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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02480-01

Fecha
27 de junio de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02480-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 15 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las súplicas de la demanda. SEGUNDO. - Sin condena en costas en las dos instancias. TERCERO. - DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. 19 Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000- 33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez. 26 Interno: 5859-2023 Demandante: Nury Amparo Mazo Tapias Demandado: Município de Medellín y otro. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-02480-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 05001-23-33-000-2019-02480-01
Interno : 5859-2023
Demandante : Nury Amparo Mazo Tapias
Demandada : Nación - Municipio de Medellín – Secretaría de
Educación
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho - Ley
1437 de 2011

TEMA: NIVELACIÓN SALARIAL Y PRESTACIONAL – DOCENTE
NACIONAL.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante
contra la sentencia de 15 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda1

1.1 Pretensiones

Nury Amparo Mazo Tapias mediante apoderado judicial, acudió a la jurisdicción
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y solicitó que se declare la nulidad del siguiente
acto administrativo:

“Resolución 201830345312 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, expedid[o]
por la secretaría de educación de Medellín, donde se niega el
reconocimiento de la igualdad que concurre entre los docentes directivos
docentes al servicio del Municipio de Medellín, siendo que no pueden existir
diferencias salariales y prestaciones, por cuanto realizan las mismas
funciones que mis mandantes, cumpliendo los mismos horarios y
obligaciones, acreditando el mismo Escalafón Docente (Decreto – Ley 2277
de 1979), se encuentran al servicio del mismo ente territorial
descentralizado, pertenece a la misma planta global de docentes y directivos
docentes, cancelados todos con los dineros que ingresan al Municipio de
Medellín, provenientes del Sistema General de Participaciones
(…).
Se ordene el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y
prestacionales (Prima de Navidad, de Vacaciones, de Servicios,

1
Samai-gestión otras corporaciones-índice 5 (folio 1 a 16).

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Demandante: Nury Amparo Mazo Tapias
Demandado: Município de Medellín y otro.

sobresueldos, horas extras, etc.), que se adeuda a mis representados,
quienes aparecen como docentes SOLICITANTES, causadas por las
cancelaciones superiores que se reconocen a aquellos docentes que
laboran al servicio del Municipio de Medellín, considerados MUNICIPALES
Y/O CATORCENALES, que realizan las mismas funciones que mi
mandante, cumpliendo los mismos horarios y obligaciones, acreditando el
mismo Escalafón Docente (Decreto Ley 2277 de 1979), al servicio del mismo
patrono descentralizado, perteneciendo a la misma planta de personal de
esta entidad territorial, cancelados unos y otros con los dineros que ingresan
al Municipio de Medellín, provenientes del Sistema General de
Participaciones (…).
Que las diferencias salariales mensuales adeudadas al accionante, como
docente al servicio del Municipio de Medellín, sean indexadas de manera
individual hasta la fecha en que se produzca el pago total de la obligación,
conforme a lo establece el I.P.C”.

A título de restablecimiento del derecho pidió: (i) ordenar a la entidad
accionada a pagar los valores que resulten entre los salarios devengados y la
reliquidación; (ii) condenar a la demandada a pagar el mayor valor que resulte
de los salarios liquidados desde la presentación de la reclamación
administrativa, y hasta que efectúe el pago; (iii) dar cumplimiento al fallo; (iv)
ordenar el pago de los intereses moratorios; y (v) condenar en costas.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:

Nury Amparo Mazo Tapias fue nombrada como docente de carácter municipal,
en la planta del municipio de Medellín.

El departamento de Antioquia fue descentralizado administrativamente en los
servicios educativos estatales el 10 de abril de 1996, por medio de la
Resolución 6000 del 9 de diciembre de 1995 y la Ley 60 de 1993. Una vez el
municipio de Medellín acreditó los requisitos para el manejo descentralizado
de la educación de conformidad con la Ley 715 de 2001 que modificó la Ley
60 de 1993, fue entregado el servicio de educación por parte del Ministerio de
Educación Nacional por medio de la Resolución 2823 del 9 de diciembre de
2002.

La citada resolución expedida por el MEN estableció en el artículo 2 que: “en
desarrollo del proceso de descentralización, el Departamento de Antioquia y
el Municipio de Medellín deberán suscribir actas de entrega del personal
docente, directivo docente y administrativo, bienes, recursos financieros y
archivos de información que le correspondan al Municipio en cumplimiento de
las normas vigentes”. Con dicha disposición de carácter nacional, se expidió
el Decreto municipal 58 del 2003, por medio del cual se estableció que: “de

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Demandante: Nury Amparo Mazo Tapias
Demandado: Município de Medellín y otro.

conformidad con el acta de entrega de la educación suscrita el 17 de enero de
2003, entre la Gobernación de ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN,
(LITERAL D de la parte considerativa), se recibe el siguiente personal, así: (…)
Para un total de 8.194 cargos docentes, 534 directivos docentes (rectores,
coordinadores y directores y directores de Escuela, 24 directores de núcleo
educativo, y 469 cargos administrativos (celadores, tesoreros de colegios
aseadoras, etc , Para un total de 8.752 cargos de docentes y directivos
decentes y 469 cargos administrativos, que INCORPORABA A LA PLANTA
DE CARGOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN”.

Por medio del Decreto Municipal 013 de 6 de enero de 2004, fue adoptada la
planta global de cargos en el Municipio de Medellín de docentes, directivos
docentes y administrativos “cancelados a partir de la fecha con los recursos
del Sistema General de Participaciones, equivalentes a 10.621 docentes y
directivos que fueron incorporados a la planta de cargos del Municipio de
Medellín que venían siendo cancelados con recursos propios de este ente
territorial (…)”.

A partir del 6 de enero de 2004, una vez se encontraba aprobada la planta
global de cargos docentes, directivos docentes y administrativos del municipio
de Medellín, procedió a cancelar salarios y prestaciones superiores a los
docentes y directivos docentes territoriales municipales que con anterioridad
eran cancelados con recursos propios, caso que no acontece para los
docentes y directivos docentes nacionales, nacionalizados y territoriales
departamentales incorporados, cancelados con recursos del SGP, “pero
extrañamente a los 1.643 que estaban siendo cancelados hasta ese momento
con recursos propios, se les comenzó a cancelar salarios superiores siendo
docentes, que a los docentes (…) y directivos docentes que con anterioridad
eran cancelados con recursos del situado fiscal (hoy SGP) y que igual fueron
incorporados a la misma planta de cargos que los docentes que ya pertenecían
a la misma”.

El 26 de septiembre de 2018, presentó una petición ante el municipio de
Medellín: “solicitando un trato igualitario, al no poder existir diferencias salariales
y prestacionales, además requiriendo el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales y prestacionales (Prima de Navidad, de Vacaciones, de
Servicios, sobresueldos, horas extras, etc,) que se adeudan a mi representado
(a) que aparece como docente SOLICITANTE, causadas por las cancelaciones
superiores que se reconocen a aquellos docentes que laboran al servicio del

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Demandante: Nury Amparo Mazo Tapias
Demandado: Município de Medellín y otro.

