Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-00155-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2020-00155-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-00155-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2020-00155-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2020-00155-01 (2320-2025)
Demandante: Jairo Alonso Pérez
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Pensión de jubilación docente- cómputo de tiempo laborado
antes de la Ley 812 de 2003 – Compatibilidad pensional
Decisión: Confirma la decisión que accede parcialmente a las pretensiones
de la demanda. Condena en costas.
Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada en contra de la sentencia de 21 de julio de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad 1, que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por el señor Jairo Alonso
Pérez en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2.
2.1.1. Pretensiones.
2. El señor Jairo Alonso Pérez, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad de la Resolución 010737
de 27 de agosto de 2015, expedida por la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Secretaría de
1 Con ponencia de la magistrada Beatriz Elena Jaramillo Muñoz.
2Expediente digitalizado correspondiente a la segunda instancia. Índice 2. Carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_05001233300020200015_0_20250822121818483.rar», Archivo
«002Demanda.pdf».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00155-01 (2320-2025)
De mandan te : Jairo Al ons o Pé re z
Educación de Medellín, por la que se le reconoció la pensión de jubilación de
conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con un IBL determinando
por el promedio del salario devengado entre el 17 de noviembre de 2002 y el 1.°
de enero de 2014, una tasa de reemplazo del 68% en suma de $616.000 y con
efectividad a partir del retiro del servicio.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocerle y pagarle una pensión de jubilación, de conformidad
con lo establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989, desde el momento
de adquisición de su estatus pensional (55 años y 20 de servicio), tomando como
base de liquidación el 75% del promedio de lo devengado en el último año de
servicio, con inclusión de todos los factores salariales devengados. Además, que
se le paguen las diferencias adeudadas, los intereses de mora y los ajustes de
valor sobre las mismas de acuerdo con el IPC; que se dé cumplimiento a la
sentencia en los términos de los artículos 188, 189 y 192 del CPACA y que se
reconozca la compatibilidad entre pensión y sueldo por su vinculación antes de
la expedición de la Ley 812 de 2003.
4. Finalmente solicitó que se condene en costas a la parte demandada.
2.1.2. Hechos.
5. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:
6. El señor Jairo Alonso Pérez nació el 6 de febrero de 1957 y laboró como
docente oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en adelante FOMAG, desde antes de la expedición de la Ley 812 de
2003 dado que prestó sus servicios en el distrito de Medellín entre los años 1995
-2000 y en el municipio de Bello, desde 2002 hasta 2004.
7. En atención a lo anterior y a que ingresó al servicio público de educación antes
del 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en los términos de
las Leyes 33 y 62 de 1985 y con efectividad desde, cuando adquirió el estatus,
por compatibilidad entre salario y pensión.
8. Mediante la Resolución 010737 de 27 de agosto de 2015, la entidad
demandada le reconoció la pensión, pero a la luz de lo señalado en la Ley 100
de 1993 y condicionado el goce pensional al retiro del servicio.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
9. Como normas vulneradas citó los artículos 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 6.°, 13, 25, 29, 53
y 58 de la Constitución Política de Colombia, 279 de la Ley 100 de 1993; el Acto
835
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00155-01 (2320-2025)
De mandan te : Jairo Al ons o Pé re z
Legislativo 01 de 2005; las Leyes 33 y 62 de 1985, 91 de 1989, 812 de 2003 y
los Decretos 2285 de 1955, 224 de 1972, 1042 y 1045 de 1978 y 2277 de 1979.
10. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que el acto acusado
incurrió en violación directa de la ley toda vez que desconoció que, a los docentes
vinculados con anterioridad al año 2003, se les deben aplicar las normas
anteriores a la expedición de la Ley 812 de ese año, es decir la Ley 33 de 1985
como servidores públicos.
11. En este caso el accionante se vinculó como docente oficial con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, de manera que el régimen pensional
que le es aplicable está consignado en el artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 y el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989; conforme a lo anterior, no le es aplicable la Ley
100 de 1993, ni su régimen de transición.
12. Por tanto, su pensión debe reconocerse y liquidarse atendiendo al
cumplimiento de 55 años de edad, 20 de servicios y los factores salariales que
deben incluirse en la liquidación son todos aquellos percibidos durante el año
anterior a la adquisición del estatus pensional, contenidos en la Ley 62 de 1985.
