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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02308-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02308-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del 17 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, en atención a lo expuesto en la parte considerativa. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-02308-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2019 02308 01 (4595–2024)
Demandante: Luis Alberto Cardozo Bernal
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional –
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR

Temas: Reajuste de la asignación básica y demás prestaciones sociales
de acuerdo al IPC. Reliquidación asignación de retiro de oficial
retirado. Ley 1437 de 2011.

Decisión: Confirmar sentencia

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 17 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

I.1. Pretensiones de la demanda2

El señor Luis Alberto Cardozo Bernal por intermedio de apoderado judicial,
demandó la nulidad de los Oficios S-2019-017418/ ANOPA-GRULI-1.10 de 2 de
abril de 2019 y 201908019- CASUR Id 420808 de 9 de abril de 2024, proferidos,
el primero por la Policía Nacional y el segundo por la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional – CASUR, por medio de los cuales le fue negada la reliquidación
de la diferencia de salarios de los decretos de oscilación y la variación porcentual
del índice de precios al consumidor entre 1992 y 2004, y la reliquidación de la
asignación de retiro.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar la reliquidación y reajuste
de la asignación básica y demás prestaciones devengadas teniendo en cuenta el
índice de precios al consumidor y de acuerdo a la asignación básica de un oficial en
el grado de General de la República, así mismo que se reajuste la asignación de

1 Documentos del proceso disponibles en el expediente digitalizado visible en la Sede Electrónica de

la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001233300020190
2308011100103
2 Folios 1 a 66 del expediente físico.

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retiro en atención a los nuevos valores a que tiene derecho en su base salarial.

Además, deprecó el reconocimiento y pago de una indemnización por perjuicios
patrimoniales y extrapatrimoniales, en la modalidad de lucro cesante,
correspondientes a los intereses legales contemplados en el artículo 1617 del
Código Civil, y también la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 y el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, esto último ante el pago injustificado y
desactualizado de las cesantías definitivas. Y a título de daño emergente, requirió
el pago del 30% sobre el valor total de la sentencia que ponga fin a la controversia,
dado que tuvo que contratar servicios profesionales para acudir a los estrados
judiciales, así como 100 SMLMV a razón de perjuicios morales.

I.2. Hechos que fundamentan la demanda

Se afirma que el señor Luis Alberto Cardozo Bernal ingresó a la Policía Nacional el
5 de noviembre de 1991 en el grado de Subintendente, retirándose del servicio el
25 de abril de 2010 en el grado de Teniente Coronel, tiempo durante el cual le fue
pagada la asignación básica con el incremento anual correspondiente a los decretos
del Gobierno nacional. El 23 de febrero de 2010 la Policía Nacional expidió la hoja
de servicios No. 79420085, en la que se le reconocen los emolumentos salariales,
la que sirvió de base para expedir la asignación de retiro por parte de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.

Con peticiones de 20 de febrero de 2019, solicitó tanto a la Policía Nacional como
a CASUR, la reliquidación y pago de las diferencias prestacionales y salariales por
ajustes de actualización plena conforme a la inflación causada entre 1992 y 2004;
las anteriores peticiones fueron negadas por las entidades mencionadas a través
de los actos administrativos hoy demandados.

I.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Indicó que en el año de 1993 se expidió el Sistema General de Seguridad Social y
con posterioridad se profirió la Ley 238 de 1995, norma que adicionó el artículo 279
de la Ley 100 de 1993, que finalmente estableció que los beneficios allí
contemplados serían aplicables a los miembros de la Fuerza Pública, por lo que no
era aceptable que se le negara la solicitud de reajuste de la asignación de retiro con
fundamento en el IPC para los años 1997 a 2004 teniendo en cuenta la base
actualizada de mayor valor económico aplicable al grado de generales. Explicó que,
si bien el Gobierno nacional efectuó los aumentos anuales, en algunos casos se
hizo muy por debajo del IPC y sin tener en cuenta la asignación básica devengada
por un general de la República, situación que afectó a los pensionados, comoquiera
que la prestación perdió su poder adquisitivo constante.

