Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02185-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02185-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-02185-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 05001 23 33 000 2019 02185 01 (1652-2024)
Demandante: Leonidas Aponte Cristancho
Demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL
Temas: Reliquidación de asignación de retiro. Cosa Juzgada. Condena en
costas.
Decisión: Se confirma la sentencia apelada pues se encuentra acreditada la
excepción de cosa juzgada
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
de primera instancia del 24 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. El demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó la
declaratoria de nulidad del Oficio CREMIL 112862 del 11 de diciembre de 2017 expedido
por la entidad demandada, mediante el cual se le negó la reliquidación de su asignación
de retiro bajo el argumento de que se configuró el fenómeno de la cosa juzgada por
cuanto dichas pretensiones ya habían sido resueltas por la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada
a reliquidar su asignación de retiro y a pagar el retroactivo correspondiente, debidamente
indexado y con los intereses moratorios causados entre el 21 de enero de 2006 y el 5 de
agosto de 2011, derivado de la diferencia entre el incremento efectuado y el que debió
aplicarse con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los años 1997, 1999,
2001, 2002, 2003 y 2004. Asimismo, requirió el reconocimiento de los incrementos del
salario básico conforme al principio de oscilación desde 1997 y su actualización anual
desde 2005 hasta la fecha en que se reconozca el derecho.
1 Documento «00 DEMANDA DECLARATIVA APONTE IPC», que reposa en la carpeta
«4ED_05001233300020190218(.zip) NroActua 2» visible en el índice 2 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Leonidas Aponte Cristancho
3. Como sustento fáctico de sus pretensiones, señaló que es beneficiario de una
asignación de retiro que ha sido reajustada anualmente conforme al principio de
oscilación previsto en el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990, lo cual, a su juicio,
contraviene lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 238 de 1995 y en los artículos 14 y
279, parágrafo 4, de la Ley 100 de 1993, en tanto dicho sistema resulta inferior al
incremento basado en el IPC del año inmediatamente anterior.
4. Indicó que el Juzgado 16 Administrativo de Medellín profirió sentencia el 5 de
agosto de 2011 dentro del proceso 05001 33 31 016 2011 00085 00, mediante la cual
declaró la nulidad del Oficio 7741 del 8 de febrero de 2010 y ordenó a CREMIL reliquidar
su asignación de retiro con base en el IPC entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de
diciembre de 2004, conforme al artículo 14 de la Ley 100 de 1993, siempre que el
incremento aplicado por la entidad hubiera sido inferior.
5. Sostuvo que, si bien la entidad expidió la Resolución 2476 del 2 de mayo de 2012
en cumplimiento de dicha sentencia, efectuó una liquidación parcial e incorrecta al omitir
el reconocimiento y pago del retroactivo correspondiente a las mesadas causadas dentro
del período no prescrito, esto es, entre el 21 de enero de 2006 y el 5 de agosto de 2011.
Explicó que dicha omisión implicó el desconocimiento de la prescripción cuatrienal
prevista en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990 y una interpretación errónea del
Decreto 4433 de 2004.
6. Añadió que el derecho al reajuste de la asignación de retiro tiene carácter
imprescriptible y que lo único sujeto a prescripción son las diferencias económicas no
reclamadas oportunamente. En ese sentido, sostuvo que los reajustes ordenados para el
período 1997–2004 debían reflejarse en la base de liquidación de la asignación de retiro
a partir de 2005, conforme a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado.
7. Con fundamento en lo anterior, indicó que el 23 de noviembre de 2017 presentó
reclamación ante la entidad demandada solicitando la reliquidación de su asignación de
retiro; no obstante, dicha solicitud fue negada mediante el acto administrativo que se
demanda.
8. Finalmente, se advirtió que, si bien en este caso podría configurarse la cosa
juzgada, dado que —al igual que en la decisión adoptada mediante la sentencia del 5 de
agosto de 2011— se solicita el reajuste de la asignación de retiro y el pago del retroactivo
correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de enero de 2006 y el 5 de agosto
de 2011, en realidad lo que se presenta es una cosa juzgada relativa. Esto se debe a
que, al dar cumplimiento al fallo emitido en 2011, no se realizó una liquidación histórica
integral, sino que únicamente se aplicó el IPC a partir del 5 de agosto de 2011, omitiendo
el reconocimiento del retroactivo generado desde el 21 de enero de 2006.
