Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-03039-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2019-03039-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-03039-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-03039-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones1; Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social2; y Sociedad Fiduciaria de
Desarrollo Agropecuario3 SA en representación del Patrimonio
Autónomo de Remanentes del Instituto del Seguro Social en
Liquidación4
Temas: Cómputo de semanas de cotización a pensión. Competencia del
fideicomitente
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación propuesto por Colpensiones y la Fiduagraria
SA como vocera y administradora del PAR ISS en contra de la sentencia de primera
instancia proferida el 29 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Quinta de Oralidad, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1 En lo siguiente Colpensiones.
2 En lo siguiente Ugpp.
3 En lo siguiente Fiduagraria S.A.
4 En lo siguiente PAR ISS.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
1.1.1. Las pretensiones
1. Rosa Inés Agudelo Gutiérrez presentó demanda5 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho6 previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo7, en orden a que
se obtuvieran las siguientes declaraciones:
1.1.1.1. En contra de la Ugpp:
1.1 La nulidad de la Resolución 101 del 28 de enero de 2011, por medio de la cual la
Ugpp, en calidad de sucesora del Instituto del Seguro Social8 como empleador, le
negó el reconocimiento de la pensión de vejez. A título de restablecimiento del
derecho: i) el reconocimiento de una pensión de vejez por parte del ISS empleador
en aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo9 o del Decreto 1653 de 1977;
ii) el retroactivo pensional causado desde el momento en que adquirió el derecho
pensional; y iii) los intereses moratorios generados de conformidad con lo previsto
en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
1.1.1.2. En contra del PAR ISS10 representado por Fiduagraria SA o
subsidiariamente de la nación, Ministerio de Salud y de la Protección Social:
1.2. El pago a Colpensiones, como sucesor del ISS asegurador, de los aportes a
pensión a su favor dejados de realizar durante el periodo comprendido entre el 13
5 La demanda fue presentada inicialmente el 21 de agosto de 2018 ante la jurisdicción laboral
ordinaria, repartida al Juzgado Octavo Laboral de Medellín y se le asignó el radicado 05001-31-05-
2018-00496-00. Al advertir que la demandante tenía la calidad de empleada pública, el juzgado
declaró la falta de jurisdicción y competencia y ordenó la remisión del proceso a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo por medio de auto del 23 de agosto de 2019 visible en los folios 102 a
105 del cuaderno 4 del expediente digitalizado de la primera instancia en el portal Samai del Tribunal
Administrativo de Antioquia. El proceso fue repartido al Juzgado 19 Administrativo de Medellín el 1
de octubre de 2019 que, a su vez, lo remitió al Tribunal Administrativo de Antioquia por el factor
cuantía a través de auto de 29 de octubre de 2019, visible en los folios 97 al 99 del cuaderno 4 del
expediente de la primera instancia.
6 En atención a la remisión de la demanda desde la jurisdicción laboral ordinaria, el Tribunal
Administrativo de Antioquia ordenó la adecuación de la demanda a las exigencias del CPACA,
requerimiento que fue atendido a través de memorial visible en los folios 117 al 159 del cuaderno 4
del expediente digitalizado de la primera instancia en el portal Samai del tribunal. El juez de primera
instancia admitió la demanda por conducto de la providencia del 1 de julio de 2020 en los folios 171
al 173 ibidem, pero rechazó las pretensiones de nulidad propuestas en contra del PAR ISS y el
Ministerio de Salud porque los oficios cuestionados no eran actos definitivos.
7 En adelante CPACA.
8 En lo siguiente ISS.
9 La parte demandante no individualizó la convención colectiva a la que se refirió.
10 El PARR ISS fue anunciado como parte demandada, pero el Tribunal Administrativo de Antioquia
en auto admisorio del 1 de julio de 2020 rechazó las pretensiones en su contra por estimar que los
oficios proferidos por esa entidad no son definitivos y, por lo tanto, no están sujetos a control judicial.
Sin embargo, a través de auto del 30 de mayo de 2023 se ordenó su vinculación como litis consorte
necesario. Documento 46 del expediente digitalizado de la primera instancia.
2
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
de junio de 1983 y el 30 de diciembre de 1994 en el que laboró a través de
contratación supernumeraria o, subsidiariamente, el pago de la cuota parte
pensional que le correspondería al ISS empleador.
1.2.1.1. En contra de Colpensiones:
1.3. La nulidad i) del acto ficto presunto negativo generado por la falta de respuesta
a las reclamaciones del 27 de abril y 1 de junio de 2016 en las que le solicitó a la
entidad que le cobrara al PAR ISS o al Ministerio de Salud los aportes a pensión
adeudados por el ISS empleador entre los años 1983 y 1994 y la corrección de su
historia laboral; ii) de las Resoluciones GNR-5661, SUB-35945 y DIR-5788 del 21
de febrero, 20 de abril y 16 de mayo de 2017, por medio de las cuales se le negó el
reconocimiento de una pensión de vejez y se resolvieron negativamente los
recursos de reposición y apelación; y iii) la «nulidad de los pagos realizados en
diciembre de 2019 con el fin de alcanzar las 1.300 semanas requeridas para reclamar la
pensión de vejez de que trata la Ley 797 de 2003».
1.4. Por medio de la figura de la reforma de la demanda 11, solicitó la nulidad parcial
de la Resolución SUB-73449 del 16 de marzo de 2020 en la que Colpensiones le
reconoció una pensión de vejez con base en la Ley 797 de 2003; y la nulidad total
de la Resolución SUB-111923 del 21 de mayo de 2020 que resolvió negativamente
el recurso de reposición y del acto ficto generado por la falta de pronunciamiento
ante el recurso subsidiario de apelación contra el acto de reconocimiento.
1.5. Como consecuencia de lo anterior pidió: i) el cobro por parte de Colpensiones al
PAR ISS o al Ministerio de Salud de los aportes a pensión que debió realizar el ISS
empleador entre 1983 y 1994 o de la cuota pensional que correspondiera; ii) la orden
de computar el citado periodo para efectos del cumplimiento del requisito de tiempo
de servicios; iii) el reconocimiento de una pensión compartida en los términos del
artículo 16 de Decreto 758 de 1990 o de la Ley 100 de 1993; iv) el retroactivo
pensional generado desde el momento en que se causó el derecho pensional; v) los
intereses de mora desde la causación de la pensión de vejez hasta el momento en
que se realice el pago; v) la devolución de los aportes y los intereses de mora
pagados en el mes de diciembre de 2019; y vi) el pago de los intereses moratorios
por los citados aportes e intereses pagados.
1.6. De manera común pidió que se condenara en costas a todas las entidades
demandadas y que se ordenara el cumplimiento de la sentencia de acuerdo con lo
señalado en los artículos 192 y 195 del CPACA.
11Desarrollada en el artículo 173 del CPACA. Memorial de reforma en el documento 19 del
expediente digitalizado de la primera instancia.
3
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
1.1.2. Fundamentos fácticos
2. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes12:
2.1. Rosa Inés Agudelo Gutiérrez nació el 10 de abril de 1959 y laboró para el extinto
ISS como auxiliar de servicios asistenciales en los siguientes periodos y
modalidades: desde el 13 de junio de 1983 hasta el 25 de diciembre de 1996 a
través de contratos supernumerarios; el 26 de diciembre de 1996 fue vinculada a la
planta general de la entidad hasta el 26 de junio de 2003, momento en el que se
escindió la Vicepresidencia de IPS del ISS y se incorporó a la Empresa Social del
Estado13 Rafael Uribe Uribe de dónde fue retirada con ocasión del Decreto 3675 del
19 de octubre de 2006 que reestructuró la planta de personal.
