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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02374-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02374-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR INTEGRALMENTE la sentencia de dieciséis (16) de julio de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Sexta de Decisión, mediante la cual ordenó seguir adelante con la ejecución, de conformidad con las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. 20 Número Interno: 6172-2024 Demandante: María de Jesús Betancur Betancur Demandado: ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Aclaración de voto Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. 21

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-02374-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 05001-23-33-000-2019-02374-01 (6172-2024)1
Demandante : María de Jesús Betancur Betancur
Demandado : ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado
Acción : Ejecutivo
Tema : Sumas adeudadas a causa del reintegro
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y
demandada contra la sentencia de dieciséis (16) de julio de dos mil veinticuatro
(2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Sexta de Decisión,
mediante la cual ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de la ESE
Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda2

1.1.1 Pretensiones

1. La parte actora, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda
ejecutiva, en orden a que se librara mandamiento de pago a su favor, y en contra
de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, por las siguientes sumas y
conceptos: (i) $264.071.858, por concepto de salarios y prestaciones dejadas de
percibir entre el 1 julio de 2009 y el 21 de mayo de 2018, después de los descuentos
por salud y por pensiones; (ii) «Por la suma que arroje la liquidación de los intereses moratorios
liquidados en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984), desde el 22 de mayo de 2018 y hasta el pago efectivo de la condena sobre la suma de
($264.071.858), intereses que, al 12 de agosto de 2019, arrojan un valor de $ 115.683.647» y, (iii)

1
Obrante en la herramienta electrónica Samai.
2
Samai del tribunal de origen, índice 41 expediente digital (26ED_OneDrive_20241007zip(.zip) NroActua 41)…

Número Interno: 6172-2024
Demandante: María de Jesús Betancur Betancur
Demandado: ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado

la condena en costas a la ejecutada.

1.1.2 Los hechos

2. Se indica en la demanda que, mediante sentencia de veintidós (22) de mayo de
dos mil Trece (2013) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala de
Descongestión- Subsección laboral, Sala primera de decisión-, se declaró, «la nulidad
parcial Acuerdo 014 de15 de octubre de 2003 expedido por la Junta Directiva de la demandada, en
cuanto ordenó la supresión del cargo de la señora María de Jesús Betancur Betancur, y de la
Resolución 336 de 21 de octubre de 2003, que no incorporó a la actora a la nueva planta de personal
[…]», sentencia que quedó debidamente ejecutoriada el veintiuno (21) de noviembre

de dos mil diecisiete (2017)3.

3. El fallo dispuso que para el cumplimiento de la misma se debía atender a lo
dispuesto en los artículos 176,177 y 178 del Código Contencioso Administrativo
(CCA); en ese sentido se aduce en la demanda que , «La sentencia proferida por la
Subsección Laboral de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia quedó ejecutoriada
el 21 de noviembre de 2017, lo que quiere decir que los 18 meses a partir de los cuales se empieza
a contar la caducidad terminaron el 22 de mayo de 2019, por cuanto es a partir de esa fecha que se
podía cobrar ejecutivamente la obligación.»

4. Indicó que, a través de la Resolución 1504 del diecisiete (17) de mayo del dos mil
dieciocho (2018) el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado reintegró a la señora
María de Jesús Betancur Betancur al cargo que venía desempeñando de Auxiliar
de Enfermería.

5. Que, mediante Resolución No. 1519 del 21 de mayo de 2018, el Hospital Manuel
Uribe Ángel, aceptó la renuncia de la señora María de Jesús Betancur Betancur a
partir del 21 de mayo de 2018. «En realidad se trató de aceptar la manifestación de la actora
de no reintegrarse al cargo.»

6. Para dar cumplimiento a la sentencia, el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado
expidió la Resolución 3102 del 19 de noviembre de 2018, en la cual se dispuso que
la liquidación, «se hace hasta el 30 de junio de 2009 en virtud de que mediante Resolución 17311
del 24 de Junio de 2009 emanada del ISS, donde se le reconoce la pensión de vejez desde el 1 de
julio de 2009»

7. Que, en dicha resolución se reconoció por concepto de intereses de mora la suma
de $2.512.930, sin embargo, asevera que, «los intereses se debieron liquidar a una tasa del

3
Ibidem.

2

Número Interno: 6172-2024
Demandante: María de Jesús Betancur Betancur
Demandado: ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado

1.5% del interés bancario corriente y, en ese caso, ese concepto arrojaría una suma de $ 33.235.354,
es decir, se adeudaría la suma de $ 30.722.424.»

8. Para tal efecto se aportó con la demanda liquidación que corresponde a los
salarios y prestaciones dejadas de percibir entre el 1 ° de julio de 2009 y el 21 de
mayo de 2018, «periodo que no pagó el Hospital Manuel Uribe Ángel», que arrojó la suma
de ($ 264.071.858), Adicional a lo anterior, se liquidaron los intereses generados
sobre ese valor hasta el 12 de agosto de 2019, lo que arrojó por dicho concepto
(intereses de mora) una suma de $ 115.683.647, lo que representa un valor total de
la condena pendiente a esa fecha (12 de agosto de 2019) de $379.755.505.

1.1.3 Mandamiento ejecutivo

9. El Tribunal, mediante el auto del seis (6) de marzo de dos mil veinte (2020)4, libró
mandamiento de pago, en los siguientes términos:

«a) DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($264.071.858), correspondiente a los salarios y
prestaciones dejadas de percibir entre el 1° de julio de 2009 y el 21 de mayo de 2018, no
liquidados en la Resolución No. 3102 del 19 de noviembre de 2018, expedida en cumplimiento
de la sentencia proferida el 22 de mayo de 2013.

b) CIENTO QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS ($115.683.647), por concepto de intereses moratorios causados
desde la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta el 12 de agosto de 2019.

c) Por los intereses moratorios que se causen desde el 13 de agosto de 2019 hasta el pago
total y efectivo de la obligación.»

1.1.4. La oposición de la entidad ejecutada5

10. Contra la orden de apremio la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado
interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera negativa mediante
proveído del once (11) de diciembre de dos mil veinte (2020), así:

«En otras palabras, el pago que aduce realizó la entidad y con el cual considera saldada la
acreencia reclamada no toca con la exigibilidad de la obligación, más bien puede tenerse como
excepción tendiente a desvirtuar las pretensiones de la demandante que ha de estudiarse y
resolverse al momento de resolver de fondo el asunto en cuestión, previo al decreto y practica
de pruebas solicitado por ambas partes.