Municipio de Medellín, considerados MUNICIPALES Y/O CATORCERNALES,
que realizan las mismas funciones que mi mandante, cumpliendo los mismos
horarios y obligaciones, acreditando el mismo Escalafón Docente (Decreto- Ley
2277 de 1979), al servicio del mismo patrono descentralizado, perteneciendo a
la misma planta de personal de esta entidad territorial, cancelados unos y otros
con los dineros que ingresan al Municipio de Medellín, provenientes del Sistema
General de Participaciones”.

La entidad demandada negó tal pedimento “no reconoció la igualdad entre los
docentes territoriales municipales y los territoriales departamentales
incorporados, nacionales y nacionalizados, puesto que, para la administración,
se diferencian por el tipo de vinculación y aplicación normativa en materia
salarial y prestacional, y al ser incorporados sin solución de continuidad”.

1.2. Normas vulneradas y concepto de violación

Al explicar el concepto de violación la parte accionante citó la sentencia de
esta Corporación con radicado 2013-04683-01, “que dice que como a los
docentes del municipio de Medellín se les cancela con dineros del Sistema
General de Participaciones deben tener un trato igual, sin que interese si el
nombramiento se realizó por el municipio o por el FER, porque pertenecen a
la misma planta de cargos global”.

Aunado a que, el municipio está evadiendo no solo la obligación que tenía de
responsabilizarse de forma igualitaria respecto de la planta global autorizada
y/o referente a la totalidad de los docentes que desarrollan actividades en
dicho municipio, sino que también desconoce los derechos, principios y
garantías establecidos en la Constitución Política, tales como el derecho a la
igualdad y la primacía de la realidad sobre las formalidades puesto que “a
igual trabajo igual salario”. Luego, se genera discriminación entre los
trabajadores y una brecha entre ellos a pesar de que desempeñan igual
actividad.

2. Contestación de la demanda

El municipio enjuiciado se opuso a las pretensiones de la demanda al
considerar que 2 la demandante fue designada como docente para la
Gobernación de Antioquia con un contrato de vinculación territorial-

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Samai-gestión otras corporaciones-expediente digital (folio 5).

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departamental. Posteriormente, se plantea una disparidad salarial entre los
docentes incluidos en la nómina global del municipio de Medellín, la cual está
fundamentada en el inciso 2 del artículo 34 de la Ley 715 de 2001.

En cuanto a la aplicación del concepto “sin solución de continuidad” adujo que
este se predica de aquellos casos en los cuales se continúa el vínculo laboral
con otra entidad, en las mismas condiciones en las que venía laborando; esto
es, con los mismos salarios, prestaciones, régimen pensional y beneficios
laborales obtenidos al momento de su vinculación. Luego, en el sub examine
debido a la falta de interrupción “se mantiene en su integridad el régimen
salarial y prestacional y por contera, aquellas disposiciones normativas que no
le eran aplicables, continuarán sin serlo”.

Destacó que, la actora está capacitada para desempeñar las mismas funciones
y cumplir con los mismos horarios que los demás docentes asignados al
Municipio de Medellín. Este punto debe ser demostrado en el presente caso. Así
mismo, que existe una razón legal que justifica la diferencia salarial entre lo
percibido por la demandante y lo devengado por un docente catorcenal o
territorial, como se establece en el inciso segundo del artículo 34 de la Ley 715
de 2001.

Además, es importante señalar que la disparidad salarial entre los docentes que
mantienen su vinculación con el Municipio de Medellín no se subsana con los
fondos provenientes del Sistema General de Participaciones, sino con recursos
propios del municipio. Por lo tanto, no es factible exigir un trato igualitario para
la demandante en comparación con los docentes territoriales, dado que existen
circunstancias jurídicas distintas que justifican esta disparidad.

Refirió que, el acto administrativo impugnado por la demandante y respecto al
cual se solicita su anulación, fue emitido conforme al marco legal y a los
principios constitucionales establecidos para este tipo de casos. Por lo tanto, no
se puede ignorar la presunción de legalidad que lo ampara, especialmente
cuando el propósito de esta acción es otorgar beneficios a ciertos docentes con
una relación contractual distinta que no tienen derecho a tales prestaciones.

Señaló que, al revisar la sentencia de unificación del Consejo de Estado emitida
el 21 de junio de 2018, en el expediente 2013-0468301 (MP CARMELO
PERDOMO CUETER), no se encontró ningún apartado que indique que los
educadores, al pertenecer a la misma estructura global de docentes y directivos
docentes, y ser remunerados con fondos provenientes del Sistema General de
Participaciones que ingresan al Municipio de Medellín, no puedan tener

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diferencias salariales y de beneficios. Lo que se unificó expresamente en dicha
sentencia fueron las controversias relacionadas con el reconocimiento de la
pensión gracia, especialmente en lo referente al origen de los fondos por parte
de la entidad nominadora.

Argumentó que, si en gracia de discusión se aceptase la igualdad alegada por
la accionante, esta no logra probar que las funciones que realizaba son las
mismas que las que ejecutan los docentes territoriales respecto de los cuales
predica igualdad salarial y prestacional, pues no se arrimó con la demanda
manual de las funciones y competencias laborales de unos y otros. Aunado a
que, tampoco se aportó certificación del escalafón al cual pertenece que
permita comparar con otros docentes territoriales de igual escalafón las
diferencias salariales y prestacionales, toda vez a que “se limita a las meras
conjeturas de la demandante, sin soporte probatorio alguno”.

Propuso los medios exceptivos que denominó “reserva legal y falta de
competencia para acceder a lo solicitado”; “improcedencia de nivelación
salarial y prestacional”; “ausencia de prueba “trabajo igual salario igual”;
inexistencia de la obligación”; “compensación” y “prescripción”.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las súplicas de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas3.

Advirtió que, el proceso de descentralización de la educación realizado en
principio por la Ley 60 de 1993; y posteriormente, por la Ley 715 de 2001,
implicó que los docentes nacionales o nacionalizados - como en el caso de la
actora -, fueran trasladados a las plantas de cargos de las entidades
territoriales, tal y como se hizo por Resolución 2823 de 9 de diciembre de 2002
suscrita por el Ministerio de Educación Nacional “Por la cual se otorga la
certificación al Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 715 de 2001”.

Luego, a través del Decreto 059 de 27 de enero de 2003 se incorporó en forma
provisional la planta global de personal docente, directivo docente y
administrativo, a la planta global de cargos financiados con el Sistema General
de Participaciones; por lo que, la parte demandante pasó a prestar sus

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Samai-Gestión otras corporaciones-índice 28.

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servicios como docente para el municipio de Medellín, siendo pagado su
salario por el Sistema General de Participaciones.

También que, por Decreto 013 de 2004 “Por medio del cual se incorpora y
adopta de manera definitiva la planta global de cargos Docentes, Directivos
Docentes y Administrativos del sector educativo aprobado por el Ministerio de
Educación Nacional y financiado con recursos del Sistema General de
Participaciones”, vinculó de manera definitiva a 9.880 docentes, 739 directivos
docentes y 490 administrativos, señalando respecto del régimen salarial y
prestacional lo siguiente: “Artículo Tercero: El régimen salarial y prestacional
aplicable a los cargos determinados y adoptados en el presente Decreto, será
establecido por el orden nacional de conformidad con la Ley y financiados por
la Nación con recursos del Sistema General de Participaciones”.

