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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02087-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02087-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad, la sentencia de Veintinueve (29) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo. SEGUNDO. Sin condena en costas, en esta instancia. 15 Número Interno: 3306-2025 Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía Demandado: UGPP TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-02087-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Dieciséis (16) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 05001-23-33-000-2019-02087-01 (3306-2025)1
Demandante : Martha Libia Montoya de Mejía
Demandado : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Revocatoria de actos administrativos y cobro de mayores
valores sufragados
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de Veintinueve (29) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda2

1.1.1. Pretensiones

1. La señora Martha Libia Montoya de Mejía, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de: (i) la Resolución RDP

1
Expediente híbrido.
2
Expediente electrónico de primera instancia, archivo 01 contenido en el repositorio del tribunal de origen. Hipervínculo: https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des20taanq_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdes20taanq
%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F05%20EXPEDIENTES%20DIGITALES%20DESPACHO%2020%2F
PRIMERA%20INSTANCIA%2FLABORAL%2F05001%2023%2033%20000%202019%2002087%2000%20HIBRIDO&ga=1.

Número Interno: 3306-2025
Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía
Demandado: UGPP

47955 de 20 de diciembre de 2018, mediante la cual la UGPP determinó unos mayores
valores presuntamente recibidos por la demandante por concepto de mesadas
pensionales; y (ii) la Resolución RDP 5738 de 22 de febrero de 2019, por la cual la UGPP
resolvió un recurso de reposición, revocó las Resoluciones RDP 20710 de 2018 y RDP
47955 de 2018, y modificó la Resolución RDP 13123 de 2018.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a la UGPP continuar con
el pago de las mesadas pensionales como lo hacía antes de la expedición de los actos
acusados, y se abstenga de ejecutar el cobro de la suma de $516.461.011.

1.1.2. Hechos y omisiones

3. Señala que, al señor Francisco de Paula Mejía Arango, cónyuge fallecido de la
demandante, le fue reconocida una pensión de jubilación por el Instituto de Seguros
Sociales (ISS) como patrono, mediante Resolución 165 de 1991, y una pensión de vejez
por el ISS como asegurador, mediante Resolución 6562 de 1997, modificada por la
Resolución No. 10734 de 1997.

4. Dijo que, tras la muerte del causante el 8 de octubre de 2003, le fueron sustituidas las
pensiones compartidas.

5. Posteriormente, la UGPP asumió la competencia respecto de la pensión reconocida
por el ISS empleador, y expidió una serie de actos administrativos para aplicar la figura
de la compartibilidad pensional.

6. Mediante Resolución RDP 13123 de 16 de abril de 2018, la UGPP modificó la mesada
pensional, y le ordenó el pago de un mayor valor.

7. A través de la Resolución RDP 20710 de 6 de junio de 2018, modificó la anterior y fijó
la pensión en $1.611.257, a partir del 8 de octubre de 2003.

8. La UGPP expidió la Resolución RDP 47955 de 20 de diciembre de 2018, acto
demandado en este proceso, «[p]or la cual se determinan unos mayores valores recibidos».

9. La UGPP comunicó a la demandante la existencia de una deuda a favor de la Nación
por $516.461.011, adoptada en Resolución RDP 47955 de 20 de diciembre de 2018, en

2

Número Interno: 3306-2025
Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía
Demandado: UGPP

la cual se indicó que, ese era el valor sufragado por concepto de valores recibidos,
presuntamente de manera simultánea, con la sustitución pensional reconocida por el ISS
asegurador.

10. Finalmente, la entidad expidió la Resolución RDP 5738 del 22 de febrero de 2019,

también demandada, mediante la cual revocó las Resoluciones RDP 20710 de 6 de junio
de 2018 y RDP 47955 de 20 de diciembre de 2018, y modificó la Resolución RDP 13123
de 16 de abril de 2018, en el sentido de reliquidar la pensión.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación

11. Refiere que se desconocieron las siguientes disposiciones:

11.1. Constitución Política: artículos 2, 4, 5, 6, 29, 83, 123 y 209.

11.2. Legales: CPACA, artículos 45, 97, 99, 138, y 164.

12. Sostuvo que, la UGPP expidió los actos demandados con violación del debido
proceso, dado que modificó y desmejoró un derecho pensional de carácter particular sin
haber obtenido autorización del beneficiario.