Trajo a colación el régimen salarial y prestacional aplicable a los integrantes de la
Fuerza Pública, citando los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990. Indicó que el
mantenimiento del poder adquisitivo de las asignaciones de retiro está legalmente
ligado a las asignaciones en actividad para cada grado, lo cual opera desde el 31
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de diciembre de 2004, y que desconoce el precedente de la Corte Constitucional –
sentencia C-931 de 2004-; así, concluye que los porcentajes de sueldos básicos
para los integrantes de la Fuerza Pública están fijados en el Decreto 4158 de 2004,
encontrándose vigentes, por lo que no podría producirse ningún ajuste que tuviese
como finalidad un aumento de dichas remuneraciones o aún el solo mantenimiento
del poder adquisitivo de las mismas.

I.4. Contestación de la demanda

Admitida la demanda el 15 de octubre de 2020, las entidades demandadas
contestaron de la siguiente manera:

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional3, allegó escrito con el que
se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Señaló que no procede el reajuste
de la asignación salarial conforme al IPC, pues esto ya ocurre conforme a la Ley 4
de 1992. Agrega que, la asignación de retiro del demandante no se debía reajustar
según el IPC del año anterior, pues el actor devengaba más de dos salarios mínimos
legales vigentes.

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional guardó silencio en esta etapa
procesal.

I.5. Sentencia de primera instancia4

Con fallo proferido el 17 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia
negó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.

Lo anterior, por cuanto estimó el a quo que el reajuste pretendido por el actor con
base en el IPC entre los años 1992 y 2004, no resulta procedente toda vez que
durante dichos períodos aquél se encontraba en servicio activo en la Policía
Nacional, habiendo adquirido su estatus pensional a partir del 25 de abril de 2010,
de manera que devengaba en esos momentos su salario de manera integral, el cual
se ajustaba año a año según los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional,
ello en aplicación del principio de oscilación.

En ese orden, concluyó que los actos administrativos mediante los cuales se negó
el reajuste de la asignación básica mientras el actor se encontraba en servicio activo
teniendo en cuenta el IPC, se ajustan a derechos, pues, tienen sustento en lo
dispuesto en la Ley 4 de 1992 y en el Decreto 1212 de 1990.

I.6. Recurso de apelación5
El señor Luis Alberto Cardozo Bernal, por intermedio de apoderado, interpuso

3 Índice 9 del expediente digital de SAMAI del Tribunal.

4 Índice 23 del expediente digital de SAMAI del Tribunal.

5 Índice 25 del expediente digital de SAMAI del Tribunal..

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recurso de apelación argumentando a manera de síntesis, que la sentencia de
primera instancia debió analizar el fondo del asunto y dar aplicación a la
jurisprudencia existente sobre el asunto en cuestión, principalmente a la sentencia
C-931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional con la cual se protege el poder
adquisitivo de los salarios de todos los servidores públicos, incluidos los miembros
de la Fuerza Pública, por lo que desconocer dicha decisión es discriminar a quienes
prestaron servicio público en las Fuerzas Armadas y de Policía entre 1992 a 2004,
tiempo en el cual los ajustes ordenados por el Gobierno nacional fueron inferiores a
la inflación, lo que afectó el valor de la asignación básica de un oficial en el grado
de General, circunstancia que sirve como referente frente a la escala gradual
porcentual.

Finalmente, indica que se aportó el material probatorio correspondiente con miras a
la demostración del derecho reclamado; solicitando así, que se impartan las
condenas extra y ultrapetita a que haya lugar en aplicación de los principios de
favorabilidad, pro homine, entre otros.

1.7. Trámite en segunda instancia

Con proveído de 17 de octubre de 20246 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante contra la sentencia.

No hubo intervenciones en esta etapa procesal.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

II.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo7, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, según el artículo 328
del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante, razón por la que la
competencia de la Sala se limita a los del apelante único, en este caso el actor.

II.2. Problema jurídico

6 Folio 110 del expediente físico.

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».

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Demandante: Luis Alberto Cardozo Bernal

Esta Sala estima que el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar lo
siguiente:

¿El señor Luis Alberto Cardozo Bernal, en su calidad de Teniente Coronel (R) de la
Policía Nacional, tiene derecho al reajuste de la asignación salarial y
consecuentemente de la asignación de retiro, teniendo en cuenta la variación del
Índice de Precios al Consumidor?

2.4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso

2.4.1. Régimen salarial y prestacional del personal de la Fuerza Pública

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal e) de la
Constitución8 la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos, incluidos entre ellos los integrantes de la Fuerza Pública, no es asunto
privativo de la órbita de competencia del Congreso de la República, sino que esa
atribución hoy es compartida con el presidente de la República, al disponer que
corresponde al Congreso en ejercicio de la función legislativa «dictar las normas
generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios» a los cuales se sujetará el Gobierno
para «fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública».

