Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02288-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2019-02288-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02288-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-02288-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
Demandada: Departamento de Antioquia
Tema: Pensión de sobrevivientes. Decreto 758 de 1990. Dependencia
económica.
Sentencia de segunda instancia
Asunto
Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia del 29 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
1. Aurelio Álvarez Garcés en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 acudió a esta
jurisdicción en orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
1.1. Resolución S2019060039279 del 26 de marzo de 2019 por medio de la cual
la entidad demandada le negó el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes con ocasión de la muerte de su hijo Juan Ramiro Álvarez
Correa.
1 Samai, índice 38, archivo «01Cuaderno 1.pdf»
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
1.2. Resolución S2019060046130 del 8 de mayo de 2019 mediante la cual se
resolvió el recurso de apelación contra la anterior decisión, en el sentido de
confirmar la negativa del reconocimiento de la prestación.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió (i) el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes desde el 13 de abril de 1995 y de las demás mesadas
que se causaran «en cada una de las instancias»; (ii) la indexación de dichas sumas;
(iii) la condena extra y ultra petita al departamento de Antioquia; (iv) el cumplimiento
de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y (v) la condena en
costas a favor de la parte demandante.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
4. Juan Ramiro Álvarez Correa nació el 26 de enero de 1957 y era hijo de Aurelio
Álvarez Garcés y Esperanza Correa.
5. El causante laboró como auxiliar de estadística en calidad de empleado público
y devengó un sueldo mensual de $302.626 para el año 1995.
6. Acumuló un tiempo de 488,94 semanas en el sector público y privado, así (i) 41
semanas cotizadas en Colpensiones; y (ii) 447,94 semanas en la seccional de salud
de Antioquia.
7. AurelioÁlvarez Garcés dependía económicamente de su hijo, con quien
compartió mesa y techo.
8. Juan Ramiro Álvarez Correa falleció el 13 de abril de 1995. Esperanza Correa,
madre del causante, falleció el 16 de diciembre de 2012.
9. El causante dejó acreditadas las semanas establecidas en el artículo 46 de la Ley
100 de 1993, esto es, 26 semanas en el último año y en cualquier época anterior al
deceso.
10. El4 de febrero de 2019 el demandante presentó una petición ante el
departamento de Antioquia con el fin de que se le reconociera y pagara la pensión
de sobrevivientes.
11. La entidad demandada negó la anterior petición a través de la Resolución
S2019060039279 del 26 de marzo de 2019, toda vez que el causante no había
prestado 20 años de servicio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 de la
Ley 12 de 1975, 1 de la Ley 33 de 1973 y 1 de la Ley 33 de 1985.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
12. El 8 de abril de 2019 el demandante presentó recurso de apelación contra la
anterior decisión, el cual fue resuelto a través de la Resolución S2019060046130
del 8 de mayo de 2019 en la que se confirmó la negativa de acceder a la pensión
de sobrevivientes.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
13. Como tales se señalaron los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política; 46
y 272 de la Ley 100 de 1993; 2 del Decreto 433 de 1971; 6 y 25 del Decreto 758 de
1990; 27 del Decreto 1160 de 1989; 14 del Decreto 692 de 1994; 1 del Decreto 1161
de 1994; 5 del Decreto 1068 de 1995; y 21 del Código Sustantivo del Trabajo.
14. En cuanto al concepto de violación expuso que el departamento de Antioquia a
través de los actos demandados vulneró lo dispuesto en los artículos 13, 48 y 53 de
la Constitución Política, toda vez que le dio un trato discriminatorio y excluyente «al
exigir como mínimo la densidad de 20 años de servicios para que los beneficiarios
pud[ieran] acceder a la pensión de sobrevivientes, requisito establecido en el DECRETO
3135 DE 1968, DECRETO 1848 DE 1969, LEY 33 DE 1973, LEY 12 DE 1975, LEY 33 DE
1985 como norma especial, mientras que la normativa establecida en el sistema general de
pensiones, DECRETO 758 DE 1990 por DERECHO PROPIO O POR CONDICIÓN MAS
BENEFICOOSA estable[ció] como requisito benigno la densidad de 300 semanas con
antelación al deceso.»
15. Asimismo, indicó que por favorabilidad y para efectos de otorgarle la pensión
solicitada podrían aplicarle el régimen general vigente para el 13 de abril de 1995
que era la Ley 100 de 1993 o el Decreto 758 de 1990, si se adoptaba la postura que
el régimen general había entrado en vigor el 30 de junio de 1995, o el Decreto 433
de 1971 que estableció que los empleados del orden departamental serían
destinatarios de los regímenes del sector privado.
16. La finalidad de los regímenes especiales era conceder beneficios legales a
ciertos grupos de trabajadores y no tratos discriminatorios que dificultaran el acceso
a los derechos mínimos establecidos en la legislación general, lo cual significaba
que si el régimen especial era menos favorable que la norma general se imponía la
aplicación de esta última.
17. Para la fecha del deceso de Juan Ramiro Álvarez Correa (13 de abril de 1995)
le era aplicable el régimen general de los particulares, esto es el Decreto 758 de
1990, toda vez que era más beneficioso, pues estableció como requisito 300
semanas de cotización en cualquier época para causar la pensión de
sobrevivientes, mientras que en los decretos 3135 de 1968, 1848 de 4969 y las
leyes 33 de 1973, 12 de 1975 y 33 de 1985 exigían 20 años de servicios.
18. La entidad demandada desconoció que para la fecha del siniestro Juan Ramiro
Álvarez Correa cumplía con los requisitos contenido en los literales a) y b) del
artículo 46 de la Ley 100 de 1993 y la dependencia económica que existía entre
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
padre e hijo.
1.2. Contestación de la demanda3
19. El departamento de Antioquia presentó contestación, sin embargo, mediante
auto del 21 de febrero de 20204 se tuvo por no contestada la demanda, toda vez
que dicho escrito fue presentado de forma extemporánea.
1.3. La sentencia apelada5
20. En sentencia proferida el 29 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de
Antioquia accedió a las pretensiones de la demanda, por cuanto:
21. Juan Ramiro Álvarez Correa estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales,
pues realizó cotizaciones en virtud de su vínculo laboral con un particular para quien
laboró entre «el 29 de noviembre de 1979 y el 14 de septiembre de 1979», cotizando un
total de 290 días, esto es, 41 semanas, en la aludida aseguradora.
22. Prestó sus servicios en la Secretaría de Salud y protección Social de Antioquia
como empleado público desde el 4 de junio de 1986 hasta el día de su deceso (13
de abril de 1995), correspondientes a 3.181 días, equivalentes a 454 semanas,
tiempo durante el cual no efectuó cotizaciones en ninguna aseguradora, porque
para la época, el reconocimiento de las prestaciones era asumido directamente por
la entidad departamental a la cual se encontraba afiliado.
23. Las normas que regían para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
eran aquellas que se encontraran vigentes a la fecha del fallecimiento del causante,
ocurrida en el caso bajo examen el 13 de abril de 1995, fecha para la cual no había
entrado en vigor la Ley 100 de 1993, pues aquella norma estableció que la entrada
en vigencia para el caso de los empleados vinculados a las entidades territoriales
era a partir del 30 de junio de 1995.
