Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-00068-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2020-00068-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-00068-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2020-00068-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
31 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
Demandado: Nación —Ministerio de Defensa-Policía Nacional—
Temas: Pensión de sobrevivientes. No procede aplicación del Decreto
758 de 1990.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 17 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Celia del Socorro Arias Arango, por conducto
de apoderado, demandó la nulidad del acto ficto originado en el silencio de la
Administración frente a la petición de reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes que presentó el 30 de julio de 2019, en calidad de cónyuge del extinto
suboficial (r) José Fredy Rincón Castiblanco.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicita
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
que se condene a la demandada a: i) reconocer y pagar de la pensión de
sobrevivientes, desde el 24 de noviembre de 1999, en aplicación de la Ley 100 de
1993, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año; ii)
pagar los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993,
sobre las mesadas adeudadas; iii) actualizar la condena de conformidad con lo
previsto en los artículos 192 y 195 del CPACA; iv) pagar las costas y agencias en
derecho.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la actora señaló los siguientes:
i) El señor José Fredy Rincón Castiblanco, nació el 7 de agosto de 1966 y falleció
en hechos confusos ocurridos el 24 de noviembre de 1999, de manera violenta, en
Miami, Florida (Estados Unidos); previo a ello, estuvo vinculado a la Policía
Nacional, desde el 21 de abril de 1985 y hasta el 20 de febrero de 1998; fue retirado
por voluntad de la Dirección Nacional de la entidad, en el grado sargento segundo,
con un tiempo de servicio equivalente a 659.85 semanas.
ii) El señor Rincón Castiblanco estaba casado con la señora Celia del Socorro Arias
Arango, desde el 20 de febrero de 1993 y dependía económicamente de él.
iii) La actora elevó petición a la entidad el 30 de julio de 2019 para el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes; sin embargo, la entidad a la fecha de interposición
de la demanda no había dado respuesta.
2.4. Afirma la accionante que la entidad vulnera los requisitos previstos en la ley
para el reconocimiento de la pensión, debiendo tener en cuenta lo señalado por la
Ley 100 de 1993 en sus artículos 46 y siguientes y normas concordantes, en tanto,
el causante habría cotizado alrededor de 659 semanas, dado que el régimen
especial contemplado en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 resultan adversos a los
intereses de los beneficiarios del extinto sargento segundo de la Policía Nacional.
2
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 2, 4, 10, 11, 13, 44, 48, 53, 228 y 230 de la
Constitución Política; 16, 18, 21 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo; 11, 13
(numeral f), 14, 46, 47, 141, 151, 279 y 288 de la Ley 100 de 1993; y 138, 152 y 162
y demás normas concordantes de la Ley 1437 de 2011.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso, en
esencia, lo siguiente:
i) Teniendo en cuenta que el causante, José Fredy Rincón Castiblanco, prestó su
fuerza laboral al servicio del Ministerio de Defensa —Policía Nacional— por un
tiempo superior a 26 semanas anterior al momento de su fallecimiento, se causó la
pensión de sobrevivientes al tenor de la Ley 100 de 1993, que constituye el mínimo
de garantías y derecho a la seguridad social para los trabajadores del sector público
y privado.
ii) La entidad accionada desconoce que la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado han ordenado la aplicación y prevalencia de la normatividad general
contemplada en la Ley 100 de 1993 sobre la normatividad en materia pensional de
los regímenes especiales como el de los miembros de las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional.
1.2. Contestación de la demanda
La Nación —Ministerio de Defensa- Nacional— se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, al considerar que de los supuestos fácticos no se
vislumbra elemento de juicio que conduzca a la nulidad del acto demandado, por lo
que este goza de la presunción de legalidad. Presentó las siguientes razones de
defensa:
3
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
i) Ninguna de las situaciones exigidas en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993
ocurren en el caso sub examine, por cuanto en el momento del fallecimiento del
señor José Fredy Rincón Castiblanco este llevaba 21 meses y 4 días, que equivalen
a 84 semanas, por fuera de la Policía Nacional, es decir que durante este tiempo no
cotizó al sistema las 26 semanas requeridas.
ii) El señor Rincón Castiblanco fue retirado el 20 de febrero de 1998, con un tiempo
total de servicio de 13 años y 5 días; es decir, que para el momento de su
desvinculación no cumplió con el tiempo mínimo para el reconocimiento de la
asignación de retiro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del Decreto
1212 de 1990, norma que establecía como requisito necesario para su
reconocimiento y pago que el titular hubiera prestado sus servicios por un espacio
de 15 años o más.
iii) Si bien es cierto que la Ley 100 de 1993 resulta más favorable que lo dispuesto
en el Decreto 1212 de 1990, que para que se puedan aplicar unas condiciones más
favorables a la parte actora se requiere que los hechos que causan la pensión de
sobrevivientes se hayan generado precisamente en vigencia de la ley que por
favorable se pretende hacer valer.