Lo anterior, significó que los docentes incorporados no perdieran el régimen
salarial y prestacional mediante el cual habían sido vinculados, comoquiera
que su traslado se realizó sin solución de continuidad.

Refirió que, de acuerdo con la definición y categorización contenida en el
artículo 1 de la Ley 91 de 1989, la condición o naturaleza jurídica del vínculo
docente “nacional, nacionalizado o territorial”, no está determinado por el
origen de los recursos destinados para cubrir las acreencias que genera el
respectivo vínculo; por el contrario, ello obedece a la acreditación de la plaza
a ocupar, conforme lo determinó el legislador en la norma indicada, lo que
determina el régimen prestacional aplicable a unos u otros.

Precisó que, en lo que respecta a los docentes territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva lo
calidad; esto es, de los recursos propios de la entidad o de las exógenas
(situado fiscal), cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales. Luego, con respecto a los educadores nacionalizados,
las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado
fiscal, hoy sistema general de participaciones.

Así también, que existen diversos regímenes normativos que regulan tanto la
actividad docente, como los salarios y prestaciones de los empleados públicos
del orden nacional y territorial, amparados por la Constitución Política; y por lo
tanto, no se configura una vulneración al artículo 13 de la Carta superior, ni al
principio “igual trabajo, igual salario”, en la medida que, uno de los requisitos
para determinar si hay violación del derecho a la igualdad, es precisamente
que se trate de supuestos fácticos comparables; y como se observa en el sub
lite, ambos grupos de docentes tienen una regulación diferente.

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Por tal motivo, indicó que es lógico que en una misma entidad territorial pueden
concurrir docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, con diferencias
salariales y prestacionales, pues la remuneración de los docentes nacionales
y nacionalizados la fija el gobierno nacional por medio del sistema general de
participaciones y la de los docentes territoriales por las autoridades
municipales competentes.

Concluyó que, los salarios y demás emolumentos de la señora Mazo Tapias
son pagados por el Sistema General de Participaciones (Decreto 059 de2003);
y en tal sentido, no genera un trato desigual respecto de los docentes que
fueron vinculados directamente al ente demandado antes de la certificación;
dado que, estos son pagados con recursos propios y conforme con lo
dispuesto en el artículo 2 de la Ley 4 de 1992 no se pueden desmejorar los
salarios y prestaciones de los empleados públicos; por lo que, encontró
justificada la diferencia de trato entre los referidos docentes.

Y en tal sentido, consideró que el acto acusado se ajusta a derecho, pues no
desmejora las condiciones salariales y prestacionales que la demandante traía
como empleada de la Nación al momento de ser incorporada a la nueva planta
de personal del Municipio de Medellín.

4. Recurso de apelación

El demandante a través de apoderada solicita que se revoque la sentencia
proferida por el a quo que le negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que4 se aplique la excepción de ilegalidad frente a la “Resolución
201830345312 del 21 de noviembre de 2018” que le negó la nivelación salarial,
con fundamento en que contraría los preceptos constitucionales de “trabajo
igual salario igual”, debido a que todos los docentes que asumió el municipio
de Medellín al momento de su certificación desarrollan, desde ese entonces y
actualmente, las mismas actividades laborales, cumplen el mismo horario y
están sujetos a la misma legislación. Es así como sin importar su vinculación
nacional, nacionalizada o territorial, al momento de ser tomados en la planta
de la entidad territorial, debieron equipararse sus salarios, respetando los
regímenes prestacionales de los que ya venían gozando. Luego, Nury Amparo
Mazo Tapias tiene derecho a que la entidad acusada le nivele el salario.

5. Alegatos de conclusión

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Samai-Gestión en otros despachos-índice 31.

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Mediante auto de 29 de abril de 20245, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación y precisó que como el asunto del epígrafe se rige por la
Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 247 del CPACA,
modificado por la aludida ley, desde la notificación del auto admisorio, hasta la
ejecutoria de dicha providencia, las partes y el agente del Ministerio Público,
podían pronunciarse sobre la alzada. Las partes guardaron silencio.

6. Concepto del Ministerio público

El Ministerio guardó silencio6.

II.CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. La
Sala deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante.

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte accionante,
le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal que
negó las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, se determinará si (i) es procedente aplicar la excepción de
ilegalidad invocada respecto del Oficio 201830345312 de 21 de noviembre de
2018, y (ii) si le asiste derecho a Nury Amparo Mazo Tapias a la nivelación
salarial y prestacional frente a los cargos docentes y directivos docentes
territoriales vinculados a la planta global del municipio de Medellín .

Con el fin de desatar los problemas jurídicos se abordarán los siguientes
aspectos: (i) Régimen jurídico de los docentes y directivos docentes; (ii)
Improcedencia del principio “a trabajo igual salario igual”; (iii) Hechos
probados; y (iv) Caso concreto.

2.2.1. Régimen jurídico de los docentes y directivos docentes.

5
Samai índice 6.
6
Samai índice 10.

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Indica la Constitución Política que corresponde al Congreso de la República,
hacer las leyes, tal como lo dispuso en el literal e) numeral 19, del artículo 150,
así:

“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones:
…
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes
efectos:
…
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos,
de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;”

En lo que se refiere al presidente de la República, dentro de sus funciones
tenemos en el numeral 14 del artículo 189, lo siguiente:

“Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado,
Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
…
14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que
demande la administración central, señalar sus funciones especiales
y fijar sus dotaciones y emolumentos. El Gobierno no podrá crear,
con cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado
para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.”

Quiere decir entonces que entre el Legislador y el Gobierno Nacional existe
una competencia compartida en el tema de regulación salarial y prestacional
de los empleados públicos. Bien lo explicó la Corte Constitucional en la
sentencia C-510 de 1999:

“En vigencia de la Constitución de 1886, el acto legislativo No. 1 de
1968 modificó el artículo 76, numeral 9 original de ésta, e introdujo
para la materia que él regulaba el concepto de las leyes cuadro del
derecho francés, al establecer la competencia del legislador para
“...fijar las escalas de remuneración correspondiente a las distintas
categorías de empleo”, al tiempo que le asignó al Presidente de la
República la facultad de “... fijar sus dotaciones y emolumentos...
con sujeción a la leyes a que se refiere el ordinal 9 del artículo 76...”.
Al referirse a la competencia del legislador y del Presidente de la
República en esta materia, la Corte Suprema de Justicia, en su
momento, afirmó que estos artículos tenían que entenderse en el
sentido según el cual la Constitución le asignaba al primero la
atribución de crear la parte estática y permanente de la
administración, mientras el segundo tenía la función de hacerla
dinámica, mediante el ejercicio de atribuciones administrativas.

