RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2019-02356-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-02356-01

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-02356-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR la sentencia apelada, proferida el 25 de junio de 2025, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión. 2. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la resolución 5737 del 14 de mayo de 2019, por medio de la cual el municipio de Envigado resolvió las excepciones contra el mandamiento de pago librado en auto 201801960 del 24 de julio de 2018. 3. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR probada parcialmente la excepción por falta de título ejecutivo y, en consecuencia, ajustar el monto de la obligación determinado en el mandamiento de pago a $894.348.302,4, más los intereses moratorios y las actualizaciones mensuales que procedan hasta el momento del pago. 4. ABSTENERSE de imponer condena en costas. 5. RECONOCER a John Estik Grajales Villada como apoderado judicial de la parte demandada, en los términos del poder conferido (Samai, índice 18).

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2019-02356-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2019-02356-01 (30561)
Demandante VÉRTICE INGENIERÍA S.A.S.
Demandada MUNICIPIO DE ENVIGADO
Temas Cobro coactivo. Deudas no tributarias. Excepción de falta de
título ejecutivo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 25 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Decisión, que decidió1:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda promovida por VÉRTICE INGENIERÍA S.A.S
con Nit. […] contra el MUNICIPIO DE ENVIGADO con Nit. […], de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva.
SEGUNDO: Sin costas. […]

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, dictó la
sentencia de segunda instancia S02-163 del 19 de julio de 2017, dentro del proceso
de acción popular2. Dicha providencia modificó la decisión impugnada, para declarar
responsable de la violación de los derechos colectivos a Arquitectos e Ingenieros
Asociados S.A. y a Vértice Ingeniería S.A. por la construcción de la urbanización
Canto de Luna, en el municipio de Envigado.

En consecuencia, y en lo relevante a este proceso, dispuso que la demandante
debía asumir el 50% de los gastos en que incurrió la entidad territorial por la
contratación de la sociedad Tecnisuelos y por las obras realizadas en cumplimiento
a la medida cautelar ordenada en primera instancia.

El municipio de Envigado profirió el mandamiento de pago contenido en el auto
201801960 del 24 de julio de 2018, en el que identificó como título ejecutivo la
resolución 163 del 19 de julio de 2017, y ordenó a la sociedad pagar la suma de
$2.399.170.461.

La compañía formuló excepciones contra el mandamiento de pago, las cuales
denominó «FALTA DE TÍTULO EJECUTIVO O INCOMPETENCIA DEL FUNCIONARIO QUE LO PROFIRIÓ»,
«PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO» y «LA DE FALTA DE EJECUTORIA DEL TÍTULO»3. No obstante,
la administración las negó en la resolución 17296 del 9 de octubre de 2018, acto

1
Samai de tribunal, índice 62. Pág. 14.
2
Con radicado 05001-23-000-2005-07260-03.
3
Samai, índice 5. PDF 78. Págs. 183 a 197.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02356-01 (30561)
Demandante: Vértice Ingeniería S.A.S.

que, además, suspendió el procedimiento de cobro coactivo con fundamento en que
la sociedad se encontraba en proceso de reorganización.

Luego, la autoridad territorial declaró la nulidad de la anterior decisión, por
considerar que contenía errores procesales, pues la sociedad no se encontraba en
un proceso de reorganización, mediante la resolución 3758 del 21 de marzo de
2019. Inconforme con la actuación, la sociedad interpuso recurso de reposición; sin
embargo, la nulidad fue confirmada en su totalidad en oficio 0600-20194986 del 9
de mayo de 2019.

El municipio de Envigado resolvió nuevamente las excepciones contra el
mandamiento de pago, por medio de la resolución 5737 del 14 de mayo de 2019,
en la que las declaró no probadas, ordenó seguir con el cobro coactivo e indicó que
no procedía recurso alguno contra esa decisión4.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló en la
reforma a la demanda las siguientes pretensiones5:
PRIMERA: Declarar la nulidad del siguiente acto administrativo expedido por la Secretaría de
Hacienda, Sección Cobro Coactivo del Municipio de Envigado, bajo el proceso de cobro
coactivo expediente 43656, adelantado en contra de la sociedad VÉRTICE INGENIERÍA S.A.S:
a. [sic] De la Resolución No. 5737 de 14 de mayo de 2019 por medio de la cual se resuelve
una excepción contra un mandamiento de pago.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se proceda a:
• Dar por terminado el proceso de cobro coactivo, expediente 43656, en virtud del cual se
libró el mandamiento de pago según Auto No. 201801960 de 24 de julio de 2018, en
contra de la sociedad VÉRTICE INGENIERÍA S.A.S., y se ordenó a cargo de esta sociedad y
a favor del Municipio de Envigado, el pago de la suma de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE
($2.399.170.461).
• Dejar sin efecto el acto o actuaciones que contengan la liquidación oficial realizada por el
Municipio de Envigado de la Sentencia Nro. S02 – 163 AP proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, liquidación que, según el Auto No. 201801960 de 24 de julio
de 2018, fue efectuada mediante la supuesta Resolución 163 de 19 de julio de 2017.
TERCERA: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho declárese que la sociedad
VÉRTICE INGENIERÍA S.A.S., no está obligada a pagar la suma de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE
($2.399.170.461), liquidada por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Envigado y
cobrada coactivamente según expediente 43656, habiendo librado mandamiento de pago por
dicho valor, mediante Auto No. 201801960 de 24 de julio de 2018.

Se aclara que, en la demanda inicial, también fue pretendida la nulidad de la
resolución 3758 del 21 de marzo de 2019 y del oficio 0600-20194986 del 9 de mayo
del mismo año. Al respecto, el a quo inadmitió la demanda mediante auto del 24 de
septiembre de 2019, en el que señaló que estos actos «no son posibles de ser

4
Lo mencionado se puede observar en Samai, índice 2, PDF 16, pág. 216.
5
Samai, índice 2. PDF 11, págs. 8 a 9.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02356-01 (30561)
Demandante: Vértice Ingeniería S.A.S.

cuestionados ante la Jurisdicción Contenciosa [sic] Administrativa»6.
Por lo tanto, en el
memorial de subsanación de la demanda, que luego fue objeto de reforma, se
excluyeron dichas pretensiones.

Invocó como normas violadas los artículos 29 de la Constitución Política; 99 de la
Ley 1437 de 2011; 283 y 422 del Código General del Proceso; 2512 del Código
Civil; 833, 833-1 y 834 del Estatuto Tributario; y 34 de la Ley 472 de 1998.

El concepto de violación se resume a continuación:

Indicó que la Secretaría de Hacienda revivió de forma irregular una etapa procesal,
toda vez que las excepciones interpuestas contra el mandamiento de pago habían
sido resueltas de fondo mediante resolución 17296 de 2018; sin embargo, dicha
decisión fue revocada por la administración sin consentimiento de la compañía por
evidenciar que no era procedente la suspensión del trámite dado que no existía un
proceso de reorganización. Indicó que la administración carecía de competencia
para anular su propio acto, ya que debía acudir a la figura de la revocatoria directa
o a la acción de lesividad. Como resultado de lo anterior, el municipio profirió la
resolución demandada, en la que negó la procedencia de cualquier recurso en su
contra, con desconocimiento de los artículos 833-1 y 834 del Estatuto Tributario.

