Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02028-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02028-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-02028-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUND
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02028-01 (2556-2023)
Demandante: Mónica Lorena Ángel Flórez
Demandado: E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez de Bello y otro
Temas: Relación laboral encubierta – Trabajadora social. Cooperativas
de trabajo asociado. CONFIRMA SENTENCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el primero (1) de diciembre de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Mónica Lorena Ángel Flórez instauró demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
contra de la E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez de Bello y de la Corporación
Nacional de Trabajo Salud Educación, CORPONAL, con el fin de que se acceda a
las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del acto administrativo sin número del 26 de julio de
2019, mediante el cual se negó la existencia de la relación laboral, el reintegro y las
indemnizaciones por despido injusto y mora en el pago.
3. A título de restablecimiento del derecho, de forma principal, se ordene el reintegro
al cargo de trabajadora social de la E.S.E. demandada y el pago de las prestaciones
sociales e indemnizaciones reclamadas.
4. De manera subsidiaria, solicitó condenar a la entidad a pagar los salarios
correspondientes a los meses de mayo a octubre de 2016 y la indexación por enero
y febrero de 2017, en los términos pactados en el otrosí que modificó el Contrato de
Prestación de Servicios n.º 06.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
05001-23-33-000-2019-02028-01 (2556-2023)
5. Que prestó sus servicios a la E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, de
forma ininterrumpida desde el 9 de enero de 2015 hasta el 30 de octubre de 2016,
como trabajadora social, vinculada a través de órdenes y contratos de prestación
de servicios suscritos con la Corporación Nacional de Trabajo, Salud y Educación,
CORPONAL, pero que su verdadero empleador fue la E.S.E. demandada.
6. Que prestó los servicios de forma personal, subordinada y dependiente.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
7. La demanda fue admitida el 28 de noviembre de 2019, la E.S.E. Hospital Marco
Fidel Suárez manifestó que las pretensiones carecen de fundamento, porque no
tuvo ningún vínculo contractual ni laboral con la demandante.
8. Que suscribió varios contratos con CORPONAL para la prestación de servicios
asistenciales y de salud amparados por el régimen de contratación estatal. Que, en
cumplimiento de las obligaciones la empresa vinculó a varias personas, entre esas
a la demandante, por medio de acuerdos regidos por el derecho civil y comercial.
9. Que no le constaban las fechas ni condiciones en las que la actora prestó sus
servicios, nunca actuó como su empleador ni ejerció alguna conducta constitutiva
de subordinación laboral, no le impartió órdenes, instrucciones o requerimientos en
cuanto a la forma y cantidad de trabajo, no impuso horarios ni cuadros de turno ni
le autorizó o negó solicitudes para ausentarse o no acudir a la entidad.
10. Propuso como excepciones la ineptitud de la demanda por falta de agotamiento
del requisito de conciliación prejudicial, prescripción trienal, inexistencia de la
obligación, cobro de lo no debido, eventual responsabilidad de un tercero e
inexistencia del vínculo laboral.
11. Se celebró audiencia inicial el 12 de julio de 2022, en la cual se declaró no
probada la excepción previa propuesta, se fijó el litigio, se surtió la etapa de
conciliación, se decretaron las pruebas y se procedió con su práctica en la misma
diligencia, se corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó sentencia, la cual
fue apelada dentro del término oportuno por la parte demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
12. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 1 de diciembre
de 2022, negó las pretensiones, al considerar que, aunque se probó que la
demandante prestó sus servicios profesionales en la E.S.E. demandada a través de
la intermediación de la Corporación CORPONAL entre el 9 de enero de 2015 y el
30 de junio de 2016, no se acreditó la subordinación, porque ni la prueba documental
ni la testimonial, permitieron arribar a la convicción requerida para acreditar este
elemento.
13. Que no se probó que se impartían órdenes e instrucciones o la imposición de
condiciones en cuanto al tiempo, modo o cantidad de labores, de reglamentos o la
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aplicación de poderes disciplinarios.
14. Que el cumplimiento de un horario y el desarrollo de tareas inherentes a la
misionalidad de la entidad no eran suficientes por sí solas para concluir la existencia
de ese elemento, pues eran parámetros básicos y generales indispensables para el
buen funcionamiento de la E.S.E. y la correcta prestación del servicio de la salud.
RECURSO DE APELACIÓN
15. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que expresó que
acreditó la existencia de la relación laboral con la E.S.E. y, específicamente, la
subordinación a la que estuvo sometida por cuanto cumplía funciones propias del
cargo de trabajadora social que la entidad estaba obligada a tener en su planta de
personal.
16. Que la entidad utilizó a la Corporación para tercerizar el vínculo laboral, su
actuación se limitó a suscribir los contratos de prestación de servicios, pero la
prestación, la remuneración y el direccionamiento de las labores los realizaba la
E.S.E., razón por la cual fue su verdadero empleador.