La Constitución de 1991, por su parte, al regular lo relativo a las
atribuciones del Congreso de la República, estableció en el artículo
150, numeral 19, literal e), que a éste le corresponde dictar normas

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Demandado: Município de Medellín y otro.

generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno para regular, entre otras materias “el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.”
(subrayas fuera de texto)

El Constituyente de 1991, entonces, conservó el concepto que
venía desde la reforma constitucional de 1968, en relación con la
necesidad de la existencia de una competencia compartida entre el
legislador y el ejecutivo en la regulación de determinadas materias,
una de ellas la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, entre otros servidores del Estado, en donde la
función del primero se debe limitar a establecer unos marcos
generales, unos lineamientos que le circunscriban al segundo la
forma como éste ha de desarrollar su actividad reguladora para los
asuntos específicamente señalados por la propia Constitución.

3.2. En relación con la determinación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, a diferencia de lo que
acontecía en vigencia de la Constitución de 1886, en donde el
Congreso era quien señalaba la escala de remuneración de los
distintos empleos, hoy, el legislador debe simplemente fijar los
principios y los parámetros que el Gobierno ha de tener en cuenta
para establecer no sólo la escala de remuneración sino los demás
elementos que son propios de un régimen salarial y prestacional.

En estos términos, corresponde al Gobierno Nacional establecer
directamente los salarios y prestaciones sociales de todos los
empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la Fuerza
Pública, con fundamento en los criterios que para el efecto señale
el legislador en la ley general que está obligado a expedir.”

Siguiendo el discurso propuesto, en el mismo fallo, el Alto Tribunal
Constitucional, sobre la competencia para determinar las prestaciones y
salarios de los empleados territoriales, se expresa:

“Dentro de este contexto, ha de colegirse que la competencia para
determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades
territoriales, en el marco de la Constitución de 1991, requiere una
interpretación sistemática y coherente de sus mandatos, a efectos
de hacer compatible la autonomía que se reconoce a los entes
territoriales, en especial, el que hace referencia a la facultad de
gobernarse por autoridades propias (artículo 287, numeral 1), con
el esquema del Estado colombiano definido como una República
unitaria, para lograr que las atribuciones de los distintos órganos
a nivel central y territorial no resulte anulada. En otros términos,
que la forma como llegue a ejercer uno cualesquiera de estos
órganos su función, no niegue o invalide la de los otros.

4.3. En estos términos, para la Corte es claro que existe una
competencia concurrente para determinar el régimen salarial de
los empleados de las entidades territoriales, así: Primero, el
Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para
señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en

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Demandante: Nury Amparo Mazo Tapias
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cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen.
Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar sólo
los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo
en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las
asambleas departamentales y concejos municipales, a quienes
corresponde determinar las escalas de remuneración de los
cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo de
que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar
los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo
en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las
asambleas departamentales y concejos municipales, en las
ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que, en
ningún caso, pueden desconocer los límites máximos
determinados por el Gobierno Nacional.”

En un caso con iguales ribetes al aquí analizado, esta Subsección7 dijo sobre
los docentes:

“…
Luego, con la Ley 43 de 11 de diciembre de 1975 se nacionalizó
la educación primaria y secundaria, para lo cual se concedió un
término de 5 años (artículo 3 ), esto es, hasta el 31 de diciembre
de 1980, de lo que se colige que con antelación a dicho trámite
únicamente existían dos (2) categorías de maestros oficiales, a
saber: nacionales y territoriales. Y, posterior a la referida
nacionalización, se clasificaron en nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya diferenciación quedó establecida en el artículo
1º de la Ley 91 de 1989, así:

i) Personal nacional. Son los vinculados por nombramiento del
Gobierno nacional.

ii) Personal nacionalizado. Los designados por entidad territorial
antes del 1º de enero de 1976 y los nombrados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

iii) Personal territorial. Son los vinculados por nombramiento de
ente territorial, a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento
del requisito del artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial
docente en dos grandes grupos: los nombrados (i) por el Gobierno
nacional (personal nacional) y (ii) por entidades territoriales
(personal nacionalizado y territorial).

A partir de lo anterior, el artículo 15 de la citada Ley 91 de 1989
reguló lo ateniente a las prestaciones económicas a favor de los
profesores estatales:

7
C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter, nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023), Expediente: 05001-23-33-000-2019-
02395-01 (362-2022), Demandante: José Joaquín Villalba Nadad, Demandado Litisconsorte necesario: Municipio de
Medellín – secretaría de educación, Nación - Ministerio de Educación Nacional

13

Interno: 5859-2023
Demandante: Nury Amparo Mazo Tapias
Demandado: Município de Medellín y otro.

A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al
1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31
de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones
económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que
han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad
con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de
enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y
sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968,
1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con
las excepciones consagradas en esta Ley.

[…] (se subraya).

De acuerdo con lo anotado, el régimen prestacional de los
pedagogos oficiales dependía del tipo de vinculación y fecha de
ingreso, pues mientras que los nacionalizados que se
posesionaron antes de 1990 conservaban las condiciones que
tenían en el respectivo ente territorial, los nacionales y los que
laboraran a partir de esa anualidad, se regirían por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional.

Posteriormente, con la promulgación de la Carta Política de 1991
que dio a la educación la connotación de derecho constitucional
fundamental, se estableció que «La Nación y las entidades
territoriales participarán en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales, en los
términos que señalen la Constitución y la ley», y en esta última se
«[…] fijará[n] los servicios a cargo de la Nación y de las entidades
territoriales. Determinará, así mismo, el situado fiscal, esto es, el
porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido
a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos especiales
de Cartagena y Santa Marta, para la atención directa, o a través
de los municipios, de los servicios que se les asignen».

A través de la Ley 60 de 12 de agosto de 1993 , el Congreso de
la República dio paso a la descentralización del servicio
educativo, para lo cual dejó en cabeza de los entes locales su
administración, mientras que la Nación sería responsable de la
regulación, coordinación y asistencia:

ARTÍCULO 2o. COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS.
Corresponde a los Municipios, a través de las dependencias de
su organización central o de las entidades descentralizadas
municipales competentes […]:

1. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política
y a las disposiciones legales sobre la materia:

• Administrar los servicios educativos estatales de educación
preescolar, básica primaria y secundaria y media.

14

Interno: 5859-2023
Demandante: Nury Amparo Mazo Tapias
Demandado: Município de Medellín y otro.

[…]

ARTÍCULO 3o. COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS.
[…]

A. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y las
disposiciones legales sobre la materia:

• Dirigir y administrar directa y conjuntamente con sus municipios
la prestación de los servicios educativos estatales en los niveles
de preescolar, básica primaria y secundaria y media.
• Participar en la financiación y cofinaciación de los servicios
educativos estatales y en las inversiones de infraestructura y
dotación.
• Asumir las funciones de administración, programación y
distribución de los recursos del situado fiscal para la prestación de
los servicios educativos estatales.
[…]

La prestación de los servicios educativos estatales y las
obligaciones correspondientes, con cargo a los recursos del
situado fiscal, se hará por los departamentos, caso en el cual los
establecimientos educativos y la planta de personal tendrán
carácter departamental, distribuida por municipios, de acuerdo
con las necesidades de prestación del servicio; de todas maneras
la administración del personal docente y administrativo se hará
conforme a lo previsto en el artículo 6o. de la presente Ley.

