Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02386-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02386-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-02386-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02386-01 (7455-2023)
Demandante: Edilberto Manuel Ortega Guerra
Demandado: Municipio de Medellín- Alcaldía de Medellín-Secretaría de
Educación
Temas: Nivelación salarial y prestacional entre docentes municipales
incorporados y educadores territoriales del municipio de
Medellín. No se probó el supuesto fáctico alegado. Carga de la
prueba. CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintiséis (26) septiembre de veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Edilberto Manuel Ortega Guerra instauró demanda1 en contra del
Municipio de Medellín- Alcaldía de Medellín- Secretaría de Educación, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del acto administrativo 201830345312 del 21 de
noviembre de 2018, por medio del cual la Secretaría de Educación de Medellín
negó el reconocimiento de la igualdad que concurre entre los docentes y
directivos docentes al servicio del municipio de Medellín por realizar las mismas
funciones, cumplir mismos horarios y obligaciones, y pertenecer a la misma
1 Folios 1 a 17.
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planta global, cancelados con recursos del Sistema General de Participaciones.
3. Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a reconocer, liquidar
y pagar de forma actualizada las diferencias salariales y prestacionales
adeudadas al accionante por el tratamiento remuneratorio diferencial entre esta
y los maestros municipales “y/o catorcernales” (sic) del municipio de Medellín
que realizan las mismas funciones y tienen idéntico horario, obligaciones, y
escalafón.
4. Que la entidad dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 187, 192
y 195 del CPACA y que sea condenada en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que fue nombrado como docente municipal en la planta de cargos del municipio
de Medellín y afirmó que el departamento de Antioquia fue autorizado para la
prestación del servicio educativo de manera descentralizada desde el 10 de abril
de 1996, según la Resolución 6000 del 9 de diciembre de 1995 por mandato del
artículo 3.º de la Ley 60 de 1993, y que el municipio de Medellín también acreditó
los requisitos para manejar directamente el servicio de educación pública según
la Resolución 2823 del 9 de diciembre de 2002, ello en aplicación del artículo 20
de la Ley 715 de 2001.
6. Sostuvo que, en virtud del Decreto 013 del 6 de enero de 2004, esta última
entidad territorial adoptó su planta global de personal docente, directivos
docentes y administrativos cancelados con los recursos del Sistema General de
Participaciones, dentro de la cual figuran 10.621 servidores que fueron
incorporados y que inicialmente eran financiados con recursos propios de la
mencionada autoridad.
7. Que, a pesar de esta unificación, a los 1.643 educadores que desde el principio
eran pagados directamente por el municipio, se les comenzó a reconocer
salarios y prestaciones en mayor valor que a los 8.973 restantes, quienes ya
eran financiados a través del entonces Situado Fiscal (hoy SGP), pero que
igualmente fueron incorporados a la planta de personal territorial.
8. Que, el 26 de septiembre de 2018, radicó una petición ante la autoridad
demandada a fin de que se le diera un trato salarial igual al de los docentes
municipales, pues aseguró que cumple las mismas funciones e idénticas
condiciones de horario y responsabilidades que las de estos últimos, la cual fue
negada con el argumento de que no existía ningún trato discriminatorio entre
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educadores, porque entre estos existen diferencias por el tipo de vinculación y
de normativa aplicable.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Afirmó que con los actos administrativos demandados se transgredieron los
artículos: 2, 4, 25, y 53 de la Constitución Política; literal a) del artículo 7 del
Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San
Salvador), y la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
10. Que los docentes del municipio de Medellín pagados con recursos del Sistema
General de Participaciones (SGP) deben recibir un trato igualitario respecto a
aquellos pagados con recursos propios, ya que todos pertenecen a la misma
planta global de cargos.
11. Sostuvo que la Alcaldía de Medellín está evadiendo la obligación de igualar la
planta docente, lo que vulnera los derechos a la igualdad y el principio de "a
trabajo igual salario igual". Advirtió que lo relevante no es la forma de vinculación,
sino la función y las tareas que se cumplen, aplicando el principio de primacía
de la realidad sobre la formalidad.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
12. El 5 de agosto de 2020 fue admitida la demanda2; el municipio de Medellín
manifestó3 que el demandante fue nombrado por la Gobernación de Antioquia
mediante el Decreto 0542 del 2 de mayo de 1986, a partir del cual se concluye
que es un docente departamental y no territorial, de conformidad con la Ley 91
de 1989, y que este fue incorporado sin solución de continuidad a la planta del
municipio, conservando los mismos salarios, prestaciones y beneficios laborales
que tenía al momento de su vinculación original.
13. Que la diferenciación en el trato salarial es un criterio objetivo y no viola el
derecho a la igualdad.
