Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2019-02797-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2019-02797-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2019-02797-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
19 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2025
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02797-01 (72830)
Demandante: Aida Patricia Agudelo Gaviria y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Temas: reparación directa – homicidio – omisión de protección – graves violaciones de
derechos humanos – caducidad.
Síntesis del caso: la parte actora reclama una reparación por el homicidio de Manuel
Salvador Agudelo Zapata, quien fue asesinado por integrantes de un grupo armado ilegal,
cuando se transportaba en un bus desde la ciudad de Medellín al municipio de San
Francisco (Antioquia), el 14 de noviembre de 1996. El grupo familiar tuvo conocimiento de
los autores del delito tras la confesión de un integrante de un grupo paramilitar en un
proceso de Justicia y Paz.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia de 13 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala 6 de Decisión, en la que se declaró
probada la excepción de caducidad de la acción1.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia, 1.4. Recursos de apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 28 de octubre de 2019, Hilda Eugenia Gaviria Valencia y otros2,
presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, en contra de la Nación - Ministerio del Interior, Nación - Ministerio de
1 La Sala es competente para proferir esta providencia según el artículo 150 de Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una
sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo. El tribunal era competente para conocer
el proceso en primera instancia por su cuantía, según el numeral 16 del artículo 152 del mismo Código.
2 Aida Patricia Agudelo Gaviria, Luzmila Zapata, Juan José Agudelo García, Luzmila del Rocío Agudelo Zapata,
Ana Patricia Agudelo Zapata, Carmen Lucia Zapata, Sonia María Agudelo Zapata, María Teresa Agudelo Zapata,
María Eugenia Agudelo Zapata, Judith Cecilia Agudelo Zapata, Soraida María Agudelo Zapata y José Joaquín
Agudelo Zapata.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02797-01 (72830)
Demandante: Aida Patricia Agudelo Gaviria y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
Defensa – Policía Nacional y Nación - Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, con el fin de obtener una reparación por la muerte de Manuel
Salvador Agudelo Zapata, quien fue asesinado por integrantes de un grupo
armado ilegal, el 14 de noviembre de 1996, dentro de un bus que transitaba
por la vía que conduce del municipio de Santuario a San Francisco
(Antioquia).3
2. En la demanda se planteó como pretensión declarativa (se trascribe):
“Declárese que la NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR- MINISTERIO DE DEFENSA-
EJÉRCITO Y POLICÍA NACIONAL son administrativa y solidariamente responsables
de la totalidad de los daños y perjuicios irrogados a los demandantes a raíz de la
tortura psicológica y el homicidio en completo estado de indefensión de MANUEL
SALVADOR AGUDELO ZAPATA, ocurrida el 14 de noviembre de 1996, en el
municipio de Santuario, cuando el autobús de servicio público en el que se
movilizaba fue detenido en la vía intermunicipal que conduce al municipio de
San Francisco, donde residía, por varios miembros de las Autodefensas
Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU-, Frente Oriente, cerca de las corralejas
del municipio de Santuario, donde después de exigirle documentos le propinaron
varios disparos con arma de fuego, luego de sindicarlo de “guerrillero”,
causándole la muerte en el acto. Delito reconocido ante la Unidad Nacional de
Fiscalías para la Justicia y la Paz por el postulado Ricardo López Lora alias “el
marrano” quien además manifestó que lo realizó en compañía del comandante
Beltrán de la estación de Policía del municipio de Cocorná”.
3. La parte actora solicitó como reparación:
• Indemnización de los perjuicios morales, indemnización del “daño a la vida en
relación y las condiciones de existencia” e indemnización del “daño a bienes y
derechos convencional y constitucionalmente amparados”, por el monto de 400
SMLMV por cada perjuicio y para cada uno de los demandantes que se
encontrara en el primer grado de parentesco con la víctima directa y 300 SMLMV
por cada perjuicio y para cada uno de los demandantes que se encontrara en
el segundo grado de parentesco con la víctima directa.
• Indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante
(consolidado y futuro) a favor de Hilda Eugenia Gaviria Valencia (compañera
permanente) y Aida Patricia Agudelo Gaviria (hija), correspondientes a los
ingresos dejados de percibir con la muerte de quien sostenía el hogar, por el
monto de $1.144.144.141 para cada una.
• Indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente
a favor de Sonia María Agudelo Zapata (hermana), correspondiente a los gastos
funerarios en que incurrió como consecuencia de la muerte de su hermano, por
el monto de $4.883.952.
• Medidas no pecuniarias consistentes en garantizar la investigación, juzgamiento
y sanción de los responsables de los hechos; realizar un acto público en el que se
ofrezcan disculpas a los familiares de la víctima, y realizar un acuerdo de no
repetición.
4. Como fundamento de las pretensiones, en síntesis, la parte demandante
refirió que el 14 de noviembre de 1996, Manuel Salvador Agudelo Zapata se
3 Folios 1 al 45 del cuaderno único (demanda) y folios 174 al 194 del cuaderno único (reforma de la demanda).
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Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
encontraba en la ciudad de Medellín realizando algunas diligencias
personales. Al finalizar la tarde tomó un bus con destino al municipio de San
Francisco, donde residía. En el camino, en las cercanías del municipio de
Santuario, unos sujetos desconocidos abordaron el bus, le pidieron la
identificación a Manuel Salvador y le dispararon varios proyectiles con arma
de fuego.
5. Dos años antes, en 1994, el grupo familiar de la víctima residía en la vereda
“Pailania” del municipio de San Francisco. No obstante, se vieron forzados a
desplazarse al casco urbano del municipio, toda vez que un “informante”
señaló de “guerrillero” a Juan José Agudelo García, padre de la víctima, lo
que trajo retaliaciones por parte de miembros del Ejército en contra del
grupo familiar. Tiempo después, Manuel Salvador tuvo una discusión con un
miembro de un grupo paramilitar cuando se encontraba en una cantina del
municipio. Esos dos hechos fueron los únicos altercados en los que se vio
involucrado Manuel Salvador, pues se trataba de una persona trabajadora
y honesta.
6. Los familiares no conocieron los autores ni los móviles del homicidio en la
fecha en que ocurrieron los hechos. El 7 de diciembre de 2012, Ricardo
López Lora, dentro del proceso de Justicia y Paz con rad.
110016000253200983693, declaró que Manuel Salvador “estaba en el listado
de Vicente Castaño (…) los motivos que llevaron a Vicente Castaño a dar
la orden para matarlo fueron por ser informante de las milicias del frente
Carlos Alirio Buitrago”. Además, refirió que “el homicidio fue perpetrado por
alias “Pedro” y alias “Niche” del Frente Oriente de las ACCU, en
coordinación con el cabo Beltrán de la estación de policía del municipio de
Santuario”.
7. La parte actora afirmó que las entidades demandadas son responsables
por los hechos narrados, ya que, para la época, los grupos paramilitares
ejercían control social, territorial y económico en la zona del oriente
antioqueño y ello se debió, por una parte, a la omisión de las demandadas
de cumplir con sus deberes de brindar seguridad y control a la población
civil, y por otra parte, a la colaboración que prestaron a esos grupos
armados para que operaran sin ningún control y cometieran hechos
delictivos bajo la premisa de “lucha antisubversiva” y “limpieza social”.
Además, resaltó que, estaba acreditado que el homicidio de Manuel
Salvador fue cometido por miembros del grupo paramilitar con la
aquiescencia y participación de miembros de la Policía y el Ejército.
8. En la reforma de la demanda se indicó que el término para la
presentación de la demanda debía contabilizarse a partir de la fecha en
que los demandantes conocieron sobre la posibilidad de imputarle al Estado
la responsabilidad por la muerte de su familiar, esto es, “con la asesoría
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Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
brindada por el suscrito apoderado, que luego de verificar el caso y
conociendo el contexto en el que se desarrollaron los hechos (…) determinó
la viabilidad de imputar por omisión y/o connivencia el daño causado”.