2.2. Durante el periodo en el que trabajó por contratos supernumerarios el ISS le
realizó los descuentos para aportes a seguridad social en pensiones, pero dichas
cotizaciones no aparecen reportadas en la historia laboral en la que solo se ven
reflejadas un total de 1.273 semanas.
2.3. En el año 2009 solicitó al ISS empleador el reconocimiento de una pensión de
jubilación de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1653 de 1977, petición que fue
resuelta negativamente por medio de la Resolución 101 del 28 de enero de 2011.
2.4. El ISS fue liquidado por medio del Decreto 2013 de 2012, por lo que la Ugpp
asumió las obligaciones pensionales del ISS en su función de empleador, mientras
que Colpensiones lo hizo respecto de las obligaciones pensionales del ISS en su
calidad de asegurador y también se le asignó la administración del régimen
pensional de prima media.
2.5. Durante el proceso de supresión, el ISS en liquidación suscribió el acuerdo
interadministrativo 400030853 del 28 de noviembre de 2013 con Colpensiones para
la normalización de las historias laborales de los empleados correspondientes al
periodo comprendido entre enero de 1967 y diciembre de 1994, pero no se corrigió
el reporte de sus semanas cotizadas.
2.6. En el año 2014 solicitó al ISS en liquidación la normalización de su historia
laboral y a través del Oficio 41291 del 28 de mayo de 2014 se le indicó que se
«[consolidarían] las acciones a implementar dentro de las causales y grupos de
normalización» respecto de los periodos faltantes, periodos adeudados y con errores
en la información.
12 Folios 122 al 130 del cuaderno 4 del expediente de la primera instancia en Samai Tribunal
13 En lo siguiente ESE
4
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
2.7. El 2214 y 2615 de abril de 2016 interpuso nuevas solicitudes, esta vez ante el PAR
ISS en la que pidió que se realizaran los aportes faltantes y la corrección de su
historia laboral, particularmente por el periodo comprendido entre junio de 1983 y
junio de 2003. Por medio de Oficio 7265 del 24 de mayo de 2016 la entidad le indicó
que el ISS empleador no realizaba aportes a pensión en favor de trabajadores en la
modalidad de supernumerarios o por contratos de prestación de servicios.
2.8. El 22 de abril de 201616 también envió una petición al Ministerio de Salud en la
que pidió la expedición del bono pensional correspondiente al tiempo laborado en
el ISS por contratos supernumerarios «hasta el 26 de junio de 2003» o el pago de los
aportes a pensión por esos periodos que debió realizar el empleador y la corrección
de su historia laboral. El 26 de abril de 201617 radicó una nueva petición ante la
entidad en la que pretendió que se «[gestionara]» el pago de sus aportes pensionales
faltantes o se solicitara a Colpensiones la corrección de las inconsistencias en la
historia laboral.
2.9. El 11 de julio de 2016 el Ministerio de Salud profirió el Oficio 201611101257051
en el que atendió ambas solicitudes en el sentido de señalarle que los contratos
supernumerarios inferiores a 3 meses no generan el reconocimiento de
prestaciones sociales ni aportes a la seguridad por parte del empleador. El anterior
pronunciamiento fue reiterado a través del Oficio 201711101177211 del 16 de junio
de 2017.
2.10. El 27 de abril de 2016 solicitó a Colpensiones18 que cobrara al PAR ISS o al
Ministerio de Salud los aportes pensionales faltantes entre junio de 1983 y junio de
2003 y la corrección de su historia laboral. El 1 de junio de ese año envió
documentos adicionales19 con los que pretendía sustentar su derecho al pago de
los aportes faltantes. Sin embargo, la administradora no profirió respuesta alguna.
2.11. El 5 de enero de 2017 elevó una nueva solicitud ante Colpensiones 20 con el
propósito de que se le reconociera una pensión de vejez, el retroactivo de las
mesadas causadas, la indexación del valor de la mesada, los intereses de mora
generados y que se requiriera al PAR ISS o al Ministerio de Salud para que realizara
el pago de los aportes adeudados.
2.12. Colpensiones negó el reconocimiento de la pensión por medio de la Resolución
14 Petición enviada por correo certificado con guía 941089571.
15 Petición enviada por correo certificado con guía 941090076.
16 Petición enviada por correo certificado con guía 941089570.
17 Petición enviada por correo certificado con guía 941090077.
18 Petición radicada con el consecutivo 2016_4192048.
19 Recibidos por Colpensiones con el radicado 2016_5623707 y BZ2016_5623706-1368283.
20 Identificada con el radicado 2017_124862.
5
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
GNR 56651 del 21 de febrero de 2017 por considerar insatisfecho el requisito
mínimo de las 1.300 semanas cotizadas previsto en la Ley 797 de 2003, pues solo
computó un total de 1.248. La anterior decisión fue confirmada a través de las
resoluciones SUB-35945 del 20 de abril de 2017 y DIR-5788 del 16 de mayo de
2017. No obstante, la Resolución SUB-35945 no le fue debidamente notificada.
2.13. El 4 y 5 de diciembre de 2019 realizó el pago a Colpensiones de $4.910.000
correspondiente a las semanas faltantes en aras de cumplir con el requisito del
número mínimo de aportes y solicitó nuevamente el reconocimiento de la mesada
pensional el 16 de enero de 2020, es decir luego de la radicación de la presente
demanda21. Colpensiones reconoció el derecho a través de la Resolución SUB-
73449 del 16 de marzo de 2020, mientras que resolvió negativamente el recurso de
reposición por medio de la Resolución SUB-111923 del 21 de mayo de 2020 y
guardó silencio frente al recurso subsidiario de apelación.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. Como tales se señalaron los artículos 2, 4, 13, 23, 25, 29, 48, 53, 58, 87, 90, 95,
228 y 229 de la Constitución Política; 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 31,
33, 36,141, 151, 272, 273 y 283 de la Ley 100 de 1993; 1, 2, y 3 del Decreto 1651
de 1977; 19 del Decreto 1653 de 1977; 19 del Decreto 656 de 1994; la Ley 700 de
2001; y los decretos 2751 de 2002; Decreto 4937 de 2009; y Decreto 2013 de 2012.
4. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:
4.1. Laboró para el ISS en el servicio de enfermería desde el 13 de enero de 1983
hasta el 30 de junio de 2003 en la modalidad de contratos supernumerarios y a
través de nombramientos en la planta de personal de la entidad de manera
interrumpida. El empleador le realizó los descuentos para el pago de los aportes al
sistema de seguridad social en pensiones, pero hay alrededor de 200 semanas que
no aparecen reportadas o cotizadas.
4.2. Era beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 porque
«para el 29 de julio de 2005 acreditaba más de 750 semanas cotizadas», lo que le da
derecho a mantener los beneficios de la pensión convencional pactada entre el ISS
y sus trabajadores22 o, en su defecto, de la que trata el Decreto 1653 de 1977 según
el cual los empleados públicos que acreditaran 20 años de servicios en el ISS
tendrían derecho a una mesada pensional al cumplimiento de los 50 años de edad
en cuantía del 100% del promedio de lo percibido durante el último año de servicio.