24. Las normas aplicables al reconocimiento pretendido eran las contenidas en las
leyes 33 de 1973 y 12 de 1975, de acuerdo con las cuales el reconocimiento de la
prestación por muerte del empleado estaría supeditado a que hubiese cumplido con
el requisito de 20 años de servicios, lo cual no se cumplió, comoquiera que se
acreditó que Juan Ramiro Álvarez Correa laboró para la entidad demandada entre
el 4 de junio de 1986 y el 13 de abril de 1995, esto es 8 años y 10 meses.
25. De acuerdo con las sentencias SU-769 de 2014 y T-280 de 2019 proferidas
por la Corte Constitucional y al haberse acreditado que Juan Ramiro Álvarez Correa
3 Samai, índice 38, archivo «01Cuaderno 1.pdf» páginas 114 a 122.
4 Samai, índice 38, archivo «01Cuaderno 1.pdf» página 183.
5 Samai, índice 38, archivo «16SentenciaPrimeraInstancia.pdf».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
realizó aportes al ISS por un total de 41 semanas y posteriormente prestó sus
servicios al departamento de Antioquia correspondientes a 454 semanas, era claro
que le resultaba aplicable el contenido del Decreto 758 de 1990.
26. El artículo 25 del Decreto 758 de 1990 previó que se tendría derecho a la
pensión de sobrevivientes cuando a la fecha del fallecimiento del asegurado hubiese
reunido el número y «densidad» de las cotizaciones exigidas para acceder a una
pensión de invalidez por riesgo común, prestación para la cual el artículo 6
estableció que procedería cuando se hubiesen efectuado cotizaciones por 150
semanas en los 6 años anteriores a la invalidez o bien 300 semanas en cualquier
época anterior, situación que se configuró en el caso bajo examen, pues el causante
tenía un total de 495 semanas cumpliendo con el requisito de las 300 semanas
acumuladas por aportes.
27. Se acreditó en el proceso que los únicos beneficiarios de dicha prestación eran
sus padres. No obstante, para que los padres pudieran constituirse en beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes debían acreditar la dependencia económica
respecto del causante, requisito que se encontraba satisfecho, toda vez que de la
prueba testimonial se pudo establecer que para el momento del deceso de Juan
Ramiro Álvarez Correa, era este quien procuraba con sus ingresos económicos por
la subsistencias de sus padres6, pues a pesar de que el demandante desempeñaba
una actividad económica independiente, lo percibido no le era suficiente para lograr
su propia subsistencia y la de su núcleo familiar, dependiendo necesariamente del
apoyo del causante.
28. El artículo 10 del Decreto 2709 de 19947 previó que la pensión por aportes sería
reconocida y pagada i) por la última entidad de previsión a la que efectuaron los
aportes, siempre y cuando el tiempo de los aportes continuos o discontinuos haya
sido mínimo de 6 años; y ii) en caso contrario, por la entidad de prestación social a
la cual se haya efectuado el mayor tiempo de aportes.
29. Comoquiera que la última entidad para la que prestó sus servicios el causante
fue el departamento de Antioquia, con quien sostuvo un vínculo laboral por un
periodo superior a los 6 años, sería esa entidad la competente para efectuar el
reconocimiento.
30. En consecuencia, se ordenó al departamento de Antioquia reconocer la pensión
de sobrevivientes a partir del día siguiente del fallecimiento del causante, esto es,
el 14 de abril de 1995, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2709 de 1994,
en cuantía del 45% del salario mensual de base, según lo dispuesto en el numeral
1 del artículo 20 del Decreto 758 de 1990, asimismo se declaró la prescripción trienal
prevista en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo de las mesadas
6 Se aclaró que la madre del causante había fallecido en el año 2012.
7 «Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 71 de 1988.»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
causadas con anterioridad al 3 de febrero de 2016.
1.4. El recurso de apelación8
31. La parte demandada presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y lo sustentó así:
32. Juan Ramiro Álvarez Correa prestó sus servicios a la Dirección Seccional de
Salud del departamento de Antioquia desde el 9 de junio de 1986 hasta el 13 de
abril de 1995, fecha de su fallecimiento, es decir, antes de la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993, pues en términos generales entró en vigor el 1 de abril de 1994
y para los entes territoriales el 30 de junio de 1995, como era del caso, razón por la
cual en materia del régimen de pensiones de jubilación le era aplicable la Ley 12 de
1975.
33. El causante no cumplió con los 20 años continuos o discontinuos de servicios
para obtener el derecho a la pensión de jubilación, por lo que a Aurelio Álvarez
Garcés no le asistía el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes.
34. No podía aplicarse de forma retroactiva la Ley 100 de 1993 porque vulneraba
del principio de irretroactividad de la ley, de acuerdo con los artículos 17 y 40 de la
Ley 153 de 1887, la sentencia T-564 de 2015 proferida por la Corte Constitucional
y la jurisprudencia del Consejo de Estado9.
35. En relación con la aplicación de los decretos 232 de 1984 y 758 de 1990, que
se encontraban vigentes al momento del fallecimiento del causante, no era posible
aplicarlos, pues el primero regulaba lo relativo a la pensión de invalidez y el segundo
fue la norma por medio de la cual se aprobó el Acuerdo 049 de 1990 que expidió el
reglamento general del Seguro Social obligatorio de invalidez, vejez y muerte.
36. En el Decreto 758 de 1990 no se incluyeron a los trabajadores del sector oficial,
lo cual dejaba entrever que era de aplicación única y exclusivamente para los
trabajadores del sector privado, razón por la cual no era posible bajo el argumento
del principio de favorabilidad aplicar dicha norma a la situación del demandante.
37. La Ley 100 de 1993 no dispuso la pensión de sobrevivientes para los empleados
del sector público y mucho menos para los del departamento de Antioquia. Además,
dicha ley solo entró en vigor el 30 de junio de 1995, fecha para la cual ya había
fallecido Juan Ramiro Álvarez Correa, sin cumplir con los requisitos necesarios para
adquirir dicha prestación que consistían en haber prestado 20 años de servicios.
8 Samai, índice 38, archivo «18RecursoApelacionSentencia».
9 Expedientes 1605-2009, 2285-2012, 4067-2013 y 1689-2017.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
38. Las 3 declaraciones extrajuicio fueron desvirtuadas con los testimonios de
«JAIME HERRERA CÓRDOBA10» y Janeth Vélez Montoya, recaudados en la
audiencia de pruebas.
39. «Jaime Herrera Córdoba» en su declaración extraproceso había manifestado
que el demandante dependía económicamente de su hijo Juan Ramiro Álvarez
Correa, pues le procuraba todo lo necesario para su subsistencia. Sin embargo,
afirmó en la audiencia de pruebas que al momento del fallecimiento del causante el
demandante «tenía una farmacia cerca del parque Caldas» y que «era una farmacia de
su propiedad» negocio en el que además trabajaban otros 2 hijos «John Jairo y nidia
apoyaban al papá en la farmacia». Y que tuvo la farmacia por lo menos desde el año
1980 cuando conoció a la familia hasta el año 2008 o 2009 «porque entraron en
quiebra, no fueron capaces de sostenerla».
