Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02793-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02793-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-02793-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02793-01 (5317-2024)
Demandante: Ricardo Rodríguez González
Demandado: ESE Hospital La Estrella del municipio de La Estrella (Antioquia)
Tema: Sanción moratoria por retardo en el pago de cesantías
definitivas. Formas de provisión del empleo público.
Supernumerario
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuesto por las partes contra la
sentencia proferida el 2 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante la cual se accedieron parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Ricardo Rodríguez González presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio 017 del 16 de enero de 2019, por medio del cual
el gerente de la entidad demandada dio respuesta negativa a la solicitud de
reconocimiento y pago de i) la sanción moratoria por el pago extemporáneo de sus
cesantías definitivas; y ii) la indemnización por «terminación anticipada del contrato
laboral» [sic].
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Ricardo Rodríguez González
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071
de 2006 que modificó la Ley 244 de 1995, por el pago inoportuno de las cesantías
definitivas y sus intereses; ii) la indemnización por la «terminación anticipada del
contrato laboral» [sic]; iii) la indexación de las sumas que resultaren reconocidas; iv)
el pago de «los demás conceptos y prestaciones que por extra y ultra petita se lograre
probar» [sic]; y v) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes2:
3.1. Entre el 17 de noviembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2017, Ricardo
Rodíguez González laboró como médico general al servicio de la ESE Hospital La
Estrella; vinculado como supernumerario, así:
Asignación
Acto administrativo Desde Hasta
mensual
Resolución 273 del 17 de noviembre 17 de noviembre de 2015 31 de diciembre de 2015 $3.545.878
de 2015
Resolución 028 del 4 de enero de 4 de enero de 2016 15 de abril de 2016 $3.545.878
2016
Resolución 098 del 16 de abril de 16 de abril de 2016 31 de diciembre de 2016 $3.821.393
2016
Resolución 367 del 31 de diciembre 1° de enero de 2017 31 de marzo de 2017 $3.821.393
de 2016
Resolución 119 del 3 de abril de 1° de abril de 2017 30 de abril de 2017 $3.821.393
2017
Resolución 150 del 2 de mayo de 1° de mayo de 2017 30 de junio de 2017 $3.821.393
2017
«Certificación laboral» 4 de julio de 2017 31 de agosto de 2017 $4.079.338
Resolución 276 del 31 de agosto de 1° de septiembre de 2017 30 de septiembre de 2017 $4.079.338
2017
3.2. «Cada terminación de contrato, un (1) mes antes, le hacían firmar la notificación de
terminación del mismo y le informaban de manera verbal la continuidad del cargo, pero no
le cancelaban las cesantías. Por lo que considera que existió un contrato a término
indefinido» [sic].
3.3. A través de la comunicación del 1° de septiembre de 2017, el gerente de la ESE
le notificó sobre la terminación de su nombramiento como supernumerario y le
solicitó «pasar por la oficina de recurso humano de la entidad en el transcurso de los días
29 y 30 del mes de septiembre de 2017, para diligenciar el respectivo paz y salvo para
efectos de liquidación»[sic]; no obstante, solo hasta el 19 de octubre de esa anualidad
la entidad realizó «una consignación en la cuenta de ahorros Bancolombia, por valor de
2 Para mayor comprensión los hechos se sintetizarán de acuerdo con el material probatorio allegado.
2
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Demandante: Ricardo Rodríguez González
$7.236.716; al consultar de este dinero a la gerencia de la entidad, le responden
verbalmente que es un anticipo de las cesantías» [sic].
3.4. El 15 de enero de 2018, solicitó a la ESE Hospital La Estrella i) información
detallada «con referencia a la liquidación total, el valor, intereses totales legales y fecha
definitiva de pago» [sic]; y ii) el reconocimiento y pago de la sanción por «terminación
abrupta del contrato y con todos los intereses legales ocasionados» [sic].
3.5. La anterior petición fue resuelta por la entidad con el Oficio del 27 de febrero de
ese año, en el que le informó que la entidad se encontraba adelantando gestiones
para la emisión del certificado de disponibilidad presupuestal 3 «para el respectivo
pago del señor Ricaro Rodríguez […] situación que de plano ha de presentarse en este mes
que cursa, hecho que demuestra la buena fe de la entidad» [sic].
3.6. Inconforme con la respuesta, la cual, a su juicio, estaba incompleta y no era
clara, presentó una solicitud de tutela que en primera instancia fue resuelta
desfavorablemente por «hecho superado» por parte del Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de La Estrella en sentencia del 23 de marzo de 2018.
3.7. En segunda instancia, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí mediante
providencia del 10 de mayo de 2018 revocó la anterior y en su lugar, amparó el
«derecho fundamental [de petición] y dispuso la emisión de una respuesta clara, completa
y de fondo al derecho de petición, pese a ello ante la falta de cumplimiento de la decisión
judicial se elevó incidente de desacato ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La
Estrella (Ant), quien decretó desacato e impuso una sanción pecuniaria» [sic].
3.8. Mediante Oficio 2014 del 26 de junio de 2018, el representante legal del hospital
le notificó que «el 16 de julio del presente año, le ser[ían] canceladas las liquidaciones
pendientes que a la fecha se le adeuda el hospital» [sic].
3.9. El 16 de julio de 2018, la ESE le consignó en su cuenta la suma de $10.970.960
«la entidad no dijo que conceptos están cancelando y dentro de dicha consignación no esta
incluida la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas. Tampoco
cancelaron la sanción por despido injusto ni se pronunciaron al respecto» [sic].
3.10. El 26 de noviembre de 2018, pidió al hospital demandado el reconocimiento y
pago de i) «la indemnización por la terminación anticipada del contrato laboral»; ii) la
sanción moratoria por el pago no oportuno de las cesantías; iii) los intereses a las
cesantías; y iv) la expedición de una relación clara y detallada de los pagos
realizados después del 30 de septiembre de 2017; sin embargo, esta petición fue
negada por la gerente de la entidad a través del acto demandado.
3 En lo que sigue CDP.
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Demandante: Ricardo Rodríguez González
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 12, 13, 42, 53 y 90 de la Constitución
Política; 1613, 1614, 2341 y 2347 del Código Civil; 1, 8 y 17 de la Ley 6 de 1945; 5,
6, 8, 9, 10, 11 y 14 del Decreto 3135 de 1968; 2, 5, 8, 17, 20, 24, 25, 33, 40 y 42 del
Decreto 1045 de 1978; 86, 137, 138, 139 y 206 de la Ley 1437; y las leyes 50 de
1990 y 1285 de 2009; y el Código Sustantivo del Trabajo4.
5. En cuanto al concepto de violación expuso que la entidad demandada desconoció
el carácter laboral del contrato de trabajo, pues, durante el plazo pactado, fue
despedido sin justa causa y con desconocimiento de lo previsto por el artículo 46
del CST 5.
