RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2019-02654-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02654-01

Fecha
28 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02654-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Antioquia por medio de la cual negó las pretensiones. hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares. […]» Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicado: 05001-23-33-000-2019-02654-01 (7440-2023) Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-02654-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

28 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02654-01 (7440-2023)
Demandante: Luz Jady Granados Arenas
Demandado: Municipio de Medellín
Vinculada: Nación – Ministerio de Educación Nacional- FOMAG

Temas: Nivelación salarial y prestacional entre docentes territoriales
incorporados y educadores territoriales del municipio de
Medellín. No se probó el supuesto fáctico alegado. Carga de la
prueba. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintitrés
(2023) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. La señora Luz Jady Granados Arenas instauró demanda1 en contra del
Municipio de Medellín en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin
de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del acto administrativo 201830345312 del 21 de
noviembre de 2018, por medio del cual la Secretaría de Educación de
Medellín negó el reconocimiento de la igualdad que concurre entre los

1 Folios 1 a 17.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02654-01 (7440-2023)

docentes y directivos docentes al servicio del municipio de Medellín por
realizar las mismas funciones, cumplir mismos horarios y obligaciones, y
pertenecer a la misma planta global, cancelados con recursos del Sistema
General de Participaciones.

3. Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a reconocer,
liquidar y pagar de forma actualizada las diferencias salariales y
prestacionales adeudadas a la accionante por el tratamiento remuneratorio
diferencial entre esta y los maestros municipales “y/o catorcernales” (sic) del
municipio de Medellín que realizan las mismas funciones y tienen idéntico
horario, obligaciones, y escalafón.

4. Que la entidad dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 187,
192 y 195 del CPACA y que sea condenada en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que fue nombrada como docente municipal en la planta de cargos de
Medellín y afirmó que el departamento de Antioquia fue autorizado para la
prestación del servicio educativo de manera descentralizada desde el 10 de
abril de 1996, según la Resolución 6000 del 9 de diciembre de 1995 por
mandato del artículo 3.º de la Ley 60 de 1993, y que el municipio de Medellín
también acreditó los requisitos para manejar directamente el servicio de
educación pública según la Resolución 2823 del 9 de diciembre de 2002, ello
en aplicación del artículo 20 de la Ley 715 de 2001.

6. Sostuvo que, en virtud del Decreto 013 del 6 de enero de 2004, esta última
entidad territorial adoptó su planta global de personal docente, directivos
docentes y administrativos cancelados con los recursos del Sistema General
de Participaciones, dentro de la cual figuran 10.621 servidores que fueron
incorporados y que inicialmente eran financiados con recursos propios de la
mencionada autoridad.

7. Que, a pesar de esta unificación, a los 1.643 educadores que desde el
principio eran pagados directamente por el municipio, se les comenzó a
reconocer salarios y prestaciones en mayor valor que a los 8.973 restantes,
quienes ya eran financiados a través del entonces Situado Fiscal (hoy SGP),
pero que igualmente fueron incorporados a la planta de personal territorial.

8. Que, el 26 de septiembre de 2018, radicó petición ante la autoridad
demandada a fin de que se le diera un trato salarial igual al de los docentes
municipales, pues aseguró que cumple las mismas funciones e idénticas

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02654-01 (7440-2023)

condiciones de horario y responsabilidades que las de estos últimos, la cual
fue negada con el argumento de que no existía ningún trato discriminatorio
entre educadores, porque entre estos existen diferencias por el tipo de
vinculación y de normativa aplicable.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

9. Afirmó que con los actos administrativos demandados se transgredieron los
artículos: 2, 4, 25, y 53 de la Constitución Política; literal a) del artículo 7 del
Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San
Salvador), y la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional.

10. Que los docentes del municipio de Medellín pagados con recursos del
Sistema General de Participaciones (SGP) deben recibir un trato igualitario
respecto a aquellos pagados con recursos propios, ya que todos pertenecen
a la misma planta global de cargos.

11. Sostuvo que la Alcaldía de Medellín está evadiendo la obligación de igualar
la planta docente, lo que vulnera los derechos a la igualdad y el principio de
"a trabajo igual salario igual". Advierte que lo relevante no es la forma de
vinculación, sino la función y las tareas que se cumplen, aplicando el principio
de primacía de la realidad sobre la formalidad.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

12. El 8 de abril de 2021 fue admitida la demanda2, el municipio de Medellín
manifestó3 que la demandante no fue vinculada inicialmente por el municipio
de Medellín, sino por la gobernación de Antioquia mediante el Decreto 1933
del 23 de julio de 1997, lo que la clasifica como docente nacional, conforme
a lo previsto en la Ley 91 de 1989. Afirmó que no existe la igualdad de
condiciones que la demandante señala como fundamento de su solicitud de
nivelación salarial.