Alegó una falsa motivación y violación al debido proceso, dado que el mandamiento
de pago hizo referencia a la liquidación oficial de la sentencia de la acción popular,
realizada en la resolución 163 del 19 de julio de 2017. Por esta razón, la sociedad
presentó un derecho de petición, ya que nunca fue notificada de algún acto con ese
radicado; en respuesta, la autoridad precisó que existió un error de transcripción,
pues el título ejecutivo era la sentencia S02-163, lo cual fue reiterado en la
resolución 5737 de 2019 (acto acusado).

Agregó que, no se trató de un simple error, sino de una indebida individualización e
identificación del título ejecutivo, vulnerando el principio de buena fe y de confianza
legítima; cuestión que no fue corregida ni en el término de traslado para formulación
de excepciones ni después. Resaltó que la sentencia judicial no cumple los
requisitos para ser considerada como título ejecutivo, puesto que no contiene una
obligación clara, expresa y exigible.

Respecto a la falta de competencia, advirtió que la entidad competente para liquidar
el valor a pagar a su cargo era la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
mediante un incidente de liquidación de sentencia, acorde con el artículo 34 de la
Ley 472 de 1998, y no el municipio de Envigado.

Además, existió una falta de notificación y ejecutoria de la resolución 163 del 2017
citada dentro del mandamiento de pago, en ese sentido reiteró que se vulneró el
derecho al debido proceso7 y de defensa al pretender incorporar un acto liquidatorio
inexistente. Insistió en que no tuvo la oportunidad de conocer y controvertir la suma
que se adeuda, dejando así, sin ejecutoriedad el acto administrativo, según lo
establecido por el Consejo de Estado8.

Con relación a la desviación de poder, expuso que dentro del expediente de cobro
coactivo se observó una comunicación interna entre las secretarías de Obras

6
Ibidem, carpeta 6, PDF del auto inadmisorio de la demanda.
7
Citó la sentencia T-404 de 2014.
8
Citó la sentencia del 25 de marzo de 2010, exp. 17460, sin identificar ponente.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02356-01 (30561)
Demandante: Vértice Ingeniería S.A.S.

Públicas y de Hacienda Municipal, en la que esta última solicitó la actualización del
valor de tres contratos «Contrato 09-00-09-18-216-10 celebrado con CONSTRUGEN SA, Contrato
09-00-09-18-121-11 celebrado con CONSTRUCTORA EL PORTAL, y Contrato 12-4 celebrado entre
CORANTIOQUIA y la UNIÓN TEMPORTAL [sic] ENVIGADO»9, la cual destacó, no cumple con los
requisitos para ser un acto administrativo, además que nunca se puso en
conocimiento de la sociedad.

Aclaró que la condena del proceso de acción popular fue in genere, en la que se
incluyeron los gastos en que incurrió la administración como consecuencia de la
medida cautelar decretada dentro del mismo proceso, correspondiendo a la
compañía el 50% del valor; no obstante, indicó que, al momento de determinar el
valor a cobrar, la autoridad incluyó contratos que no debían tenerse en cuenta
dentro de los citados gastos, porque declaraban la urgencia manifiesta por el
invierno para el año 2011 o trataban sobre dicha situación, los cuales tuvieron
financiamiento por parte del programa Colombia Humanitaria.

Explicó nuevamente por qué la sentencia del 19 de julio de 2017 no cumplía con los
requisitos para ser un título ejecutivo, para lo que refirió los artículos 422 del Código
General del Proceso y 99 de la Ley 1437 de 2011, y aseveró que la decisión no
contenía una obligación clara, expresa y exigible, pues en su parte resolutiva el
tribunal ordenó el pago de forma indexada y actualizada, lo que evidenció que no
se determinó un solo valor a pagar10.

Por último, alegó la extinción del derecho para el cobro coactivo, ya que el municipio
de Envigado no presentó dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la
providencia, el respectivo incidente de liquidación de la sentencia proferida dentro
del proceso de acción popular, como lo prevé el artículo 283 del Código General del
Proceso, por remisión del 34 de la Ley 472 de 1998; es decir, hasta el 2 de agosto
de 2018 tenía plazo la administración para pedir la debida liquidación de la
obligación. En línea con lo expuesto, solicitó la prescripción de la acción, figura
definida por el artículo 2512 del Código Civil.

Oposición de la demanda

El municipio de Envigado solicitó negar las pretensiones11, para lo cual señaló que,
si bien la resolución 17296 del 2018 resolvió inicialmente las excepciones
propuestas, contenía errores en su parte resolutiva. Aclaró que este acto
administrativo fue notificado a la demandante, la cual no indicó alguna irregularidad.
Por lo anterior, se profirió la resolución demandada, para efectos de subsanar el
trámite, en virtud del artículo 849-1 del Estatuto Tributario y el artículo 45 de la Ley
1437 de 2011, y así seguir adelante con el cobro coactivo12.

Expuso que la doctrina diferencia el motivo y la motivación, siendo el primero los
antecedentes que soportan el acto y el segundo la explicación razonada con
relación a los hechos de la actuación. Además, refirió las normas aplicables al caso
concreto13, con lo que alegó el cumplimiento del principio de legalidad en sede
administrativa y del debido proceso, advirtiendo que se trató solo de la subsanación
de un error formal, por lo que no era aplicable la revocatoria directa prevista en el
artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.

9
Samai, índice 2. PDF 11, pág. 26.
10
Citó la sentencia del 11 de mayo de 2017, exp. 20337, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
La demandada contestó tanto la demanda como su reforma. Samai, índice 5, PDF 85 e índice 2, PDF 15; respectivamente.
12
Citó la sentencia C-169 de 1995.
13
Citó la sentencia C-666 de 2000.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02356-01 (30561)
Demandante: Vértice Ingeniería S.A.S.

Precisó que no era necesaria la expedición de un acto que declarara la obligación
que se pretende cobrar, cuando esta se desprende de una decisión clara, expresa
y exigible, conforme a los artículos 828 del Estatuto Tributario y 99 de la Ley 1437
de 2011. Para este caso, consideró cumplidos estos requisitos desde la ejecutoria
de la sentencia de acción popular. Sostuvo que el mandamiento de pago fue
notificado en debida forma a la compañía, garantizando el derecho de contradicción
a través de la presentación de excepciones. Frente a la imposibilidad de interponer
recurso contra la actuación, resaltó que se hizo de conformidad con el artículo 834
del Estatuto Tributario.

Manifestó que el proceso de cobro se inició con la finalidad de salvaguardar los
intereses de la administración, toda vez que la sentencia del 19 de julio de 2017
ordenó el pago de contratos ejecutados para el saneamiento de afectaciones por la
construcción del proyecto Canto de Luna, y dispuso que a la demandante le
correspondía el pago del 50% del valor, y le otorgó un plazo de 30 días, siguientes
a la ejecutoria de la providencia. Pese a ello, no se cumplió la obligación.

Indicó que la decisión judicial contenía una obligación clara, expresa y exigible,
cumpliendo así los requisitos para constituir un título que presta mérito ejecutivo, de
conformidad con el artículo 99 de la Ley 1437 de 201114. Además, explicó que el
mandamiento de pago se refirió a la sentencia de acción popular, reiterando que su
identificación como la resolución 163 fue un error que no afecta la competencia con
la que contaba el ente territorial para proceder con el cobro coactivo.