Contestación de la demanda2
7. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
argumentando que el pago correspondiente al ajuste del IPC entre los años 1997 y 2004
fue declarado prescrito por una autoridad judicial competente.
2 Documento «03 CONTESTACION DEMANDA», ibidem.
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Demandante: Leonidas Aponte Cristancho
8. Asimismo, señaló que en cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado 16
Administrativo del Circuito de Medellín se procedió al reajuste de la base prestacional,
sin que dicho fallo haya ordenado el pago de suma adicional alguna. Por ende, añadió
que si el demandante no estaba conforme con lo resuelto debió interponer los recursos
ordinarios procedentes ante el juez de primera instancia.
9. Por lo anterior, propuso la excepción perentoria de cosa juzgada al considerar que
se pretende reabrir un debate jurídico ya resuelto por la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo.
Solución de excepciones previas3
10. Mediante auto del 20 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia
declaró no probada la excepción de cosa juzgada, al considerar que, si bien existe
identidad de partes, no concurre la misma coincidencia respecto del objeto ni de la causa.
Ello, por cuanto lo pretendido por la parte actora en el presente asunto consiste en el
reajuste y la reliquidación de las diferencias en la asignación de retiro reconocida al
demandante para los años 1997, 1999, 2001 y 2004.
11. Sin embargo, señaló que la causa petendi que motiva la presente demanda se
origina en la presunta liquidación deficitaria y en el reajuste incompleto efectuado por
CREMIL, lo cual habría generado un detrimento en la mesada pensional y habría
vulnerado el principio de igualdad.
12. Además, el a quo precisó que el acto administrativo actualmente demandado no
corresponde al que fue objeto de anulación mediante la sentencia proferida en el año
2011.
Sentencia apelada4
9. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia el 24 de julio de 2023,
mediante la cual declaró probada la excepción de cosa juzgada y se inhibió de emitir un
pronunciamiento de fondo frente a las pretensiones de la demanda.
10. Al respecto, el a quo consideró que el objeto del medio de control —dirigido a
obtener la reliquidación y el reajuste de la asignación de retiro del demandante con base
en el IPC para los años 1997 a 2004, así como el pago de retroactivos posteriores— ya
había sido resuelto de manera definitiva por el Juzgado 16 Administrativo Oral del Circuito
de Medellín mediante sentencia del 5 de agosto de 2011, que hizo tránsito a cosa juzgada
la controversia.
11. El Tribunal determinó que existía identidad jurídica de partes, causa petendi y
objeto en ambos procesos ya que en los dos se debatió la reliquidación de la asignación
de retiro con base en la variación del IPC, así como el reconocimiento de posibles
diferencias económicas. Este aspecto fue resuelto en el proceso anterior, en el cual se
3 Documento «07 AUTO resuelve excepciones - corre traslado para alegar», ibidem.
4 Documento «10 SENTENCIA 1RA», ibidem.
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Demandante: Leonidas Aponte Cristancho
ordenó la reliquidación, pero se negó el pago de retroactivos debido a la prescripción de
mesadas y a la aplicación del principio de oscilación conforme al Decreto 4433 de 2004.
12. Señaló que las pretensiones encaminadas al pago de retroactivos generados entre
el 21 de enero de 2006 y el 5 de agosto de 2011 (y posteriores) también habían sido
objeto de decisión judicial o administrativa, motivo por el cual no podían ser nuevamente
debatidas a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sin que
ello implicara revisar o modificar lo ya decidido por el juez natural del proceso anterior.
13. Finalmente, condenó en costas y agencias en derecho a la parte demandante
fijando estas últimas en el 3% de la cuantía del proceso, de conformidad con los artículos
188 del CPACA, 365 y 366 del CGP y el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016.
Recurso de apelación5
14. El demandante interpuso recurso de apelación solicitando la revocatoria integral
de la sentencia de primera instancia, al considerar que el Tribunal Administrativo de
Antioquia incurrió en defecto sustantivo al declarar probada la excepción de cosa juzgada
e inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo, pese a que las pretensiones estaban
dirigidas al pago del retroactivo pensional adeudado y no a reabrir un debate ya decidido.