13. Argumentó que, al no seguir el procedimiento de revocatoria directa que exige el
consentimiento, se le negó a la demandante el derecho a la audiencia y a la defensa, y,
al establecer la deuda en favor de la Nación por mayores valores sufragados, desconoció
el artículo 164 del CPACA, que prevé que no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe.

1.2. Contestación de la demanda3

14. Adujo que la pensión de jubilación sustituida a la demandante tiene el carácter de
compartida, razón por la cual, desde su nacimiento, está sujeta a una condición
resolutoria, de tal manera que solo le corresponde pagar la diferencia entre el valor
reconocido por jubilación y aquel concedido a título de pensión de vejez.

15. Señaló que, «[…] es claro que el pago de las mesadas pensionales que la demandante alega le son

3
Ib., archivo 02.

3

Número Interno: 3306-2025
Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía
Demandado: UGPP

adeudadas no hacen parte de la cuota que corresponde reconocer y pagar a la UGPP, lo anterior en virtud
de la compartibilidad de las pensiones ya reconocidas».

1.3. La sentencia de primera instancia4

16. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de Veintinueve (29) de
Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió a las pretensiones de la demanda, sin
condenar en costas, en los siguientes términos:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución RDP 047955 del 20 de diciembre de
2018 y de la Resolución RDP 005738 del 22 de febrero de 2019, expedidas por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP.

SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP que, a título de restablecimiento
del derecho, se abstenga de ejecutar el cobro de cualquier suma de dinero derivada de los
actos anulados y continúe pagando la mesada pensional a la señora MARTHA LIBIA
MONTOYA DE MEJÍA sin aplicar las modificaciones y descuentos ordenados en las
resoluciones declaradas nulas.
[…]

17. Como sustento de su decisión, luego de revisar las pruebas aportadas por las partes,
adujo que, «[…] los actos que reconocieron la sustitución pensional a la señora Montoya de Mejía crearon
a su favor una situación jurídica de carácter particular y concreto», por lo tanto, «[…] cualquier

modificación o revocatoria de dicho derecho por parte de la administración estaba sujeta a la regla
imperativa contenida en el artículo 97 del CPACA», esto es, «[…] era indispensable que obtuviera el

consentimiento previo, expreso y escrito de la titular».

18. Por último, Indicó que, «[…] la entidad no está facultada por el ordenamiento jurídico para, de
manera unilateral y a través de un acto administrativo, constituir una deuda a cargo de un pensionado y
ordenar su reintegro».

1.4. El recurso de apelación5

19. Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandada interpuso
recurso de apelación, al estimar que, «[…] en ejercicio de su competencia legal expidió las
resoluciones RDP 047955 del 20 de diciembre de 2018 y RDP 005738 del 22 de febrero de 2019, con
posterioridad a la verificación documental obrante en la misma, con adición a la información suministrada
por [el] fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP, por lo que la beneficiaria continuó
percibiendo el valor total de las mesadas pensionales, sin que se aplicara la compartibilidad entre las

4
Samai del tribunal de origen, índice 30.
5
Samai del tribunal de origen, índice 35.

4

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Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía
Demandado: UGPP

prestaciones reconocidas por el ISS patrono y el ISS asegurador, hoy Colpensiones, situación que generó
un pago doble y un mayor valor a su favor, no debido».

20. Adujo que, «[…] los pagos realizados en exceso carecen de causa jurídica que los justifique,
configurándose un cobro de lo no debido», y que guardaba plena competencia para procurar la

devolución de los dineros pagados, «[…] conforme al numeral 10 del artículo 6° del Decreto 575 de
2013, disposición que faculta expresamente a la UGPP para recuperar valores pagados indebidamente
dentro del Sistema de Protección Social».