En cuanto a la comunicación interna entre las secretarías del municipio, señaló que
se realizó en cumplimiento al debido proceso, ya que la encargada de ejecutar los
contratos era la Secretaría de Obras Públicas, y la de liquidar la obligación, la de
Hacienda. Por lo tanto, le correspondía a la primera remitir los valores, para que la
segunda pudiese realizar la indexación, y destacó que, por tratarse de un trámite
interno, no procedía su notificación a la sociedad.

Agregó que los contratos mencionados por la demandante, que versan sobre el
decreto de emergencia, tienen relación directa con el contrato principal, puesto que
con su ejecución se realizaron distintas obras necesarias para la estabilidad del
proyecto y para cumplir la medida cautelar impuesta por el juzgado en primera
instancia de la acción popular.

Sobre la desviación de poder, recalcó que el municipio obró con transparencia,
atendiendo a la debida ejecución de contrato y el cumplimiento de la orden judicial,
por lo que primó el interés general. Añadió que la sentencia in genere desapareció
con el Decreto 2282 de 1989, que estableció que la condena debía ser concreta,
precisa o determinada, como lo fue en este caso. Igualmente, aseveró que,
conforme al artículo 443 del Código General del Proceso y el artículo 31 de la Ley
1395 de 2010, no era necesario iniciar un incidente de liquidación al tener soporte
directo en la sentencia y la liquidación de los respectivos contratos.

Respecto a la prescripción de la acción, precisó que la norma aplicable era el
Estatuto Tributario, que en su artículo 817 dispone el término de 5 años para dicha
figura y la forma de contabilizarlos; no obstante, aclaró que el artículo 818 ibidem
prevé la suspensión del plazo con la notificación del mandamiento de pago,
situación que es desconocida por Vértice Ingeniería S.A.S.

14
Citó la sentencia del 11 de mayo de 2017, exp. 20337, sin identificar ponente.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02356-01 (30561)
Demandante: Vértice Ingeniería S.A.S.

Planteó como excepciones las siguientes: i) legalidad de los actos administrativos
demandados, por cumplimiento de los requisitos y principios legales; ii) mala fe,
pues la compañía actuó con poco respeto por las decisiones judiciales; iii) legalidad
del poder decisorio del proceso de fiscalización y cobro coactivo a cargo del
municipio de Envigado, reiterando las normas y jurisprudencia aplicables al caso en
concreto para indicar que la obligación cumplió con los requisitos para prestar mérito
ejecutivo, y iv) genérica, con la que hizo referencia a todas aquellas que resultaran
probadas dentro del proceso.

El tribunal mediante auto del 8 de noviembre de 202315 indicó que las excepciones
no era previas, motivo por el cual se debían decidir en la sentencia.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, negó las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas, por lo
siguiente16:

Aseguró que, una vez analizadas las actuaciones surtidas en sede administrativa,
no era evidente un vicio por falsa motivación, toda vez que la resolución 5737 de
2019 tuvo como fundamento una obligación clara, expresa y exigible a la
demandante, contenida en la sentencia de acción popular 2005-07260-03, que sirvió
como título ejecutivo.

Precisó que la autoridad aclaró que el mandamiento de pago incurrió en error al
indicar que el título ejecutivo se trataba de una resolución, la cual correspondía al
mismo número y fecha que la sentencia de acción popular. Agregó que, al
resolverse la excepción planteada en la resolución 17296 del 9 de octubre de 2018,
el municipio señaló de forma imprecisa que suspendía el proceso de reorganización
de la sociedad; no obstante, este error fue subsanado por la resolución 3758 de
2019, que no fue demandada dentro del proceso, por lo que gozaba de presunción
de legalidad. De este modo, aseveró que no se encontró alguna circunstancia
omitida que cambiara el sentido de la decisión.

Respecto del cargo de falta de competencia, sostuvo que el concepto in genere
hacía referencia a las condenas genéricas que requieren un trámite incidental,
conforme al artículo 34 de la Ley 472 de 1998; empero, en el presente asunto la
orden de la providencia fue específica, puesto que señaló que la compañía asumiría
el 50% del monto a pagar. Además, la entidad territorial estaba facultada para
determinar el monto de la obligación, a partir de lo dispuesto en la providencia
judicial.

En cuanto a los cargos de violación al debido proceso, derecho de defensa e
infracción de normas superiores, consideró que no cuestionaban la resolución
objeto de demanda, sino el auto que libró el mandamiento de pago. En todo caso,
indicó que, tal y como se había hecho mención al analizar el cargo de falsa
motivación, no se evidenciaba duda sobre la existencia del título que dio origen al
procedimiento de cobro coactivo. Sumado a ello, constató que se garantizó la
defensa al permitirse conocer el contenido del acto y controvertirlo judicialmente.

15
Samai del tribunal, índice 53.
16
Samai de tribunal, índice 62.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02356-01 (30561)
Demandante: Vértice Ingeniería S.A.S.

Respecto de la desviación de poder, advirtió que esta causal de nulidad constituye
un vicio en la finalidad del acto; sin embargo, expuso que esto no fue demostrado,
toda vez que la respuesta brindada por el municipio fue en cumplimiento del
procedimiento previsto en el Estatuto Tributario para el procedimiento de cobro
coactivo. Agregó que la demandante incumplió su carga probatoria, pues se limitó
a aportar las actuaciones del trámite coactivo sin elementos adicionales que
demostraran una intención arbitraria.

Finalmente, no impuso condena en costas, para lo cual invocó a los artículos 365 y
366 del Código General del Proceso.

Recurso de apelación

La demandante sustentó su recurso de apelación17, reiterando que el municipio de
Envigado no contaba con título ejecutivo de obligación clara, expresa y exigible, que
le concediera la competencia para iniciar un proceso de cobro coactivo, además de
la indebida identificación de dicho título en el mandamiento de pago.

Precisó que la decisión proferida dentro del proceso de acción popular no fijó una
suma específica a cargo de la sociedad, puesto que solo dispuso el 50% del
concepto de obras ejecutadas y pagadas por la entidad territorial, razón por la que
se debía realizar una liquidación para que fuese una obligación exigible. Alegó que
el municipio no promovió el incidente de liquidación de la sentencia, como lo
establece el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, al tratarse de un título complejo18,
argumentando que dicha omisión generó la extinción del derecho según lo previsto
en el artículo 283 del Código General del Proceso.

Sostuvo que la falta de notificación de un acto administrativo que liquidara la
sentencia vulnera el derecho de defensa y contradicción; por lo que no puede ser
atribuida ninguna competencia a la administración para cobrar la obligación. Insistió
en que la comunicación interna entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de
Obras Públicas que liquidó la obligación no le fue notificada, por lo que solo con la
notificación del mandamiento de pago conoció el monto de la deuda. Señaló que el
tribunal debió realizar un pronunciamiento sobre cómo se debía determinar la
liquidación, y si esta se tenía que notificar a la compañía.

Advirtió la falta de ejecutoria del acto inexistente que se citó en el mandamiento de
pago, evidenciando así la falsa motivación del mandamiento. Alegó que el tribunal
valoró erróneamente las pruebas que reposan en el expediente, puesto que en el
mandamiento de pago se trató de una indebida identificación del título que
fundamentó el inicio del proceso de cobro coactivo, y no, como lo concluyó, un
simple error formal.

Reprochó la contradicción del tribunal al fundamentar su fallo en la presunción de
legalidad de la resolución 3758 de 2019, acto que el propio juzgador había exigido
retirar de la demanda en la fase de admisión por considerarlo de mero trámite.