40. Por su parte Janeth Vélez Montoya afirmó en su testimonio que la vivienda en
la que habitaba Aurelio Álvarez Garcés y su familia era propia; y que el demandante
«trabajaba en una farmacia junto con John Jairo y Nidia Elena» y con lo que ganaba «se
mantenían un poco apretados». Además, que el demandante y su esposa tuvieron un
total de 8 hijos, de los cuales «cuando Juan Ramiro estaba vivo, ya había muerto Álvaro
y quedaron siete hijos. De esos siete, había cuatro casados y estaban tres solteros, que
eran John Jairo, Nidia y Juan Ramiro».
41. De lo anterior, podía concluirse que Aurelio Álvarez Garcés no dependía
económicamente de su hijo Juan Ramiro Álvarez Correa, pues con la farmacia de
su propiedad sacó adelante a una familia conformada por 8 hijos y pudo seguir
devengando ingresos de dicho negocio hasta el año 2008 o 2009, casi 15 años
después de la muerte del causante. El mencionado negocio estaba ubicado en el
Parque de Caldas a 3 locales de la catedral, en el que laboraban sus 2 hijos, lo que
permitía evidenciar que les generaba ingresos significativos.
42. Resultaba extraño que después de 25 años de la muerte del causante se
pretendiera el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuando afirmó que
dependía económicamente de él.
43. El a quo inobservó los testimonios rendidos en la audiencia de pruebas que
daban cuenta que el demandante al momento del fallecimiento de su hijo y desde
mucho antes generaba ingresos suficientes a través de una actividad comercial con
la que sostuvo a una familia numerosa durante muchos años.
1.5. Trámite en segunda instancia
44. En auto del 13 de febrero de 2024 se admitió el recurso de apelación presentado
por la parte demandada contra la sentencia del 29 de mayo de 2023 proferida por
10 Se precisa que el testimonio fue rendido por Omar de Jesús Castañeda Ospina.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
el Tribunal Administrativo de Antioquia.11
45. El Ministerio Público no presentó concepto.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
46. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
47. De conformidad con el recurso de apelación, se debe resolver el siguiente
interrogante: ¿Aurelio Álvarez Garcés en calidad de padre de Juan Ramiro Álvarez
Correa tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes prevista en
el Decreto 758 de 1990?
48. Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
(i) del régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el
Decreto 758 de 1990; y (ii) la pensión de sobrevivientes contenida en dicho decreto;
segundo, se expondrá los hechos probados; y tercero, se resolverá el caso
concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 de 1990
49. El presidente de la República expidió el Decreto 1650 del 18 de julio de 197712,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 12 de 1977 para
determinar la estructura, régimen y organización de los Seguros Sociales
Obligatorios y de las entidades que los administran. Esta normativa estableció
mecanismos de protección para las contingencias de enfermedad en general,
maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, invalidez, vejez, muerte
y asignaciones familiares.
11 Samai, índice 4.
12 «Por el cual se determinan el régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios, y
se dictan otras disposiciones».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
50. Para el efecto, le confirió al Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios
[creado por el artículo 36 del Decreto 1650 como un organismo del gobierno que
tendría a su cargo la formulación de políticas y la dirección general del régimen de
dichos seguros] la facultad de «[a]probar los reglamentos generales sobre las
condiciones y los términos necesarios para el reconocimiento y la efectividad de las
prestaciones correspondientes a los distintos seguros, previo concepto del Superintendente
de Seguros de Salud».
51. En ejercicio de esta prerrogativa, el aludido órgano expidió el Acuerdo 049 del
1 de febrero de 199013 aprobado por el Decreto 758 de 1990. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1 de esta norma, estarían sujetos al seguro social obligatorio
i) en forma forzosa u obligatoria: a) los trabajadores nacionales o extranjeros que
prestaran sus servicios a patronos particulares mediante contrato de trabajo o de
aprendizaje; b) los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales
y, c) los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas con
las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o asumidas
totalmente por él; ii) en forma facultativa: a) los trabajadores independientes; b) los
sacerdotes diocesanos y miembros de las Comunidades Religiosas y, c) los
servidores de entidades oficiales del orden estatal que al 17 de julio de 1977 se
encontraban registradas como patronos ante el ISS; y iii) otros sectores de
población respecto de quienes se ampliara la cobertura del régimen de los seguros
sociales obligatorios.
52. Mediante este acuerdo se establecieron los siguientes requisitos para acceder
a la pensión de vejez para aquellas personas afiliadas al Seguro Social:
«Artículo 12. Requisitos de la pensión de vejez: Tendrán derecho a la pensión de vejez
las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años
de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la[s] edades mínimas, o haber acreditado
un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo».
53. Con el fin de acreditar el cumplimiento del número de semanas exigidas por la
citada norma, la Corte Suprema de Justicia14 consideraba que no era posible sumar
los períodos no cotizados al ISS, por cuanto, a su juicio, la norma exigía que esos
tiempos fueran cotizados directamente a tal entidad previsional y la posibilidad de
computar períodos laborados en el sector oficial, la permitían los artículos 13, literal
13 «por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y
Muerte»
14 Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza;
23 de agosto de 2006 radicado 27651, M.P. Luis Javier Osorio López; 19 de noviembre de 2007
radicado 30187, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; y del 1º de febrero de 2011 radicado 41703.
M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
f) y 33 de la Ley 100 de 1993, esto es, dentro del régimen de prima media con
prestación definida, creado por el Sistema General de Pensiones, de manera que
no era posible escindir las normas para aplicar lo más favorable de cada una de
ellas15.
54. Sin embargo, con posterioridad modificó su postura y permitió sumar semanas
cotizadas al seguro social y los tiempos laborados al servicio de entidades públicas
para el reconocimiento pensional. Al respecto señaló16:
«[A]nte un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior
precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas
en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad,
aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden
consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y
los tiempos laborados a entidades públicas» [Se resalta].
55. Asimismo, esa Corporación consideró que fue el legislador el que permitió el
cómputo de esos tiempos con el fin de no dejar en situación de desprotección a los
afiliados o sus beneficiarios cuando hayan prestado servicios en el sector público y
privado. Esto dijo17:
«[A] fin de permitir la acumulación de los tiempos públicos servidos sin cotizaciones al
Instituto de Seguros Sociales con los aportes sufragados a esa entidad, con la finalidad
de acreditar las exigencias de aportes previstas en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049
de 1990, tanto para la pensión de sobrevivientes como la de invalidez, cuando se
invoque su aplicación en virtud del principio constitucional de la condición más
beneficiosa.
[…]
En este punto es oportuno señalar que la parte pertinente de los preceptos acusados
relativa a la posibilidad de la sumatoria de tiempos públicos no cotizados al ISS con los
aportes efectivamente sufragados a esa entidad, a efectos de acceder a la prestación de
vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, son desarrollo del literal f) del artículo 13 de
la Ley 100 de 1993.
En esa medida, guarda coherencia con los aspectos mencionados, el entender que para
efectos de definir el requisito mínimo de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del
Acuerdo 049 de 1990, en el caso de las pensiones de sobrevivientes e invalidez, se
puede acudir a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y concretamente al artículo 13
literal f) […]
En ese contexto, es claro que fue el propio legislador del año 1993 el que consagró
como criterio rector en seguridad social, la posibilidad de acumular para el acceso
15 Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza;
23 de agosto de 2006 radicado 27651, M.P. Luis Javier Osorio López; 19 de noviembre de 2007
radicado 30187, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; y del 1º de febrero de 2011 radicado 41703.
