Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-02836-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-02836-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2019-02836-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
15 de marzo de 2024
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02836-01 (27862)
Demandante: Fabio Alonso Arango Gaviria
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2019-02836-01 (27862)
Demandante FABIO ALONSO ARANGO GAVIRIA
Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP
Temas Liquidación de aportes. Elementos de las contribuciones a cargo
de los trabajadores independientes. Mensualización de ingresos.
Reconocimiento de costos y gastos. Condena en costas.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 1 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión, que decidió lo siguiente1:
“PRIMERO: NEGAR LAS PRETENSIONES de demanda, conforme los argumentos
expuestos en la parte motivan de esta decisión.
SEGUNDO: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, se
condena en costas de primera instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas
por la Secretaría de la Corporación.
Las agencias en derecho se fijan en el equivalente al 3% del valor de lo pedido (cuantía que
sirvió para estimar la competencia), de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No.
PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.
TERCERO: En firme esta providencia archívese el expediente.”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Previo Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro. RCD 2016-03513 del 23 de
diciembre de 2016, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) expidió la
Liquidación Oficial Nro. RDO 2017-02910 del 18 de agosto de 2017, en la que
determinó a cargo del actor los aportes a salud y pensión por los períodos de enero
a diciembre de 2014, y lo sancionó por no declarar (omisión)2.
Contra la anterior decisión, el demandante presentó recurso de reconsideración,
desatado en la Resolución Nro. RDC 2018-01060 del 13 de septiembre de 2018, en
el sentido de modificar el monto de los aportes y la sanción3.
1 Samai/ índice 2/ PDF sentencia
2 Estos actos administrativos pueden consultarse así: Samai/ Índice 2/. ED_CARPETAFO_FOLIO2197(.zip)
NroActua 2
3 Este acto puede consultarse así: Índice 2 de Samai/. PDF de la demanda. Página 106 a 128 del PDF.
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Demandante: Fabio Alonso Arango Gaviria
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones4:
“PRIMERA: Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
I) Resolución número RDO – 2017 -02910 del 18 de agosto de 2017, mediante la cual se
profirió Liquidación Oficial a FABIO ALONSO ARANGO GAVIRIA, la cual fue notificada
por correo el día 29 de agosto del 2017.
II) Resolución número RDC – 2018 – 01060 del 13 de septiembre de 2018, por medio de la
cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución número
RDO – 2017 – 02910 del 18 de agosto de 2017, la cual fue notificada el día 19 de
septiembre de 2018.
SEGUNDA: En consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho:
I) Se declare que los aportes realizados por el señor FABIO ALONSO ARANGO GAVIRIA
en calidad de comerciante, fueron efectuados sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC)
correcto, según la legislación vigente para el año o periodo gravable 2014.
II) En caso de que se lleve a cabo cobro coactivo y se proceda con su ejecución se paguen
los perjuicios derivados de tal proceder, los cuales serán tasados de acuerdo a peritaje
ordenado por el despacho.
III) Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad accionada.”
A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 150, 338
de la Constitución Política; 107 del Estatuto Tributario; 33 de la Ley 1438 de 2011;
4 de la Ley 1700 de 2013; 18 de la Ley 1122 de 2007; y 1 del Decreto 510 de 2003.
Los cargos de nulidad se resumen de la siguiente manera:
1. Falsa motivación
El actor señala que la Administración siempre afirmó que era un trabajador
independiente por dedicarse a la “compra y venta de paquetes turísticos y hotelería”, pese a
que en el transcurso del proceso se demostró que sus ingresos provenían de la
actividad de comercio al por menor de combustible para automotores por intermedio
de un establecimiento, calidad que se acreditaba con las respectivas certificaciones
de la Corporación de Estaciones de Gasolina “AES Colombia” y de “Bureau Veritas”, que
daban cuenta de su afiliación para esa actividad económica y el permiso para la
compra y venta de combustible.
Por ello, la conclusión de la UGPP de considerarlo como trabajador independiente
carecía de sustento fáctico y jurídico, dado que no prestaba un servicio personal del
cual pudiera percibir salarios, honorarios, entre otros. Así mismo, puso de presente
que el legislador es la única autoridad competente para definir el sujeto pasivo de
las contribuciones y establecer las características propias de los independientes, las
cuales no cumplía, sin que la demandada pudiera atribuirse tal facultad.
En ese contexto, los actos demandados eran contrarios a la realidad al exigir el pago
de aportes sobre una base gravable que el legislador no previó para los
4 Índice 2 de Samai/. PDF demanda
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comerciantes, dándoles el tratamiento de trabajador independiente, calidad que
reiteró, no ostentaba. Destacó que dichas categorías son diferentes y prueba de ello
era la doctrina de la Administración de Impuestos, en donde se ha desagregado de
los independientes a los rentistas de capital y comerciantes5.
Señaló que el artículo 4 de la Ley 1700 de 2013 definió la calidad de comerciante,
norma que estaba vigente para el año 2014, destacando que en la actualidad no
existía disposición alguna que los agrupara en una sola categoría junto a los
trabajadores independientes. Así, para el año fiscalizado se podía predicar una falta
de sujeción pasiva a las contribuciones parafiscales, no obstante, por la presunción
establecida en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 debía afiliarse al sistema y
pagar los aportes sobre 1 SMLMV y no sobre el 40% del ingreso mensual, “pues
incluso la norma vigente para el año 2014 aplicable para los trabajadores independientes esto es la
Ley 1122 de 2007, establecía como IBC máximo el 40% de los ingresos efectivamente percibidos”.
Sin perjuicio de lo anterior, destacó que contradictoriamente la demandada también
indicó que su calidad de trabajador independiente era producto del “comercio al por
menor de combustible para automotores”, actividad que al tenor del artículo 20 del Código
de Comercio se considera como un acto de comercio.
De conformidad con el artículo 1 del Decreto 510 de 2003 el ingreso bruto en su
calidad de comerciante era la renta líquida, es decir, el resultado de la depuración
entre ingresos y los costos incurridos para el desarrollo de la actividad, tales como
operaciones vehiculares, seguros, gastos de oficina, suministros, servicios públicos,
entre otros. Información que estaba soportada en la declaración de renta del año
2014 y en los respectivos anexos mes a mes.
Para el año 2017 la declaración de renta del 2014 estaba en firme, no obstante, la
UGPP desconocía la información allí consignada para realizar una operación
consistente en dividir los ingresos en los 12 períodos fiscalizados para obtener un
IBC de iguales proporciones, ejercicio que en todo caso no atendía su realidad
comercial. Además, era improcedente negarle la posibilidad de detraer las expensas
necesarias que conllevaran al aminoramiento de la renta en los términos del artículo
107 del Estatuto Tributario, más cuando la demandada no es la autoridad
competente para desconocer los valores declarados.