Finalmente, propuso las excepciones que denominó: presunción de legalidad,
inexistencia de vicios de nulidad y genérica.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia denegó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte actora. Basó su decisión en las siguientes
consideraciones:
i) Antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, coexistían diversos
regímenes con requisitos y destinatarios distintos. Así, mediante el Acuerdo 224 de
1966, aprobado por el Decreto 3041, se indicó quienes estarían sujetos al seguro
4
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
social obligatorio contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, entre ellos los
trabajadores que presten sus servicios a entidades de derecho público,
semioficiales o descentralizadas.
Posteriormente, el Decreto Reglamentario 232 de 1984 señaló que, para acceder a
la pensión de invalidez era necesario: i) una pérdida de capacidad laboral
permanente, determinada según lo establecido en el artículo 62 del Decreto 433 de
1971, ii) haber cotizado 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la invalidez
o 300 semanas en cualquier tiempo. La anterior disposición fue derogada por el
Decreto 758 de 1990, por medio del cual se aprobó el Acuerdo 049 del mismo año,
en cuyo artículo 25 se establecieron los presupuestos necesarios para el
reconocimiento pensional, así:
Artículo 25. Pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo común. Cuando la
muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de
sobrevivientes en los siguientes casos:
a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y
densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de
invalidez por riesgo común y,
b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho
a la pensión de invalidez o de vejez según el presente Reglamento.
ii) Con la expedición de la Ley 100 de 1993, se creó el sistema de seguridad social
integral, con el objetivo de amparar a la población en las contingencias de vejez,
invalidez y muerte, a través del reconocimiento de pensiones y otras prestaciones
económicas, para los afiliados y sus beneficiarios, encaminadas a proteger sus
derechos fundamentales y a crear mecanismos de carácter económico que
contrarrestaran las circunstancias de desamparo, pérdida de capacidad laboral o
vulnerabilidad a las que se veían expuestos.
iii) En lo relacionado con la pensión de sobrevivientes, el Sistema General en
Pensiones estableció en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 que accedían al
derecho a tal prestación, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez,
o invalidez por riesgo común, que falleciera; o los miembros del grupo familiar del
afiliado que falleciera, siempre y cuando este se encontrara cotizando al sistema y
5
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
hubiera cotizado por lo menos 26 semanas al momento de su fallecimiento o, que
dejando de cotizar al sistema hubiere efectuado aportes durante por lo menos
veintiséis (26) semanas en el año inmediatamente anterior al momento en que se
produjera la muerte. Esta norma posteriormente fue modificada por el artículo 12 de
la Ley 797 de 20036, exigiendo mayor número de semanas de cotización para
acceder al derecho pensional.
iv) La Ley 100 de 1993 exceptuó a los miembros de la Policía Nacional de la
aplicación del Sistema General de Seguridad Social Integral. Sin embargo, el
artículo 288 de la Ley 100 de 1993, le permite a todo trabajador que, a su vigencia
y cuando un mismo asunto se encuentre definido además en normas anteriores, le
asista derecho a que se le aplique la que estime más favorable, siempre que se
someta a la totalidad de sus disposiciones.
v) En aplicación de la regla de favorabilidad contenida en el citado artículo 288, se
tiene que el régimen que más ampara a los beneficiarios de un miembro de la Policía
Nacional que fallece, es el contenido en la normatividad general, en tanto, a la luz
del régimen especial de la Institución, vigente en el año 1999, para efectos del
reconocimiento de la pensión por muerte se exige que el Suboficial fallecido
acreditare un tiempo de servicios mínimo de 15 años.
vi) El plenario da cuenta de que el señor José Fredy Rincón Castiblanco falleció con
posterioridad a su desvinculación de la Policía Nacional, en el exterior, y que la
señora Celia del Socorro Arias Arango solicitó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en calidad de cónyuge. Si bien dicha petición no fue contestada
durante el término legal previsto, configurándose un silencio administrativo negativo,
la entidad pública, posteriormente, mediante Oficio S-2020-026016/ARPRE-
GRUPE1.10 del 28 de mayo de 2020, negó el reconocimiento de la prestación
económica solicitada, bajo el argumento de que no se acreditaba el tiempo mínimo
de servicios exigido por el Decreto 1212 de 1990 a efectos de conceder la pensión
deprecada y no podía darse aplicación al régimen general de pensiones.
6
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
vii) De acuerdo con las disposiciones contenidas en el régimen prestacional especial
aplicable a los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, vigente para la fecha
del retiro del sargento segundo Rincón Castiblanco, resulta claro que este no habría
alcanzado a cumplir el tiempo de servicios de 15 años para que sus beneficiarios
pudiesen acceder a la pensión de sobrevivientes con ocasión de su deceso. Por
ello, en aras al principio de favorabilidad y en desarrollo del principio de igualdad,
debe acudirse a las disposiciones de la Ley 100 de 1993.
viii) De la historia laboral allegada al proceso se advierte que la última cotización a
pensión data del 20 de febrero de 1998; es decir, que para la fecha del fallecimiento
(24 de noviembre de 1999) el sargento segundo retirado de la Policía Nacional se
encontraba inactivo en el sistema de seguridad social en pensiones y no se
evidencian cotizaciones durante 21 meses antes de su fallecimiento.