M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 1.º de julio de 2020, radicación
70918 (SL1947-2020), M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez, en el mismo sentido ver, entre otras,
SL1981-2020, SL1947-2020, SL 74937, 26 ago. 2020, SL 55270, 26 ago. 2020 y SL5147-2020, 21
oct. 2020.
17 Entre otras, en la sentencia CSJ SL5147-2020, CSJ SL2222-2022.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
a las distintas pensiones y prestaciones las variadas formas en que los afiliados
concurren a la financiación del sistema. Así, se permitió la sumatoria de las
cotizaciones a las distintas cajas o entidades administradoras del régimen con tiempos
de servicios en el sector público, incluso anteriores a la vigencia de la Ley 100 de
1993 y se previeron los instrumentos para facilitarla, tales como los bonos pensionales,
cálculos actuariales o cuotas partes pensionales.
La nueva orientación jurisprudencial sobre el tema guarda armonía con el criterio
reciente de la Sala que abrió la posibilidad de adicionar tiempos de servicios públicos no
cotizados al ISS con las semanas efectivamente sufragadas a esa entidad, cuando se
acude en materia de pensiones de vejez a las previsiones del Acuerdo 049 de 1990 en
virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL1981-2020,
CSJ SL1947-2020, CSJ SL 74937, 26 ago. 2020 y CSJ SL 55270, 26 ago. 2020).
[…]
De modo que no existe obstáculo alguno para considerar que a fin de acreditar el número
de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990 para las
pensiones de invalidez y sobrevivientes, en virtud del principio de condición más
beneficiosa, se puedan adicionar los tiempos públicos sin cotizaciones al ISS y las
semanas sufragadas a esa entidad.
Esta interpretación es la que más se ajusta al ordenamiento jurídico y a las finalidades
propias del derecho a la seguridad social, en tanto garantía fundamental e irrenunciable
de conformidad con los postulados de la Carta Política de 1991, a fin de no dejar en
situación de desprotección a los afiliados o sus beneficiarios cuando se hayan
prestado servicios en el sector público y privado.
En dichos términos, la Sala modifica el criterio sobre la posibilidad de computar tiempos
de servicios públicos sin cotizaciones al ISS con los aportes a esa entidad en materia
de pensiones de invalidez y sobrevivientes, cuando se aplica el Acuerdo 049 de 1990
en virtud del principio de condición más beneficiosa». [Sic] [Se resalta].
56. Esta postura guarda correspondencia con las consideraciones expuestas por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-769 de 201418. Allí precisó que i) para
efectos de acceder al reconocimiento pensional, es posible acumular tiempo
laborado en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no efectuó las
cotizaciones a caja o fondo alguno de previsión social, con las aportadas al ISS; y
ii) es viable acumular tiempos cotizados a entidades públicas o fondos de previsión
para contabilizar las semanas requeridas, en tanto que el artículo 12 del Acuerdo
049 de 1990, no exige que las cotizaciones se hayan efectuado de manera exclusiva
al ISS.
57. Al respecto expuso las siguientes interpretaciones sobre la posibilidad de
acumular tiempos de servicio prestado en entidades públicas con el cotizado en el
ISS:
«[C]omo algunas personas no contaban con ese número de semanas de cotización al
Seguro Social, con el fin de obtener el total requerido en la norma, solicitaban que les
18 Corte Constitucional, sentencia SU-769 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
fuera sumado el tiempo laborado en entidades públicas cotizado en las cajas o fondos
de previsión. De esa manera, surgió el debate de si era posible o no acumular semanas
de cotización en entidades públicas y privadas, el cual ha sido decantado por la
jurisprudencia constitucional bajo el análisis dos interpretaciones que nacen de la
aplicación de la norma:
7.1.1. Una de ellas es la sostenida por el Instituto de Seguros Sociales, según la cual los
beneficiarios del régimen de transición deben haber cotizado todo el tiempo de servicios
exigido por la ley exclusivamente a esa entidad, sin que sea posible acumular las
semanas aportadas a otros fondos o cajas de previsión social, públicas o privadas. La
razón se encuentra fundamentada en los siguientes argumentos:
(i) El Acuerdo 049 de 1990 “fue expedido por el Consejo Nacional de Seguros
Sociales Obligatorios, para regulación exclusiva de las prestaciones reconocidas por ese
Instituto”;
(ii) En el referido Acuerdo no se contempla la posibilidad de acumular semanas
cotizadas a otras entidades, “pues para ello existían otros regímenes, como la Ley 71 de
1988, que estableció la pensión por aportes (exigiendo para ello 20 años de aportes y
las edades de 55 o 60 años, según se ha indicado en razón al sexo)”; y
(iii) El requisito contenido en el literal “b” del artículo 12 del acuerdo, esto es, 500
semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para
pensionarse, “fue en su momento un tipo de transición, para que los empleadores
privados afiliaran a sus trabajadores más antiguos, a quienes no se había concedido
pensión, a fin de que cotizaran en el ISS, por lo menos 10 años, y se les fuera concedida
una pensión de jubilación”19.
En virtud de esta interpretación, el interesado en la acumulación de tiempos de servicio
tanto del sector público como del privado, perdería los beneficios del régimen de
transición en tanto para ello debería acogerse en su integridad a lo dispuesto en la Ley
100 de 1993, normatividad que sí permite ese tipo de acumulación.
7.1.2. Por otro lado, una segunda interpretación sobre la aplicación del mencionado
artículo 12 sugiere lo siguiente20:
(i) Del tenor literal de la norma no se desprende que el número de semanas de
cotización requeridas lo sean las aportadas exclusivamente al ISS;
(ii) El régimen de transición se circunscribe a tres ítems -edad, tiempo de servicios
o número de semanas cotizadas, y monto de la pensión-, dentro de los cuales no se
encuentran las reglas para el cómputo de las semanas cotizadas, lo cual sugiere que
deben ser aplicadas las del sistema general de pensiones.
Bajo esta interpretación, para obtener la pensión de vejez en virtud del artículo 12 del
Acuerdo 049 de 1990, es posible acumular tiempos de servicios tanto del sector público
cotizados a cajas o fondos de previsión social, como del sector privado cotizados al
Instituto de Seguros Sociales. Esto, por cuanto dicha disposición no exige que las
cotizaciones hayan sido efectuadas exclusivamente al seguro social y porque la
aplicación del régimen de transición solamente se limita a los tres ítems previamente
19 Sentencia T-201 de 2012.
20 Sentencias T-090 de 2009, T-398 de 2009, T-583 de 2010, T-760 de 2010, T-334 de 2011, T-559
de 2011, T-100 de 2012, T-360 de 2012, T-063 de 2013, T-593 de 2013, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
señalados, donde no se encuentra aquel referente al cómputo de las semanas, requisito
que debe ser determinado según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.
7.2. Ahora bien, teniendo en cuenta que ambas interpretaciones eran razonables y
concurrentes, esta corporación decidió acoger la segunda de ellas apoyada en el
principio de favorabilidad en materia laboral, en virtud del cual, de acuerdo con los
artículos 53 de la Carta y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho el operador jurídico,
judicial o administrativo, debe optar por la situación que resulte más favorable al
trabajador».