15. Advirtió que la sentencia del Juzgado 16 Administrativo de Medellín del 5 de agosto
de 2011 únicamente produjo efectos de cosa juzgada parcial, pues si bien ordenó la
reliquidación de la asignación de retiro con base en el IPC, omitió el reconocimiento y
pago del retroactivo correspondiente al período comprendido entre el 21 de enero de
2006 y el 5 de agosto de 2011, el cual no se encontraba prescrito en virtud de la
prescripción cuatrienal prevista en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990.
16. Afirmó que la entidad demandada, al dar cumplimiento a la sentencia de 2011, se
limitó a reajustar la asignación de retiro a partir de la fecha del fallo, sin efectuar la
liquidación histórica ni cancelar las diferencias causadas dentro del término no prescrito,
desconociendo así el carácter periódico de la prestación y el derecho al pago del
retroactivo dentro del lapso legalmente exigible.
17. Indicó que el Tribunal confundió indebidamente el cumplimiento de una sentencia
judicial con la configuración de la cosa juzgada ya que el objeto de la demanda no era
modificar lo decidido en 2011, sino obtener el pago de sumas que, aunque reconocidas
en abstracto, no fueron efectivamente canceladas, lo cual hacía procedente el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
18. Mediante auto del 10 de julio de 20246 se admitió el recurso de apelación y se le
advirtió a la parte demandada que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia para
5 Documento «14 03-ago-23 DTE RECURSO APELACION», ibidem.
6 Índice 4 de SAMAI.
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Radicado: 05001 23 33 000 2019 02185 01 (1652-2024)
Demandante: Leonidas Aponte Cristancho
pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que disponía hasta antes de
que el expediente ingresara al despacho para fallo para emitir concepto.
19. La entidad demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
20. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.
Problema jurídico
21. Conforme con los reparos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a
esta Sala determinar si en el presente caso se originó el fenómeno de cosa juzgada entre
el proceso de la referencia y el resuelto a través de la sentencia del 5 de agosto de 2011
por el Juzgado 16 Administrativo de Medellín dentro del proceso 05001 33 31 016 2011
00085 00.
Análisis del problema jurídico
22. El fenómeno de la cosa juzgada, de contenido sustancial, corresponde a una
excepción que doctrinariamente se ha entendido como mixta, por cuanto en su calidad
de medio de defensa no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado con la inviabilidad
de las pretensiones o del derecho reclamado cuando su procedencia ya ha sido analizada
y juzgada, sino que también controvierte el proceso en sí mismo desde el punto de vista
formal en lo que tiene que ver con la habilitación del juez para conocer y emitir un
pronunciamiento de mérito frente a un conflicto previamente resuelto.
23. Esta institución se deriva del principio de seguridad jurídica, con base en el cual lo
que se busca es dar certeza a las partes respecto de la firmeza y definición permanente
de sus controversias, a fin de evitar la existencia de decisiones judiciales contradictorias
en punto a unos mismos hechos y derechos en tensión.
24. Por esa razón, la cosa juzgada garantiza la inmutabilidad y unicidad de las
providencias, en el entendido de que no podrán ser objeto de nuevas manifestaciones o
estudios judiciales pues lo resuelto deberá ser definitivo. Al respecto, el artículo 303 del
CGP regula esta figura de la siguiente forma:
Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto,
se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica
de partes. […]
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Demandante: Leonidas Aponte Cristancho
25. A su turno, esta Sección7 ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el
fenómeno jurídico de la cosa juzgada, en los siguientes términos:
[…] 15. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se
configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos,
estos son: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de
partes. Estos elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en los
siguientes términos:
• Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando
sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una
o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre
aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente.
• Identidad de causa, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa
juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando
además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente
se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar
los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva
causa.
• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye
cosa juzgada.
[…] 17. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de
la cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir
pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una
decisión judicial de fondo. […]
26. Para determinar si en el presente asunto se configura la cosa juzgada, resulta
pertinente elaborar un cuadro comparativo de ambos procesos judiciales que permita
establecer la existencia —o no— de identidad en la causa, el objeto y las partes, conforme
a lo dispuesto en el artículo 303 del CGP.