También refirió que el hecho configuró una grave violación de derecho
humanos, por lo cual debía aplicarse una excepción a la regla de
caducidad, con fundamento en la jurisprudencia que sobre la materia ha
establecido la Corte Interamericana de Derecho Humanos.
1.2. Posición de la parte demandada
9. La Policía Nacional contestó la demanda.4 La entidad señaló que no era
la llamada a responder por el daño reclamado por la parte actora, ni por
acción ni por omisión. Adujo que se desconocía quién había cometido el
homicidio de Manuel Salvador Agudelo Zapata y no había prueba de la
supuesta participación directa o indirecta de la entidad en los hechos.
Refirió que las declaraciones del paramilitar Ricardo López Lora no eran
fiables, toda vez que solo buscaba obtener beneficios y subrogados
penales; en todo caso, sus afirmaciones fueron realizadas en versión libre,
por lo que no tenían validez probatoria. Indicó que la víctima no puso en
conocimiento de las autoridades, ni era un hecho de público conocimiento,
la existencia de amenazas o de riesgo en su contra. Propuso la excepción
de caducidad, toda vez que los hechos ocurrieron del 14 de noviembre de
1996 y la demanda se presentó en 2019.
10. El Ejército Nacional contestó la demanda.5 Refirió que el hecho fue
cometido por un tercero, esto es, el grupo armado ilegal, además, señaló
que la parte actora no demostró la supuesta omisión en que incurrió la
entidad y precisó que las obligaciones de seguridad de la fuerza pública
eran de medio y no de resultado. También propuso la excepción de
caducidad de la acción y precisó que la imprescriptibilidad frente a delitos
de lesa humanidad y crímenes de guerra se predicaba respecto de la
acción penal, pero no de la acción de reparación directa, de manera que
en este caso el término debía contabilizarse desde la fecha en que ocurrió
la muerte de la víctima, ya que ese mismo día sus familiares conocieron el
daño.
11. El Ministerio del Interior, en la contestación de la demanda6, propuso la
excepción de caducidad. Explicó que, según los hechos narrados, los
demandantes se enteraron de la supuesta participación del Estado en el
homicidio de Manuel Salvador Agudelo Zapata con la confesión de un ex
paramilitar realizada el 7 de diciembre de 2012, de modo que, ante la
inexistencia de circunstancias materiales que les impidiera acudir a la
4 Folios 138 al 151 y folios 197 al 199 del cuaderno único.
5 Folios 152 al 173 del cuaderno único.
6 Folios 200 al 209 del cuaderno único.
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Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
administración de justicia, el término de oportunidad finalizó el 8 de
diciembre de 2014, pero la demanda fue presentada mucho tiempo
después. En todo caso, indicó que el daño reclamado no le era atribuible,
toda vez que no tenía entre sus funciones salvaguardar el orden público ni
brindar seguridad a la población, pues esta última función recaía en la
Unidad Nacional de Protección, la cual tenía autonomía administrativa y
presupuestal.
1.3. Sentencia de primera instancia
12. El 13 de marzo de 202, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta
de Decisión, profirió Sentencia de primera instancia7 en la que resolvió
“[d]eclarar probada la excepción de caducidad”. El tribunal refirió que, de
acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, la regla de caducidad era aplicable al caso concreto.
Advirtió que la parte actora tuvo conocimiento del daño el mismo día en
que ocurrió y de la posibilidad de imputarle responsabilidad al Estado el 13
de diciembre de 2010, cuando la Fiscalía 43 Delegada ante el Tribunal de la
Unidad Nacional de Fiscalías Para la Justicia y Paz certificó las circunstancias
en que ocurrió la muerte de Manuel Salvador, o, a más tardar, el 7 de
diciembre de 2012, cuando Ricardo López Lora declaró sobre la presunta
participación de autoridades en el hecho. De modo que la demanda
presentada el 29 de octubre de 2019 fue extemporánea. Finalmente,
consideró que el término de caducidad no dependía de la asesoría
brindada por el abogado e indicó que la parte demandante tuvo la
oportunidad de manifestar sus consideraciones respecto de los efectos de
la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado
o alegar las circunstancias materiales que le impidieron acudir a la
administración de justicia con anterioridad, pero nada expuso ni probó al
respecto.