58. Para resolver lo anterior, expuso la línea jurisprudencial desarrollada por la
Corte y sobre el particular tuvo en consideración lo siguiente:
«Una vez aceptado por esta corporación que en aplicación del principio de favorabilidad
en materia laboral es posible realizar la acumulación de tiempos ya mencionada bajo el
régimen del Acuerdo 049 de 1990, resulta más garantista acoger la misma interpretación
en aquellos casos donde el peticionario cumple con el otro de los supuestos posibles
contenidos en una misma norma para acceder a la pensión de vejez. En ese sentido, la
segunda posición es la que mejor se ajusta al principio de favorabilidad contenido en los
artículos 53 de la Carta Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, y al principio pro
homine derivado de los artículos 1° y 2° de la Constitución21.
Por otro lado, permitir la acumulación de tiempos tanto del sector público como del
privado en los eventos en que se acrediten 500 semanas de cotización dentro de los 20
años anteriores al cumplimiento de la edad, maximiza el goce efectivo del derecho
fundamental a la seguridad social de un grupo poblacional vulnerable que ha visto
disminuida su capacidad laboral para obtener los recursos necesarios que le
permitan tener una subsistencia en condiciones dignas.
En definitiva, ante la necesidad de unificar la postura de la Corte Constitucional en el
asunto del que ahora se ocupa la Sala, se concluye que la interpretación que más se
acompasa con los principios de favorabilidad y pro homine, es la que, en aplicación del
Acuerdo 049 de 1990, permite acumular los tiempos cotizados a entidades públicas y a
empleadores privados, para que aquellas personas que acrediten 500 semanas de
cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, accedan a la
pensión de vejez». [Se resalta].
59. Para concluir lo anterior, la Corte analizó las diferentes acciones de tutela en las
que había examinado situaciones con contornos fácticos y jurídicos similares y
encontró que la interpretación que acogieron los jueces de tutela se dio bajo el
entendido de que los peticionarios perderían el derecho a un beneficio pensional.
21 Respecto del principio de interpretación pro homine, en la sentencia T-319 de 2012 se explicó:
“impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus
derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad
humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos. En
el orden interno, este principio se deriva de los artículos 1º y 2º Superiores, en cuanto en ellos se
consagra el respeto por la dignidad humana como fundamento del Estado social de Derecho, y como
fin esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, así como la finalidad de las autoridades de la República en la protección de todas las
personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades. (Sentencia T-191 de 2009)”. Cfr.
Sentencias C-1056 de 2004, C-372 de 2009 y T-284 de 2006.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
De manera que la decisión a la que llegó la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación partió de un supuesto extremo en virtud del cual, ninguna de las
disposiciones previstas en la norma, les permitirían acceder a la prestación
reclamada. Sin embargo, adoptó las siguientes conclusiones generales:
«9.1. El cómputo de las semanas cotizadas es un aspecto que quedó consagrado en la
Ley 100 de 1993 precisamente para dar solución a la desarticulación entre los diferentes
regímenes que durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos de servicio con
diferentes empleadores, reduciendo notablemente la posibilidad de los trabajadores para
acceder a la pensión de vejez.
De conformidad con los precedentes jurisprudenciales reseñados en la parte
considerativa de esta sentencia, para efecto del reconocimiento de esta prestación es
posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión
social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por
cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no
contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.
9.2. Por otro lado, según se decantó en esta providencia, por ser la postura que mejor
se ajusta a la Constitución y a los principios de favorabilidad y pro homine, y que
maximiza la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, tal acumulación es
válida no solo para los casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier
tiempo, sino también para los eventos en los que se demostró haber reunido un total de
500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida.
9.3. Finalmente, también es posible acumular el tiempo laborado en entidades públicas
respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo
de previsión social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo
anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce
efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado
las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el
trabajador, más aún cuando era la entidad pública la que asumía dicha carga
prestacional». [Se resalta].
60. En línea con lo anterior, la Sección Segunda de esta Corporación, en
providencias del 7 de noviembre de 201922 y del 23 de abril de 202023 reconoció la
posibilidad de acumular tiempos de servicio público con las cotizaciones efectuadas
en el ISS para obtener el beneficio a que alude el Acuerdo 049 de 1990.
61. Sin embargo, no puede pasarse por alto que, en todos los asuntos analizados
por la Corte en la referida sentencia de unificación, se abordó la problemática
generada por la imposibilidad de acceder al beneficio pensional, para
trabajadores que no completaban los requisitos establecidos en la Ley 71 de
1988, ni en la Ley 797 de 2003. Por ejemplo, en la sentencia T-090 de 2009,
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, i) sentencia del 7 de noviembre de 2019,
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 20001-23-39-000-2016-00061-01(1322-17); y ii) sentencia
del 7 de noviembre de 2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 25000-23-42-
000-2015-03699-01(3798-17).
23 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2020, radicado
25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
conoció de un caso en el que el ISS le negó la pensión de vejez a una persona que,
sumado el tiempo laborado a entidades del Estado y el cotizado al ISS, acreditaba
un total de 1007 semanas, las cuales no eran suficientes para acceder a la
prestación en virtud de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que, para
ese momento, exigía un total de 1075 semanas. En aquella oportunidad, esa
corporación consideró que la negativa a la prestación reclamada en virtud de lo
dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 «perjudicaba al peticionario porque implicaba la
pérdida de los beneficios del régimen de transición, ya que debía regirse de forma integral
por la Ley 100 de 1993».
62. Lo anterior, toda vez que debe tenerse en cuenta que dentro de las
disposiciones que beneficiaban a quienes se encontraban cobijados por el
régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, estaba la Ley 71 de 1988
que permitía que aquellas personas que acreditaran 20 años de aportes «sufragados
en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o
distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales» accedieran a un beneficio pensional.
Es decir que solo quienes se encuentren en la situación de los demandantes que
dieron lugar a esa interpretación, pueden acceder a la pensión prevista en el
Acuerdo 049 de 1990, esto es, aquellos que no completaron los requisitos para
pensionarse con las leyes 71 de 1988 o 100 de 1993 (modificada por la Ley 797 de
2003).
2.3.2. Pensión de sobrevivientes Decreto 758 de 1990
63. Esta Corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante de
una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el cual se
permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de
vida de aquellos.
64. En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de
un pensionado cuando ocurre su deceso o del afiliado que cumple con los requisitos
legalmente exigibles para ello, pero fallece; mientras que la pensión de
sobreviviente es aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado no
pensionado que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la
prestación.
65. Para la Sala no cabe duda de que, en los asuntos relativos al derecho a una
pensión de sobrevivientes, la prestación se genera a partir de la muerte del causante
y, por lo tanto, en principio, la normativa aplicable es la vigente al momento de la
ocurrencia del deceso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
66. Respecto de la pensión de sobrevivientes el artículo 25 del Decreto 758 de 1990
dispuso lo siguiente:
«Artículo 25. Pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo común. Cuando la
muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de
sobrevivientes en los siguientes casos:
a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad
de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por
riesgo común y,
b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho a la
pensión de invalidez o de vejez según el presente Reglamento.
Artículo 26. Causación y percepción de la pensión de sobrevivientes. El derecho a
la pensión de sobrevivientes se causa cuando se reúnen los requisitos establecidos en
el presente Reglamento y se reconoce y paga a partir de la fecha del fallecimiento del
asegurado o del pensionado.