1.2. Contestación de la demanda
6. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda porque, tal y como constaba en «los comprobantes de egresos comprobantes
de egreso y demás constancias bancarias que se hicieron en favor del demandante» [sic],
el hospital le liquidó y pagó «lo ordenado por la Ley» [sic] a la finalización del término
pactado en cada una de las vinculaciones como supernumerario6.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia proferida el 2 de julio de 2024
declaró la «nulidad parcial» del acto acusado y en consecuencia condenó a la ESE
Hospital de La Estrella al reconocimiento y pago de la suma de $10.470.301, por
concepto de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006.
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de algunos preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto concluyó lo siguiente7:
8.1. Entre el 17 de noviembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2017, Ricardo
Rodríguez González estuvo vinculado con la ESE Hospital de La Estrella como
supernumerario para ejercer como médico general.
8.2. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 125 de la Constitución política
y 83 del Decreto 1042 de 1978, en concordancia con la sentencia C-401 de 1998,
4 En lo que sigue CST.
5 Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_05001233300020190279(.zip) NroActua 2,
05001233300020190279300; 001Demanda.pdf; y 009Subsanacion.pdf.
6 Ibidem, 015ContestaciónDemanda10122021, 015ContestacionDemanda.pdf.
7 Ibidem, 041SentenciaPrestSocMoraCesant.pdf.
4
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resulta claro que, «la terminación de los nombramientos de supernumerarios» solo
ocurre por el vencimiento del término pactado y por «necesidades del servicio antes
de ese término», por tanto, en el primer evento, la desvinculación no requiere
motivación. De ahí que resulta improcedente la indemnización por despido injusto,
comoquiera que el demandante fue vinculado como supernumerario y su retiro se
dio con ocasión de la culminación del término pactado en la Resolución 276 del 31
de agosto de 2017, el cual se definió hasta el 30 de septiembre de esa anualidad.
8.3. Respecto de cada uno de los períodos de vinculación se le hizo una liquidación,
en forma independiente «advirtiéndose que por el período comprendido entre el 17 de
noviembre y el 31 de diciembre de 2015, se cuenta con la liquidación, certificado de
disponibilidad presupuestal y reconocimiento de lo adeudado a través de acto administrativo
de fecha 10 de octubre de 2016 y soporte del pago de fecha 20 de diciembre de 2016 por
valor de $664.157; por el período comprendido entre el 04 de enero y el 15 de abril de 2016
($4.207.194) se tiene soporte del pago de la prima de servicios $774.895 el 29 de junio de
2016 y el restante por valor de $3.432.229 el día 20 de diciembre de 2016 como
consecuencia del convenio interadministrativo de saneamiento de pasivos; por el período
entre el 16 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 le fue cancelada la suma de
$7.236.716 el día 19 de octubre de 2017, esto es, 10 meses después de la terminación de
dicho nombramiento temporal, y todo el período del año 2017 hasta el 30 de septiembre de
dicho año (varias liquidaciones por valores de $3.522.070, $3.219.478 y $4.712.395) fueron
canceladas las acreencias laborales el 13 de julio de 2018 por la suma de $10.970.960 y la
prima de servicios por valor de $482.983 el 15 de junio de 2017» [sic]. Lo anterior, denota
que cada pago de cesantías definitivas fue efectuado de manera tardía.
8.4. Respecto de la vigencia 2015 y el periodo comprendido entre el 4 de enero y el
15 de abril de 2016, la entidad expidió las Resoluciones 312 y 313 del 10 de octubre
de 2016, respectivamente, en la que se liquidaron las prestaciones sociales de
dichos periodos, pero tan solo se efectuó el pago el 20 de diciembre de 2016
«encontrándose dentro del término previsto en la norma que es 45 días para el pago una
vez ejecutoriado el acto administrativo» [sic].
8.5. En relación con el periodo que va desde el 16 de abril hasta el 31 de diciembre
de 2016 no existió acto administrativo ni solicitud de reconocimiento, pero sí su
liquidación y pago efectuado el 19 de octubre de 2017.
8.6. En cuanto a la vigencia de 2017, tampoco existe acto de reconocimiento, pero sí
sus liquidaciones y la solicitud de pago elevada por el actor el 15 de enero de 2018
«produciéndose tal pago tan sólo el 13 de julio de 2018, es decir, que desde el día 16 de
enero de 2018 inicia el inició el cómputo de los 70 días hábiles previstos en la Ley 244 de
1995 en armonía con la Ley 1437 de 2011 para la causación de la sanción moratoria, por
lo que la entidad tenía hasta el día 26 de abril de 2018, para pagar el auxilio de cesantías
definitivas de manera oportuna» [sic]; no obstante, dicho pago solo se efectuó hasta el
13 de julio de 2018, por ende incurrió en mora desde el 27 de abril y el 12 de julio
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de 2018.
1.4. Los recursos de apelación
9. Ricardo Rodríguez González interpuso recurso de apelación y lo sustentó así8:
9.1. Se debe reconocer la indemnización por terminación anticipada del contrato de
trabajo, toda vez que la vinculación como supernumerario «se convirtió en un contrato
laboral teniendo de presente que prima la realidad sobre la forma» [sic].
9.2. Corresponde revocar parcialmente la sentencia apelada y reconocer en su
integridad las pretensiones de la demanda, toda vez que se «logró probar la mala fe
de la demandada, con respecto al pago oportuno y definitivo de las prestaciones sociales,
toda vez que accionar todo el arsenal jurídico como fueron, como fueron los Derechos de
Petición, la Acción de Tutela, el Incidente de desacato, La Personería de la Estrella; el
intento de Conciliación en la Procuraduría de Medellín y por último con la Demanda
Administrativa que se viene llevando en su despacho» [sic].
10. La ESE Hospital de La Estrella solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen9:
10.1. Comoquiera que no se probó que la entidad hubiese desplegado una actitud
engañosa o maliciosa para realizar el pago de las acreencias laborales adeudadas
al demandante se debe aplicar lo dispuesto por «la Corte Suprema de Justicia10, según
el cual, en la actualidad corresponde al empleador demostrar que actuó de buena fe» [sic].
10.2. Si bien la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas o
parciales del servidor público tiene como finalidad castigar económicamente al
empleador «negligente que originó el retardo», lo cierto es que «en el caso puntual esta
respuesta extemporánea no se debió a un mero capricho de la entidad sino que se debió a
la difícil situación económica por la que atravesaba la entidad, se puede establecer que no
existe actuar negligente por parte de la ESE Hospital La Estrella por el contrario, la ese
adelantó las diligencias administrativas necesarias dentro de sus posibilidades para expedir
el acto administrativo y posteriormente realizar el pago [sic].