1.5. Recurso de apelación
13. La parte actora presentó recurso de apelación8 con el fin de que se
revocara la decisión de primera instancia. Explicó que, en la fecha en que
se presentó la demanda, la jurisprudencia del Consejo de Estado no
aplicaba el término de caducidad en casos de graves violaciones de
derechos humanos, de modo que el escrito se enfocó en sustentar las
características de delito de lesa humanidad que constituyó la muerte de
Manuel Salvador, para que, consecuentemente, no se aplicara el término
de caducidad de la acción. En todo caso, señaló que los demandantes
tuvieron conocimiento de la posibilidad de imputar responsabilidad a las
7 Documento “45_Sentencia_ok201927971INSRDmuer_0_20250314140405132.pdf” que obra en el índice 50 del
registro de actuaciones de primera instancia del aplicativo SAMAI.
8 Documento “47_050012333000201902797002MemorialWeb2025422252.pdf” que obra en el índice 53 del registro
de actuaciones de primera instancia del aplicativo SAMAI.
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entidades demandadas cuando recibieron asesoría del abogado, quien,
luego de estudiar otros procesos, advirtió que en varios municipios de
Antioquia la Policía y el Ejército contribuyeron a la comisión de delitos en
contra de la población civil por parte de grupos paramilitares, tal como se
estableció en la Sentencia de 12 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal
de Justicia y Paz de Medellín. Finalmente, refirió que al caso concreto le es
aplicable la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, sobre imprescriptibilidad de las acciones de reparación frente a
delitos de la lesa humanidad.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Análisis
sustantivo; 2.3. Costas.
2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
14. La Sala confirmará la decisión adoptada por el tribunal que declaró la
caducidad de la acción, porque los demandantes conocieron la
posibilidad de atribuir el daño a las entidades demandadas con las
declaraciones realizadas el 7 de diciembre de 2012, por un ex integrante de
un grupo armado ilegal, en el marco de un proceso de Justicia y Paz. Esta
última fecha constituye el punto de inicio del término de caducidad. La
demanda se presentó muchos años después de que el término venciera, sin
que se demostraran circunstancias materiales que imposibilitaran a los
demandantes el ejercicio oportuno de la acción.
15. En ese sentido, la Sala, en primer lugar, realizará una breve referencia a
la Sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la Sala
Plena de la Sección Tercera y explicará las razones por las cuales es
aplicable al caso concreto. Luego, expondrá los elementos probatorios que
permiten inferir que la parte actora, en el año 2012, conoció sobre la
participación de agentes del Estado en la muerte de su familiar. Finalmente,
realizará el conteo del término de oportunidad.
16. En el expediente obran algunos documentos de la investigación penal
adelantada por la muerte de Manuel Salvador; también constan las
declaraciones de vecinos y familiares practicadas con el fin de esclarecer
los hechos. Estos elementos de prueba será valorados, ya que durante todo
el proceso estuvieron a disposición de las partes y ninguna de ellas los
controvirtió, por el contrario, el Ejército coadyuvó en su consecunción.9
9 En la sentencia de 27 de agosto de 2019, rad. Nro. 15001-23-31-000-2003-03453-01(44240)A, esta Sala de
Subsección expuso: “[L]a jurisprudencia de esta Sección y la jurisprudencia de la Corte Constitucional han
permitido la valoración de las pruebas trasladadas solicitadas por una de las partes aunque hayan sido
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2.2. Análisis sustantivo
17. La Sala Plena de la Sección Tercera, mediante Sentencia de 29 de enero
de 202010, unificó su jurisprudencia respecto de la caducidad de la acción
con “pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de
lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se
pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado”.