En virtud de lo anterior, es evidente que el derecho reclamado se torna
improcedente, en tanto que la Ley 100 de 1993 exige para los afiliados inactivos
una densidad de cotizaciones no inferior a 26 semanas en el año inmediatamente
anterior al momento en que se produzca la muerte, y tal requisito no se cumple en
el presente caso.
1.4. El recurso de apelación
La parte demandante solicitó revocar la sentencia y, en su lugar, acceder a las
pretensiones de la demanda. Expuso las siguientes razones de inconformidad:
i) No se comparte que la sala, aun habiendo destacado en su cotejo normativo las
disposiciones del Decreto 758 de 1990, haya dejado de aplicar precedentes
jurisprudenciales del Consejo de Estado que indican que el juez de lo contencioso-
administrativo no está limitado para conocer del fondo del asunto a la luz del régimen
pensional que invoque la parte que reclama el reconocimiento de la prestación, sino
que tiene la obligación de aplicar el derecho y de resolver los conflictos sometidos
a su conocimiento conforme la normatividad pensional que corresponda.
7
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
ii) De igual manera, dejó de lado precedentes jurisprudenciales de la Corte
Constitucional donde se da aplicación al principio de la condición más beneficiosa
en materia pensional, que dan viabilidad a la aplicación del Decreto 758 de 1990,
para el reconocimiento de la pensión de invalidez en el caso del afiliado que se
invalida en vigencia de la Ley 860 de 2003.
iii) En el presente caso, el causante dejó acreditados los requisitos legales
establecidos en dicha norma, para que su cónyuge acceda a la pensión de
sobrevivencia, por cuanto hay prueba de su vinculación con la Policía Nacional el
21 de abril del año 1985 y que, con fundamento en los principios de igualdad y
favorabilidad, con la entrada en vigencia del decreto citado se genera en este y sus
beneficiarios una expectativa pensional que no se puede desconocer.
1.5. Alegatos de conclusión
Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.
1.6. Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no emitió concepto.
2. Consideraciones
Cuestiones previas
i) Del acto demandado. Configuración del silencio administrativo negativo.
Acto ficto o presunto.
La figura del silencio administrativo ha sido concebida con la finalidad de garantizar
a los ciudadanos su derecho fundamental de petición y el acceso a la administración
de justicia. Ocurre cuando, presentada una petición ante la administración pública,
8
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
transcurre el término establecido en la ley y esta no resuelve lo pertinente o lo hace
sin decidir de fondo la petición, caso en el cual se configura un acto ficto, cuyo efecto
jurídico consiste en que se tiene por tomada una decisión por parte de la
administración, ya sea positiva o negativa, según sea el caso.1
En lo que respecta al silencio administrativo negativo el CPACA lo reguló en el artículo
83 de la siguiente manera:
Artículo 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de
la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la
resuelva, se entenderá que esta es negativa.
En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver
la petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al
cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las
autoridades. Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo
que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que
habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya
notificado auto admisorio de la demanda (Resalta la Sala).
De conformidad con la normativa se configura el silencio administrativo negativo
cuando han pasado tres meses desde la presentación de la petición sin que la
entidad emita el acto administrativo contentivo de la respuesta y lo notifique en
debida forma. En virtud de esta figura, con el acto ficto o presunto que de ella se
deriva se entiende que la respuesta de la administración es negativa.
Puede configurarse en relación con la petición inicial y también respecto de la
interposición de los recursos en sede administrativa. En este último evento, recibe
la denominación de silencio administrativo procesal o adjetivo y se materializa una
vez vencidos dos meses desde que se incoó la impugnación respectiva sin que se
hubiese notificado la decisión, tal como lo dispone el artículo 86 del CPACA.
1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Radicación: 25000-23-26-000-
1995-01143-01(14850). Actor: Bernardo Niño Infante. Demandado: Fondo Rotatorio de La Policía Nacional.
Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Bogotá, D. C. 8 de marzo de 2007.
9
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
Ahora, de acuerdo con el inciso 3 del artículo 83 ibidem, ante la ocurrencia del
silencio administrativo negativo el administrado puede (i) esperar hasta que la
entidad emita el pronunciamiento respectivo, (ii) presentar los recursos en contra
del acto ficto o presunto, o (iii) solicitar la nulidad de este a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.2
De igual manera, por mandato de la norma enunciada, la ocurrencia del silencio
administrativo negativo no exonera de responsabilidad a la administración de
responder la petición, salvo que el interesado (i) hubiese presentado los recursos
contra el acto ficto presunto o que (ii) habiendo demandado la nulidad de este no se
hubiese notificado el auto admisorio de la demanda.
Ocurrido el primer supuesto, la administración debe resolver el recurso interpuesto
y de materializarse el segundo pierde la competencia para pronunciarse, caso en el
cual le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo definir la
controversia.
En el presente caso, se pretende la nulidad del acto ficto que se configuró por el
silencio de la administración frente a la petición de reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes, presentada el 30 de julio de 2019 ante el Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, la cual, según los hechos de la demanda, a la fecha de
presentación de esta aún no había sido resuelta. Sin embargo, la entidad
demandada manifestó que sí dio respuesta a tal solicitud, por medio del Oficio S-
2020-026016-SEGEN del 28 de mayo de 2020, cuya copia allegó con la
contestación.