21 Esta información la suministró con el escrito de reforma de la demanda.
22 No se indicó a qué convención se refiere.
6
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
4.3. La citada pensión especial debe ser reconocida inicialmente por la Ugpp, por ser
la entidad que asumió las obligaciones del ISS empleador, tal como se ordenó en
los artículos 27 y 28 del Decreto 2013 de 2012, derecho que luego debe ser
compartido en los términos del artículo 16 del Decreto 758 de 1990 entre esa entidad
y Colpensiones, por ser la encargada de las obligaciones del ISS asegurador, una
vez se acreditara el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la Ley 100 de
1993.
4.4. Fue diligente con el aporte de los documentos necesarios para acreditar los
tiempos de servicios, pero las entidades demandadas se han sustraído del deber
de cubrir su riesgo de vejez, pues el ISS dejó de realizar los aportes que le
correspondían y luego de su liquidación las autoridades que asumieron sus
obligaciones se han negado a realizar las gestiones tendientes a normalizar su
historia laboral y a reconocer el derecho pensional que le corresponde, de acuerdo
con las competencias que les asignó a través del Decreto 2013 de 2012.
4.5. Con el propósito de alcanzar el número de semanas mínimo para el
reconocimiento de la mesada pensional realizó el pago de los aportes faltantes y
sus intereses moratorios, dinero que debe ser devuelto pues el citado pago debió
ser efectuado por el empleador tal como lo señala la Ley 100 de 1993.
1.2. Contestación de la demanda
5. La Ugpp se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda de acuerdo
con las siguientes razones23:
5.1. Los argumentos expuestos por la parte demandante no desvirtúan la presunción
de legalidad de los actos administrativos demandados, los cuales fueron proferidos
por autoridad competente, con observancia del trámite legal exigido por la norma en
cuanto a su expedición y ejecutoria y la motivación es consistente con las normas
aplicables al caso.
5.2. «Cajanal para su momento» no emitía bonos pensionales y en caso de que esté
obligado a hacerlo dicha obligación le corresponde al Patrimonio Autónomo Público
Buenfuturo, pues solo le corresponden los reconocimientos pensionales y la
administración de la nómina de pensionados, pero de ningún modo debe asumir los
pasivos de la mencionada caja, pues ello debió ser objeto de cobro durante el
proceso de liquidación24.
5.3. Son procedentes las excepciones de ausencia de vicios en los actos
23 Documento 14 del expediente digitalizado de la primera instancia en Samai.
24 En esos términos se pronunció la entidad.
7
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
administrativos demandados, falta de legitimidad en la causa por pasiva y
prescripción.
6. Colpensiones pidió que se negaran las pretensiones de la demanda de acuerdo
con los siguientes argumentos25:
6.1. Los actos administrativos demandados se encuentran amparados por la
presunción de legalidad y no se configuró ninguna de las causales previstas en la
ley para declarar su nulidad.
6.2. Rosa Inés Agudelo Gutiérrez prestó sus servicios en calidad de supernumeraria
o mediante contratos de prestación de servicios, por lo que no ostentó la condición
de empleada pública, sino de trabajadora oficial, de conformidad con lo dispuesto
en los decretos 1651 de 1977 y 2148 de 1992, así como en el artículo 235 de la Ley
100 de 1993.
6.3. Para los servidores del ISS el régimen prestacional aplicable era el previsto en
el Decreto 1653 de 1977, cuya aplicación actual solo es posible bajo las condiciones
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que exige el cumplimiento de la
edad o del tiempo de servicio señalados en su artículo 36, esto es, tener 35 años
de edad en el caso de las mujeres, o 15 años de servicio al 1 de abril de 1994.
6.4. Lapensión de vejez de la demandante no podía ser reconocida bajo las
condiciones especiales que reclamó, sino de conformidad con el régimen general
de pensiones, modificado por la Ley 797 de 2003.
6.5. Son procedentes la excepción previa de falta de conformación del litisconsorcio
necesario26 y las de mérito denominadas inexistencia de la obligación, petición de
lo no debido, inexistencia de la obligación de pagar intereses de mora,
improcedencia de la indexación de la condena, buena fe, compensación indexada,
prescripción e imposibilidad de condena en costas.
7. El PAR ISS, vinculado como tercero con interés por medio de auto del 30 de mayo
de 2023, no contestó la demanda.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad, en sentencia
proferida el 29 de julio de 202427, accedió parcialmente a las pretensiones de la
25 Documento 17 del expediente digitalizado de la primera instancia.
26 En el sentido de que se vincule al PAR ISS.
27 Índice 10 de Samai de la primera instancia.
8
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:
«PRIMERO: INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo frente a la pretensión de
reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos del Decreto 1653 de 1977,
por configurarse la excepción de inepta demanda.
SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de “ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados” propuesta por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales-UGPP.
TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes actos administrativos: el acto
ficto emanado de Colpensiones mediante el cual se dio respuesta negativa a la
reclamación presentada por la demandante Rosa Inés Agudelo Gutiérrez mediante
escrito con radicado Nro. 2016-4192048 de abril 27 de 2016 en la que se pidió el cobro
de aportes y la corrección de la historia laboral, resolución No. GNR 56651 de febrero
21 de 2017 mediante la cual niega el reconocimiento y pago de la pensión de vejez,
resolución No. SUB-35495 del 20 de abril de 2017 por la cual resuelve el recurso de
reposición interpuesto en contra de la Resolución GNR 56651 del 21 de febrero de 2017,
resolución No. DIR 5788 del 16 de mayo de 2017 por el cual resuelve el recurso de
apelación en contra de la Resolución GNR 56651 de 2017, resolución SUB-111923 del
21 de mayo de 2020 mediante la cual se resolvió el recurso de reposición en contra del
acto acusado Resolución SUB-73449 del 16 de marzo de 2020 y resolución DPE 8339
del 26 de mayo 2020, que resolvió el recurso de apelación.
Así mismo, DECLARAR la NULIDAD PARCIAL de la Resolución SUB-73449 del 16
de marzo de 2020 mediante la cual Colpensiones reconoció la pensión de vejez a la
demandante.
CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES efectuar la actualización de la
historia laboral de la demandante, acorde al tiempo laborado por la trabajadora al ISS
sobre los salarios devengados, así como el cálculo actuarial por los periodos 13-06-83
al 18-07-83, 01-09-1983 al 30-04-1984, 16-06-1984 al 31-07-1984, 16-09-1984 al 31-10-
1984, 03-1985, 17-01-1986 al 15-03-1986, 15-03-1988 al 30-04-1988, 11-1988, 01-05-
1989 al 30-08-1989, 25-10-1990 al 30-06-1991, 10-1991, 11-1993 y 16-06-93 al 31-12-
93 laborados por la señora Rosa Inés Agudelo Gutiérrez en el liquidado Instituto de
Seguros Sociales.
Igualmente, a RELIQUIDAR la pensión de vejez de la señora Rosa Inés Agudelo
Gutiérrez teniendo en cuenta las semanas señaladas previamente para el cálculo del
porcentaje de la tasa de reemplazo y el ingreso base de liquidación, como corresponda
en los términos del régimen pensional.