Reiteró los hechos que relacionó como probados en la demanda, para precisar que
la sentencia de acción popular no cumplía con los requisitos para ser considerada
como título ejecutivo, e indicó que las excepciones formuladas en sede
administrativa debían haber prosperado en razón a dichos argumentos. Hizo

17
Samai de tribunal, índices 65 y 66, se radicó dos veces el mismo escrito.
18
Citó la sentencia del 11 de mayo de 2017, exp. 20337, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02356-01 (30561)
Demandante: Vértice Ingeniería S.A.S.

especial énfasis en que el tribunal omitió pronunciarse sobre la excepción de
prescripción de la acción de cobro, y argumentó que la acción no podía ejercerse
por haberse extinguido el derecho ante la no promoción del incidente de liquidación,
sin que fuera necesario que transcurriera el término de prescripción general de
cobro.

En cuanto a la afirmación del a quo sobre que la compañía no citó las normas que
se desconocieron en la resolución demandada, manifestó que en el escrito de la
demanda se refirieron las normas constitucionales y legales que fueron infringidas
por la autoridad, procediendo a citar los apartes correspondientes. Entre ellos,
destacó la afirmación de que la demandada no tenía competencia para expedir la
resolución 3758 de 2019 y declarar la nulidad del acto que había decidido sobre las
excepciones, pues constituye una revocatoria sin autorización de la sociedad
afectada y revive una etapa procesal ya finalizada.

Respecto a la desviación de poder, adujo que las pruebas allegadas al proceso eran
demostrativas de las irregularidades en las que incurrió el municipio al momento de
determinar la obligación, y evidenciaban la falta de relación entre los contratos
celebrados con las obras ordenadas dentro de la acción popular que se fijaron en la
medida cautelar de la acción popular. En este punto, puso de presente que el monto
de la deuda fue indebidamente tasado, atendiendo la información de los contratos
indexados en la comunicación interna entre las Secretarías de Hacienda y de Obras
Públicas.

Para esto, indicó que el municipio suscribió el contrato con la constructora El Portal,
el cual no deriva del cumplimiento de una medida cautelar, sino a la urgencia
manifiesta declarada en la resolución 1462 de 2011, la cual no guarda relación con
la inestabilidad presentada en la urbanización Canto de Luna, sino a la ola invernal
presentada entre el 18 y el 23 de abril de 2011. De igual modo, indicó que
Corantioquia suscribió un contrato con la Unión Temporal Envigado, la cual no
ejecutó recursos del municipio, sino de la Nación (Fondo Nacional de Calamidades),
los cuales fueron girados para atender la ola invernal de 2010-2011, de tal modo
que no guarda relación alguna con la sentencia de acción popular.

Oposición a la apelación

La demandada guardó silencio.

Intervención del ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Corresponde a la Sección analizar la legalidad de la resolución 5737 del 14 de mayo
de 2019, mediante la cual el municipio de Envigado declaró no probadas las
excepciones propuestas contra el mandamiento de pago, en el trámite de cobro
coactivo adelantado contra Vértice Ingeniería S.A.S.

Al efecto, la Sección estudiará i) si existe un título ejecutivo que contenga una
obligación expresa, clara y exigible a cargo de la demandante; ii) si el monto de la

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02356-01 (30561)
Demandante: Vértice Ingeniería S.A.S.

obligación fue adecuadamente determinado en el mandamiento de pago; iii) si hubo
un error sustancial en la identificación del título ejecutivo; iv) si se revivió
ilegítimamente una etapa del procedimiento de cobro por la expedición del acto que
declaró la nulidad de la primera resolución que decidió las excepciones; y v) si operó
el fenómeno de la prescripción, conforme lo solicitó la apelación.

Análisis del caso concreto

1. Sobre la existencia del título ejecutivo

La apelante cuestionó la decisión del a quo indicando que no valoró adecuadamente
las pruebas, lo cual le habría permitido concluir que la administración no contó con
un título ejecutivo que tuviera una obligación clara, expresa y exigible. Además,
señaló que la sentencia de acción popular no fijó una suma específica a cargo de la
sociedad.

De igual modo, la sociedad aseveró que el municipio no tenía competencia para
liquidar la obligación, pues para ello debió adelantar el incidente de liquidación del
crédito del artículo 34 de la Ley 472 de 1998 y de considerarse que la entidad tenía
esa facultad, afirmó que no se notificó la resolución a la que aludió el mandamiento
de pago, por lo que esa decisión carecía de ejecutividad y violó su derecho de
defensa. También destacó que no le fue notificada la comunicación interna entre
las Secretarías de Hacienda y de Obras Públicas del municipio, en las que se
actualizó el monto de la obligación.

Para resolver, se pone de presente que el presupuesto para iniciar el procedimiento
de cobro coactivo es la existencia de un título ejecutivo, pues el objetivo de este
procedimiento no es constituir obligaciones, sino hacerlas efectivas19. Como el litigio
no es de naturaleza tributaria, se debe tener en cuenta que el artículo 99 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que
prestan mérito ejecutivo, entre otros, las sentencias y demás decisiones
jurisdiccionales ejecutoriadas, siempre y cuando dicha obligación sea expresa, clara
y exigible.

Adicionalmente, esta Sección ha señalado que «la carga de probar la adecuada
conformación del título ejecutivo es de la entidad acreedora»20, atendiendo la regla general de
carga de la prueba del artículo 167 del Código General del Proceso. En todo caso, la
sala precisó que «en cada caso se deben valorar las pruebas que obran en el expediente porque,
aún con lo anterior, la demandante tiene en principio la carga de probar los cargos de nulidad
propuestos y, así, desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos»21.

La Sala también ha manifestado que el título ejecutivo en el cual consta la obligación
puede ser singular o complejo. En el primero, la obligación consta en un solo
documento; mientras que, en el segundo, la deuda obra en varios de ellos, que
constituyen una unidad jurídica, en cuanto no pueden hacerse valer como título
ejecutivo por separado22.

De otro lado, se observa que el artículo 34 de la Ley 472 de 1998 previó que la
sentencia podrá imponer obligaciones de hacer y de no hacer, así como «condenar al
pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la
19
En este sentido, ver la sentencia del 26 de febrero de 2026, exp. 29071, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
20
Sentencia del 2 de junio de 2025, exp. 29050, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
21
Ibidem.
22
Sentencia del 12 de diciembre de 2018, exp. 23385, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, tema reiterado en sentencias
del 15 de septiembre de 2022, exp. 26026, y del 11 de noviembre de 2021, exp. 25209, M.P. Milton Chaves García.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02356-01 (30561)
Demandante: Vértice Ingeniería S.A.S.

entidad pública no culpable que los tenga a su cargo». En este último caso, la condena al
pago de perjuicios se hará in genere y se liquidará mediante el incidente previsto
en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil (hoy artículo 283 del Código
General del Proceso).