Artículo 27. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo
común. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por riesgo común, los
siguientes derechos habientes:
[…]
3. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos, tienen derecho en
forma vitalicia, los padres del asegurado, incluidos los adoptantes, que dependían
económicamente del causante. […]» [Se resalta]
67. De acuerdo con las normas antes transcritas tienen derecho a la pensión de
sobrevivientes los beneficiarios del asegurado que cumpla con los requisitos para
la pensión de invalidez, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 6 del
mencionado decreto, así:
«Artículo 6° Requisitos de la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de
invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido y,
b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150)
semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o
trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de
invalidez.»
68.Por lo anterior, se concluye que la pensión de sobrevivientes contenida en el
Decreto 758 de 1990 se causa para los beneficiarios que dependen
económicamente del trabajador, siempre que se pruebe que cotizó 150 semanas
dentro de los 6 años anteriores al fallecimiento o 300 semanas en cualquier época.
2.4. Caso concreto
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
2.4.1. Hechos probados
69. En el expediente se encuentran acreditado lo siguientes:
70. Juan Ramiro Álvarez Correa nació el 26 de enero de 1957 y era hijo de Aurelio
Álvarez y Esperanza Correa24; y falleció el 13 de abril de 199525.
71. Esperanza Correa de Álvarez, madre del causante falleció el 16 de diciembre
de 201226.
72. Juan Ramiro Álvarez Correa prestó sus servicios27 así:
Entidad empleadora Cargo Desde Hasta
Dirección seccional de salud de Promotor de
04/06/1986 16/07/1987
Antioquia saneamiento
Dirección seccional de salud de Auxiliar de
17/07/1987 13/04/1995
Antioquia estadística
73. Estuvo afiliado al régimen de prima media con prestación definida administrado
por Colpensiones y su estado era retirado por fallecimiento28.
74.Mediante Resolución S2016060073800 del 24 de agosto de 2016 la demandada
negó la petición de Aurelio Álvarez Garcés en la que solicitó «[e]l bono pensional o a
lo que tenía derecho mi hijo […]»29.
75. Con Resolución SUB265546 del 10 de octubre de 201830 Colpensiones dio
respuesta a la solicitud de pensión de sobrevivientes presentada por el demandante
el 30 de agosto de 2018, en el sentido de negarle dicha prestación, toda vez que el
causante no acreditó 150 semanas cotizadas dentro de los 6 años anteriores a la
fecha del fallecimiento como tampoco 300 semanas en cualquier tiempo, razón por
la cual no se le podía aplicar el principio de la condición más beneficiosa de acuerdo
con lo previsto en el Decreto 758 de 1990.
75.1. Al respecto, Colpensiones indicó que el fallecido había cotizado las siguientes
semanas31:
«[…]
ENTIDAD LABORO DESDE HASTA NOVEDAD DIAS
24 Samai, índice 38, archivo «01Cuaderno 1.pdf» página 96.
25 Ibidem, página 92.
26 Ibidem, página 94.
27 Ibidem, páginas 80 a 85.
28 Ibidem, página 58.
29 Ibidem, página 155 a 158.
30 Ibidem, páginas 60 a 64.
31 Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
ELEC PORC GAMMA 19781129 19790331 TIEMPO SERVICIO 123
ELEC PORC GAMMA 19790401 19790630 TIEMPO SERVICIO 91
ELEC PORC GAMMA 19790701 19790914 TIEMPO SERVICIO 76
Que conforme a lo anterior, el interesado acredita un total de 290 días laborados,
correspondientes a 41 semanas.
Que de acuerdo con la fecha de fallecimiento, la norma a aplicar es la Ley 100 de
1993 […].»
76. A través de la petición del 4 de febrero de 2019 con radicado
R20190100413443233 el demandante solicitó al departamento de Antioquia el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento
de Juan Ramiro Álvarez Correa.
77. En respuesta a la anterior solicitud el departamento de Antioquia expidió la
Resolución S-2019060039279 del 26 de marzo de 201934 a través del cual le negó
la prestación reclamada, por cuanto:
77.1. Juan Ramiro Álvarez Correa había prestado sus servicios a la dirección
seccional de salud de Antioquia en el cargo de auxiliar de estadística, entre el 4 de
junio de 1986 y el 13 de abril de 1995, para un total de 3.181 días de servicios,
equivalente a 454 semanas, 8.71 años.
77.2. En atención a que había fallecido el 13 de abril de 1995 la normativa vigente
era la Ley 12 de 1975 y el Decreto 3135 de 1968, pues la Ley 100 de 1993 no había
entrado en vigor para esa fecha. Sin embargo, no cumplió con el requisito de 20
años de servicios al Estado, razón por la cual no se podía acceder a una pensión
por muerte en virtud de la ley antes mencionada. En su defecto le asistía el derecho
al reconocimiento y pago de un seguro por muerte que había sido reconocida y
pagada a los padres del causante por $3.631.512.
78. El 8 de abril de 2019, el demandante presentó recurso de apelación contra la
anterior resolución35.
79. Este recurso fue resuelto a través de la Resolución S2019060046130 del 8 de
mayo de 2019 que confirmó la del 26 de marzo de 2019, comoquiera que la norma
vigente al fallecimiento del causante exigía mínimo 20 años de servicios continuos
o discontinuos, sin embargo, solo laboró 8.71 años, de acuerdo con el artículo 1 de
la Ley 33 de 198536.
32 Ibidem, página 65.
33 Ibidem, página 65.
34 Ibidem, página 66.
35 Ibidem, página 78 a 79.
36 Ibidem, páginas 71 a 76.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
80. Aquella resolución fue notificada el 16 de mayo de 2019 al apoderado judicial
del demandante, Francisco Alberto Giraldo Luna37.
81. Aurelio Álvarez Garces se encontraba afiliado desde el 9 de diciembre de 2003
en el régimen contributivo en calidad de beneficiario, de acuerdo con el certificado
del ADRES38.
82. Con la solicitud de la pensión de sobrevivientes fue allegada una declaración
juramentada extra-juicio del demandante en la que manifestó que convivió de
manera permanente e ininterrumpida con su hijo Juan Ramiro Álvarez Correa
«compartiendo mesa y techo […] desde el año 1988 hasta el 13 de abril de 1995
[…] de quien dependía económicamente de un todo, pues era él quien me procuraba
en todo lo necesario para mi subsistencia. [q]ue su hijo no tuvo cónyuge o
compañera permanente, ni tuvo hijos reconocidos, adoptivos por reconocer.»
83.A su vez, se aportaron las declaraciones extra-proceso de William de Jesús
Restrepo Uribe y Jaime Arturo Herrera Córdoba en la que aseveraron que
«conoc[ían] de vista y trato al sr. Aurelio Álvarez Garces desde hace 30 y 40 años,
respectivamente, procreo un hijo de nombre Juan Ramiro Álvarez Correa y nos consta[ba]
que convivió con él de manera permanente e ininterrumpida, compartiendo mesa y techo
desde el año 1988 hasta el 13 de abril de 1995, […] que quien él dependía económicamente
de un todo, pues era el quien le procuraba en todo lo necesario para su subsistencia. […]
Juan Ramiro no tuvo cónyuge o compañera permanente, ni tuvo hijos reconocidos,
adoptivos o por reconocer. […].»