QUINTO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTE DEL EXTINTO
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar los aportes y cotizaciones
al sistema de seguridad social conforme al cálculo actuarial realizado por la
Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, según lo ordenado en el
ordinal cuarto.
SEXTO: CONDENAR en costas a la parte demandada ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES, de conformidad con los artículos 188 de la Ley 1437
9
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
de 2011, 365 de la Ley 1564 de 2012 y el numeral 1, literal a (i) del artículo 5 del Acuerdo
PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, emanado de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, la secretaria efectuará su liquidación en el momento procesal
oportuno.
En concordancia con el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 366 de la Ley 1564
de 2012, se fijan como agencias en derecho el 4% de las pretensiones efectivamente
reconocidas a la demandante.
SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme con lo expuesto.
[…] [sic]».
9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:
9.1. Se configuró la excepción de inepta demanda respecto de la pretensión
orientada al reconocimiento de la pensión de vejez conforme con las condiciones
previstas en el Decreto 1653 de 1977, por cuanto el acto administrativo que negó
dicho derecho es la Resolución 506 del 5 de marzo de 2010 que no fue objeto de
cuestionamiento por parte de la demandante.
9.2. ElISS suscribió una Convención Colectiva de Trabajo con la organización
sindical Sintraseguridad Social en el año 2001, cuya vigencia se extendió desde el
1 de noviembre de ese año hasta el 31 de octubre de 2004, según lo dispuesto en
su artículo 2.
9.2.1. De acuerdo con los certificados laborales aportados al proceso, Rosa Inés
Agudelo Gutiérrez laboró como auxiliar de servicios asistenciales en calidad de
supernumeraria entre junio de 1983 y diciembre de 1994 y posteriormente fue
nombrada en la planta de personal del ISS a partir del 27 de diciembre de 1996.
Durante el periodo en que prestó sus servicios como supernumeraria, y conforme
con el Decreto 413 de 1980, debía ser considerada funcionaria de la seguridad
social, denominación que se mantuvo hasta el 20 de noviembre de 1996, pues a
partir del día siguiente tales servidores pasaron a ser denominados trabajadores
oficiales28.
9.2.2. En razón de la condición de trabajadora oficial que ostentó entre el 27 de
diciembre de 1996 y el 25 de junio de 2003, la demandante podría ser beneficiaria
de la Convención Colectiva de Trabajo de 2001, siempre que acreditara el
cumplimiento de los requisitos previstos en su artículo 98 al 31 de octubre de 2004,
esto es, 20 años de servicios como trabajadora oficial y la edad exigida en dicha
disposición. Tales exigencias no fueron demostradas en el proceso, por lo que no
tenía derecho a la pensión convencional reclamada.
28Como lo consideró la Corte Constitucional C-579 de 1996
10
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
9.3. Tampoco hay lugar a reconocer una pensión compartida entre la Ugpp, como
sucesora del ISS empleador, y Colpensiones, como sucesora del ISS asegurador,
de conformidad con el Decreto 758 de 1990, toda vez que para ello sería necesario
que el ISS hubiera reconocido previamente la pensión de jubilación, de manera que
pudiera operar la subrogación total o parcial con la pensión de vejez, supuesto que
no se configuró en el presente caso.
9.4. Según la información contenida en la Resolución DPE 8339 del 26 de mayo de
2020, para el reconocimiento de la mesada pensional de la demandante
Colpensiones computó, entre otras, las semanas cotizadas de manera interrumpida
entre el 6 de septiembre de 198229 y el 28 de febrero de 1995. Al contrastar estos
datos con los periodos de trabajo reportados por el ISS, se evidenció la exclusión
de un total de 635 días que, teniendo en cuenta que las semanas son de 7 días y
los meses de 30 o 31 días, resultan equivalentes a 90,7 semanas efectivamente
laboradas y no cotizadas por el empleador.
9.5. El ISS empleador no efectuó las cotizaciones correspondientes, en atención a
que durante dichos periodos la demandante se desempeñaba como
supernumeraria y el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978 disponía que no habría
lugar al pago de prestaciones sociales cuando la vinculación fuera inferior a 3
meses. No obstante, esta disposición fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional en la sentencia C-401 de 1998, criterio reiterado posteriormente en
la sentencia T-112 de 2009.
9.6. Con independencia de «los efectos de la sentencia de constitucionalidad», no existe
razón jurídica para excluir esos periodos del cómputo pensional por el tipo de
vinculación de la demandante, pues fue vinculada como empleada temporal de la
administración mediante acto administrativo y debió ser afiliada por el empleador,
conforme con el artículo 161 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, los tiempos
excluidos deben ser tenidos en cuenta para el reconocimiento de la mesada
pensional, y su pago debe ser asumido por Fiduagraria SA, como administradora
del PAR ISS, y no por la Ugpp, que solo asumió las obligaciones pensionales del
ISS en su calidad de empleador.
9.7. No hay lugar a la devolución de los aportes realizados por la demandante para
completar el número mínimo de semanas, por cuanto el régimen de prima media
con prestación definida funciona como un fondo común de naturaleza pública y no
como una cuenta individual. Además, dichos aportes tienen naturaleza parafiscal y
fueron destinados al financiamiento de la mesada pensional que actualmente
percibe.
29 Empleador Clínica Soma.
11
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
1.4. Los recursos de apelación
10. Colpensiones apeló la sentencia de primera instancia de acuerdo con los
siguientes argumentos30:
10.1. La liquidación de la pensión de jubilación se realizó de acuerdo con el total de
las semanas reportadas por el empleador. La revisión de las condiciones de la
mesada arrojó como suma a reconocer el monto de $1.555.414, la cual es idéntica
a la concedida a través de la Resolución SUB-73449 del 16 de marzo de 2020, cuya
nulidad parcial fue declarada.
10.2. La forma en la que el tribunal realizó el estudio sobre las semanas
aparentemente faltantes desconoce los parámetros fijados por la Corte Suprema de
Justicia31 según los cuales el cómputo de las semanas de afiliación y cotización no
se hace en días calendario, sino en razón de semanas, meses y años de 7, 30 y
360 días. Sin embargo, el juez de primer nivel tomó meses de 31 días y años de
365, lo cual implicaría el reconocimiento de 5 o 6 días anuales adicionales no
cotizados por el empleador.
10.3. Las pensiones deben reconocerse de acuerdo con el número de semanas
exactamente cotizados por el trabajador, pues de lo contrario se atentaría contra el
principio de sostenibilidad financiera del sistema.
10.4. No hay lugar a imponer condena en costas porque en el expediente no hay
constancia de su causación y porque no hay conducta procesal que lo justifique.
11. ElPARR ISS32 recurrió la decisión del a quo y solicitó su revocatoria de
conformidad con las siguientes razones:
11.1. El Decreto 2013 de 2012 ordenó la liquidación del ISS, proceso que se extendió
hasta el 31 de marzo de 2015 por medio del Decreto 2714 de 2014 y en virtud del
cual la entidad en liquidación suscribió el contrato de fiducia mercantil 015-2015 con
Fiduagraria SA, que cumple funciones exclusivamente como administrador y vocero
del patrimonio autónomo.