ARTÍCULO 4o. COMPETENCIAS DE LOS DISTRITOS. […]

La prestación de los servicios educativos estatales y las
obligaciones correspondientes, con cargo a los recursos del
situado fiscal, se hará por los distritos, caso en el cual los
establecimientos educativos y la planta de personal tendrán
carácter distrital; de todas maneras la administración del personal
docente y administrativo se hará conforme a lo previsto en el
artículo 6o. de la presente ley.
[…]

ARTÍCULO 5o. COMPETENCIAS DE LA NACIÓN. En relación
con las materias de carácter social, corresponde a la Nación, a
través de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás
organismos y autoridades de la administración central o de las
entidades descentralizadas del orden nacional, conforme a las
disposiciones legales sobre la materia:

• Formular las políticas y objetivos de desarrollo.
[…]

ARTÍCULO 6o. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL.
Corresponde a la ley y a sus reglamentos, señalar los criterios,
régimen y reglas para la organización de plantas de personal
docente y administrativo de los servicios educativos estatales.
[…]

15

Interno: 5859-2023
Demandante: Nury Amparo Mazo Tapias
Demandado: Município de Medellín y otro.

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes
nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las
nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y
las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualquiera otra clase de remuneraciones. El personal
docente de vinculación departamental, distrital y municipal será
incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y
se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva
entidad territorial.

[…] (subraya la subsección).

Conforme a la aludida Ley 60 de 1993, los departamentos y
distritos certificados asumieron la prestación de la labor educativa;
en materia prestacional, se contemplaron mecanismos que no
afectaran (i) a los maestros nacionales o nacionalizados
incorporados sin solución de continuidad a las entidades
territoriales y a los nuevos, a quienes les sería aplicada la Ley 91
de 1989, (ii) mientras que quienes laboraban en los
departamentos, distritos y municipios que acogieron el personal
descentralizado, continuarían con las prerrogativas ya
reconocidas por estos, según el caso.

Los anteriores lineamentos continuaron vigentes con la Ley 115
de 8 de febrero de 1994, «Por la cual se expide la ley general de
educación», que preceptuó que «El régimen prestacional de los
educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en
la Ley 60 de 1993 y en la presente ley», con la advertencia que
«En ningún caso se podrán desmejorar los salarios y prestaciones
sociales de los educadores».

Años después se expidió la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001
que, entre otras cosas, derogó la 60 de 1993 y dispuso que los
municipios y distritos certificados en educación tendrían a su
cargo ese servicio en los niveles de preescolar, básica y media,
incluidos nombramientos, ascensos y traslados, pero «[…] sin
superar en ningún caso el monto de los recursos de la
participación para educación del Sistema General de
Participaciones asignado a la respectiva entidad territorial […]»
(artículos 6° y 7°). Además, los artículos 34 y 37 de la Ley 715
determinaron que «Las plantas de cargos docentes y de los
administrativos de las instituciones educativas serán organizadas
conjuntamente por la Nación, departamentos, distritos y
municipios […]», los servidores «[…] que fueron nombrados con
el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin solución
de continuidad» y «[…] los docentes, directivos docentes y
funcionarios administrativos de los planteles educativos que se
financien con recursos del Sistema General de Participaciones,
sólo se les podrá reconocer el régimen salarial y prestacional
establecido por ley o de acuerdo con esta» (artículo 38).

Así las cosas, con la Ley 715 de 2001 los pedagogos nacionales,
nacionalizados y territoriales se incorporaron a las plantas de
personal locales que los recibían (desde luego, siempre que
existiera acto administrativo expreso de incorporación del
respectivo maestro), lo que sugiere que adquirieron la condición

16

Interno: 5859-2023
Demandante: Nury Amparo Mazo Tapias
Demandado: Município de Medellín y otro.

de territoriales con las prerrogativas que ello implicaba (como el
pago de salarios y prestaciones vigentes en el respectivo
departamento, distrito o municipio o el reconocimiento de la
pensión gracia, claro está, previo cumplimiento de la totalidad de
requisitos legales), como lo precisó la sala de consulta y servicio
civil del Consejo de Estado, en concepto de 14 de diciembre de
2016 , así:

Como se indicó anteriormente, de acuerdo con lo establecido los
artículos 15 de la Ley 60 de 1993 y 34 de la Ley 715 de 2001, el
personal adscrito a las plantas de personal del servicio educativo
del orden nacional debía ser recibido o incorporado en las plantas
existentes o que se crearan para el efecto en las entidades
territoriales (departamentos, municipios o distritos), en virtud de la
descentralización de la educación.

Se produce así un traslado de los servidores de la educación, los
cuales dejaban de pertenecer a la planta de personal de la Nación
y pasaban a incorporarse a las plantas de personal de las
entidades territoriales. Este proceso se debía hacer de forma
conjunta entre la Nación y los Departamentos, Distritos o
Municipios, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la ley,
tal como dispuso la Ley 715 de 2001 […] (subraya la Sala).

No obstante, en atención a que la normativa trascrita , como ya se
anotó, determinó que una vez «Establecidas las plantas, los
docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles
educativos […] mantendrán su vinculación sin solución de
continuidad» (se subraya), la sala mayoritaria de esta subsección,
al desatar medios de control instaurados por docentes estatales
con el ánimo de obtener la pensión gracia, ha dicho que «[…] si
bien es cierto que el Departamento […] para asumir la
administración del sector de la educación dentro del modelo de
descentralización administrativa, incorporó a su planta de
personal a algunos docentes, directivos docentes y
administrativos, […] también lo es que esto no conllevó a que la
calidad de la vinculación de estos mutara de nacional a territorial,
pues […] el artículo 1º de la Ley 91 de 1989 estableció que los
docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional
[…] son personal nacional. Además, la nominación es una sola y
es diferente a la incorporación» (sic; se subraya).

En suma, la posición adoptada por la sala de decisión aquí
integrada, se contrae a que la incorporación de los maestros
nacionales y nacionalizados a los entes territoriales con ocasión
de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 no comporta cambio del
tipo de vinculación, pues fue sin solución de continuidad; posición
de la que, valga decir, se ha apartado el suscrito consejero
ponente por las razones esbozadas líneas atrás .

En este orden de ideas, si bien el mencionado criterio de la Sala
fue abordado en materia de pensión gracia, en la que el tipo de
vinculación del profesor (nacional, nacionalizada o territorial)
deviene relevante para definir el derecho reclamado, lo cierto es
que también resulta aplicable en el sub lite, comoquiera que
supone que la incorporación de los docentes «[…] no conllevó […]
que la calidad de la vinculación de estos cambiara de nacional a

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Interno: 5859-2023
Demandante: Nury Amparo Mazo Tapias
Demandado: Município de Medellín y otro.

territorial, en la medida en que el artículo 1º de la Ley 91 de 1989
estableció que los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno, como ocurre en el caso concreto, son personal
nacional, máxime si se tiene en cuenta que la nominación es una
sola y es diferente a la incorporación» (sic) , motivo por el cual se
analizará el problema jurídico fijado de acuerdo con la referida
posición.”

