Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02499-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02499-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-02499-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02499-01 (6582-2023)
Demandante: Dorie Elena Osorio Taborda
Demandado: Municipio de Medellín
Temas: Nivelación salarial y prestacional entre docentes nacionales y
nacionalizados incorporados y educadores territoriales del
municipio de Medellín. Análisis sobre la procedencia del test de
igualdad en este tipo de casos. Análisis oficioso de la excepción
de ilegalidad. CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual negó las pretensiones de
la demanda.
ANTECEDENTES
La señora DORIE ELENA OSORIO TABORDA instauró demanda en contra del
MUNICIPIO DE MEDELLÍN en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad del Oficio 201830345312 del 21 de noviembre de 2018,
por medio del cual la Secretaría de Educación Municipal de Medellín negó el
reconocimiento de la nivelación salarial de los docentes y directivos docentes de la
1 Folios 1 a 3.
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planta de personal de la referida entidad financiada con recursos del Sistema
General de Participaciones, frente a los vinculados directamente como educadores
territoriales.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a reconocer, liquidar y
pagar de forma actualizada las diferencias salariales y prestacionales adeudadas a
la accionante por el tratamiento remuneratorio diferencial entre esta y los maestros
municipales “y/o catorcernales” (sic) que realizan las mismas funciones y tienen
idéntico horario, obligaciones, escalafón y pago de sus acreencias a través del SGP.
Que se ordene a la parte pasiva dar cumplimiento del fallo en los términos de los
artículos 187, 192, 194 y 195 del CPACA y que la parte pasiva asuma las costas
conforme al artículo 188 ibidem.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que la demandante fue nombrada como docente municipal, perteneciente a la
planta del municipio de Medellín.
Que el departamento de Antioquia fue autorizado para la prestación del servicio
educativo de manera descentralizada desde el 10 de abril de 1996, según la
Resolución 6000 del 9 de diciembre de 1995 por mandato del artículo 3.º de la Ley
60 de 1993.
Que el municipio de Medellín también acreditó los requisitos para manejar
directamente el servicio de educación pública según la Resolución 2823 del 9 de
diciembre de 2002, ello en aplicación del artículo 20 de la Ley 715 de 2001.
Que, en virtud del Decreto 013 del 6 de enero de 2004, esta última entidad territorial
adoptó su planta global de personal docente, directivos docentes y administrativos
cancelados con los recursos del Sistema General de Participaciones, dentro de la
cual figuran 10.621 servidores que fueron incorporados y que inicialmente eran
financiados con recursos propios de la mencionada autoridad.
Que, a pesar de esta unificación, a los 1.643 educadores que desde el principio eran
pagados directamente por el municipio, se les comenzó a reconocer salarios y
prestaciones en mayor valor que a los 8.973 restantes, quienes ya eran financiados
2 Folios 3 a 7.
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a través del entonces Situado Fiscal (hoy SGP), pero que igualmente fueron
incorporados a la planta de personal territorial.
Que, el 26 de septiembre de 2018, la actora radicó una petición ante la autoridad
demandada a fin de que se le diera un trato salarial igual al de los docentes
municipales, pues aseguró que cumple las mismas funciones e idénticas
condiciones de horario y responsabilidades que las de estos últimos.
Que la parte pasiva negó lo reclamado a través del Oficio 201830345312 del 21 de
noviembre de 2018, en el que adujo que no existía ningún trato discriminatorio entre
educadores, porque entre estos existen diferencias por el tipo de vinculación y de
normativa aplicable.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 11 de octubre de 2019,3 y notificada al
municipio de Medellín4, quien5 manifestó que, el artículo 7.° de la Ley 715 de 2001
determina las funciones y competencias de los municipios certificados en materia
de administración de personal y de las instituciones educativas, lo cual se concretó
para la entidad territorial demandada mediante la Resolución 2823 del 9 de
diciembre de 2002. Que este hecho de ninguna manera supone la mutabilidad en
las condiciones laborales y prestacionales de las relaciones legales y
reglamentarias con las que venían los docentes incorporados como la accionante,
por lo que no se encuentra ningún tipo de discriminación remuneratoria entre
educadores, sino una justificación legal en razón del tipo de vinculación.