11.2. Fiduagraria SA no es continuador del proceso liquidatorio ni puede fungir como
sucesor procesal del extinto ISS. Así lo consideró la Sala de Casación Civil de la
30 Índice 105 del portal Samai de la primera instancia.
31 CSJ SL3794-2015, radicado 56639; CSJ SL7995-2015, radicado 53082; CSJ SL2050-2017,
radicado 46017 y SL529-2018, radicado 64588.
32 Documento 113 en el índice 108 del portal Samai de la primera instancia.
12
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
Corte Suprema de Justicia en sentencia del 26 de agosto de 201433 en la que indicó
que «el fiduciante, por expresa prohibición del artículo 1236 del C. de Co. No puede
agravarlos o comprometerlos por razón de las obligaciones diferentes a la finalidad
consagrada en la convención». Por tal motivo no es procedente aplicar la figura de la
sucesión procesal.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
12. Conforme con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar34.
1.6. El Ministerio Público
13. El agente del ministerio público no rindió concepto en esta oportunidad35.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
14. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia36, se circunscriben a
establecer ¿si el juez de primera instancia calculó las semanas faltantes de
cotización de forma errada, de modo que deba revocarse la orden de reliquidación
de la pensión de jubilación de Rosa Inés Agudelo Gutiérrez? ¿si Fiduagraria SA,
como vocero del PARR ISS, puede ser considerado responsable de la condena
impuesta en la sentencia de primera instancia? y ¿si hay lugar a revocar la condena
en costas impuesta por el juez de primera instancia en contra de Colpensiones?
33 Expediente con radicado 11001310302620070022701 M.P. Margarita Cabello Blanco
34 Según se indicó en el auto admisorio del 30 de octubre de 2024.
35 Constancia en el índice 4.
36 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
13
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre el cómputo de las semanas de cotización al sistema general de
seguridad social en pensiones
15. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
y estableció, como uno de los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el
régimen de prima media, el cumplimiento de un número mínimo de semanas
cotizadas, las cuales deben acreditarse a partir de los aportes efectivamente
realizados al sistema y que serán tenidas en cuenta en su totalidad, indistintamente
de la caja o fondo administrador. Así lo dispuso el artículo 13 ibidem:
«ARTÍCULO 13. Características del Sistema General de Pensiones. El Sistema General
de Pensiones tendrá las siguientes características:
[…]
f) Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos
regímenes, se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad
a la vigencia de la presente Ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo
o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos,
cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio;
g) Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos
regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a cualquiera de
ellos; […] [sic]» [Se resalta]
16. Por su parte, en cuanto al cómputo del tiempo de servicios o de cotización el
parágrafo 1 del artículo 33 de la citada norma señala que debe entenderse por
semana cotizada el periodo de 7 días calendario y que la facturación y cobro de los
aportes debe corresponder al número de días aportados. La norma indica
textualmente lo siguiente:
«ARTÍCULO 33. Requisitos para Obtener la Pensión de Vejez. Para tener derecho a la
pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
[…]
PARÁGRAFO 2. Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente Ley,
se entiende por semana cotizada el período de 7 días calendario. La facturación y el
cobro de los aportes se hará sobre el número de días cotizados en cada período.
[…] [sic]» [Se resalta].
17. En relación con lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado37 ha
reconocido que para efectos de la liquidación de aportes y del cómputo del tiempo
de cotización en el sistema pensional, históricamente se ha empleado una
equivalencia uniforme derivada del salario mensual en cumplimiento de lo dispuesto
37 Sentencia del 4 de marzo de 1999, radicado 12503. C.P. Silvio Escudero Castro.
14
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993. A su vez, se indicó que tradicionalmente se
ha entendido que el salario mensual se calcula a partir de meses conformados por
30 días, indistintamente de que en realidad correspondan a 28 o 31 días, de modo
que no es contrario a derecho que se entienda que las cotizaciones a pensión se
realicen sobre la base de meses de 30 días y años de 360, por tratarse de una regla
contable que guarda relación con el modo en el que se pagan los salarios.
18. Por su parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 38 ha
utilizado equivalencias matemáticas de 7 días por semana, 30 días por mes y 360
días por año, para efectos de convertir el tiempo total de servicios y de aportes a
semanas.
19. No obstante, esa postura fue reconsiderada a través de la sentencia SL138-2024,
radicación 89797 del 31 de enero de 2024, en la que se explicó que el cómputo de
las semanas cotizadas debe guardar estricta correspondencia con el tiempo
efectivamente laborado por el trabajador, de modo que no era razonable desconocer
tiempos de servicio por la aplicación irrestricta de las equivalencias matemáticas
antes mencionadas.
20. En otras palabras, para esa alta corporación, el cómputo de semanas de
cotización debe atender al tiempo realmente trabajado y no a fórmulas que, bajo
cálculos rígidos de 30 días por mes o 360 días por año, impliquen la exclusión de
días reales de servicio, pues ello conduciría a una afectación injustificada del
derecho pensional. En ese sentido, a pesar de que las citadas equivalencias han
sido utilizadas con fines contables, no pueden trasladarse al cálculo real de
semanas, por lo que el método adecuado debe ser el de sumar los días calendario
cotizados y dividirlos entre 7, de modo que se refleje el número real de semanas
aportadas al sistema.
21. Con ello, se reconocería la totalidad del tiempo efectivamente trabajado y se
evitaría el desconocimiento de días cotizados o la distorsión del historial laboral y
pensional del afiliado. En consecuencia, el cómputo debe atender a los días
efectivamente cotizados, indistintamente de los meses variables de 28, 29, 30 o 31
días y años de 365 o 366 días, y no a una valoración uniforme de tiempo, criterio
que asegura una liquidación más precisa y acorde con los principios que orientan la
seguridad social.
38 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencias CSJ radicado 35402 del 22 de
julio de 2009, M.P. Eduardo López Villegas; CSJ SL3794-2015 del 11 de marzo de 2015 M.P. Luis
Gabriel Miranda Buelvas y CSJ SL7995- 2015 del 25 de marzo de 2015 M.P. Luis Gabriel Miranda
Buelvas.
15
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
2.2.2. Sobre la liquidación del ISS y la competencia de la Fiduagraria SA como
vocera y administradora del PAR ISS
22. Mediante el Decreto 2013 de 2012 el gobierno nacional ordenó la supresión y
liquidación del ISS, proceso que fue prorrogado hasta el 31 de marzo de 2015 a
través del Decreto 2714 de 2014. Con ocasión de dicho proceso el ISS en
liquidación suscribió el contrato de fiducia mercantil 015 de 2015 con la Sociedad
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario SA, Fiduagraria SA, mediante el cual se
constituyó el Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS, PAR ISS.
23. Deacuerdo con el título XI del Código de Comercio el contrato de fiducia
mercantil implica la transferencia de determinados bienes a un patrimonio autónomo
administrado por la fiduciaria, quien actúa como vocera y administradora, pero no
como titular de las obligaciones ni como sucesora universal del fideicomitente.
24. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1233 del Código de Comercio, en el
contrato de fiducia los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio autónomo
afecto a la finalidad señalada en el contrato, el cual es administrado por la sociedad
fiduciaria conforme con las instrucciones del fideicomitente y las normas legales
aplicables.