Frente al caso bajo examen, la Sección encuentra probado que, dentro del proceso
de acción popular adelantado contra el municipio de Envigado, Vértice Ingeniería
S.A.S. y otros, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad,
profirió en segunda instancia la sentencia de acción popular S02-163 del 19 de julio
de 2017, en la que dispuso lo siguiente23:
2. SE MODIFICAN LOS NUMERALES SÉPTIMO, NOVENO, DÉCIMO Y DÉCIMO CUARTO de la sentencia
No. 022 del 31 de marzo de 2016 proferida por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del
Circuito de Medellín, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia que quedarán
así:
[…]
DÉCIMO: Como consecuencia de las declaraciones anteriores, este Despacho ORDENA lo
siguiente:
10.1 Ordenar a Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. y a Vértice Ingeniería S.A.S. a asumir
en la siguiente proporción la totalidad de los gastos en que incurrió el municipio de Envigado
con la contratación de Tecnisuelos y por las obras que se acometieron para dar cumplimiento a
la medida cautelar que ordenó el Despacho en el auto interlocutorio número 290 del 14 de
diciembre de 2010:
Vértice Ingeniería: 50%
AIA: 35%

Este criterio responde al hecho del grado de responsabilidad en la afectación de los intereses
colectivos. El restante 15% deberá asumirlo el municipio de Envigado por el daño a los
intereses colectivos por la falta de control sobre la [sic] obras de Canto de Luna en la calidad
de autoridad ambiental.
En caso de que alguna de esas entidades entre en proceso liquidatario o en alguno de los
sistemas denominados acuerdos empresariales, el líder que adelante estos proceso [sic] y la
junta que le asesore, tiene la obligación de aprovisionar en las reservas correspondientes, los
valores aquí ordenados. Así mismo se le ordena a cada una de las entidades condenadas,
que deberá pagar de manera indexada y actualizada esos valores, de acuerdo con las
fórmulas que el Consejo de Estado ha ordenado cuando se presenta el pago único de un daño
emergente.
Los dineros ordenandos en este numeral, se tendrán que pagar dentro de los 30 días
siguientes a la ejecutoria de esta sentencia. En caso de incumplimiento, el municipio de
Envigado deberá cobrar estas sumas de dinero de conformidad con el CPACA, por medio
coactivo y se generarán los intereses de acuerdo con lo ordena [sic] en el mismo código
[subraya la Sección].

Según se observa, la sentencia referida no impuso el pago de perjuicios en favor de
una entidad pública, de modo que no se encuentra en el supuesto del artículo 34 de
la Ley 472 de 1998. Por el contrario, lo que se evidencia es que la parte resolutiva
transcrita previó la distribución de responsabilidades entre la sociedad (50%) y el
municipio (15%), ambos culpables, y ordenó el reintegro proporcional a favor de
esta última de los gastos en que incurrió con la contratación de Tecnisuelos y del
cumplimiento de la medida cautelar.

Así las cosas, contrario a lo dicho por la apelante, en este caso no era necesario
adelantar el trámite de liquidación incidental de la obligación.

23
Samai, índice 2, PDF 16. Págs. 173 a 174.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02356-01 (30561)
Demandante: Vértice Ingeniería S.A.S.

De igual modo, se destaca que la sentencia de acción popular dispuso que la
sociedad debía realizar el pago a su cargo en el plazo de 30 días, contados desde
la ejecutoria del fallo, lo que significa que, para dar cumplimiento a la decisión
judicial, no se requería que la entidad territorial expidiera un acto administrativo de
liquidación de la obligación que le debiera ser notificado, dados los efectos de cosa
juzgada derivados de su firmeza.

Lo anterior se refuerza en que el juez popular habilitó expresamente al municipio de
Envigado para que, si la sociedad no realizaba el pago en el término indicado, diera
inicio al cobro coactivo, con el procedimiento previsto en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin que considerara necesario o
impusiera la condición de expedir un acto administrativo que determinara la
obligación. De este modo, para este caso, resulta irrelevante que no se le haya
notificado ninguna resolución de liquidación o la comunicación interna entre las
Secretarías de Hacienda y de Obras Públicas del 20 de noviembre de 201724, dado
el alcance de la orden impuesta por la sentencia.

Ahora, si bien la sentencia de acción popular únicamente prevé que la sociedad
deberá pagar el 50% de los conceptos allí definidos, sin indicar una suma líquida de
dinero, de su contenido se desprende que ese valor es determinable con los
contratos celebrados por el municipio de Envigado y Tecnisuelos, así como los
negocios jurídicos entre dicha entidad territorial y otros contratistas para dar
cumplimiento a la medida cautelar (según el numeral 10.1 del ordinal séptimo de la
parte resolutiva de la sentencia de acción popular). Lo anterior, entonces, supone
que se debe conformar un título ejecutivo complejo con la sentencia S02-163 del 19
de julio de 2017 y, además, los contratos estatales referidos.

Con el fin de determinar si, como lo indicó la apelante, las pruebas permiten
determinar que no existe un título ejecutivo complejo debidamente conformado, se
pone de presente que en el expediente no obra contrato celebrado entre el municipio
de Envigado y Tecnisuelos.

En cuanto a los contratos celebrados para dar cumplimiento a la medida cautelar,
se observa que se encuentran los siguientes elementos probatorios:

· Documentos que identifican los contratos estatales con los cuales se cumplió la
medida cautelar.

En el comunicado interno entre las Secretarías de Hacienda y de Obras Públicas25, se
informa que la deuda corresponde a los siguientes tres contratos: i) el 09-00-09-18-
216-10, celebrado por el municipio con Construgen S.A., con un valor actualizado
de $236.943.069; ii) el 09-00-09-18-121-11, suscrito por el municipio y la
constructora El Portal S.A., por valor indexado de $1.243.203.433; y iii) el 12-4
suscrito entre Corantioquia (contratante) y la Unión Temporal Envigado (contratista),
por valor actualizado e «imputable al litigio» de $3.318.194.419.

La sala observa que el 50% de los valores reportados corresponden a
$2.399.170.461, que es el monto identificado en el mandamiento de pago como el
valor de la deuda hasta ese momento26, al cual, según dicho acto, se deberán sumar
los intereses moratorios y las actualizaciones mensuales que procedan hasta el

24
Samai, índice 15, carpeta de antecedentes, PDF de antecedentes, páginas 214 a 215.
25
Ibidem.
26
Ibidem, páginas 227 a 228.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02356-01 (30561)
Demandante: Vértice Ingeniería S.A.S.

momento del pago. De este modo, se verificarán los contratos referidos, para
determinar si con ellos se dio cumplimiento al auto de medida cautelar.

· Respecto al contrato celebrado entre el municipio y Construgen S.A.

La sociedad allegó, con la demanda, la copia del auto de medida cautelar 290 del
14 de diciembre de 2010. En esta providencia consta la presentación de los estudios
técnicos de Tecnisuelos ante el juez de la acción popular, los cuales indicaron que,
para solucionar la inestabilidad del talud, se requería intervenir algunas viviendas y
la unidad Canto de Luna. En este contexto, la medida cautelar ordenó al municipio
que «haga todas las todas las [sic] recomendaciones que ha dispuesto la firma Tecnisuelos para
estabilizar esa zona»27.

En los antecedentes de la referida providencia, se puso de presente al juzgado que
se adelantaban gestiones con base en la declaración de urgencia manifiesta
declarada mediante la resolución 3609 del 7 de octubre de 2010. Dicho acto, que
también fue aportado por la demandante, señala que el talud generó riesgos en
algunas viviendas de la urbanización Canto de Luna, por lo que se realizó un estudio
técnico por parte de Tecnisuelos, el cual «arrojó la necesidad de construcción de unas
contenciones en el lote de Canto de Luna que serán ejecutadas por el Urbanizador Vértice Ingeniería
S.A.S., además de la realización de una trinchera, filtros y cunetas para manejar las aguas lluvias de
infiltración que caen a los lotes y que están generando la inestabilidad en el sector»28.