1.5. Intervenciones en segunda instancia
11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.
8 Ibidem, 047ApelacionDte.pdf.
9 Ibidem, 044ApelacionDdo.pdf.
10 No se indicó referencia alguna.
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1.6. Concepto del Ministerio Público
12. El agente del Ministerio Publico no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
13. Con fundamento en los argumentos expuestos en los escritos de apelación11, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si la vinculación de Ricardo Rodríguez
Castro como supernumerario mutó por la no solución de continuidad? en caso
afirmativo, ¿le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la indemnización por
la terminación anticipada del contrato de trabajo?; y ¿si procede la negativa al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la imposibilidad presupuestal
alegada por la parte demandada?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Aspectos generales de la función pública. Naturaleza jurídica de los
empleos públicos
14. El constituyente de 1991 reguló el ingreso, ascenso, retiro y modalidades de
vinculación del servicio público. Para tal efecto, señaló en el artículo 12512 que, por
regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera,
11 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
12 «Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los
demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la
ley, serán nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del
régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un
empleo de carrera, su ascenso o remoción.
Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección
tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos,
en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue
elegido».
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con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
15. Posteriormente, con el fin de desarrollar el mandato constitucional en mención,
el legislador expidió las leyes 27 de 199213, 443 de 199814 y 909 de 200415, y en el
artículo 1 de esta última normativa se determinó que hacen parte de la función
pública los empleos de i) carrera, ii) libre nombramiento y remoción, iii) período y
iv) los temporales.
16. Acorde con lo anterior, es importante precisar que la categorización y codificación
de los empleos públicos16 en la función pública goza de reserva legal, pues es del
resorte del legislador establecer las distintas categorías existentes de acuerdo con
unos criterios objetivos que permiten su clasificación dentro de la organización de
cada entidad, tales como el grado de confianza, la responsabilidad que se adquiere
en el ejercicio del cargo, la naturaleza de las funciones o atribuciones, esto es si
estas son meramente técnicas o de fijación de políticas, así como las competencias
exigidas para su desempeño, entre otros, lo que permite advertir que existe una
diferencia sustancial entre los empleos que la conforman. De esta manera se
establece la siguiente clasificación:
16.1. De carrera. Es la regla general de ingreso y ascenso de personal a la
administración pública, la cual permite la correcta y sistemática administración del
talento humano vinculado a la función pública. Dicho sistema de administración de
personal tiene como fin principal garantizar la materialización de los principios de
eficacia y eficiencia en el desarrollo de la función pública17, pues a través de este la
administración moderniza y racionaliza eficazmente los servicios y funciones que
están a su cargo.
16.1.1. Asimismo, este régimen es la herramienta de escogencia de talento humano
mediante la cual el Estado busca la adecuada y correcta prestación de la función
pública, dotándose de personal altamente capacitado y calificado para el ejercicio
13 «Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política, se expiden normas sobre
administración de personal al servicio del Estado, se otorgan unas facultades y se dictan otras
disposiciones».
14 «Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones».
15 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones».
16 El empleo público, en los términos del numeral 1 del artículo 19 de la Ley 909 de 2004 «es el
núcleo básico de la estructura de la función pública» y se ha entendido como «el conjunto de
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas
para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los
fines del Estado».
17 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril 1994. M.P. Valdimiro Naranjo Mesa.
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de sus funciones. En efecto, históricamente18 este mecanismo respondió a la pugna
que se presentaba entre quienes defendían el mérito como forma de acceso a la
administración y los que consideraban que esto debía corresponder a una facultad
discrecional del nominador19; de manera que, para contrarrestar los excesos
burocráticos y el clientelismo, se definió un sistema que defendía el mérito en los
procesos de promoción y contratación estatal, en función de la capacidad del
trabajador para realizar una labor.
16.1.2. Respecto de este sistema el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 determinó:
«Artículo 27. Carrera administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico
de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la
administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso
y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia
en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad,
sin discriminación alguna».
16.1.3. De tal manera que, en el empleo público la regla general es el ingreso a través
del sistema técnico de carrera administrativa, el cual, entre otros garantiza la
estabilidad en el empleo en la medida en que quien se inscriba en ella goza de la
confianza de que solo podrá retirársele del cargo por «calificación no satisfactoria
en el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás
causales previstas en la Constitución o la ley», es decir que mientras en el ejercicio
de sus funciones observe y cumpla con la Constitución, la ley y el reglamento
interno, no será removido de él20. Además, la administración cuenta con la
seguridad de que la función pública será prestada acorde con los principios de
eficacia y eficiencia.
16.1.4. En consecuencia, es claro que la naturaleza jurídica de los empleos de carrera
está determinada por el vínculo funcional con la entidad u organismo estatal, esto
es implican el ejercicio de funciones meramente técnicas.
16.2. De libre nombramiento y remoción. Ahora bien, ante la necesidad de contar
con personal que requiere mayor grado de confianza en la ejecución de la función
pública, el constituyente previó esta clase de empleos que corresponden a una
excepción a la carrera. En tal sentido, es necesario que el cargo a proveer se
18 Tal y como se advierte de las disposiciones contenidas en la Ley 165 de 1938, por la cual se creó
la carrera administrativa para los empleados nacionales, departamentales y municipales que presten
servicios administrativos permanentes y del Acto Plebiscitario de 1957, la creación de la carrera
administrativa para acceder a la función pública.
19 El «spoils system» o sistema de botín y el «merit system», Weber Max.
20 Corte Constitucional, sentencia C 479 del 13 de agosto de 1992. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo y Alejandro Martínez Caballero.
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encuentre legalmente previsto como tal, lo que brinda al nominador la
discrecionalidad para designar (elegir o nombrar) al empleado al cual se le confiarán
ciertas funciones, toda vez que el cargo a ocupar exige plena confianza o implica
una decisión política21, esto es que la naturaleza de las labores que desempeñan
obedece a una relación subjetiva con el nominador quien demanda siempre de
plena confianza de sus colaboradores22. La provisión de dichos cargos responde a
la facultad discrecional de la autoridad nominadora, es decir sin sujeción a ciertas
formalidades para su designación.
16.2.1. El constituyente de 1991 enumeró algunos casos específicos, tales como el
de los ministros, los directores de departamento administrativo, el gerente o director
de establecimiento público, entre otros. Sin embargo, facultó al legislador para fijar
los criterios que permitan identificar los cargos en mención, los cuales actualmente
se encuentran previstos en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004.