2. Infracción de las normas en que debería fundarse
Sostuvo que por mandato constitucional el Congreso tiene la facultad de crear
tributos, incluidos los aportes parafiscales, lo que implica determinar con certeza los
elementos mínimos que los definen. En ese sentido, no le era dable a la
Administración o a cualquier ente gubernamental establecer dichas características
o definir discrecionalmente si una persona podía catalogarse como trabajador
independiente, comerciante o rentista de capital.
La Ley 1700 de 2013 definió que un comerciante es un “vendedor independiente” y no
un “trabajador independiente”, en ese orden, al actor debió dársele el tratamiento del
primero, en lugar de imponerle una obligación sobre una base gravable inexistente.
Indicó que, si bien el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 se refiere únicamente al
trabajador independiente, en gracia de aplicarla al comerciante para efectos de
5 Al respecto citó los siguientes Oficios: 038854 del 23 de junio de 2005; 094075 del 24 de septiembre de
2008; 013205 del 29 de febrero de 2012; 048258 del 11 de agosto de 2014; y 016335 de 2014.
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calcular el IBC, debe tenerse en cuenta que no estableció que los aportes debían
realizarse sobre el 40% de los ingresos netos como lo hizo la UGPP en los actos
acusados.
Precisó que al trabajador independiente y contratista independiente corresponde el
mismo tratamiento legal, porque ambos prestan de forma personal y directa un
servicio que puede ser contratado por un tercero, además en virtud del Decreto 510
de 2003, el IBC varía entre 1 y 25 SMLMV. Empero, el comerciante carecía de las
condiciones previstas en esa norma, por lo que era improcedente motivar los actos
demandados en esta y menos liquidar los aportes sobre el 40% del total de sus
ingresos.
Oposición de la demanda
La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente6:
Inicialmente, propuso la excepción de falta de competencia, en razón a que por la
cuantía el asunto era competencia de los tribunales7.
Frente al primer cargo señaló que hasta el momento de expedir el requerimiento
para declarar y/o corregir, el actor no aportó documentos o pruebas que permitieran
establecer que contaba con costos y gastos relacionados con su actividad
productora de renta y que pudieran ser deducidos de la base gravable de los aportes
al sistema, por ende, el IBC sobre el cual se aplicó la tarifa fue calculado con el
ingreso bruto mensualizado.
Lo relevante en este caso era que, dada la capacidad económica del demandante
por su actividad de comerciante, era sujeto pasivo de los aportes, incluso el Decreto
1406 de 1999 en su artículo 1º fijó el alcance de la expresión “aportantes”, la cual
debía entenderse que hacía referencia a las personas naturales o jurídicas con
trabajadores dependientes, rentistas de capital, trabajadores independientes y
demás sujetos con capacidad de contribuir al financiamiento del sistema.
De manera que la obligatoriedad con el sistema no podía plantearse de cara a
definiciones relacionadas con la actividad económica de los sujetos, sino a la calidad
de persona natural que ejerciera una actividad y contara con capacidad económica.
Sobre el segundo cargo expresó que como el demandante era una persona natural
con capacidad de pago estaba en la obligación de efectuar los aportes al sistema,
y que para el cálculo del IBC la UGPP estaba facultada para tomar los ingresos
reportados en la declaración de renta, destacando que el reconocimiento de los
costos y gastos se encontraba sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Sin embargo, el demandante no aportó los
soportes de sus expensas, de manera que ante la ausencia de las pruebas
requeridas en el proceso de fiscalización se determinó la base gravable con
fundamento en los ingresos reportados en el denuncio rentístico.
Afirmó que era innecesaria la reglamentación por parte del Gobierno de un sistema
de presunción de ingresos para establecer la base de cotización de los aportes
6 Índice 2 de Samai/ PDF anexos 11. Páginas 126 y siguientes del PDF.
7 Mediante auto del 2 de septiembre de 2019 el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín
remitió el asunto por competencia al Tribunal Administrativo de Antioquia. El mismo puede consultarse en
el índice 2 de Samai/ anexos 11. Páginas 193 a 197 del PDF.
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porque el Decreto 510 de 2003 dispuso que consistía en los ingresos efectivamente
percibidos por el afiliado menos las deducciones, pero reiteró que ante la ausencia
de pruebas de las expensas acudió directamente a los ingresos reportados en renta.
Precisó que, para la deducción de costos y gastos, además de cumplir con el
artículo 107 del Estatuto Tributario, era necesario verificar el cumplimiento de lo
previsto en los artículos 771-2 Estatuto Tributario, en concordancia con los 617 y
618 ibidem, y 3º del Decreto 3050 de 1997.
Así las cosas, señaló que eran desacertadas las afirmaciones del actor, pues de
conformidad con las normas que regulan la materia, a la UGPP únicamente le
correspondía verificar los ingresos del aportante para determinar su capacidad de
pago, mas no su origen. Así mismo, al demandante se le trasladaba la carga de la
prueba en cuanto las expensas deducibles, por ende, debía declararse la legalidad
de los actos.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, negó las
pretensiones de la demanda por lo que pasa a exponerse8:
Advirtió que, si bien al resolver el recurso de reconsideración la Administración
sostuvo que la actividad desarrollada por el demandante era servicios de compra y
venta de paquetes turísticos y hoteleros, en ese mismo acto también se mencionó
la actividad correcta (comercio al por menor de combustible para automotores).
Además, en los actos previos no se incurrió en dicha imprecisión. Así, se trata de
un error de transcripción que en nada afectaba la legalidad de los actos
administrativos. De igual manera, el interesado tampoco solicitó aclaración alguna
en el proceso de fiscalización.
Expuso que, de conformidad con las normas que regulan la materia, el demandante
por tratarse de un trabajador independiente, que ejerce de manera personal su
actividad económica, sin trabajadores a su cargo ni sujeción a un contrato de
trabajo, y además es declarante del impuesto de renta, estaba obligado a efectuar
los aportes al sistema de seguridad social en el régimen contributivo. A su vez, el
IBC obedecía a los ingresos efectivamente percibidos, es decir, permitía la
deducción de los costos relacionados con su actividad productora de renta, por
consiguiente, no era aplicable la base de cotización establecida en la Ley 1122 de
2007, comoquiera que solo regulaba lo atinente a los independientes contratistas
de prestación de servicios.