Con base en esta resolución, el municipio de Envigado celebró el contrato 09-00-09-
18-216-10 del 11 de enero de 2011 con Construgen S.A., con el objeto de adelantar
la «CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO DE AGUAS (TRINCHERAS, FILTROS Y CUNETAS) EN
DIFERENTES PREDIOS VECINOS A LA URBANIZACIÓN CANTO DE LUNA»29. Este documento, al igual
que los anteriores, fue aportado con la demanda.

De estos elementos de juicio, que eran conocidos por la sociedad, la sala advierte
que, si bien la resolución que declaró la urgencia manifiesta es anterior al auto de
medida cautelar, con base en ella se cumplió esa decisión judicial, pues fue el
fundamento jurídico utilizado para celebrar el contrato con Construgen S.A. y, así,
cumplir las recomendaciones dadas por Tecnisuelos.

Se destaca que a esta misma conclusión llegó la demandante, pues en los
antecedentes administrativos obra el oficio del 21 de junio de 2018, suscrito por la
apoderada de la sociedad y dirigido al alcalde de Envigado, en el que se indicó «No
nos cabe duda que estas obras sí tenían una relación directa, al menos con las medidas
dictaminadas por el despacho en diciembre de 2010, que correspondían a lineamientos de
TECNISUELOS y que fueron las contratadas en ese entonces con COSNTRUGEN [sic]»30. Además,
sostuvo que el valor correspondiente a este contrato «fue justificado según las facturas de
cobro de dicha empresa y sus constancias de pago»31.

Sumado a lo anterior, aunque en la demanda se planteó que este contrato no tenía
relación con el proceso de acción popular, en la apelación no se insistió en este
argumento.

Por lo anterior, el contrato 09-00-09-18-216-10, celebrado entre el municipio de
Envigado con Construgen S.A., hace parte del título ejecutivo complejo.

27
Expediente físico, cuaderno 1, folio 179.
28
Ibidem, folio 180.
29
Ibidem, folio 184.
30
Ibidem, página 283.
31
Ibidem.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02356-01 (30561)
Demandante: Vértice Ingeniería S.A.S.

· Respecto al contrato celebrado entre el municipio y la constructora El Portal.
En los antecedentes administrativos consta el contrato 09-00-09-18-121-11 del 29
de septiembre de 2011, suscrito por el municipio y la constructora El Portal S.A.,
que expresamente señala que fue sustentado en la urgencia manifiesta declarada
mediante la resolución 1462 del 2 de abril de 2011, con el objeto de adelantar la
«CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO DE AGUAS Y CONTENCIÓN EN PREDIOS VECINOS A LA
URBANIZACIÓN CANTO DE LUNA»32.

En la apelación, y en el oficio del 21 de junio de 2018 suscrito por la apoderada de
la demandante, la sociedad se opone al reconocimiento de este contrato en tanto
que no deriva del cumplimiento de la medida cautelar, pues la urgencia manifiesta
referida se fundamentó en la ola invernal ocurrida en abril de 2011.
La sala evidencia que la resolución 1462 fue aportada por la demandante, cuya
primera consideración señala que «debido a la fuerte e intensa época invernal que viene
afectando al país, en la semana del 18 al 23 de Abril de 2011 se presentó nuevamente movimiento
en el talud de la Urbanización Canto de Luna y en la parte superior del mismo sector nororiental
donde se encuentra un lleno antrópico de hace muchos años, el cual presenta muchos problemas
por la cantidad de agua que se le infiltra y recibe de manera descontrolada»33 [subraya la Sección].
Además, indicó que, atendiendo la visita realizada por Tecnisuelos, se «manifestó la
necesidad de construir más filtro[s], además de la realización de una trinchera drenante, filtros y
cunetas para manejar las aguas lluvias y de infiltración que caen a los lotes los cuales están
generando la inestabilidad en el sector»34.

Se observa que este acto invocó la ola invernal de 2011, pero también atiende las
recomendaciones realizadas por Tecnisuelos frente al talud presentado en la
urbanización Canto de Luna, dadas las infiltraciones que se presentaban desde
años atrás, tal como lo ordenó el auto de medida cautelar.
Además, se pone de presente que la sentencia S02-163 del 19 de julio de 2017
analizó si existía un hecho superado para ese momento, ante lo cual se analizaron
los informes elaborados por Tecnisuelos35 y las lecturas de inclinómetro y
piezómetros elaborados por Vieco Ingeniería de Suelos36, con base en los cuales
concluyó que «no se tiene la certeza de que se superó la situación de riesgo en el terreno, en
especial en la parte superior de la Urbanización. No se encuentran ni se allegaron al expediente las
pruebas que lleven a concluir que la situación que implicó la formulación de la acción popular por
parte de […] en la actualidad se encuentre solucionada».

De este modo, se observa que las obras adelantadas por constructora El Portal sí
tienen relación con el cumplimiento de la medida cautelar, en tanto que continuó
con la implementación de las recomendaciones dadas por Tecnisuelos para
solucionar la afectación al derecho colectivo que se encontró violado, incluso, para
fecha de expedición de la sentencia de acción popular, en 2017.
Por lo expuesto, contrario a lo dicho por la apelante, el contrato 09-00-09-18-121-11
también hace parte del título ejecutivo complejo.
· Respecto del contrato suscrito entre Corantioquia y la Unión Temporal Envigado.

En los antecedentes obra el contrato 12-4 del 30 de marzo de 2012, suscrito entre
Corantioquia y la Unión Temporal Envigado. Como se advierte, el municipio de
Envigado no formó inicialmente parte del negocio jurídico.
32
Samai, índice 15, carpeta de antecedentes, PDF de antecedentes, páginas 335 y siguientes.
33
Expediente físico, cuaderno 1, folio 182.
34
Ibidem.
35
Del 14 de julio de 2010, el 12 de mayo de 2011, el 20 de octubre de 2013 y el 5 de octubre de 2016.
36
Del 16 de agosto de 2012 al 26 de septiembre de 2013.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02356-01 (30561)
Demandante: Vértice Ingeniería S.A.S.

No obstante, también obra el otrosí 3 del 24 de octubre de 2012, aspecto que admite
la sociedad en la demanda, que adicionó el contrato anterior, cuya cláusula primera
dispuso «Adherir al contrato N-CON-12-4 del 16 de marzo de 2012, como parte del mismo, al
MUNICIPIO DE ENVIGADO, Representado por el Alcalde Municipal […]»37. Además, en la cláusula
segunda, se estableció «Adicionar el Valor del Contrato N° CON-12-4 del 16 de marzo de 2012,
en DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($250’000.000.00) aportados y pagados a la UT
ENVIGADO por el Municipio de Envigado»38 [subraya la Sección].