2.2. Contestación de la demanda3.
13. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – Fiduprevisora SA, se opuso a las pretensiones de la
demanda con base en que dicha entidad es la que asume las prestaciones
sociales docentes causadas en vigencia de la Ley 91 de 1989 y, por tanto lleva a
cabo el pago de dichas prestaciones sociales, reconocidas por la Nación
Ministerio de Educación mediante delegación a las entidades territoriales; por
esto la entidad legitimada en este caso correspondería a la Secretaría de
Educación de la entidad territorial correspondiente, quien deber de reconocer el
derecho mediante la expedición del acto administrativo con lo cual hay falta de
legitimación en la causa por pasiva.
14. Posteriormente indicó que la Ley 812 de 2003 estableció el régimen pensional
a los docentes según la fecha de vinculación, antes de su vigencia o durante su
vigor y por ende, los primeros conservan la regulación que traían y a los segundos
se les aplica la Ley 100 de 1993 y, en este caso no se probó la afiliación del
demandante al FOMAG antes de la Ley 812 de 2003.
15. Según lo explicó, tanto la Ley 33 de 1985, el Acto Legislativo 1 de 2005, como
la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018,
señalan que las pensiones se liquidan con los factores salariales sobre los cuales
se calcularon y pagaron los aportes para pensión, por lo que no es dable incluir
otros factores en las liquidaciones pensionales.
3 Ibidem. Archivo «011ContestacionDeLaDemanda.pdf».
835
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00155-01 (2320-2025)
De mandan te : Jairo Al ons o Pé re z
16. Formuló las excepciones de «inexistencia de la obligación», «pago de lo no
debido» y «excepción genérica».
2.3. La sentencia apelada4.
17. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, mediante
sentencia de 21 de julio de 2025 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, declaró la «nulidad parcial» del acto demandado, a título de
restablecimiento del derecho le ordenó a la demandada reconocer a favor de la
accionante la pensión de jubilación en los términos de las Leyes 33 y 62 de 1985
en un monto del 75% del promedio de la asignación básica y las horas extras
percibidas en el año de adquisición del estatus, es decir, el entre el 27 de agosto
de 2014 hasta el 27 de agosto de 2015, efectiva a partir del 27 de agosto de 2015;
y se abstuvo de imponer condena en costas a cargo de la entidad.
18. Para ello, se refirió a las Leyes 33 y 62 de 1985, 91 de 1989, 115 de 1994,
100 de 1993 y 812 de 2003, así como a la sentencia de unificación del Consejo
de Estado de 25 de abril de 2019, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho bajo radicado No. 68001-23-33-000-2015-00569-01
y las subreglas allí establecidas, de las que extrajo, que lo determinante es
determinar la fecha de vinculación de los docentes oficiales, es decir, a quienes
hayan estado vinculados con anterioridad al servicio oficial docente, es decir,
antes de la entrada en vigencia de la norma (26 de junio de 2003) se les aplican
las normas anteriores, y a quienes lo hagan después, serán las disposiciones de
la Ley 100 de 1993. Además, que deben tenerse en cuenta los factores sobre los
cuales se hayan efectuado cotizaciones en pensión,
19. Se refirió a la compatibilidad entre la pensión de jubilación de los docentes y
el salario y dijo que el ordenamiento legal la permite desde el Decreto 224 de
1972 con la confirmación de la Ley 4ª de 1992 en su artículo 19, literal g).
20. Luego de analizar las pruebas allegadas concluyó que en efecto el
demandante se vinculó con anterioridad a la docencia oficial es anterior a la Ley
812 de 2003, por lo que, al cumplir con la edad de 55 años, 20 años de servicios
(más de 30 años), es titular del derecho a la pensión ordinaria docente conforme
a la Ley 33 de 1985, con lo que debían tenerse en cuenta los factores salariales
del artículo 1.º de la Ley 62 de 1985. Señaló que no atendería a los periodos en
los cuales el demandante se desempeño a través de contratos de prestación de
servicios pues las certificaciones aportadas no contaban con todos los elementos
para poder establecer los periodos de realización y demás aspectos de la labor
desarrollada. Empero del mismo acto de reconocimiento pensional podía
extraerse que se había vinculado a la docencia desde mucho antes de entrada
en vigencia de la ley 812 de 2003, así:
4 Archivo «053_SENTENCIA.pdf», Idem.
835
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00155-01 (2320-2025)
De mandan te : Jairo Al ons o Pé re z
Desde Hasta Años Meses Días
23/01/1980 15/03/1993 13 1 22
01/03/1997 30/12/2009 12 9 29
21/04/2010 24/10/2014 4 6 3
Total: 29 16 54
21. Además, la resolución de reconocimiento pensional no tuvo en cuenta los
factores devengados por el actor, tales como las horas extras laboradas en los
meses de marzo, abril y junio de 2015.
