de SAMAI.

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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02004-01 (6676-2024)

o, de forma subsidiaria, se le paguen los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir. Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad
demandada.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

4. Que a través del Acuerdo PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013 el Consejo
Superior de la Judicatura convocó a concurso a los interesados en cargos de
funcionarios de la Rama Judicial; que, agotadas todas las etapas del concurso,
mediante la Resolución PCSJSR18-1 del 12 de enero de 2018 estableció la
conformación de los Registros Nacionales de Elegibles; y el 20 de marzo de 2018
publicó el Registro de Elegibles para el cargo de magistrado de Tribunal Superior –
Sala Civil, del cual forma parte.

5. Que el 8 de octubre de 2018 presentó su postulación para ser nombrado en el
cargo de magistrado de Tribunal Superior – Sala Civil que iba a efectuar la Corte
Suprema de Justicia, pero por medio del Acuerdo 1284 del 7 de febrero de 2019, la
Sala Plena de esa corporación nombró en encargo y/o provisionalidad a la señora
Ángela María Peláez Arenas, quien no era parte del Registro de Elegibles vigente,
en el cargo de magistrada de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

6. Considera vulnerados los artículos 13 y 125 de la Constitución Política; 17
(numeral 1) y 85 (numeral 13) de la Ley 270 de 1996; y 138 (inciso 2) de la Ley 1437
de 2011.

7. Adujo que con el acto administrativo demandado se desconoció el derecho de
audiencia y defensa, pues no se tuvo en cuenta su postulación ni el orden y
prelación de la lista de elegibles vigente al momento del nombramiento, de
conformidad con las sentencias C-713 de 2008, C-333 de 2012, C-532 de 2013 y T-
319 de 2014 de la Corte Constitucional y la Circular PCSJC17-36 del 25 de
septiembre de 2017 de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura.

8. Manifestó que la decisión cuestionada es contraria al principio de igualdad, pues
no reconoció el derecho al mérito, en su condición de integrante del Registro de
Elegibles, y «terminó sancionándolo al discriminarlo negativamente para excluirlo
de la posibilidad de acceder» al cargo de magistrado de la Sala Civil Especializada
en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

9. La demanda fue admitida el 23 de noviembre de 20232. La Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial de Medellín - Antioquia manifestó que el
nombramiento de la señora Ángela María Peláez Arenas en el cargo de magistrada
de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de
Antioquia correspondió a un acto legítimo de la Corte Suprema de Justicia, de
conformidad con el numeral 1 del artículo 17 de la Ley 270 de 1996 y con
observancia de las formalidades previstas en el ordenamiento jurídico, pues cumplió
con los requisitos establecidos para desempeñar el cargo y su postulación alcanzó
el número de votos mínimo establecido en el Reglamento General, para la
declaratoria de la elección.

10. Afirmó que el demandante no hacía parte de alguna lista de elegibles
conformada para desempeñar esa plaza y el hecho de hacer parte del Registro de
Elegibles en el puesto 10 simplemente le generaba una mera expectativa para
acceder a un cargo, siempre que apareciera en el primer puesto, lo que no ocurría,
y que no demostró el daño alegado. Propuso como excepciones las denominadas
falta de competencia, presunción de legalidad de los actos administrativos,
inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad de la administración,
ausencia de causa petendi e inexistencia de la obligación por falta de nexo causal
e innominada.

11. La señora Angela María Peláez Arenas expresó que ocupó el cargo de
magistrada de la Sala 03 Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal
Superior de Antioquia hasta el 15 de diciembre de 2019, pues a partir del día
siguiente se posesionó en propiedad el señor Nattan Nisimblat Murillo, quien
ocupaba el primer lugar entre quienes se postularon para ocupar en propiedad el
cargo ofertado en junio de 2019, mientras que el demandante tenía el 5.° puesto,
por lo que era nula su expectativa de ser nombrado en propiedad. Mencionó que la
solicitud que este elevó ante la Corte Suprema de Justicia no fue para ser tenido en
cuenta en alguna vacante de magistrado de la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras, sino solamente para magistrado de la Sala Civil, por lo que
el interés en esa subespecialidad debía ser expreso, y señaló que al parecer el actor
actualmente es magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín.