En las consideraciones de esta adición contractual, consta que el supervisor del
contrato solicitó las adiciones contenidas en las cláusulas primera y segunda, dado
que, antes de iniciar su ejecución, la entidad territorial estaba adelantando obras en
Canto de Luna, donde «se requería evaluar la evolución del manejo de aguas superficiales
mediante cunetas, cajas y canales y el manejo de aguas subterráneas mediante la ejecución de un
sistema de filtros para captar parte de las aguas subterráneas», y destacó que «Por lo cual al
inicio de los contratos CON12-4 y CON12-3, se consultó con la firma Tecnisuelos en cabeza el
ingeniero […], quien constató la necesidad de ejecutar obras extras y adicionales con el fin de
garantizar la estabilidad del talud bajo el comportamiento que le imponían estas nuevas condiciones
(radicado 1208-9587)»39 [subraya la Sección].

Conforme con lo expuesto, si bien la totalidad de los recursos ejecutados en el
contrato 12-4 no fueron aportados por la entidad territorial, está probado que el
municipio sí aportó $250.000.000 a partir de la adición contractual de octubre de
2012. Adicionalmente, consta que esta intervención tuvo sustento, nuevamente, en
las recomendaciones dadas por Tecnisuelos para la solución del talud presentado
en la urbanización Canto de Luna. Por lo tanto, para la Sección, está demostrada la
relación entre este contrato y la medida cautelar ordenada por el juez popular.

Debe precisarse que la sentencia de acción popular únicamente dispuso el reintegro
«de los gastos en que incurrió el municipio de Envigado»40. Entonces, aunque el valor del
contrato supera los $250.000.000 y la totalidad de los recursos aportados por la
entidad territorial y la nación están destinados a la ejecución de una misma obra,
Envigado sólo cuenta con título ejecutivo para obtener el reintegro de sus aportes
que, se reitera, es de solo $250.000.000.

Con base en lo anterior, el contrato 12-4 con el otrosí 3 hace parte del título ejecutivo
complejo en contra de la sociedad.

Lo expuesto permite concluir que, contrario a lo dicho por la apelante, está probada
la debida conformación del título ejecutivo complejo en su contra, que contiene una
obligación expresa, clara y exigible, conformado por i) la sentencia S02-163 del 19
de julio de 2017 y ii) los contratos 09-00-09-18-216-10 (celebrado con Construgen
S.A.), 09-00-09-18-121-11 (suscrito por la constructora El Portal) y 12-04 con el
otrosí 3 (celebrado con la Unión Temporal Envigado y Corantioquia), que dieron
cumplimiento a la medida cautelar ordenada en el proceso de acción popular.

2. Sobre el monto de la obligación

Al respecto, la demandante afirmó que fue indebidamente tasado en el
mandamiento de pago.

Para esto, se debe reiterar que el valor objeto del cobro por el mandamiento de
37
Ibidem, página 375.
38
Ibidem.
39
Ibidem, páginas 372 y 375.
40
Samai, índice 2, PDF 16. Págs. 173 a 174.

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02356-01 (30561)
Demandante: Vértice Ingeniería S.A.S.

pago ($2.399.170.461) corresponde al 50% del valor actualizado de los contratos
09-00-09-18-216-10 (valor de $236.943.069), 09-00-09-18-121-11 (valor de
$1.243.203.433) y 12-4 (valor de $3.318.194.419).

Respecto de este último contrato, el valor aportado por la demandada no fue de
$3.318.194.419, sino de $250.000.000, por lo que únicamente se deberá tener en
cuenta dicha cifra, actualizada según los parámetros indicados por el comunicado
interno entre las secretarías, que dieron cumplimiento a la sentencia de la acción
popular. Entonces, se tomará como IPC inicial el de octubre de 2012 (mes en que
se suscribió el otrosí 3) y como IPC final del mes de octubre de 2017 (tal como
hicieron las secretarías en el documento referido).

Así las cosas, y conforme lo dispuesto en la sentencia de acción popular, se debe
aplicar la siguiente fórmula:

Valor aportado por el municipio = valor histórico * (IPC final / IPC inicial)
Valor aportado por el municipio = 250.000.000 * (138.07/111.87)
Valor aportado por el municipio = $308.550.102,8

Conforme con lo expuesto, el monto de la obligación realmente corresponde al 50%
de la suma de los tres contratos por valores de $236.943.069, $1.243.203.433 y
$308.550.102,8. Es decir, que del total de $1.788.696.604,8, el valor de la deuda a
cargo de la demandante es de $894.348.302,4.

Este cargo de la apelación prospera, lo que tiene como consecuencia la nulidad
parcial de los actos acusados. Debido a esto, la sala continuará con el estudio de
los demás argumentos propuestos por la apelante.

3. Sobre la existencia de un error sustancial

La apelante sostuvo que el mandamiento de pago incurrió en un error sustancial en
la identificación del título ejecutivo, pues invocó la resolución 163 de 2017, en vez
de la sentencia de acción popular.

Frente a este punto, se evidencia que el mandamiento de pago identificó como título
ejecutivo «la Resolución 163 del 19 de julio de 2017, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada
y de ella se desprende una obligación expresa, clara y exigible de pagar […]»41, pero en la parte
resolutiva afirmó que correspondía al «concepto de la [sic] sentencias judiciales y
conciliación».

Por su parte, la resolución 5737 del 14 de mayo de 2019, que declaró no probadas
las excepciones formuladas por la demandante, invocó el artículo 45 de la Ley 1437
de 2011, sobre corrección de errores formales, y el artículo 849-1 del Estatuto
Tributario, que regula la subsanación de irregularidades en el trámite de cobro
coactivo. Con base en dichas normas, señaló que «[…] toda vez que como se dijo
anteriormente hubo un error de digitación en el Mandamiento de Pago N° 201801960 del 24 de julio
de 2018, al ingresar la expresión Resolución 163 de 19 de julio de 2017 y no lo adecuado que era
Sentencia N° S02 – 163 AP del 19 de julio de 2017 […]»42.

De las normas señaladas en el acto acusado, la sala destaca que el artículo 849-1
del Estatuto Tributario prevé que las irregularidades que se presenten en el
procedimiento de cobro «deberán subsanarse en cualquier tiempo, de plano, antes de que se
41
Samai, índice 15, carpeta de antecedentes, PDF de antecedentes, páginas 227 a 228.
42
Ibidem, página 447.

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02356-01 (30561)
Demandante: Vértice Ingeniería S.A.S.

profiera la actuación que aprueba el remate de los bienes». Así las cosas, nada impedía que
el municipio corrigiera el error en que incurrió en el mandamiento de pago al referirse
a la resolución 163 de 2017, aclarando que la obligación se desprendía de la
sentencia de acción popular.
Sumado a lo anterior, para este caso, es irrelevante que el error cometido en el
mandamiento de pago sea sustancial o formal, dado que, al ser un acto de trámite,
y no definitivo, podía ser objeto de subsanación en cualquier tiempo y de plano,
conforme la norma analizada, sin que fuera necesario adelantar el trámite de
revocatoria directa y sin que esta decisión constituya una violación del derecho de
defensa de la sociedad demandante.
4. Sobre la reviviscencia ilegítima de una etapa procedimental
En cuanto a que fue revivida ilegítimamente una etapa del procedimiento de cobro
coactivo, la apelante aseguró que el tribunal cometió un error al negar los cargos
relacionados con la revocatoria directa sin autorización expresa de la sociedad, con
fundamento en que no se pretendió la nulidad de la resolución 3758 de 2019 (que
anuló la decisión inicial sobre excepciones), pues esa misma autoridad judicial había
exigido retirar la pretensión de la nulidad en el auto inadmisorio, por considerarlo un
acto de trámite.
Para decidir, se pone de presente que el tribunal profirió el auto del 24 de septiembre
de 2019, que inadmitió la demanda inicial, exponiendo lo siguiente43: 1. Se deberá
realizar una aclaración frente a las pretensiones de la demanda y de la solicitud de la medida
cautelar, en el sentido de precisar cuál o cuáles son los actos administrativos susceptibles de control
judicial, cuya nulidad se pretende. Ello por cuanto en virtud de la Resolución No. 3758 del 21 de
marzo de 2019, se declaró la nulidad de la Resolución No. 17296 con fecha del 09 de octubre de
2018, y mediante el oficio No. 0600-20194986 del 09 de mayo de 2019, se confirmó la decisión
contemplada en la Resolución No. 3758; en ese entendido los actos administrativos citados no son
posibles de ser cuestionados ante la Jurisdicción [de lo] Contencioso Administrativa, de conformidad
con el artículo 43 de la Ley 1437 de 2011.