22. Advirtió que como no había prueba del retiro del servicio del demandante por
lo que para efectos de la orden de reliquidación se tendría en cuenta el periodo
comprendido entre el 27 de agosto de 2014 y el 27 de agosto de 2015 y, que
señaló como compatible la pensión reconocida con el salario mensual devengado
por el actor.
23. En cuanto a la prescripción estableció que el acto de reconocimiento
pensional fue notificado el 17 de septiembre de 2015 pero el demandante sólo
presentó la demanda el 19 de diciembre de 2019, por lo cual ocurrió la
prescripción por las mesadas causadas antes del 19 de diciembre de 2016.
24. Por lo anterior, declaró la «nulidad parcial» del acto administrativo
demandado y ordenó el reconocimiento de la pensión en los siguientes términos:
«TERCERO: Ordenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a título de restablecimiento del
derecho, reliquidar y pagar la pensión de vejez del señor Jairo Alonso Pérez
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 8.399.700, de conformidad con el artículo
1 de la Ley 33 de 1985, artículo 1 de la Ley 62 de 1985, y la Sentencia de Unificación
del Consejo de Estado, esto es, en un monto equivalente al 75% del IBL calculado
con el promedio de la asignación básica y las horas extras percibidas en el año de
adquisición del estatus, es decir, el entre el 27 de agosto de 2014 hasta el 27 de
agosto de 2015, y que están previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, sin que
para ello deba renunciar al cargo de docente, tal como se indicó en los considerandos
de esta sentencia.
La reliquidación de la pensión de vejez será a partir de 27 de agosto de 2015, con
efectos fiscales desde el 19 de diciembre de 2016, por haber operado el fenómeno
de la prescripción trienal.
CUARTO: La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio hará la actualización sobre las sumas
adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del C.P.A.C.A.,
teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la
aplicación de la fórmula matemática indicada en las consideraciones de esta
sentencia.
También se dará cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del
código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.
QUINTO: La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio debe hacer los descuentos por los aportes al
sistema de salud, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Negar las demás pretensiones de la demanda […]».
835
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00155-01 (2320-2025)
De mandan te : Jairo Al ons o Pé re z
2.4. Recurso de apelación
25. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FIDUPREVISORA S.A5. presentó
recurso de apelación, en el que, solicitó revocar de la sentencia de primera
instancia y con ello, denegar las pretensiones del actor.
26. Indicó que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y la interpretación
jurisprudencial del Consejo de Estado señalan que la fecha de vinculación del
docente determina su régimen pensional; por lo que debe tenerse en cuenta que
el accionante se vinculó como docente en propiedad el 10 de marzo de 2006 por
lo cual su caso es regulado por la Ley 100 de 1993 y no le es aplicable la Ley «71
de 1988» dado que no le aplicó el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
27. Sostuvo que el señor Jairo Alonso Pérez fue vinculado en propiedad mediante
acto administrativo «3507» de 12 de abril de 2010 y, fue afiliado al FOMAG el 20
de mayo de 2010, encontrándose activo y en consecuencia se sujeta al régimen
de prima media de la Ley 100 de 1993 por lo que debe acreditar 57 años
cumplidos, 1350 semanas cotizadas, para acceder a un monto de entre el 65% y
85%.
28. Luego se refirió a los contratos de prestación de servicios para acumular
tiempos para pensión y al fenómeno de la solución de continuidad a la luz del
artículo 10.º del Decreto 1045 de 1978.
29. Finalmente sostuvo que los factores salariales para tener en cuenta al liquidar
la pensión que son los considerados por la sentencia de unificación SUJ-014 del
25 de abril de 2019, es decir, aquellos sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo. Además, que no puede accederse a la compatibilidad
solicitada pues hay prohibición de percibir más de una asignación proveniente
del erario conforme al artículo 128 superior y al artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.
Por último, precisó que no procede condenar en costas al demandado porque no
está acreditada en el proceso actuación alguna del accionado afectada por la
temeridad.