12. El 31 de julio de 20243 se abrió la etapa probatoria, se decretaron las pruebas
solicitadas por las partes y el 28 de agosto de 20244 se corrió traslado para alegar
de conclusión y al representante del Ministerio Público para que rindiera concepto
de fondo.

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4
Ibidem.

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

13. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, mediante
sentencia del 7 de octubre de 2024, negó las pretensiones y se abstuvo de condenar
en costas. Consideró que la novedad relacionada con el cargo objeto del litigio en
relación con la persona que lo ocupaba ocurrió de manera imprevista, por lo que la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia procedió a nombrar en encargo y/o
provisionalidad a la señora Ángela María Peláez Arenas mientras el cargo era
provisto en propiedad, de conformidad con el artículo 132 de la Ley 270 de 1996.

14. Precisó que ese nombramiento solo estuvo vigente hasta que el Consejo
Superior de la Judicatura allegó el Acuerdo PCSJA19-11368 del 28 de agosto de
2019, momento en el cual se dispuso el nombramiento en propiedad del candidato
que ocupaba el primer puesto de la lista de elegibles, quien era quien tenía un
derecho adquirido, a diferencia del demandante que ocupaba el 5.° puesto, por lo
que ni siquiera tenía una expectativa legítima de ser nombrado en la vacante.

RECURSO DE APELACIÓN6

15. La parte demandante interpuso recurso de apelación, al considerar que el litigio
no recae en si tenía derecho a que se le nombrara en propiedad, pues no realizó
una postulación para ello, sino en el hecho de que mientras se realizaba esa
designación por el sistema legalmente previsto, no se tuvieran en cuenta los criterios
basados en el mérito para el nombramiento en provisionalidad, por lo cual no
debatió los requisitos de quien fue nombrada para desempeñar el cargo ni mucho
menos que debía proveerse en propiedad.

16. Que está demostrado que para el 8 de octubre de 2018 se postuló para el
nombramiento de cargos transitorios, esto es, en encargo y/o provisionalidad, y que
en el Acuerdo 1284 del 7 de febrero de 2019, el nominador decidió nombrar a la
señora Ángela María Peláez Arenas, por lo que el problema jurídico a resolver gira
en torno a definir si debía nombrársele en provisionalidad en su lugar, pues al no
hacerlo incumplió las normas imperativas en las que debió fundarse el acto
administrativo, debido a que para el momento del nombramiento en encargo y/o
provisionalidad se encontraba en el 5.° puesto de la lista de elegibles para la
provisión del cargo de magistrado de Tribunal Superior – Sala Civil.

17. Que fue el único integrante de la lista de elegibles que se postuló para los
nombramientos transitorios en ese cargo que iba a efectuar la corporación en su
próxima sala plena y quien fue nombrada no hacía parte de esta, por lo que no
ostentaba mayor mérito que él, en los términos de los artículos 13 y 125 de la

5 Ibidem.
6 Ibidem.

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Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencias C-713 de
2008, C-333 de 2012 y C-532 de 2013), en la que se ha sostenido que en virtud de
ese principio la designación de jueces en cargos con vocación de transitoriedad
debe tener en cuenta y respetar el orden de las listas de elegibles, y la Circular
PCSJC17-36 del 25 de septiembre de 2017 del Consejo Superior de la Judicatura.

18. Concluyó que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia tenía la obligación
ineludible e inexcusable de efectuar el nombramiento del cargo considerando y
respetando el orden y prelación de las listas de elegibles existentes, lo que implicaba
su nombramiento en encargo y/o provisionalidad, por lo cual solicitó revocar la
sentencia recurrida; declarar la nulidad del acto demandado; y condenar a la entidad
demandada al pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
desde el 8 de febrero de 2019 hasta el 15 de diciembre de 2019.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

19. El 11 de diciembre de 20247 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriada esa decisión, el expediente pasaría a Despacho para
dictar sentencia sin necesidad de traslados; además, se advirtió que el Ministerio
Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo
para sentencia.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

20. La Subsección deberá resolver si el acto administrativo demandado se
encuentra viciado de nulidad, al abstenerse la administración de nombrar al
demandante en encargo y/o provisionalidad, a pesar de que integraba la lista de
elegibles para el cargo de magistrado de Tribunal Superior – Sala Civil y efectuó la
postulación ante el nominador, según los desacuerdos planteados en la apelación,
y, de ser así, si tiene derecho al restablecimiento del derecho pretendido.