13. Que aunque desde el año 2004 se adoptó la planta global de cargos docentes
en Medellín, los docentes vinculados con anterioridad en distintos regímenes
se incorporaron “sin solución de continuidad”, conservando el régimen
prestacional que tenían al momento de su vinculación. En consecuencia,
niega que exista vulneración al principio de igualdad, señalando que las

2 Folio 95.
3 Folios 99 a 114.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02654-01 (7440-2023)

diferencias obedecen a razones legales y objetivas relacionadas con el tipo
de nombramiento y el régimen normativo aplicable.

14. Propuso las excepciones que denominó: (i) improcedencia de nivelación
salarial y prestacional, (ii) inexistencia de causa para pedir, (iii)
compensación, (iv) reserva legal, (v) inexistencia de vulneración al principio
de trabajo igual salario igual (vi) inexistencia de la obligación y cobro de lo no
debido, (vii) falta de legitimación en la causa por pasiva, (viii) prescripción
extintiva del derecho, (ix) ineptitud de la demanda por falta de requisitos
formales, (x) caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

15. El 10 de marzo de 20234 se determinó que las excepciones previas
propuestas no prosperaron, y que las demás serían resueltas con la
sentencia. Se decretó de oficio la falta de integración de litisconsorcio
necesario por pasiva y se ordenó la vinculación de la Nación - Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), quien guardó silencio.

16. El 26 de mayo de 20235, el tribunal de origen prescindió de la audiencia inicial
en orden de dictar sentencia anticipada; fijó el litigio; efectuó el decreto de
pruebas, y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para emitir concepto.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

17. El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia el 26 de
septiembre de 2023 negó las pretensiones. Expresó que la actora fue
vinculada como docente nacionalizada, y fue incorporada a la planta global
de cargos docentes del municipio de Medellín en el marco de la certificación
en educación otorgada a este ente territorial. Sin embargo, dicha
incorporación se realizó sin solución de continuidad, lo que implicó conservar
el régimen salarial y prestacional que tenía al momento de su vinculación.

18. Advirtió que el acto administrativo demandado negó la nivelación con
fundamento en la Ley 60 de 1993 y la Ley 715 de 2001, que establecieron
que los docentes nacionales y nacionalizados conservan el régimen fijado
por el orden nacional, mientras que los docentes territoriales mantienen el
régimen de la entidad territorial que los nombró, y que, en todo caso, la
incorporación a la planta municipal no modificó la calidad jurídica ni el
régimen salarial de la actora.

4 Folios 115 a 119.
5 Folios 121 a 123.
6 Ver índice 36 de SAMAI-Tribunales.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02654-01 (7440-2023)

19. Sustentó además su decisión en la jurisprudencia del Consejo de Estado,
según la cual la incorporación de docentes a municipios certificados no
transforma su tipo de vinculación ni genera derecho a las prerrogativas
salariales de los docentes territoriales. También precisó que el municipio no
tiene competencia para nivelar salarios de docentes nacionales, pues dicha
facultad corresponde al Congreso y al presidente de la República.

RECURSO DE APELACIÓN7

20. La demandante interpuso recurso de apelación, expresando que tiene
derecho a la nivelación salarial. Que la planta de personal docente de
Medellín quedó conformada por 10.395 cargos, todos amparados por el
mismo Estatuto Docente (Decreto 2277 de 1979); por ello, debieron recibir
igual trato salarial y prestacional. Sin embargo, se les ha aplicado normas de
rango inferior que generan una desigualdad, lo que justifica la excepción de
ilegalidad conforme a la Constitución y a lo señalado por el Consejo de
Estado en la Sentencia 00871 de 2018.

21. Que el acto acusado vulnera el principio constitucional de «a trabajo igual,
salario igual», pues todos los docentes asumidos por el municipio de Medellín
al momento de su certificación realizan las mismas funciones, cumplen el
mismo horario y están sujetos al mismo Estatuto Docente. Por tanto, no
existe una razón objetiva que justifique diferencias salariales entre ellos, con
independencia de si su vinculación inicial fue nacional, nacionalizada o
territorial, por lo que sus salarios debieron ser equiparados respetando sus
regímenes prestacionales.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

22. El 13 de febrero de 20248 se admitió el recurso de apelación y por no haber
pruebas que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para
alegar.

23. En la oportunidad para pronunciarse, el municipio de Medellín manifestó9 que
no existe obligación legal para que la entidad realice la nivelación salarial
reclamada por la demandante, pues la competencia para fijar el régimen
salarial y prestacional de los docentes públicos corresponde exclusivamente
al Congreso y al presidente de la República, y que en todo caso, tras la
certificación del municipio mediante la Resolución 2823 de 2002, Medellín
solo administra la planta docente, la cual está financiada con recursos del
Sistema General de Participaciones, pero no puede modificar salarios ni

7 Ver índice 40 de SAMAI-Tribunales.
8 Ver índice 5 de SAMAI.
9 Ver índice 9 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02654-01 (7440-2023)

prestaciones, ya que estos son determinados a nivel nacional.

24. Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

25. El problema que debe resolver la Subsección consiste en establecer si se
encuentra acreditado el vínculo municipal de la actora y, de ser así, si existe
algún fundamento jurídico que justifique y permita la nivelación salarial y
prestacional de la misma en comparación con la situación de los educadores
territoriales pagados con recursos de esta misma autoridad.

Marco normativo y jurisprudencial

a) De la fijación del régimen salarial y prestacional del magisterio, así
como del proceso de incorporación del personal docente a los entes
territoriales en virtud de la descentralización de la educación

26. Mediante la Ley 43 de 1975 se nacionalizó la educación, desde el 1.o de
enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980, por el cual el servicio de
enseñanza pública de primaria y secundaria sería financieramente
responsabilidad de la Nación, para aliviar los presupuestos propios de las
entidades territoriales frente a los costos de la gestión de la labor educativa.

27. Por su parte, ante la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio en virtud de la Ley 91 de 1989, se previó en el artículo 15, que,
los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
seguirían bajo el régimen al que estaban sometidos cuando hacían parte de
la entidad territorial, mientras que aquellos nacionales y nacionalizados que
fueron nombrados a partir del 1.° de enero de 1990, tendrían como marco
jurídico el que estuviera vigente para el sector público nacional. Por ello, los
educadores territoriales propiamente dichos, siempre han estado
gobernados por la normativa prestacional de cada distrito, departamento o
municipio.

28. Ahora, con la expedición de la Constitución Política de 1991, puntualmente
en el artículo 356, al Gobierno Nacional se le asignó la competencia para
determinar qué servicios serían prestados y garantizados por la Nación, y
cuáles se descentralizarían hacia las diferentes entidades territoriales. Se
creó el Sistema General de Participaciones (antes Situado Fiscal), en orden
de distribuir los ingresos corrientes del Estado entre los departamentos,
distritos y municipios, y de esta forma, atender directamente servicios como
la educación oficial, entre otros.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02654-01 (7440-2023)

29. En atención a este proceso, el Congreso de la República profirió la Ley 60 de
1993 que dispuso la desarticulación de la referida nacionalización, para que
los entes territoriales estuvieran encargados de la cobertura, administración
y calidad de este servicio.

30. En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería
los bienes del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos.
Así, con dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los
establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.

31. En el inciso 4.º del artículo 6.º de la Ley 60 de 1993 se indicó:

«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas
serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones.
El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será
incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les
respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.
[…]» (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

32. A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte
de la respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y
distritos y, en consecuencia, era necesario que se adelantara un trámite de
incorporación, pues los docentes que tenían la condición de nacionales o
nacionalizados, debían migrar a los departamentos, municipios o distritos, y
el régimen prestacional que regiría tanto a los docentes que se incorporaran
como a los que se vincularan de forma posterior, sería el establecido en la
Ley 91 de 1989.

33. Pues bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma era
que más municipios asumieran el manejo total de la administración del
servicio de educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó
a los municipios certificados (con una población superior a 100 mil
habitantes) para que se les trasladara directamente los recursos
relacionados con al sistema educativo para ser invertidos con autonomía.
Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo 16 ibidem:

«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o
superior a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la
aprobación del Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas
otorgar a estos municipios autonomía para la prestación del servicio de
educación y la asunción de las obligaciones correspondientes en las mismas
condiciones de los distritos.»

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02654-01 (7440-2023)

34. De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la
educación del país, generado por «la duplicidad de funciones entre los
niveles municipal, departamental y nacional» y en aras a «pasar a una nueva
etapa de la descentralización, en la cual […] las entidades territoriales
consolidan su autonomía administrativa como operadores de la organización
de los servicios de educación […]»10, se expidió la Ley 715 de 2001.

35. Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las
entidades territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de
la educación en sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley
se refirió expresamente a la incorporación de personal docente en su artículo
34 que dispuso:

«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que
trata el artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes,
directivos y administrativos de los planteles educativos, de los departamentos,
distritos y municipios.
Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos
de los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los
requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de continuidad. […]»

36. En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo
consigo dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el
personal administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal
adoptadas conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y
ii) que los docentes incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo
de vinculación que ostentaban de manera inicial y sin solución de
continuidad.

b) Acerca de la posibilidad de la nivelación salarial y prestacional

37. Cuando se afirma que determinado funcionario desempeña materialmente
una misma plaza, o incluso una superior a la que ocupa, pero percibiendo un
menor salario al de aquel servidor con el que se compara, podría hablarse
en principio de la procedencia de una equiparación de remuneraciones. En
todo caso, para ello, el Consejo de Estado indicó los presupuestos que
configurarían su viabilidad:

«Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que
cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con
mayor salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este,
b) contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que
exige el empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias
desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho
que alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con
fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que

10 Extraído de la exposición de motivos de la Ley 715 de 2001.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02654-01 (7440-2023)

avalen sus alegatos.» (Subrayado fuera de texto).