2.5. Alegatos de segunda instancia
30. En esta oportunidad las partes guardaron silencio.
5 Ibidem. Archivo «006RecursoApelacion.pdf».
835
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00155-01 (2320-2025)
De mandan te : Jairo Al ons o Pé re z
2.6. Concepto del Ministerio Público 6.
31. El señor procurador segundo delegado ante esta Corporación indicó que la
sentencia de primera instancia debe ser confirmada porque el demandante sí
acreditó, tanto con el propio acto administrativo demandado como con las
certificaciones aportadas al proceso que su vinculación al servicio docente oficial
data del 23 de enero de 1980 y aún antes mediante horas extras certificadas
igualmente
32. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
33. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1507 de la Ley 1437 de 2011.
34. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
3.2. Problema jurídico
35. Deberá la Sala verificar cuál es el régimen aplicable al demandante y una vez
establecido lo anterior, si es del caso, verificará la Sala ¿si el señor Jairo Alonso
Pérez tiene derecho a la compatibilidad entre la pensión de jubilación reconocida
y el salario como docente oficial durante el tiempo en que haya estado activo en
servicio?
36. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala se referirá al régimen pensional
aplicable a los docentes oficiales y con ello a la sentencia de unificación del 25
de abril de 2019, la compatibilidad de la pensión de jubilación y el sueldo en el
caso de los docentes y se verificará el acervo probatorio.
6 Índice 11 de la segunda instancia. Expediente digital Aplicativo SAMAI.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
835
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00155-01 (2320-2025)
De mandan te : Jairo Al ons o Pé re z
3.3. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de
Unificación del 25 de abril de 2019.
37. Mediante sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 la Sección Segunda
del Consejo de Estado8 unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989, oportunidad
en la cual determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:
«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus
liquidaciones pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.
b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
Para la liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base
de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones.»
38. A través de la sentencia citada, se precisó que, según el parágrafo transitorio
del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, que
dependerá de la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite
cada docente, para tal efecto distinguió lo siguiente:
a) El derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a
partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33
de 1985, se rige por las siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios
y 75% de los factores previstos en la Ley 62 de 1985.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto
1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
8Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.
Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
835
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00155-01 (2320-2025)
De mandan te : Jairo Al ons o Pé re z
39. Como se advierte, por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas
fijadas en ésta tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos
los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial
a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
De tal manera, bajo dicha posición jurisprudencial se analizará el asunto de la
referencia.
3.4. Compatibilidad de la pensión de jubilación y el sueldo en el caso de los
docentes.
40. El artículo 64 de la Constitución Política de 1986 estableció la prohibición de
percibir más de una asignación proveniente del tesoro público o de empresas o
instituciones en que tuviera parte el Estado con excepción de los casos
dispuestos por el legislador.
41. Luego, el Decreto 1317 del 18 de julio de 1960 ratificó esa prohibición, pero
consagró algunas excepciones, entre ellas, las asignaciones provenientes de
establecimientos educativos oficiales siempre que no se tratara de docentes que
cumplieran su labor de tiempo completo.
42. Asimismo, el artículo 32 del Decreto 1042 del 7 de junio de 1978 reiteró esta
prohibición así:
«ARTÍCULO 32. De la prohibición de recibir más de una asignación. De
conformidad con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado
público podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro, o de
empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, ya sea en razón
de contrato, de comisión o de honorarios.
Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones
que a continuación se determinan:
a. Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los
establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de
tiempo completo.
[…]».
43. Posteriormente con la expedición de la Ley 91 de 1989, el legislador permitió
la compatibilidad de la pensión ordinaria de jubilación y la pensión gracia teniendo
en cuenta el carácter especial de esta última comprendida como una recompensa
por la labor docente.
44. La Constitución de 1991 en su artículo 128 mantuvo la prohibición de percibir
más de una asignación proveniente del tesoro público y prescribió la
imposibilidad de desempeñar dos empleos públicos simultáneamente, en los
siguientes términos:
835
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00155-01 (2320-2025)
De mandan te : Jairo Al ons o Pé re z
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado,
salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades
territoriales y el de las descentralizadas».
45. Se entiende que esta prohibición incluye no solo más de una asignación
proveniente de varios empleos públicos sino la de otras remuneraciones como
ocurre con las pensiones.
46. Esta norma fue desarrollada por el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, que
consagró:
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir
más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las
siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón
de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a
más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.» Destacado fuera
del texto.
47. La excepción resaltada es aplicable tanto a los docentes pensionados
como a los que posteriormente adquieran la calidad de pensionados en los
términos señalados por esta Corporación en sentencia del 14 de agosto de
2009 donde estudió un caso similar al que aquí se discute9:
«Lo expuesto permite concluir que la excepción consagrada en el artículo 19
de la Ley 4 de 199210 no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la
pensión ordinaria y/o gracia con posterioridad, dado que es precisamente su
9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “B”. Radicado Núm. 050012331000200403824 01.