Agregó que para la procedencia de la deducción de las expensas era necesario que
cumplieran con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, siendo el
aportante el obligado a justificar y demostrar con los medios pertinentes que la
información contenida en la declaración de renta corresponde con su realidad y, en
ese mismo sentido, que las cotizaciones cumplen los lineamientos de ley.
Advirtió que si bien en sede judicial el actor aportó los documentos y soportes
contables a partir de los cuales pretendió demostrar la procedencia de la deducción
de las expensas, lo cierto era que desde la demanda omitió el cumplimiento de la
carga argumentativa que le permitiera al Tribunal definir los costos y gastos que
pretendía detraer de la base gravable de los aportes.
8 Samai/ índice 2/ PDF sentencia
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Bajo ese entendimiento, era necesario rechazar las deducciones alegadas por el
actor, comoquiera que no logró demostrar la veracidad de sus declaraciones en los
términos exigidos por el artículo 167 del Código General del Proceso.
Finalmente, en atención al artículo 365 del Código General del Proceso y el
precedente del Consejo de Estado, condenó en costas al actor por ser la parte
vencida dentro del asunto, fijando las agencias en derecho en el 3% del valor de las
pretensiones, según el Acuerdo Nro. PSAA16-10554 de 2016 expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura9.
Recurso de apelación
El demandante apeló la decisión de primera instancia por lo que pasa a exponerse10:
1. De la condición de trabajador independiente
Precisó que era indiscutible que por tratarse de una persona declarante del
impuesto de renta con capacidad de pago estaba en la obligación de afiliarse al
régimen contributivo del sistema de seguridad social, condición que en todo caso
acreditó. Sin embargo, su reproche estaba encaminado a que la ley no dispuso que,
para el 2014, los comerciantes fueran sujetos pasivos en las mismas condiciones
que los trabajadores independientes, ni señaló el hecho generador ni la tarifa que
debía aplicarse.
Indicó que solo con la expedición de la Ley 1955 de 2019 se hizo referencia al IBC
de independientes por cuenta propia y comerciantes, al disponer que quienes
compraran y vendieran insumos, como su caso, estaban sujetos a cotizar sobre una
base mínima del 40% del valor mensualizado de los ingresos sin incluir el IVA.
De manera que, al no encontrarse configurados los principios de legalidad, certeza
y predeterminación del tributo respecto de los comerciantes para el año 2014, la
única obligación que tenía el actor era la de estar afiliado en calidad de cotizante y
pagar los aportes sobre un salario mínimo.
2. De la deducción de costos y gastos
Expuso que, como lo reconoció el Tribunal, la actividad comercial consistía en la
compra y venta de combustible, sin embargo, ello no constituía la prestación de un
servicio personal y directo, y menos que todos los ingresos fueran para su beneficio
sin incurrir en costos y gastos para la comercialización de su producto. De manera
que era errado concluir que los ingresos brutos eran efectivamente los percibidos.
Planteó como inadmisible el desconocimiento de la presunción de costos y gastos
aplicables a los trabajadores independientes, condición que tanto la UGPP como el
Tribunal aceptaron que el actor ostentaba, y que no requería ser probada.
Sostuvo que la demandada en el despliegue de sus facultades desconoció las
expensas reportadas en la declaración de renta, la cual estaba en firme, y se limitó
a afirmar que los aportes debían cancelarse sobre el 40% de los ingresos brutos
mensualizados. Además, a su juicio, era improcedente dividir dichos ingresos en la
misma proporción durante los 12 meses de la anualidad fiscalizada para calcular la
obligación a su cargo.
9 Uno de los magistrados integrantes de la Sala del Tribunal Administrativo de Antioquia salvó parcialmente
su voto, en lo relacionado a la condena en costas.
10 Samai/ índice 2/ PDF apelación.
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Demandante: Fabio Alonso Arango Gaviria
Puso de presente que con la demanda aportó su contabilidad, llevada en debida
forma y sin discusión al respecto por parte de la UGPP, quien a su vez debió
plantear que los documentos como facturas, egresos, y demás soportes no debían
tenerse en cuenta para “efectos de realizar el denuncio rentístico y detraer los costos y gastos
incurridos por el demandante para el desarrollo de su actividad económica”.
3. De la falta de valoración probatoria
Reprochó que el Tribunal se limitó a afirmar que el actor aportó su información
contable sin indicar cuales de los soportes allegados sustentaban las expensas
reportadas en su declaración de renta, a su juicio, de una revisión detallada a las
facturas, comprobantes de egreso, estados financieros, entre otros, se hubiere
podido advertir que la totalidad de los ingresos y expensas estaban debidamente
soportados.
Puso de presente que cada uno de los movimientos contables se registró conforme
a las normas vigentes para el año 2014 y contaba con los debidos respaldos
documentales.
4. De la condena en costas
Sostuvo que aun cuando dentro de un proceso judicial alguna de las partes resultara
vencida o simplemente se negaran las pretensiones de la demanda, esas
condiciones por si solas no daban lugar a la condena en costas, por el contrario,
según el artículo 365 del Código General del Proceso el juez debía verificar la
causación de gastos ordinarios y la conducta de los apoderados.
Sin embargo, el elemento valorativo se omitió en este caso, comoquiera que no se
acreditó la causación de gastos procesales por parte de la UGPP, y menos que la
demanda obedeció a una conducta temeraria, de mala fe o dilatoria de la cual se
pudiera predicar la condena en costas. En ese orden, el Tribunal, en cumplimiento
de la Ley 2080 de 2021 debió valorar las actuaciones de las partes a efectos de
decidir la procedencia de la mencionada condena.
Oposición a la apelación
La UGPP11 solicitó confirmar la sentencia apelada. Expuso que el demandante
estaba obligado a pagar las contribuciones al sistema de la protección social,
comoquiera que se trataba de un comerciante de combustible, económicamente
activo, con capacidad de pago y además declarante del impuesto de renta, posición
que encontraba respaldo en la jurisprudencia del Consejo de Estado12.
Expuso que para 2014 el legislador determinó la base gravable de las
contribuciones, siendo innecesario aplicar el sistema de presunción de costos,
situación que validaba la actuación de la entidad al tomar los ingresos reportados
en renta.
Planteó que aceptar la tesis que ha venido desarrollando la Sección Cuarta del
Consejo de Estado según la cual deben tomarse los costos y gastos declarados en
renta, es equiparar la base gravable de dicho impuesto a la de las contribuciones a
la seguridad social, lo cual era ajeno al querer del legislador, quien los reguló de
11 Samai/ Índice 22
12 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 5 de octubre de 2023, exp.26673
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manera separada e independiente. Además, se limita el proceso de fiscalización y
verificación que legalmente puede adelantar la UGPP y se incentiva a los aportantes
a abstenerse de entregar información, pues es más beneficioso guardar silencio y
resultar favorecidos con el reconocimiento de las expensas declaradas, pese a que
ellos les asiste la carga de la prueba.