16.2.2. Así las cosas, para considerar que un empleo es de libre nombramiento y
remoción, la Corte Constitucional23 en reiteradas oportunidades, ha señalado que el
cargo a ocupar, según su naturaleza, debe reunir los siguientes requisitos: i) tener
fundamento legal, es decir que se encuentre como regla a la excepción de carrera;
ii) las funciones a ejercer deberán ser directivas, de manejo, conducción u
orientación institucional; iii) las funciones asignadas deberán tener un alto nivel de
confianza, el cual deberá ser superior al que se le puede exigir a cualquier otro
servidor.
16.2.3. A propósito de lo anterior, es necesario distinguir los empleos de libre
nombramiento y remoción según la naturaleza de las funciones encomendadas, los
cuales se pueden clasificar, a su vez, así: a) de naturaleza política, en el cual se
ejercen labores de dirección, conducción u orientación institucional, cuyo ejercicio
implica la adopción de políticas o directrices, es decir, establece lineamientos
institucionales de acción; y b) de naturaleza administrativa, aquellos que realizan
actividades profesionales de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo,
siempre que se encuentren adscritos al servicio directo e inmediato de los altos
funcionarios.
16.2.4. Sobre el particular, la Corte Constitucional señaló que «como base para
determinar cuándo un empleo puede ser de libre nombramiento y remoción, hay
que señalar en primer término que tenga fundamento legal; pero además, dicha
facultad del legislador no puede contradecir la esencia misma del sistema de
21 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
22 Sentencia T-317 de 2013, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
23 Entre otras, las Sentencias C-195 de 1994 C-1177 de 2001, C- 161 de 2003, C-312 de 2003, C-
553 de 2010, C-284 de 2011, C-814 de 2014, entre otras.
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carrera, es decir, la ley no está legitimada para producir el efecto de que la regla
general se convierta en excepción. En segundo lugar, debe haber un principio de
razón suficiente que justifique al legislador para establecer excepciones a la carrera
administrativa, de manera que la facultad concedida al nominador no obedezca a
una potestad infundada. Y, por último, no hay que olvidar que por su misma
naturaleza, los empleos que son de libre nombramiento y remoción son aquellos
que la Constitución establece y aquellos que determine la ley, (art. 125), siempre y
cuando la función misma, en su desarrollo esencial, exija una confianza plena y
total, o implique una decisión política. En estos casos el cabal desempeño de la
labor asignada debe responder a las exigencias discrecionales del nominador y
estar sometida a su permanente vigilancia y evaluación»24.
16.3. De período. Por mandato constitucional25 o legal26 son aquellos empleos que
se proveen por un lapso previamente establecido en el ordenamiento jurídico, en
razón a su representación política o democrática o a la independencia e
imparcialidad que se predica frente al ejercicio de sus funciones, esto es que a la
administración se ingresa para ejercer la función pública por determinado tiempo,
como es el caso de los contralores, los personeros, el fiscal general de la nación, el
registrador nacional del estado civil, el procurador general de la nación, el defensor
del pueblo, el auditor general de la nación, los rectores de universidades públicas,
miembros de las Comisiones Reguladoras, magistrados de altas corporaciones,
gerentes o directores de las empresas sociales del Estado, entre otros.
16.4. Según el periodo para el cual se vincularon con la administración estos se
subdividen en empleos de periodo institucional y empleos de periodo personal.
16.4.1. a) Los de periodo institucional son aquellos sobre los cuales se tiene certeza
de la fecha de iniciación y la de terminación de su periodo, bien porque tales fechas
se encuentren determinadas constitucional o legalmente, o bien porque dichas
fechas sean determinables a la luz de lo previsto en disposiciones de la misma
índole27.
16.4.2. b) Los de periodo individual o personal se diferencian de los primeros, toda
vez que las fechas de iniciación y terminación no han sido definidas y tampoco son
24 Sentencia C-195 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
25 “Artículo 125. […] PARÁGRAFO. <Artículo 125 […] Parágrafo. Adicionado por el artículo 6º del
A.L. 01 de 2003 así: Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de
elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales
cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual
este fue elegido.
26 A manera de ejemplo ver los: artículos 12 de Decreto Ley 1210 de 1993; 21 de la Ley 143 de 1994;
15, 34, 44, 53,76 de la Ley 270 de 1996; 20 de la Ley 1797 de 2016, entre otros.
27 Consejo de Estado, Sala de consulta y del Servicio Civil, consulta del 12 de marzo de 2012,
expediente 11001-03-06-000-2012-00022-00, M.P. William Zambrano Cetina.
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determinables; no obstante, la fecha de finalización del empleo público se encuentra
dada por aquella en la que la persona toma posesión del empleo. Asimismo, este
tipo de cargos encuentra sustento en los principios de independencia e
imparcialidad en donde los procedimientos establecidos para la designación son
variados28.
16.4.3. Los temporales. Como una categoría especial de empleos al que se vinculan
con la administración de forma excepcional para cumplir funciones que, por uno u
otro motivo, no realiza el personal de planta, bien porque no forma parte de las
actividades permanentes de la entidad, o también, porque por las necesidades del
servicio lo requiere, como en aquellos casos en los que por hechos excepcionales
existe sobrecarga laboral. Al respecto el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 previó:
«Artículo 21. Empleos de carácter temporal.
1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les
aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal
empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las
siguientes condiciones:
a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las
actividades permanentes de la administración;
b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos
excepcionales;
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no
superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza
de la institución.
2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener la
motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad presupuestal
para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales.
3. <Aparte subrayado condicionalmente exequible> El ingreso a estos empleos se
efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la provisión de empleos de
carácter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas.
De no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las
capacidades y competencias de los candidatos.
4. <Aparte tachado inexequible> El nombramiento en los empleos temporales se
efectuará mediante acto administrativo en el que se indicará el término de su duración,
al vencimiento del cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente.
Sin embargo, antes de cumplirse dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad
28 Consejo de Estado, Sala de consulta y del Servicio Civil, consulta del 8 de octubre de 2020,
expediente 11001-03-06-000-2020-00158-00, M.P. Álvaro Namén Vargas.
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nominadora podrá declarar la insubsistencia del nombramiento, cuando el servidor no
cumpla las metas del proyecto o actividades que dieron lugar a la creación de los
mismos, de acuerdo con la evaluación que se establezca para el efecto y mediante acto
administrativo motivado; o darlo por terminado, cuando no se cuente con las
disponibilidades y apropiaciones para financiar el empleo de carácter temporal, como
consecuencia de los ajustes a los montos aprobados para su financiación.
De igual manera, el retiro del servicio de los empleados temporales se podrá efectuar
por las causales consagradas en los literales d), h), i), j), k), m) y n) del artículo 41 de la
Ley 909 de 2004».