21. Por último, señaló que, «[…] los actos administrativos demandados fueron expedidos por la
autoridad competente, debidamente motivados y soportados en prueba cierta, razón por la cual mantienen
incólume la presunción de legalidad prevista en el artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo».

1.5. Trámite de segunda instancia

22. Con auto de 16 de enero de 20266, el consejero de Estado ponente admitió el recurso
de apelación y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó
al Despacho para fallo.

23. Las partes no emitieron pronunciamiento sobre el recurso de apelación.

24. El Representante del Ministerio Público no intervino, en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

25. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA y 328 del Código General del Proceso (CGP).

2.2. Problema jurídico

26. El problema jurídico que ocupa el particular, se contrae a establecer si los actos

6
Samai, índice 5.

5

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Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía
Demandado: UGPP

administrativos emitidos por la UGPP, que reliquidaron la cuota de la pensión compartida
sustituida a la demandante y le impusieron el pago de unas sumas de dinero, por cuenta
de unos mayores valores, se encuentran conforme a derecho o si, como lo determinó el
tribunal de primera instancia, dichos actos trasgredieron el artículo 97 del CPACA, al
modificar un derecho subjetivo sin contar con autorización del titular para ello.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Compartibilidad pensional

27. La compartibilidad pensional es una figura que permite a los empleadores que tienen
a su cargo el reconocimiento de pensiones, compartir su pago con el extinto ISS, siempre
y cuando coticen durante el tiempo exigido para que el trabajador cumpla los
presupuestos para acceder a la pensión legal, en cuyo momento la referida entidad
asumirá su pago y el empleador quedará a cargo de las diferencias, en caso de que ellas
existieren7.

28. Respecto de esa figura pensional, esta Colegiatura se ha referido, así8:

Cuando una entidad oficial había afiliado a sus funcionarios públicos al Instituto de los
Seguros Sociales, se tenía esta situación: los servidores tenían derecho a la pensión de
jubilación pues laboraban bajo una relación legal y reglamentaria y el hecho de la afiliación al
ISS no cambiaba su régimen laboral, pero este Instituto, reconocía la pensión de vejez, de
manera que era necesario hacer compatibles los dos regímenes pensionales, el de jubilación
con el de vejez. La armonización de estos regímenes se obtuvo aplicando a esta situación el
mecanismo de la subrogación de la pensión de jubilación o de la compartibilidad, según el
cual era el empleador quien reconocía y pagaba la pensión a que estaba obligado antes de
lo previsto en los reglamentos del Seguro quien además seguía cotizando al ISS hasta que el
trabajador tuviera derecho a la pensión de vejez, y reconocida la de vejez, el Instituto de los
Seguros Sociales se subrogaba en el pago de la pensión. Si la pensión reconocida
inicialmente por el empleador era superior a la de vejez reconocida por el ISS, entonces aquel
pagaba el mayor valor entre ambas.

29. Así mismo, la Corte Constitucional, en sentencia T-438 de 20109, ha señalado lo
siguiente:

La compartibilidad pensional consiste en la protección que se otorga al monto del ingreso
pensional del jubilado, cuando el mismo cumple con todos los requisitos para acceder al pago
de la pensión vitalicia de vejez, por parte de la entidad administradora de tales recursos. Lo
anterior ocurre, por ejemplo, cuando la entidad en la cual se encuentra laborando el trabajador
prevé condiciones más favorables para acceder a la pensión que la prescritas para la generalidad

7
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 12 de septiembre de 2019, expediente 19001-23-33-000-2013-
00357-01 (1869-15).
8
Sala de consulta y servicio civil, concepto de 23 de febrero de 2012, expediente 11001-03-06-000-2011-00045-00, interno 2068.
9
M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

6

Número Interno: 3306-2025
Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía
Demandado: UGPP

de los trabajadores. En tales circunstancias, la empresa empleadora asume el pago de las
mesadas hasta tanto el empleado cumpla la edad y el tiempo de cotización exigidos por la ley
para todas las personas10”11

Ahora bien, una vez el Instituto de Seguros Sociales reconoce la pensión de vejez al trabajador
por hallar acreditados los requisitos legales exigidos para tal fin, el empleador quedará relevado
de seguir cancelando la pensión de jubilación si no hay un mayor valor que cancelar entre la
mesada pensional reconocida por el ISS y la que venía pagando la Empresa o Entidad.