Sostuvo que debía tenerse en cuenta la existencia del sistema de presunción de
costos, el cual permite deducir de los ingresos totales del obligado un porcentaje fijo
asociados a su actividad, sin la necesidad de aportar pruebas.
Puso de presente que durante el trámite de fiscalización el demandante no soportó
sus expensas, siendo su único planteamiento la no obligatoriedad de aportar al
sistema, por tanto, la entidad determinó el IBC con fundamento en los datos con los
que contaba para ese momento, es decir, tomar los ingresos declarados en renta.
Ministerio Público
El agente del Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Le corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la
demandante contra la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de la
Liquidación Oficial Nro. RDO 2017-02910 del 18 de agosto de 2017 y la Resolución
Nro. RDC 2018-01060 del 13 de septiembre de 2018, mediante las cuales la UGPP
determinó a cargo del actor los aportes al sistema de seguridad social por los
períodos de enero a diciembre de 2014 y lo sancionó por omisión.
En los términos de la apelación, es del caso analizar: i) los elementos de las
contribuciones parafiscales, ii) la mensualización de los ingresos; iii) la procedencia
de la deducción de costos y gastos y la indebida valoración probatoria y iv) la
condena en costas.
1. Elementos de las contribuciones parafiscales
Advierte la Sala que con el recurso de apelación los reproches estuvieron
encaminados a la inexistencia del hecho generador, la sujeción pasiva de los
comerciantes, la incorrecta liquidación de la base gravable y la falta de tarifa.
Hecho generador y sujeto pasivo: La Sala parte de precisar que la Ley 100 de
1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral, el cual a su vez está conformado
por varios subsistemas, entre ellos el de pensión y salud, el cual tiene como objetivo
garantizar las prestaciones económicas y de salud de sus afiliados y procurar por la
ampliación de la cobertura hasta lograr que toda la población pueda acceder al
mismo (artículo 4), razón por la cual es progresivo (artículo 3) y se rige bajo los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (artículo 2), tal como lo disponen
los artículos 48 y 49 de la Constitución Política.
Sobre esta contribución, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente13:
“Según las características de la cotización en seguridad social, se trata de una típica
contribución parafiscal, distinta de los impuestos y las tasas. En efecto, constituye un
13 Corte Constitucional, sentencia C-577 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
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Demandante: Fabio Alonso Arango Gaviria
gravamen fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra de manera obligatoria a un
grupo de personas cuyas necesidades en salud se satisfacen con los recursos recaudados,
pero que carece de una contraprestación equivalente al monto de la tarifa. Los recursos
provenientes de la cotización de seguridad social no entran a engrosar las arcas del
presupuesto Nacional, ya que se destinan a financiar el sistema general de seguridad social”.
Ahora, de conformidad con los artículos 13 y 15 de la Ley 100 de 1993 (modificados
por los artículos 2 y 3 de la Ley 797 de 200314), tanto los trabajadores dependientes
como independientes deben afiliarse de manera obligatoria al subsistema de
pensión.
A su vez, los artículos 156 y 157 de la misma normativa15 dispusieron que todos los
habitantes del territorio debían estar afiliados al subsistema de salud en condición
de afiliados al régimen contributivo o como subsidiados, o en forma temporal como
participantes vinculados y, para tal efecto, incluyó de manera puntual a los
trabajadores independientes con capacidad de pago. Mandato que posteriormente
fue reglamentado en el Decreto 806 de 199816, artículo 26 literal d) incluyendo esta
vez de manera expresa como obligados a afiliarse a todas las personas residentes
que no tuviesen un vínculo con un empleador en calidad de cotizantes, así:
“las personas naturales residentes en el país, que no tengan vínculo contractual y
reglamentario con algún empleador.”
Así mismo, el artículo 1 del Decreto 1406 de 1999, cuando se refirió al sujeto pasivo
de las contribuciones parafiscales, precisó quienes estarían obligados a pagar los
aportes, siempre y cuando tuvieren capacidad de pago, así:
“Artículo 1. Alcance de las expresiones “Sistema”, “Entidad Administradora”, “Administradora”,
“Aportante” y “Afiliado”.
“Aportante” es la persona o entidad que tiene la obligación directa frente a la entidad
administradora de cumplir con el pago de los aportes correspondientes a uno o más de los
servicios o riesgos que conforman el Sistema y para uno o más afiliados al mismo. Cuando en
este decreto se utilice la expresión «aportantes», se entenderá que se hace referencia a las
personas naturales o jurídicas con trabajadores dependientes, a las entidades promotoras de
salud, administradoras de pensiones o riesgos profesionales obligadas a realizar aportes
correspondientes al Sistema, a los rentistas de capital y demás personas que tengan
capacidad de contribuir al financiamiento del SGSSS, y a los trabajadores independientes que
se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral.”
Se pone de presente que esta Sala al estudiar la legalidad del artículo 26 del Decreto
806 de 199817, señaló que “no solo deben afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en
salud los rentistas de capital y los propietarios de empresas, sino también todas las personas
naturales residentes en el país que no tengan vínculo contractual y reglamentario con algún
empleador.”. También se ha mencionado18 que a “los aportes a pensión se tiene que aplican
las mismas razones, pues los principios de solidaridad y universalidad se predican de todo el Sistema
14 Mediante sentencia C-1089 de 2003 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del
artículo 3 de la Ley 797 de 2003. Así mismo, en la sentencia C-259 de 2009, la Corte declaró la exequibilidad
de la expresión “trabajadores independientes” contenida en el literal a) del artículo 2 y en el numeral 1 de
artículo 3 de la Ley 797 de 2003.
15 Sobre estos artículos se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C-663 de 1996.
16 Si bien el Decreto 2353 de 2015 derogó el Decreto 806, la nueva normativa de igual manera replicó en el
artículo 34, que los trabajadores independientes como los rentistas de capital y, en general, todas las
personas residentes en el País debían estar afiliados al régimen contributivo como cotizantes, siempre y
cuando sus ingresos fueron iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente. Actualmente
esta disposición se encuentra compilada en el Decreto 780 de 2016, artículo 2.1.4.1 numeral 4.
17 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2021, exp. 25056 C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
18 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 11 de noviembre de 2021, exp.24719, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
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General de Seguridad Social, incluido el de pensiones, por lo que todas las personas con capacidad
económica deben contribuir con su financiamiento”.