10 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993.
835
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00155-01 (2320-2025)
De mandan te : Jairo Al ons o Pé re z
condición de pensionados la que les permite acceder a los beneficios
consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del
Decreto 224 según el cual “el ejercicio de la docencia no sería incompatible
con el goce de la pensión de jubilación”.
La excepción no está condicionada en el tiempo, como lo afirma la entidad
demandada al manifestar que ésta sólo es aplicable a los pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia, sino que debe entenderse con respecto a
los beneficios que, para la fecha de su entrada en vigencia, 18 de mayo de 1992,
cobijan a los docentes que adquieran la calidad de pensionados.»
Destacado fuera del texto.
48. A propósito, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación indicó11:
«Teniendo en cuenta este antecedente, así como la legislación expedida con
posterioridad a la ley 4ª de 1992, la Sala considera que si bien es cierto ella estableció
como criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores aludidos, el
respeto a los derechos adquiridos por los servidores del Estado tanto de régimen
general "como de los regímenes especiales" 8, como era natural -, también lo es que
el literal g) no estableció una excepción a la prohibición, atendiendo un criterio
subjetivo, derivado de la locución "beneficien a los servidores oficiales docentes
pensionados", sino uno de carácter objetivo supeditado a la expresión "exceptuanse
las siguientes asignaciones", que remite a las disposiciones de la legislación anterior
que consagraban las excepciones ya mencionadas, esto es, la compatibilidad de
devengar pensión y sueldo, o dos pensiones -ordinaria y gracia.
Así, las locuciones citadas entre comillas se remiten a las normas que beneficiaban a
los docentes pensionados, es decir, aquéllas que permiten al docente que disfruta de
una pensión recibir otra asignación del tesoro público, y no a los docentes que se
hallaban pensionados al momento de la vigencia de la ley 4ª de 1992, pues la
excepción apunta es a las "asignaciones" y no a los sujetos "docentes pensionados"
De esta manera, un docente se beneficia de la excepción dicha, cuando al cumplir las
exigencias legales accede a la pensión y simultáneamente tiene la posibilidad jurídica
de devengar sueldo u otra pensión, en los términos ya señalados, […]».
49. En ese sentido el artículo 5.° del Decreto 224 de 1972 señaló:
«El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario de esté mental y físicamente apto
para la tarea docente, pero no se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir
sesenta y cinco (65) años de edad.» Destacado fuera del texto.
50. Es decir, para los docentes la pensión de jubilación es compatible con el
ejercicio de la docencia de tal manera que pueden recibir la prestación social y
el salario, en consecuencia, la pensión no debe estar sujeta al retiro del servicio.
51. Lo anterior no obsta para señalar que, en su momento, con la entrada en
vigencia del Decreto 1278 de 2002, el Gobierno Nacional consideró necesario
11 Concepto No. 1.305 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce, reiterado en
concepto No. 1459 de 29 de agosto de 2002.
835
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00155-01 (2320-2025)
De mandan te : Jairo Al ons o Pé re z
contemplar un régimen de incompatibilidades para los educadores oficiales, el
cual se desarrolló a través del artículo 45 de la siguiente forma:
«Artículo 45. Incompatibilidades. Además de las establecidas en la Constitución
y en las leyes para todos los servidores públicos, el ejercicio de cargos en el
sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
52. No obstante, la Corte Constitucional a través de sentencia C-1157 de 2003
declaró inexequible dicha norma al indicar que el legislador en el marco de sus
potestades había contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo
128 Superior en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser
modificada por el Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de
la Ley 4ª de 1992, se pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores
de percibir el salario y la pensión de jubilación de manera concomitante, ello para
nivelar sus condiciones remunerativas y la especialidad diferenciadora de su
labor dentro de la Función Pública12.
3.5. Análisis del caso concreto
53. Como lo advirtió el Tribunal, en este caso se tiene el actor se encuentra
cobijado por las previsiones de las Leyes 33 y 62 de 1985, dado que se vinculó
a la docencia oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por
cuanto:
➢ Nació el 6 de febrero de 1957 como lo indica su cédula de ciudadanía
visible en el archivo «005AnexosDeLaDemanda.pdf», del expediente
digitalizado de la primera instancia.