17. En esas condiciones, la naturaleza jurídica de los empleos públicos está
determinada por las funciones, deberes y responsabilidades asignadas al cargo o
el grado de confianza que ha de depositarse en el servidor público 29, esto es que
guarda relación directa con el modo como se ha estructurado el empleo en la entidad
y las tareas oficiales que se le asignan30; de ahí que exista una diferencia sustancial
entre uno que se exhibe como de carrera y otro de periodo, no solo por las razones
aquí anotadas, sino por el límite en el tiempo para el ejercicio de sus labores; esto
es así, pues el primero exige continuidad y permanencia y las causales de retiro
están expresamente determinadas en la ley, es decir, se rigen por los principios de
especificidad o taxatividad, en tanto que los de periodo tienen una fecha cierta de
inicio y finalización prevista en la Constitución o la ley, o determinable en relación
con la fecha de su posesión, lo que hace que corresponda a un elemento objetivo
del empleo31 y conlleva a que este sea estable y perentorio, es decir, que no se
extiende más allá del lapso fijado para su culminación32.
2.2.2. Formas de provisión de los empleos
18. Ahora bien, el legislador definió las formas de ingreso y ascenso al empleo
público, esto es, que las vacancias definitivas y temporales existentes en las
respectivas plantas de personal de las entidades y organismos del Estado deben
proveerse a través de las figuras definidas para el efecto.
18.1. i) Por nombramiento de carácter ordinario para los empleos cuya naturaleza
jurídica es de libre nombramiento y remoción, tal y como lo disponen los artículos
23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 33.
29 Corte Constitucional, sentencia C-553 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
30 Corte Constitucional, sentencia C-408 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
31 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2095 del 12 de marzo de 2012,
radicado 11001-03-06-000-2012-00022-00, C.P. William Zambrano Cetina.
32 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1860 del 6 de diciembre de 2007,
C.P. Gustavo Aponte Santos.
33 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».
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En todo caso, el servidor debe acreditar los requisitos exigidos para el desempeño
del cargo.
18.2. ii) En encargo es un derecho preferencial que le asiste a los servidores que
ocupan empleos de carrera. En efecto, el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, con las
modificaciones que le introdujo el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019 34, autoriza a
efectuar encargos en empleos de carrera administrativa con vacancia definitiva,
mientras se surte el proceso de selección. Así las cosas, esta modalidad opera para
quienes a) se encuentren inscritos en el régimen de carrera, b) acrediten los
requisitos de ley para su ejercicio, c) posean aptitudes y habilidades propias del
cargo a acceder, d) no hayan sido sancionados en el último año de servicio; y
e) hayan obtenido una calificación sobresaliente en la última evaluación de
desempeño.
18.2.1. En relación con este último requisito, la norma señala que, de no existir
empleados de carrera con evaluación sobresaliente, debe examinarse el personal
de planta que tenga las más altas calificaciones descendiendo del nivel
sobresaliente al satisfactorio; en todo caso, el empleado deberá reunir las
condiciones y requisitos previstos en la ley.
18.2.2. Deesta manera, la jurisprudencia ha señalado que esta modalidad se
constituye en una medida o mecanismo para garantizar la protección de los
derechos del personal de carrera35.
18.3. iii) La provisionalidad es una medida «subsidiaria y excepcional que procede
cuando no fuere posible la provisión de los empleos vacantes en las plantas de
personal de las entidades públicas, bajo la modalidad de encargo con servidores de
carrera administrativa»36.
18.3.1. Al efecto, el Decreto 1227 de 2005 dispuso que mientras se elabore la lista de
elegibles para el cargo vacante, la Comisión Nacional del Servicio Civil puede
autorizar el nombramiento en provisionalidad. Esto señala la norma:
«Artículo 8. Mientras se surte el proceso de selección convocado para la provisión de
los empleos, estos podrán ser provistos mediante encargo a empleados de carrera, de
conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004.
34 «Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras
disposiciones».
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicado
11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicado
11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.
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El término de duración del encargo no podrá ser superior a seis (6) meses, salvo
autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil cuando el concurso no se hubiere
culminado en el término previsto en el presente decreto, caso en el cual este se
extenderá hasta que se produzca el nombramiento en período de prueba.37
Parágrafo transitorio. [Modificado por el Decreto Nacional 3820 de 2005, Modificado
por el art. 1, Decreto Distrital 1937 de 2007, Modificado por el Decreto Distrital 4968 de
2007] La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos y nombramiento
provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de
reestructuración, fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de
estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el encargo
o el nombramiento provisional no podrán superar los seis (6) meses, término dentro del
cual se deberá convocar el empleo a concurso. El nombramiento provisional procederá
de manera excepcional cuando no haya personal que cumpla con los requisitos para ser
encargado y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada.
Artículo 9°. De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias
temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento
provisional cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores
públicos de carrera, por el término que duren las situaciones administrativas que las
originaron.
Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de
libre nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera.
El carácter se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del
cargo, el cual deberá ser provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido
en el presente decreto, mediante acto administrativo expedido por el nominador».
18.3.2. De tal manera que la provisionalidad, como forma de proveer un cargo, es una
excepción o una forma de provisión extraordinaria y puede darse mientras se surte
el proceso de selección convocado para la provisión del empleo cuya naturaleza es
de carrera administrativa.
18.3.3. Estaforma de provisión del empleo público ha sido desarrollada en el
ordenamiento jurídico colombiano a través de las siguientes normas: Decreto Ley
2400 de 1968, el Decreto reglamentario 1950 de 197338, las leyes 61 de 1987, 27
de 1992, 443 de 1998, 909 de 2004, en las cuales se previó que ante la imposibilidad
de proveer el cargo de carrera administrativa a través del sistema del mérito, se
garantizaría la continuidad en la prestación del servicio público con personal
vinculado en provisionalidad hasta cuando se pueda realizar tal provisión con uno
37 El texto tachado fue declarado NULO mediante sentencia del 12 de abril de 2012, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-
00215-01(9336-05), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
38 «Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre
administración del personal civil»
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02793-01 (5317-2024)
Demandante: Ricardo Rodríguez González
de carrera, pues no puede existir solución de continuidad en el servicio por falta de
personal.
18.4. iv) Por nombramiento en período de prueba, la entidad nominadora, con sumo
respeto del orden de elegibilidad, y en consideración a las normas que informan la
carrera, designa de la lista de elegibles a las personas que superaron las etapas del
respectivo concurso de méritos, con el fin de que aquella pueda «evaluar los méritos
en relación con las condiciones de ingreso a la carrera judicial y con el desempeño
de las funciones»39 del empleado en su capacidad de adaptación, sus
competencias, habilidades y aptitudes para el ejercicio de la función pública. Una
vez finalizado dicho lapso, el servidor será inscrito en el registro público de carrera
o en caso contrario se declarará insubsistente su nombramiento.
18.5. v) Por nombramiento en propiedad se vincula con la administración a aquellas
personas que, además de cumplir con los requisitos generales y especiales para
desempeñar el cargo, han superado las etapas del concurso de méritos o que
siendo de libre nombramiento y remoción lo «desempeñe en propiedad»40.
