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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2019-03301-01

Fecha
17 de abril de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2019-03301-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 5 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. SEGUNDO: DECLARAR la caducidad de la acción de reparación directa. TERCERO: sin condena en costas. Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2019-03301-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

17 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 17 de abril de 2026

Radicación: 05001-23-33-000-2019-03301-01 (73440)
Demandantes: Aleida Echavarría Sepúlveda y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: acción de reparación directa

Temas: reparación directa – conflicto armado – homicidio – desplazamiento forzado –
caducidad de la acción – condena en costas

Síntesis del caso: se demanda por el homicidio de una persona en Chigorodó (Antioquia) y
el posterior desplazamiento forzado de su núcleo familiar. La primera instancia negó las
pretensiones de la demanda porque no se demostró que el hecho fuera imputable a las
entidades demandadas. Se revoca la decisión de primera instancia y se declara la
caducidad de la acción.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia 5 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 13 de diciembre de 2019, Aleida Echavarría y otros1 presentaron
demanda2, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Policía Nacional y
Ministerio del Interior, con el fin de que se hiciera la siguiente declaración (se
trascribe):

1 En relación con William Antonio Bastidas Aguirre, víctima directa del daño homicidio, los
demandantes son: Aleida Echavarría Sepúlveda (compañera permanente) en nombre propio y en
favor de la sucesión de su hija Leidi Yohana Bastidas Echavarría; Heyder Johan y Lidey Andrea Bastidas
Echavarría (hijos); Rosa Elvira Sepúlveda de Echavarría y Manuel Antonio Echavarría Tamayo
(suegros); Nora Edit, Diomarge, Luz Maryori, Martha Cecilia y Eliad de Jesús Echavarría Sepúlveda
(cuñados); Ana de Jesús Aguirre (madre); Ana Yaneth Bastidas Aguirre (hermana).
2 La parte actora presentó la demanda (folios 1-63 del cuaderno principal) y, posteriormente presentó

su reforma (documento “05ReformaALaDemanda” del expediente digital), que fue admitida
mediante Auto de 16 de abril de 2021 (documento “06AutoAdmiteReformaDeLaDemanda” del
expediente digital).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-33-000-2019-03301-01 (73440)
Demandantes: Aleida Echavarría Sepúlveda y otros
Demandados: Ejército Nacional y otros
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: revoca – declara la caducidad

“DECLÁRESE que la NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - MINISTERIO DE
DEFENSA - EJÉRCITO y POLICÍA NACIONAL, son administrativa y solidariamente
responsables de la totalidad de perjuicios irrogados a los demandantes por
causados (sic) por el homicidio en completo estado de indefensión del señor
WILLIAM ANTONIO BASTIDAS AGUIRRE, por el desplazamiento forzado que
debieron soportar subsiguiente al homicidio y la pérdida de sus bienes como
consecuencia del desplazamiento, en hechos ocurridos el 21 de diciembre
de 2003, en el barrio El Bosque del municipio de Chigorodó, a manos de
miembros de las ACCU-AUC-Bloque Bananero-, hecho reconocido y
confesado en Justicia y Paz, hoy Justicia Transicional, por el postulado PABLO
ANTONIO PEINADO PADILLA alias ‘REPOLLO’”.

2. Los perjuicios reclamados por el homicidio se resumen así:

Tipo de perjuicio Valor
Moral 400 salarios mínimos para cada uno de los
demandantes.
A la salud 400 salarios mínimos para la compañera permanente,
los hijos y la madre de William Antonio Bastidas.
200 salarios mínimos para cada uno de los demás
demandantes.
A bienes o derechos 400 salarios mínimos para la compañera permanente,
convencional y los hijos y la madre de William Antonio Bastidas.
constitucionalmente 200 salarios mínimos para cada uno de los demás
amparados demandantes.
Medidas de satisfacción que incluyen, entre otros,
solicitar a las autoridades competentes impulsar las
investigaciones penales y un acto público de
reconocimiento.
Lucro cesante $940.738.164 para la compañera permanente y los hijos,
de acuerdo con el salario y la expectativa de vida de
William Antonio Bastidas.