Ahora, en cuanto al argumento de que la obligación no es clara ni expresa, tampoco se
comparte la apreciación de la recurrente, en tanto que, la obligación que se reclama se
encuentra contentiva en una sentencia judicial que tiene el carácter de título ejecutivo y son
claras las obligaciones de hacer y dar a cargo de la entidad, sin que se exista duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación.»

1.1.5. Contestación de la demanda6

4
Samai del tribunal de origen, índice 41 expediente digital (03 Cuaderno1conexopdf))
5
Samai del tribunal de origen, índice 41 expediente digital (10 AutoNoreponepdf)
6
Samai del tribunal de origen, índice 41 expediente digital (11.Contestasionpdf)

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Número Interno: 6172-2024
Demandante: María de Jesús Betancur Betancur
Demandado: ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado

11. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por considerar
que las sumas ordenadas en la Sentencia con fecha de 22 de mayo de 2013, fueron
canceladas en su totalidad a la señora María de Jesús Betancur Betancur por parte
de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado.

12. Propuso como excepciones las que denominó, «(i) pago total de la obligación
demandada, (ii) cumplimiento de la obligación, (iii) el reconocimiento de la pensión de
invalidez a la demandante generó un hecho no decidido en la sentencia judicial adosada
como base del recaudo ejecutivo, (iv) inexistencia del título ejecutivo –la parte actora debió
demandar el acto administrativo mediante el cual se dio cumplimiento a la sentencia judicial,
(v) inexistencia de la obligación demandada, (vi) falta de causa para pedir, (vii) abuso del
derecho, (viii) enriquecimiento sin causa y (ix) prescripción.»

13. Respecto de las excepciones el a quo se pronunció a través del auto del primero
(1°) de agosto de dos mil veintidós (2023)7, donde señaló, que en el presente asunto
se dan los presupuestos contemplados en artículo 278 del Código General del
Proceso, para dictar sentencia anticipada de manera escrita. En ese sentido al fijar
el litigio indicó que el mismo se contrae a determinar si prosperan las excepciones
de pago total de la obligación y prescripción, dando lugar a terminar el proceso, o
si, por el contrario, se adeudan sumas de dinero, por lo que procede seguir adelante
con la ejecución.

1.1.6. La sentencia de primera instancia8

14. Mediante sentencia de dieciséis (16) de julio de dos mil veinticuatro (2024) el
Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Sexta de Decisión, ordenó seguir adelante
con la ejecución en contra de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, al
respecto, dispuso:

«PRIMERO: SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN en contra de la ESE HOSPITAL
MANUEL URIBE ÁNGEL con Nit. 890.906.347, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.

SEGUNDO: Sin costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, cualquiera de las partes puede presentar la
liquidación del crédito, de conformidad con el artículo 446-1 del CGP.»

15. En su providencia, el Tribunal anotó que, la ejecutante fue retirada del cargo
mediante resolución 336 de 21 de octubre de 2003 y reintegrada mediante
Resolución 1504 de 17 de mayo 2018, por lo que la liquidación de sus salarios y
prestaciones sociales conforme a lo ordenado en la sentencia se tendría que realizar

7
Samai del tribunal de origen, índice 19
8
Samai del tribunal de origen, índice 29.

4

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Demandante: María de Jesús Betancur Betancur
Demandado: ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado

desde el 21 de octubre de 2003 y hasta el 17 de mayo de 2018. No obstante, advirtió
que mediante Resolución 017311 de 24 de junio de 2009, el Instituto de Seguros
Sociales reconoció una pensión de vejez a la actora a partir de 1 de julio de 2009,
especificando que la pensión liquidada será ingresada en la nómina de julio y que
es «incompatible con la percepción de otras asignaciones o pensiones del erario público»

16. Finalmente, advirtió que, «si bien la parte actora considera que el pago de los salarios y
prestaciones sociales debe realizarse hasta la fecha del retiro forzoso descontando lo percibido por
pensión, lo cierto es que la sentencia de 22/5/2013 no ordena ello.» Lo cierto es que, el Consejo

de Estado, en aquellos casos en que el fallo judicial dispone un reintegro laboral y
el demandante adquiere el estatus de pensionado, «en estos eventos el restablecimiento
del derecho como consecuencia de la nulidad del acto de retiro comprenderá el tiempo que va desde
el retiro hasta la inclusión en nómina de pensionados. Esto debido a que el cumplimiento de los fallos
va hasta donde sea jurídica y físicamente posible acatarlos»9, en ese orden indicó que, el pago
de los salarios y prestaciones sociales solo resulta procedente hasta el 30 de junio de 2009.

17. Por todo lo anterior y ante la validación del título ejecutivo (sentencia judicial) y
los actos administrativos que le dan cumplimiento, determinó que la ejecutada
liquidó «intereses por mora, a la tasa DTF del 8 de mayo al 21 de septiembre de 2018», pero la
sentencia ordenó el cumplimiento con fundamento en los artículos 176, 177 y 178
del CCA y, en todo caso, el pago fue realizado según la orden 51960 de 24 de
septiembre de 2018, mediante consignación bancaria de la misma calenda.

18. Por consiguiente, ordenó continuar con la ejecución pues determinó que aún
subsiste la obligación a cargo del deudor, pues a su criterio la liquidación de
intereses no cumple con lo ordenado en la sentencia ni coincide con la fecha del
pago efectivo.

1.1.7. Recursos de apelación.

19. La parte actora10, apela la sentencia en lo referente a que, «el pago de salarios y
prestaciones sociales solo resulta procedente hasta el 30/6/2009». Y, contra lo señalado en la

misma providencia con relación a, “si bien la parte actora considera que el pago de los salarios
y prestaciones sociales debe realizarse hasta la fecha del retiro forzoso descontando lo percibido
por pensión, lo cierto es que la sentencia de 22/5/2013 no ordena ello»

20. Sustenta su disenso, apartándose del precedente citado por el tribunal11 pues
considera que, en este caso, se debió disponer seguir adelante con la ejecución por
la diferencia entre lo que percibió la actora por pensión y lo que correspondería por

9
«Consejo de Estado. Sentencia de 9/9/2021 (3660-19).»
10
Samai del tribunal de origen, índice 33.
11
«sentencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 9 de septiembre de 2021, radicación
número: 76001-23-33-000-2015-00265-02(3660-19), Consejera Ponente Dra. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ»

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Número Interno: 6172-2024
Demandante: María de Jesús Betancur Betancur
Demandado: ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado

salarios y prestaciones, pues en tal caso no se incurre en la prohibición de devengar
una doble asignación del erario público; bajo el siguiente criterio, «para el año 2009
equivalía a una mesada pensional de $1.036.482, mientras que el salario con el cual se le liquidaron
las obligaciones laborales, equivalió a $1.575.170, lo que arroja una diferencia de $538.688, valor
por el cual se debió seguir adelante con la ejecución.» postura que respalda en el artículo

150 de la Ley 100 de 199312.