38. Incluso, la Corte Constitucional11 también desarrolló su línea jurisprudencial
sobre la materia al señalar que:

«[…] En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los
salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose
todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la
igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales,
aceptando entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo también
diferenciación ante situaciones desiguales...”

[...] 7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la
Corte se pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual
entre dos trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes
presupuestos fácticos: i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría,
iii) cuentan con la misma preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente,
cuando (v) las responsabilidades son iguales […]» (Líneas intencionales).

39. Como se observa, este planteamiento se basa en los elementos de análisis
requeridos cuando se pretende aplicar un juicio de igualdad material en casos
de supuesta discriminación, derivado para litigios como el presente del
principio laboral de “a trabajo igual, salario igual”, el cual solo se configura
cuando las partes contrastadas están en el mismo plano de condiciones, tal
como la referida corporación judicial12 lo precisó al asegurar que:

«[…] no toda diferencia salarial entre trabajadores que desempeñan el mismo
cargo vulnera el principio “a trabajo igual salario igual”, como quiera que es
posible encontrar razones objetivas que autorizan el trato diferente.”

6. El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio
relacional, propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su
vulneración debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las mismas
funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de
cualificación para el empleo, son comparables y, no obstante ello, reciben una
remuneración diferente.

[…] Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones
admisibles de diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios
objetivos de evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura
institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que
se muestran prima facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos
públicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas salariales, que
responden a cualificaciones igualmente disímiles para el acceso a dichos
empleos.» (Subrayado de la Sala).

40. Por consiguiente, cuando se busca una nivelación salarial fundada en el
hecho de que entre dos servidores existe un trato remunerativo

11 Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional.
12 Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012. Expediente: T-

3.561.818 y sentencia C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha corporación en el expediente:
D-113.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02654-01 (7440-2023)

discriminatorio, tal situación jurídica solo podrá analizarse cuando se
verifique que ambos empleados están en una equivalencia real de
condiciones laborales y ocupacionales, mas no solo porque compartan
empleos con algunas características similares. En todo caso, tal pretensión
prosperaría solo cuando se advierta que no existen causas tanto objetivas
como constitucional y legalmente permitidas que justifiquen la diferenciación.

Resolución del caso concreto

41. Debe destacarse que, aunque la actora afirma haber sido nombrada docente
municipal e incorporada en la planta de cargos del municipio de Medellín, no
obra en el expediente prueba alguna que respalde su dicho. Contrario a esto,
respecto de su vínculo, solo se encuentra la respuesta del municipio de
Medellín al derecho de petición con radicado n.° 201810301279 del 26 de
septiembre de 2018, en la que se señala que la docente fue nacionalizada.

42. Ahora bien, aun si se pretendiera abordar la presunta desigualdad salarial
alegada, el supuesto de hecho carece de sustento probatorio. En efecto, no
reposan elementos de convicción que permitan establecer cuáles eran las
asignaciones salariales y prestacionales de aquellos docentes financiados
con recursos propios de la entidad territorial y vinculados antes de la
certificación del municipio de Medellín, respecto de los cuales, asegura la
actora, existe un trato más favorable en aspectos económicos.

43. En consecuencia, frente a tal ausencia probatoria, no es posible examinar la
legalidad o validez de un trato desigual, pues, solo se está ante el dicho de
la actora sin que exista medio de prueba alguno que permita corroborarlo.

44. Lo expuesto se traduce entonces en el incumplimiento de la accionante de la
carga probatoria que le correspondía para demostrar sus supuestos de
hecho, pues tal como lo prevé la regulación procesal, quien alega la ilegalidad
es quien debe invocar las normas violadas, el concepto de la violación, y
además, desplegar una actividad probatoria suficiente y adecuada para
lograr el efecto jurídico de los preceptos que fundamentan el derecho
reclamado a través de un medio de control como el de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cual se traduce en la concreción del
postulado adjetivo de la carga de la prueba al tenor del artículo 167 del
CGP13.

13 «Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá,
de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier
momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02654-01 (7440-2023)

45. Estos argumentos son suficientes para confirmar el fallo apelado, pero por
las razones aquí expuestas.

De la condena en costas en segunda instancia

46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile
un interés público. Esto creó una excepción a la regla general, según la cual
no procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose
de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo
en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.

49. En consecuencia, se impondrán costas a la demandante por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida veintiséis (26) de septiembre de
dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Antioquia por medio de
la cual negó las pretensiones.

hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares. […]»

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02654-01 (7440-2023)

Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.