3. Los perjuicios reclamados por el desplazamiento forzado se resumen así:

Tipo de perjuicio Valor
Moral 300 salarios mínimos para cada uno de los
demandantes.
A la salud 300 salarios mínimos para la compañera permanente y
los hijos de William Antonio Bastidas.
100 salarios mínimos para Ana Yaneth Bastidas Aguirre.
200 salarios mínimos para cada uno de los demás
demandantes.
A bienes o derechos 300 salarios mínimos para la compañera permanente y
convencional y los hijos de William Antonio Bastidas.
constitucionalmente 100 salarios mínimos para Ana Yaneth Bastidas Aguirre.
amparados 200 salarios mínimos para cada uno de los demás
demandantes.
Medidas de satisfacción que incluyen, entre otros,
ordenar a la Uariv incluir a los demandantes en los
programas de asistencia y reparación de víctimas, y
asumir el costo de los tratamientos psicológicos y
psiquiátricos necesarios.

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Radicación: 05001-23-33-000-2019-03301-01 (73440)
Demandantes: Aleida Echavarría Sepúlveda y otros
Demandados: Ejército Nacional y otros
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: revoca – declara la caducidad

4. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:

5. William Antonio Bastidas (en adelante William Antonio) vivía con su
compañera permanente y sus hijos en Chigorodó, Antioquia. Su actividad
económica era la comercialización de banano desde Urabá hacia
Medellín.

6. El 21 de diciembre de 2003 fue asesinado por las AUC Bloque Bananero,
que lo estigmatizaron como un “auxiliador de la guerrilla”. Tras los hechos, su
núcleo familiar recibió amenazas y se desplazó a Medellín. Después de dos
años, por las difíciles circunstancias de vida en esta ciudad, retornaron al
municipio de Chigorodó.

7. En un primer momento, por el temor producto de las amenazas, los
demandantes se abstuvieron de pedir auxilio a las autoridades. Sin
embargo, en 2009, “una vez superado el proceso de desmovilización”,
acudieron a la personería municipal y a la inspección de policía para ser
incluidos en el registro de víctimas.

8. Pasado un tiempo, la Fiscalía 17 de Justicia y Paz les informó que el
homicidio de William Antonio había sido “reconocido y confesado por el
postulado Pablo Antonio Peinado Padilla, alias ‘Repollo’”. En ese momento
los actores tuvieron certeza de los responsables del hecho, pero no así de la
relación existente entre las autodefensas y la fuerza pública en el Urabá.

9. El actuar de los paramilitares en la región de Urabá fue un “hecho público
y notorio”, que no fue contrarrestado por la fuerza pública. El homicidio de
William Antonio ocurrió en este contexto, lo que implicaba que las entidades
demandadas incumplieron con su “posición de garante institucional” y “sus
deberes jurídicos de protección”.

10. Según la parte actora, en este caso debía inaplicarse el término de
caducidad, porque el homicidio y el desplazamiento fueron cometidos
contra civiles ajenos al conflicto armado, por un grupo al margen de la ley
que actuó sin limitación alguna y cometió sus delitos de forma sistemática,
lo que permitía concluir que se trató de un crimen de lesa humanidad.
Además, porque, pese al retorno, los actores no habían logrado “el
restablecimiento de sus derechos y de sus condiciones de vida”. En este
punto, señaló que el Consejo de Estado había inaplicado el término de
caducidad en algunos pronunciamientos anteriores a la Sentencia de
Unificación de 29 de enero de 2020, cuando se abandonó esa posibilidad.