17. Que nunca gozó de autonomía e independencia, desarrolló sus tareas en las
instalaciones de la E.S.E. y, en consecuencia, estaba directamente sometida a las
órdenes de las directivas y al servicio del personal médico; cumplía un horario de
trabajo y coordinaba e interactuaba con el personal asistencial durante todo
momento lo correspondiente a la atención y manejo de los pacientes y familiares.
18. Que sus labores eran permanentes e indefinidas y no podían catalogarse como
excepcionales o meramente temporales, porque eran propias de una institución de
salud e implicaron el apoyo al proyecto de humanización de la E.S.E.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
19. El 24 de mayo de 2023 fue admitido el recurso de apelación, se dispuso que,
una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes
de que el proceso ingresara a despacho para fallo.
Las partes y el Ministerio Publico guardaron silencio.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
20. Encuentra la Sala que se hace necesario verificar, si sí se demandó el acto
administrativo a través del cual la entidad resolvió de fondo la situación jurídica que
motivó el proceso.
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21. En caso de una respuesta afirmativa a lo anterior, se analizará si entre las partes
existió un vínculo laboral derivado de la prestación de servicios y, si como
consecuencia de ello, la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones dejadas de percibir con ocasión a esa relación.
22. Se estudiará también, lo relativo a la prescripción de los derechos reclamados
y, finalmente, lo correspondiente a la condena en costas en segunda instancia.
Individualización actos administrativos demandados
23. Para determinar si se cumple el presupuesto de demanda en forma, el juez
administrativo debe verificar que se satisfagan las exigencias del CPACA que
prevén sobre el contenido de la demanda, la individualización de las pretensiones y
los anexos que deben allegarse al líbelo.
24. Concretamente, el artículo 138 del CPACA, al regular sobre el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, dispone: «Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que
se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo
anterior […]»
25. Concordante con lo anterior, el artículo 163 ibidem, sobre la individualización de
las pretensiones prevé: «Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo
este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante
la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron. Cuando
se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de
un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda».
26. Al respecto, se pronunció la Corporación1, así:
«Para el caso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es
relevante identificar la actuación que produjo el perjuicio, es decir, debe
demandarse judicialmente aquel acto administrativo que generó la lesión
alegada sobre el derecho subjetivo, para que pueda válidamente traducirse en
un restablecimiento en favor de la parte demandante.
Nótese que las pretensiones que se plantean en la demanda delimitan el
ejercicio de la capacidad decisoria del juez y por supuesto debe guardar
congruencia la nulidad del acto con el restablecimiento del derecho pretendido,
de lo contrario, se torna dificultosa la labor de adoptar una decisión de fondo, lo
que indiscutiblemente llevaría a un fallo inhibitorio.
De manera que lo importante es que el juez analice en cada caso, si el acto
definitivo particular que se demanda, es una declaración de voluntad de la
administración dirigida a producir efectos jurídicos, si crea, modifica o extingue
la situación subjetiva de la cual se pueda pedir el correspondiente
restablecimiento en sede judicial y a través del respectivo medio de control».
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Consejo De Estado. Sección Segunda. Subsección A. Bogotá, D.C., providencia del veinticinco (25) de abril de dos mil
diecinueve (2019). Radicación número: 25000-23-42-000-2016-03390-01(4082-17)
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27. En suma, la individualización con precisión del acto que contempla la norma
antes citada, significa que el acto a demandar debe ser aquel que crea, modifica o
extingue una situación jurídica particular del actor, de manera que si no se demanda
dicho acto, el Juez administrativo no tiene más opción que proferir una sentencia
inhibitoria, sin que ello implique, en manera alguna, la vulneración de los derechos
fundamentales del demandante, pues, al haberse acreditado que hubo una
incorrecta individualización del acto acusado, no podría ser otra la decisión, pues la
ineptitud de la demanda constituye un impedimento para la decisión de fondo.
Resolución del caso concreto
28. La Sala evidencia que la E.S.E., a través del oficio n.° 1303-2017 del 30 de
octubre de 2017, negó la petición elevada por la demandante el 10 de igual mes y
año, la cual estuvo encaminada, según la respuesta, a lo siguiente: (i) reconocer la
existencia de la relación laboral entre las partes, intermediada por la Corporación
Nacional de Trabajo, Salud y Educación – CORPONAL; (ii) cancelar las
prestaciones sociales derivadas de ese reconocimiento, entre ellas, la prima de
servicios y cesantías, los aportes a seguridad social y la sanción por la mora en el
pago y (iii) pagar los salarios adeudados por CORPONAL correspondiente a los
meses de mayo, junio, julio y agosto de 2016. Dicho acto fue notificado el 31 del
mismo mes y año.