Radicado 05001 33 31 016 2011 00085 008 05001 23 33 000 2019 02185 01
(Proceso anterior) (Proceso actual)
Partes Demandante: Leonidas Aponte Demandante: Leonidas Aponte
Cristancho Cristancho
Demandada: CREMIL Demandada: CREMIL
El demandante solicitó que se declare la El demandante solicitó la nulidad del Oficio
nulidad del Oficio núm. 7741 del 8 de CREMIL núm. 112862 del 11 de diciembre
febrero de 2010, por medio del cual de 2017, expedido por la Caja de Retiro de
CREMIL le negó la reliquidación y las Fuerzas Militares, mediante el cual le
reajuste de su asignación de retiro en negó la reliquidación de su asignación de
aplicación del Índice de Precios al retiro, tomando en cuenta el Índice de
Objeto Consumidor durante los años 1997 a Precios al Consumidor de los años 1997,
(Pretensiones) 2004. 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, conforme
a los lineamientos establecidos por la
Como consecuencia de lo anterior, pidió jurisprudencia de esta Corporación.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de julio
de 2024, radicado: 25000-23-42-000-2018-02464-01 (0245-2023).
8 Páginas 3 al 28 del documento «05001233300020190218500_C001(002)» que está en la subcarpeta «EXPEDIENTE
DIGITALIZADO» que reposa en la carpeta «4ED_05001233300020190218(.zip) NroActua 2» visible en el índice 2 de
SAMAI.
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Demandante: Leonidas Aponte Cristancho
que se le reconozca y reajuste su
asignación mensual de retiro, A título de restablecimiento del derecho,
adicionando los porcentajes solicitó condenar a la entidad demandada
correspondientes a la diferencia a reajustar y pagarle el retroactivo en
existente entre el crecimiento efectuado, forma indexada y con intereses moratorios
aplicando la escala gradual porcentual y a partir del 21 de enero de 2006 hasta el 5
el IPC para los años 1997 a 2004. de agosto de 2011, correspondiente a la
diferencia existente entre el incremento
Asimismo, solicitó que se actualicen e con base en el IPC de los años 1997 a
indexen los valores que resulten 2004.
liquidados desde 1997 en adelante hasta
la fecha en que sea reconocido el Así mismo, pidió que se reliquide y pague
derecho, y se condene al pago de los su asignación de retiro en concordancia
intereses moratorios sobre los dineros con el IPC, adicionando los porcentajes
provenientes del reconocimiento correspondientes al desfase del salario
solicitado. básico en los porcentajes según el
principio de oscilación desde 1997 hasta la
fecha en que sea reconocido el derecho
reclamado, incrementando su valor año a
año del 2005 al 2019.
Según lo señalado por el Juzgado El demandante manifestó que es
Dieciséis Administrativo del Circuito de beneficiario de una asignación de retiro, la
Medellín, dentro del proceso se precisó cual ha sido reajustada anualmente
que la Caja de Sueldos de Retiro de las conforme al principio de oscilación previsto
Fuerzas Militares le reconoció al actor en el artículo 169 del Decreto 1211 de
una asignación mensual de retiro. 1990.
Se indicó que, el 21 de enero de 2010, No obstante, explicó que dicho mecanismo
este solicitó la reliquidación, el reajuste y resulta contrario a lo dispuesto en el
Causa el pago de dicha asignación, con base en artículo 1.º de la Ley 238 de 1995 y en los
(Hechos) el índice de precios al consumidor (IPC) artículos 14 y 279, parágrafo 4.º, de la Ley
certificado por el Departamento 100 de 1993, por cuanto el sistema de
Administrativo Nacional de Estadística oscilación produce incrementos inferiores
(DANE), petición que fue negada al índice de precios al consumidor (IPC)
mediante el Oficio núm. 7741 del 8 de del año inmediatamente anterior.
febrero de 2010.
Indicó que el Juzgado Dieciséis
Se añadió, además, que el incremento Administrativo del Circuito de Medellín, en
de las asignaciones de retiro en las el marco del proceso identificado con el
Fuerzas Militares se ha venido radicado núm. 05001-33-31-016-2011-
efectuando conforme al principio de 00085-00, profirió sentencia el 5 de agosto
oscilación previsto en los Decretos 1211, de 2011, mediante la cual declaró la
1212 y 1213 de 1990, el cual, en la nulidad del Oficio núm. 7741 del 8 de
mayoría de los casos, ha sido inferior al febrero de 2010 y condenó a la Caja de
IPC. Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL) a reliquidar su asignación de
retiro con base en el IPC, desde el 1.º de
enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de
2004, de conformidad con lo establecido
en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993,
siempre que el valor reconocido por la
entidad hubiese sido inferior al IPC.