21. Igualmente sustenta su inconformidad en copiosa jurisprudencia de la
Corporación13, para significar que, el hospital demandado estaba en la obligación de
liquidar toda la condena y, en aplicación de la prohibición establecida en el artículo
128 de la Constitución Política, debía descontar lo percibido por pensión por la
señora María de Jesús Betancur Betancur. Así debió ordenarse por parte de
Tribunal.

22. También apela la apoderada de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel,
aduciendo que, si bien no se tiene un criterio unificado frente a la norma que se
debe aplicar para la liquidación de los intereses moratorios de las condenas
impuestas en aquellos asuntos en curso durante el tránsito de legislación, la Sección
Segunda de esta esta Corporación, ha indicado que14

“iii) Tasa de mora aplicable para créditos judicialmente reconocidos mediante
sentencias y conciliaciones cuando existe variación en el tránsito de legislación.

34. La Sala de Servicio y Consulta Civil de esta Corporación, en concepto de veintinueve (29)
de abril de 2014, estableció unas reglas conforme a las cuales, se deben liquidar los intereses
moratorios, indicando que, sí el incumplimiento de la referida obligación, esto es, la mora en
el pago, se inició antes del tránsito de legislación y se prolonga durante la vigencia de la nueva
ley, el pago de tales intereses, debe imponerse y liquidarse por separado, teniendo en cuenta
la norma vigente al momento de la transgresión, de la siguiente forma:

«¿Cuando una entidad deba dar cumplimiento a una sentencia o conciliación proferida con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (julio 2 de 2012), pero cuya
demanda fue interpuesta con anterioridad a esta fecha; ¿se debe liquidar el pago con intereses
moratorios de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1437 de 2011 o con las disposiciones
para la liquidación de intereses moratorios del Decreto 01 de 1984?
La tasa de mora aplicable para créditos judicialmente reconocidos en sentencias
condenatorias y conciliaciones debidamente aprobadas por la jurisdicción es la vigente al

12
«ARTÍCULO 150. Reliquidación del monto de la pensión para funcionarios y empleados públicos. Los funcionarios y
empleados públicos que hubiesen sido notificados de la resolución de jubilación y que no se hayan retirado del cargo, tendrán
derecho a que se les reliquide el ingreso base para calcular la pensión, incluyendo los sueldos devengados con posterioridad
a la fecha de notificación de la resolución.
PARÁGRAFO . No podrá obligarse a ningún funcionario o empleado público a retirarse del cargo por el solo hecho de haberse
expedido a su favor la resolución de jubilación, si no ha llegado a la edad de retiro forzoso.»
13
«sentencia 2004-01862 del 7 marzo de 2019 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Rad.:
68001-23-31- 000-2004-01862-01(0964-10), Consejero Ponente César Palomino Cortés; sentencia del 4 de agosto de 2010
de la Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, radicación
número: 25000-23-25-000-2004-06145-01(2533-07); sentencia del 6 de septiembre de 2012, Radicación número: 05001-23-
31-000-2004-06871-01(2389-11), Consejero Ponente Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila y sentencia del 10 de sentencia
2004-01862 del 7 marzo de 2019 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Rad.: 68001-23-31-000-
2004-01862-01(0964-10), Consejero Ponente César Palomino Cortés; sentencia del 4 de agosto de 2010 de la Sección
Segunda, Subsección A, Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, radicación número: 25000-23-
25-000-2004-06145-01(2533-07); sentencia del 6 de septiembre de 2012, Radicación número: 05001-23-31-000-2004-06871-
01(2389- 11), Consejero Ponente Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila y sentencia del 10 de febrero de 2011, la misma
Subsección A, Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, radicación número: 25000-23-25-000-
2004- 05468-01(1516-09) y del 3 de febrero de 2022 de la Subsección B de la Sección segunda del Consejo de Estado,
Consejero Ponente Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS, radicado 17001 23 33 000 2013 00020 01, Radicado interno 0563 –
2014»
14
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B. Consejera ponente: SANDRA
LISSET IBARRA VÉLEZ. Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 25000-
23-25-000-2016-00013-01(1949-18)

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Número Interno: 6172-2024
Demandante: María de Jesús Betancur Betancur
Demandado: ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado

momento en que se incurre en mora en el pago de las obligaciones dinerarias derivadas de
aquellas. En consecuencia, cuando una entidad estatal deba dar cumplimiento a una
sentencia proferida o conciliación aprobada con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 1437 de 2011 (julio 2 de 2012), pero cuya demanda fue interpuesta con anterioridad a
esta, debe liquidar el pago con intereses moratorios de acuerdo con las disposiciones de la
Ley 1437 de 2011. Igualmente, si el incumplimiento de la referida obligación se inicia antes del
tránsito

de legislación y se prolonga durante la vigencia de la nueva ley, la pena, esto es, el pago de
intereses moratorios, deberá imponerse y liquidarse por separado lo correspondiente a una y
otra ley.

35. En conclusión, la tasa de mora aplicable para créditos judicialmente reconocidos mediante
sentencias y conciliaciones es aquella vigente al momento en que se incurre en mora en el
pago de las obligaciones dinerarias derivadas de estas, toda vez que ella es una infracción
que se comete día a día”.

1.1.8. Trámite de segunda instancia

23. Por medio de auto del diez (10) de febrero de dos mil veinticinco (2025)15, el
consejero ponente admitió los recursos de apelación interpuestos por las partes
conforme a lo previsto en el artículo 247 del CPACA; y, al no haber pruebas por
practicar, el proceso ingresó al despacho para fallo, sin pronunciamiento del Ministerio
Público, ni de las partes.16

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

24. La Sala es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

2.1.2. Problemas jurídicos.

25. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

(i)¿El reconocimiento de la pensión a favor de la demandante, ocurrido durante el
período objeto de liquidación de la condena, extingue el derecho al pago de los
salarios y prestaciones sociales causados con posterioridad a su inclusión en
nómina de pensionados?

(ii) ¿Cuál es la norma que resulta aplicable para la liquidación de los intereses moratorios
reclamados por la parte ejecutante?