En la misma sentencia citada, se señaló sobre el proceso de la Ley 715 de
2001 y su incidencia sobre los docentes, lo siguiente:

“…
Así las cosas, con la Ley 715 de 2001 los pedagogos nacionales,
nacionalizados y territoriales 8 se incorporaron a las plantas de personal
locales que los recibían (desde luego, siempre que existiera acto
administrativo expreso de incorporación del respectivo maestro), lo que
sugiere que adquirieron la condición de territoriales9 con las prerrogativas
que ello implicaba (como el pago de salarios y prestaciones vigentes en el
respectivo departamento, distrito o municipio o el reconocimiento de la
pensión gracia, claro está, previo cumplimiento de la totalidad de requisitos
legales), como lo precisó la sala de consulta y servicio civil del Consejo de
Estado, en concepto de 14 de diciembre de 201610, así:

Como se indicó anteriormente, de acuerdo con lo establecido los artículos
15 de la Ley 60 de 1993 y 34 de la Ley 715 de 2001, el personal adscrito a
las plantas de personal del servicio educativo del orden nacional debía ser
recibido o incorporado11 en las plantas existentes o que se crearan para el
efecto en las entidades territoriales (departamentos, municipios o distritos),
en virtud de la descentralización de la educación.

Se produce así un traslado de los servidores de la educación, los cuales
dejaban de pertenecer a la planta de personal de la Nación y pasaban a
incorporarse a las plantas de personal de las entidades territoriales. Este
proceso se debía hacer de forma conjunta entre la Nación y los
Departamentos, Distritos o Municipios, teniendo en cuenta los criterios
establecidos en la ley, tal como dispuso la Ley 715 de 2001 […] (subraya
la Sala).

2.2.2. Principio “a trabajo igual, salario igual”.

En lo atinente al principio de “a trabajo igual, salario igual” esta Subsección12 lo
analizó en los siguientes términos:

“El principio de «a trabajo igual, salario igual» encuentra su origen en
el derecho
fundamental a la igualdad establecido en el artículo 13 de la carta
política, el cual
«no plantea una igualdad matemática, sino una igualdad real, que
busca un trato

8
Esto es, de los departamentos a los municipios certificados por el Ministerio de Educación Nacional.
9
Como lo preceptuaban los artículos 3º y 4º de la Ley 60 de 1993.
10
Radicación 11001-03-06-000-2016-00109-00 (2301), C. P. Álvaro Namén Vargas.
11
La Ley 60 de 1993 utiliza el verbo recibir, en tanto que la Ley 715 de 2001 utiliza el verbo incorporar.
12
C.P.: Juan Enrique Bedoya Escobar, veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023), Referencia: Nulidad y
restablecimiento del derecho, radicación: 05001-23-33-000-2019-02694-01 (0366-2022), Demandante: Juan Pablo
Ortega Henao, Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Del
Magisterio, Municipio de Medellín.

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Interno: 5859-2023
Demandante: Nury Amparo Mazo Tapias
Demandado: Município de Medellín y otro.

igual a las personas que se encuentran bajo unas mismas condiciones,
y que justifica un trato diferente sólo cuando se encuentran bajo
distintas condiciones».

De igual forma fue establecido en otras disposiciones normativas,
como en el artículo 53 constitucional, como principio mínimo
fundamental toda vez que «la remuneración debe ser proporcional a
la cantidad y calidad de trabajo», en el artículo 10 del Código
Sustantivo del Trabajo al disponer que «[t]odos los trabajadores y
trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y
garantías, en consecuencia, queda abolido cualquier tipo de distinción
por razón del carácter intelectual o material de la labor, su forma o
retribución, el género o sexo salvo las excepciones establecidas por la
ley» y en el artículo 143 de la referida codificación, estableció de forma
expresa el margen de configuración de este principio, al disponer que:

«ARTICULO 143. A TRABAJO DE IGUAL VALOR, SALARIO IGUAL.
1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de
eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual,
comprendiendo en este todos los elementos a que se refiere el artículo
127.

2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de
edad, género, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o
actividades sindicales.

3. Todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración, se
presumirá
injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de
diferenciación».
Teniendo en cuenta el desarrollo normativo, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, en
sentencia del 25 de agosto de 2022, se pronunció al respecto:

«El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un
criterio relacional propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar
su vulneración debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las
mismas funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de
exigencias de cualificación para el empleo, son comparables y, no
obstante, reciben una remuneración diferente.

Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada debe
basarse en la inexistencia de un parámetro objetivo, discernible y
razonable que justifique la diferenciación. Así, la jurisprudencia
constitucional ha catalogado como razones admisibles de
diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos
de evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura
institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan
cargos que se muestran prima facie análogos; y (iii) la distinta
clasificación de los empleos
públicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas salariales,
que responden a cualificaciones igualmente disímiles para el acceso a
dichos empleos».
Como consecuencia, en los asuntos en los que se afirma una presunta
igualdad
basada en el ejercicio homogéneo de funciones que le corresponden
a un empleo con mejor remuneración y en el cumplimiento exacto de

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Interno: 5859-2023
Demandante: Nury Amparo Mazo Tapias
Demandado: Município de Medellín y otro.

requisitos o perfiles para desempeñar la misma actividad, tales hechos
tendrán que valorarse en conjunto con todas las condiciones
particulares de cada empleo en contraste, en orden a fijar un criterio
de equiparación viable en lo relativo a la nivelación salarial, debido a
que un examen adecuado para hallar un trato discriminatorio
únicamente puede ser predicado entre pares y no entre similares con
ciertas diferencias.”

Este marco normativo y jurisprudencial es el que permite resolver el caso
puesto a consideración de la Sala.

2.3. Hechos probados

Por Decreto 1368 de 10 de septiembre de 1982 13 , el Gobernador del
Departamento de Antioquia nombró en propiedad a Nury Amparo Mazo Tapias
como maestra en el corregimiento Rafael Uribe Uribe (Sec escuela la Colina),
con tipo de vinculación nacionalizada.

El 28 de septiembre de 201814, la accionante solicitó el pago de las diferencias
resultantes entre los salarios y prestaciones devengados con relación a
aquellos reconocidos a los docentes territoriales ante la Secretaría de
Educación del Municipio de Medellín.

Por Oficio 201830345312 de 21 de noviembre de 201815, la entidad territorial
resolvió de manera negativa la solicitud de reajuste al considerar que “en
relación con la incorporación del personal docente la Ley 60 de 1993 determinó
que al personal nacional o nacionalizado se le aplicaría el régimen salarial
previsto en la Ley 91 de 1989, mientras que para el personal territorial se
dispuso expresamente que se le respetaría el régimen prestacional que venía
siendo reconocido en la respectiva entidad territorial. También dijo que el
artículo 34 de la Ley 715 de 2001 previó que la incorporación del personal
docente a las plantas de cargos dispuestas, se efectuaría sin solución de
continuidad, lo que incluye el respeto por las prestaciones, salarios y demás
beneficios laborales que venían disfrutando”.