25. En el citado contrato de fideicomiso39 015 de 2015 se estableció como objeto
contractual, entre otros, que la entidad fiduciaria se comprometía a «atender los
procesos judiciales […] en los cuales sea parte, tercero interviniente o litisconsorte» el ISS
en liquidación y «efectuar el pago de las obligaciones remanentes y contingentes a cargo
del [ISS] en el momento que se hagan exigibles». A su turno, sobre el pago de
sentencias condenatorias el Decreto 541 de 2016 dispuso lo siguiente:
«Artículo 2°. Recursos para el pago de las sentencias condenatorias. Las sentencias
condenatorias derivadas de obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo del
extinto Instituto de Seguros Sociales que sean susceptibles de pago en los términos del
presente decreto, se honrarán con cargo a los activos transferidos por el Liquidador
al momento de suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil número 015 de 2015, por
medio del cual se constituyó el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de
Seguros Sociales en Liquidación, en el que la posición de Fideicomitente fue cedida al
Ministerio de Salud y Protección Social, y cuya vocera y administradora es Fiduagraria
S.A., o en su defecto por la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social.» [sic] [Se
resalta].
26. Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia40 ha precisado que la sociedad
fiduciaria no asume las obligaciones propias del fideicomitente, pues actúa
39 Que puede ser consultado en la página web de Fiduagraria S.A.
40 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M. P. Silvio Fernando Trejos Bueno. Sentencia
del 3 de agosto de 2005. Expediente 1909.
16
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
únicamente como administradora del patrimonio autónomo dentro de los límites
fijados en el contrato de fiducia y en la ley. En ese sentido, la responsabilidad
patrimonial se predica del patrimonio autónomo y no de la fiduciaria en su propio
patrimonio sin que pueda considerarse obligada a título personal por las condenas
impuestas en los procesos judiciales relacionados con las obligaciones del
patrimonio fideicomitido.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
27. Las partes aportaron abundante material probatorio que fue valorado y enlistado
por el juez de primera instancia en un total de 120 hechos probados. No obstante,
la Sala estima que, en aplicación de los principios de economía y celeridad, en esta
providencia solo se relacionarán aquellos elementos de convicción concernientes a
los problemas jurídicos que serán objeto de análisis. En ese contexto, se enuncian
a continuación los hechos que resultan relevantes para la decisión:
27.1. Rosa Inés Agudelo Gutiérrez nació el 10 de abril de 195941.
27.2. Prestó sus servicios como supernumeraria de manera interrumpida entre el 13
de junio de 1983 y el 25 de diciembre de 1996. A partir del 27 de diciembre de 1996
fue nombrada en la planta de personal del ISS con ocasión de la escisión de la
Vicepresidencia de IPS, Clínicas y Centros de Atención en cumplimiento de lo
dispuesto en el Decreto 1750 de 2003; tal y como consta en la constancia expedida
por el Departamento de Recursos Humanos del ISS el 20 de enero de 201142.
27.3. Por medio del Oficio 6479 del 28 de mayo de 2014 el ISS en liquidación le
informó a la demandante que se estaban adelantando todas las «acciones propias
para garantizar el pago de las obligaciones» entre las que se encontraba la «depuración
y actualización de las historias laborales»43.
27.4. El 22 y 26 de abril de 201644, la demandante solicitó al Ministerio de Salud y
Protección Social y al PAR ISS el pago de los aportes no realizados en su favor por
parte del ISS empleador, la expedición del bono pensional correspondiente a los
periodos laborados en esa entidad y en la ESE Rafael Uribe Uribe y la certificación
41 Folio 51 del documento «04CUADERNO 1» del expediente digitalizado de la primera instancia.
42 Folios 173 al 175 del documento «04CUADERNO 1» del expediente digitalizado de la primera
instancia.
43 Folios 53 al 55 del documento «04CUADERNO 1» del expediente digitalizado de la primera
instancia.
44 Petición enviada a través de la empresa Servientrega con guía 941090076.
17
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
del tiempo laborado como funcionaria de la seguridad social45.
27.5. El 24 de mayo de 2016, Fiduagraria SA «como vocera y administradora» del PAR
ISS expidió el Oficio 7265 en el que atendió las solicitudes interpuestas por la
demandante e indicó que se inició el proceso de verificación de los tiempos
reclamados, que durante los periodos laborados en calidad de supernumeraria o a
través de contratos de prestación de servicios no se realizaban aportes a pensión
por parte del empleador y que se solicitó a Colpensiones la corrección de las
imprecisiones del mes de mayo, agosto y septiembre de 1999 y noviembre de 2000.
En cuanto a la emisión del certificado de la historia laboral aseguró no tener la
competencia para proferir dicho documento, en tanto le correspondía a
Colpensiones por ser la entidad que asumió la administración del régimen de prima
media con prestación definida46.
27.6. El 11 de julio de 2016, el Ministerio de Salud y Protección Social atendió el
requerimiento de la demandante por conducto del Oficio 201611101257051 en el
que manifestó que debido a que sus vinculaciones laborales con el ISS fueron en
calidad de supernumeraria y por periodos interrumpidos que no superaron los 3
meses no había lugar a realizar el pago de aportes a seguridad social con cargo al
empleador y que dicha obligación solo nació con la sentencia C-401 de 1998 que
declaró inexequible el inciso 5 del artículo 83 del Decreto Ley 1042 de 1978, por lo
que no existía obligación pendiente por periodos anteriores47.
27.7. El 5 de enero de 2017 solicitó a Colpensiones que cobrara al PAR ISS los
aportes faltantes a su favor entre junio de 1983 y diciembre de 1996 y el
reconocimiento de una pensión de vejez, pues a su juicio debía contar con un
aproximado de 1.362 semanas cotizadas, pero solo se veían reflejadas 1.24848.
27.8. El 21 de febrero de 2017, Colpensiones negó el reconocimiento de la mesada
pensional por medio de la Resolución GNR 56651 al considerar que solo había
acreditado 1.248 semanas de aportes, mientras que la Ley 100 de 1993, reformada
por la Ley 797 de 2003, exigía un mínimo de 1.300 para adquirir el citado derecho49.
La anterior decisión fue confirmada a través de la Resolución DIR 5788 del 16 de
45 Folios 59 al 81 del documento «04CUADERNO 1» del expediente digitalizado de la primera
instancia.
46 Folios 68 al 70 del documento «04CUADERNO 1» del expediente digitalizado de la primera
instancia.
47 Folios 83 al 86 del documento «04CUADERNO 1» del expediente digitalizado de la primera
instancia.
48 Folios 135 al del documento «04CUADERNO 1» del expediente digitalizado de la primera
instancia.
49 Folios 147 al 158 del documento «04CUADERNO 1» del expediente digitalizado de la primera
instancia.
18
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
mayo de 201750.