15
Samai - índice 4.
16
Samai - índice 4.

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Demandado: ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado

(iii) ¿Se configuró la excepción del pago total de la obligación alegada por la entidad
ejecutada, atendiendo a la suma de los intereses moratorios que adujo le fueron
reconocidos y sufragados a la parte ejecutante?

2.1.3. Generalidades del proceso ejecutivo.

26. El proceso ejecutivo busca «asegurar que el titular de una relación jurídica que crea
obligaciones pueda obtener, por medio de la intervención estatal, el cumplimiento de ellas,
compeliendo al deudor a ejecutar la prestación a su cargo, si ello es posible, o si no, conduciéndolo
a que indemnice los perjuicios patrimoniales que su inobservancia ocasionó» 17. El instrumento

que sirve como base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina título
ejecutivo, que se define como el «documento que representa una declaración de la voluntad
del juez o de las partes, es aquél que trae aparejada la ejecución, o sea, en virtud del cual cabe
proceder sumariamente al embargo y venta de bienes del deudor moroso, a fin de satisfacer el capital
o principal debido, más los intereses y costos.”18

27. Pues bien, el artículo 297 del CPACA establece que, constituyen título ejecutivo:
i) las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública
al pago de sumas dinerarias; (ii) las decisiones en firme proferidas en desarrollo de
los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades
públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y
exigible; (iii) los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con
el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de
liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad
contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo
de las partes intervinientes en tales actuaciones; y (iv) las copias auténticas de los
actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el
reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y
exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa.

28. A su vez, el artículo 422 del Código General del Proceso (así como el texto
original del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil), prevén que pueden
demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan
plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida
por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las
providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen
honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley.

17
López Blanco, Hernán Fabio. (2004). Procedimiento Civil. Parte Especial. Bogotá: DUPRÉ Editores
18
Carnelutti, Francesco. (1942). Instituciones del nuevo procedimiento civil italiano. Barcelona: Editorial Bosch.

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Demandado: ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado

29. De la norma en cita se desprenden las características de la obligación, a saber,
que sea clara, expresa y exigible; que esté consignada en un documento; y,
finalmente, que además de los documentos que provengan del deudor -o del
causante, según el caso-, las sentencias de condena, o cualquier otra providencia
judicial con fuerza ejecutiva, revisten el carácter de títulos ejecutivos.

30. En cuanto a los atributos del título ejecutivo, se tiene que, la obligación es
expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una
presunción legal o una interpretación normativa; es clara, cuando sus elementos
aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o
sujetos de la obligación; y es exigible cuando no depende del cumplimiento de un
plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido19.

31. Asimismo, es dable sostener que, esta Sala, en providencia del Treinta (30) de
Mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024)20 dispuso que, «cuando se pretende el cumplimiento
de una obligación a cargo del Estado, el título ejecutivo se constituye exclusivamente en la sentencia,
no solo porque el artículo 297 del CPACA no condicionó su integración con el acto administrativo de
cumplimiento, sino además porque no se cumplen con los requisitos para que pueda ser catalogado
como título complejo, pues no existe una relación inescindible entre estos para determinar su claridad
y exigibilidad». En ese contexto, una vez se allegan los documentos correspondientes,

y antes de dar inicio al proceso ejecutivo, corresponde al juez verificar si el título
ejecutivo cumple con los requisitos legales, esto es, si contiene una obligación clara,
expresa y exigible.

2.1.4. La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago

32. Sobre la carga probatoria en los procesos ejecutivos que versen sobre
obligaciones de pagar sumas de dinero, y en los cuales se formule la excepción de
pago, esta Sala ha sostenido que, para que «el juez pueda dar por acreditado dicho pago,
el deudor debe aportar pruebas que evidencie la entrega de los dineros al acreedor, tanto del capital
como de los intereses cuando exista retardo, no bastando con la expedición de los actos
administrativos que den cumplimiento a lo ordenado en los fallos judiciales» 21

33. En estos eventos, es la parte ejecutada la que tiene la carga de la prueba frente
al pago de la obligación, conforme a lo dispuesto en los artículos 167 del CGP, 103
del CPACA y 1757 del Código Civil. Si no se demuestra el cumplimiento total de la

19
Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 30 de mayo
de 2024, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Radicación: 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022)

21
Así quedó expuesto, entre otras, en la sentencia de fecha 30 de mayo de 2024, Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar

9

Número Interno: 6172-2024
Demandante: María de Jesús Betancur Betancur
Demandado: ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado

obligación, el juez deberá ordenar seguir adelante con la ejecución, en tanto el título
ejecutivo conserva su fuerza ejecutiva y el crédito permanece insatisfecho.

34. En lo atinente la orden de seguir adelante con la ejecución, esta Sala, en
providencia del Dieciocho (18) de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017)22, precisó que:
«la orden de seguir adelante significa que el juez encuentra que el título ejecutivo se ajusta por
completo a la legalidad y que, por tanto, el deudor debe proceder a honrar la obligación insatisfecha.
En esta etapa, queda agotada la defensa del ejecutado y lo que queda por resolver, es únicamente
la satisfacción definitiva y completa del crédito cobrado judicialmente. De ahí que las acciones que
debe desplegar la justicia a partir de la ejecutoria de la orden de seguir adelante con la ejecución
estarán entonces encaminadas exclusivamente a obtener el pago a favor del acreedor y una vez ese
hecho se produzca, se deberá disponer la terminación del proceso ejecutivo».

35. En consonancia con lo expuesto, esta misma Sala, en sentencia del Dieciséis
(16) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)23, reafirmó que, la naturaleza de esta
decisión se circunscribe a verificar que el título ejecutivo se ajuste a la legalidad y a
determinar si subsiste o no la obligación a cargo del deudor, pues, es en la etapa
siguiente, esto es, la liquidación del crédito, que se determinará con exactitud el
monto de la deuda y se podrán tener en cuenta los abonos o pagos efectuados. Así
lo explicó la Corte Constitucional24, al sostener que: “en ese momento procesal «(i) ya se
ha proferido un mandamiento de pago en el que se ha señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una
sentencia en firme que decide en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento
desde cuando se hizo exigible; y (iii) también está plenamente establecido el monto de la deuda en
la unidad monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Así las cosas, las operaciones que
restan para liquidar el crédito son la determinación del monto a pagar en moneda nacional, si es el
caso, y el cálculo del valor de los intereses, que se establece a partir del tiempo trascurrido desde
que la obligación se hizo exigible».