Al respecto, se observa que la mencionada solicitud fue recibida en la entidad el 31
de julio de 2019, mientras que la respuesta data del 20 de mayo de 2020. Por su
parte, la demanda fue radicada en el Tribunal el 18 de diciembre de 2019 y admitida
2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación:
05001-23-33-000-2013-01457-01(0569-14). Actor: Mariela Oliva Castaño de Cadavid. Demandado: Municipio
de Caucasia Antioquia. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Bogotá, D.C. 03 de marzo de 2016.
10
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
el 5 de octubre de 2020, una vez se subsanaron las falencias señaladas en el auto
inadmisorio del 24 de enero de 2020.3
El citado acto expreso, aportado por la accionada, con el cual se dio respuesta a la
petición de reconocimiento pensional, fue expedido antes de la admisión de la
demanda y, por ende, de su notificación. Es decir, cuando la entidad aún tenía
competencia para hacerlo. Sin embargo, no existe constancia de envío ni de
recibido por la interesada o por su apoderado.
En efecto, el artículo 67 del CPACA dispone que las decisiones que pongan término
a una actuación administrativa deben notificarse personalmente al interesado, a su
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el
interesado para notificarse y que en esta diligencia se entregará al interesado copia
del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos
para hacerlo. No obstante, en ninguna parte del expediente se encuentra prueba de
la notificación personal del Oficio S-2020-026016-SEGEN del 28 de mayo de 2020,
mediante alguna de las modalidades a que se refiere la norma.
En este orden, no queda duda de que se configuró el silencio administrativo negativo
y, por ende, el acto demandable es el acto ficto, pues, se repite, si bien la entidad
emitió pronunciamiento cuando aún tenía competencia para hacerlo, lo cierto es que
este no tuvo la virtualidad de producir efectos jurídicos, por cuanto no fue notificado
a la interesada.
ii) Competencia del superior para resolver el recurso de apelación contra la
sentencia.
El Código General del Proceso, en su artículo 320, prevé que el recurso de
apelación tiene como objeto «que el superior examine la cuestión decidida,
3 Documento 4 del archivo «demanda digital».
11
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión». Dicho recurso puede ser interpuesto
por la parte a la que le haya sido desfavorable la decisión y su ejercicio materializa
el principio de doble instancia consagrado en el artículo 31 de la Constitución
Política de 1991.
A quien recurre le asiste la carga procesal de expresar lo motivos de inconformidad
frente a la decisión de primera instancia, «pues dichas objeciones son las que
realmente deben ser analizadas y resueltas en la providencia de segunda
instancia».4 La sustentación que se haga delimita el pronunciamiento del ad quem,
dado que así lo ordena el artículo 328 del Código General del Proceso al señalar
que «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante».
De ahí la necesidad de que sea sustentado, en tanto es la forma de dar a conocer
las razones de disenso sobre los razonamientos hechos por el a quo en la
providencia. Empero, es necesario que la sustentación se efectúe de la forma
adecuada y en ella se plasmen no solo los aspectos que se consideran lesivos al
derecho o interés en discusión, sino, además, los motivos de inconformidad en
concreto respecto a la decisión del a quo, lo que en suma determinará el objeto de
análisis del ad quem y su competencia frente al caso.5
Este requisito permite desarrollar el principio de congruencia que debe cobijar toda
decisión judicial, en la medida en que esta debe existir entre los argumentos
esbozados en el recurso y los fundamentos del fallo que se impugna. Si bien este
principio, por mandato del artículo 281 del CGP, hace alusión a la concordancia que
debe existir entre la sentencia, los hechos y las pretensiones de la demanda como
límite al juez para resolver el litigio, también se extiende al momento en que se
recurre una providencia, de modo que en el recurso «se aleguen las
4 Véase la sentencia del 10 de octubre de 2019, expediente 4719-16, consejero Ponente: William Hernández
Gómez
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de abril de 2011. Radicación 13001-23-
31-000-2004-00202-02(0417-10).
12
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
inconformidades que motivan su interposición, las cuales deben estar dirigidas a
controvertir las razones expuestas en la providencia apelada».6
De esta manera, el marco conformado por la sentencia y el recurso de apelación es
el parámetro que limita la decisión judicial de segunda instancia y, en esa medida,
el superior no tiene la libertad de suponer otros motivos que, a su juicio, debieron
ser invocados en contra de la decisión.7 Si una de las partes está inconforme con la
sentencia, es su responsabilidad atacar la decisión poniendo a disposición, tanto
del juez como de la parte favorecida con la sentencia, las razones que, en su criterio,
dejan sin fundamento la providencia judicial.8
De no presentarse el recurso en esas condiciones, no es posible para el juez su
estudio de fondo, toda vez que carecería de fundamento, en tanto que un escrito de
apelación que no contenga argumentos tendientes a desvirtuar las razones que
fundamentan el fallo de primera instancia impide un reexamen de estos, de carácter
oficioso, por parte de la segunda instancia.9
Pues bien, la Sala encuentra que en el libelo la actora solicitó el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes, en calidad de cónyuge del sargento segundo de la
Policía Nacional, José Fredy Rincón Castiblanco, de conformidad con el régimen
general contenido en la Ley 100 de 1993, por resultar más favorable que el especial,
previsto en el Decreto 1212 de 1990, en tanto que el causante no completó el tiempo
de servicio exigido para acceder a la asignación de retiro.