En este sentido le corresponde al legislador establecer normas generales y señalar
objetivos y criterios en las materias a que se refiere el numeral 19 del artículo 150
de la Carta, con lo cual, precisa el marco dentro del cual deberá actuar el Gobierno
nacional para los efectos señalados entre los que se encuentra «la fijación del
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos».

En desarrollo de lo anterior el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 19929,
que en su artículo 1º determinó los servidores públicos que serían objeto de
regulación salarial y prestacional por parte del Gobierno, dentro de los cuales se
encuentran los miembros de la Fuerza Pública. Así mismo, en su artículo 13
estableció con respecto a la escala gradual porcentual, lo siguiente:

«Artículo 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una
escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado
de la Fuerza Pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2º.
Parágrafo. La nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en las
vigencias fiscales de 1993 a 1996. […]».

8 e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso

Nacional y de la Fuerza Pública
9 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno

Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política»

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Del contenido de la norma referida se colige que uno de los propósitos del legislador
de 1992 al expedir la Ley 4ª de ese mismo año y ordenar el establecimiento de una
escala gradual porcentual era el de nivelar la remuneración de los miembros activos
y retirados de la Fuerza Pública, razón por la que se creó de manera temporal la
prima de actualización, la que subsistiría mientras se cumpliera tal objetivo, lo que
se materializó en vigencia de los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y
133 de 1995.

En efecto, el artículo 15 del Decreto 335 de 1992, expedido por el Presidente de la
República, en ejercicio de las facultades del artículo 215 de la Constitución Política
y en desarrollo del Decreto 333 de 1992, que declaró el estado de emergencia
social, creó para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional en servicio activo, una prima de actualización, en los porcentajes que allí
se indican para cada grado, liquidada sobre la asignación básica, la cual estaría
vigente hasta el establecimiento de una escala salarial porcentual única para las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional, cuyo objetivo fue el de nivelar la
remuneración de estos servidores en forma gradual hasta llegar a una escala
salarial única.

En este orden de ideas, la prima de actualización introdujo una modificación gradual
a las asignaciones de actividad que es computable para el reconocimiento de la
asignación de retiro y pensión, no solo para quienes la devenguen en servicio activo
como lo establece expresamente el parágrafo del artículo 15 ya citado, sino también
para el personal retirado, ya que por el sistema de oscilación de las asignaciones
de retiro y pensiones consagrado en el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990, las
variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad se
deben reflejar en las asignaciones y pensiones ya reconocidas. Adicionalmente, el
Decreto 107 de 199610 en sus artículos 1º y 2º prescribió lo siguiente:

«Artículo 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992,
fijase la siguiente escala gradual porcentual para el personal de oficiales,
suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública.
Los sueldos básicos mensuales para el personal a que se refiere este artículo
corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la
asignación básica del grado de General.
Oficiales

General 100%
Mayor General 90%
Brigadier General 80%
Coronel 60%
Teniente Coronel 44.30%
Mayor 38.60%
Capitán 30.50%
Teniente 26.70%

10 «Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas

Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, personal del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional»

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Subteniente 23.70%
Suboficiales
Sargento Mayor 26.40%
Sargento Primero 22.60%
Sargento Viceprimero 19.50%
Sargento Segundo 17.40%
Cabo Primero 16.40%
Cabo Segundo 17.90%
Nivel Ejecutivo
Comisario 45.50%
Subcomisario 38.30%
Intendente 33.90%
Subintendente 26.40%
Patrullero 20.30%
[…]
Artículo 2°. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los
grados de General y Almirante, percibirán por todo concepto una asignación mensual
igual a la que devenguen los Ministros del Despacho como asignación básica y
gastos de representación, en todo tiempo, distribuida así: el cuarenta y cinco por
ciento (45%) como sueldo básico y el cincuenta y cinco por ciento (55%) como prima
de alto mando. Esta última no tendrá carácter salarial para ningún efecto legal.
Parágrafo. Los Oficiales Generales y Almirantes a que se refiere este artículo,
tendrán derecho a la Prima de Dirección y demás primas que devenguen los Ministros
del Despacho. La Prima de Dirección no será factor salarial para ningún efecto legal,
se pagará mensualmente y es compatible con la Prima de Alto Mando a que tienen
derecho los Oficiales en estos grados.
En ningún caso, los Oficiales Generales y Almirantes podrán percibir una
remuneración superior a la prevista para los Ministros del Despacho.»