11. Con todo, de acuerdo con el criterio unificado en mención, si bien los
demandantes, inicialmente, pudieron atribuir el hecho a los paramilitares,
“no así al Estado, pues acorde con su condición socioeconómica y su
formación solo tuvieron conocimiento de la posibilidad de reclamar la
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-03301-01 (73440)
Demandantes: Aleida Echavarría Sepúlveda y otros
Demandados: Ejército Nacional y otros
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: revoca – declara la caducidad

responsabilidad del Estado por acción u omisión, con la asesoría brindada
por el suscrito apoderado, que de manera intuitiva infería la connivencia de
las autoridades con las ACCU”. Tras “verificar el caso” y recopilar pruebas,
“principalmente desde el año 2018”, surgió “la posibilidad” de demandar.

1.2. Posición de la parte demandada

12. El Ejército contestó la demanda3. Afirmó que la parte actora narró de
forma general el contexto de violencia en la región de Urabá y el municipio
de Chigorodó, pero no refirió “situaciones particulares” respecto de la causa
del daño, ni que los actores hubieran solicitado medidas de protección o,
por lo menos, avisado a las autoridades. La parte demandante no demostró
las amenazas en su contra, ni la omisión de la fuerza pública en lo relativo al
homicidio y desplazamiento forzado. Por tanto, no existió una falla del
servicio de las entidades accionadas.

13. Sostuvo que el daño fue causado por el grupo al margen de la ley, lo
que configuraba el hecho de un tercero. Además, que, en su aceptación
del hecho, Pablo Antonio Peinado, alias Repollo, no mencionó colaboración
o permisividad de la fuerza pública.

14. Propuso la excepción de caducidad de la acción porque pasaron más
de dos años desde el homicidio hasta la presentación de la demanda,
incluso, si se contaba desde la confesión del hecho en Justicia y Paz. Agregó
que, respecto del desplazamiento también habría ocurrido la caducidad en
los plazos fijados en la decisión SU-254 de 2013. Por último, planteó que no
se configuraba ninguno de los supuestos que modifican el inicio del término
previstos en la Sentencia de Unificación de 29 de enero de 2020.

15. El Ministerio del Interior contestó la demanda4. Indicó que de los hechos
de la demanda no se desprendía que la entidad hubiera incumplido, por
omisión u acción, alguna de sus funciones, por lo que el hecho no le era
imputable. Sostuvo que las afirmaciones de la parte actora partían de
suposiciones que no podían comprometer la responsabilidad estatal. Por
esto, propuso la excepción que denominó “inexistencia de la falla del
servicio”.

16. Propuso la excepción de caducidad de la acción con fundamento en
la Sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, que diferenció entre los
fenómenos de imprescriptibilidad de la acción penal y el término de
caducidad para demandar a través de la acción de reparación directa.
Destacó que los demandantes supieron del homicidio de William Bastidas
desde ese mismo día, por lo que, en relación con este hecho, la demanda

3 Documento “02Contestación” del expediente digital.
4 Documento “03ContestacionMinInterior” del expediente digital.

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Radicación: 05001-23-33-000-2019-03301-01 (73440)
Demandantes: Aleida Echavarría Sepúlveda y otros
Demandados: Ejército Nacional y otros
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: revoca – declara la caducidad

era notoriamente extemporánea. Respecto del desplazamiento forzado, la
demanda era inoportuna en los términos de la decisión SU-254 de la Corte
Constitucional.

17. Alegó la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa porque
la salvaguarda del orden público no es una función de ese Ministerio, y la de
hecho de un tercero porque el daño era “atribuible única y exclusivamente”
al grupo al margen de la ley, sin que existiera prueba alguna de la
participación del Estado.

18. La Policía contestó la demanda5. Propuso la excepción de hecho de un
tercero, porque los daños alegados fueron causados por un grupo al
margen de la ley, sin que mediara aviso previo ni solicitud de protección. Los
demandantes no demostraron omisión alguna u ausencia de protección por
parte de la Policía Nacional, lo que constituía el incumplimiento de la carga
de la prueba.

19. Presentó la excepción de caducidad porque pasaron más de dos años
desde el homicidio hasta la presentación de la demanda. Asimismo, señaló
que la acción resultaba extemporánea respecto del desplazamiento
forzado en los términos de la Decisión SU-254 de 2013.