Sostuvo que, aunque CREMIL expidió la
Resolución núm. 2476 del 2 de mayo de
2012 en cumplimiento de dicha sentencia,
realizó una liquidación parcial e incorrecta,
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Demandante: Leonidas Aponte Cristancho
al omitir el reconocimiento y pago del
retroactivo correspondiente a las mesadas
causadas dentro del término no prescrito;
esto es, entre el 21 de enero de 2006 y el
5 de agosto de 2011.
Por ende, a juicio del demandante, ello
implicó el desconocimiento de la
prescripción cuatrienal prevista en el
artículo 174 del Decreto 1211 de 1990 y, a
su vez, una interpretación errónea del
Decreto 4433 de 2004.
Al respecto, explicó que el derecho al
reajuste de la asignación de retiro tiene
carácter imprescriptible y que únicamente
están sometidas a prescripción las
diferencias económicas no reclamadas en
tiempo.
Por tal razón, los reajustes ordenados para
el período 1997–2004 debían proyectarse
sobre la base de liquidación de la
asignación de retiro a partir del año 2005,
conforme a la jurisprudencia reiterada del
Consejo de Estado.
Con base en lo anterior, el 23 de
noviembre de 2017 presentó reclamación
administrativa ante la entidad demandada,
solicitando la reliquidación de su
asignación de retiro; sin embargo, dicha
petición fue negada mediante el acto
administrativo que actualmente se
controvierte en este litigio.
27. De lo expuesto se desprende que el demandante había acudido previamente a la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho identificada con radicado 05001 33 31 016 2011 00085 00.
En dicho proceso, el Juzgado 16 Administrativo de Medellín profirió sentencia de primera
instancia el 5 de agosto de 2011, declarando la nulidad del Oficio 7741 del 8 de febrero
de 2010 proferido por CREMIL y condenando a la entidad a reliquidar la asignación de
retiro del demandante —con base en el Índice de Precios al Consumidor, en aplicación
del artículo 14 de la Ley 100 de 1993— desde 1996 hasta 2004, teniendo en cuenta año
por año el cambio de la nueva base prestacional.
28. El fundamento principal de la decisión fue que la asignación de retiro del oficial
retirado no se encontraba exenta de los beneficios consagrados en el artículo 14 de la
Ley 100 de 1993 para los años 1996 a 2004. Sin embargo, estimó que dicho reajuste no
era procedente luego de 2005, por cuanto a través del artículo 42 del Decreto 4433 del
31 de diciembre de 2004 se restableció el sistema de reajuste pensional teniendo en
cuenta la oscilación de las asignaciones del personal en actividad.
29. De igual modo, en la providencia referida se declaró probada la excepción de
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Demandante: Leonidas Aponte Cristancho
prescripción cuatrienal respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 21 de
enero de 2010, fecha en la cual el demandante radicó la respectiva solicitud ante la
entidad demandada. El juzgado precisó que no habría lugar al pago de las diferencias
que pudieran derivarse de la reliquidación ordenada en atención a que desde el 21 de
enero de 2006 ya se hallaba vigente el principio de oscilación consagrado en el Decreto
4433 de 2004. También estimó que no era posible ordenar el pago de las diferencias
causadas en las mesadas pensionales por la aplicación del IPC por los años 1996 hasta
el 2004 puesto que les había operado el fenómeno de la prescripción.
30. Sobre el particular, conviene precisar que el fallo mencionado cobró ejecutoria
dado que no se interpuso recurso de apelación y fue cumplido por la entidad a través de
la Resolución 2476 del 2 de mayo de 20129, en el sentido de reajustar la asignación de
retiro del demandante para el período comprendido entre el 1 de enero de 1996 y el 31
de diciembre de 2004, según el principio más favorable entre oscilación e IPC. Sin
embargo, dejó claro que a partir del 31 de diciembre de 2004 su prestación se actualizará
conforme al sistema de oscilación.
31. Ahora bien, en la demanda que dio origen al presente proceso el apoderado del
actor reconoció la existencia del fallo judicial previo, pero cuestionó que la entidad
demandada al dar cumplimiento a dicha decisión omitió el reconocimiento y pago del
retroactivo correspondiente a las mesadas causadas dentro del período no prescrito, esto
es, entre el 21 de enero de 2006 y el 5 de agosto de 2011 (fecha en que se profirió la
sentencia), desconociendo así la prescripción cuatrienal prevista en el artículo 174 del
Decreto 1211 de 1990, lo cual dio lugar, en su sentir, a una interpretación errónea del
Decreto 4433 de 2004.