Bajo las anteriores consideraciones, puede concluirse entonces que, en materia de
trabajadores independientes el hecho generador de los aportes lo constituye la
capacidad de pago de la persona.
Así mismo, son sujetos pasivos de los aportes a salud y pensión, todas las
personas, incluidos los trabajadores independientes que cuenten con capacidad de
pago para financiar el sistema, de los que se destacan los comerciantes, rentistas
de capital, propietarios de empresas entre otros, pues como lo dijo la Corte
Constitucional, los recursos obtenidos “se destinan a financiar el sistema general de
seguridad social”19.
Base gravable: Sobre este punto el actor reprocha que la UGPP liquidara el IBC
sobre el 40% del valor mensualizado de sus ingresos, pues solo fue hasta la
expedición de la Ley 1955 de 2019 que el legislador determinó que la base de los
aportes a cargo de los comerciantes podía determinarse sobre dicho porcentaje. A
su vez, plantea que antes de la expedición de dicha norma no existía disposición
alguna sobre la forma de determinar la base de cotización.
Ahora bien, revisada la liquidación oficial y la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración, esta Sala pudo advertir que la demandada en ningún momento
cálculo el IBC de los aportes a cargo del actor sobre el 40% de sus ingresos brutos,
por el contrario, el ejercicio desplegado por la entidad consistió en tomar los
ingresos reportadas en su declaración de renta, dividirlas en los 12 meses del año
y el resultado lo sujeto al límite de los 25 SMLMV, lo que arrojó una base para todos
períodos de $15.400.000, con excepción de enero, en aplicación del Decreto 3085
de 2007. En este contexto no le asiste razón al demandante sobre el asunto.
No obstante, y comoquiera que de manera general el demandante hizo referencia
a la falta de regulación de este elemento de las contribuciones, la Sala reiterará el
criterio que al respecto ha fijado20.
En cuanto al IBC para el subsistema de pensión, éste se encuentra definido en los
artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 6 de la
Ley 797 de 2003, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 15. AFILIADOS. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones
PARÁGRAFO 1o. En el caso de los trabajadores independientes se aplicarán los siguientes
principios:
a) El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá́ guardar
correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado. De tal manera
que aquellos que posean capacidad económica suficiente, efectúen los aportes de
solidaridad previstos en esta ley (…)”
“ARTÍCULO. 19.- BASE DE COTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES.
Los afiliados al sistema que no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de
prestación de servicios o como servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren
ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente
percibidos.
19 Dicha posición fue expuesta en la sentencia del 5 de octubre de 2023, exp.26673, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello
20 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del14 de septiembre de 2023, exp. 26001, C.P. Myriam Stella
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Cuando se trate de personas que el Gobierno Nacional haya determinado que deban ser
subsidiadas temporalmente en sus aportes, deberán cubrir la diferencia entre la totalidad del
aporte y el subsidio recibido.
En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual
vigente”. (resaltos fuera del texto)
A su vez, según con el artículo 1 del Decreto 510 de 2003 “se entienden por ingresos
efectivamente percibidos por el afiliado, aquellos que él mismo recibe para su beneficio personal,
Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para
desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto
Tributario.”
De conformidad con ello, en la sentencia que aquí se reitera se precisó que “si bien
el inciso primero de esa disposición hace referencia inicialmente a las personas naturales con
contratos de prestación de servicios, lo cierto es que lo pretendido es reglamentar el artículo 15 de
la mencionada Ley 797, la cual como se citó anteriormente, hace referencia a los trabajadores
independientes y a los ingresos efectivamente percibidos, de ahí que lo dispuesto en el reglamento
cobija a todos los trabajadores independientes sean o no contratistas.”
Ahora, el artículo 107 del Estatuto Tributario permite deducir las expensas
realizadas en el ejercicio de la actividad económica, así:
“ARTÍCULO 107. LAS EXPENSAS NECESARIAS SON DEDUCIBLES. Son deducibles las
expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad
productora de renta, siempre que tenga relación de causalidad con las actividades productoras
de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.
La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial,
teniendo en cuentas las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones
establecidas en los artículos siguientes”
Así mismo, el artículo 3 del Decreto 510 se refirió a los límites de cotización, por lo
que los aportes no pueden ser inferiores a 1 SMLMV ni superar los 25 salarios,
rango que también resulta aplicable al subsistema de salud.
Sobre este punto la Sala, en la sentencia reiterada se refirió a la facultad
reglamentaria, especialmente en materia tributaria, señalando que no goza de un
ámbito de regulación autónomo y que el ejecutivo no “puede alterar o modificar el
contenido y el espíritu de la ley, ni puede dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la
administración, así como tampoco puede reglamentar materias cuyo contenido está reservado al
legislador”21.
Sobre la base de pensión manifestó lo siguiente:
“Así mismo, al estudiar la legalidad de varios actos referentes a los aportes de trabajadores
independientes con contratos de prestación de servicios, tales como el mencionado Decreto
510 de 2003, el Decreto 1703 de 2003 y la Circular Conjunta 00001 de 2004, la Sala determinó
lo siguiente:
“Como se observa, la base de cotización al sistema de pensiones, tratándose de trabajadores
vinculados por contrato de servicios fue definida directamente por el legislador, luego el
Gobierno Nacional puede en ejercicio de su facultad reglamentaria (art.189 [11] C.P.), expedir
los actos que permitan el desarrollo de la ley, siempre que al hacerlo no restrinja o exceda los
límites previstos por el legislador en las disposiciones transcritas”22.
21 Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 24 de febrero de 2015, exp. 20998, C.P: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez, reiterado en sentencias del 4 de diciembre de 2019, exp. 23781 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
y del 14 de septiembre de 2023, exp. 26001, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
22 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de octubre de 2006, exp. 15399 C.P. Ligia López Díaz
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Además, sobre la circular demandada en dicho proceso, en la que se hace referencia al 40%
del valor bruto mensualizado del contrato proporcional a los ingresos devengados, la Sala
consideró que este último concepto “debe ser objeto de reglamentación, pues si la ley no
define con exactitud los ingresos que sirven de base para la cotización, resulta válido que sea
a través del reglamento que se haga tal definición, respetando los límites legales 23”
Esta misma premisa aplica para este caso, puesto que cuando el legislador hizo referencia a
“ingresos efectivamente percibidos por el afiliado” no los definió, de ahí que el ejecutivo estaba
facultado para reglamentar la materia, como efectivamente lo hizo en el parágrafo citado, sin
que ello implique asumir competencias que no le corresponden.