1.3. Sentencia de primera instancia

20. Mediante Sentencia de 5 de agosto de 20256, el Tribunal Administrativo
de Antioquia negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a
la parte actora.

21. El tribunal sostuvo que, de acuerdo con la Sentencia de unificación de
29 de enero de 2020, en este caso, resultaba “necesario establecer el
momento en que los demandantes se enteraron de la posibilidad de
imputar responsabilidad al Estado”. Sin embargo, a partir de las pruebas
allegadas no era “posible determinar el momento exacto en que los
demandantes tuvieron conocimiento de la invocada participación de
agentes del Estado”, lo que, sumado a la calidad de víctimas de los actores,
y la imposibilidad de establecer si hubo circunstancias que les hubieran
impedido demandar, llevaba a privilegiar “el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia” y resolver de fondo del asunto.

22. El daño consistente en la muerte de William Antonio Bastidas fue
acreditado en el proceso con el registro civil de defunción, coincidente con
otros documentos y las declaraciones recibidas.

5 Documento “04ContestacionPolicia” del expediente digital.
6 Documento “195SentenciaPrimeraInstancia” del expediente digital.

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Radicación: 05001-23-33-000-2019-03301-01 (73440)
Demandantes: Aleida Echavarría Sepúlveda y otros
Demandados: Ejército Nacional y otros
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: revoca – declara la caducidad

23. El daño consistente en el desplazamiento forzado no fue demostrado. En
la demanda se afirmó que, tras el homicidio, Aleida Echavarría, cónyuge de
la víctima directa, recibió amenazas y que, por ello, abandonó el municipio
con su núcleo familiar. Sin embargo, estas afirmaciones no fueron probadas.
De un lado, no se demostró la coerción en su contra para dejar Chigorodó
y, de otro, el desplazamiento forzado que constaba en el registro de víctimas
fue por hechos posteriores y diferentes a los discutidos en este proceso.

24. Las declaraciones recibidas y los interrogatorios de parte no fueron claros
en señalar que la causa del desplazamiento de la familia a Medellín, por un
lapso de dos años, hubiera sido por amenazas posteriores al homicidio de
William Antonio. En este punto, la decisión destacó la declaración rendida
ante la Fiscalía por parte de Aleida Echavarría, el 13 de enero de 2004, en la
que indicó que no había recibido amenazas y que vivía en Chigorodó. En el
mismo sentido constaba la información que suministró para el registro de
hechos atribuibles al margen de la ley, el 18 de enero de 2011. Además, fue
demostrado que tras los hechos continuó viviendo en la casa de su
hermano, vivienda familiar compartida, según las declaraciones
recopiladas. Así, no se probó el desplazamiento alegado y, en caso de que
hubiera existido, fue en el año 2010 y por hechos diferentes a los planteados
en la demanda.

25. Respecto del homicidio, el tribunal afirmó que no se demostraron las
imputaciones de responsabilidad hechas en la demanda. No se acreditó
que, previo al hecho, la víctima directa hubiera avisado a las autoridades o
hubiera solicitado protección. Aunque constituía un “hecho notorio la difícil
situación de orden público en la región” por la presencia de grupos al
margen de la ley, esa única circunstancia no era suficiente “para predicar
la responsabilidad pretendida”.

26. Agregó que los estudios y documentos judiciales sobre las relaciones
entre grupos paramilitares y la fuerza pública, y los demás documentos y
declaraciones sobre el homicidio de William Antonio, no permitían inferir, ni
siquiera de forma indiciaria para el caso, la existencia de colaboración o
connivencia por parte de las entidades demandadas. El contexto conocido
no permitía concluir automáticamente que “en todos y cada uno de los
hechos criminales ejecutados por este grupo paramilitar de contaba con la
colaboración o participación directa o indirecta de las fuerzas armadas”.
Con mayor razón cuando en el reconocimiento del hecho el postulado alias
Repollo no mencionó la participación de la fuerza pública; por el contrario,
de su relato se concluía que esperó a que no hubiera nadie alrededor para
cometer su crimen, lo que significaba que no hubo colaboración de las
autoridades.