Propuso las excepciones que denominó: (i) Reserva legal y falta de competencia
para acceder a lo solicitado, (ii) improcedencia de nivelación salarial y prestacional,
(iii) ausencia de prueba de “trabajo igual salario igual”, (iv) inexistencia de la
obligación, (v) falta de causa para pedir, (vi) legalidad del acto administrativo
demandado, (vi) prescripción.
A través del auto del 6 de agosto de 2021,6 el tribunal de origen advirtió que
resolvería las excepciones propuestas al momento de dictar sentencia teniendo en
cuenta que las mismas son de mérito. En la misma providencia, en aplicación del
artículo 182A del CPACA (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021),
también resolvió las pruebas solicitadas, fijó el litigio y corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión en orden de dictar sentencia anticipada.
3 Folio 67.
4 Folio 78 a 79.
5 Folios 80 a 87.
6 Ver expediente digital en el índice 13 de SAMAI.
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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7
El Tribunal Administrativo de Antioquia dictó sentencia escrita el 30 de agosto de
2023, por medio de la cual negó las pretensiones sustentando que, el tipo de
vinculación del personal docente es aquel que determina el régimen salarial y
prestacional aplicable, esto conforme a Ley 60 de 1993 y 715 de 2001, las cuales
establecieron que para los docentes nacionales y nacionalizados el régimen
aplicable es el previsto para los empleados del orden nacional, y para los territoriales
incorporados es aquel del que venían disfrutando al momento de la incorporación.
Que, en todo caso, la determinación de la planta de cargos docente no podía
implicar una desmejora de los derechos adquiridos del personal territorial.
Que no es competencia de la entidad territorial adoptar medidas que procuren la
nivelación salarial del personal nacional o nacionalizado pues su régimen salarial
está definido por disposición del legislador y solo el Congreso y el Presidente de la
República pueden determinar su remuneración.
Que tanto la incorporación de los docentes en las plantas de cargos como la
naturaleza de los recursos con los que se cancelen las prestaciones docentes, bien
sea situado fiscal o sistema general de participaciones, no varía en ningún caso el
tipo de vinculación y es este último el que determina el régimen salarial y a su vez
que sirve de criterio objetivo para justificar la diferencia salarial entre el personal
docente.
EL RECURSO DE APELACIÓN8
La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque y se
acceda a sus pretensiones. Para ello adujo que, entre los docentes del municipio de
Medellín existen diferencias salariales y prestacionales que afectan gravemente los
derechos constitucionales de la reclamante, por lo que se debe dar aplicación a la
excepción de ilegalidad, entendida como una facultad del juez administrativo a
solicitud de parte u oficiosamente, al tenor de lo descrito por el Consejo de Estado
en el concepto bajo el radicado 11001-03-24-000-2010-00001-00.
Que la planta global de la entidad demandada quedó conformada por 10.395 cargos
docentes, que desde el 17 de enero de 2003 debieron gozar de igualdad de
condiciones, ya que son servidores sometidos a un mismo estatuto docente como
el Decreto 2277 de 1979, al punto de que por estar escalafonados debieron
equiparase en cuanto a su remuneración, situación que ha sido desconocida en
virtud de normas de inferior categoría proferidas por la entidad territorial accionada,
7 Ver expediente digital en el índice 22 de SAMAI.
8 Ver expediente digital en el índice 24 de SAMAI
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lo que habilita tener en cuenta la referida excepción de ilegalidad.
Que todos los educadores que asumió la parte pasiva al momento de su certificación
han desarrollado las mismas actividades laborales, cumplen el mismo horario y
están sujetos a la misma legislación, por lo que, sin importar su vinculación nacional,
nacionalizada o territorial, al momento de ingresar en la planta de personal municipal
debieron igualarse sus salarios, respetando los regímenes prestacionales de los que
ya venían gozando.
Que cuando no es posible una integración horizontal, la trasferencia de servidores
a cargos iguales o equivalentes, la entidad territorial receptora tenía la obligación de
adelantar un proceso previo de homologación y nivelación a efectos de no
desmejorar sus condiciones remunerativas, el cual incluía la realización de un
estudio técnico y comparativo entre plazas, la expedición de actos administrativos
que equipararan los cargos idénticos, y el pago de los retroactivos de las diferencias
entre salarios, lo cual no ocurrió.