Esta decisión no fue objeto de recurso alguno por la demandante. Por el contrario,
presentó un memorial de subsanación, aceptando la apreciación del a quo, en los
siguientes términos44:
De acuerdo con lo indicado en el citado Auto para la admisión de la demanda presentada, nos
permitimos aclarar que el Acto Administrativo que es susceptible de control judicial y cuya
nulidad se pretende es la Resolución No. 5737 de 14 de mayo de 2019, por medio de la cual
se resuelve una excepción contra un mandamiento de pago, acto expedido bajo el proceso de
cobro coactivo expediente 43656, siendo éste el que se configura como el acto definitivo que
resuelve el fondo del asunto, al tenor del artículo 43 de la Ley 1437 de 2011 citado en referido
Auto.
[…]
En consecuencia de la anterior aclaración, los cargos presentados frente a la Resolución No.
3758 de 21 de marzo de 2019 y el Acto Administrativo – Oficio No. 0600-20194986 de 9 de
mayo de 2019 plasmados en el acápite de FUNDAMENTOS DE DERECHO – CONCEPTO DE LA
VIOLACIÓN, pasan a ser antecedentes de la impugnación de cargos señalada en la demanda
para que se declare la nulidad de la Resolución No. 5737 de 14 de mayo de 2019.

Así, la decisión del a quo de que la resolución 3758 de 2019 corresponde a un acto
de trámite, y no definitivo, está en firme y no es objeto de discusión por parte de la
demandante; en consecuencia, no era procedente pretender su nulidad, dadas las
circunstancias particulares de este asunto, tal como lo señaló la demandante.

43
Samai, índice 14, PDF del auto de inadmisión de la demanda.
44
Samai, índice 15, PDF de subsanación de la demanda.

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02356-01 (30561)
Demandante: Vértice Ingeniería S.A.S.

Precisado lo anterior, se destaca que el cargo de nulidad propuesto, conforme al
memorial de subsanación, corresponde al de expedición irregular del acto
administrativo (resolución 5737 de 2019), el cual solo opera cuando el defecto
procedimental tiene la entidad suficiente para vulnerar de forma directa y relevante
derechos o garantías de las partes45.
Para verificar el cumplimiento de estas condiciones, se observa que, aunque la parte
resolutiva de la resolución 17296 de 2018 negó las excepciones propuestas, su
parte considerativa fundamentó la decisión únicamente en que la sociedad se
encontraba en proceso de reorganización, sin realizar un estudio de fondo de los
argumentos de la demandante46.
La resolución 3758 de 2019 declaró la nulidad procesal de lo anterior, para lo cual
invocó el artículo 849-1 del Estatuto Tributario, que, como se explicó, faculta a la
administración para subsanar, de plano, cualquier irregularidad antes de la
actuación que aprueba el remate de los bienes. Con base en esto, resolvió declarar
la nulidad de la resolución que inicialmente había resuelto las excepciones, pues
consideró «necesario subsanar los errores involuntarios en que incurrió la Secretaría de Hacienda,
sección cobro coactivo con fundamento en la respuesta a las excepciones consignadas en la
Resolución 17296 de 09/10/2018 información que no correspondía con la realidad procesal ni con el
estado actual de la Sociedad Vértice Ingeniería S.A.S., identificada con NIT […], por cuanto esta no
se encuentra en proceso de reorganización, tal como se dijo en la resolución que se deja ya sin
efectos».

Según se evidencia, aunque el primero de los actos referidos afirmó que negaba
las excepciones propuestas, en realidad no analizó los argumentos de la sociedad,
dado un error sobre la existencia del proceso de reorganización. De este modo, una
vez se comprobó que no existía dicho obstáculo para analizar las excepciones
propuestas por la demandante, en garantía de su derecho de defensa, se optó por
proferir una nueva resolución que resolviera de fondo los reparos frente al
mandamiento de pago.
Por lo anterior, la sala concluye que no se configuró una expedición irregular del
único acto acusado, pues las actuaciones previas a él en realidad estuvieron
encaminadas a garantizar el derecho de defensa de la sociedad.
5. Sobre si se configuró el fenómeno de la prescripción
La demandante alegó que se configuró la prescripción de la obligación, dado que el
municipio de Envigado no presentó el respectivo incidente de liquidación de la
sentencia proferida dentro del proceso de acción popular, como lo prevé el artículo
283 del Código General del Proceso, por remisión del 34 de la Ley 472 de 1998.
Para decidir este cargo, basta con reiterar que en este caso no era procedente la
aplicación de esa norma, tal como se expuso previamente, pues no se impuso
condena de perjuicios a favor de una entidad pública no culpable.
Debido a lo anterior, la sala tampoco evidencia que el a quo haya omitido decidir
sobre este cargo, pues también descartó la aplicación de la norma referida.
6. Conclusión del análisis de los cargos
Con base en lo expuesto, prosperó parcialmente la apelación, en tanto que el monto
indicado en el mandamiento de pago no corresponde al título ejecutivo complejo.

45
Al respecto, ver la sentencia del 7 de septiembre de 2023, exp. 27537, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
46
Samai, índice 15, carpeta de antecedentes, PDF de antecedentes, páginas 390 a 391.

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02356-01 (30561)
Demandante: Vértice Ingeniería S.A.S.

En consecuencia, la sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, declarará la
nulidad parcial del acto acusado y, a título de restablecimiento del derecho,
declarará probada parcialmente la excepción de falta de título ejecutivo y dispondrá
ajustar el monto de la obligación, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
7. Costas
De acuerdo con el numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión del artículo 188 de la ley 1437 de 2011, como se revocará la
sentencia de primera instancia y se accederá parcialmente a las pretensiones
formuladas, la sala se abstendrá de imponer condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia apelada, proferida el 25 de junio de 2025, por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión.

2. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la resolución 5737 del 14 de mayo de 2019,
por medio de la cual el municipio de Envigado resolvió las excepciones contra
el mandamiento de pago librado en auto 201801960 del 24 de julio de 2018.

3. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR probada parcialmente la
excepción por falta de título ejecutivo y, en consecuencia, ajustar el monto de
la obligación determinado en el mandamiento de pago a $894.348.302,4, más
los intereses moratorios y las actualizaciones mensuales que procedan hasta
el momento del pago.

4. ABSTENERSE de imponer condena en costas.

5. RECONOCER a John Estik Grajales Villada como apoderado judicial de la parte
demandada, en los términos del poder conferido (Samai, índice 18).

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con salvamento de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.