2.3. Caso concreto
19. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
19.1. Entre el 17 de noviembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2017, Ricardo
Rodríguez González laboró en el cargo de médico general al servicio de la ESE
Hospital La Estrella, vinculado como supernumerario en los niveles «administrativo y
asistencial», de la siguiente manera41:
Asignación
Acto administrativo Desde Hasta
mensual
Resolución 273 del 17 de noviembre 17 de noviembre de 2015 31 de diciembre de 2015 $3.545.878
de 201542
Resolución 028 del 4 de enero de 4 de enero de 2016 15 de abril de 2016 $3.545.878
201643
Resolución 098 del 16 de abril de 16 de abril de 2016 31 de diciembre de 2016 $3.821.393
201644
Resolución 367 del 31 de diciembre 1° de enero de 2017 31 de marzo de 2017 $3.821.393
39 Corte Constitucional, sentencias C-295 de 2002 y T-488 de 2004.
40 Consejo de Estado, Sala de Consulta y del Servicio Civil, concepto del 12 de diciembre de 2002,
expediente 1477. M.P. Susana Montes de Echeverri.
41 Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_05001233300020190279(.zip) NroActua 2,
05001233300020190279300; 015ContestaciónDemanda10122021, 018Anexos; RICARDO
nombramientos.pdf.
42 Ibidem, folios 10 al 12.
43 Ibidem, folios 13 al 15.
44 Ibidem, folios 4 al 6.
16
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02793-01 (5317-2024)
Demandante: Ricardo Rodríguez González
de 201645
Resolución 119 del 3 de abril de 1° de abril de 2017 30 de abril de 2017 $3.821.393
201746
Resolución 150 del 2 de mayo de 1° de mayo de 2017 30 de junio de 2017 $3.821.393
201747
Certificación laboral48 4 de julio de 2017 31 de agosto de 2017 $4.079.338
Resolución 276 del 31 de agosto de 1° de septiembre de 2017 30 de septiembre de 2017 $4.079.338
201749
19.2. Mediante las siguientes comunicaciones el gerente del hospital le informó al
accionante sobre la terminación de su nombramiento como supernumerario y le
solicitó que pasara por la oficina de talento humano de la entidad «para diligenciar el
respectivo paz y salvo para efectos de liquidación» [sic].
Acto administrativo de vinculación Fecha de la comunicación
Resolución 098 del 16 de abril de 2016 29 de noviembre de 201650
Resolución 119 del 3 de abril de 2017 3 de abril de 201751
Resolución 150 del 2 de mayo de 2017 30 de mayo de 201752
Resolución 276 del 31 de agosto de 2017 1° de septiembre de 201753
19.3. El 15 de enero de 2018, solicitó a la ESE Hospital La Estrella i) información
detallada «con referencia a la liquidación total, el valor, intereses totales legales y fecha
definitiva de pago» [sic]; y ii) el reconocimiento y pago de la sanción por «terminación
abrupta del contrato y con todos los intereses legales ocasionados»54 [sic].
19.4. Con el Oficio 290 sin fecha, el gerente de la ESE le remitió al demandante un
informe detallado de las liquidaciones totales y, respecto del «pago de un mes de
preaviso por terminación abrupta del contrato» le informó que «la Ley 789 de 2002 eliminó
la obligatoriedad de pago alguno por concepto de preaviso, en consecuencia, no existe
argumento legal que soporte su petición»55 [sic].
45 Ibidem, folios 16 al 18.
46 Ibidem, folios 1 al 3.
47 Ibidem, folios 7 al 9.
48 Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_05001233300020190279(.zip) NroActua 2,
05001233300020190279300; 001Demanda.pdf, folios 29 y 30.
49 Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_05001233300020190279(.zip) NroActua 2,
05001233300020190279300; 015ContestaciónDemanda10122021, 018Anexos; RICARDO
nombramientos.pdf, folios 19 al 21.
50 Ibidem, CARTA DE TERMINACION 273 1-05-16 a 31-12-16.pdf.
51 Ibidem, CARTA DE TERMINACION 119 3-04-2017.pdf
52 Ibidem, CARTA DE TERMINACION 150 2-05-2017.pdf.
53 Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_05001233300020190279(.zip) NroActua 2,
05001233300020190279300; 015ContestaciónDemanda10122021, 018Anexos; RICARDO
nombramientos.pdf, folio 22.
54 Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_05001233300020190279(.zip) NroActua 2,
05001233300020190279300; 001Demanda.pdf, folios 35 al 37.
55 Ibidem, folios 62 y 63.
17
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02793-01 (5317-2024)
Demandante: Ricardo Rodríguez González
19.5. En el Oficio 048 del 27 de febrero de 2018, el gerente de la entidad demandada
le informó a Ricardo Rodríguez González que la entidad se encontraba adelantando
gestiones para la emisión del CDP «para el respectivo pago del señor Ricaro Rodríguez
[…] situación que de plano ha de presentarse en este mes que cursa, hecho que demuestra
la buena fe de la entidad»56 [sic].
19.6. Inconforme con la respuesta, presentó una solicitud de tutela 57 que en primera
instancia fue resuelta desfavorablemente por «hecho superado» por parte del
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Estrella en sentencia del 23 de marzo
de 201858.
19.7. Mediante providencia del 10 de mayo de esa anualidad, el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Itagüí revocó la anterior y en su lugar, amparó el «derecho
fundamental [de petición] y dispuso la emisión de una respuesta clara, completa y de fondo
al derecho de petición» [sic]59.
19.8. El 26 de noviembre de 201860, pidió al hospital demandado el reconocimiento y
pago de i) «la indemnización por la terminación anticipada del contrato laboral»; ii) la
sanción moratoria por el pago no oportuno de las cesantías; iii) los intereses a las
cesantías. Asimismo, solicitó que se expidiera una relación clara y detallada de los
pagos realizados después del 30 de septiembre de 2017.
19.9. Por medio del Oficio 017 del 16 de enero de 2019, el gerente de la entidad
demandada dio respuesta negativa a la anterior solicitud porque: i) no existió una
terminación anticipada «de su contrato toda vez que el mismo se realizaba por periodos
de tiempo similares mediante la modalidad de supernumerario y a termino fijo, el cual se
notificaba, además de su terminación dentro de los términos legales establecidos, por tanto
no considera que existiera lugar al pago de una indemnización» [sic]; y ii) no se ocasionó
la sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías definitivas pues «los
soportes de pago que son enviados como anexo de la respuesta del numeral 4to
toda vez que aparece discriminado el pago de los intereses a las cesantías, motivo
por el cual no habría lugar a reconocerlo nuevamente ya que se realizó de acuerdo
a los términos legales el reconocimiento del mismo» [sic]61.