El Tribunal denegó las pretensiones de la demanda, al encontrar que para la fecha
del fallecimiento, el extinto suboficial se encontraba inactivo en el sistema de
seguridad social en pensiones y no se evidenciaron cotizaciones durante los
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación
número: 25000-23-42-000-2017-00501-01(5753-19). Actor: Luz Astrid Ávila Barbosa. Demandado:
Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES). Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinte (2020).
7 Ibidem
8 Ibidem
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación
05001-23-33-000-2016-00693-01(1623-18). Consejero ponente: William Hernández Gómez.
13
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
veintiún meses anteriores; es decir, que no acreditó 26 semanas de cotización
dentro del año inmediatamente anterior a su deceso, como lo exige el artículo 46 —
numeral 2, literal b)— de la Ley 100 de 1993.
Sin embargo, en el recurso de apelación no se controvierten las razones aducidas
por el a quo para denegar el reconocimiento pretendido, sino que el reproche está
dirigido a que no se hubiera analizado la situación a la luz del Decreto 758 de 1990.
Al respecto, la Sala advierte que en la demanda la actora no invocó como norma
violada el mencionado Decreto y que solo pidió su aplicación en el momento de
sustentar la apelación, al considerar que se reúnen las condiciones previstas en
este para alcanzar el derecho en controversia, es decir, la pensión de
sobrevivientes.
Si bien es cierto que la carga procesal de indicar las normas violadas y expresar el
concepto de violación encuentra justificación constitucional, y delimita el marco en
que el juez administrativo debe realizar la confrontación y verificar la legalidad del
acto administrativo que se acusa de ilegal, también lo es que, cuando se invoca la
protección de un derecho fundamental, en este caso la pensión de sobrevivientes,
definida, por la Corte Constitucional como una de las expresiones del derecho a la
seguridad social,10 tiene plena operancia la excepción al principio de justicia rogada.
En relación con la exigencia de indicar las normas violadas y explicar el concepto
de violación que deben cumplir las demandas contra actos administrativos, la Corte
Constitucional, en sentencia C-197 de 1999, al estudiar la constitucionalidad del
numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, declaró su
exequibilidad, condicionada a que cuando el juez administrativo advierta la violación
de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder
a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con dicho
requisito.
10 Ver, entre otras, las sentencias T-190 de 1993; T-553 de 1994; C-389 de 1996; C-002 de 1999; T-049 de
2002, C-1094 de 2003 y T-326 de 2007.
14
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
Por su parte, esta Sala ha sostenido que el principio de justicia rogada no se puede
entender como absoluto en esta jurisdicción, y menos en asuntos laborales,
especialidad dentro de la cual se conciben derechos mínimos e irrenunciables. Así
mismo, se ha señalado que el contenido de tal principio se acompasa con el objeto
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esto es, la efectividad de los
derechos consagrados en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden
jurídico, así como la prevalencia del derecho sustancial y la garantía del acceso a
la administración de justicia.
Respecto de dicho principio, esta Corporación, en la Sentencia de unificación por
Importancia jurídica, CE-SUJ-SII-010-2018, puntualizó:11
[…]
48. En esas condiciones, es claro que el derecho pensional, como prestación
concebida dentro del sistema de seguridad social integral, no debe considerarse
ajeno a dicho principio, máxime si se tiene en cuenta su naturaleza de fundamental,
irrenunciable y de aplicación inmediata, lo que en principio faculta al juez para
verificar el alcance de las pretensiones,12 interpretar los hechos de la demanda13 e
incluso para aplicar el régimen pensional que corresponda a los presupuestos
fácticos, así el citado régimen no haya sido expresamente invocado en la demanda
o haya sido invocado de manera errónea.
[…]
En consonancia con lo anterior, la Sección Segunda fijó la siguiente regla, que
constituye precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley
1437 de 2011:
1. En materia pensional, por tratarse de un derecho fundamental, irrenunciable y de
aplicación inmediata, el juez contencioso administrativo no está limitado para
conocer del fondo del asunto a la luz del régimen pensional que invoque la parte que
reclama el reconocimiento de la prestación, sino que tiene la obligación de aplicar el
derecho y de resolver los conflictos sometidos a su conocimiento conforme la
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de
2018, radicación: 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, 6 de abril de 2011. Rad.: 11001-03- 25-000- 2009-00038-00(0901-09).
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de octubre de 2016, radicación: 52001-
23-31-000-1998-00092-01(38335), actor: Agrocultivos del Pacífico y otro
15
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
normativa pensional que corresponda, de conformidad con el artículo 103 de la Ley
1437 de 2011.14
En este orden, la Sala analizará el fondo del asunto frente al Decreto 758 de 1990,
pues no es objeto de controversia en esta está instancia que el derecho pretendido
no se consolidó de conformidad con el régimen general contenido en la Ley 100 de
1993, cuya aplicación se invocó en la demanda.
