Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02495-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02495-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-02495-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
12 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02495-01 (0065-2025)
Demandante: Alicia Manco Calderón
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1
Temas: Pensión de invalidez. Régimen docente
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión, mediante la cual accedió a las pretensiones de
la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Alicia Manco Calderón presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo3, en orden a que
1 En lo siguiente Fomag.
2 La demanda fue presentada el 25 de agosto de 2021. Documento 55 del expediente digital de la
primera instancia.
3 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Alicia Manco Calderón
se declarara la nulidad parcial de la Resolución 201850017263 del 20 de febrero de
2018, proferida por la Secretaría de Educación de Medellín, en representación del
Fomag, por medio del cual le reconoció una pensión de invalidez en los términos de
la Ley 100 de 1993.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el «reconocimiento» de la pensión de invalidez en cuantía del 75% del último
sueldo y primas percibidos antes de la estructuración de la disminución de su
capacidad laboral, a partir del 29 de septiembre de 2016; ii) el cumplimiento de la
sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; iii) la indexación
del valor de la condena; iv) los intereses moratorios; y v) la condena en costas a la
parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Alicia Manco Calderón laboró como docente entre febrero de 1988 y diciembre
de 1989 y desde el 10 de febrero de 2004 hasta el 24 de abril de 2018.
3.2. Fuediagnosticada con una disminución de la capacidad laboral del 87,7%
estructurada el 29 de septiembre de 2016.
3.3. El 20 de febrero de 2018, la Secretaría de Educación de Medellín profirió la
Resolución 201850017263 por medio de la cual le reconoció una pensión de
invalidez en aplicación de la Ley 100 de 1993, es decir, en cuantía del 54% del
promedio de los salarios percibidos durante los últimos 10 años de servicios.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron el acto Legislativo 01 de 2005; los artículos 15 de la Ley
91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100
de 1993; 23 del Decreto 3135 de 1968; 60 al 67 del Decreto 1484 de 1969; y 1 y 2
del Decreto 3752 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente4:
5.1. La demandada aplicó incorrectamente el régimen pensional al reconocer la
pensión de invalidez con fundamento en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, pese
a que, por haberse vinculado al servicio docente oficial con anterioridad a la entrada
4 Expediente digitalizado de la primera instancia en el índice 2 de Samai, carpeta
«000ExpedienteFisicoEscaneado» Documento 2.
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en vigencia de la Ley 812 de 2003, debía permanecer sometida al régimen
prestacional anterior previsto en la Ley 91 de 1989 y en los decretos 3135 de 1968
y 1848 de 1969.
5.2. Lapensión de invalidez debía reconocerse de conformidad con las reglas
contenidas en los referidos decretos, pues cumplió con los requisitos exigidos por
dichas disposiciones. Sin embargo, se le reconoció una prestación menos favorable.
5.3. La expresión «docentes vinculados» contenida en el artículo 81 de la Ley 812 de
2003 no exige que el docente hubiera mantenido una vinculación laboral continua o
estuviera prestando servicios exactamente al momento de entrar en vigencia la
norma, sino únicamente que hubiera tenido una vinculación previa al servicio
educativo oficial antes de esa fecha, pues así lo ha indicado el Consejo de Estado5.
1.2. Contestación de la demanda
6. El Fomag solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda de acuerdo con
las siguientes razones6:
6.1. El régimen prestacional de los docentes afiliados al Fomag se rige por la Ley 91
de 1989 y las normas que la complementan y, aunque estos servidores se
encuentran exceptuados del Sistema General de Pensiones, ello no implica la
existencia de un régimen pensional especial distinto del aplicable a los empleados
públicos del orden nacional para el reconocimiento de las pensiones de jubilación e
invalidez.
6.2. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado7 los docentes
vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 se encuentran
sometidos al régimen general de los empleados públicos previsto, entre otras
disposiciones, en la Ley 33 de 1985 y los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969,
por lo que las pensiones deben liquidarse únicamente con los factores salariales
expresamente autorizados por la ley y respecto de los cuales se hubieren efectuado
los correspondientes aportes al sistema, conforme a las reglas fijadas en la
sentencia de unificación del Consejo de Estado del año 20188.