19.10. Además, al expediente se aportaron los siguientes documentos :
56 Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_05001233300020190279(.zip) NroActua 2,
05001233300020190279300; 015ContestaciónDemanda10122021, 018Anexos; Otros documentos;
folios 13 y 124.
57 Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_05001233300020190279(.zip) NroActua 2,
05001233300020190279300; 001Demanda.pdf, folios 39 al 41.
58 Ibidem, folios 42 al 46.
59 Ibidem, folios 51 al 54.
60 Ibidem, folios 77 al 79.
61 Ibidem, folios 80 al 81.
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02793-01 (5317-2024)
Demandante: Ricardo Rodríguez González
19.10.1. Copias de las liquidaciones de prestaciones sociales para los siguientes
periodos.
19.10.1.1. Del 17 de noviembre al 31 de diciembre de 201562.
19.10.1.2. Del 4 de enero al 15 de abril de 201663.
19.10.1.3. Del 16 de abril al 31 de diciembre de 201664.
19.10.1.4. Del 1° de enero al 31 de marzo de 201765.
19.10.1.5. Del 1° de abril al 30 de junio de 201766.
19.10.1.6. Del 4 de julio al 30 de septiembre de 201767.
19.10.2. Certificados de disponibilidad presupuestal del 18 de diciembre68 y del 17 de
junio de 201669 para asumir las liquidaciones prestacionales del personal
supernumerario en los periodos del 17 de noviembre al 31 de diciembre de 2015 y
del 4 de enero al 15 de abril de 2016, respectivamente.
19.10.3. Resolución 312 del 10 de octubre de 2016, por medio de la cual el gerente
de la ESE Hospital La Estrella le reconoció y ordenó el pago de «prestaciones sociales
y cesantías definitivas» a favor del demandado por sus servicios prestados como
médico general entre el 17 de noviembre y el 31 de diciembre de 201570.
19.10.4. Resolución 312 del 10 de octubre de 2016, por medio de la cual el gerente
de la ESE Hospital La Estrella le reconoció y ordenó el pago de «prestaciones sociales
y cesantías definitivas» a favor del demandado por sus servicios prestados como
médico general entre el 4 de enero al 15 de abril de 201671.
62 Ibidem, folios 64.
63 Ibidem, folios 65 y 66.
64 Ibidem, folios 67 y 68.
65 Ibidem, folios 69 y 70.
66 Ibidem, folio 71.
67 Ibidem, folios 72 al 75.
68 Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_05001233300020190279(.zip) NroActua 2,
05001233300020190279300; 015ContestaciónDemanda10122021, 018Anexos;
LiquidaciónDefinitap.pdf, folios 2 y 3.
69 Ibidem, folios 10 y 11.
70 Ibidem. Folios 6 y 7.
71 Ibidem. Folios 14 y 15.
19
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02793-01 (5317-2024)
Demandante: Ricardo Rodríguez González
19.10.5. Contrato interadministrativo 1031702016 del 14 de octubre de 2016,
celebrado entre el municipio de La Estrella y la ESE demandada cuyo objeto fue el
de «fortalecer financieramente a la ESE Hospital de La Estrella para garantizar el acceso
de la población a la prestación de los servicios básicos en el marco de la ejecución de metas
del Plan de Gestión Integral» [sic] con la finalidad de que fuesen pagadas las
liquidaciones de prestaciones sociales adeudadas y a proveedores72.
19.10.6. Acta de inicio del contrato interadministrativo; informe de actividades y de
interventoría, acta conjunta de terminación y liquidación; comprobante de egreso de
dicho contrato; y constancia de pagos objeto del contrato73.
19.10.7. Comprobantes de egresos por pagos realizados al demandante por los
siguientes conceptos:
Concepto Valor Fecha
Prima de servicios $771.895 29 de junio de 2016
Prima de servicios $482.983 15 de junio de 2017
Liquidación de prestaciones del periodo comprendido $7.236.716 19 de octubre de 2017
entre el 16 de abril y el 31 de diciembre de 2016
«Liquidaciones imputados a los periodos $10.970.960 13 de julio de 2018
comprendidos entre el 1° de enero al 31 de marzo de
2017; el 1° de abril al 30 de junio de 2017; y del 4 de
julio al 30 de septiembre de 2017»
19.10.8. Hoja de vida del demandante junto con sus anexos74.
19.10.9. Certificados de existencia y representación legal de la ESE Hospital La
Estrella75.
2.3.1. Análisis sustancial
20. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió de manera parcial a las
pretensiones de la demanda porque, en efecto, para la vigencia de 2017, la ESE
Hospital La Estrella incumplió con la obligación de pagar el auxilio de cesantías de
manera oportuna. De otra parte, negó la indemnización por despido injusto, toda
vez que la vinculación del demandante con la ESE se realizó como supernumerario,
razón por la cual el retiro se dio por la culminación del término pactado en el último
de los actos de nombramiento (Resolución 276 del 31 de agosto de 2017).
72 Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_05001233300020190279(.zip) NroActua 2,
05001233300020190279300; 015ContestaciónDemanda10122021, 018Anexos; Convenio para
saneamiento de pasivos 2016, folios 1 al 9.
73 Ibidem; pago hopital la estrella contrato 10031702016 del 14 10 2016_1.pdf.
74 Ibidem; Historia Laboral.pdf.
75 Ibidem; EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.pdf.
20
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02793-01 (5317-2024)
Demandante: Ricardo Rodríguez González
21. El demandante considera que, contrario a lo concluido por el a quo, procedía el
reconocimiento y pago de dicha indemnización, en tanto que, con ocasión de la no
solución de continuidad, la vinculación mutó a la de «un contrato laboral» a término
indefinido, pues la relación perdió su carácter temporal a tornarse en permanente.
22. De las pruebas anteriormente relacionadas se establece que, el 17 de noviembre
de 2015, el demandante fue vinculado como supernumerario en la ESE Hospital La
Estrella, para ejercer como médico general. Esta vinculación fue objeto de prórrogas
consecutivas hasta el 30 de septiembre de 2017, cuando feneció el último de
duración.
23. Ciertamente, en torno a los supernumerarios el artículo 83 del Decreto 1042 de
1978 «(p)or el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos
de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de
remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones»,
estableció:
«Artículo 83. De los supernumerarios. Para suplir las vacancias temporales de los
empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, podrá vincularse personal
supernumerario.
También podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de carácter
netamente transitorio.
En ningún caso la vinculación de un supernumerario excederá el término de tres meses,
salvo autorización especial del gobierno cuanto se trate de actividades que por su
naturaleza requieran personal transitorio por períodos superiores. [Inciso 3 Declarado
Inexequible mediante sentencia C-401 de 1998.]