Marco normativo y jurisprudencial

Sobre el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

21. El artículo 138 del CPACA establece que a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho «Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño […]» (énfasis fuera de
texto).

7 Índice 00002 de SAMAI.

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22. Del análisis del artículo citado se concluye que, para que el estudio de la
legalidad del acto administrativo demandado tenga vocación de prosperidad, es
necesario que el accionante, además de demostrar que goza del o los derechos que
invoca como lesionados, debe acreditar que estos se encuentran amparados en al
menos una norma jurídica. Es decir, que el derecho reclamado está respaldado en
el ordenamiento jurídico ―entendido como derecho objetivo―, esto es, en fuentes
como la Constitución, la ley, los textos asimilados a la ley, los reglamentos o los
actos administrativos.

23. Lo anterior debido a que el medio de control encuentra su propósito típico y
esencial cuando un acto administrativo violenta un derecho particular por
desconocer el ordenamiento, específicamente, las normas jurídicas que consagran
el mismo. Así, por ejemplo, cuando una disposición crea un derecho en términos
objetivos (no en favor de un particular identificado, sino identificable) y esta es
desconocida subjetivamente a través de un acto administrativo, la transgresión del
sistema de fuentes sustenta la nulidad del acto y el consecuente restablecimiento
del derecho.

24. En suma, cuando la Administración se rehúsa a reconocer un derecho subjetivo
o particular en favor de un ciudadano, la prosperidad de su reclamo en instancias
administrativas o judiciales dependerá siempre de la demostración argumentada y
razonable de que aquel encuentra sustento en una norma o fuente de derecho que,
para el caso, fue omitida.

Acerca del ingreso al empleo público, especialmente en la Rama Judicial.

25. El artículo 122 de la Constitución Política ordena que cualquier empleo público
debe tener unas funciones detalladas en la ley o el reglamento y estar previsto en
la respectiva planta de personal, así como los emolumentos en el presupuesto.
Además, el artículo 125 de la Constitución Política consagró como cláusula general
que los empleos en las entidades estatales serían de carrera, exceptuando los de
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y
los demás determinados en la ley.

26. La Ley 909 de 2004 reguló el sistema de empleo público y el establecimiento de
los principios básicos para el ejercicio de la gerencia pública. El artículo 19 dispone
que el diseño de cada empleo público debe contener la descripción del contenido
funcional, el perfil de competencias y requisitos para su desempeño y, en el caso
de empleos temporales, su duración.

27. Tratándose de la Rama Judicial la provisión de cargos puede efectuarse de tres
formas: en propiedad, cuando se hayan superado las etapas del proceso de
selección si el cargo es de carrera, o cuando se trate del traslado en los términos

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del artículo 134 de la Ley 270 de 1996; en provisionalidad en casos de vacancia
definitiva o temporal; y en encargo, respecto a un funcionario o empleado que se
desempeñe en propiedad, de conformidad con el artículo 32 de la Ley mencionada.

28. El ingreso al servicio en la Rama Judicial a través de la carrera judicial lo que
pretende es «atraer y retener los servidores más idóneos», para lo cual los
aspirantes deben superar satisfactoriamente el proceso de selección, que permite
evaluar sus conocimientos, destrezas, aptitudes, experiencia, idoneidad moral y
condiciones de personalidad; aprobar el curso de formación judicial, el cual tiene
como propósito «formar profesional y científicamente al aspirante para el adecuado
desempeño de la función judicial»; superar las evaluaciones previstas en la ley;
cumplir con los requisitos de títulos y estudios, y los demás exigidos legalmente, de
conformidad con los artículos 157, 160, 161 y 164 de la Ley 270 de 1996.