27.9. Según el reporte de semanas cotizadas allegado por Colpensiones, para el 5
de agosto de 2020 la demandante contaba con un total de 1.311 semanas
cotizadas, de las cuales las últimas 38.57 fueron cotizadas por ella como trabajadora
independiente en el mes de diciembre de 201951. Sobre el periodo discutido, se
advierten las siguientes semanas cotizadas:
[2]Nombre o Razón Social [3]Desde [4]Hasta [5]Último Salario [6]Semanas [7]Lic [8]Sim [9]Total
CLINICA SOMA 06/09/1982 30/12/1982 $7.470 16,57 0,00 0,00 16,57
INSTITUTO DE SEGUROS 19/07/1983 30/08/1983 $21.420 6,14 0,00 0,00 6,14
ISS SECC ANTIOQUIA 01/05/1984 15/06/1984 $42.626 6,57 0,00 0,00 6,57
ISS SECC ANTIOQUIA 01/08/1984 15/09/1984 $51.801 6,57 0,00 0,00 6,57
ISS SECC ANTIOQUIA 01/11/1984 28/02/1985 $44.840 17,14 0,00 0,00 17,14
ISS SECC ANTIOQUIA 01/04/1985 16/01/1986 $44.225 41,57 0,00 0,00 41,57
ISS SECC ANTIOQUIA 16/03/1986 14/03/1988 $101.157 104,29 0,00 0,00 104,29
ISS SECC ANTIOQUIA 01/05/1988 31/10/1988 $99.466 26,29 0,00 0,00 26,29
ISS SECC ANTIOQUIA 01/12/1988 30/04/1989 $58.139 21,57 0,00 0,00 21,57
INSTITUTO DE SEGUROS 01/09/1989 24/10/1990 $111.000 59,86 0,00 0,00 59,86
INSTITUTO DE SEGUROS 01/07/1991 15/06/1993 $346.170 102,29 0,00 0,00 102,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/02/1995 28/02/1995 $417.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/03/1995 31/03/1995 $427.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/04/1995 30/04/1995 $460.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/05/1995 31/05/1995 $442.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/06/1995 31/07/1995 $463.000 8,57 0,00 0,00 8,57
INSTITUTO DE SEGUROS 01/08/1995 31/08/1995 $449.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/09/1995 30/09/1995 $493.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/10/1995 31/10/1995 $507.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/11/1995 30/11/1995 $549.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO SEGURO SOC 01/12/1995 31/12/1995 $450.000 2,86 0,00 0,00 2,86
INSTITUTO DE SEGUROS 01/01/1996 31/01/1996 $663.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/02/1996 29/02/1996 $577.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/03/1996 31/03/1996 $646.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/04/1996 30/04/1996 $1.072.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/05/1996 31/05/1996 $591.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/06/1996 30/06/1996 $695.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/07/1996 31/07/1996 $634.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/08/1996 31/08/1996 $597.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/09/1996 30/09/1996 $682.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/10/1996 31/10/1996 $459.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/11/1996 30/11/1996 $659.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/12/1996 31/12/1996 $547.000 3,57 0,00 0,00 3,57
INSTITUTO DE SEGUROS 01/01/1997 31/01/1997 $695.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/02/1997 28/02/1997 $772.000 4,29 0,00 0,00 4,29
50 Folios 165 al 171 del documento «04CUADERNO 1» del expediente digitalizado de la primera
instancia.
51 Folios 34 al 46 del documento «17ContestaciónColpensiones» del expediente digital de la primera
instancia.
19
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
INSTITUTO DE SEGUROS 01/03/1997 31/03/1997 $465.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/04/1997 30/04/1997 $598.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/05/1997 31/05/1997 $732.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/06/1997 30/06/1997 $638.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/07/1997 31/07/1997 $754.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/08/1997 31/08/1997 $527.000 4,29 0,00 0,00 4,29
INSTITUTO DE SEGUROS 01/09/1997 30/09/1997 $901.000 4,29 0,00 0,00 4,29
27.10. El 16 de marzo de 2020, Colpensiones profirió la Resolución SUB-73449 por
medio de la cual le reconoció a Rosa Inés Agudelo Gutiérrez una pensión de vejez
en aplicación del régimen general de seguridad social en pensiones de la Ley 100
de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003 liquidada con una tasa de reemplazo
del 64.17% del promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la prestación, con un IBL conformado por los factores salariales
descritos en el Decreto 1158 de 1994 y con un total de 1.300 semanas cotizadas,
que arrojó un valor de $1.555.414, con efectividad fiscal a partir del 1 de enero de
202052.
27.11. Presentó un recurso de reposición contra la Resolución SUB-73449 del 16 de
marzo de 2020 en el que solicitó la reliquidación de su mesada en el sentido de que
el derecho se concediera en los términos de los decretos 1653 de 1977 y 4937 de
200953.
27.12. Colpensiones resolvió el recurso de reposición por medio de la Resolución
SUB-35495 del 20 de abril de 2017 en el sentido de confirmar las condiciones
descritas en la Resolución SUB-73449 del 16 de marzo de 202054.
2.4. Análisis sustancial
28. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados se advierte que el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad, declaró la nulidad
parcial de la Resolución SUB-73449 del 16 de marzo de 2020 y la nulidad total del
acto ficto generado por la falta de pronunciamiento frente a la reclamación del 27 de
abril de 2016 y las resoluciones GNR 56651 de febrero 21 de 2017, SUB-35495 del
20 de abril de 2017, DIR 5788 del 16 de mayo de 2017, y SUB-111923 del 21 de
mayo de 2020.
29. Como consecuencia de lo anterior ordenó al PAR ISS pagar los aportes
pensionales faltantes a favor de la demandante y a Colpensiones reliquidar la
52 Documento «23ResolucionSUB73449» del expediente digital de la primera instancia.
53 Documento «24ReposiciónContraresolucionSUB7349» del expediente digital de la primera
instancia.
54 Documento «GRF-AAT-RP-2020_4943680-20200521063946.pdf» de la carpeta
«92ContestacionRequerimientoAnexo01» del expediente digital de la primera instancia.
20
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
mesada pensional de Rosa Inés Agudelo Gutiérrez para tener en cuenta todas las
semanas efectivamente laboradas y cotizadas. Además, condenó a esta última
entidad al pago de costas en cuantía del 4% de las pretensiones efectivamente
reconocidas.
30. La Sala considera necesario precisar que al no haber sido objeto de discusión en
esta instancia, no se abordarán temas relacionados con la pensión convencional
inicialmente pretendida, el régimen pensional aplicable, la devolución de las
semanas adicionales pagadas por la demandante o la compartibilidad pensional,
por ser temas no cuestionados por los apelantes y, en consecuencia, no sometidos
a la competencia del juez de segunda instancia de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 328 del CGP.
31. En ese sentido, el presente análisis se limitará a los temas enunciados en los
problemas jurídicos y se resolverán de la siguiente manera:
32. Para la Sala, no le asiste razón a Colpensiones al afirmar que era incorrecto el
modo en que se contabilizó el número de semanas faltantes y que no debía
reliquidarse la mesada pensional de la demandante. Lo anterior, toda vez que el
tribunal no reconoció semanas inexistentes ni efectuó una conversión arbitraria del
tiempo laborado; por el contrario, contrastó los periodos efectivamente trabajados y
acreditados con certificaciones expedidas por el propio ISS empleador con las
semanas reportadas por Colpensiones y que finalmente fueron tenidas en cuenta al
momento del reconocimiento de la mesada.
33. El resultado de ese ejercicio evidenció la exclusión de determinados lapsos
durante los cuales la actora prestó sus servicios, pero respecto de los cuales no se
efectuaron cotizaciones por parte del empleador. Estudio que no obedece a una
postura determinada, sino a un cómputo matemático y objetivo sobre los periodos
en los cuales no se reportaron aportes al sistema de seguridad social en pensiones
a pesar de estar probado que fueron laborados por Rosa Inés Agudelo Gutiérrez.