[…]

En aras de la claridad, es pertinente diferenciar entre la no compartibilidad y la compartibilidad
pensional, pues estos dos conceptos están referidos a preceptivas legales que rigieron en
épocas diferentes:

La no compartibilidad (o compatibilidad) de una pensión, implica que el pensionado tiene derecho
a recibir integralmente dos - o más - pensiones: la pensión extralegal y la pensión posteriormente
reconocida por el I.S.S. En esta situación el empleador reconoce una pensión de jubilación
convencional o extralegal por un monto determinado e inicia su pago. Sin embargo, el
pensionado sigue cotizando ante el Instituto de Seguros Sociales y una vez cumple con los
requisitos de ley, solicita ante el I.S.S. la pensión de vejez. Dicha entidad reconoce y ordena el
pago de la pensión de vejez. En consecuencia, teniendo en cuenta que la pensión de jubilación
reconocida por el empleador no tiene el carácter de compartida, el pensionado tiene derecho a
recibir las dos mesadas pensionales. Se trata entonces de pensiones compatibles.

En la segunda hipótesis, referente a la compartibilidad, los efectos son diferentes. Al igual que la
anterior, el empleador le reconoce a su ex trabajador una pensión de jubilación convencional o
extra legal por un monto determinado, en todo caso, estipulando que dicha pensión será
compartida con la que otorgue el I.S.S. por vejez.

Una vez el empleador ha reconocido y ordenado el pago de la pensión de jubilación con carácter
compartido a favor de su ex trabajador, el empleador sigue realizando los aportes de seguridad
social en pensiones ante el Instituto de Seguro Social, hasta que el trabajador a favor de quien
hace los aportes, cumpla con los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez. Una vez
cumplidos los requisitos de ley, el I.S.S. procederá a otorgar la pensión de vejez a la que tiene
derecho el pensionado. No obstante, debido a que la pensión de jubilación fue reconocida con
carácter compartido, el pensionado no tiene derecho a recibir integralmente ambas mesadas
pensionales. En este caso, el reconocimiento que hace el I.S.S. por pensión de vejez libera al
empleador de pagar la pensión de jubilación. Sin embargo, si el valor de la pensión que otorgó
I.S.S. es menor al valor que el empleador reconoció como pensión extralegal, estará a cargo del
empleador el mayor valor que reconoció”12.

30. A su vez, los artículos 16 a 18 del Decreto 758 de 199013, frente a la compartibilidad
pensional, determinan:

Artículo 16. Compartibilidad de las pensiones legales de jubilación. Los trabajadores que al
iniciarse la obligación de asegurarse en el Instituto de Seguros Sociales contra los riesgos de
invalidez, vejez y muerte, lleven 10 años o más de servicios continuos o discontinuos en una
misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000.00) moneda corriente o
superior, ingresarán al seguro obligatorio como afiliados para el riesgo de invalidez, vejez y
muerte. Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos por la ley para las pensiones
plenas o especiales en ella consagradas, podrán exigir la jubilación a cargo del patrono y éste
estará obligado a pagar dicha pensión de jubilación, pero el patrono continuará cotizando en