Frente al ingreso base de cotización en materia de salud, la Sala hizo referencia al
parágrafo 2º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, que dispuso: “para efectos de
cálculo de la base de cotización de los trabajadores independientes, el Gobierno Nacional
reglamentará un sistema de presunciones de ingreso con base en información sobre el nivel de
educación, la experiencia laboral, las actividades económicas, la región de operación y el patrimonio
de los individuos. Así mismo, la periodicidad de la cotización para estos trabajadores podrá variar
dependiendo de la estabilidad y periodicidad de sus ingresos”.
Siguiendo con el precedente reiterado, para la determinación del IBC, el tema fue
decantado así:
“En cumplimiento de lo anterior [parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1193], mediante
el artículo 4 del Decreto 1070 de 1995 24 se dispuso que era competencia de la
Superintendencia Nacional de Salud establecer el sistema de presunción de ingresos, lo que
llevó a la expedición de la Resolución Nro. 9 de 1996.
Posteriormente, el Decreto 806 de 1998, vigente para el año 2014, en su artículo 66
reglamentó la base de cotización para este tipo de trabajadores en los siguientes términos:
“Artículo 66. Base de cotización de los trabajadores independientes. La base de cotización
para los trabajadores independientes será determinada sobre los ingresos que calcule la EPS
de acuerdo con el sistema de presunción de ingresos definido por la Superintendencia
Nacional de Salud. En ningún caso el monto de la cotización de los trabajadores
independientes podrá ser inferior al equivalente al 12% de dos salarios mínimos mensuales
legales vigentes”.
De igual forma, el Decreto 1406 de 1999 señaló:
“ARTICULO 25. INGRESO BASE DE COTIZACION PARA TRABAJADORES
INDEPENDIENTES AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD-SGSSS. Las entidades promotoras de salud-EPS deberán, al momento de la
afiliación, aplicar con suma diligencia a los trabajadores independientes los cuestionarios que,
con el fin de determinar las bases presuntas mínimas de los aportes que dichos trabajadores
deben efectuar al SGSSS, han establecido los órganos de control o aquellos que sean
establecidos en el futuro.
En todo caso, cuando los ingresos reales del trabajador independiente sean superiores a los
que resulten de la aplicación de las presunciones sobre bases mínimas, los aportes de dicho
trabajador deberán hacerse con base en los ingresos reales. Para tal efecto, los trabajadores
independientes que deseen afiliarse al SGSSS deberán presentar una declaración anual, en
la cual informen a la EPS, de manera anticipada, el Ingreso Base de Cotización que se tendrá
en cuenta para liquidar sus aportes a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero del
año siguiente.
Cuando el trabajador independiente no presente su declaración de Ingreso Base de Cotización
dentro de los plazos previstos en el presente decreto, se presumirá que el Ingreso Base de
23 Ibidem
24 Decreto 1070 de 1995. Artículo 4. Las Entidades Promotoras de Salud, podrán continuar ofreciendo el Plan
Obligatorio de salud del régimen contributivo a los trabajadores independientes que venían cotizando sobre
un ingreso entre uno y dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, que se hubieren afiliado con
anterioridad al 20 de abril de 1995.
La Superintendencia Nacional de Salud establecerá el sistema de presunción de ingresos para los
trabajadores independientes, el cual deberá ser utilizado por las Entidades Promotoras de Salud para
determinar la base de cotización.
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Cotización para el período será el declarado en el año inmediatamente anterior, aumentado
en un porcentaje igual al reajuste del salario mínimo legal vigente. En todo caso, dicho Ingreso
Base de Cotización no será inferior a la base mínima legal que corresponda”. (resaltos de la
Sala)
Finalmente, la Ley 1438 de 2011, en su artículo 33, consagró una presunción de capacidad
de pago y de ingresos así:
“ARTÍCULO 33. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO Y DE INGRESOS. Se presume
con capacidad de pago y, en consecuencia, están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo
o podrán ser afiliados oficiosamente:
33.1 Las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios, impuesto
a las ventas e impuesto de industria y comercio.
33.2 Quienes tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen el ingreso
establecido para pertenecer al Régimen Contributivo.
33.3 Quienes cumplan con otros indicadores que establezca el Gobierno Nacional.
Lo anterior, sin perjuicio de poder ser clasificado como elegible al subsidio por medio del
Sisbén, de acuerdo con las normas sobre la materia.
El Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en la
información sobre las actividades económicas. En caso de existir diferencias entre los valores
declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los aportes al
sistema estos últimos deberán ser ajustados”. (resaltos fuera del texto)
Por lo anterior se establece que las declaraciones tributarias, como las de renta, son un
indicador de ingresos, lo cual permite evidenciar la capacidad de pago y su obligación de
aportar al sistema, aun en el evento de que no existiera un sistema de presunción de ingresos.
Así las cosas, sobre la base de cotización de los trabajadores independientes sin
prestación de servicios, entre los que se cuentan los comerciantes, la Sala concluyó
que el IBC tanto para salud como para pensión se compone de los ingresos percibidos por el
trabajador independiente, teniendo límites de cotización inferior y superior (entre 1 y 25 SMLMV), y
en todo caso, el mismo legislador ha señalado que estos deben corresponder a los ingresos reales,
de ahí que aun cuando se haya cotizado bajo ingresos presuntos o se omitiera la obligación, deben
ajustarse a los declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”
Tarifa: En cuanto al subsistema de pensión el artículo 20 de la Ley 100 de 1993
(modificado por el artículo 7 de la Ley 797 de 2003) estableció las tarifas anuales
del aporte desde el año 2004 y en el artículo 1 del Decreto 4982 de 2007, se dispuso
que, a partir del 1 de enero de 2008 la tasa de cotización sería del 16% del ingreso
base. A su vez, el monto de la cotización a salud se encuentra en el artículo 204 de
la misma Ley 100 (modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007) y
corresponde al 12.5%25.
De conformidad con lo expuesto no prospera el cargo de apelación relacionado con
los elementos analizados en precedencia.
2. De la mensualización de los ingresos
Para el actor es improcedente la división de los ingresos que hizo la UGPP en los
actos administrativos, comoquiera que estos no fueron homogéneos en los 12
meses fiscalizados.
Al efecto la UGPP en los actos acusados tomó como base los ingresos reportados
en la declaración de renta del actor del año 2014 ($799.940.000), y seguidamente
dividió dicha suma en partes iguales por los 12 meses. Se tiene entonces que la
25 Sobre estos elementos puede consultarse la sentencia proferida por esta Sección el 5 de octubre de 2023,
exp.26673, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
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unidad determinó los aportes a seguridad social con base en el promedio mensual
de los ingresos obtenidos por el demandante durante la vigencia fiscalizada.