Que el desconocimiento de estos postulados ha generado una vulneración del
principio superior de “a trabajo igual, salario igual”, analizado y respaldado por la
Corte Constitucional en sentencia T-369 de 2016, donde se estudió un caso similar
al presente ocurrido en el municipio de Cartago, en el que además se llegó a la
conclusión de que en casos de incorporaciones laborales, los servidores que sufran
este proceso deben ser amparados por las condiciones más favorables en virtud del
artículo 53 de la Constitución Política.
PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES
De conformidad con el numeral 4.° del artículo 247 del CPACA, una vez admitido el
recurso,9 la parte demandante y la parte demandada guardaron silencio.
POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no efectuó
pronunciamiento alguno.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si, a pesar de que
el municipio de Medellín aplicó los efectos legales del artículo 34 de la Ley 715 de
9 Índice 5 de SAMAI.
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2001 respecto de la incorporación del personal docente nacional y nacionalizado a
su propia planta de personal, existe algún fundamento jurídico que justifique y
permita la nivelación salarial y prestacional de la actora que ocupa una plaza
financiada por el Sistema General de Participaciones, en comparación con la
situación de los educadores territoriales pagados con recursos de esta misma
autoridad.
Marco normativo y jurisprudencial
a. De la fijación del régimen salarial y prestacional del magisterio, así como
del proceso de incorporación de personal docente a los entes territoriales en
virtud de la descentralización de la educación
Mediante la Ley 43 de 1975 se nacionalizó la educación, desde el 1.o de enero de
1976 hasta el 31 de diciembre de 1980, por el cual el servicio de enseñanza pública
de primaria y secundaria sería financieramente responsabilidad de la Nación, para
aliviar los presupuestos propios de las entidades territoriales frente a los costos de
la gestión de la labor educativa.
Por su parte, ante la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio en virtud de la Ley 91 de 1989, se previó en el artículo 15, que, los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, seguirían
bajo el régimen al que estaban sometidos cuando hacían parte de la entidad
territorial, mientras que aquellos nacionales y nacionalizados que fueron nombrados
a partir del 1.° de enero de 1990, tendrían como marco jurídico el que estuviera
vigente para el sector público nacional. Por ello, los educadores territoriales
propiamente dichos, siempre han estado gobernados por la normativa prestacional
de cada distrito, departamento o municipio.
Ahora, con la expedición de la Constitución Política de 1991, puntualmente en el
artículo 356, al Gobierno Nacional se le asignó la competencia para determinar qué
servicios serían prestados y garantizados por la Nación, y cuáles se
descentralizarían hacia las diferentes entidades territoriales. Se creó el Sistema
General de Participaciones (antes Situado Fiscal), en orden de distribuir los ingresos
corrientes del Estado entre los departamentos, distritos y municipios, y de esta
forma, atender directamente servicios como la educación oficial, entre otros.
En atención a este proceso, el Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993
que dispuso la desarticulación de la referida nacionalización, para que los entes
territoriales estuvieran encargados de la cobertura, administración y calidad de este
servicio.
En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los bienes
del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos. Así, con dicha
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normativa, dispuso el traslado del personal y de los establecimientos educativos a
las entidades del orden territorial.
En el inciso 4.º del artículo 6.º de la Ley 60 de 1993 se indicó:
«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales
sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la
Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de
vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de
la respectiva entidad territorial. […]» (Subrayado y negrilla fuera del texto original)
A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte de la
respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en
consecuencia, era necesario que se adelantara un trámite de incorporación, pues
los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados, debían migrar
a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen prestacional que regiría
tanto a los docentes que se incorporaran como a los que se vincularan de forma
posterior, sería el establecido en la Ley 91 de 1989.
Pues bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma era que
más municipios asumieran el manejo total de la administración del servicio de
educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los municipios
certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para que se les
trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema educativo para ser
invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo 16
ibidem:
«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o superior
a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la aprobación del
Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas otorgar a estos municipios
autonomía para la prestación del servicio de educación y la asunción de las
obligaciones correspondientes en las mismas condiciones de los distritos.»