Así entonces, a partir de la expedición del anterior decreto, el Gobierno nacional
cada año profiere los decretos de reajuste salarial con sujeción a la escala salarial
(122 de 1997; 058 de 1998; 62 de 1999; 2724 de 2000; 2737 de 2001; 745 de 2002;
3552 de 2003; 4158 de 2004; 923 de 2005; 407 de 2006; 1515 de 2007; 673 de
2008; 737 de 2009; 1530 de 2010; 1050 de 2011; 0842 del 2012; 1017 de 2013; 187
de 2014 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018, 1002
de 2019 y 318 de 2020), es decir, que ha tomado como base el porcentaje de la
asignación básica del grado de General.

Conforme con lo señalado se colige que la asignación básica del personal de la
Fuerza Pública está sujeta a los decretos que anualmente expide el Gobierno
nacional, en los que se fijan las pautas para determinar el monto que devengarán
sus miembros anualmente, impidiendo recurrir a una fuente distinta para realizar el
correspondiente incremento salarial, puesto que, a partir del Decreto 107 de 1996,
quedaron debidamente nivelados los salarios de dicho personal.

2.4.2. La asignación de retiro de las Fuerzas Armadas y su reajuste

En lo que tiene que ver con la naturaleza jurídica de la asignación de retiro, la Sala
de Subsección precisa que tanto esta Corporación como la Corte Constitucional, en
su jurisprudencia, han reconocido a las asignaciones de retiro el carácter de una

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pensión como la de vejez o de jubilación.

Así, en sentencia C-432 de 2004, la Corte Constitucional analizó la
constitucionalidad de algunas normas consagradas en el Decreto 2070 de 2003, el
cual introdujo reformas al régimen pensional de la Fuerza Pública, concretamente
en cuanto al porcentaje que se aplicaría a la asignación de retiro. En dicha
oportunidad, la Corte precisó que la asignación de retiro es una modalidad de
prestación social que se asimila a la pensión de vejez y que goza de un cierto grado
de especialidad (en requisitos), atendiendo la naturaleza especial del servicio y las
funciones que cumplen los servidores públicos a quienes se les reconoce. Se trata,
como bien lo afirman los intervinientes, de establecer con la denominación de
“asignación de retiro”, una pensión de vejez o de jubilación para los miembros de la
Fuerza Pública, en la medida que el resto del ordenamiento especial de dichos
servidores públicos, se limita a regular las pensiones de invalidez y sobrevivientes.

Esta prestación periódica para el personal militar y policial comprende algunas
diferencias muy relevantes debido a la situación especial de dichos servidores
públicos, como es la dedicación exclusiva al servicio, las jornadas especiales de
trabajo, los lugares donde se debe trabajar, la continua reubicación de lugares de
servicio y, en fin, el peligro para su vida y familia dadas las circunstancias de nuestro
medio, por ello el legislador consagró un régimen salarial y prestacional especial.

A su vez, el Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente que la asignación de
retiro es el término del legislador utilizado para referirse a la pensión de vejez de los
miembros de la Fuerza Pública, prestación esta que se encuentra consagrada en
un régimen especial, cuyos destinatarios son el personal que ella determina de
manera clara.

Este régimen se encuentra contenido en el Decreto 1211 de 1990, «Por el cual se
reforma el estatuto del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares»
que en sus artículos 163 y 169, señaló no solo el concepto de asignación de retiro
y sus variaciones sino que también tuvo en cuenta el aumento salarial decretado
para el personal de las Fuerzas Militares en actividad, vale decir, mediante la
aplicación del principio de oscilación así:

«Artículo 163. Asignación de Retiro. Durante la vigencia del presente estatuto, los
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares que sean retirados del servicio activo
después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios o por voluntad del
Gobierno o de los de Comandos de Fuerza, según el caso, o por sobrepasar la edad
máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por
incapacidad profesional, o por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin
tener causa justificada, o por conducta deficiente, y los que se retiren a solicitud
propia después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha
en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por
ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 158 de este Estatuto,
por los quince (15) primeros años servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada
año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por
ciento (85%) del mismo monto.