84. En la audiencia de pruebas celebrada el 3 de agosto de 2021 se recibió los
testimonios de Omar de Jesús Castañeda Ospina y Janeth Vélez Montoya de los
cuales se extrae lo siguiente:
85. Testimonio de Omar de Jesús Castañeda Ospina.
85.1. Conoció a Juan Ramiro Álvarez Correa desde el año 1980, quien vivía con sus
papás, «don Aurelio el papá y doña Esperanza la mamá» en una casa propia que
tenían en el municipio de Caldas (Antioquia).
85.2. Aurelio Álvarez Garcés tenía una farmacia cerca del parque Caldas, en la que
trabajaba con sus 2 hijos, Nidia y John Jairo. La madre de Juan Ramiro, doña
Esperanza Correa, era ama de casa.
85.3. Juan Ramiro Álvarez Correa trabajaba en el Hospital de Caldas, no tuvo esposa
ni hijos. Apoyaba con más del 50% de los ingresos «a esa casa», los cuales se
veían representados en alimentación y pago de los servicios públicos y lo sabía
porque veía semanalmente cuando él llegaba con el mercado a la casa y cuando
37 Ibidem, página 77.
38 Ibidem, página 154.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
mandaba al señor William a pagarle los servicios.
85.4. La situación económica de don Aurelio desmejoro mucho con el fallecimiento
de Juan Ramiro, tanto que llegaron a «comer arroz pelao», porque los ingresos de
la farmacia no eran suficientes para subsistencia.
85.5. Omar de Jesús aseguró que se veía 2 o 3 veces a la semana a don Aurelio y
Juan Ramiro, pues vivían a «cuadra y media».
85.6. Don Aurelio no «está trabajando actualmente y está viviendo» de lo que puedan
darle los hijos casados, pues cada uno le aporta en lo que pueda, de acuerdo a sus
capacidades.
86. Testimonio de Janeth Vélez Montoya.
86.1. Conoció a Juan Ramiro desde que ella tenía 16 años y fueron novios por 4
años aproximadamente. Él vivía con doña Esperanza, don Aurelio, John Jairo y
Nidia Elena, al momento de su fallecimiento.
86.2. Los papás de Juan Ramiro tuvieron 8 hijos de los cuales falleció uno cuando
estaba vivo Juan Ramiro.
86.3. Doña Esperanza era ama de casa, don Aurelio trabajaba en la farmacia con
John Jairo y Nidia Elena; y Juan Ramiro en el Hospital de Caldas.
86.4. Juan Ramiro aportaba constantemente a la alimentación y pago de los servicios
públicos, pues «eso era una obligación que Juan ramiro tenía, nosotros como pareja no
podíamos a veces tener ciertas, recreación o salir a pasear o gastar de más porque tenía
esa obligación con la casa», porque con lo que obtenía don Aurelio de la farmacia no
era suficiente.
86.5. Don Aurelio no tenía otros ingresos, solo contaba con lo de la farmacia y con
la ayuda de Juan Ramiro.
86.6. Los otros 4 hermanos de Juan Ramiro no ayudaban a don Aurelio, pues ellos
tenían sus obligaciones.
86.7. Una vez falleció Juan Ramiro la situación económica de don Aurelio estuvo
muy difícil, tanto que Nidia tuvo que «salir» de la farmacia para ellos poder subsistir
«haciendo otra actividad en la casa para poder lograr tener el ingreso que necesitaban».
2.5. Caso concreto
87.Se precisa que la Sala se pronunciará únicamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, lo que delimita la competencia en esta
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
instancia39.
88. En ese orden, se tiene que la parte apelante solicitó que se revocara la decisión
del a quo, por cuanto aseveró que Juan Ramiro Álvarez Correa no había cumplido
20 años de servicio al momento de su fallecimiento, requisito necesario para
acceder a la pensión de jubilación y, por ende, para el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes al demandante, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 12 de 1975.
89. Además, consideró que tampoco podía aplicarse de forma retroactiva la Ley
100 de 1933; y que las declaraciones extra-juicio habían sido desvirtuadas con los
testimonios recaudados, los cuales habían sido inobservados por el tribunal, pues
de aquellos se podía establecer que no existía la dependencia económica
aseverada por el demandante respecto de su hijo.
90. Así las cosas, para efectos de determinar si le asistía el derecho al demandante
de la pensión de sobrevivientes causada por su hijo, es necesario precisar cuál era
la norma aplicable al caso bajo examen, en atención a que el derecho se estructuró
con el fallecimiento del causante el 13 de abril de 199540.
91. La pensión de sobrevivientes se reguló en la Ley 33 de 1973, «[p]or la cual se
transforman en vitalicia las pensiones de las viudas», en la que se previó en forma
general el derecho a la sustitución pensional y derogó tácitamente el límite temporal
máximo de 5 años señalado para el disfrute del reconocimiento de la prestación en
cita, al establecer:
«[…] Artículo 1º. Fallecido el particular pensionado o con derecho a pensión de
jubilación, invalidación o vejez, o un empleado o trabajador del sector público, sea este
oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión
en forma vitalicia.
Parágrafo 1º. Los hijos menores del causante, incapacitados para trabajar por razón de
sus estudios o por invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho
a recibir en concurrencia con la cónyuge supérstite, la respectiva pensión hasta cumplir
la mayoría de edad, o al terminar sus estudios, o al cesar la invalidez. En este último
caso se aplicarán las reglas contempladas en el artículo 275 del Código Sustantivo del
Trabajo y en las disposiciones que lo modificaron y aclararon. Si concurrieren cónyuges
e hijos la mesada pensional se pagará, el 50% al cónyuge y el resto para los hijos por
partes iguales. La cuota parte de la pensión que devenguen los beneficiarios acrecerá a
39 Según el artículo 320 del Código General del Proceso «El recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión […]»
40 Sentencias de unificación del 25 de abril de 2013. Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara
Quintero. Expediente 76001-23-31-000-2007-01611-01(1605-09). Sentencia del 24 de mayo de
2024. Expediente 76001-23-33-000-2017-00148-01 (5265-2022). Sentencia del 5 de diciembre de
2024. Expediente 25000-23-42-000-2018-00786-01 (4641-2023), ambas con ponencia del consejero
Juan Enrique Bedoya Escobar. Sentencia del 4 de agosto de 2022, con ponencia del consejero
William Hernández Gómez. Expediente 76001-23-33-000-2018-00518-01 (3640-2021). Sentencia
del 21 de septiembre de 2023 con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez. Expediente
68001-23-33-000-2019-00163-01 (0189-2023).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
la que perciben los demás cuando falte alguno de ellos o cuando el cónyuge contraiga
nuevas nupcias o haga vida marital.
Parágrafo 2º. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o tengan
derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la pensión, les queda
prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley. […]».
92. Posteriormente, la Ley 12 de 197541 exigía que el trabajador o empleado
completara el tiempo de servicio para el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente, de manera que, si fallecía antes de cumplir la edad cronológica para
tener derecho a la pensión de jubilación, había lugar a la sustitución pensional, así:
«[…] Artículo 1° El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador
particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores o
inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si este falleciere
antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado
el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley o en convenciones colectivas. […]».