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Radicación: 05001-23-33-000-2019-03301-01 (73440)
Demandantes: Aleida Echavarría Sepúlveda y otros
Demandados: Ejército Nacional y otros
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: revoca – declara la caducidad

1.5. Recurso de apelación

27. La parte demandante interpuso recurso de apelación7. Sostuvo que
nunca afirmó que, respecto del “primer desplazamiento”, Aleida Echavarría
hubiera denunciado “de forma inmediata su condición”. En la demanda se
indicó que acudió a las autoridades en el 2009, “una vez consolidado el
proceso de desmovilización”. En ese sentido constaba la prueba
documental, coherente con la declaración de Luz Yadelmy Uribe. De este
modo, “el hecho de que los demandantes hubiesen enfrentado
desplazamientos posteriores no desdice de la existencia del desplazamiento
enfrentado en el año 2003”.

28. Refirió que, pese a que William Antonio no presentó denuncias o
peticiones antes del homicidio, las autoridades conocían las condiciones de
seguridad y el contexto de violencia que se vivía en la región. En su
concepto, aun cuando reconoció la relación que existió entre grupos de
autodefensas y la fuerza pública, el tribunal pretendió obtener una “prueba
directa”, cuando el contexto generalizado de violencia resultaba “suficiente
para declarar la responsabilidad de las demandadas”.

29. Por último, señaló que en el caso concreto no procedía la condena en
costas porque “el grupo familiar demandante es víctima de violación de
derechos humanos” y, por tanto, gozaban de especial protección
constitucional de acuerdo con la decisión SU-241 de 2024 de la Corte
Constitucional.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Síntesis de la controversia – 2.2. Caducidad de la acción – 2.3. Condena en costas

2.1. Síntesis de la controversia

30. La Sentencia de primera instancia será revocada. En su lugar, la Sala
declarará la caducidad de la acción. Por tratarse de un presupuesto
procesal, esta Subsección está habilitada para adoptar esta decisión de
oficio, toda vez que su ausencia impide un pronunciamiento de fondo.

31. La parte actora pretende la reparación por dos daños. Por el homicidio
de William Antonio Bastidas, respecto del cual la demanda resulta
notoriamente extemporánea, y por el desplazamiento forzado de su núcleo
familiar que, como bien concluyó el tribunal, no fue acreditado. Sin
embargo, con el propósito de contar el término para demandar, la Sala
concluirá que la oportunidad venció con base en lo narrado por la parte
actora y el plazo previsto en la Sentencia SU-254 de 2013.

7 Documento “198RecursoApelacionSentencia” del expediente digital.

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Radicación: 05001-23-33-000-2019-03301-01 (73440)
Demandantes: Aleida Echavarría Sepúlveda y otros
Demandados: Ejército Nacional y otros
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: revoca – declara la caducidad

32. La Sala revocará la condena en costas y se abstendrá de imponerla en
esta instancia, por tratarse de hechos ocurridos con ocasión del conflicto
armado.

2.2. Caducidad de la acción

2.2.1. Inexistencia del desplazamiento forzado

33. La Sala comparte integralmente el análisis realizado por el tribunal en
punto a la inexistencia del desplazamiento forzado alegado. Si bien en la
demanda se afirmó que, tras el homicidio de William Antonio, Aleida
Echavarría se desplazó a la ciudad de Medellín, lo cierto es que, no está
demostrado que lo hubiera hecho bajo amenazas o con el fin de
salvaguardar su vida y la de su núcleo familiar.