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Artículo 169. Oscilación de asignación de retiro y pensión. Las asignaciones de
retiro y las pensiones de que trata el presente Decreto se liquidarán tomando en
cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de
actividad para cada grado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de
este Decreto. En ningún caso aquellas serán inferiores al salario mínimo legal.
Los Oficiales y Suboficiales o sus beneficiarios, no podrán acogerse a normas que
regulen ajustes prestacionales en otros sectores de la administración pública, a
menos que así lo disponga expresamente la ley.
Parágrafo. Para la oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones de Oficiales
Generales y de Insignia, Coroneles y Capitanes de Navío, se tendrá en cuenta como
sueldo básico, el porcentaje que como tal determinen las disposiciones legales
vigentes que regulen esta materia, más las partidas señaladas en el artículo 158 de
este Decreto.»

Acorde con tales disposiciones, cada vez que existiera una variación en los salarios
del personal en servicio activo, esta se extendería para el personal en uso de buen
retiro.

De igual manera lo consagró el artículo 151 del Decreto 1212 de 1990, por el cual
se reforma el estatuto del personal y suboficiales de la Policía Nacional, de tal forma
que a la luz de estas disposiciones, quedó establecido el sistema de reajuste y la
prohibición expresa de utilizar otro régimen, «salvo autorización expresa» lo cual
significa que solo es factible la aplicación de normas generales de la administración
a los casos sometidos a un régimen especial militar cuando la ley expresamente lo
autorice.

Ahora bien, la Ley 100 de 1993, «Por la cual se creó el sistema de seguridad social
integral», en el artículo 14, previó el reajuste de las pensiones teniendo en cuenta
la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

«Artículo. 14. Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez
o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos
regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo
constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año,
según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el
DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto
mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de
oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el
gobierno».

Sin embargo, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, determinó que a los miembros
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional no se les aplicaría el sistema
integral de seguridad social, así:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en
la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de
aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.»

Si bien es cierto, en principio, dicha norma excluyó entre otros servidores, a los

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miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de su aplicación, no es
menos cierto que posteriormente tal disposición fue adicionada en el parágrafo 4.º
por disposición expresa del artículo 1.º de la Ley 238 de 1995, así:

«Artículo 1º: Adiciónese el Artículo 279 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente
parágrafo:
Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican
negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta
ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados»

Con fundamento en lo anterior, a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, los
pensionados del régimen de excepción de la Ley 100 de 1993 tuvieron derecho a
que sus mesadas se reajustaran teniendo en cuenta la variación porcentual del IPC
certificado por el DANE, como lo dispuso el artículo 14 de esta última citada, y a la
mesada 14, conforme el artículo 142 ibidem.

No obstante, el sistema de liquidación de las asignaciones de retiro y
pensiones de los miembros de la Fuerza Pública con base en el IPC tan solo
estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, toda vez que el propio legislador
volvió a establecer el incremento pensional con base en el principio de oscilación,
mediante el artículo 3 de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, así:

«Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de
invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas,
correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno
Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos: […]
3.13. El incremento de las asignaciones de retiro y de las pensiones del
personal de la Fuerza Pública será el mismo porcentaje en que se aumenten las
asignaciones de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo.»

En el mismo sentido, el artículo 42 del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004,
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de
los miembros de la Fuerza Pública” determinó lo siguiente:

«Artículo 42. Oscilación de la asignación de retiro y de la pensión. Las
asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto, se
incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en
actividad para cada grado. En ningún caso las asignaciones de retiro o pensiones
serán inferiores al salario mínimo legal mensual vigente.
El personal de que trata este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse a
normas que regulen ajustes en otros sectores de la administración pública, a menos
que así lo disponga expresamente la ley.»