2.1.5 Hechos probados. 25

36. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dosier, la Sala encuentra
acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:

a) Mediante la sentencia de veintidós (22) de mayo dos mil trece (2013),
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala de Descongestión-
Subsección laboral, Sala primera de decisión-, se resolvió (i) declarar la nulidad
parcial del Acuerdo 014 del quince (15) de octubre de dos mil (2003) expedido por
la Junta Directiva del ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, en cuanto

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Auto del 18 de mayo de
2017, radicación 15001-23-33-000-2013-00870-02 (0577-17).
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 16 de octubre
de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 68001-23-33-000-2018-00871-01 (2234-2024).
24
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-814 de 2009.

25
Samai del tribunal de origen, índice 41 (26ED_OneDrive_20241007zip(.zip) NroActua 41)

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Demandante: María de Jesús Betancur Betancur
Demandado: ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado

ordenó la supresión del cargo de la señora María de Jesús Betancur Betancur, y de
la Resolución 336 de veintiuno (21) de octubre de dos mil tres (2003), que no
incorporó a la actora a la nueva planta de personal, (ii) como consecuencia de lo
anterior, ordenó a la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado reintegrar a la
señora María de Jesús Betancur Betancur al cargo que venía desempeñando, o a
otro de igual o superior categoría, y a pagarle los salarios y prestaciones sociales
dejados de devengar desde la fecha del retiro y hasta que se produzca el reintegro
efectivo al cargo, así como el pago de los aportes por este periodo a las entidades
de Seguridad Social (iii) actualizar las sumas que resulten a favor de la actora, como
lo ordena el artículo 178 CCA, (iv) no existido solución de continuidad, (v) descontar
de las sumas resultantes lo pagado por concepto de indemnización por supresión
del cargo y liquidación definitiva de prestaciones sociales y (vi) «Désele cumplimiento
a esta sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 CCA»

b) A través de proveído del dieciocho (18) de junio dos mil trece (2013), el Tribunal
Administrativo de Antioquia Sala de Descongestión- Subsección laboral, Sala
primera de decisión-, rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la anterior sentencia y, en consecuencia, declaró
que dicha providencia se encuentra ejecutoriada a partir del diecisiete (17) de junio
de dos mil trece (2013).

c) Esta Corporación, en providencia de cinco (5) de octubre de dos mil diecisiete
(2017), declaró bien negado el recurso de apelación interpuesto por la E.S.E.
Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado (Antioquia). contra la sentencia del 22 de
mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Salas de
Descongestión. Subsección Laboral. Sala primera de decisión.

d) El ocho (8) de mayo de dos mil dieciocho (2018), la señora María de Jesús
Betancur Betancur, actuando a través de apoderada, radicó ante la E.S.E. Hospital
Manuel Uribe Ángel de Envigado (Antioquia) una petición encaminada a dar
cumplimiento a la sentencia del de veintidós (22) de mayo dos mil trece (2013),
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala de Descongestión-
Subsección laboral, Sala primera de decisión.

e) Por medio de la resolución 3102 del diecinueve (19) de septiembre de dos mil
(2018), «Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de la liquidación de una sentencia »,
la gerente de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, reconoció y
ordenó el pago de la liquidación de la sentencia de marras, en los siguientes
términos:

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Número Interno: 6172-2024
Demandante: María de Jesús Betancur Betancur
Demandado: ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado

«ARTÍCULO SEGUNDO: El valor que corresponde a la citada liquidación por concepto de
capital e intereses, en lo pertinente a lo ordenado por la sentencia, es la suma de Ciento
cincuenta y un millones seiscientos cincuenta y seis mil quinientos ochenta y nueve pesos
($151.656.589,00) dentro de los cuales se encuentra el auxilio de cesantía; dineros que se
pondrán a disposición de la cuenta que para el efecto se acredite con certificación bancada
donde conste el número de la cuenta de María Jesús Betancur identificada con cédula
43.072.911 o de su apoderada Marta Eugenia Monroy Escudero, con cédula 43.720.957 y
tarjeta profesional 93.161 del CSJ.

ARTÍCULO TERCERO; Disponer la consignación de los dineros ya indexados y actualizados,
correspondientes a los aportes para pensión al Fondo de Pensiones Colpensiones, a cargo
del hospital la suma de $16.596.082 y a cargo del empleado la suma de $6.971.255, para un
total de $23.567.337, a nombre de María Jesús Betancur Betancur, identificada con la cédula
de ciudadanía número 43.072.911.»

f) Mediante Resolución 1504 del diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho
(2018), «Por medio de la cual se ordena el reintegro de un servidor público, ordenado en
providencia judicial», la gerente de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado,

reintegra a la señora María de Jesús Betancur Betancur al cargo que venía
desempeñando de Auxiliar de Enfermería, equivalente al de Auxiliar Área de la
Salud, código 412, de la planta global de empleos de la ESE Hospital Manuel Uribe
Ángel.

g) Por medio de la Resolución 1519 de veintiuno (21) de mayo de dos mil dieciocho
(2018), se aceptó la renuncia de la señora María Jesús Betancur Betancur, al cargo
de Auxiliar del Área de la Salud. Código 412. a partir del 21 de mayo de 2018.
h) Por medio de la Resolución 017311 de veinticuatro (24) de junio de dos mil nueve
(2009), el antiguo Instituto de Seguros Sociales Seccional Antioquia, dispuso:

«Dar cumplimiento a un FALLO DE TUTELA emitido por el Juzgado Once Civil del Circuito de
Medellin y Conceder PENSIÓN DE VEJEZ al (a la) asegurado(a) MARIA DE JESUS
BETANCUR BETANCUR, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía N° 24.314.040,
Afiliación N° 070152165- 924314040, última entidad SALUD TOTAL SA EPS ARS, NIT
800130907, en cuantía mensual de $1.036.482.oo, a partir de 1 de Julio de 2009, más los
reajustes de ley para los siguientes años. La pensión liquidada será ingresada en la nómina
de JULIO pagada durante el mes de AGOSTO, a través del BANCO GNB SUDAMERIS
SUCURSAL ALMAGRAN Calle 7 D N° 43 A 111 Poblado.»

i) Pensión que fue reliquidada a través de la Resolución SUB 56727 del seis (6) de marzo
de dos mil diecinueve (2019) la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES, en los siguientes términos y cuantías.