34. En el documento “Formato de entrevista a víctimas – Unidad Nacional
de Justicia y Paz”8, con fecha de 18 de enero de 2011, cuando, en los
términos del recurrente, “ya se había consolidado el proceso de
desmovilización”, se marcó que la investigación era únicamente por el delito
de homicidio. En el acápite de “relaciones familiares”, Aleida Echavarría
respondió de forma negativa a la pregunta sobre si tuvo que abandonar a
sus seres queridos o su actividad laboral. Respecto de la forma en que
cambio su vida después del hecho, relató (se trascribe):

“Prácticamente uno tiene el apoyo de ellos, económicamente cambió todo.
Me tocó trabajar para ayudar a mis hijos. Seguí viviendo en la casa de mi
hermano. Para la comida, hacemos ventas y mi papá me ayuda también”.

35. Los declarantes en el proceso fueron consistentes en referir que, pasado
un tiempo después del homicidio de William Antonio, Aleida Echavarría se
trasladó a Medellín. Sin embargo, dicho desplazamiento fue con la intención
de obtener mejores oportunidades laborales y no como consecuencia de
amenazas9. En este punto, esta demandante afirmó en el interrogatorio de
parte (se trascribe):

“PREGUNTADA: la razón de su desplazamiento a Medellín fue por amenazas o
factor económico. Respuesta: [INTENTEDIBLE] el día que ya faltó [William
Antonio], ya quedó uno más como, me fui no tan por amenazas, no, sino
como uno a mirar como algún trabajo allá mejor y, así (…)”.

8 Páginas 7-15 del documento “72Anexo1”.
9 Luz Yademi Uribe, vecina de los demandantes en Chigorodó Antioquia, sostuvo que desconocía las

razones del cambio de domicilio. Libia de Jesús Guerrera Caro, también vecina, declaró en el mismo
sentido.
Por su parte, en los interrogatorios de parte —entre paréntesis se indica el parentesco la demandante
Aleida Echavarría— Heider Jovan y Lidey Andrea Bastidas (hijos), Martha y Luz Maryori Echavarría
(hermanas) afirmaron que no recordaban que el núcleo familiar de William Antonio hubiera sido
amenazado.
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Demandantes: Aleida Echavarría Sepúlveda y otros
Demandados: Ejército Nacional y otros
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: revoca – declara la caducidad

36. De este modo, está acreditado que el hecho alegado como
desplazamiento forzado fue inexistente. Con todo, de realizar el cómputo
de caducidad, la acción sería extemporánea. La demanda, así como la
mayoría de los interrogados, relataron que Aleida Echavarría regresó a
Chigorodó. Está probado, además, que vivía en una casa familiar y que
volvió al mismo domicilio. Así, incluso de haber existido un desplazamiento
tras el homicidio ocurrido en diciembre de 2003, el mismo habría cesado dos
años después. Por tanto, al realizar el conteo con el término previsto en la
decisión de la Corte Constitucional SU-254 de 2013, el plazo para demandar
expiraba el 23 de mayo de 2015. En consecuencia, la solicitud de
conciliación presentada el 13 de mayo de 2018 no habría suspendido el
término y la demanda presentada el 13 de diciembre de 2019, respecto del
desplazamiento forzado alegado, resultaría extemporánea.

37. Conviene añadir, pues fue mencionado en el recurso de apelación, que
la declaración Luz Yadelmi Uribe —vecina de los demandantes— en lo
relativo al desplazamiento de los actores fue vaga a la vez que
contradictoria con las pruebas referenciadas y lo narrado en la demanda.
De allí que, la Sala considere que su dicho sobre un supuesto retorno en 2019
o 2020 carece de credibilidad.

2.2.2. Caducidad por el homicidio

38. Mediante Sentencia de 29 de enero de 202010, la Sala Plena de la
Sección Tercera unificó su jurisprudencia respecto de la caducidad “de las
pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se
pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado”.
Como regla general, dispuso que el término aplicable sería el legal, salvo
que se acreditaran “situaciones que hubiesen impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción” o “desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial”.

