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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02809-01

Fecha
28 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02809-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Antioquia por medio de la cual negó las pretensiones. Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-02809-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

28 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02809-01 (7825-2023)
Demandante: María Eugenia Correa Roldan
Demandado: Municipio de Medellín

Temas: Nivelación salarial y prestacional entre docentes territoriales
incorporados y educadores territoriales del municipio de
Medellín. No se probó el supuesto fáctico alegado. Carga de la
prueba. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual negó las pretensiones de
la demanda.

ANTECEDENTES

1. La señora María Eugenia Correa Roldan instauró demanda1 en contra del
Municipio de Medellín en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del acto administrativo 201830345312 del 21 de
noviembre de 2018, por medio del cual la Secretaría de Educación de Medellín
negó el reconocimiento de la igualdad que concurre entre los docentes y
directivos docentes al servicio del municipio de Medellín por realizar las mismas
funciones, cumplir mismos horarios y obligaciones, y pertenecer a la misma
planta global, cancelados con recursos del Sistema General de Participaciones.

1 Folios 1 a 17.

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3. Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a reconocer, liquidar
y pagar de forma actualizada las diferencias salariales y prestacionales
adeudadas a la accionante por el tratamiento remuneratorio diferencial entre
esta y los maestros municipales “y/o catorcernales” (sic) del municipio de
Medellín que realizan las mismas funciones y tienen idéntico horario,
obligaciones, y escalafón.

4. Que la entidad dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 187, 192
y 195 del CPACA y que sea condenada en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que fue nombrada como docente municipal en la planta de cargos del municipio
de Medellín y afirmó que el departamento de Antioquia fue autorizado para la
prestación del servicio educativo de manera descentralizada desde el 10 de abril
de 1996, según la Resolución 6000 del 9 de diciembre de 1995 por mandato del
artículo 3.º de la Ley 60 de 1993, y que el municipio de Medellín también acreditó
los requisitos para manejar directamente el servicio de educación pública según
la Resolución 2823 del 9 de diciembre de 2002, ello en aplicación del artículo 20
de la Ley 715 de 2001.

6. Sostuvo que, en virtud del Decreto 013 del 6 de enero de 2004, esta última
entidad territorial adoptó su planta global de personal docente, directivos
docentes y administrativos cancelados con los recursos del Sistema General de
Participaciones, dentro de la cual figuran 10.621 servidores que fueron
incorporados y que inicialmente eran financiados con recursos propios de la
mencionada autoridad.

7. Que, a pesar de esta unificación, a los 1.643 educadores que desde el principio
eran pagados directamente por el municipio, se les comenzó a reconocer
salarios y prestaciones en mayor valor que a los 8.973 restantes, quienes ya
eran financiados a través del entonces Situado Fiscal (hoy SGP), pero que
igualmente fueron incorporados a la planta de personal territorial.

8. Que, el 26 de septiembre de 2018, radicó una petición ante la autoridad
demandada a fin de que se le diera un trato salarial igual al de los docentes
municipales, pues aseguró que cumple las mismas funciones e idénticas
condiciones de horario y responsabilidades que las de estos últimos, la cual fue
negada con el argumento de que no existía ningún trato discriminatorio entre
educadores, porque entre estos existen diferencias por el tipo de vinculación y
de normativa aplicable.

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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

9. Afirmó que con los actos administrativos demandados se transgredieron los
artículos: 2, 4, 25, y 53 de la Constitución Política; literal a) del artículo 7 del
Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San
Salvador), y la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

10. Que los docentes del municipio de Medellín pagados con recursos del Sistema
General de Participaciones (SGP) deben recibir un trato igualitario respecto a
aquellos pagados con recursos propios, ya que todos pertenecen a la misma
planta global de cargos.

11. Sostuvo que la Alcaldía de Medellín está evadiendo la obligación de igualar la
planta docente, lo que vulnera los derechos a la igualdad y el principio de "a
trabajo igual salario igual". Advierte que lo relevante no es la forma de
vinculación, sino la función y las tareas que se cumplen, aplicando el principio
de primacía de la realidad sobre la formalidad.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

12. El 22 de noviembre de 2019 fue admitida la demanda2; el municipio de Medellín,
manifestó que la demandante no fue vinculada inicialmente por el municipio de
Medellín, sino por la gobernación de Antioquia mediante el Decreto 4200 del 31
de octubre de 1989 para prestar sus servicios en Yarumal.