6.3. Acceder a las pretensiones desconocería los principios constitucionales de
solidaridad, sostenibilidad financiera y equilibrio del sistema pensional, al permitir el
reconocimiento de prestaciones calculadas sobre factores no cotizados. No debe
imponerse condena en costas porque los actos fueron expedidos bajo el principio
5 Sentencia del 16 de marzo de 2017, radicado 81001-23-33- 000-2013-00285-01 (2806-15).
6 Documento 9.
7 Sentencia del 25 de abril de 2019, radicado 68001-23-33-000-2015-00569-01.
8 Sentencia del 28 e agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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de buena fe.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, profirió
sentencia el 13 de noviembre de 2024, mediante la cual accedió a las pretensiones
de la demanda y no condenó en costas. La orden fue la siguiente:
«PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución No. 201850017263 del 20 de febrero
de 2018, proferida por el Secretario de Educación del municipio de Medellín “Por la cual
se reconoce una Pensión de Invalidez, Ley 812 de 2003” en nombre y representación de
la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por medio de la cual se reconoció a favor de la señora Alicia Manco Calderón,
una pensión de invalidez, en tanto que debió conceder la pensión por invalidez
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último salario mensual.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación, Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
reliquidar la pensión de invalidez reconocida a favor de la señora Alicia Manco Calderón,
de conformidad con la Resolución número 201850017263 del 20 de febrero de 2018, ello
en el sentido de conceder a la demandante la pensión de invalidez equivalente al setenta
y cinco por ciento (75%) del último salario mensual, con los factores establecidos en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
En razón de lo expuesto, se condena a la parte demandada – Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a pagar
las diferencias de las mesadas que se generen bajo esta orden de reliquidación, a partir
del retiro, hasta el cumplimiento efectivo de la presente providencia, ello de manera
actualizada de conformidad con el inciso 4. ° del artículo 187 del CPACA, es decir, con
base en la siguiente fórmula:
[…]
TERCERO: No condenar en costas.
[…]» [sic]
8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos9:
8.1. De acuerdo con la certificación proferida por la Secretaría de Educación del
departamento de Antioquia, Alicia Manco Calderón laboró en el Centro Oficial de
Adultos Vereda La Matica de Girardota de febrero a junio y de julio a noviembre de
1988 y de febrero a junio de 1989, en este último periodo también prestó sus
servicios de manera paralela en el Centro Oficial de Adultos República de México.
8.2. Por su parte, la Secretaría de Educación de Medellín certificó que había laborado
como docente desde el 10 de febrero de 2004 hasta el 9 de diciembre de 2005 y
entre el 16 de enero de 2006 y el 24 de abril de 2018.
9 Documento 2.
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8.3. Así las cosas, Alicia Manco Calderón estuvo vinculada como docente oficial
desde antes del 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, de modo que su situación jurídica se regía por el régimen previsto en las leyes
91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, en concordancia con los decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, normas que regulan específicamente la
pensión de invalidez de los servidores públicos.
8.4. Con base en dicho marco normativo, la pensión de invalidez debía liquidarse
teniendo en cuenta el último salario devengado y los factores salariales previstos en
el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978; y debían computarse todos los
emolumentos que constituían remuneración del servicio. En consecuencia, la
Resolución 201850017263 del 20 de febrero de 2018 incurrió en un error al
reconocer una pensión equivalente al 54% de los factores salariales devengados,
cuando, por la pérdida de capacidad laboral del 87,7%, correspondía reconocer una
pensión equivalente al 75% del último salario mensual.
8.5. No se configuró la prescripción trienal, pues entre la fecha de estructuración de
la invalidez (29 de septiembre de 2016) y la presentación de la demanda (20 de
septiembre de 2019) no transcurrieron los 3 años previstos en el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969. Por ello, la demandante tenía derecho a la reliquidación de
la pensión de invalidez en cuantía equivalente al 75% del último salario mensual,
así como al pago de las diferencias pensionales causadas desde la fecha de retiro
y hasta el cumplimiento de la providencia, debidamente actualizadas. No se
encontraron causadas costas razón por la que no había lugar a su imposición.
1.4. El recurso de apelación
9. El Fomag apeló la sentencia de primera instancia de acuerdo con los siguientes
argumentos10:
9.1. Para la determinación del ingreso base de liquidación de las pensiones docentes
solo pueden tenerse en cuenta aquellos factores salariales sobre los cuales se
hubieran efectuado aportes al sistema pensional, de conformidad con el artículo 1
de la Ley 62 de 1985 y el Acto Legislativo 01 de 2005, razón por la que los factores
como la bonificación, las primas de servicios, de vacaciones y de navidad no podían
integrar la base de liquidación.