34. En consideración de la Sala, no existe sustento normativo que le permita a
Colpensiones oponerse a que el empleador cumpla con el deber legal de realizar
los aportes a seguridad social en pensiones de sus trabajadores, menos aun cuando
dicha obligación recae sobre el empleador y no sobre la administradora, cuyo deber
se circunscribe a reconocer el derecho pensional de manera correcta y de acuerdo
con las condiciones debidamente acreditadas por la beneficiaria.
35. En ese sentido, la orden impuesta por el juez de primera instancia no implica el
cómputo de semanas inexistentes o el pago de la pensión en cuantía superior a la
que en derecho corresponde, sino la reliquidación de la mesada de la demandante
21
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
de acuerdo con el número de semanas faltantes que realmente laboró y que el
empleador omitió cotizar al sistema general de pensiones, pago que sustentará
financieramente el reconocimiento de la mesada en comento.
36. En segundo lugar, la discusión propuesta en la apelación sobre la equivalencia
técnica de semanas de 7 días, meses de 30 días y años de 360 días no desvirtúa
el fundamento central de la decisión, puesto que el problema no radica en la
utilización de meses de 30 o 31 días o años de 360, 365 o 366, sino en la omisión
de periodos completos de vinculación que debieron ser objeto de afiliación y
cotización obligatoria.
37. Ahora bien, la sentencia recurrida no creó semanas adicionales, sino que se
limitó a ordenar el cómputo de tiempos realmente servidos y, en todo caso, para
determinar que el número de semanas faltantes era de 90.7 el tribunal comparó el
reporte de periodos laborados expedido por el ISS con el reporte de semanas
cotizadas proferido por Colpensiones y extrajo una diferencia en días, no en
semanas ni en meses ni en años, cifra que correspondió a 635 días dejados de
cotizar y que luego fueron convertidos a semanas, utilizando la lógica matemática
de dividir el número de días no cotizados entre 7, que es el número de días que
conforman una semana de acuerdo con lo expresamente señalado por el legislador
en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, resultado que fue corroborado por la Sala
a partir de los certificados de semanas laboradas expedida por el ISS empleador y
de semanas cotizadas o reportadas, proferido por Colpensiones.
38. Así las cosas, es claro que el cálculo al que llegó el tribunal en primera instancia
partió del número de días que conforman una semana y no del número de días que
conforman el mes o el año, cifra sobre la cual no existe discusión alguna, pues ha
sido consistente tanto en la norma como en los antecedentes jurisprudenciales de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia previamente
desarrollados y en consecuencia no existe inconsistencia o irregularidad en el
guarismo aplicado para efectos de establecer el número de semanas faltantes.
39. Ahora, la Sala insiste en que dicho asunto solo afecta el número de semanas que
Fiduagraria SA como vocera y administradora del PAR ISS deberá pagar a
Colpensiones, lo que quiere decir que no impone en la administradora del régimen
pensional una carga ajena a sus competencias o al marco legal que gobierna el
sistema pensional más allá de reconocer el derecho de acuerdo con el número
correcto de semanas laboradas por la demandante que debe corresponder con el
número de semanas cotizadas o pagadas por el empleador para la financiación de
la mesada.
40. En tal sentido, Colpensiones no tiene interés alguno en relación con la pretensión
22
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
del reconocimiento de aportes deficitarios que fue concedida, pues la entidad
responsable de realizar dicho pago es la entidad fiduciaria administradora del
remanente del ISS empleador y no la citada entidad pensional.
41. Adicionalmente, el principio de sostenibilidad financiera del sistema no puede
invocarse para trasladar al trabajador las consecuencias de la omisión del
empleador en el cumplimiento de sus deberes legales de afiliación y pago de
aportes. La jurisprudencia ha sido reiterada en señalar que la falta de cotización no
puede perjudicar al afiliado cuando el vínculo laboral estuvo debidamente
acreditado.
42. En consecuencia, no se advierte yerro en la metodología empleada por el juez
de primera instancia ni vulneración de los parámetros técnicos para el cómputo de
semanas. Por el contrario, la orden de reliquidación se ajustó a la realidad laboral
probada en el proceso, razón por la cual este cargo no prospera.
43. En esa misma línea tampoco prospera el argumento según el cual Fiduagraria
SA no puede ser considerada responsable de la condena impuesta, porque, aunque
es cierto que esta solo actúa como vocera y administradora del PAR ISS, en virtud
del contrato de fiducia mercantil celebrado con ocasión del proceso liquidatorio, ello
no significa que carezca de legitimación para asumir las obligaciones que hacen
parte del patrimonio administrado.
44. Tal como se desarrolló en el marco normativo y jurisprudencial, la condena
impuesta no recae sobre la Fiduagraria SA en calidad de entidad independiente ni
compromete su patrimonio propio, sino sobre el patrimonio autónomo que
administra y representa judicialmente tal como lo prevé el artículo 2 del Decreto 541
de 2016. En esa medida, su vinculación al proceso no obedece a una figura de
sucesión procesal en sentido estricto, sino a su condición de vocera del patrimonio
que asumió los activos y pasivos remanentes del ISS empleador.
45. Así, la sentencia de primera instancia no creó una obligación en cabeza del
fideicomitente ajena al objeto contractual, pues la condena impuesta obedece a una
obligación derivada de un vínculo laboral preexistente entre el ISS empleador y la
demandante, imputable al pasivo de esa entidad. En consecuencia, la sentencia no
incurrió en error al ordenarle a Fiduagraria SA que, en su calidad de administradora
y vocera del PAR ISS, realice el pago de los aportes pensionales no efectuados en
favor de Rosa Inés Agudelo Gutiérrez.
46. El tercer problema jurídico será resuelto en el siguiente aparte.
23
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
2.5. Costas
47. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
48. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
49. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma55.
50. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y no por la simple negación de las pretensiones en sede
administrativa, como sostiene el demandante. Además, debe verificarse que en el
expediente aparezca probado si se causaron dichas costas.
51. Por tales consideraciones, la Sala no evidenció que Colpensiones actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal de la primera ni de la segunda instancia, razón por la que la
Sala revocará el ordinal sexto de la sentencia de primer nivel que impuso la condena
en costas discutida y no la impondrá en esta oportunidad.
3. Conclusión
52. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que el modo en el que el juez
de primera instancia estableció lo periodos faltantes de cotización al sistema de
seguridad social en pensiones es correcto. Además, Fiduagraria SA no tiene la
55En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
24
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03039-01 (5420-2024)
Demandante: Rosa Inés Agudelo Gutiérrez
condición de sucesora procesal del PAR ISS, sino que es la entidad que debe
cumplir la condena por su calidad de vocera y administradora del citado patrimonio
autónomo en cumplimiento de lo dispuesto en el objeto del contrato de fideicomiso
015 de 2015 y el Decreto 541 de 2016. Finalmente, se revocará la condena en
costas impuesta a Colpensiones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el ordinal sexto de la sentencia de primera instancia del 29 de
julio de 2024 que condenó en costas de primera instancia Colpensiones y, en
consecuencia, no imponer condena por dicho concepto.
Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada proferida el 29 de julio
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad, de
acuerdo con las razones propuestas en la parte motiva de esta decisión.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC
25
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.