14. Propuso las excepciones que denominó: (i) improcedencia de la nivelación
salarial y prestacional, (ii) ausencia de prueba de “trabajo igual salario igual” (iii)
inexistencia de la obligación, (iv) falta de causa para pedir, (v) legalidad del acto
administrativo demandado, (vi) compensación, y (vii) prescripción.
15. El 3 de marzo de 20234, el tribunal de origen determinó resolver las excepciones
propuestas en la sentencia; fijó el litigio; efectuó el decreto de pruebas, y corrió
2 Folio 62.
3 Folio 93 a 103.
4 Ver índice 12 de SAMAI-Tribunales.
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traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión y la Ministerio
público para emitir concepto.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
16. El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia el 26 de septiembre
de 2023 negó las pretensiones. Expresó que el demandante ostenta la calidad
de docente nacionalizado, y que fue incorporado a la planta global de cargos
docentes del municipio de Medellín, financiada con recursos del Sistema
General de Participaciones. Sin embargo, esta incorporación no lo convirtió en
un docente territorial ni lo hizo acreedor de los salarios y prestaciones sociales
que son propios de los docentes territoriales, y que son fijados por el municipio,
pues el actor mantuvo el mismo régimen salarial y prestacional que adquirió al
momento de su vinculación como docente nacionalizado sin solución de
continuidad.
17. Enfatizó que la diferencia salarial está justificada porque se respeta la
prerrogativa de los derechos adquiridos del personal docente territorial,
impidiendo que la determinación de la nueva planta de cargos implique una
desmejora en sus salarios y prestaciones sociales.
18. Afirmó que, en todo caso, no le corresponde al municipio de Medellín tomar
medidas para lograr la nivelación salarial del personal nacional o nacionalizado.
Esto se debe a que, por disposición legal, el régimen salarial de estos docentes
es el fijado para los empleados públicos del orden nacional, cuya remuneración
es competencia exclusiva del Congreso y el presidente de la República.
RECURSO DE APELACIÓN6
19. El demandante interpuso recurso de apelación, expresando que tiene derecho a
la nivelación salarial. Que la planta de personal docente de Medellín quedó
conformada por 10.395 cargos, todos amparados por el mismo Estatuto Docente
(Decreto 2277 de 1979); por ello, debieron recibir igual trato salarial y
prestacional. Sin embargo, se les ha aplicado normas de rango inferior que
generan una desigualdad, lo que justifica la excepción de ilegalidad conforme a
la Constitución y a lo señalado por el Consejo de Estado en la Sentencia 00871
de 2018.
20. Que el acto acusado vulnera el principio constitucional de «a trabajo igual, salario
igual», pues todos los docentes asumidos por el municipio de Medellín al
momento de su certificación realizan las mismas funciones, cumplen el mismo
horario y están sujetos al mismo Estatuto Docente. Por tanto, no existe una razón
objetiva que justifique diferencias salariales entre ellos, con independencia de si
5 Ver índice 36 de SAMAI-Tribunales.
6 Ver índice 20 de SAMAI-Tribunales.
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su vinculación inicial fue nacional, nacionalizada o territorial, por lo que sus
salarios debieron ser equiparados respetando sus regímenes prestacionales.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
21. El 13 de febrero de 20247 se admitió el recurso de apelación y por no haber
pruebas que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para
alegar.
22. En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.
23. El Ministerio Público no emitió concepto.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
24. El problema que debe resolver la Subsección consiste en establecer si se
encuentra acreditado el vínculo municipal del actor y, de ser así, si existe algún
fundamento jurídico que justifique y permita la nivelación salarial y prestacional
de la misma en comparación con la situación de los educadores territoriales
pagados con recursos de esta misma autoridad.
Marco normativo y jurisprudencial
a) De la fijación del régimen salarial y prestacional del magisterio, así como
del proceso de incorporación del personal docente a los entes territoriales
en virtud de la descentralización de la educación
25. Mediante la Ley 43 de 1975 se nacionalizó la educación, desde el 1.° de enero
de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980, por el cual el servicio de enseñanza
pública de primaria y secundaria sería financieramente responsabilidad de la
Nación, para aliviar los presupuestos propios de las entidades territoriales frente
a los costos de la gestión de la labor educativa.
26. Por su parte, ante la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio en virtud de la Ley 91 de 1989, se previó en el artículo 15, que, los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, seguirían
bajo el régimen al que estaban sometidos cuando hacían parte de la entidad
territorial, mientras que aquellos nacionales y nacionalizados que fueron
nombrados a partir del 1.° de enero de 1990, tendrían como marco jurídico el
que estuviera vigente para el sector público nacional. Por ello, los educadores
7 Ver índice 5 de SAMAI.
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territoriales propiamente dichos, siempre han estado gobernados por la
normativa prestacional de cada distrito, departamento o municipio.