32. Con base en lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la excepción de cosa
juzgada toda vez que entre el proceso anteriormente resuelto y el presente existe
identidad de partes, pues en ambos casos comparecieron el señor Leonidas Aponte
Cristancho y CREMIL.
33. Además, comparten idéntico objeto en razón a que si bien es cierto que no se
demandan los mismos actos administrativos en su esencia estos son iguales ya que el
derecho en tensión para cada proceso es el reajuste de la asignación de retiro del
demandante, tomando en cuenta el Índice de Precios al Consumidor de los años 1997,
1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, conforme a los lineamientos establecidos por la
jurisprudencia de esta Corporación.
34. En cuanto a la identidad de causa, se advierte que, si bien en ambos procesos
existe una diferencia en la redacción de los hechos —pues en el caso actual se parte de
la existencia de una sentencia proferida el 5 de agosto de 2011—, el fundamento de
ambas controversias surge de la misma premisa: que el actor es beneficiario de una
asignación de retiro cuyos incrementos se han venido aplicando conforme al principio de
oscilación previsto en los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990; y que dicho mecanismo,
en la mayoría de los casos, ha generado reajustes inferiores al índice de precios al
9 Págs. 29 al 31, ibidem.
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Radicado: 05001 23 33 000 2019 02185 01 (1652-2024)
Demandante: Leonidas Aponte Cristancho
consumidor (IPC), lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 238 de
1995 y en los artículos 14 y 279, parágrafo 4, de la Ley 100 de 1993.
35. Ahora, en relación con el período comprendido entre el 21 de enero de 2006 y el
5 de agosto de 2011, la Sala observa que, pese a que dichas mesadas no se encontraban
prescritas desde el punto de vista temporal, el Juzgado 16 Administrativo del Circuito de
Medellín, en la sentencia del 5 de agosto de 2011, negó expresamente el reconocimiento
de dichas diferencias económicas a favor del demandante. Ello, al considerar que, desde
la entrada en vigor del Decreto 4433 de 2004, el reajuste de la asignación de retiro debía
efectuarse conforme al principio de oscilación, circunstancia que impedía la generación
de sumas a cargo de la entidad demandada.
36. Por ende, esta Subsección comparte el argumento del Tribunal de primera
instancia, en el sentido de que, a manera de ejemplo, si el hoy demandante no estaba
conforme con lo allí resuelto debió interponer el recurso de apelación contra la referida
sentencia o, en su defecto, si su inconformidad recaía sobre el acto administrativo que
dio cumplimiento al pluricitado fallo, haber promovido un proceso ejecutivo.
37. Además, el propio demandante reconoce que en el presente caso se configuran
los presupuestos de la cosa juzgada, pero sostiene que esta debe aplicarse de forma
parcial o relativa, en la medida en que la entidad demandada no efectuó una liquidación
histórica, sino que se limitó a reajustar la asignación de retiro aplicando el IPC únicamente
a partir del 5 de agosto de 2011, sin tener en cuenta el retroactivo desde el 21 de enero
de 2006.
38. Como ya se expuso, para la Sala dicho planteamiento no puede considerarse un
hecho nuevo o no discutido puesto que el pago del mencionado retroactivo fue
expresamente negado en la sentencia dictada el 5 de agosto de 2011 por el Juzgado 16
Administrativo del Circuito de Medellín, por lo que no es posible reabrir el debate jurídico
sobre tal circunstancia.
39. En conclusión, conforme a lo anteriormente expuesto, en el presente asunto
resulta evidente la existencia de identidad de partes, objeto y causa con el proceso
primigenio identificado con el radicado 05001 33 31 016 2011 00085 00, lo cual conlleva
a confirmar la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de cosa
juzgada.
Condena en costas
40. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
41. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
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Radicado: 05001 23 33 000 2019 02185 01 (1652-2024)
Demandante: Leonidas Aponte Cristancho
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
42. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
43. Por consiguiente, se impondrán costas de segunda instancia a la parte
demandante toda vez que resultó vencido al negarse totalmente las peticiones del
recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 24 de julio de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se declaró probada
la excepción de cosa juzgada.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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Radicado: 05001 23 33 000 2019 02185 01 (1652-2024)
Demandante: Leonidas Aponte Cristancho
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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