13. Que la diferencia salarial de los docentes que mantuvieron su vínculo con le
municipio de Medellín no se cancela con los dineros del SGP, sino con dineros
propios de la entidad territorial, por lo que no es posible exigir un tratamiento
igualitario cuando existen circunstancias jurídicas distintas que lo justifican,
existiendo una razón objetiva de orden legal para la diferencia salarial y
prestacional del docente incorporado sin solución de continuidad.

14. Propuso las excepciones que denominó: (i) falta de legitimación en la causa por
pasiva, (ii) reserva legal y falta de competencia para acceder a lo solicitado, (iii)
improcedencia de la nivelación salarial y prestacional, (iv) inexistencia de la
obligación, (v) compensación, y (vi) prescripción.

15. El 6 de agosto de 20213, el tribunal de origen determinó resolver las excepciones
propuestas en la sentencia; incorporó al expediente las pruebas aportadas en la
demanda y su contestación, y fijó el litigio en orden de dictar sentencia
anticipada.

2 Folio 62.
3 Ver índice 12 de SAMAI-Tribunales.

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16. El 20 de agosto de 20214 corrió traslado a las partes para presentar sus alegatos
de conclusión y la Ministerio público para emitir concepto.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

17. El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia el 17 de octubre de
2023 negó las pretensiones. Expresó que la demandante ostenta la calidad de
docente nacionalizada, y aunque todos los docentes de la planta del municipio
de Medellín continuaron siendo pagados con recursos del Sistema General de
Participaciones, las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 establecieron que el
régimen salarial y prestacional de los docentes nacionales y nacionalizados sería
el previsto para los empleados del orden nacional, mientras que los docentes de
carácter territorial incorporados mantendrían el régimen del que venían
disfrutando.

18. Manifestó que la incorporación a la nueva planta no podía desmejorar los
derechos adquiridos del personal territorial, pero tampoco alteró el tipo de
vinculación de la demandante, esto es, de nacionalizada a territorial. Por lo tanto,
no es jurídicamente posible que docentes del orden nacional y nacionalizado,
amparados por otras normas, reclamen los haberes concedidos a los empleados
territoriales, ni le corresponde a la entidad territorial procurar la nivelación
salarial, ya que la determinación de la remuneración para los nacionalizados es
competencia del Congreso y el presidente de la República.

19. En consecuencia, el tipo de vinculación es el aspecto que determina el régimen
salarial y prestacional aplicable, constituyendo un criterio objetivo y justificado
para la diferenciación del personal.

RECURSO DE APELACIÓN6

20. La demandante interpuso recurso de apelación, expresando que tiene derecho
a la nivelación salarial. Que la planta de personal docente de Medellín quedó
conformada por 10.395 cargos, todos amparados por el mismo Estatuto Docente
(Decreto 2277 de 1979); por ello, debieron recibir igual trato salarial y
prestacional. Sin embargo, se les ha aplicado normas de rango inferior que
generan una desigualdad, lo que justifica la excepción de ilegalidad conforme a
la Constitución y a lo señalado por el Consejo de Estado en la Sentencia 00871
de 2018.
21. Que el acto acusado vulnera el principio constitucional de «a trabajo igual, salario
igual», pues todos los docentes asumidos por el municipio de Medellín al
momento de su certificación realizan las mismas funciones, cumplen el mismo
horario y están sujetos al mismo Estatuto Docente. Por tanto, no existe una razón

4 Ver índice 14 de SAMAI-Tribunales.
5 Ver índice 36 de SAMAI-Tribunales.
6 Ver índice 20 de SAMAI-Tribunales.

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objetiva que justifique diferencias salariales entre ellos, con independencia de si
su vinculación inicial fue nacional, nacionalizada o territorial, por lo que sus
salarios debieron ser equiparados respetando sus regímenes prestacionales.

22. Afirmó que el proceso de descentralización implicó reorganizar las plantas de
personal, integrando a los docentes que ya laboraban en las instituciones
oficiales, y que cuando no era posible ubicarlos en cargos equivalentes, la
entidad territorial debía realizar procesos de homologación y nivelación para
garantizar que no se vieran afectadas sus condiciones laborales, salariales y
prestacionales. Sin embargo, la integración del personal docente proveniente de
la Nación y las entidades territoriales al municipio generó diferencias salariales,
pues algunos conservaron asignaciones superiores por derechos adquiridos,
mientras otros quedaron con salarios más bajos. Esta situación, pese a los
esfuerzos por unificar la planta, ha mantenido desigualdades entre docentes que
desempeñan las mismas funciones, lo que constituye la vulneración al derecho
a la igualdad.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

23. El 13 de febrero de 20247 se admitió el recurso de apelación y por no haber
pruebas que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para
alegar.