27. Ahora, con la expedición de la Constitución Política de 1991, puntualmente en el
artículo 356, al Gobierno Nacional se le asignó la competencia para determinar
qué servicios serían prestados y garantizados por la Nación, y cuáles se
descentralizarían hacia las diferentes entidades territoriales. Se creó el Sistema
General de Participaciones (antes Situado Fiscal), en orden de distribuir los
ingresos corrientes del Estado entre los departamentos, distritos y municipios, y
de esta forma, atender directamente servicios como la educación oficial, entre
otros.
28. En atención a este proceso, el Congreso de la República profirió la Ley 60 de
1993 que dispuso la desarticulación de la referida nacionalización, para que los
entes territoriales estuvieran encargados de la cobertura, administración y
calidad de este servicio.
29. En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los
bienes del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos. Así,
con dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los establecimientos
educativos a las entidades del orden territorial.
30. En el inciso 4.º del artículo 6.º de la Ley 60 de 1993 se indicó:
«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El
personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será
incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará
el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. […]»
(Subrayado y negrilla fuera del texto original)
31. A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte de
la respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en
consecuencia, era necesario que se adelantara un trámite de incorporación,
pues los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados,
debían migrar a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen
prestacional que regiría tanto a los docentes que se incorporaran como a los que
se vincularan de forma posterior, sería el establecido en la Ley 91 de 1989.
32. Pues bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma era que
más municipios asumieran el manejo total de la administración del servicio de
educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los municipios
certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para que se les
trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema educativo para
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ser invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo
16 ibidem:
«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o
superior a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la
aprobación del Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas otorgar
a estos municipios autonomía para la prestación del servicio de educación y la
asunción de las obligaciones correspondientes en las mismas condiciones de
los distritos.»
33. De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la educación
del país, generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles municipal,
departamental y nacional» y en aras a «pasar a una nueva etapa de la
descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su
autonomía administrativa como operadores de la organización de los servicios
de educación […]»8, se expidió la Ley 715 de 2001.
34. Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las entidades
territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación
en sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió
expresamente a la incorporación de personal docente en su artículo 34 que
dispuso:
«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata
el artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes,
directivos y administrativos de los planteles educativos, de los departamentos,
distritos y municipios.
Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de
los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad. […]»
35. En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo consigo
dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el personal
administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas
conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los
docentes incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación
que ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.
b) Acerca de la posibilidad de la nivelación salarial y prestacional
36. Cuando se afirma que determinado funcionario desempeña materialmente una
misma plaza, o incluso una superior a la que ocupa, pero percibiendo un menor
salario al de aquel servidor con el que se compara, podría hablarse en principio
de la procedencia de una equiparación de remuneraciones. En todo caso, para
ello, el Consejo de Estado indicó los presupuestos que configurarían su
viabilidad:
8 Extraído de la exposición de motivos de la Ley 715 de 2001.
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«Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que
cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor
salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b)
contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que exige
el empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias
desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho que
alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con
fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que
avalen sus alegatos.» (Subrayado fuera de texto).
37. Incluso, la Corte Constitucional9 también desarrolló su línea jurisprudencial sobre
la materia al señalar que:
«[…] En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los
salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose
todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la
igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales,
aceptando entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo también
diferenciación ante situaciones desiguales...”
[...] 7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte
se pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre
dos trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos
fácticos: i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con
la misma preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las
responsabilidades son iguales […]» (Líneas intencionales).
38. Como se observa, este planteamiento se basa en los elementos de análisis
requeridos cuando se pretende aplicar un juicio de igualdad material en casos
de supuesta discriminación, derivado para litigios como el presente del principio
laboral de “a trabajo igual, salario igual”, el cual solo se configura cuando las
partes contrastadas están en el mismo plano de condiciones, tal como la referida
corporación judicial10 lo precisó al asegurar que:
«[…] no toda diferencia salarial entre trabajadores que desempeñan el mismo
cargo vulnera el principio “a trabajo igual salario igual”, como quiera que es
posible encontrar razones objetivas que autorizan el trato diferente.”
6. El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio
relacional, propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración
debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar
sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de cualificación para el
empleo, son comparables y, no obstante ello, reciben una remuneración
diferente.
[…] Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles
de diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de
evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura institucional de las
9 Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional.
10 Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012. Expediente: T-
3.561.818 y sentencia C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha corporación en el expediente:
D-113.