De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la educación del
país, generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles municipal,
departamental y nacional» y en aras de «pasar a una nueva etapa de la
descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su autonomía
administrativa como operadores de la organización de los servicios de educación
[…]»10, se expidió la Ley 715 de 2001.
10
Estas referencias son propias del texto de la Exposición de Motivos de la Ley 715 de 2001.
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Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las entidades
territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en
sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió expresamente
a la incorporación de personal docente en su artículo 34 que dispuso:
«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el
artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y
administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios.
Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad. […]»
En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo consigo
dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el personal
administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas
conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los docentes
incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación que
ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.
b. Acerca de la posibilidad de la nivelación salarial y prestacional
Cuando se afirma que determinado funcionario desempeña materialmente una
misma plaza, o incluso una superior a la que ocupa, pero percibiendo un menor
salario al de aquel servidor con el que se compara, podría hablarse en principio de
la procedencia de una equiparación de remuneraciones. En todo caso, para ello, el
Consejo de Estado indicó los presupuestos que configurarían su viabilidad:
«Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que cumple
resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor salario,
debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b) contaba con la
misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que exige el empleo. El
incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias desfavorables para la
parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho que alega se somete a que la
decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo probado por la otra
parte o por la ausencia de pruebas que avalen sus alegatos.» (Subrayado fuera
de texto).
Incluso, la Corte Constitucional11 también desarrolló su línea jurisprudencial sobre
la materia al señalar que:
«[…] En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios
de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose todos en
igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la igualdad predicada
obedece a criterios objetivos y no meramente formales, aceptando entonces
11 Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional.
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homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo también diferenciación ante
situaciones desiguales...”
[...] 7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se
pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos
trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos: i)
ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la misma
preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las responsabilidades
son iguales […]» (Líneas intencionales).
Como se observa, este planteamiento se basa en los elementos de análisis
requeridos cuando se pretende aplicar un juicio de igualdad material en casos de
supuesta discriminación, derivado para litigios como el presente del principio laboral
de “a trabajo igual, salario igual”, el cual solo se configura cuando las partes
contrastadas están en el mismo plano de condiciones, tal como la referida
corporación judicial12 lo precisó al asegurar que:
«[…] no toda diferencia salarial entre trabajadores que desempeñan el mismo cargo
vulnera el principio “a trabajo igual salario igual”, como quiera que es posible
encontrar razones objetivas que autorizan el trato diferente.”
6. El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional,
propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse
ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al
mismo régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo, son
comparables y, no obstante ello, reciben una remuneración diferente.
[…] Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de
diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de evaluación
y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura institucional de las dependencias
públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima facie análogos; y (iii)
la distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual se generan
diferentes escalas salariales, que responden a cualificaciones igualmente disímiles
para el acceso a dichos empleos.» (Subrayado de la Sala).
Por consiguiente, cuando se busca una nivelación salarial fundada en el hecho de
que entre dos servidores existe un trato remunerativo discriminatorio, tal situación
jurídica solo podrá analizarse cuando se verifique que ambos empleados están en
una equivalencia real de condiciones laborales y ocupacionales, mas no solo porque
compartan empleos con algunas características similares. En todo caso, tal
pretensión prosperaría solo cuando se advierta que no existen causas tanto
objetivas como constitucional y legalmente permitidas que justifiquen la
diferenciación.
12 Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012. Expediente: T-
3.561.818 y sentencia C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha corporación en el expediente:
D-113.
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Resolución del caso concreto
Inicialmente debe destacarse que, conforme al acto administrativo No. 772 del 22
de febrero de 1994 (según consta en el acto administrativo demandado), la señora
Dorie Elena Osorio Taborda fue nombrada como docente de carácter nacional, de
manera que sus acreencias laborales serían financiadas con recursos del Sistema
General de Participaciones, motivo por el cual se advierte la intervención del
delegado del Ministerio de Educación ante el FER para el mismo efecto, tal como lo
prevén los artículos 6.º y 10 de la Ley 43 de 1975.