Durante el proceso el actor manifestó que su contabilidad daba cuenta de toda la
información relacionada con los ingresos, costos y gastos; en efecto, la Sala
advierte que con la demanda se aportó mes a mes, comprobantes de egreso;
recibos de compras en restaurantes y almacenes de cadena; planillas de pago de
aportes parafiscales; facturas de compra de combustible; recibos de internet,
telefonía y servicios públicos; consignaciones bancarias; constancias de pagos de
impuestos nacionales y territoriales; informes de cesantías canceladas; constancias
de liquidación de nómina; comprobantes de provisiones prestaciones sociales;
informes de movimientos fiscales; cuentas de cobro; pagos a cooperativas, cuota
de administración anual del “Irotama Club Internacional XXI ICI XXI”; constancias de pago
a favor de la Cámara de Comercio de Medellín; pagos de seguros; transferencias
bancarias; pagos por servicios de seguridad; pagos por honorarios, juego de
inventarios, entre otros.
Sin embargo, para la Sala dicha información no da cuenta de los ingresos
mensualizados del actor, sino de las erogaciones en que éste incurrió durante el
período fiscalizado, aspecto que en todo caso será analizado en el cargo siguiente.
También se advirtió la existencia de varias declaraciones de la retención en la fuente
practicada por el demandante, pero la información allí consignada no ofrece certeza
sobre el monto de sus ingresos para cada período. Ahora, en cuanto a la relación
de facturas que se aportó mes a mes, de lo consignado allí es imposible inferir si
obedecen a compras del actor o son emitidas por este como parte de su actividad
comercial de venta de combustible, por lo cual no se puede concluir que
corresponden a los ingresos. Sumado a que para los meses de junio a diciembre
hay algunos datos ilegibles.
Igual situación se predica de las declaraciones de IVA que se aportaron como
pruebas en varios meses, comoquiera que lo allí discriminado da cuenta de
movimientos del actor, pero de manera cuatrimestral, es decir, no se identifica mes
a mes los ingresos percibidos.
Así mismo, reposan en el expediente comprobantes de contabilidad que, si bien
contienen cuentas de gastos y activos, también hacen referencia a los ingresos por
rendimientos financieros, empero la cuantía discriminada es mínima, comparada
con la mensualización de los ingresos realizada por la UGPP en cada mes, de ahí
que no desvirtúa la actuación de la Administración. Finalmente se pone de presente
que algunas pruebas presentaron dificultad en su lectura, toda vez que eran
ilegibles.
Por lo anterior, no prospera el reparo del actor sobre este asunto.
3. Reconocimiento de costos y gastos declarados en renta. Falta de
valoración probatoria
El demandante sostuvo que en el desarrollo de su actividad productora de renta
incurrió en una serie de costos y gastos, los cuales al igual que sus ingresos estaban
reportados en su declaración de renta, la cual se encontraba en firme y no fue
desvirtuada por la autoridad administrativa competente para ello. Así mismo, indicó
que la sentencia apelada incurrió en falta de valoración probatoria de los soportes
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que acreditaban sus expensas, situación que será analizada en este punto por
guardar correspondencia.
Se pone de presente que desde la demanda la parte actora mencionó que los
ingresos efectivamente percibidos correspondían a la renta líquida gravable, es
decir, el resultado de restar los ingresos y las deducciones del denuncio rentístico26.
Comoquiera que el apelante reclama el reconocimiento de la totalidad de sus
erogaciones reportadas en renta, es útil poner de presente que, como lo expuso la
Sala27, la remisión a este denuncio privado no puede ser parcializada, es decir,
únicamente valorar los ingresos, sino que también deben tenerse en cuenta los
costos y gastos en que incurrió el contribuyente para desarrollar la actividad
productora de renta, puesto que la presunción de veracidad consagrada en el
artículo 746 cobija a toda la declaración28.
Sobre el particular, la Sección se pronunció en los siguientes términos29:
“En orden de ideas, si la UGPP tiene como sustento probatorio la declaración del impuesto
sobre la renta presentada por el demandante por el año gravable 2014, en los renglones 35 a
40, referidos a los ingresos, también debe tener en cuenta aquellos rubros que debe erogar
para desarrollar su actividad, en las condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto
Tributario; esto es, los renglones correspondientes a costos y gastos denunciados, que deben
cumplir con los requisitos de dicha norma. Esta conclusión resulta reforzada con lo dispuesto
en el artículo 250 del Código General del Proceso, según el cual “La prueba que resulte de los
documentos públicos y privados es indivisible”.
Ahora bien: la UGPP bien podría solicitar comprobaciones especiales de las erogaciones que
pueden deducirse del ingreso base de liquidación de los aportes al Sistema de Seguridad
Social, pero en el caso concreto estas se encuentran demostradas a través del mismo medio
probatorio que utilizó la demandada para acreditar los ingresos efectivamente percibidos por
el demandante. No es admisible que la declaración del impuesto de renta del aportante permita
acreditar aquellas situaciones que le perjudican, pero que se divida para desatender lo que le
beneficia.
La Sala insiste en la presunción de veracidad de la declaración de renta del demandante por
el año 2014, la cual no puede ser modificada o controvertida por otra autoridad diferente a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante liquidación de revisión,
conforme con el artículo 702 del Estatuto Tributario y el Decreto 4048 de 2008. En
consecuencia, el cargo de apelación está llamado a prosperar, por lo que de los ingresos que
sirven para determinar el IBC deben deducirse los costos y gastos reportados en la declaración
del impuesto sobre la renta del demandante”.
Como se expuso anteriormente, la UGPP, para determinar el ingreso base de
cotización tomó los ingresos reportados en la declaración de renta del contribuyente
por la suma de $799.940.00030 y los dividió en los 12 meses del año fiscalizado, lo
cual a su vez fue ajustado al límite de los 25 SMLMV, es decir, que la base mensual
fue de $15.400.000, con excepción de enero que correspondió a la suma de
$14.737.500. Sin embargo, la entidad no reconoció los costos y gastos al considerar
26 Ver página 10 del PDF de la demanda. Ver también páginas 18 y 19 del PDF de la demanda en las que
remite a la declaración de renta.
27 En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia del 24 de noviembre de 2022, exp.26206, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello.
28 Artículo 746. Presunción de veracidad. Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones
tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a los requerimientos administrativos
siempre y cuando que sobre tales hechos no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley lo exija.
29 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 18 de mayo de 2023, exp.26808, reiterada en la sentencia
del 15 de junio de 2023, exp.26698, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
30 La declaración de renta obra en la página 73 del PDF de la demanda.
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que el actor guardó silencio al respecto en sede administrativa, es decir, no
desplegó actividad probatoria.