39. Está acreditado que William Antonio murió el 21 de diciembre de 2003,
como consecuencia de un choque traumático por disparos con arma de

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia

de 29 de enero de 2020, exp. 61033. La Sentencia tuvo los votos disidentes de los siguientes Consejeros
de Estado: María Adriana Marín, Ramiro Pazos Guerrero y Alberto Montaña Plata. Por su parte, el
Consejero de Estado Guillermo Sánchez Luque aclaró su voto. Mis motivos de inconformidad con la
decisión unificada, que se pueden consultar en extenso el salvamento de voto referido, están
relacionados con que, a mi juicio, la decisión fue regresiva respecto del bloque de convencionalidad
al desconocer los estándares vigentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
privando a las víctimas de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
También puede consultarse el salvamento de voto de la decisión de tutela de 22 de julio de 2002, con
radicado 11001-03-15-000-2022-04007-00. Allí expongo que el estándar internacional vigente, así como
elementos de relevancia constitucional conducirían a inaplicar las normas de caducidad en casos
de graves violaciones a los Derechos Humanos.
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Demandantes: Aleida Echavarría Sepúlveda y otros
Demandados: Ejército Nacional y otros
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: revoca – declara la caducidad

fuego11. En consecuencia, el plazo de dos años para demandar, previsto en
el artículo 136.8 del CCA, vencía el 22 de diciembre de 2005. Por tanto, la
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial no suspendió el
término y la demanda es notoriamente extemporánea.

40. Al proceso se allegó un oficio, de 7 de marzo de 201212, enviado por la
Fiscalía a Aleida Echavarría, en el que le comunicaba que Pablo Antonio
Peinado Padilla había confesado la autoría del homicidio de William
Antonio. También se aportó la audiencia en la que el postulado reconoció
el hecho13. Este refirió que el móvil del homicidio fue la venta del rechazo de
banano que William Antonio realizaba, actividad que había sido prohibida
por los paramilitares. Que William Antonio pertenecía a las Convivir, grupo
que tenía “problemas constantes” con las autodefensas en la región. Sobre
cómo ocurrieron los hechos, sostuvo (se trascribe):

“PREGUNTADO: ese día de la muerte del señor William Bastidas ¿cómo
sucedieron los hechos? CONTESTÓ: yo llegué a Chigorodó porque yo vivía en
Carambolo, y lo vi tanqueando (…) la intención mía era dispararle ahí donde
se encontraba, pero en ese momento llegó una patrulla de la policía a
tanquear la moto y no pude hacer nada. Él arrancó y yo me le fui atrás en la
moto (…). Yo lo saludé cuando llegué a la casa de él, me bajé de la moto, e
inclusive él me hizo el comentario que cuántos viajes había sacado la
semana, que cómo me estaba yendo a mí porque de igual manera yo
también, anteriormente, hacía lo mismo que hacía él. PREGUNTADO: ¿Por qué
hablaron de ese tema?, ¿Usted le preguntó? CONTESTÓ: él sabía que yo era
el encargado del banano (…) yo le dije: no, yo paré eso, ya eso no se puede.
¿Y a usted cómo le fue? No, yo saqué unos viajecitos esta semana.
PREGUNTADO: ¿Qué pasó en ese momento? CONTESTÓ: le disparé.
PREGUNTADO: ¿Había alguien más de la familia?, ¿Alguien que estuviese
viendo? CONTESTÓ: No, doctora (…), ahí no había más gente”.

41. Con base en lo anterior, es evidente que el daño fue causado
exclusivamente por un grupo al margen de la ley, sin que mediara
participación o connivencia de la fuerza pública en los hechos. Por tanto,
no es posible contabilizar el término desde un momento posterior, con base
en el conocimiento de la participación de agentes del Estado, pues ello no
ocurrió. Como ha reiterado esta Sala14, el contexto del conflicto armado

11 De acuerdo con el registro civil de defunción y el certificado de necropsia, visibles en las páginas

84 y 111 del documento “01Demanda” del expediente digital.
12 Páginas 104-105 del documento “01Demanda” del expediente digital.
13 Archivos “2010083114142901” y “2010083114260301” de la carpeta “75MemorialAllegadoFisico-