Además, al ingresar la demandante como docente nacional después del 1.º de
enero de 199013, quedó sometida al régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos del orden nacional según lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley 91 de 1989; lo cual aplica en el mismo sentido a los docentes nacionalizados.
Es claro que la reclamante pasó por el proceso de incorporación consagrado en el
artículo 34 de la Ley 715 de 2001, desarrollado para el caso de los municipios como
el demandado, por lo que, en atención al contenido de esta norma expuesta
anteriormente en el marco jurídico aplicable, dicha autoridad debía mantener y
respetar sin solución de continuidad las mismas condiciones de vinculación con la
que venía la educadora.
Por mandato legal de obligatorio cumplimiento para la entidad accionada, debía
conservarle a la educadora el mismo tipo de vínculo con el que inicialmente había
sido nombrada, esto es, como docente nacional que ingresó después del 1.º de
enero de 1990, lo que en materia salarial y prestacional hacía que siguiera sometida
al régimen propio de los empleados públicos del orden nacional, sin que pudiera
considerarse beneficiaria del régimen de los servidores territoriales del municipio.
Como se observa, el hecho de que el mismo legislador fuera quien a través de la
Ley 715 de 2001 hubiese contemplado cuáles serían los efectos en materia de
remuneración para los maestros incorporados (particularmente, que mantuvieran la
regulación que desde el principio los cobijaba), demuestra que esta norma es una
expresión derivada de su libertad de configuración legislativa que buscaba
garantizarle a aquellos servidores sus derechos adquiridos, y de esta forma evitar
desmejoras laborales en virtud del cambio de planta de personal que sufrirían.
Bajo ese entendido, la diferencia salarial de los docentes nacionales y
nacionalizados incorporados, frente a los profesores con nombramiento territorial,
obedece a un precepto legal que no ha sido declarado inexequible, tiene plena
vigencia y goza de presunción de constitucionalidad,14 lo que lo convierte en una
13
Conforme a la tabla de nombramientos y posesiones relacionada en el acto administrativo demandando (folio
36 numeral 127), asunto que no fue objeto de discusión entre las partes.
14 Este término aplica precisamente para las leyes proferidas por el Congreso de la República y las demás
normas jurídicas, e implica que debe asumirse que estas están ajustadas a la Constitución Política hasta tanto
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causa o razón objetiva que justifica normativamente dicho tratamiento diferencial, y
en consecuencia, impediría que prospere una pretensión de nivelación salarial, tal
como se indicó previamente en el marco jurisprudencial aplicable al caso.
Además, tampoco sería posible realizar el juicio de igualdad necesario para acceder
a lo reclamado, dado que, como la misma Ley 715 de 2001 fue la que mantuvo la
diferencia entre docentes (que ya venía contemplada en el artículo 1.º de la Ley 91
de 1989), no podría asegurarse que una educadora de carácter nacional como la
señora Osorio Taborda, sea igual o esté en un nivel de paridad con un maestro
territorial, toda vez que la naturaleza jurídica de sus vínculos y la fuente de
financiación de sus plazas los hacen diferentes, condición que por sí sola impide
considerar que existe una posible vulneración del derecho a la igualdad como
ampliamente lo ha manifestado la Corte Constitucional.