No desconoce esta Sala que el interesado en sede judicial desplegó su actividad
probatoria al aportar la información contable, la cual contenía facturas,
comprobantes de egresos, pagos de nómina, comprobantes de juego de inventarios
y compras, comprobantes de contabilidad, entre otros. Sin embargo, según el
precedente citado en párrafos anteriores, se insiste en que la UGPP no puede
desconocer las expensas registradas en la declaración de renta, puesto que, para
este asunto, ese fue el medio probatorio utilizado para determinar los ingresos, y la
entidad no puede hacer uso del mismo solo para asuntos que la beneficien y
rechazar aquellos que disminuyan la base gravable, tal como lo son las erogaciones.
Así las cosas, la Sala considera que el IBC estará determinado por los ingresos
percibidos ($799.940.000), una vez depuradas las erogaciones consignadas en la
declaración de renta ($675.153.000), así:
Año Mes Ingresos Costos y gastos aceptados IBC31
2014 1 $66.661.667 $56.262.750 $10.399.000
2014 2 $66.661.667 $56.262.750 $10.399.000
2014 3 $66.661.667 $56.262.750 $10.399.000
2014 4 $66.661.667 $56.262.750 $10.399.000
2014 5 $66.661.667 $56.262.750 $10.399.000
2014 6 $66.661.667 $56.262.750 $10.399.000
2014 7 $66.661.667 $56.262.750 $10.399.000
2014 8 $66.661.667 $56.262.750 $10.399.000
2014 9 $66.661.667 $56.262.750 $10.399.000
2014 10 $66.661.667 $56.262.750 $10.399.000
2014 11 $66.661.667 $56.262.750 $10.399.000
2014 12 $66.661.667 $56.262.750 $10.399.000
TOTAL $799.940.00032 $675.153.000 $124.788.000
Así las cosas, el IBC corresponde a la depuración de los ingresos y gastos,
resultado que no supera el límite de 25 SMLMV33.
Por lo expuesto, este cargo de apelación prospera, razón por la cual se revocará la
sentencia de primera instancia, en su lugar, se declarará la nulidad parcial de la
Liquidación Oficial Nro. RDO 2017-02910 del 18 de agosto de 2017 y la Resolución
Nro. RDC 2018-01060 del 13 de septiembre de 2018, por medio de las cuales la
UGPP determinó a cargo del actor los aportes al sistema de seguridad social por
los períodos de enero a diciembre de 2014 y lo sancionó por omisión. A título de
restablecimiento del derecho se ordenará a la entidad reliquidar el IBC de
conformidad con el cálculo efectuado por esta Sala en la presente providencia, lo
cual a su vez incidirá en la sanción impuesta.
Ahora bien, en cuanto al argumento de apelación relacionado con la aplicación del
sistema de presunción de costos, y que también fue mencionado en la sentencia de
primera instancia, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento alguno, pues de
conformidad con el precedente citado ya se accedió al reconocimiento de las
expensas declaradas en renta. Por las mismas razones se niega el cargo
31 Valores aproximados en aplicación del artículo 10 del Decreto 1406 de 1999
32 Valor aproximado.
33 Para enero se toma el salario de 2013, siendo el límite $14.737.500 y para los demás meses los 25 SMLMV
corresponden a $15.400.000
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Demandante: Fabio Alonso Arango Gaviria
relacionado con la falta de valoración probatoria de la información contable del actor,
pues como quedó dicho prosperó lo que éste perseguía con dicho material, esto es,
la deducción de sus costos del IBC.
4. De la condena en costas
El actor señala que la condena en costas impuesta en la sentencia de primera
instancia es improcedente, comoquiera que los gastos del proceso no estaban
demostrados (numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso) ni que la
demanda actuó con temeridad o mala fe (Ley 2080 de 2021).
Sin embargo, debido a que prosperó parcialmente el anterior cargo de la apelación
y se declarará la nulidad parcial, deberá revocarse la condena impuesta por el
Tribunal de conformidad con el numeral 5 del citado artículo 365 que dispone que
en “caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas
o pronunciar condena parcial”.34, aplicable según lo previsto en el artículo 188 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
De otro lado, la Sala observa que en el expediente no obra prueba de las costas
causadas la segunda instancia, por lo que no será impuesta su condena.
De las demás pretensiones de la demanda: Se advierte que el demandante
solicitó el pago de perjuicios.
Sobre el particular esta Sala ha explicado “que la indemnización por perjuicios a título de
daño emergente y de lucro cesante deben ser ciertos y encontrarse demostrados”35 Así mismo,
ha sostenido que la sola declaratoria de nulidad de las actuaciones de la autoridad
tributaria no es suficiente para el reconocimiento de perjuicios, pues las mismas
“obedecen al cumplimiento de los mandatos legales y constitucionales, y cuyas decisiones gozan de
presunción de legalidad, hasta tanto no sean objeto de control por la jurisdicción, sino que es
determinante y necesario demostrar la existencia del daño y que este es atribuible a la
Administración”36.
En el presente caso, no hay lugar a analizar la solicitud mencionada, pues como
quedó demostrado en líneas anteriores, no prosperan todos los cargos de nulidad y
el demandante estaba obligado a aportar. A esto se suma que no se tiene certeza
si se adelantó proceso de cobro por las obligaciones determinadas en los actos
demandados.
Conclusión: Se revocará la sentencia apelada, en su lugar, declarará la nulidad
parcial de los actos demandados. A título de restablecimiento del derecho, ordenará
la reliquidación del IBC en los términos expuestos en el numeral 3 de esta
providencia. También se levantará la condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.
34 En similar sentido se pronunció la Sala en sentencia del 9 de junio de 2022, exp.25712, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
35 Sentencia de 8 de febrero de 2018. Exp.21351. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
36 Sentencia del 28 de octubre de 2021, exp.23654 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, reiterada en
sentencia del 30 de noviembre de 2023, exp.27097, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
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FALLA
1. Revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión. En su lugar, se dispone
lo siguiente:
“PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial Nro. RDO 2017-02910 del 18
de agosto de 2017 y la Resolución Nro. RDC 2018-01060 del 13 de septiembre de 2018,
mediante las cuales la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP liquidó a cargo
del actor los aportes al sistema de seguridad social por los períodos de enero a diciembre de
2014 y lo sancionó por omisión.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
ordena a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP liquidar los
aportes al sistema de seguridad social a cargo del actor, tomando el IBC determinado por el
Consejo de Estado, lo cual a su vez incidirá en la reliquidación de la sanción por omisión.
TERCERO: Sin condena en costas en primera instancia.”
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta Salva Voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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