10
La Corte Constitucional ha entendido que “se encuentran en la hipótesis de compartibilidad pensional solamente aquellos
“trabajadores que a la fecha en que el Instituto haya comenzado a cubrir el riesgo de vejez reúnan los siguientes requisitos: 1) Diez
o más años de labranza, 2) Tiempo y edad requeridos para la pensión de jubilación, y 3) Seguir cotizando a los seguros hasta
cumplir con los requisitos mínimos exigidos por su normatividad para otorgar la pensión de vejez. “… y por lo tanto solamente
serían estos trabajadores los acreedores de la obligación pensional íntegra y total a cargo del empleador "hasta tanto el Instituto
de Seguridad Social, de acuerdo a su reglamentación, reconozca y empiece a pagar la de vejez” sentencia T-462 de 2003”
11
Corte Constitucional, sentencia de tutela T-167 del 26 de febrero de 2004. M. P. Eduardo Montealegre Lynnet.
12
Corte Constitucional, sentencia de tutela T-921 del 10 de noviembre de 2006. M. P. Jaime Córdoba Triviño.
13 “
Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios”.

7

Número Interno: 3306-2025
Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía
Demandado: UGPP

este seguro hasta cuando el trabajador cumpla con los requisitos mínimos exigidos por el
Instituto para otorgar la pensión de vejez, y en este momento, el Instituto procederá a cubrir
dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la
pensión otorgada por el Instituto y la que venía cubriendo al pensionado.

Artículo 17. Compartibilidad de las pensiones sanción. Los trabajadores que sean despedidos
por el patrono sin justa causa y tengan derecho al cumplir la edad requerida por la ley, al pago
de la pensión restringida de que habla el artículo 8° de la Ley 171 de 1961, tendrán derecho
a que el patrono cotice para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, a partir de la fecha en
que cubra dicha pensión y hasta cuando cumplan con los requisitos mínimos exigidos por
estos Reglamentos para la pensión de vejez. En este momento, el Instituto procederá a cubrir
dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la
pensión otorgada por el Instituto y la que venía cubriendo al pensionado.

Artículo 18. Compartibilidad de las pensiones extralegales. Los patronos registrados como
tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones
de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o
voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los
seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos
exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto
procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si
lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado.

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención
colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto
expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto
de Seguros Sociales”.

31. Así las cosas, los empleadores que antes asumían el pago de las mesadas
pensionales hasta el fallecimiento de su exempleado (o hasta la extinción de sus
beneficiarios), podrían continuar cotizando al ISS-asegurador con el fin de subrogarse en
la obligación.

32. En ese sentido, la compartibilidad pensional implica que el empleador le reconozca a
su exempleado una pensión de jubilación «convencional, legal o extralegal, según sus condiciones
particulares», pero pacta que esta prestación será compartida con la que otorgue el ISS por

vejez, caso en el cual aquel continúa con los aportes de seguridad social en pensiones
ante este último hasta cuando el trabajador cumpla los requisitos de ley, momento en el
que el Instituto otorga la pensión a su cargo. Aun así, no en forma integral, porque ya
estaba pactada la compartibilidad, motivo por el cual entre uno y otro pago se garantiza
el derecho prestacional al pensionado.

2.3.2. Revocatoria directa de actos administrativos de contenido particular

33. Conforme lo preceptúa el artículo 93 del CPACA, los actos administrativos deberán
ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos
superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, cuando: (i) sea

8

Número Interno: 3306-2025
Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía
Demandado: UGPP

manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley; (ii) no estén conformes con
el interés público o social, o atenten contra él; o (iii) con ellos se cause agravio
injustificado a una persona.

34. No obstante, la revocatoria directa de actos administrativos de carácter particular
sigue unas pautas generales encaminadas a la garantía del debido proceso y los
derechos de contradicción y de defensa de los beneficiarios de estos, en virtud de las
cuales no resulta factible revocar dichas actuaciones sin autorización del titular del
derecho reconocido.

35. En efecto, el artículo 97 del CPACA prevé:

ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO.
Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso
o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo,
expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la
Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión
provisional.

PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de
audiencia y defensa.