Como regla general, dispuso que 1) el término aplicable es el legal incluso si
se trata de pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de delitos
de lesa humanidad, crímenes de guerra, y similares; 2) que salvo disposición
legal especial (como la desaparición forzada), el plazo se computa desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por
acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial; y 3) el término pertinente no se aplica cuando
se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio
del derecho de acción.
18. Las sentencias de unificación del Consejo de Estado constituyen
precedente judicial en materia de lo contencioso administrativo. Sobre los
fundamentos que justifican el carácter vinculante del precedente, la Corte
Constitucional ha mencionado que “los órganos de cierre tienen la función
de unificar la jurisprudencia para garantizar que la aplicación del derecho
sea homogénea. De este modo, se pretende asegurar el cumplimiento de
los fines constitucionales de la seguridad jurídica y la igualdad en el ámbito
de la administración de justicia”11. Ahora, respecto de la aplicación
inmediata en el tiempo de la sentencia de unificación en mención, si bien
la providencia no precisó explícitamente sus efectos temporales, lo cierto es
que tampoco señaló que se trataba de jurisprudencia anunciada, cuyos
efectos solo aplicarían hacia el futuro. Ante la concurrencia de demandas
practicadas sin citación o intervención de la otra en el proceso original y no estén ratificadas en el proceso
contencioso administrativo, siempre que dichas pruebas hayan estado a disposición de las partes durante el
trámite del proceso contencioso administrativo. // Recientemente, la Corte Constitucional sistematizó su
jurisprudencia y la de esta Corporación y definió la regla según la cual los jueces “no pueden valorar una prueba
trasladada ciñéndose de manera literal al artículo 174 del Código General del Proceso”, y por lo tanto al 185 del
Código de Procedimiento Civil cuyo contenido es igual. Según la Corte, la validez de la valoración de una prueba
trasladada depende del ejercicio del derecho de contradicción que se haya surtido sobre ella, en el proceso de
origen o en el que la recibe. // En consecuencia, el juez puede valorar la prueba trasladada sin más formalidades
cuando, además de los otros casos enumerados en la ley, “la prueba trasladada es solicitada por una de las partes
y la parte contra la que se aduce no pudo contradecirla en el proceso de origen, pero esa prueba siempre estuvo
visible durante el trámite del proceso al que fue trasladada, es decir que pudo ejercer su derecho de
contradicción”.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia de 29 de enero
de 2020, exp. 61033. La Sentencia tuvo los votos disidentes de los siguientes Consejeros de Estado: María Adriana
Marín, Ramiro Pazos Guerrero y Alberto Montaña Plata. Por su parte, el Consejero de Estado Guillermo Sánchez
Luque aclaró su voto. Los motivos de inconformidad del ponente de esta sentencia, respecto de la decisión
unificada, que se pueden consultar en extenso en el salvamento de voto referido, están relacionados con que, a
mi juicio, la decisión fue regresiva respecto del bloque de convencionalidad al desconocer los estándares vigentes
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, privando a las víctimas de sus derechos a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición. También puede consultarse el salvamento de voto de la decisión de tutela
de 22 de julio de 2002, con radicado 11001-03-15-000-2022-04007-00. Allí expongo que el estándar internacional
vigente, así como elementos de relevancia constitucional que conducirían a inaplicar las normas de caducidad
en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos.
11 Corte constitucional, Sentencias T- 001 de 2025 y T-024 de 2024.
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Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
por la aplicación retroactiva de esa jurisprudencia, la Corte Constitucional,
en Sentencia SU-167 de 2023, señaló: “la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que, por regla general, los precedentes judiciales de las altas
cortes tienen efectos inmediatos y son de obligatorio obedecimiento por los
operadores jurídicos y las partes involucradas en un proceso en curso, aun si
incorporan cambios importantes en la compresión de un determinado
problema jurídico”. Con ello, para la Sala es claro que al presente asunto le
resulta aplicable los criterios unificados en la Sentencia de unificación de 29
de enero de 2020.