De hecho, basta con recordar que el Consejo de Estado ha convalidado esta tesis
al asegurar en casos como el presente que:
«[…] Lo que si no puede interpretarse, como lo pretende la actora, es que por el
hecho de asumir las entidades territoriales la carga de administrar y manejar la
educación en sus niveles preescolar, primaria y secundaria oficial, con los recursos
del situado fiscal, tenga la obligación, sin norma alguna que así lo determine y sin el
traslado de recursos, de nivelar los salarios del personal administrativo con los del
orden territorial, cuyo pago asume con los recursos propios, pues ello limitaría la
autonomía que, por Constitución tienen los entes territoriales, para fijar la asignación
salarial de los empleos de la administración central. Tuvo por tanto razón el a quo al
denegar las súplicas de la demanda. […]»15
«[…] los actos acusados, incluido el Oficio de 21 de julio de 2003 expedido por el
Gobernador de Casanare, se ajustaron a derecho pues no desmejoraron las
condiciones salariales y prestacionales que la actora traía como empleada de la
Nación al momento de ser incorporada a la nueva planta de personal del
Departamento, protegiéndole de esta manera los derechos adquiridos de los
servidores públicos, tal como lo ordena el artículo 58 de la Constitución Política y el
artículo 2 de la Ley 4 de 1992. […]»16
«[…] la circunstancia de que no se puedan equiparar o nivelar las asignaciones
mensuales de todos los docentes “no vulnera el principio de igualdad, puesto que
se aprecia que las competencias que rigen la materia son razonables y
proporcionadas, en tanto no es equiparable el presupuesto Nacional con la situación
económica de los entes territoriales. […]»17
En consecuencia, al resultar improcedente la nivelación salarial porque existe
fundamento objetivo y legal que convalida el trato diferencial, y, también por no
no sean demandadas y declaradas inexequibles por parte de la Corte Constitucional o la autoridad judicial
competente, tal como dicha corporación lo explicó en la sentencia C-427 del 30 de septiembre de 2020.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22 de junio de
2000. Radicado: 2630-99.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 16 de octubre
de 2008. Radicado: 85001-23-31-000-2003-01256-01(0128-07).
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 19 de agosto de
2010. Radicado: 08001-23-31-000-1997-11398-01(9194-05).
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02499-01 (6582-2023)
presentarse un caso de discriminación entre iguales, se hace innecesario estudiar
la supuesta transgresión del principio de «a trabajo igual, salario igual». Es decir,
por dichas razones sería inane examinar si la demandante cumplía o no las mismas
funciones, o si tenía perfil y obligaciones idénticas a las de un maestro territorial del
municipio de Medellín.
Ahora, la parte apelante sostiene en su recurso que, a pesar de que normativamente
se hubiese previsto la referida diferenciación entre educadores, tendría que acudirse
a la “excepción de ilegalidad” para inaplicar el acto administrativo que adoptó la
planta de personal definitiva de docentes nacionales y nacionalizados incorporados
a la autoridad demandada, ello con fundamento en la aludida violación de su
derecho fundamental a la igualdad.
Debe tenerse en cuenta que esta figura jurídica prevista en el artículo 148 del
CPACA, tiene como fin que el juez del proceso inaplique una norma cuando advierta
que esta vulnera abiertamente el ordenamiento legal superior, valga decir, siempre
que aquella manifestación se oponga abiertamente a la ley que regula la situación
jurídica creada, modificada o extinguida.18
Al respecto, sobre su aplicación en vía judicial, la Corte Constitucional en Sentencia
C-270 del 28 de julio de 2022 ratificó lo planteado en la sentencia C-037 del 26 de
enero de 2000 al asegurar que:
«[…] De todo lo anterior, se concluye que la llamada excepción de ilegalidad se
circunscribe entre nosotros a la posibilidad que tiene un juez administrativo de
inaplicar, dentro del trámite de una acción sometida a su conocimiento, un acto
administrativo que resulta lesivo del orden jurídico superior. Dicha inaplicación
puede llevarse a cabo en respuesta a una solicitud de nulidad o de suspensión
provisional formulada en la demanda, a una excepción de ilegalidad propiamente tal
aducida por el demandado, o aún puede ser pronunciada de oficio. Pero, en virtud
de lo dispuesto por la norma sub exámine tal y como ha sido interpretado en la
presente decisión, tal inaplicación no puede ser decidida por autoridades
administrativas, las cuales, en caso de asumir tal conducta, podrían ser
demandadas a través de la acción de cumplimiento, que busca, justamente, hacer
efectivo el principio de obligatoriedad y de presunción de legalidad de los actos
administrativos. […]».
Por tanto, pese a que la parte activa no alegó la excepción de ilegalidad como una
pretensión independiente o como argumentación propia de su demanda, sino que
solo la planteó hasta el recurso de apelación cuando, en principio y en atención al
principio de congruencia no sería del caso analizarla en esta instancia, lo cierto es
que, dada su naturaleza jurídica de control judicial, esta se estudiará de oficio tal
como lo indicó la Corte Constitucional en la providencia en comento.