La remuneración de los supernumerarios se fijará de acuerdo con las escalas de
remuneración establecidas en el presente Decreto, según las funciones que deban
desarrollarse.
Cuando la vinculación de personal supernumerario no exceda el término de tres meses,
no habrá lugar al reconocimiento de prestaciones sociales. Sin embargo, las entidades
deberán suministrar al personal supernumerario atención médica en caso de
enfermedad o accidente de trabajo. (Texto subrayado declarado inexequible mediante
Sentencia C-401 de 1998).
La vinculación de supernumerarios se hará mediante resolución administrativa, en la cual
deberá constar expresamente el término durante el cual se prestarán los servicios y la
asignación mensual que vaya a pagarse».
21
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02793-01 (5317-2024)
Demandante: Ricardo Rodríguez González
24. Sobre la vinculación de los empleados supernumerarios la Corte Constitucional,
por medio de la sentencia C-401 de 1998, precisó:
«(…) 8. Resulta claro que la vinculación de empleados supernumerarios para llevar a
cabo actividades meramente temporales, constituye un modo excepcional de vinculación
laboral con la Administración Pública. Difiere del contrato de prestación de servicios
profesionales por varios conceptos, especialmente porque en este último, aunque
puede haber cierto grado de sujeción, no se involucra el elemento de
subordinación de tipo laboral que se halla presente en el primero, y porque la
vinculación de personal supernumerario se lleva a cabo mediante resolución, en la cual
deberá expresarse el término durante el cual se prestarán los servicios y el salario que
se devengará, que se fijará teniendo en cuenta las escalas de remuneración establecidas
en la ley. Se trata pues de una verdadera relación laboral regida por normas de derecho
administrativo, que en esencia es temporal.
9. Como estatuto excepcional que es, se desnaturaliza cuando es empleado para cubrir
necesidades distintas de aquellas para las que fue concebido. De esta manera, cuando
la Administración, recurre a esta forma de vinculación de personal para cubrir
necesidades permanentes de servicio, desconoce de facto los principios de rango
constitucional que gobiernan la carrera administrativa, afectando en primer lugar a los
servidores así vinculados, quienes no verán respetada la garantía de estabilidad en el
cargo, y desconociendo también el derecho de acceso de los ciudadanos a la
Administración Pública, de acuerdo con los méritos y capacidades de los aspirantes,
todo lo cual va en detrimento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad
y honestidad que, por mandato superior, deben regir la función pública». [Resalta la
Sala].
25. Estasentencia señaló que las normas constitucionales no imponen límite
temporal alguno a la vinculación de personal transitorio a la administración pública,
de manera «que las facultades que el inciso tercero otorga al Gobierno para autorizar la
vinculación de personal transitorio por cualquier período de tiempo, y sin ninguna
restricción, contradicen la normatividad constitucional, que exige una previa delimitación de
esta planta de personal, el señalamiento de las actividades a que se dedicará que siempre
deben corresponder a necesidades extraordinarias, el tiempo de la vinculación transitoria,
y la previa apropiación y disponibilidad presupuestal de sus salarios y prestaciones
sociales».
26. Para la Corte, «el desconocimiento de las prestaciones sociales a los empleados
supernumerarios que se vinculan transitoriamente a la Administración Pública, resulta
contrario a los principios rectores de las relaciones laborales, y a la justicia que debe presidir
dichas relaciones. En efecto, desconoce, en primer término, el principio de igualdad de
oportunidades, por cuanto el hecho de que la vinculación sea transitoria, no es óbice
legítimo para establecer diferencias frente a aquellos servidores públicos vinculados
permanentemente a la Administración. Esta desigualdad en el trato, no se justifica por
ningún objetivo de rango constitucional que pudiera perseguirse a través de ella. La Corte
no encuentra en ella nada distinto de un mecanismo para reducir la carga prestacional de
22
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02793-01 (5317-2024)
Demandante: Ricardo Rodríguez González
la Administración, que no justifica el desconocimiento general del principio de igualdad»,
aunado a que vulnera el principio de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales.
27. De conformidad con lo anterior, la vinculación de personal a través de la figura
de supernumerario tiene un carácter netamente temporal, limitado al término de
duración de la vacancia temporal o a la ejecución de la labor ocasional y transitoria
para la cual es requerido. Por lo tanto, aquellos son auxiliares de la administración
que se vinculan para suplir o atender necesidades del servicio y/o para desarrollar
actividades de carácter netamente transitorio y así debe quedar expreso con
claridad en el acto de vinculación.
28. Así las cosas, contrario a lo afirmado por el recurrente le asistió razón al tribunal
al negar la pretensión de reconocimiento y pago de la indemnización por despido
injusto, comoquiera que la terminación para este tipo de vinculación solo ocurre por
la culminación del término de duración previsto en el acto de nombramiento y por la
declaratoria de insubsistencia cuando el servidor no hubiese cumplido con las
misiones o actividades que dieron lugar a su vinculación.
29. Ahora bien, en lo referente a la imposibilidad material y presupuestal que alegó
la entidad para reconocer y pagar las prestaciones adeudadas al demandante, la
Sala estima que dichas limitaciones no pueden constituirse como una causa válida
para negar el reconocimiento de un derecho prestacional, ni mucho menos para
desconocer las sanciones previstas por la ley ante el incumplimiento de la obligación
a cargo del empleador, es decir, las dificultades financieras o de ejecución
presupuestal no relevan a la administración del deber de reconocer y pagar los
derechos que hayan sido debidamente causados. En este sentido la Corte
Constitucional76 ha referido que la situación económica y presupuestal que afrontan
las entidades públicas no justifica el incumplimiento de las obligaciones laborales.
30. En consecuencia, por todo lo expuesto se confirmará la sentencia apelada.
2.4. Costas
31. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
76
Ver sentencias T-399 de 1998, SU-995 de 1999, SU-484 de 2008.
23
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02793-01 (5317-2024)
Demandante: Ricardo Rodríguez González
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
32. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
33. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma77.
34. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
35. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
36. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el hecho de que el
demandante hubiera sido objeto de nombramientos en calidad de supernumerario
por periodos consecutivos no conllevó a la mutación de la forma de vinculación con
la administración, razón por la cual no le asiste el derecho a la indemnización por la
terminación anticipada del “contrato de trabajo”.
37. De otra parte, no procede la negación del reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la imposibilidad presupuestal que sufrió la entidad, en tanto que las
dificultades financieras o de ejecución presupuestal no relevan a la administración
del deber de reconocer y pagar los derechos que hayan sido debidamente
causados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
77En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02793-01 (5317-2024)
Demandante: Ricardo Rodríguez González
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 2 de julio de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda presentada por Ricardo Rodríguez González contra la ESE Hospital de
La Estrella, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
25
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