9.2. El propósito del Acto Legislativo 01 de 2005 fue eliminar tratamientos
privilegiados y garantizar que las pensiones se liquiden sobre los factores
10 Documento 5.
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efectivamente cotizados, de manera que reconocer prestaciones calculadas sobre
conceptos no aportados generaría un desequilibrio financiero y un detrimento
patrimonial para los recursos públicos administrados por el Fomag.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto en el que
solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia porque la pensión de
invalidez de la demandante debía corresponder al 75% del último salario percibido
antes del retiro en aplicación de las leyes 33 de 1985 y 91 de 1989 12.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia13, se circunscriben a
establecer ¿si Alicia Manco Calderón tenía derecho a la reliquidación de su pensión
de invalidez, con la inclusión de todos los factores salariales que devengó en el
último año de servicio como docente?
11 Tal como se indicó en el auto admisorio del 20 de febrero de 2025.
12 Documento 9 del expediente de la segunda instancia en Samai.
13 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: Alicia Manco Calderón
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre el régimen de la pensión de invalidez del personal docente
beneficiario de la transición de la Ley 812 de 2003
13. La Ley 812 de 2003 en su artículo 81 estableció que el régimen prestacional para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley.
Asimismo, dispuso que los docentes que se vincularan a partir de la entrada en
vigencia de la mencionada ley, serían afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
14. En ese orden, quienes se vincularon al servicio educativo oficial antes del 26 de
junio de 2003, se regirán por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989,
según el cual:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para
efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas
en esta Ley. […]»
15. Ahora bien, en relación con el reconocimiento de la pensión de invalidez de los
empleados oficiales, el artículo 23 del Decreto 3135 de 1968 disponía:
«Artículo 23. Pensión de Invalidez. La invalidez que determine una pérdida de la
capacidad laboral no inferior a un 75%, da derecho a una pensión, pagadera por la
respectiva entidad de previsión con base en el último sueldo mensual devengado,
mientras la invalidez subsista:
a) El 50% cuando la pérdida de la capacidad laboral sea el 75%.
b) Del 75% cuando la pérdida de la capacidad laboral exceda del 75% y no alcance el
95%.
c) El 100% cuando la pérdida de la capacidad laboral sea superior al 95%.
Parágrafo. La pensión de invalidez excluye la indemnización.»
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16. Posteriormente, se expidió el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el
Decreto 3135 de 1968» que en el capítulo XII estableció el régimen para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los empleados oficiales así:
«Artículo 60. Derecho a la Pensión. Todo empleado oficial que se halle en situación de
invalidez, transitoria o permanente, tiene derecho a gozar de la pensión de invalidez a
que se refiere este capítulo.
Artículo 61. Definición.
1. Para los efectos de la pensión de invalidez, se considera inválido al empleado oficial
que por cualquier causa, no provocada intencionalmente, ni por culpa grave, o violación
injustificada y grave de los reglamentos de previsión, ha perdido en un porcentaje no
inferior al 75% su capacidad para continuar ocupándose en la labor que constituye su
actividad habitual o la profesión a que se ha dedicado ordinariamente.
2. En Consecuencia no se considera inválido al empleado que solamente pierde su
capacidad de trabajo en un porcentaje inferior al 75%.»
Artículo 63. Cuantía de la pensión. El valor de la pensión de invalidez se liquidará con
base en el último salario devengado por el empleado oficial y será equivalente al
grado de incapacidad laboral, conforme a los porcentajes que se establecen a
continuación, así:
a. Cuando la incapacidad sea superior al noventa y cinco por ciento (95%), el valor de la
pensión mensual será igual al último salario devengado por el empleado oficial, o al
último promedio mensual, si fuere variable.
b. Si la incapacidad excediere del setenta y cinco por ciento (75%) sin pasar del noventa
y cinco por ciento (95%), la pensión mensual será equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del último salario devengado por el empleado oficial, o del último promedio
mensual.
c. Si la incapacidad laboral es del setenta y cinco por ciento (75%), dicha pensión será
igual al cincuenta por ciento (50%) del último salario devengado por el empleado oficial,
o del último promedio mensual, si fuere variable.» [Se resalta]
17. Ahora bien, de conformidad con las normas en mención, para efectos de la
liquidación de la pensión de invalidez se deberá tener en cuenta el último salario
devengado por el servidor. Para estos efectos, con el fin de determinar los
emolumentos que deberán incluirse en el ingreso base de liquidación se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, según el cual:
«Articulo 45. De los factores de salario por la liquidación de cesantía y pensiones. Para
efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que
tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se
tendrán en cuenta los siguientes factores de salario:
a. La asignación básica mensual;
b. Los gastos de representación y la prima técnica;
c. Los dominicales y feriados;
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d. Las horas extras;
e. Los auxilios de alimentación y transporte;
f. La prima de Navidad;
g. La bonificación por servicios prestados;
h. La prima de servicios;
i. Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan
percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio;
j. Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al decreto-ley 710 de 1978;
k. La prima de vacaciones;
l. El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de
descanso obligatorio;
ll. Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del decreto 3130 de
1968.»