93. De lo anterior, se observa que, la norma establecía que los beneficiarios de la
pensión de jubilación tendrían derecho a la prestación del afiliado al sistema si este
último antes de fallecer cumplía con la edad y el tiempo de servicios previstos en la
ley o convenciones colectivas.
94. En efecto, la Sala encuentra que el Decreto 758 de 1990 estaba vigente para la
fecha del fallecimiento del causante, esto es, el 13 de abril de 1995, sin embargo,
en su artículo 1 se dispuso quienes serían beneficiarios esa normativa así:
«Afiliados al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. Salvo las excepciones establecidas en el
artículo 2° del presente Reglamento, estarán sujetos al seguro social obligatorio contra los riesgos
de invalidez, vejez y muerte de origen no profesional:
1. En forma forzosa u obligatoria:
a) Los trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a patronos particulares
mediante contrato de trabajo o de aprendizaje;
b) Los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales y,
c) Los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas con las pensiones
de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o asumidas totalmente por él.
2. En forma facultativa:
a) Los trabajadores independientes;
b) Los sacerdotes diocesanos y miembros de las Comunidades Religiosas y,
c) Los servidores de entidades oficiales del orden estatal que al 17 de julio de 1977 se
encontraban registradas como patronos ante el ISS.
41 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación. »
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
3. Otros sectores de población respecto de quienes se amplíe la cobertura del régimen de los
seguros sociales obligatorios.» [Se subraya.]
95. Es decir que los únicos servidores públicos que estarían sometidos al régimen
del seguro social obligatorio eran los denominados funcionarios de la seguridad
social, categoría correspondiente a los servidores vinculados al ISS mediante
relación legal y reglamentaria. No obstante, algunas entidades públicas facultadas,
optaron por afiliar a sus empleados al ISS, a quienes también les resultaba aplicable
el régimen establecido en el Acuerdo 049 de 1990. Es decir, que la posibilidad de
aplicar ese acuerdo se limitaba a aquellos servidores públicos o sus beneficiarios
que durante su vinculación estuvieron afiliados al ISS42.
96. De acuerdo con lo anterior y con el material probatorio allegado al expediente
no se evidenció que Juan Ramiro Álvarez Correa estuviera afiliado al ISS mediante
una relación legal y reglamentaria o que el departamento de Antioquia hubiese
optado por afiliarlo a dicho instituto. Razón por la cual el demandado no tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes regulada por el Acuerdo
049 de 1990, reglamentado por el Decreto 758 de 199043. Adicionalmente, bajo el
criterio del principio de favorabilidad, no es posible atribuir una carga prestacional al
ente territorial demandado que es de competencia exclusiva del ISS respecto de
sus afiliados.
97. En línea con lo anterior, esta Sección en casos con supuestos fácticos similares,
concluyó que los únicos servidores públicos sometidos obligatoriamente al régimen
del ISS eran aquellos vinculados directamente a dicho instituto o cuyas entidades
empleadoras hubiesen optado por afiliar a sus trabajadores. La falta de prueba de
afiliación o de registro patronal excluye la aplicación del Acuerdo 049 de 1990
aprobado mediante Decreto 758 de igual año44.
98. Ahora, se encuentra que el régimen vigente aplicable, atendiendo las
particularidades del caso bajo examen, es la Ley 71 de 1988, que dispuso la pensión
de jubilación por aportes, comoquiera que permitía la suma de los tiempos de
servicios cotizados en el sector privado como en el público. Como requisito para ser
beneficiario de esa prestación el empleado debía acreditar 20 años de aportes
realizados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias entidades de previsión
social, así como tener cumplidos 60 años, si era hombre.
99. Posteriormente, mediante el Decreto 2709 de 1994 se reglamentó el artículo 7
de la Ley 71 de 1988, el cual previó:
42 Sentencia del 5 de octubre de 2023. Expediente 76001-23-33-000-2014-01488 -01 (1029-2022)
43 En este sentido se puede consultar la sentencia proferida por esta Subsección y aprobada en sala
del 21 de agosto de 2025, radicado: 05001-23-33-000-2020-00169-01 (1274-2025). Asimismo, la
Sentencia del 5 de octubre de 2023, radicado: 76001 23 33 000 2014 01488 01 (1029-2022). Sección
Segunda Subsección A.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Sentencia del 5 de octubre de 2023, radicado: 76001 23 33 000 2014 01488 01 (1029-2022).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el artículo 7°
de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más
de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20
años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros
Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.»
100. Es decir que se creó un régimen pensional para quienes hubiesen realizado
aportes en el sector público como en el privado afiliados al Instituto de Seguros
Sociales, pero para poder acceder a ese beneficio pensional debían cumplir con la
totalidad exigencias antes transcritas.
101. En el caso bajo examen se encuentra acreditado que el causante estuvo
vinculado a una empresa privada por 290 días equivalentes a 9.5 meses y que
prestó 8 años y 10 meses de servicios al departamento de Antioquia, razón por la
cual tampoco podía ser beneficiario de la Ley 71 de 1988 porque no cumplía con el
requisito de los 20 años de servicios allí dispuestos.
102. Se precisa que con lo anterior esta Sala no desconoce el precedente
Constitucional45, en consideración a que, para el 13 de abril de 1995, fecha del
fallecimiento del causante, no había entrado en vigencia la Ley 100 de 1993 para
las entidades territoriales, pues esto solo ocurrió a partir del 30 de junio de 1995,
razón por la cual el causante no se encontraba en el régimen de transición
establecido en la mencionada ley.
103. Ahora, observa la Sala que en el recurso de apelación la entidad demandada
aseveró que no era posible aplicar de forma retroactiva la Ley 100 de 1993 en el
presente caso, al respecto es necesario precisar que aun cuando Aurelio Álvarez
Cortés pidió que se le aplicara en virtud del principio de favorabilidad dicha ley, en
la decisión de primera instancia se señaló que las normas que regían la prestación
reclamada eran aquellas que se encontraran vigentes al momento del fallecimiento
del causante- el 13 de abril de 1995- razón por la cual descartó la posibilidad de
aplicar la ley en mención al caso bajo examen, porque había entrado en vigor para
las entidades territoriales solo a partir del 30 de junio de 1995. Por lo anterior, no es
de recibo para esta Sala el argumento de la entidad demandada, pues resulta
incongruente con lo decidido por el a quo.
2.6. Conclusión
104. Por las razones anotadas previamente, la Sala revocará la sentencia dictada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió a las pretensiones de la
demanda, pues se demostró que el causante no cumplió con el requisito de
45 SU-769 de 2014.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
procedencia establecido en el artículo 1 del Decreto 758 de 1990 para ser
beneficiario de ese régimen y tampoco se encontraba dentro del régimen de
transición establecido en la Ley 100 de 1993.
2.7. Costas
105. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
106. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
107. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma46.
108. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
109. En el caso concreto, como no se evidenció que, la parte demandada actuara
con temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en
ambas instancias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
46En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02288-01 (6026-2023)
Demandante: Aurelio Álvarez Garcés
FALLA
Primero. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
el 29 de mayo de 2023, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada
por Aurelio Álvarez Garcés, contra el departamento de Antioquia, para en su lugar
negarlas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.
Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KBV
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.