Formato único de salarios de 9 de noviembre de 2018 expedido por el
FOMAG, en el cual consta que la accionante devengó los siguientes factores
salariales16:

DESDE 01-01-2014
FACTORES SALARIALES HASTA 31-12-2014

13
Folio 92 vuelta.
14
Folio 32 vuelta.
15
Folio 29 a 38.
16
Folio 54 vuelta.

20

Interno: 5859-2023
Demandante: Nury Amparo Mazo Tapias
Demandado: Município de Medellín y otro.

Asignación básica 2.711.939
Bonificación Mensual 1 junio/14-31 diciembre/15 27.119.00
Prima de navidad 2.908.663.00
Prima de servicios 632.786.00
Prima de vacaciones Docentes 1.396.158.00
Prima de vida cara 1.355.969.00
TOTAL 9.032.634.00

DESDE 01-01-2015
FACTORES SALARIALES HASTA 31-12-2015
Asignación básica 2.866.699.00
Bonificación Mensual 1 junio/14-31 diciembre/15 28.667.00
Prima de navidad 3.141.673.00
Prima de servicios 1.447.683.00
Prima de vacaciones Docentes 1.508.003.00
Prima de vida cara 1.433.349.00
TOTAL 10.426.074.00

DESDE 01-01-2016
FACTORES SALARIALES HASTA 31-12-2016
Asignación básica 3.120.336.00
Bonificación Mensual Docentes 62.407.00
Prima de navidad 3.453.497.00
Prima de servicios 1.591.371.00
Prima de vacaciones Docentes 1.657.678.00
Prima de vida cara 1.560.168.00
TOTAL 11.445.457.00

DESDE 01-01-2017
FACTORES SALARIALES HASTA 31-12-2017
Asignación básica 3.397.579.00
Bonificación Mensual Docente 67.952.00
Prima de navidad 3.760.342.00
Prima de servicios 1.732.765.00
Prima de vacaciones Docentes 1.804.964.00
Prima de vida cara 1.560.168.00
TOTAL 12.323.770.00

DESDE 01-01-2018
FACTORES SALARIALES HASTA 04-02-2018
Asignación básica 3.641.927.00
TOTAL 3.641.927.00

DESDE 05-02-2018
FACTORES SALARIALES HASTA 09-11-2018
Asignación básica 3.641.927.00
Bonificación Mensual Docente 109.258.00
Prima de servicios 1.875.592.00
TOTAL 5.626.777.00

2.4. Caso concreto

En el sub lite el demandante solicita que se ordene al municipio enjuiciado que
le reconozca y pague las diferencias salariales y prestacionales que se le
adeudan “causadas por las cancelaciones superiores que se reconocen a
aquellos docentes que laboran al servicio del Municipio de Medellín,
considerados municipales y/o catorcenales que realizan las mismas funciones
que mi mandante, cumpliendo los mismos horarios y obligaciones y
acreditando el mismo escalafón docente al servicio del mismo patrono
descentralizado (…)”.

El a quo negó las súplicas de la demanda al considerar que, los salarios y
demás emolumentos de la accionante son pagados por el Sistema General de
Participaciones; y por ende, no genera un trato desigual respecto de los
docentes que fueron vinculados directamente al ente demandado antes de la

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Interno: 5859-2023
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Demandado: Município de Medellín y otro.

certificación; dado que, estos son pagados con recursos propios y conforme
con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 4 de 1992 no se pueden desmejorar
los salarios y prestaciones de los empleados públicos.

Visto lo anterior, y de conformidad con los precedentes jurisprudenciales y los
elementos de convicción arribados al plenario, se tiene que (i) la demandante
fue nombrada por el Gobernador del Departamento de Antioquia por Decreto
1368 de 10 de septiembre de 1982 como maestra en corregimiento Rafael
Uribe Uribe (Sec escuela la Colina), con tipo de vinculación nacionalizada; (ii)
del año 2014 al 2018, ha percibido diferentes factores salariales; (iii) el 26 de
septiembre del 2018 pidió a la demandada le reconociera y pagara las
diferencias salariales y prestacionales existentes entre los docentes y
directivos docentes al servicio del municipio de Medellín; y (iv) la entidad
territorial por Oficio 2018830345312 de 21 de noviembre de 2018 negó tal
pedimento, al estimar que no existe desigualdad salarial por cuanto cada uno
de los docentes se diferencian por el tipo de vinculación y aplicación normativa
en materia salarial y prestacional, debido a que fueron incorporados sin
solución de continuidad.

Consecuente con lo anterior, y respecto al cargo de vulneración del principio
de “a trabajo igual, salario igual”, no es de recibo para la Sala.

En efecto, la pregonada desigualdad salarial se establece a partir de criterios
subjetivos, lo cual no se vislumbra en el sub-lite luego que la Carta Superior
de 1991 y el legislador establecieron que el servicio educativo puede ser
prestado de forma concurrente, tanto por la Nación como por las entidades
territoriales; y por ello, determinaron el régimen salarial y prestacional para
cada uno de los maestros, y los diferenciaron entre (nacionales,
nacionalizados y territoriales).

Observado lo anterior, y toda vez que Nury Amparo Mazo Tapias fue vinculada
el 10 de septiembre de 1982 por el Departamento de Antioquia, la Sala precisa
que se trata de una docente territorial departamental. Posteriormente, se
expidió la Ley 91 de 1989 por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de cuyos artículos 1 y 15 se desprende
lo siguiente: “Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes
términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por

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Interno: 5859-2023
Demandante: Nury Amparo Mazo Tapias
Demandado: Município de Medellín y otro.

nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los
vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
43 de 1975. Personal territorial. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975”.
“ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero
de1990 será regido por las siguientes disposiciones: 1. Los docentes
nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial
de conformidad con las normas vigentes. Los docentes nacionales y los
que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las
prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley (...)” (negrillas fuera de texto).

Así las cosas, y en atención a la fecha en que la actora fue vinculada al servicio
docente; esto es (10/09/1982) la Sala precisa que le son aplicables las
disposiciones salariales y prestacionales de los docentes nacionalizados; es
decir, las establecidas para la nacionalización de la educación efectuada
mediante la Ley 43 de 1975, el cual difiere del régimen salarial y prestacional
del orden territorial; por lo tanto, dicho tratamiento se encuentra justificado en
virtud de los lineamientos establecidos en el ordenamiento jurídico y que
fueron explicados ut supra.