19. En expediente está acreditado que Manuel Salvador Agudelo Zapata
fue asesinado el 14 de noviembre de 199612. Según el relato de Jorge Ernesto
Gómez Botero, conductor del bus en el que se movilizaba la víctima, “ese
día venía normalmente en el bus (…) el viaje era normal, en la cancha
Eusebia María Gómez nosotros paramos a dejar y recoger pasajeros,
cuando eran más o menos las seis y quince de la tarde, hice lo propio y ahí
se subieron seis pasajeros (…) inicié el recorrido normal y ahí en la entrada
para Morritos escuché que hacían unos disparos dentro del bus yendo el
carro en marcha, este señor Manuel Salvador iba al lado derecho sentado
en un banquito ahí, cuando sentí los tiros detuve el carro y se bajaron dos
individuos”.13
20. Por ese hecho, el 15 de noviembre de 1996, la Unidad Seccional de
Fiscalía de Santuario (Antioquia) inició investigación previa, en la que
practicó interrogatorios a vecinos y familiares, quienes afirmaron
desconocer las razones por las cuales la víctima había sido asesinada. En la
diligencia de 25 de noviembre de 1996, Luzmila Zapata Agudelo, madre de
la víctima, declaró “no tengo conocimiento de nada, no sabemos nada
todavía, cuando nos avisaron nos comentaron que habían matado a
Manuelito bajando de Medellín, eso fue como acá en Santuario (…) para
mí él no tenía como nada pendiente con nadie, o sea que no tenemos ni la
menor idea de lo que pudo haber sucedido”. En el mismo sentido declaró
Hilda Eugenia Gaviria Valencia, compañera permanente, y José Alonso Ciro
Gallego, vecino de la víctima14.
21. El 1 de junio de 1998, la Fiscalía, de conformidad con lo previsto en el
artículo 326 del Código de Procedimiento Penal vigente para ese momento
y habida cuenta de que “se practica[ron] pruebas tendientes a
individualizar el responsable del ilícito, sin haberse podido lograr resultados
12 Registro civil de defunción que obra en el folio 43 del documento
“13_EXPEDIENTEDIGI_10ReformaDemanda2019_10_20250520143733449.pdf” y acta de necropsia que obra en el
folio 47 del documento “34_EXPEDIENTEDIGI_31AnexoAportaRespDer_31_20250520143736043.pdf”, registrados en
el índice 2 del historial de actuaciones de segunda instancia del aplicativo SAMAI.
13 Declaración de Jorge Ernesto Gómez Botero realizada el 19 de febrero de 1997 ante la Unidad Seccional de
Fiscalía de Santuario.
14 Declaraciones realizadas el 25 de noviembre de 1996 ante la Unidad Seccional de Fiscalía de Santuario.
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Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
positivos”, resolvió suspender la investigación15. El 25 de junio de 2002, el 9 de
febrero de 2007, el 16 de abril de 2007, el 15 de noviembre de 2007 y el 15
de diciembre de 2010, la Fiscalía, por solicitud de los familiares de la víctima,
expidió certificaciones sobre la investigación, en las que dio cuenta de la
suspensión del trámite por falta de identificación de los autores del delito e
informó que “se imputa estos hechos a grupos armados al margen de la ley,
quienes vienen operando en el oriente antioqueño como consecuencia del
conflicto armado interno que se vive en Colombia”16.