24. En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.

25. El Ministerio Público no emitió concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

26. El problema que debe resolver la Subsección consiste en establecer si se
encuentra acreditado el vínculo municipal de la actora y, de ser así, si existe
algún fundamento jurídico que justifique y permita la nivelación salarial y
prestacional de la misma en comparación con la situación de los educadores
territoriales pagados con recursos de esta misma autoridad.

Marco normativo y jurisprudencial

a) De la fijación del régimen salarial y prestacional del magisterio, así como
del proceso de incorporación del personal docente a los entes territoriales
en virtud de la descentralización de la educación

7 Ver índice 5 de SAMAI.

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27. Mediante la Ley 43 de 1975 se nacionalizó la educación, desde el 1.° de enero
de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980, por el cual el servicio de enseñanza
pública de primaria y secundaria sería financieramente responsabilidad de la
Nación, para aliviar los presupuestos propios de las entidades territoriales frente
a los costos de la gestión de la labor educativa.

28. Por su parte, ante la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio en virtud de la Ley 91 de 1989, se previó en el artículo 15, que, los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, seguirían
bajo el régimen al que estaban sometidos cuando hacían parte de la entidad
territorial, mientras que aquellos nacionales y nacionalizados que fueron
nombrados a partir del 1.° de enero de 1990, tendrían como marco jurídico el
que estuviera vigente para el sector público nacional. Por ello, los educadores
territoriales propiamente dichos, siempre han estado gobernados por la
normativa prestacional de cada distrito, departamento o municipio.

29. Ahora, con la expedición de la Constitución Política de 1991, puntualmente en el
artículo 356, al Gobierno Nacional se le asignó la competencia para determinar
qué servicios serían prestados y garantizados por la Nación, y cuáles se
descentralizarían hacia las diferentes entidades territoriales. Se creó el Sistema
General de Participaciones (antes Situado Fiscal), en orden de distribuir los
ingresos corrientes del Estado entre los departamentos, distritos y municipios, y
de esta forma, atender directamente servicios como la educación oficial, entre
otros.

30. En atención a este proceso, el Congreso de la República profirió la Ley 60 de
1993 que dispuso la desarticulación de la referida nacionalización, para que los
entes territoriales estuvieran encargados de la cobertura, administración y
calidad de este servicio.

31. En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los
bienes del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos. Así,
con dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los establecimientos
educativos a las entidades del orden territorial.

32. En el inciso 4.º del artículo 6.º de la Ley 60 de 1993 se indicó:

«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El
personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será
incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará
el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. […]»
(Subrayado y negrilla fuera del texto original)

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33. A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte de
la respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en
consecuencia, era necesario que se adelantara un trámite de incorporación,
pues los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados,
debían migrar a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen
prestacional que regiría tanto a los docentes que se incorporaran como a los que
se vincularan de forma posterior, sería el establecido en la Ley 91 de 1989.

34. Pues bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma era que
más municipios asumieran el manejo total de la administración del servicio de
educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los municipios
certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para que se les
trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema educativo para
ser invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo
16 ibidem:

«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o
superior a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la
aprobación del Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas otorgar
a estos municipios autonomía para la prestación del servicio de educación y la
asunción de las obligaciones correspondientes en las mismas condiciones de
los distritos.»

35. De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la educación
del país, generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles municipal,
departamental y nacional» y en aras a «pasar a una nueva etapa de la
descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su
autonomía administrativa como operadores de la organización de los servicios
de educación […]»8, se expidió la Ley 715 de 2001.

36. Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las entidades
territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación
en sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió
expresamente a la incorporación de personal docente en su artículo 34 que
dispuso:

«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata
el artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes,
directivos y administrativos de los planteles educativos, de los departamentos,
distritos y municipios.
Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de
los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad. […]»

37. En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo consigo
dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el personal

8 Extraído de la exposición de motivos de la Ley 715 de 2001.

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administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas
conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los
docentes incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación
que ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.

b) Acerca de la posibilidad de la nivelación salarial y prestacional

38. Cuando se afirma que determinado funcionario desempeña materialmente una
misma plaza, o incluso una superior a la que ocupa, pero percibiendo un menor
salario al de aquel servidor con el que se compara, podría hablarse en principio
de la procedencia de una equiparación de remuneraciones. En todo caso, para
ello, el Consejo de Estado indicó los presupuestos que configurarían su
viabilidad:

«Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que
cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor
salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b)
contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que exige
el empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias
desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho que
alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con
fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que
avalen sus alegatos.» (Subrayado fuera de texto).