2.1. El problema jurídico
Hechas las anteriores precisiones, le corresponde a la Sala establecer si la
demandante, con fundamento en el principio de favorabilidad, tiene derecho a que
le sea reconocida una pensión de sobrevivientes conforme a lo preceptuado en el
Decreto 758 de 1990, por el cual se aprobó el Acuerdo 049 de 1990, expedido el
Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. El derecho a la sustitución pensional
El derecho a la sustitución pensional ha sido definido como una de las expresiones
del derecho a la seguridad social siendo una prestación que se genera a favor de
las personas que dependían económicamente de otra que fallece, y corresponde a
una garantía propia del sistema de seguridad social fundada en los principios
constitucionales de solidaridad, reciprocidad, y universalidad del servicio público.
Así, con el objeto de atender la contingencia derivada de la muerte, el legislador
estableció la denominada pensión de sobrevivientes y sustitución pensional, como
una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que
brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca
en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las
personas beneficiarias de dicha prestación. Es decir, que su reconocimiento se
14 «dame el hecho y te daré el derecho».
16
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
fundamenta en normas de carácter público y constituye un desarrollo del principio
de solidaridad.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2003, precisó:
[…]
La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos
por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes
mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la
familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que
dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus
necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica
con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley
prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más
cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su vida, reciban una
pensión para satisfacer sus necesidades. […].
En este punto es importante advertir que si bien ambas figuras tienen la misma
finalidad, la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al núcleo
familiar de un pensionado que fallece, mientras que la pensión de sobrevivientes se
le concede al núcleo familiar del afiliado no pensionado, que muere sin cumplir con
los requisitos mínimos para obtener la pensión.15
2.2.2. Del Acuerdo 049 de 1990. Régimen pensional de aplicación excepcional
El Acuerdo 049 de 1990, expedido el Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios y aprobado por el Gobierno mediante Decreto 758 de 1990, mediante
el cual se estableció el régimen del seguro social obligatorio de vejez, muerte e
invalidez, aplicable a los particulares, por regla general, prevé, en el artículo 1, que
son sujetos obligatorios del seguro social de origen no profesional los siguientes:
1. En forma forzosa u obligatoria:
a) Los trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a patronos
particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje;
15 Véase la sentencia de la Corte Constitucional T-564 de 2015.
17
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
b) Los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales y,
c) Los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas con las
pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o asumidas totalmente
por él.
2. En forma facultativa:
a) Los trabajadores independientes;
b) Los sacerdotes diocesanos y miembros de las Comunidades Religiosas y,
c) Los servidores de entidades oficiales del orden estatal que al 17 de julio de 1977
se encontraban registradas como patronos ante el ISS.
3. Otros sectores de población respecto de quienes se amplíe la cobertura del
régimen de los seguros sociales obligatorios.
Por su parte, el artículo 2, indica quienes están excluidos de dicha obligación, así:
Artículo 2. Personas excluidas del seguro de invalidez, vejez y muerte. Quedan
excluidos del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte:
[...]
h) Las demás personas, grupos o sectores de población que, de conformidad con
reglamentos especiales, hubieren sido excluidos de este seguro.
En los anteriores términos, para lo que interesa al caso concreto, los únicos
servidores públicos que obligatoriamente estaban sometidos al régimen del
seguro social obligatorio, eran aquéllos denominados funcionarios de la seguridad
social, categoría que corresponde a los servidores vinculados al ISS mediante
relación legal y reglamentaria.
Sin embargo, algunas entidades públicas facultadas, optaron por afiliar a sus
empleados al ISS, a quienes por consiguiente, también les resultaba aplicable el
régimen establecido en el Acuerdo 049 de 1990.
Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se derogó el régimen pensional
del Acuerdo 049 de 1990, al igual que los demás regímenes pensionales aplicables
al sector público, sin perjuicio de los derechos adquiridos de quienes causaron el
18
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
derecho pensional antes de la vigencia de esta y del régimen de transición
previsto en el artículo 36 ibidem, que prolongó su aplicación para quienes al 1.º
de abril de 1994 hubieren cumplido 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o
más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados. En igual
sentido, los beneficiarios del régimen de transición -y los beneficiarios de estos-
afiliados del ISS, conservaron el derecho a obtener las pensiones con arreglo a las
previsiones de dicho acuerdo, en aplicación del principio de la condición más
beneficiosa.
En este orden, la Corte Constitucional ha admitido la posibilidad de que quienes
estuvieron afiliados al seguro social y, por consiguiente, son beneficiarios del
régimen establecido en el Acuerdo 049 de 1990, por virtud de la transición,
acumulen los aportes realizados a las cajas de previsión social, para completar los
requisitos exigidos por el Acuerdo en orden a acceder a la pensión de vejez, en
consideración a que no existe ninguna disposición que exija exclusividad de
cotizaciones al ISS.16 Tal postura ha sido prohijada por el Consejo de Estado y así
la ha aplicado en numerosas oportunidades.