18. Aunado a lo anterior, se precisa que a partir de la sentencia de unificación
proferida el 28 de agosto de 201814 esta corporación se inclinó por la taxatividad de
los factores salariales y, en ese sentido, debía entenderse que para efectos de
establecer el ingreso base de liquidación de las pensiones, el legislador, por virtud
de su libertad de configuración, enlistó de manera taxativa los factores que debían
incluirse, por lo que a ellos se debe limitar el reconocimiento pensional. Esto, al
concluir que:
«[C]on esta interpretación (i) se garantiza que la pensión de los beneficiarios de la
transición se liquide conforme a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se
respeta la debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita debe
existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura la
viabilidad financiera del sistema.»
19. Así las cosas, para efectos de la liquidación de la pensión de invalidez de los
docentes vinculados al servicio educativo oficial antes del 26 de junio de 2003 se
deberá tener en cuenta: i) el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral para
efectos de determinar la tasa de reemplazo; y ii) el último salario devengado, para
lo cual se deberán incluir los factores taxativamente establecidos en el artículo 45
del Decreto 1045 de 1978.
2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
20. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
14 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2018. C.P. César Palomino Cortés.
Expediente con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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Demandante: Alicia Manco Calderón
20.1. Alicia Manco Calderón nació el 18 de enero de 195615.
20.2. Laboró como docente de los centros oficiales adultos República de México y
Vereda La Matica, de febrero a junio de 198816, entre julio y noviembre de 198817 y
desde febrero hasta junio de 1989 [los certificados no aluden a un día exacto de
inicio o finalización de la prestación del servicio18]. Este último periodo lo laboró en
jornada doble, por lo que cuenta con dos actos de nombramiento 19. Además, se
vinculó con la Secretaría de Educación de Medellín del 10 de febrero de 2004 al 9
de diciembre de 2005 y desde el 16 de enero de 2006 hasta el 24 de abril de 201820.
20.3. Por medio de la Resolución 201850017263 del 20 de febrero de 2018, la
Secretaría de Educación de Medellín le reconoció una pensión de invalidez de
acuerdo con el certificado proferido por la Fundación Médico Preventiva del 19 de
octubre de 2016 en el que consta que tenía una pérdida de capacidad laboral del
87,7%21, por lo que liquidó la mesada en aplicación de las condiciones de la Ley
100 de 1993, es decir en cuantía del 54% del promedio de lo devengado durante
los 10 años anteriores al cumplimiento del estatus de pensionada, a partir del 29 de
septiembre de 2016 [fecha de estructuración], pero condicionó su pago a la cesación
del pago del auxilio por incapacidad22.
20.4. De acuerdo con el certificado de salarios mes a mes, durante los años 2004 a
2018 solo realizó aportes al sistema pensional por la asignación básica mensual23.
2.3.2. Análisis sustancial
21. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, accedió a las
pretensiones de la demanda al concluir que el régimen del cual era beneficiaria
Alicia Manco Calderón era el previsto en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1959,
por lo cual la prestación debió liquidarse sobre el 75% del último salario devengado,
con la inclusión de los factores establecidos en el Decreto 1045 de 1978.
22. El Fomag presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la decisión
15 Folio 8 del documento 3.
16 Según Resolución 2252 del 29 de abril de 1988.
17 A través de la Resolución 2713 del 18 de octubre de 1988.
18 Por medio de las resoluciones 3225 del 29 de abril y 3349 de junio [sin día] de 1989, en este
periodo laboró el doble jornada, razón por la que se certificaron dos actos de nombramiento.
19 Folio 14 del documento 3.
20 Certificado en el folio 26 del documento 3.
21 El acta de la junta medica no fue aportada al proceso y el acto administrativo no señaló el origen
de la invalidez.
22 Folios 9 al 12 del documento 3. El acto no indicó expresamente qué factores salariales tendría en
cuenta para conformar la base de liquidación, pero señaló que atendería lo señalado en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993, esto es «el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado
el afiliado».
23 Folios 26 al 32 del documento 3.
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Demandante: Alicia Manco Calderón
adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar que la base de
liquidación de la pensión discutida solo podía conformarse con los factores
salariales sobre los que efectivamente se realizaron aportes al sistema, de modo
que la bonificación, y las primas de servicios, de vacaciones y de navidad no podían
integrar dicha base liquidatoria.