36. Por tanto, resulta claro que, los actos administrativos de carácter particular y concreto
que quieran ser revocados por la Administración sin contar con el consentimiento del
titular, deberán ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que
se encargará de decidir sobre la legalidad de estos. Al respecto, esta Sala ha sostenido14:

96. Ahora bien, de acuerdo con las normas y jurisprudencia, la administración solo podía
revocar un acto administrativo de carácter particular en los eventos en que se contara con el
consentimiento de la persona. En caso contrario, debería cuestionar su constitucionalidad o
legalidad a través del respectivo medio de control. Entonces, solo en casos excepcionales
previstos legalmente, será posible revocar un acto sin dicho consentimiento. De lo contrario,
las entidades tendrían que acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para demandar ante un juez administrativo su propio acto; escenario en el cual
también pueden solicitar medidas cautelares para suspender los efectos perjudiciales de un
acto que consideren ilegal.

37. Ahora bien, en materia pensional, el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, previó la

14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 20 de noviembre de 2025; expediente 52001-23-33-000-2019-
00185-01 (3016-2023); consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar.

9

Número Interno: 3306-2025
Demandante: Martha Libia Montoya de Mejía
Demandado: UGPP

revocatoria de pensiones reconocidas de forma irregular, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 19. REVOCATORIA DE PENSIONES RECONOCIDAS IRREGULARMENTE. Los
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el
pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio
el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los
documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o
prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en
razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una
prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el
reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la
revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar
copias a las autoridades competentes.

38. La norma citada fue declarada condicionalmente exequible por la Corte
Constitucional en sentencia C-835 de 200315, en los siguientes términos:

Desde luego que en desarrollo del debido proceso la revocatoria establecida en el artículo 19
de la ley 797 de 2003 tiene que cumplir satisfactoriamente con la ritualidad prevista en el
Código Contencioso Administrativo o en los estatutos especiales que al respecto rijan. Vale
decir, con referencia al artículo 19 acusado el acto administrativo por el cual se declara la
revocatoria directa de una prestación económica, deberá ser la consecuencia lógica y jurídica
de un procedimiento surtido con arreglo a los artículos 74, 28, 14, 34 y 35 del Código
Contencioso Administrativo, sin perjuicio de la aplicación de las normas de carácter especial
que deban privilegiarse al tenor del artículo 1 del mismo estatuto contencioso. Pero en todo
caso, salvaguardando el debido proceso. Igualmente, mientras se adelanta el
correspondiente procedimiento administrativo se le debe continuar pagando al titular –o a los
causahabientes- de la pensión o prestación económica las mesadas o sumas que se causen,
esto es, sin solución de continuidad. Y como respecto del titular obra la presunción de
inocencia, le corresponde a la Administración allegar los medios de convicción que acrediten
la irregularidad del acto que se cuestiona. Es decir, la carga de la prueba corre a cargo de la
Administración.

Por lo tanto, los motivos que dan lugar a la hipótesis revocatoria del artículo 19 no pueden
entenderse de manera indeterminada, aislada, ni al margen del debido proceso. Antes
bien, la manifiesta ilegalidad, tanto de las conductas reprochadas como de los medios
utilizados para acceder a la prestación económica que se cuestione, debe probarse
plenamente en el procedimiento administrativo que contemplan las prenotadas disposiciones,
para lo cual el titular del derecho prestacional o sus causahabientes deberán contar con todas
las garantías que inspiran el debido proceso en sede administrativa, destacándose el respeto
y acatamiento, entre otros, de los principios de la necesidad de la prueba, de la publicidad y
la contradicción; y por supuesto, imponiéndose el respeto y acatamiento que ameritan los
términos preclusivos con que cuenta el funcionario competente para adelantar y resolver cada
etapa o lapso procedimental. Así, la decisión revocatoria, en tanto acto reglado que es,
deberá sustentarse en una ritualidad sin vicios y en una fundamentación probatoria real,
objetiva y trascendente, en la cual confluyan de manera evidente todos los elementos de juicio
que llevaron al convencimiento del funcionario competente para resolver. En conclusión,
entre la parte motiva y la parte resolutiva del acto de revocatoria directa deben mediar
relaciones de consonancia que estén acordes con los respectivos mandatos constitucionales
y legales, particularmente, con el debido proceso, la legalidad de los derechos adquiridos y la
defensa del Tesoro Público. Recordando además que, en materia de supresión de actos
administrativos, no es lo mismo cuando interviene un funcionario administrativo que cuando
interviene el juez; y que, en todo caso, la revocatoria directa de un acto administrativo que
reconoce una pensión o prestación económica sólo puede declararse cuando ha mediado un
delito.