3. Análisis del caso concreto

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37. En el sub judice, el Tribunal ordenó seguir adelante la ejecución, tras considerar
que la ejecutada no ha cancelado la totalidad de la obligación a cargo, pues, la
liquidación de intereses no cumple con lo ordenado en la sentencia ni coincide con
la fecha del pago efectivo.

38. Inconforme con lo anterior, la parte actora sostiene que la ejecución debió
continuar por la totalidad de los salarios y prestaciones causados hasta la fecha del
reintegro efectivo o retiro forzoso, descontando lo recibido por pensión de vejez
reconocida a la actora.

39. A su turno la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado (Antioquia) arguye
que los intereses moratorios se liquidan con fundamento en la norma vigente al
momento de configurarse la mora.

40. Ab initio se debe precisar que, aunque la sentencia apelada se tramitó bajo la
égida de las reglas contenidas en la Ley 1437 de 2011 – CPACA, la Sección
Segunda, Subsección “A”, del Consejo de Estado, en sentencia del treinta y uno
(31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)26, reiterada por esta Sala en la sentencia
del doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) 27, reafirmó que, “si la
condena se impuso en vigencia del CCA, los intereses se deberán calcular hasta el momento del
pago al tenor de este último.” Así, al amparo de la teoría de la causación, esta

Colegiatura acogió el criterio según el cual, “debe acudirse a la fecha de instauración de la
demanda ordinaria que dio origen al proceso ejecutivo, para determinar cuál es la normativa aplicable
en dicho sentido, esto es, si fue presentada antes o después de la vigencia del CPACA” . En otros

términos, si la demanda ordinaria se instauró antes de la entrada en vigor del
CPACA, los intereses moratorios que corresponde liquidar en el proceso ejecutivo
son los del artículo 177 del CCA, pero si esta fue interpuesta después de la entrada
en vigencia del CPACA, los intereses moratorios son los del artículo 195 de esta
última codificación.

41. En el caso que ocupa la atención de esta Sala, el proceso inicial (ordinario) se
radicó el once (11) de marzo de dos mil cuatro (2004)28, es decir en vigencia del
CCA, por lo que, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 177 de ese Código.

42. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala precisa que, para todos los efectos, ha
de entenderse que la liquidación de los intereses moratorios derivados del

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 31 de agosto
de 2023, Rad. 25000-23-42-000-2017-01449-02 (3101-2022).
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 12 de
septiembre de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2016-05857-01 (2999-2021).
28
Samai del tribunal de origen, índice 41 expediente digital (26ED_OneDrive_20241007zip(.zip) NroActua 41)…

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cumplimiento tardío del fallo que sirve de base para la ejecución debe atender a los
términos del artículo 177 del CCA, norma aplicable al asunto bajo examen, puesto
que, como se anticipó, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
concluyó con la sentencia declarativa se adelantó bajo las normas del CCA;
resolviendo de esta manera la apelación de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de
Envigado, Antioquia.

43. El citado artículo describe, (artículo 177 del CCA)

«Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o
devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia
a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad
condenada.

El agente del ministerio público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y dirigirse a
los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuestos básicos o los
adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en forma completa las
condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica del presupuesto.

El Congreso, las Asambleas, los Concejos, el Contralor General de la República, los
Contralores Departamentales, Municipales y Distritales, el Consejo de Estado y los tribunales
contencioso administrativos y las demás autoridades del caso deberán abstenerse de aprobar
o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incluido partidas o apropiaciones suficientes
para atender al pago de todas las condenas que haya relacionado el Ministerio Público.

Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos
públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el
resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18)
meses después de su ejecutoria

<Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias
devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y
moratorias después de este término.

<Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:>
Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una
condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la
entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el
efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se
presentare la solicitud en legal forma.

<Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998> En asuntos de carácter laboral,
cuando se condene a un reintegro y dentro del término de seis meses siguientes a la ejecutoria
de la providencia que así lo disponga, éste no pudiere llevarse a cabo por causas imputables
al interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo»

44. En el asunto objeto de estudio, el título ejecutivo se compone de la sentencia
del veintidós (22) de mayo de dos mil trece (2013) proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Salas de Descongestión, Subsección Laboral. En
virtud de la sentencia, se ordenó a la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel reintegrar a
la señora María de Jesús Betancur Betancur al cargo que desempeñaba o a otro de
igual o superior categoría, además de reconocer y pagar los salarios, prestaciones
sociales y aportes al sistema de seguridad social dejados de percibir desde la fecha
de su desvinculación hasta el reintegro efectivo al servicio.

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45. Está acreditado en el expediente que la referida sentencia adquirió firmeza el
veintiuno (21) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), según certificación
secretarial obrante en el proceso. Posteriormente, el ocho (8) de mayo de dos mil
dieciocho (2018) la ejecutante presentó ante la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel la
correspondiente cuenta de cobro encaminada a obtener el cumplimiento de la
condena judicial.

46. Igualmente se encuentra probado que, mediante Resolución No. 1504 del
diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018), la entidad dispuso el reintegro
de la demandante en cumplimiento de la orden judicial. Sin embargo, mediante
Resolución No. 1519 del veintiuno (21) de mayo de dos mil dieciocho (2018), la
entidad demandada aceptó la renuncia presentada por la servidora, con efectos a
partir de esa misma fecha. De esta manera, se advierte que, el reintegro ordenado
judicialmente se materializó formalmente el diecisiete (17) de mayo de dos mil
dieciocho (2018).

47. Asimismo, se evidencia que mediante Resolución No. 3102 del diecinueve (19)
de septiembre de dos mil dieciocho (2018) la ESE efectuó la liquidación de la
condena, reconociendo salarios y prestaciones sociales causados entre el 21 de
octubre de 2003, fecha del retiro, y el 30 de junio de 2009. En dicho acto
administrativo se liquidó un valor indexado de $168.820.960 por concepto de
salarios y prestaciones, del cual se descontó la indemnización previamente recibida
por la actora por supresión del empleo, obteniéndose un saldo de $149.143.659. A
esta suma se adicionaron intereses moratorios calculados entre el 8 de mayo y el
21 de septiembre de 2018, por valor de $2.512.930, para un total a pagar de
$151.656.589.

48. La entidad acreditó el desembolso mediante orden de pago y consignación
bancaria efectuada el 24 de septiembre de 2018.