29. El 4 de julio de 2019 la demandante elevó otra reclamación ante la E.S.E., con
el propósito de obtener lo siguiente:
«[…] proceda a ordenar el INMEDIATO REINTEGRO de MONICA LORENA
ANGEL FLOREZ a las labores que venía desempeñando en la institución como
TRABAJADORA SOCIAL, en virtud del CONTRATO DE TRABAJO REAL A
TÉRMINO INDEFINIDO existente entre mi prohijada MONICA LORENA ANGEL
FLOREZ y la institución E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ, y en
consecuencia le sean reconocidos y se le cancele los SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES Y LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA a que haya
lugar como consecuencia del despido injusto de su trabajo, teniendo en cuenta
que al momento en que prescindieron de sus servicios, ésta se encontraba en
ESTADO DE EMBARAZO, lo que constituye una prohibición legal para su
despido. EN SUBSIDIO le solicito le sean cancelados los salarios laborados en
los meses de JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE de 2016
[…]»
30. Mediante el oficio sin número del 26 de julio de 2019 la entidad indicó que en el
acto administrativo notificado el 31 de octubre de 2017 atendió desfavorablemente
las peticiones relativas al reconocimiento de la relación laboral y al pago de las
prestaciones e indemnizaciones derivadas de esa declaratoria y de los salarios de
2016 que reclamaba como adeudados, en el sentido de precisar que no tuvo ningún
vínculo laboral con la peticionaria.
31. Además, sostuvo que no era procedente el reintegro ni el pago de la
indemnización por despido injusto, al no existir ninguna obligación laboral o legal
para esto y reiteró que la demandante prestó sus servicios profesionales a la
Corporación Nacional de Trabajo, Salud y Educación – CORPONAL y no a la E.S.E.
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32. En razón a esta negativa, la demandante, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la E.S.E. solicitó la nulidad del
oficio sin número del 26 de julio de 2019 y, en consecuencia, de manera principal,
el reintegro al cargo que venía ocupando en virtud de la relación laboral que
considera encubierta con la E.S.E., el pago de las prestaciones sociales, la
indemnización por despido injusto y por la mora en su cancelación y el reintegro de
los dineros descontados por retención en la fuente.
33. De manera subsidiaria, pidió ordenar el pago de los salarios adeudados
correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de
2016 y la indexación por los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre de
2017.
34. A partir de lo anterior, la Sala advierte que la entidad demandada a través del
oficio n.° 1303-2017 del 30 de octubre de 2017 definió la situación jurídica que
origina el presente debate, esto es, el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral encubierta entre la demandante y la E.S.E. y el consecuente pago
de las prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social e indemnización
por mora derivadas de ese reconocimiento.
35. Sin embargo, la señora Ángel Flórez no digirió su demanda en contra de ese
acto administrativo, sino que solicitó la anulación del oficio sin número del 26 de julio
de 2019, en cual no constituye un pronunciamiento de fondo y definitivo respecto de
lo aquí debatido.
36. En efecto, en el mentado acto administrativo la E.S.E. se limitó a señalar que
había resuelto negativamente las solicitudes encaminadas al reconocimiento de una
relación laboral y el pago de las prestaciones económicas consecuentes a este.
Adicionalmente, precisó que no era posible ordenar el reintegro ni el pago de la
indemnización por despido injusto, en tanto que, como lo había expuesto, no tuvo
ningún vínculo contractual ni legal o reglamentario con la solicitante.
37. Frente a la necesidad de demandar el acto administrativo definitivo, esta
Subsección recientemente se pronunció2, en el siguiente sentido:
«59. Así las cosas, realizadas las comparativas de ambos actos administrativos,
estima la Sala que, en línea con lo argumentado por la ANLA en recurso de
alzada, el acto administrativo demandado (Oficio 2019018831-2-000 del 18 de
febrero de 2019) no constituye un pronunciamiento de fondo y definitivo de la
administración respecto a la petición planteada por la demandante.
[…]
61. En consecuencia, la señora Narda Garzón no dirigió su demanda contra el
acto que había resuelto su situación jurídica contenido en el Oficio 2018129490-
2-000 de 18 de septiembre de 2018. Razón por la cual, se revocará la sentencia
apelada, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda».
38. Ahora bien, la Sala advierte que las pretensiones encaminadas a obtener el
reintegro al cargo y el pago de la indemnización por despido injusto se derivan del
reconocimiento previo de la existencia de un vínculo laboral entre la demandante y
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 18 de septiembre de 2025, expediente
n.º 25000-23-42-000-2019-00825-01 (2265-2024).
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la E.S.E. De manera que, al no haberse demandado el acto administrativo a través
del cual la entidad definió esa situación jurídica, por sustracción de materia, no hay
lugar a pronunciarse sobre ese restablecimiento y deben negarse las pretensiones.
39. En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia del primero (1) de diciembre
de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo Antioquia, pero
por las razones expuestas en esta providencia.
De la condena en costas
40. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
41. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
42. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
43. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto no
se accedió a las peticiones del recurso. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia del primero (01) de diciembre de dos mil
veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de
conformidad con los motivos señalados en la parte considerativa de este proveído.
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Segundo. Condenar en costas a la parte demandante, las cuales deberán ser
fijadas y liquidadas por la primera instancia, conforme lo expuesto en la parte
motiva.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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