22. Por último, en el expediente obran los formatos de la Unidad de Fiscalías
de Justicia y Paz de 7 de diciembre de 2012, en los que consta la confesión
de Ricardo López Lora, en los siguientes términos:
“[E]ste señor venía en el listado de Vicente Castaño que ordenaba para matar,
los motivos que llevaron a Vicente Castaño a dar la orden para matarlo, fueron
de ser informante de las milicias del ELN frente Carlos Alirio Buitrago que operaban
en Santuario y alrededor de ese municipio, Vicente Castaño ordenó la muerte de
este señor y el listado me lo entregó Merchán, yo mandé a Pedro y a Niche, de
fueron en moto DT color negra de las ACCU, Pedro con una pistola 9 mm y el
Niche con un revolver 38, aquí estuvo el cabo Beltrán coordinando con la Policía
de Santuario, por este hecho soy responsable por línea de mando”.17
23. El homicidio de Manuel Salvador Agudelo Zapata se encuadra dentro
de las conductas descritas en el artículo 3 común de los Convenios de
Ginebra18 y el artículo 7 del Estatuto de Roma19, los cuales, de acuerdo con
la amplia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
constituyen los crímenes más graves en derecho internacional. En razón a
dicha calificación, al presente asunto le es aplicable la sentencia de
unificación citada anteriormente, por tratarse del precedente
jurisprudencial vigente fijado por la Sala Plena del órgano de cierre en la
materia, es decir, el término legal de caducidad debe contabilizarse desde
el momento en que las víctimas tuvieron conocimiento cierto de los hechos
y de su imputabilidad al Estado.
15 Folios 55 y 56 del documento “34_EXPEDIENTEDIGI_31AnexoAportaRespDer_31_20250520143736043.pdf”
registrado en el índice 2 del historial de actuaciones de segunda instancia del aplicativo SAMAI.
16 Folios 57 al 65 del documento “34_EXPEDIENTEDIGI_31AnexoAportaRespDer_31_20250520143736043.pdf”
registrado en el índice 2 del historial de actuaciones de segunda instancia del aplicativo SAMAI.
17 Folios 52 y 53 del documento “13_EXPEDIENTEDIGI_10ReformaDemanda2019_10_20250520143733449.pdf”
registrado en el índice 2 del historial de actuaciones de segunda instancia del aplicativo SAMAI.
18 Convenios de Ginebra. Artículo 3. En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja
en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de
aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 1) Las personas que no participen directamente en las
hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas
fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las
circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color,
la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se
prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra
la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles,
la tortura y los suplicios (…).
19 Estatuto de Roma, Art. 7: “Crímenes de lesa humanidad 1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por
“crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato (…)”.
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-02797-01 (72830)
Demandante: Aida Patricia Agudelo Gaviria y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
24. Según lo expuesto, la Sala encuentra que, para la fecha en que
ocurrieron los hechos, el grupo familiar de Manuel Salvador no conocía los
autores ni partícipes del homicidio, así lo manifestaron en sus declaraciones
en la investigación previa. Incluso, la Fiscalía suspendió la investigación por
falta de identificación de los involucrados en el delito. Además, está
probado que esta falta de información sobre lo ocurrido se prolongó
durante muchos años, como se evidencia en las distintas certificaciones
emitidas por el ente investigador. Ahora bien, con la declaración del ex
integrante del grupo paramilitar que cometió el homicidio, es evidente que
se conoció tanto los autores como la participación de agentes del Estado,
concretamente, miembros de la Policía Nacional.
25. Pese a que en el expediente no obran elementos probatorios que
permitan determinar la fecha en que los demandantes conocieron esas
declaraciones, lo cierto es que, tanto en la reforma de la demanda como
en el escrito de contestación de excepciones, se reconoció que esa
declaración era conocida por los demandantes, no obstante, la razón por
la que no acudieron a la administración de justicia en ese momento fue por
desconocimiento y falta de asesoría jurídica. En el escrito de contestación
de excepciones se expuso que:
“[P]or el reconocimiento realizado por el paramilitar con cargo de líder en la
organización delictual, los demandantes conocieron de la imputabilidad de los
hechos a los paramilitares y la probable participación de un agente de la Policía,
pero no tenía certeza de la imputación del hecho a tal agente y en
consecuencia al Estado (…) si bien lo declarado por alias el marrano fue indiciario
de la participación de la Policía Nacional en los hechos, el reconocimiento de la
autoría se dio en relación con alias el Marrano, alias Pablo y alias Niche y acorde
con su condición socio económica y su formación solo tuvieron conocimiento de
la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por acción u omisión, con
la asesoría brindada por el suscrito apoderado”.