49. También está demostrado que a la ejecutante le fue reconocida pensión de vejez
mediante Resolución No. 017311 del veinticuatro (24) de junio de dos mil nueve
(2009) expedida por el Instituto de Seguros Sociales, con efectos a partir del 1.º de
julio de 2009. En dicha resolución se indicó expresamente que «la pensión liquidada
será ingresada en la nómina de JULIO pagada durante el mes de AGOSTO, a través del BANCO
GNB SUDAMERIS SUCURSAL ALMAGRAN Calle 7 D N° 43 A 111 Poblado» y que su
reconocimiento resultaba incompatible con el recibo simultáneo de otras
asignaciones provenientes del tesoro público.

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50. No obstante la parte actora alega que, dicha circunstancia no es óbice para que
la ejecución comprenda la totalidad de los salarios y prestaciones causados hasta
la fecha del reintegro efectivo o retiro forzoso, descontando lo recibido por pensión
la pensión de vejez reconocida.

51. De suerte que este interrogante ya fue resuelto conforme al criterio fijado por la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el Concepto 2106 de
201229, cuando una sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho ordena el
reintegro de un servidor público y este adquiere el estatus de pensionado durante
el trámite del proceso, el cumplimiento del fallo no impone un reintegro material al
cargo, sino el reconocimiento de salarios, prestaciones y demás emolumentos
dejados de percibir desde la fecha de desvinculación hasta su inclusión efectiva en
la nómina de pensionados, momento a partir del cual cesa la obligación de
reconocer derechos salariales derivados de la relación laboral.

52. En dicha oportunidad la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
se pronunció bajo el siguiente tenor.

«Así las cosas, el problema jurídico consiste en determinar si a pesar de la literalidad de las
decisiones judiciales, se pueden cumplir de una manera diferente, porque para el momento
de su acatamiento ya los actores habían adquirido el estatus pensional.

29
Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil Consejero ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo del nueve (9) de
agosto de dos mil doce (2012)

16

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Para dilucidar el asunto se remite la Sala al artículo 174 del Código de lo Contencioso
Administrativo que a la letra dispone:

“ARTICULO 174. OBLIGATORIEDAD DE LA SENTENCIA. Las sentencias ejecutoriadas
serán obligatorias para los particulares y la administración, no estarán sujetas a recursos
distintos de los establecidos en este Código, y quedan sometidas a la formalidad del registro
en los mismos casos en que la ley lo exige para las dictadas por los jueces comunes.”

Asimismo, el artículo 176 del C.C.A. prevé:

“ARTICULO 176. EJECUCION. Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una
sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación,
la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su
cumplimiento.”

Al respecto, esta Sala30 ha considerado que una de las características esenciales de la
sentencia es su carácter vinculante y definitivo, y no puede ser entendida como un acto jurídico
condicionado a la aceptación o no de sus destinatarios, según la evaluación que éstos hagan
de ella; tanto es así, que la jurisprudencia ha señalado en repetidas oportunidades que ni los
particulares ni las autoridades públicas pueden sustraerse del deber de acatar los fallos
judiciales, y que, en consecuencia, “en el evento de resultar equivocados o errados como
puede suceder” deben agotarse oportunamente los mecanismos que “la Constitución y la ley
consagran” para su discusión”.

Empero, también ha dicho esta Sala que “el cumplimiento del fallo judicial siempre estará
sujeto a que la obligación que contiene de dar, hacer o no hacer sea jurídica y físicamente
posible de cumplir por parte del sujeto procesal condenado.” 31

Lo anterior obedece a un criterio de razonabilidad y para evitar que se produzcan
consecuencias absurdas.

En punto de las órdenes de reintegro laboral, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado ha dicho que “la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado
que el reintegro sólo puede operar hasta la fecha en que sea jurídica y físicamente posible
disponerlo.”32, y para llegar a tal conclusión efectuó el siguiente análisis:

“También es destacable que en reciente sentencia de esta Sala Plena se estableció que el
reintegro y el pago de prestaciones sociales procede “por el tiempo en que legalmente hubiera
permanecido el servidor público en el cargo, teniendo en cuenta las situaciones laborales
específicas como la supresión posterior del empleo, empleos de período fijo, edad de retiro
forzoso, reintegro posterior al cargo, haber alcanzado el estatus de pensionado, etc.” 33.

[…]

Lo anterior lleva a concluir que la normativa establece la prohibición tanto de la permanencia
como de la reincorporación al servicio público de un pensionado, salvo en los casos de
excepción contemplados en la ley, por lo que, para el tema de la consulta, solo podrán pagarse
los salarios y emolumentos laborales que se hubieren devengado hasta la inclusión en la
nómina de pensionados.»

53. En tal virtud, se tiene que el restablecimiento original, de reintegro y pago de
salarios desde la fecha del retiro hasta la de reincorporación efectiva, cambia en los
casos en que los beneficiarios de las órdenes hayan adquirido el estatus de
pensionados, debido a que el reintegro se torna imposible. En la hipótesis analizada,
lo que procede es el reconocimiento de salarios y demás prestaciones que se
dejaron de percibir desde la desvinculación hasta la fecha en que sean
efectivamente incluidos en nómina de pensionados.

30
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 29 de abril de 2008. Radicado 1878
31
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 25 de noviembre de 1999: Radicado 1236.
32
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de marzo del 2010. Radicado 2001-
00091-01(REV).
33
Sentencia del 29 de enero de 2008, expediente 2046.

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54. En este punto vale resaltar que la imposibilidad jurídica del reintegro, también
encuentra respaldo en el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968 (hoy artículo
2.2.11.1.5 del Decreto 1083 de 2015)34, que limita la reincorporación al servicio de
quienes disfrutan de pensión a los cargos expresamente previstos por el legislador,
entre los cuales no se encontraba el desempeñado por la demandante.

«ARTÍCULO 29. El empleado que reúna las condiciones para tener derecho a disfrutar de una
pensión de jubilación cesará definitivamente en sus funciones y será retirado del servicio
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que reúna tales condiciones. No obstante,
el Gobierno podrá establecer excepciones para el retiro, cuando las necesidades del servicio
lo exijan.

La persona retirada con derecho a pensión de jubilación no podrá ser reintegrada al servicio,
salvo cuando se trate de ocupar las posiciones de Presidente de la República, Ministro del
Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, Superintendente, Viceministro, Secretario
General de Ministerio o Departamento Administrativo, presidente, Gerente o Director de
Establecimientos Públicos o de empresas Industriales y Comerciales del Estado, miembro de
misiones diplomáticas no comprendidos en la respectiva carrera y secretarios privados de los
despachos de los funcionarios de que trata este artículo. Por necesidades del servicio, el
gobierno podrá ampliar estar excepciones siempre y cuando que el empleado no sobrepase
la edad de sesenta y cinco (65) años.»