La Corte deja claramente establecido que cuando el litigio versa sobre problemas de

15
Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-835 de 23 de septiembre de 2003; magistrado ponente: Jaime Araújo Rentería.

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Demandado: UGPP

interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la
aplicación de un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a
uno general; estos litigios deben ser definidos por los jueces competentes de
conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y que en consecuencia no procede
la revocatoria directa del acto administrativo sin el consentimiento del particular.

Sólo bajo estos lineamientos se declarará la exequibilidad condicionada del artículo 19
de la ley 797 de 2003; en el entendido que el incumplimiento de los requisitos o que el
reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, se refiere siempre a
conductas que estén tipificadas como delito por la ley penal. (Resalta la Sala)

39. Por consiguiente, de todo lo anotado se colige que, la revocatoria directa de actos
administrativos de contenido pensional requiere la autorización expresa del titular de la
prestación, y que, la figura prevista en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 solo tiene
lugar en ocasión de conductas constitutivas de hechos delictivos, previo adelantamiento
del necesario procedimiento administrativo donde se garanticen los derechos al debido
proceso, defensa y contradicción del particular involucrado.

2.4. Caso concreto

40. En el presente caso se tiene que, el tribunal de primera instancia declaró la nulidad
de las Resoluciones RDP 47955 de veinte (20) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)
y 5738 del veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019), al advertir que,
modificaron el derecho pensional de la señora Martha Libia Montoya de Mejía sin contar
con su autorización expresa y dispusieron, sin competencia, el pago de unas sumas
presuntamente adeudadas por concepto de mayores valores pensionales.

41. La UGPP aduce que, el carácter compartido de la pensión imponía reajustar la
prestación, y que, la actora no tenía derecho a recibir las mesadas que le fueron
sufragadas, razón por la cual, guardaba plena competencia para procurar la devolución
de los dineros pagados, «[…] conforme al numeral 10 del artículo 6° del Decreto 575 de 2013,
disposición que faculta expresamente a la UGPP para recuperar valores pagados indebidamente dentro
del Sistema de Protección Social».

42. Con el fin de esclarecer el particular, la Sala destaca que, de acuerdo con el
expediente prestacional aportado con la demanda, se puede establecer lo siguiente:

• Mediante Resolución 165 de 29 de enero de 1991 16 , el entonces Instituto de
Seguros Sociales ISS, en su condición de empleador, reconoció una pensión de

16
CD folio 1, expediente administrativo, pp. 8-10.

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jubilación de carácter compartida al señor Francisco de Paula Mejía Arango, en
cuantía de $ 410.403, a partir del 1° de noviembre de 1990.

• A través de Resolución 6562 de 17 de junio de 199717, modificada con Resolución
10734 de 15 de septiembre de 1997 18 , el ISS reconoció, en condición de
asegurador, una pensión de vejez al señor Francisco de Paula Mejía Arango, en
cuantía de $ 1.405.832, a partir del 1° de julio de 1997.

• De acuerdo con el registro civil de defunción aportado, el señor Francisco de Paula
Mejía Arango falleció el 8 de octubre de 200319.

• Por medio de Resoluciones 652 de 28 de abril de 2004 20 , el ISS empleador
sustituyó la pensión de jubilación compartida de Francisco de Paula Mejía Arango
en favor de la señora Martha Libia Montoya de Mejía, en su calidad de cónyuge
supérstite. Esto, en cuantía de $2.367.549, a partir del 8 de octubre de 2003.