29. Debe tenerse en cuenta que como la celebración de los concursos de méritos
puede tomar un plazo razonable, pero la prestación del servicio público no da
espera, el ordenamiento ha previsto soluciones para que los cargos no
permanezcan vacantes mientras no sean provistos definitivamente en carrera. Así,
es posible la designación de servidores en provisionalidad, que no gozan de la
estabilidad y permanencia en el tiempo que deviene de los derechos propios de la
carrera administrativa, pero sí de una estabilidad laboral intermedia o precaria.

30. De lo anterior, se concluye que la Constitución y la Ley imponen el principio de
legalidad para la creación de empleos en los distintos órganos y entidades que
conforman la estructura de la administración pública. Estos son provistos, por regla
general, conforme con el principio del mérito, a través de procedimientos técnicos
orientados por la igualdad y la selección del personal más capacitado posible, para
la mejor prestación del servicio y la garantía del interés general. Quienes resultan
ganadores y gozan de un derecho sólido al empleo que, salvo algunas causales
objetivas, no puede ser limitado.

Resolución del caso concreto

31. La parte demandante considera que tenía derecho a ser nombrado en
provisionalidad y/o encargo en el cargo de magistrado de la Sala Civil Especializada
en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia
porque tenía mejor derecho que la persona que finalmente fue nombrada, debido a
que ocupaba el 5.° puesto de la lista de elegibles y fue el único de sus integrantes
que se postuló para el cargo.

32. Al respecto, la Sala advierte que el derecho reclamado no se encuentra
amparado en alguna de las normas jurídicas invocadas en el concepto de violación
de la demanda o en el recurso de apelación para sustentar la nulidad y el
consecuente restablecimiento del derecho pretendido.

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33. En efecto, en los artículos 13 y 125 de la Constitución Política se consagró el
derecho fundamental a la igualdad y la clasificación de los empleos de los órganos
y entidades estatales, respectivamente, pero ninguno de ellos previó la obligación
de nombrar en provisionalidad en casos de vacancias definitivas a quienes
conformaran las listas de elegibles.

34. Ahora bien, en el artículo 132 de la Ley 270 de 1996, antes de la modificación
de la Ley 2430 de 2024, vigente para la época de los hechos, se establecía que el
nombramiento se haría en provisionalidad en caso de vacancia definitiva hasta tanto
se pudiera efectuar la designación por el sistema legalmente definido, sin que se
creara alguna obligación de efectuarla a través del uso de la lista de elegibles.
Inclusive con la reforma a dicha Ley, esa previsión únicamente se determinó para
la vacancia temporal.

35. En esa medida, no le asiste razón al recurrente, al considerar que tenía derecho
a ser nombrado en provisionalidad por ocupar un lugar en la lista de elegibles, pues
no existía norma alguna que consagrara y reconociera ese deber, con mayor razón
cuando este ni siquiera se encontraba en el primer lugar.

36. Respecto a las providencias de la Corte Constitucional invocadas como
desconocidas y que fueron mencionadas en la Circular PCSJC17-36 del 25 de
septiembre de 2017 del Consejo Superior de la Judicatura, basta con mencionar
que el análisis efectuado en ellas se limitó a la constitucionalidad de las normas allí
examinadas y, en todo caso, a través de ellas no podía crearse un derecho no
dispuesto en la ley.

37. Así en la Sentencia C-713 de 2008 se efectuó el control de constitucionalidad
del proyecto de ley estatutaria que reformaba la Ley 270 de 1996, y los apartes con
base en los cuales se sustenta el desacuerdo del recurrente se refirieron a la
designación de los jueces de descongestión; y en las sentencia C-333 de 2012 y C-
532 de 2013 se analizaron las leyes 975 de 2005 y 1592 de 2012, referente a la
provisión de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en
materia de Justicia y Paz.

38. En consecuencia, al circunscribirse el estudio de legalidad a través de este
medio de control a la valoración objetiva del derecho alegado como vulnerado con
la expedición del acto demandado, esto es, al amparo de este en una norma jurídica
y no encontrarse en el ordenamiento jurídico una obligación en cabeza de la
administración de efectuar el nombramiento en provisionalidad del actor, se
confirmará la sentencia recurrida.

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Condena en costas de segunda instancia

39. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

40. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

41. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

42. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el siete (07) de octubre de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión.

Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante.

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Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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