55. Bajo este contexto, si bien la sentencia ordenó el pago de salarios y prestaciones
hasta el reintegro efectivo, la situación jurídica de la ejecutante se modificó con la
adquisición de la condición de pensionada; en ese orden, el restablecimiento del
derecho no podía extenderse hasta la fecha del reintegro formal ocurrido en 2018,
puesto que ello implicaría desconocer la incompatibilidad constitucional entre la
percepción de una pensión pública y otra asignación proveniente del erario.

56. Por tal razón, la obligación derivada de la sentencia debía entenderse limitada
al período comprendido entre la fecha del retiro y el momento en que la demandante
fue incorporada a la nómina de pensionados.

34
« ARTÍCULO 2.2.11.1.5 Reintegro al servicio de pensionados. La persona mayor de 70 años o retirada con derecho a
pensión de vejez no podrá ser reintegrada al servicio, salvo cuando se trate de ocupar los cargos de:
1. Presidente de la República.
2. Ministro del despacho o Director de Departamento Administrativo.
3. Superintendente.
4. Viceministro o Secretario General de Ministerio o Departamento Administrativo.
5. Presidente, Gerente o Director de entidades descentralizadas.
6. Miembro de misión diplomática no comprendida en la respectiva carrera.
7.Secretario privado de los despachos de los servidores anteriores.
8. Consejero o asesor.
9. Elección popular.
10. Las demás que por necesidades del servicio determine el Gobierno Nacional, siempre que no sobrepasen la edad de
retiro forzoso.
PARÁGRAFO. La persona que se encuentre gozando de pensión de jubilación y que no haya llegado a la edad de 70 años,
podrá ser reintegrada al servicio al empleo de:
1.Director General o Subdirector de Unidad Administrativa Especial con o sin 2.personería jurídica.
3.Subdirector de Departamento Administrativo.
4.Secretario de Despacho código 020, de las Gobernaciones y Alcaldías.
5.Subdirector o Subgerente de Establecimientos Públicos.
6.Secretario General de Establecimiento Público del Orden Nacional.
7.Presidente, Gerente o Subgerente de Empresa Oficial de Servicios Públicos del orden nacional o territorial.
8.Rector, Vicerrector General, Vicerrector Nacional, Vicerrector de Sede, Secretario .General, Gerente Nacional, Directores
Nacionales y Decanos de los entes universitarios autónomos.»

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Número Interno: 6172-2024
Demandante: María de Jesús Betancur Betancur
Demandado: ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado

57. Sin embargo, aunque la entidad ejecutada liquidó el capital adeudado conforme
a dicho criterio temporal, la Sala advierte que los intereses reconocidos no fueron
calculados en estricto cumplimiento de la sentencia judicial ni hasta la fecha del
pago efectivo de la obligación. En efecto, la entidad liquidó intereses únicamente
«del 8 de mayo al 21 de septiembre de 2018:hasta el 21 de septiembre de 2018», cuando el pago

se realizó el 24 de septiembre de ese mismo año, «a la tasa del DTF», como se observa
a continuación:

«Síntesis de la liquidación

Salarios, vacaciones y prestaciones debidos del 21 de octubre de 2003 al 30 de junio de 2009,
menos el aporte para pensión (incluido el 1% por solidaridad) a cargo del empleado, indexados
al 21 de noviembre de 2017: $168.820.960
Menos la indemnización indexada al 21 de noviembre de 2017: $19.677.301
Saldo al 21 de noviembre de 2017: $149.143.659
Más los intereses por mora, a la tasa DTF, del 8 de mayo al 21 de septiembre de 2018:
$2.512.930
Saldo por pagar: $151.656.589
Aportes indexados para la seguridad social:
A cargo del hospital:
A cargo del empleado:
$16.596.082
$6.971.255
Total, que debe girar el hospital a las entidades administradores de pensiones: $23.567.337»

58. En ese orden, como quiera que, la presente acción ejecutiva está gobernada
por el CCA, la regla para liquidar intereses moratorios no corresponde la fijada en
el artículo 195 núm. 4 del CPACA « Las sumas de dinero reconocidas en providencias que
impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios
a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los
diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5)
días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese
realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas
causarán un interés moratorio a la tasa comercial.»

59. En ese sentido, el análisis contable rendido por el contador de la Corporación
concluyó, «considero que los intereses moratorios aplicados como son la DTF (CPACA art 195
núm. 4) deben resultar inferiores a los intereses comerciales y moratorios (C.C.A. art 177) ya que
los primeros corresponden a un promedio semanal, mientras que los intereses corrientes y
moratorios son mensuales y por tanto el valor liquidado por intereses debió ser inferior a lo ordenado
en la sentencia de mayo de 2013. Además, la apoderada de la parte ejecutada no aportó con el
recurso de apelación, liquidación alguna que demostrara que los intereses liquidados estaban
conforme con lo ordenado en la sentencia a ejecutar.» 35

60. Por lo anterior, aunque la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel efectuó pagos
parciales tendientes al cumplimiento de la sentencia, no acreditó la extinción total
de la obligación ejecutada, toda vez que subsisten diferencias derivadas de la

35
Índice samai 15-16

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Demandante: María de Jesús Betancur Betancur
Demandado: ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado

liquidación de los intereses moratorios. En consecuencia, resulta procedente
continuar con la ejecución para determinar, en la etapa de liquidación del crédito, el
monto exacto aún adeudado por la entidad demandada

4. Conclusión

61. Para el caso particular, el cumplimiento del fallo no impone un reintegro material
al cargo, sino el reconocimiento de salarios, prestaciones y demás emolumentos
dejados de percibir desde la fecha de desvinculación hasta su inclusión efectiva en
la nómina de pensionados, momento a partir del cual cesa la obligación de
reconocer derechos salariales derivados de la relación laboral.

62. Además no se probó el cumplimiento efectivo de la obligación, específicamente,
de los intereses moratorios derivados del cumplimiento tardío de la sentencia base
de recaudo, por lo que la excepción de pago no estaba llamada a prosperar.

5. Condena en costas.

63. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Por
lo tanto, se revocarán las impuestas en primera instancia y se abstendrá de
imponerlas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR INTEGRALMENTE la sentencia de dieciséis (16) de
julio de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia Sala Sexta de Decisión, mediante la cual ordenó seguir adelante con la
ejecución, de conformidad con las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.

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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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