18 Esta definición fue planteada por esta misma Subsección en sentencia del 30 de noviembre de 2023, dictada
en el proceso con radicado 25000-23-25-000-2011-00492-02 (6699-2022), basándose en el concepto de
excepción de ilegalidad desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia C-270 de 2022.
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02499-01 (6582-2023)
Sobre el particular, es claro que el Decreto 013 del 6 de enero de 2004 por medio
del cual se adoptó de manera definitiva la planta de personal docente del municipio
de Medellín, lo único que hizo fue acatar directamente la norma que habilitó el
traspaso de los educadores, planteles y facultades administrativas del servicio
educativo del nivel nacional y nacionalizado, incorporando para el efecto a los
maestros entregados por el departamento de Antioquia, todo en estricta sujeción
del artículo 34 de la Ley 715 de 2001.
Por esta razón, es evidente que no tiene sustento ni vocación de prosperidad la
referida excepción, pues dicho acto administrativo no riñe con la ley que lo
fundamenta, sino que, por el contrario, la ejecuta. En tal sentido, aquella decisión
claramente se ajusta a la legalidad, toda vez que la norma que la sustenta goza de
presunción de constitucionalidad como se expuso anteriormente, lo que conlleva su
necesaria aplicación por parte de la administración, tal como ocurrió en el presente
caso.
Lo anterior se justifica con mayor razón cuando se aprecia que el fundamento de la
reclamante para invocar este mecanismo, no correspondió a un supuesto
desconocimiento del ordenamiento legal aplicable al caso de la incorporación de
personal, sino más bien al hecho de que el acto administrativo en mención vulneró
su derecho fundamental a la igualdad, esto al haber permitido que se mantuviera
una diferencia entre docentes incorporados y territoriales, sin haber realizado un
proceso de homologación y nivelación salarial entre ambos.
Pues bien, de entrada, se advierte que tal argumentación no es propia de una
excepción de ilegalidad como la alegada, ya que la demandante no busca que se
haga un control de su situación frente a la ley, sino respecto de una presunta
vulneración del derecho fundamental a la igualdad, el cual tampoco se encuentra
afectado, pues tal como se advirtió previamente, el hecho de que se haya efectuado
la incorporación de los docentes, respetándoles sus condiciones originales en
atención a su diferente tipo de vinculación, de ninguna manera implica una
transgresión del derecho a la igualdad, dado que los distintos educadores no son
sujetos comparables entre sí, tal como se indicó en reciente providencia de esta
corporación19 cuando se precisó lo siguiente:
«[…] Ahora bien, respecto al cargo de la vulneración del principio «a trabajo igual
salario igual», no es procedente, pues como ya se explicó, la desigualdad salarial y
el trato discriminatorio se configuran cuando no hay causas objetivas y razonables
que lo justifiquen y cuando tal diferencia no obedece a criterios válidos
constitucionalmente que autoricen el trato diferente; cosa que no acontece en el
presente caso, porque como quedó dicho en el acápite del régimen jurídico de los
docentes, es la propia Constitución de 1991 y el legislador quienes establecieron
que el servicio educativo puede ser prestado de forma concurrente por la Nación y
las entidades territoriales, así como la clasificación de los docentes en nacionales,
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”. Sentencia del
25 de mayo de 2023. Radicado: 05001-23-33-000-2019-02694-01 (0366-2022).
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02499-01 (6582-2023)
nacionalizados y territoriales, en atención al periodo y la forma de vinculación, para
lo cual, el legislador estableció un régimen salarial y prestacional diferente para cada
uno de ellos. […]»
En conclusión, encuentra respaldo la tesis del tribunal de origen, bajo el entendido
adicional de que se declarará infundada la excepción de ilegalidad planteada por la
apelante, por lo que habrá de confirmarse el fallo apelado que negó las pretensiones
de la demanda.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación presentados por la parte demandante, no
presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio manifestaron planteamientos
razonables para la defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la excepción de ilegalidad.
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02499-01 (6582-2023)
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia a la
demandante, según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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