• A su turno, el ISS asegurador expidió Resolución 1696 de 24 de febrero de 2004,
reconoció pensión de sobrevivientes en favor de la señora Martha Libia Montoya
de Mejía, equivalente a $2.641.407, a partir del 8 de octubre de 2003.

• A través de Resolución RDP 13123 de 16 de abril de 2018 21, la UGPP, quien
asumió la administración de la pensión compartida reconocida por el ISS
empleador, dio cuenta del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la
demandante, ajustó la mesada pensional y ordenó pagar los mayores valores
sufragados, en los siguientes términos:

17
Ib. pp. 11-13.
18
Ib. pp. 14-17.
19
Ib. p. 19.
20
Ib. pp. 25-27.
21
Ib. pp. 108-113.

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• Mediante Resolución RDP 20710 de 6 de junio de 201822, la UGPP modificó la
Resolución RDP 13123 de 16 de abril de 2018, así:

• A través de Resolución RDP 47955 de 20 de diciembre de 2018, la UGPP
determinó la deuda de la señora Montoya de Mejía, así:

22
Ib., pp. 74-78.

13

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• Finalmente, con Resolución RDP 5738 de 22 de febrero de 2019 23 , la UGPP
revocó las Resoluciones RDP 20710 de 6 de junio de 2018 y RDP 47955 de 20 de
diciembre de 2018, y modificó la RDP 13123 de 16 de abril de 2018, de la siguiente
manera:

43. Por lo tanto, de las pruebas relacionadas con antelación la Sala observa que, a través
de los actos declarados nulos, la UGPP modificó la cuantía del derecho reconocido a la
actora y, ordenó el pago de unas sumas de dinero adeudadas en virtud del pago completo
de la pensión de jubilación compartida sustituida, que recibió, presuntamente, de manera
simultánea con la pensión de sobrevivientes reconocida por el ISS asegurador.

44. Al respecto, la Subsección reitera que, si bien es cierto pareciera que la UGPP solo
está dando solución a la condición resolutoria de la pensión compartida, en punto a
sufragar únicamente el mayor valor ocasionado entre esta y la pensión de sobrevivientes,
lo cierto es que, la Resolución RDP 5738 de 22 de febrero de 2019 si tuvo el efecto de
modificar la cuantía de la prestación, sin que la entidad hubiere solicitado autorización de
la demandante para el efecto.

45. Asimismo, es claro que, dicha decisión fue adoptada sin adelantar el debido

23
CD folio 1, archivo RESOLUCIÓN 005738.

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procedimiento administrativo que garantizara los derechos al debido proceso,
contradicción y defensa de la demandante, y sin verificar siquiera su conducta, le impuso
el pago de unos valores, sin que obre en el expediente certeza acerca de la inclusión en
nómina y el pago efectivo de la pensión de sobrevivientes.

46. En ese sentido, se advierte que, si bien no se desconoce el carácter compartido de
la prestación, corresponde a la entidad demandada administrar la prestación reconocida
a la accionante, bajo la égida de las normas legales y constitucionales que privilegian los
derechos de esta y, si la señora Montoya de Mejía no otorgara su autorización, debió
acudir ante el contencioso-administrativo a través del medio de control pertinente, o
presentar demanda de reconvención en esta cuerda procesal, actuaciones que brillan por
su ausencia en el presente proceso.

47. Siendo así las cosas y dado que, el recurso de apelación no tiene vocación de
prosperidad, se confirmará la sentencia apelada, tal como será dispuesto ut infra.

2.5. Sobre la condena en costas

48. No habrá lugar a condena en costas por no reunirse los presupuestos exigidos en el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 365 del Código
General del Proceso.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad, la sentencia de Veintinueve (29) de
Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO. Sin condena en costas, en esta instancia.

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TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

16

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