23. Para resolver el problema jurídico planteado, de acuerdo con la situación fáctica
y las pruebas documentales, se advierte que la Secretaría de Educación de
Medellín, en nombre y representación del Fomag, reconoció una pensión de
invalidez con el 54 % del promedio de la asignación básica devengada en los
últimos 10 años de prestación de servicio de acuerdo con la Ley 100 de 1933, en
cuantía de $877.112, a partir del 29 de septiembre de 2016, pero con efectos
fiscales a partir del momento en que finalizara el pago del auxilio por incapacidad.
24. Al respecto, de las pruebas documentales se evidencia que la demandante se
vinculó al servicio de la docencia oficial en el mes de febrero de 1988, por lo tanto,
en cuanto al reconocimiento de la pensión de invalidez, el régimen aplicable era el
previsto en los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, toda vez que
el nombramiento se produjo antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 [de
conformidad con el régimen de transición previsto en el artículo 81 de esta última
disposición].
25. En ese orden, en consideración a que, de acuerdo con el dictamen de calificación
y determinación de invalidez, expedido el 19 de octubre de 2016 por «La Fundación
Médico Preventiva», Alicia Manco Calderón tuvo una pérdida de capacidad laboral
del 87,7 % y con fecha de estructuración del 29 de septiembre de 2016, por lo que
tenía derecho al reconocimiento de una pensión mensual de invalidez equivalente
al 75 % del último salario devengado o del promedio mensual si este fuera variable.
26. Lo anterior, por cuanto de conformidad con el literal b del artículo 63 del Decreto
1848 de 1969, la cuantía de la prestación se liquidará del siguiente modo: «si la
incapacidad excediere del setenta y cinco por ciento (75 %) sin pasar de noventa y cinco
por ciento (95%), la pensión mensual será equivalente al setenta y cinco por ciento (75 %)
del último salario devengado por el empleado oficial, o del último promedio mensual».
27. Ahora bien, la entidad apelante reprochó la decisión adoptada por el a quo, al
considerar que para la liquidación de la prestación solo podían tenerse en cuenta
los factores sobre los cuales se realizaron aportes de acuerdo con el artículo 1 de
la Ley 62 de 1985. En relación con esto, se advierte que a través de esta disposición
el legislador modificó el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, la cual reguló la « pensión
mensual vitalicia de jubilación» a la que tendrían derecho los empleados oficiales que
hubiesen prestado su servicio por «veinte (20) años continuos o discontinuos y lleg[aran]
a la edad de cincuenta y cinco (55)». Esto es, la norma que se pretende sea tenida en
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cuenta, no tiene alcance en la prestación que se encuentra en discusión, esto es, la
pensión de invalidez, en tanto la contingencia que allí se ampara es la vejez.
28. En línea con lo anterior, como se explicó en el marco normativo de esta
providencia el régimen de la pensión de invalidez del personal docente beneficiario
de la transición de la Ley 812 de 2003, como es el caso de la demandante, se
encuentra contenido en los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978,
de conformidad con los cuales, para la liquidación de la prestación se deberá tener
en cuenta: i) el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral para efectos de
determinar la tasa de reemplazo24; y ii) el último salario devengado, para lo cual se
deberán incluir los factores taxativamente establecidos en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978.
29. De conformidad con las pruebas aportadas al expediente, se encuentra
acreditado que Alicia Manco Calderón fue calificada con una pérdida de capacidad
laboral del 87,7% con fecha de estructuración del 29 de septiembre de 2016; y
aunque al presente proceso no se aportó certificación de los factores salariales
percibidos, sino que solo se allegó constancia de los aportes sobre la asignación
básica, lo cierto es que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la
conformación del ingreso base de liquidación «con los factores establecidos en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978» orden que se acompasa con los antecedentes
normativos y jurisprudenciales aquí desarrollados.
30. Así las cosas, la Sala no considera que el a quo haya ordenado la inclusión de
un factor ajeno a los previstos en el Decreto 1045 de 1978, razón por la que no tiene
vocación de prosperidad el reproche planteado en el recurso de apelación, por lo
que se confirmará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
2.4. Costas
31. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
32. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
24 Artículo 63 del Decreto 1848 de 1969.
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solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
33. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma25.
34. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
35. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.
3. Conclusión
36. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Alicia Manco Calderón
tenía derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez de acuerdo con lo
previsto en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, esto es, en cuantía del 75%
del último salario devengado con inclusión de los factores enlistados en el artículo
45 del Decreto 1045 de 1978.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia apelada del 13 de noviembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, que accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
por Alicia Manco Calderón en contra de la nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta decisión.
25En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02459-01 (0065-2025)
Demandante: Alicia Manco Calderón
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Ausente con excusa
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MLBC
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