RtaOficio446” del expediente digital.
14 “La Sala no pasa por alto que el conflicto armado interno ha causado variadas y dolorosas pérdidas

a las víctimas. Sin embargo, esta Subsección ha sido consistente en señalar que la responsabilidad del
Estado solo se ve comprometida cuando se demuestra que una acción u omisión suya se constituye
en la causa eficiente del daño. En ese sentido ha hecho propia la siguiente consideración (se
trascribe): ‘Para la Sala es claro que el accionar de grupos armados irregulares en el contexto del
conflicto armado se ha constituido en una situación que desborda las posibilidades reales de control
y prevención estatal, lo que aparece evidenciado por la prolongada duración del mismo y la
necesidad de acudir a las vías de la negociación con dichos actores con el fin de obtener su desarme
y reincorporación a la vida civil, ante la imposibilidad de controlar su accionar por la vía armada. En
tales condiciones, para que pueda responsabilizarse al Estado por las consecuencias lesivas del

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Radicación: 05001-23-33-000-2019-03301-01 (73440)
Demandantes: Aleida Echavarría Sepúlveda y otros
Demandados: Ejército Nacional y otros
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: revoca – declara la caducidad

puede servir como criterio orientador en la interpretación probatoria, pero
no reemplazar la demostración del nexo causal ni, en este caso, modificar
la forma de contabilizar el término de caducidad.

42. Todo lo anterior se ve confirmado por el hecho de que, al ser interrogada
sobre por qué no presentó antes la demanda si los hechos ocurrieron en
2003, Aleida Echavarría contestó (se trascribe): “porque uno no tenía
conocimiento de nada de eso más antes no había hecho nada”. En similar
sentido, en la demanda, el apoderado de la parte actora afirmó que la
acción se ejerció tras la asesoría que brindó a los demandantes. La Sala
recuerda a este apoderado que la caducidad fija un término de orden
público, que no puede ser alterado por la voluntad de las partes y que,
como indica el artículo 9 del Código Civil colombiano, “la ignorancia de las
leyes no sirve de excusa”.

43. Por lo referido hasta acá, la Sala revocará la decisión de primera
instancia y declarará la caducidad de la acción de reparación directa.

2.3. Condena en costas

44. Está probado que los demandantes son víctimas del conflicto armado
en Colombia. De acuerdo con el precedente de esta Subsección, por
tratarse de sujetos de especial protección constitucional y por encontrarse
en una condición de vulnerabilidad, la Sala revocará la condena en costas
impuesta en primera instancia y se abstendrá de imponer una en esta15.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

actuar criminal de dichas organizaciones resulta indispensable que aparezcan acreditados los
elementos que permitan la imputación de dichos daños a los entes públicos demandados, sin que
pueda imponerse una reparación únicamente fundada en criterios de solidaridad’”.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 17 de junio
de 2024, exp. 69535.
15 En recientes pronunciamientos la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reiterado esta

postura, destacando que la reparación de las víctimas del conflicto armado es un asunto de interés
público. Al respecto puede consultarse: Corte Constitucional. SU-241 de 20 de junio de 2024. Con
aclaración de voto de los magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Jorge Enrique Ibáñez Najar.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia
de 6 de diciembre de 2024, exp. 56.855. Con salvamento parcial de voto del magistrado Fernando
Alexei Pardo Flórez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia
de 21 de febrero de 2025. Con salvamento parcial de voto del magistrado José Roberto Sáchica
Méndez.
Subsección B, Sentencia de 19 de septiembre de 2025, exp. 72697. Sentencia de 18 de julio de 2025,
exp. 69981. Con aclaración de voto del magistrado Fredy Ibarra Martínez. Sentencia de 28 de abril de
2025, exp. 71061.
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-03301-01 (73440)
Demandantes: Aleida Echavarría Sepúlveda y otros
Demandados: Ejército Nacional y otros
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: revoca – declara la caducidad

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 5 de agosto de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.

SEGUNDO: DECLARAR la caducidad de la acción de reparación directa.

TERCERO: sin condena en costas.

Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente
al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado

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