Y, en los artículos 13 y 14 ibídem se estableció lo siguiente:

«Artículo 13. Partidas computables para el personal de las Fuerzas Militares. La
asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se liquidarán según
corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:
13.1 Oficiales y Suboficiales:
13.1.1 Sueldo básico.
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13.1.2 Prima de actividad.
13.1.3 Prima de antigüedad.
13.1.4 Prima de estado mayor.
13.1.5 Prima de vuelo, en los términos establecidos en el artículo 6o del presente
Decreto.
13.1.6 Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
13.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha de
retiro.
13.1.8 Duodécima parte de la Prima de Navidad liquidada con los últimos haberes
percibidos a la fecha fiscal de retiro.
[…]
PARÁGRAFO: - En adición a las partidas específicamente señaladas en este artículo,
ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones,
serán computables para efectos de asignación de retiro, pensiones y sustituciones
pensionales.
Artículo 14. Asignación de retiro para el personal de Oficiales y Suboficiales de
las Fuerzas Militares en actividad. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto,
que sean retirados con dieciocho (18) o más años de servicio, por llamamiento a
calificar servicios o por retiro discrecional, según el caso, o por sobrepasar la edad
máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad psicofísica, o
por incapacidad profesional, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o
separados en forma absoluta después de veinte (20) años de servicio, tendrán
derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de
retiro, así:
14.1 Sesenta y dos por ciento (62%) del monto de las partidas computables a que se
refiere el artículo 13 del presente Decreto, por los dieciocho (18) primeros años de
servicio.
14.2 El porcentaje indicado en el numeral anterior se adicionará en un cuatro por
ciento (4%) por cada año que exceda de los dieciocho (18) hasta los veinticuatro (24)
años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%).
14.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral anterior se
incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional a los primeros
veinticuatro (24) años, sin que el total sobrepase el noventa y cinco por ciento (95%)
de las partidas computables.
Parágrafo 1o. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, que a la fecha de
entrada en vigencia del presente decreto, tuvieren quince (15) o más años de servicio
que sean retirados del servicio activo por llamamiento a calificar servicios o por retiro
discrecional, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al
grado, o por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional,
tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que
por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual
de retiro, así: El cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas computables a
que se refiere el artículo 13 del presente Decreto, por los quince (15) primeros años
de servicio, y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince
(15) hasta los veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento
(85%). A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el inciso anterior se
incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional a los primeros
veinticuatro (24) años, sin que el total sobrepase el noventa y cinco por ciento (95%)
de las partidas computables.
Parágrafo 2o. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de diciembre de
1968, con treinta (30) años o más de servicio, continuarán percibiendo la asignación
de retiro reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas que se
incluyeron en cada caso para la respectiva asignación.»

Por su parte, el Decreto 407 de 2006, “por el cual se fijan los sueldos básicos para
el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”, en desarrollo de lo

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establecido en el artículo 13 de la Ley 4 de 1992, determinó el sueldo básico
mensual para el personal, en porcentaje que se indica para cada grado, y con
respecto a la asignación básica del grado de general que fijó al rango de mayor el
45.5288%.

Acorde con lo expuesto, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995,
se hicieron extensivos para los pensionados pertenecientes a los regímenes
excluidos por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, como es el caso del personal
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, los beneficios contemplados por los
artículos 14 y 142 ibídem, es decir, el reajuste de las mesadas pensionales de
conformidad con la variación porcentual del índice de precios al consumidor
certificado por el DANE.

El reajuste con la variación del IPC para los miembros de la Fuerza Pública tuvo
como límite la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, que restableció
nuevamente el principio de oscilación, posición que ha sido reiterada de manera
consistente y uniforme por esta Sección, a partir de la sentencia de 17 de mayo de
200711 al precisar lo siguiente:

«7. Límite del derecho. El reajuste pensional aquí reconocido, debe liquidarse hasta
el reajuste dispuesto por el artículo 42 del decreto 4433 de 2004, debido a que esta
norma volvió a establecer el mismo sistema que existió bajo la vigencia del decreto
1212 de 1990, o sea decir, teniendo en cuenta la oscilación de las asignaciones del
personal en actividad.»

Y en la sentencia del 21 de agosto de 200812, que sostuvo:

«En tales circunstancias, el ajuste de pensiones y asignaciones de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública debe hacerse conforme al I.P.C. de que trata el
Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, por remisión expresa que
hiciera el propio Legislador en la Ley 238 de 1995.
A lo anterior se agrega, que además de la aplicación del ajuste del I.P.C. por remisión
expresa del Legislador, la Sala también llegó a tal conclusión en razón del principio
constitucional de favorabilidad que, por lo general, gobierna a los regímenes
especiales, como es el caso de los miembros de la Fuerza Pública.
[…]
En ese orden, el ajuste de las asignaciones de retiro a partir del año de 1995 deberá
hacerse con fundamento en el I.P.C. que certifique el DANE; fórmula aplicable
hasta el año de 2004, en razón de que el propio Legislador volvió a consagrar el
sistema de oscilación como la forma de incrementar las asignaciones de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública, a través del artículo 3 [3.13] de la Ley 923 de 2004,
el cual fue reglamentado por el artículo 42 del Decreto 4433 del mismo año […]».
(negrilla y subraya fuera de texto)

De acuerdo con tales planteamientos, el reajuste ordenado sobre la base de la
asignación de retiro, con fundamento en la variación porcentual del índice de precios

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 17 de mayo de 2007, Expediente 8464-2005.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 21 de agosto de 2008, expediente 0663-2008.