Acerca de la vulneración del principio de “a trabajo igual salario igual”, esta
Subsección expresó que17:

“(…) En segundo lugar, el juicio de igualdad se debe hacer entre sujetos
comparables, es decir, aquellos que se encuentran en una misma situación
fáctica y jurídica, porque desempeñan la misma actividad, tienen las mismas
funciones y obligaciones y están sometidos al mismo régimen jurídico
salarial y prestacional; situación que tampoco acontece en el presente caso,
porque si bien los docentes y directivos docentes desarrollan las mismas
funciones, tienen el mismo escalafón; no se encuentran en idéntica situación
fáctica ni jurídica, pues unos fueron vinculados al servicio directo de la
entidad territorial y se les asignaron conceptos salariales y prestacionales
diferentes de aquellos que fueron vinculados por el Gobierno nacional, de
tal modo que se encuentran diferenciados por su forma de vinculación y por
el régimen jurídico salarial y prestacional que dispuso el legislador para ello,

17
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02694-01 (0366-2022), de 25 de mayo de 2023. MP Juan Enrique Bedoya
Escobar.

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Interno: 5859-2023
Demandante: Nury Amparo Mazo Tapias
Demandado: Município de Medellín y otro.

en el que estableció que, una vez unificadas las plantas de personal de la
entidad territorial producto del proceso de descentralización educativo,
aquellos docentes, directivos docentes y administrativos tanto del orden
territorial, nacional y nacionalizado seguirían gozando sin solución de
continuidad de los beneficios laborales que venían recibiendo, así lo estipuló
el artículo 6 de la Ley 91 de 1989, Ley 60 de 1993 y el artículo 34 de la Ley
715 del 2001. De conformidad con lo anterior, los docentes territoriales
seguirían gozando sin solución de continuidad de los emolumentos y demás
beneficios laborales que hayan sido creados por la entidad territorial, en
tanto que, los docentes del orden nacional mantendrían los beneficios
laborales atribuidos por el orden nacional una vez se incorporaran a las
plantas de personal docente del nivel territorial.

Finalmente, la expresión sin solución de continuidad que previó el legislador
para la vinculación de los docentes y directivos docentes territoriales,
nacionales y nacionalizados que se incorporaran a la entidad territorial con
anterioridad al 1 de enero de 1990, impone la obligación de que los cargos
sean asumidos en las mismas condiciones salariales y prestacionales que
tenían con anterioridad a la unificación de las plantas de personal docente y
directivo docente del ente territorial, por ende, el régimen prestacional y
salarial que los gobernaba no puede de ninguna manera verse menguado
por pasar el manejo de la educación a un ente diferente al de la nación, de
lo contrario, se vulneraría la protección de los derechos adquiridos y el
principio de progresividad (…)”.

Acorde con lo anterior, la Sala advierte que no se evidencia vulneración de tal
principio; dado que, no se reconoce la igualdad entre los docentes territoriales
municipales, los territoriales departamentales incorporados, y los nacionales y
nacionalizados, en atención a que cada uno se diferencia por el tipo de
vinculación y aplicación normativa en materia salarial y prestacional, pues
fueron incorporados sin solución de continuidad.

En suma, la accionante fue incorporada a la planta global de cargos docentes
del municipio de Medellín, con régimen salarial y prestacional del sector
nacionalizado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001. Sin
embargo, dicha situación no la convirtió en un docente nacional, así como
tampoco la hizo acreedora a los salarios y prestaciones sociales de aquellos
docentes. Amén de que, - como se dijo en líneas atrás-, al momento de su
unificación a la planta global de cargos docentes administrada por el municipio
de Medellín mantuvo su vinculación sin solución de continuidad; esto es,
permaneció con el mismo régimen salarial y prestacional que adquirió al
momento de su vinculación como docente nacionalizada; tal y como así lo
advirtió el Tribunal.

Es más, tampoco se evidenció cuál era esa diferencia salarial luego que no se
efectuó un ejercicio de comparación entre ambas situaciones que permitiera
establecer la alegada desigualdad. La parte demandante simplemente se

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Interno: 5859-2023
Demandante: Nury Amparo Mazo Tapias
Demandado: Município de Medellín y otro.

limitó a aportar los factores salariales devengados por ella, pero no los del
orden territorial frente a los cuales se pudiera realizar el cotejo.

En ese sentido, esta Subsección en la sentencia citada ut supra, sobre la carga
de la prueba que debía ejercer el reclamante para estructurar la desigualdad
invocada dijo:

“Al respecto, la Sala observa, en primer lugar, que el actor omitió
aportar pruebas que den cuenta de que, en efecto, su asignación
básica y demás emolumentos son inferiores a los que devengan
otros maestros en sus mismas condiciones (funciones asignadas,
escalafón, tipo de vinculación o hacer parte de los trámites de
incorporación), y que, por ende, son suficientes y sustanciales para
inferir que el derecho constitucional fundamental a la igualdad que
estima quebrantado, se ha visto afectado desde que fue integrado
a la planta de personal del municipio de Medellín, por lo que no
resulta acertado reprochar a la Administración por una situación
que, se reitera, no fue acreditada por el interesado, carga que debía
asumir en los términos del artículo 167 del Código General del
Proceso (CGP), de acuerdo con el cual «[…] incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen»18.”

Condensando lo anterior, esta Subsección concluye que no se constata
discriminación salarial en el caso bajo estudio, pues existen parámetros
objetivos, discernibles y razonables que justifican la diferenciación salarial y
prestacional entre los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales
incorporados a la planta global de personal de la entidad territorial; y en tal
sentido, el demandante no tiene derecho a que la entidad enjuiciada le nivele
el salario.

Por su parte, es improcedente la aplicación de la excepción de ilegalidad, dado
que no se probó que el acto censurado sea lesivo del orden jurídico superior,
además, la Sala advierte que la excepción de ilegalidad no se invocó con la
demanda, sin perder de vista que conforme al artículo 148 del CPACA, el juez
de primera o segunda instancia, puede de oficio “inaplicar con efectos
interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política
o la ley”, circunstancia que no se probó en el presente asunto.

Condena en costas

Frente a la condena en costas, el artículo 361 del Código General del proceso,
estipula:

18
Acerca de este tema, consultar sentencia C-86 de 2016, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, Corte Constitucional.

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Interno: 5859-2023
Demandante: Nury Amparo Mazo Tapias
Demandado: Município de Medellín y otro.

“Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las
agencias en derecho.
Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en
el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes.”
(Resaltado por la Sala).

A su vez, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:

“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”

No obstante, esta Sala ha sido del criterio que la norma transcrita deja a
disposición del juez valorar la procedencia o no de la condena en costas, ya
que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida, tenerse
certeza de su causación y que la conducta desplegada adolezca de temeridad
y mala fe, no basta el simple hecho de los resultados del proceso19.

En el caso concreto, revisado el actuar de las partes a lo largo del proceso no
se evidencia temeridad o mala fe, conforme con lo anterior, no se condenará en
costas en esta instancia.

III. DECISIÓN

En atención a las anteriores consideraciones, la Sala desestima el recurso de
apelación presentado por la parte accionante; y por ende, confirma la
sentencia de primera instancia proferida el 15 de agosto de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 15 de
agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las
súplicas de la demanda.

SEGUNDO. - Sin condena en costas en las dos instancias.

TERCERO. - DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

19
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-
33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

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Interno: 5859-2023
Demandante: Nury Amparo Mazo Tapias
Demandado: Município de Medellín y otro.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
JORGE PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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