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dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima
facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de
la cual se generan diferentes escalas salariales, que responden a
cualificaciones igualmente disímiles para el acceso a dichos empleos.»
(Subrayado de la Sala).
39. Por consiguiente, cuando se busca una nivelación salarial fundada en el hecho
de que entre dos servidores existe un trato remunerativo discriminatorio, tal
situación jurídica solo podrá analizarse cuando se verifique que ambos
empleados están en una equivalencia real de condiciones laborales y
ocupacionales, mas no solo porque compartan empleos con algunas
características similares. En todo caso, tal pretensión prosperaría solo cuando
se advierta que no existen causas tanto objetivas como constitucional y
legalmente permitidas que justifiquen la diferenciación.
Resolución del caso concreto
40. Inicialmente debe destacarse que, conforme al Decreto 0542 del 2 de mayo de
198611 se corrobora que el actor fue nombrado por la Gobernación de Antioquia
en la Concentración Educativa Santa Catalina del municipio de San Pedro de
Urabá.
41. Dicha vinculación se concretó en una plaza nacionalizada considerando que el
nombramiento lo realizó la autoridad departamental después del 1.º de enero de
1976, en su calidad de presidente de la junta del FER, esto según lo previsto en
los Decretos 102 de 197612 y 378 de 197613, y los artículos 6.º y 10 de la Ley 43
de 1975; en todo caso, se corrobora con lo afirmado por el municipio de Medellín
en la respuesta al derecho de petición con radicado n.° 201810301279 del 26 de
septiembre de 2018 en la cual se indicó que el docente fue nacionalizado;
vinculación que no fue desvirtuada por el actor.
42. Ahora bien, respecto a la presunta desigualdad salarial alegada, el supuesto de
hecho carece de sustento probatorio. En efecto, no reposan elementos de
11 Ver anexos contestación de la demanda.
12 «Artículo 1°: Los planteles nacionales de educación, con excepción de las universidades, serán administrados
por los Fondos Educativos Regionales - FER, en las condiciones que establece el presente Decreto. […]
Artículo 3°: Las Juntas Administradoras de los F.E.R. se integrarán así:
a) Por el Gobernador, Intendente, Comisario o el Alcalde del Distrito Especial de Bogotá, quien será el
Presidente de la Junta:
b) El delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional;
c) El Secretario de Educación de la respectiva entidad territorial;
[…]
Artículo 6°: Los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y el Alcalde del Distrito Especial de Bogotá serán los
ejecutores de las decisiones de las Juntas Administradoras de los F.E.R.» (negrillas y líneas de la sala)
13 «Artículo 6º: Las Juntas Administradoras de los FER presentarán al Ministro de Educación, para su
aprobación, la planta de personal del Fondo Educativo Regional respectivo, con indicación de las funciones,
clases, grados y sueldos de los cargos, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia.
Artículo 7º: La provisión de los cargos docentes y administrativos pagados por los FER, creados por el Gobierno
Nacional o por el Gobierno departamental, intendencial, comisarial y distrital, según el caso, se hará mediante
decreto o resolución de los respectivos Jefes de la administración seccional, en su calidad de ejecutores de las
decisiones de las Juntas Administradoras de los FER.»
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convicción que permitan establecer cuáles eran las asignaciones salariales y
prestacionales de aquellos docentes financiados con recursos propios de la
entidad territorial y vinculados antes de la certificación del municipio de Medellín,
respecto de los cuales, asegura el actor, existe un trato más favorable en
aspectos económicos.
43. En consecuencia, frente a tal ausencia probatoria, no es posible examinar la
legalidad o validez de un trato desigual, pues, solo se está ante el dicho del actor
sin que exista medio de prueba alguna que permita corroborarlo.
44. Lo expuesto se traduce entonces en el incumplimiento del accionante de la carga
probatoria que le correspondía para demostrar sus supuestos de hecho, pues tal
como lo prevé la regulación procesal, quien alega la ilegalidad es quien debe
invocar las normas violadas, el concepto de la violación, y además, desplegar
una actividad probatoria suficiente y adecuada para lograr el efecto jurídico de
los preceptos que fundamentan el derecho reclamado a través de un medio de
control como el de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual se
traduce en la concreción del postulado adjetivo de la carga de la prueba al tenor
del artículo 167 del CGP14.
45. Estos argumentos son suficientes para confirmar el fallo apelado, pero por las
razones aquí expuestas.
De la condena en costas en segunda instancia
46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como
es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto
14 «Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá,
de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier
momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares. […]»
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02386-01 (7455-2023)
en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
49. En consecuencia, se impondrán costas al demandante por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiséis (26) septiembre de
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Antioquia por medio de la cual se
negaron las pretensiones.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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