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al consumidor, IPC, respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y
2004, contaba con un límite temporal, esto es, el 31 de diciembre de 2004, fecha de
entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, mediante el cual se volvía a adoptar
como método de reajuste de la citada prestación, el principio de oscilación.

Dicha tesis jurisprudencial fue reiterada y concretada en la sentencia de 15 de
noviembre de 201213:

«Que a partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004,
el reajuste ya no se haría más de conformidad con el índice de precios al consumidor,
IPC, sino con aplicación del principio de oscilación, previsto en el artículo 42 del
citado Decreto, pero que en todo caso, la base de la asignación de retiro a 31 de
diciembre de 2004 debe contemplar el reajuste que en el pasado se ordenó con
fundamento en fundamento la variación porcentual del índice de precios al
consumidor, IPC, respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.
En otras palabras, los incrementos que se efectúen sobre la asignación de retiro de
un oficial o suboficial de la Fuerza Pública en retiro a partir de la entrada en vigencia
el Decreto 4433 de 2004, esto es el 31 de diciembre de 2004, no pueden desconocer
que dicha asignación de retiro, en su base, experimentó un incremento en virtud del
reajuste que en sede judicial se ordenó, con fundamento en la variación porcentual
del índice de precios al consumidor, IPC, sobre el cual en todo caso deberá
incrementarse a futuro, en virtud del principio de oscilación».

Con fundamento en las anteriores consideraciones, se concluyó que el reajuste
efectuado sobre las asignaciones de retiro de los oficiales y suboficiales de la
Fuerza Pública obedece a uno solo, el cual se ha realizado en el tiempo con
fundamento en dos criterios distintos, a saber, el primero con observancia del índice
de precios al consumidor, IPC, esto, hasta el 31 de diciembre de 2004, fecha en la
que se retoma el principio de oscilación, siendo este el segundo criterio, el cual, en
todo caso, incrementará anualmente y a futuro las mesadas de las asignaciones del
personal en retiro, partiendo siempre de la última mesada pensional del año 2004.

Ahora bien, es preciso reiterar que no es posible aplicar lo dispuesto en las Leyes
100 de 1993 y 238 de 1995, normas que regulan el Sistema General de Pensiones
a las asignaciones percibidas en actividad, al tratarse de dos condiciones muy
diferentes jurídica y fácticamente, como son gozar de asignación de retiro y otra,
devengar la asignación básica en servicio activo, cuyo sistema de reajuste se
encuentra regulado por pautas normativas diversas que no se pueden pasar por alto
desconociendo el querer del constituyente.

2.5. Caso concreto

De conformidad con el plenario, el señor Luis Alberto Cardozo Bernal estuvo
vinculado a la Policía Nacional por un lapso de 20 años, 9 meses y 2 días y se retiró
por separación absoluta el 25 de enero de 2010, tal como consta en su hoja de
servicios, en el momento en el que ocupó el cargo de Teniente Coronel. Por medio

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 15 de noviembre de 2012, expediente 0907-

2011.

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de la Resolución 001619 de 30 de marzo de 2010, el Director General de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR le reconoció la asignación de
retiro a partir del 25 de abril de 2010 en cuantía del 70% del sueldo básico para el
grado que ocupaba.

El 20 de febrero de 2019, el señor Cardozo Bernal radicó solicitudes ante CASUR y
la Dirección General de la Policía Nacional para obtener la reliquidación y reajuste
del sueldo básico con base en el IPC y la consecuente reliquidación de la asignación
de retiro.

Estas solicitudes fueron negadas a través de los Oficios 2019-017418 de 2 de abril
de 2019 y 420784 de 9 de abril de 2019, proferidos por la Policía Nacional y por
CASUR, respectivamente.