26. Para la Sala no son aceptables dichos argumentos. En primer lugar,
porque la confesión del mencionado ex paramilitar fue explícita tanto en la
mención de los autores materiales como en la participación “del cabo
Beltrán” de la estación de policía del municipio. En segundo lugar, porque
la falta de asesoría jurídica no constituye un impedimento real que excuse
la tardanza en la reclamación ante esta jurisdicción. El término de
caducidad no puede quedar al arbitrio de las partes, por la búsqueda de
una asesoría legal o por la designación de un apoderado judicial. La
decisión de unificación aclaró que “mientras no se cuente con elementos
de juicio para inferir que el Estado estuvo implicado en la acción u omisión
causante del daño y que le era imputable el daño, el plazo de caducidad
de la reparación directa no resulta exigible, pero si el interesado estaba en
condiciones de inferir tal situación y, pese a ello no acudió a esta jurisdicción,
el juez de lo contencioso administrativo debe declarar que el derecho de
acción no se ejerció en tiempo”, supuesto que aquí se presenta.
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-02797-01 (72830)
Demandante: Aida Patricia Agudelo Gaviria y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
27. Con relación la confesión, el artículo 16520 y el artículo 19321 del Código
General del Proceso le otorgan pleno valor probatorio, siempre que
cumplan con lo previsto en el artículo 191 del mismo código22. Las
afirmaciones realizadas por el apoderado dan cuenta de que la parte
actora estaba enterada de la declaración realizada por el ex paramilitar, lo
cual resulta concordante con el principio del esclarecimiento de la verdad
contemplado en la Ley 975 de 200523, en virtud de la cual se adelantó la
investigación en contra del desmovilizado.
28. Así, habida cuenta de que las declaraciones del autor de los hechos
fueron realizadas el 7 de diciembre de 2012 y la demanda fue allegada el
28 de octubre de 2019, esto es, siete años después, y dado que la parte
actora en las respectivas oportunidades procesales no alegó una
circunstancia válida que le impidiera acudir a la justicia, la Sala concluye
que se presentó por fuera del término de dos años previsto en el artículo 164,
numeral 2, literal i, del CPACA para ejercer el medio de control de
reparación directa.
2.3. Costas
29. De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 365 (numerales 1 y 3) del
CGP, la parte demandante debería ser condenada en costas en esta
instancia. Sin embargo, está probado que los demandantes son víctimas del
conflicto armado en Colombia. En ese entendido, por tratarse de sujetos de
especial protección constitucional y por encontrarse en una condición de
vulnerabilidad, la Sala se abstendrá de imponer una condena en este
asunto24.
20 “Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el
testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y
cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”.
21 Artículo 193. La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su
poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes
contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario
se tendrá por no escrita.
22 “Artículo 191. Requisitos de la confesión. La confesión requiere:
“1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo
confesado.
“2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la
parte contraria.
“3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
“4. Que sea expresa, consciente y libre.
“5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento.
“6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada (…)”.
23 Artículo 7 de la Ley 975 de 2005: “(…) las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente
ley deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo
pertinente”.
24 En recientes pronunciamientos la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reiterado esta postura,
destacando que la reparación de las víctimas del conflicto armado es un asunto de interés público. Al respecto
puede consultarse: Corte Constitucional. SU-241 de 20 de junio de 2024. Con aclaración de voto de los magistrados
José Fernando Reyes Cuartas y Jorge Enrique Ibáñez Najar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 6 de diciembre de 2024, exp. 56.855. Con salvamento
parcial de voto del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 21 de febrero de 2025, exp. 71192. Con salvamento
parcial de voto del magistrado José Roberto Sáchica Méndez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 28 de abril de 2025, exp. 71061.
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-02797-01 (72830)
Demandante: Aida Patricia Agudelo Gaviria y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 13 de marzo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala 6 de Decisión, en la que se declaró
probada la excepción de caducidad de la acción.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.
TERCERO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER
el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Magistrado Magistrado
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Magistrado
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Firmado electrónicamente
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