39. Incluso, la Corte Constitucional9 también desarrolló su línea jurisprudencial sobre
la materia al señalar que:

«[…] En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los
salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose
todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la
igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales,
aceptando entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo también
diferenciación ante situaciones desiguales...”

[...] 7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte
se pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre
dos trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos
fácticos: i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con
la misma preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las
responsabilidades son iguales […]» (Líneas intencionales).

40. Como se observa, este planteamiento se basa en los elementos de análisis
requeridos cuando se pretende aplicar un juicio de igualdad material en casos
de supuesta discriminación, derivado para litigios como el presente del principio
laboral de “a trabajo igual, salario igual”, el cual solo se configura cuando las
partes contrastadas están en el mismo plano de condiciones, tal como la referida

9 Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional.

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corporación judicial10 lo precisó al asegurar que:

«[…] no toda diferencia salarial entre trabajadores que desempeñan el mismo
cargo vulnera el principio “a trabajo igual salario igual”, como quiera que es
posible encontrar razones objetivas que autorizan el trato diferente.”

6. El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio
relacional, propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración
debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar
sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de cualificación para el
empleo, son comparables y, no obstante ello, reciben una remuneración
diferente.

[…] Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles
de diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de
evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura institucional de las
dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima
facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de
la cual se generan diferentes escalas salariales, que responden a
cualificaciones igualmente disímiles para el acceso a dichos empleos.»
(Subrayado de la Sala).

41. Por consiguiente, cuando se busca una nivelación salarial fundada en el hecho
de que entre dos servidores existe un trato remunerativo discriminatorio, tal
situación jurídica solo podrá analizarse cuando se verifique que ambos
empleados están en una equivalencia real de condiciones laborales y
ocupacionales, mas no solo porque compartan empleos con algunas
características similares. En todo caso, tal pretensión prosperaría solo cuando
se advierta que no existen causas tanto objetivas como constitucional y
legalmente permitidas que justifiquen la diferenciación.

Resolución del caso concreto

42. Inicialmente debe destacarse que, conforme al Decreto 4200 del 31 de octubre
de 198911 se corrobora que la actora fue nombrada por el departamento de
Antioquia en la Escuela Rural Integrada La Loma de Ochalí del municipio de
Yarumal.

43. Dicha vinculación se concretó en una plaza nacionalizada considerando que el
nombramiento lo realizó la entidad territorial después del 1.º de enero de 1976
con la intervención del delegado del Ministerio de Educación ante el FER para
el mismo efecto, tal como lo prevén los artículos 6.º y 10 de la Ley 43 de 1975.

44. Ahora bien, respecto a la presunta desigualdad salarial alegada, el supuesto de
hecho carece de sustento probatorio. En efecto, no reposan elementos de

10 Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012. Expediente: T-

3.561.818 y sentencia C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha corporación en el expediente:
D-113.
11 Ver anexos contestación de la demanda.

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convicción que permitan establecer cuáles eran las asignaciones salariales y
prestacionales de aquellos docentes financiados con recursos propios de la
entidad territorial y vinculados antes de la certificación del municipio de Medellín,
respecto de los cuales asegura la actora existe un trato más favorable en
aspectos económicos.

45. En consecuencia, frente a tal ausencia probatoria, no es posible examinar la
legalidad o validez de un trato desigual, pues, solo se está ante el dicho de la
actora sin que exista medio de prueba alguna que permita corroborarlo.

46. Lo expuesto se traduce entonces en el incumplimiento de la accionante de la
carga probatoria que le correspondía para demostrar sus supuestos de hecho,
pues tal como lo prevé la regulación procesal, quien alega la ilegalidad es quien
debe invocar las normas violadas, el concepto de la violación, y además,
desplegar una actividad probatoria suficiente y adecuada para lograr el efecto
jurídico de los preceptos que fundamentan el derecho reclamado a través de un
medio de control como el de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, lo
cual se traduce en la concreción del postulado adjetivo de la carga de la prueba
al tenor del artículo 167 del CGP12.

47. Estos argumentos son suficientes para confirmar el fallo apelado, pero por las
razones aquí expuestas.

De la condena en costas en segunda instancia

48. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

49. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como
es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto

12 «Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá,
de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier
momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares. […]»

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en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

50. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

51. En consecuencia, se impondrán costas a la demandante por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de octubre de dos
mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Antioquia por medio de la cual
negó las pretensiones.

Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

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