Ahora bien, revisados los decretos expedidos por el Gobierno nacional, se observa
que desde el año 1992 en adelante, los miembros de la Fuerza Pública han tenido
un aumento porcentual de sus salarios así:

AÑO AUMENTO % DECRETO AÑO
1992 27,90 335 24/01/92
1993 35,51 25 07/01/93
1994 51,23 52 10/01/94
1995 43,50 133 13/01/95
1996 45,52 107 15/01/96
1997 13,40 122 16/02/97
1998 24,20 58 10/01/98
1999 14,91 62 08/01/99
200 9,23 2754 27/12/00
2001 5,14 2737 17/02/01
2002 4,93 745 17/04/02
2003 5,61 3552 10/12/03
2004 5,07 4158 10/12/04
2005 5,50 923 30/03/05
2006 5,00 407 08/02/06
2007 4,50 1737 18/05/07
2008 5,69 674 04/03/08
2009 7,67 708 06/03/09
2010 2,00 1374 26/04/10
2011 3,17 1031 04/04/11
2012 5,00 853 25/04/12
2013 3,44 1029 21/05/13
2014 2,94 199 07/02/14
2015 4,66 1101 26/05/15
2016 2,77 238 12/01/16

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De acuerdo con lo anterior, se observa que desde el año 1992, como Oficial de la
Policía Nacional, el señor Luis Alberto Cardozo Bernal tuvo derecho al incremento
porcentual decretado año a año por el Gobierno nacional en aplicación a la Ley 4
de 1992, por lo tanto, la pretensión de reliquidación teniendo en cuenta el Índice de
Precios al Consumidor es improcedente, pues no resulta pertinente acudir a una
fuente distinta para realizar el correspondiente incremento salarial, en la medida en
que existe prohibición expresa consagrada en el artículo 10 de la citada ley e
implicaría la modificación de la escala gradual porcentual, con base en la cual el
Gobierno nacional fija anualmente los sueldos básicos del personal de las Fuerzas
Militares en actividad; decretos que valga resaltar, no fueron cuestionados con la
presente demanda.

Ahora bien, en cuanto a la reliquidación de la asignación de retiro, se debe
mencionar que el reajuste del IPC en estas prestaciones solo se aplica para las
reconocidas y devengadas en el periodo comprendido entre 1997 y 2004, por tanto,
no tiene derecho a ella, pues dicha prestación le fue reconocida con la Resolución
001619 de 30 de marzo de 2010.

Cabe destacar que, con el recurso se invoca la aplicación de la sentencia C-931 de
2004 proferida por la Corte Constitucional, mediante la cual se desató la demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 848 de 2003 “por la cual se
decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones
para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2004”. Oportunidad en
la que dicha Corporación se refirió al “derecho del servidor público a mantener el
poder adquisitivo real del salario”, el cual solo puede ser limitado, en palabras de la
Corte, para promover el fin constitucionalmente imperioso de preservar la
estabilidad macroeconómica reduciendo el gasto en circunstancias de déficit fiscal
y elevado endeudamiento para no afectar el gasto social, asegurando de esta forma
la efectividad de la solidaridad como principio fundante del Estado Social de
Derecho, en el marco de un contexto económico que justifique la necesidad de la
limitación.

Sin embargo, para el asunto que convoca, es menester reiterar que el reajuste
salarial pretendido con fundamento en el IPC, no tiene vocación de prosperidad,
dado que como se expuso, para las anualidades de 1992 a 2004, el Gobierno
nacional no se encontraba jurídicamente obligado a incrementar en ese porcentaje
las asignaciones salariales, a lo que se suma que, los decretos mediante los cuales
se fijaron los incrementos salariales no fueron cuestionados por la parte actora a
través del presente medio de control.

Todo lo anterior quiere decir que no le asiste el derecho al señor Luis Alberto
Cardozo Bernal a obtener el reajuste de la asignación básica y la asignación de
retiro. Por tanto, esta sala confirmará la sentencia de primera instancia por medio
de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, pues la misma, contrario a
lo expuesto por el recurrente, se ajusta a derecho.

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2.6. De la condena en costas en segunda instancia

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados no puede observarse dicha situación, contrario a ello,
sustentó las razones en defensa jurídica de sus intereses y, por ende, no se
condenará en costas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 17 de junio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, en atención a lo expuesto en la parte considerativa.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto
en esta providencia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

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