En todo caso, la aplicación del Acuerdo 049 se limita a aquellos servidores públicos,
o sus beneficiarios, que durante su vinculación estuvieron afiliados al ISS y que a la
fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 habían causado los derechos
pensionales allí consagrados.
Ahora, en relación con la pensión de sobrevivientes, el Acuerdo 049 de 1990
estableció:
Artículo 25. Pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo común. Cuando la
muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de
sobrevivientes en los siguientes casos:
a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y
densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de
invalidez por riesgo común y,
16 T-201 de 2012 MP. Nilson Pinilla.
19
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho
a la pensión de invalidez o de vejez según el presente Reglamento.
Artículo 26. Causación y percepción de la pensión de sobrevivientes. El derecho a
la pensión de sobrevivientes se causa cuando se reúnen los requisitos establecidos
en el presente Reglamento y se reconoce y paga a partir de la fecha del fallecimiento
del asegurado o del pensionado.
Y en cuanto a los requisitos para la pensión de invalidez, en el artículo 6 dispuso:
Artículo 6. Requisitos de la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de
invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido y,
b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta
(150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de
invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al
estado de invalidez.
De acuerdo con los anteriores preceptos, conforme al Decreto 758 de 1990, se tiene
derecho a la pensión de sobrevivientes cuando el trabajador que fallezca reúna el
número y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la
pensión de invalidez por riesgo común, es decir, «haber cotizado para el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los últimos seis
(6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas,
en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez».
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente,17 se puede establecer
lo siguiente:
i) El 7 de agosto de 1966 nació el señor José Fredy Rincón Castiblanco 18 y el 7 de
mayo de 1969 nació la señora Celia del Socorro Arias.19
17 Expediente digital (demanda)
18 Folio 34
19 Folio 15
20
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
ii) El 20 de febrero de 1993, los señores José Fredy Rincón Castiblanco y Celia del
Socorro Arias contrajeron matrimonio, por el rito católico.20 En dicha unión nació, el
10 de abril de 1994, Diana Carolina Rincón Arias.21
iii) De acuerdo con la Hoja de Servicios 11384211 el suboficial de la Policía José
Fredy Rincón Castiblanco inició la prestación de sus servicios, como agente alumno,
el 21 de abril de 1985; el 1 de noviembre de 1985 fue nombrado en el cargo de
agente profesional; y desde el 12 de julio de 1989, ostentó el grado de suboficial
(Sargento Segundo), hasta el 20 de febrero de 1998, cuando fue retirado del servicio
por voluntad de la Dirección General, por medio de la Resolución 00589,22 para un
total de tiempo de servicio de 13 años y 5 días.23
iv) El 24 de noviembre de 1999, de acuerdo con el Registro de Defunción, el señor
José Fredy Rincón Castiblanco falleció en la ciudad de Miami, Estado de La Florida,
(Estados Unidos).24
v) El 9 y el 11 de abril de 2019, se recibieron las declaraciones extraprocesales
rendidas por los señores Luis Carlos Sierra Betancur, ante el notario veinticuatro de
Medellín, y José Domingo Velásquez Zamora, ante la notaria única de Copacabana,
quienes manifestaron que los señores José Fredy Rincón Castiblanco y Celia del
Socorro Arias Arango eran casados por el rito católico, que procrearon una hija
llamada Diana Carolina, y que este se encargaba económicamente del hogar hasta
su fallecimiento en noviembre de 1999.25
vi) El 30 de mayo de 2019, la señora Celia del Socorro Arias declaró, ante la notaria
única del círculo de Copacabana, que convivió bajo el mismo techo en unión del
vínculo del matrimonio, de manera permanente, en forma ininterrumpida, como
marido y mujer, compartiendo lecho, techo y mesa, con el señor José Fredy Rincón
20 Folio 24
21 Folio 27
22 Folio 1 expediente Electrónico Archivo «13AnexosOficio2020-054788-SEGENRespuestaArchivo.pdf»
23 Folio 3 expediente electrónico, ibidem.
24 Folio 22
25 Folios 32 y 30, respectivamente.
21
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
Castiblanco; que estuvieron casados 6 años y 9 meses, hasta el día de su
fallecimiento, el día 24 de noviembre de 1999; que tuvieron una hija llamada Diana
Carolina; y que ambas dependían del causante.26
vii) El 31 de julio de 2019, la señora Celia del Socorro Arias Arango, a través de
apoderado, radicó ante la entidad demandada solicitud de reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, el
señor José Fredy Rincón Castiblanco.27
viii) El 28 de mayo de 2020, por medio del Oficio S-2020-026016/ARPRE-
GRUPE1.10, el asesor jurídico Grupo de Pensiones de la Secretaría General del
Ministerio de Defensa - Policía Nacional, dio respuesta a la petición referida
anteriormente, en el sentido de manifestar la improcedencia del reconocimiento
pensional, debido a que el causante no cumplía con los requisitos previstos en el
Decreto 1212 de 1990, régimen especial vigente en el momento de su fallecimiento,
además de que para esta fecha ya no hacía parte de la Institución; es decir, no
existía ningún vínculo laboral.28
2.4. Caso concreto
Con las pruebas reseñadas, se acreditó que el señor José Fredy Rincón Castiblanco
se desempeñó como sargento segundo de la Policía Nacional, desde el 21 de abril
de 1985 hasta el 20 de febrero de 1998, cuando fue retirado, por voluntad de la
Dirección General, y que falleció el 24 de noviembre de 1999, fecha para la cual se
encontraba desvinculado de la Institución. No hay prueba de que entre la fecha del
retiro y la del deceso hubiera efectuado cotizaciones al sistema de seguridad social.
Por ende, la entidad le negó el derecho reclamado con fundamento en el régimen
general, por cuanto no se cumplieron las exigencias de la Ley 100 de 1993.
26 Folio 29
27 Folios 139 a 143 expediente electrónico archivo «15CopiaExpedientePrestacional.pdf».
28 Folios 157 al 159, ibidem.
22
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
En el mismo sentido, el a quo denegó las pretensiones y tal determinación no fue
objeto de reproche en la apelación. Sin embargo, la parte actora pidió la aplicación
del Acuerdo 049 de 1990, traído a colación por el a quo, por considerar que le
resultaba favorable.
Respecto del principio de favorabilidad, consagrado en el artículo 53 de la C.P., se
tiene que hay lugar a su aplicación cuando existan dos normas vigentes aplicables
al mismo caso concreto o varias interpretaciones respecto a una misma norma. En
este caso, el operador judicial deberá preferir la más favorable al trabajador, en aras
de resolver la controversia planteada. En ese sentido, esta Corporación precisó que
su aplicación supone un conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre
dos normas de idéntica fuente, vigentes en el momento en que se realice el análisis
del caso particular, o cuando existe una sola norma que admite varias
interpretaciones. Con ese fin, se ha acudido a este cuando el régimen especial
vigente establece beneficios inferiores a los dispuestos en el régimen general, sin
que exista causa válida para este tratamiento diferencial.
Sin embargo, en el presente caso, la pretendida aplicación del Decreto 758 de 1990
[Acuerdo 049 de 1990 aprobado por este último] no resulta procedente, en tanto
que se trata de un régimen desarrollado exclusivamente para los afiliados al ISS
que hubiesen realizado cotizaciones a aquella entidad, tal como lo indican los
artículos 1 y 2, a cuyo tenor son destinatarios de los beneficios allí dispuestos solo
los trabajadores del sector privado que efectúen cotizaciones al ISS o,
excepcionalmente, como lo ha entendido la jurisprudencia en aplicación al principio
de favorabilidad, los empleados públicos que estuvieren afiliados al riesgo de
pensión a esta entidad y, por ende, efectúen cotizaciones al ISS, o a este y otras
entidades de previsión social, situación fáctica en la que no se hallaba el causante,
pues, como quedó demostrado, este laboró al servicio de la Policía Nacional desde
el 21 de abril de 1985 hasta el 20 de febrero de 1998.
Con posterioridad a esta última fecha, no hay prueba de que hubiera estado afiliado
al ISS, circunstancia que hace improcedente el reconocimiento pretendido, porque
23
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
no puede obligarse a la Policía Nacional a reconocer una prestación que de
conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, solo es aplicable a los afiliados al
mencionado Instituto, esto es, particulares y servidores vinculados a las entidades
públicas que excepcionalmente se afiliaron a esta entidad, que hubieren causado
sus derechos antes del 1.º de abril de 1994, o posteriormente por vía de la aplicación
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, acogiéndose allí al principio de
condición más beneficiosa.
Si bien el Consejo de Estado ha aceptado que para el reconocimiento pensional
previsto en el Acuerdo 049 de 1990 se puedan acumular tiempos cotizados en otras
entidades de previsión, que permitan reunir los requisitos del acuerdo, lo cierto es
que en dichos eventos se parte de la base de que es el ISS, hoy Colpensiones, la
entidad encargada de reconocer y pagar la prestación, en tanto que el empleado
tuvo o tiene la condición de afiliado al mismo. Por el contrario, no cabe la posibilidad
de que una entidad distinta de este reconozca prestaciones estatuidas en el
Acuerdo 049 de 1990, pues, se repite, esta disposición es propia de los reglamentos
del ISS.
En conclusión, la demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes regulada en el Acuerdo 049 de 1999, pues, se reitera, este solo es
aplicable a los afiliados al Instituto, esto es, particulares y servidores vinculados a
las entidades públicas que excepcionalmente se afiliaron a dicha entidad.
3. Conclusión
Conforme a lo expuesto, la Sala concluye que la señora Celia del Socorro Arias
Arango no tiene derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes conforme al
Decreto 758 de 1990, pues este se limita a aquellos servidores públicos o sus
beneficiarios que durante su vinculación estuvieron afiliados al ISS.
En consecuencia, se confirmará el fallo de primera instancia, a través del cual el
Tribunal Administrativo de Antioquia denegó las pretensiones de la demanda.
24
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
4. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,29
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
25
Radicado: 05001 23 33 000 2020 00068 01 (0654-2022)
Demandante: Celia del Socorro Arias Arango
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 17 de agosto de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de
la demanda.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en la plataforma SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVAN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
26
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.