➢ De acuerdo la Resolución demandada 010737 de 27 de agosto de
201513 suscrita por el secretario de educación de Medellín se tiene que
el demandante se vinculó a la docencia oficial antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003. Así se indicó en varios apartes del
documento público, que no fue objeto de tacha, ni objeto de
contradicción:
12 Sentencia de 22 de junio de 2023 dictada por esta Subsección con ponencia del consejero Jorge Iván
Duque Gutiérrez dentro del proceso 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
13 Ibidem. Archivo «005AnexosDeLaDemanda.pdf».
835
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00155-01 (2320-2025)
De mandan te : Jairo Al ons o Pé re z
«[…]
54. Así mismo, en la liquidación del periodo base de liquidación se tuvieron en
cuenta tiempos anteriores a 2003:
«[…]
INGRESO No. DIAS No. INGRESO DIAS x
DESDE HASTA BASE SEMANAS ACTUAL INGRESO
2002-11-17 2002-11-30 465.459' 14 2,000000 775.580 2.478
2003-02-01 2003:.11-30 498.613 300 42,857143 780.189 62.329
2004-01-01 2004-11-30 498.434 330 47,142857 739.250 64.965
2005-02-01 2005-12-30 499.190 330 47,142857 706.125 62.054
2006-02-01 2006-'12-30 473.060 330 47,142857. 640.470 56.284
2007-02-01 2007-11-30 675.000 300 42,857143 864.674 69.079
2008-02-01 2008-11-30 683.900 1 300 42,857143 813.666 65.004
2009-02-01 2009-12-30 866.636 330 47,142857 1.010.858 88.833
2010-04-21 2010-12-30 972.538 250 35,714286 ·1.099.518 73.787
2011-01-01 2011-12-30 1.003.368 1 1 360 51,428571 1.093.594 .104.841
2012-01-01 2012-12-30 1.053.537 1 360 51,428571 1.107.304 107.461
2013-01-01 2013-12-30 1.089.779 360 51,428571 1.118.113 109.512
2014-01-01 2014-02-06 1.121.819 36 5,142857 1.121.819 11.218
3.600 877.844
[…]».
55. Este mismo cómputo de tiempos, fue atendido al establecer la «distribución
de cuotas» que correspondió en un 100% al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio:
56. Ahora bien, estima la Sala que le asistió razón al Tribunal cuando no atendió
a lo tiempos que se señaló como laborados a través de contratos de prestación
de servicios para horas cátedra en la Institución Universitaria Pascual Bravo,
pues la misma no señala las fechas de inicio ni de terminación o el valor
estipulado. (Archivo «005AnexosDeLaDemanda.pdf».)
835
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00155-01 (2320-2025)
De mandan te : Jairo Al ons o Pé re z
57. De acuerdo con ello, el cumplimiento de los 20 años de servicios y los 55
años de edad confluyeron el 6 de febrero de 2012
58. Como ya se vio, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Oralidad, accedió a las pretensiones de la demanda, para lo cual consideró que
los periodos en los que el demandante laboró con anterioridad a la vigencia de la
Ley 812 de 2003, permitían la aplicación de las previsiones de la Ley 33 de 1985.
59. En efecto, le asistió razón al Tribunal de acuerdo con lo señalado en el acápite
precedente, pues sólo para aquellos docentes cuya vinculación sea posterior a
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, esto es, al 27 de junio del mismo año,
en materia pensional les son aplicables las normas contenidas en la Ley 100 de
1993, junto con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, salvo
respecto de la edad para adquirir el estatus pensional, la cual, según el artículo
81 de la mencionada Ley 812 de 2003, es de 57 años para hombres y mujeres.
60. En este caso está suficientemente acreditado que se vinculó como docente
oficial, antes de que empezara a regir la Ley 812 de 2003, es decir, desde el 23
de enero del año 1980 y si bien se presentó el fenómeno de la solución de
continuidad esto no puede afectar los tiempos de servicios desplegados por el
demandante como para justificar la aplicación de la Ley 100 de 1993 como
pretende la entidad.
61. Es de destacar que en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 la
Sección Segunda del Consejo de Estado14 estableció dos escenarios para la
aplicación de las normas que rigen el reconocimiento pensional de los docentes
de acuerdo con su fecha de vinculación; empero, en ella no se hizo ningún tipo
de diferenciación frente al tipo de vinculación, ya sea en propiedad o
provisionalidad, para catalogar los tiempos de servicios, ni tampoco se indicó que
perderían los derechos a la aplicación de la Ley 33 de 1985 en caso de
presentarse el fenómeno de la solución de continuidad establecido en el Decreto
3135 de 1968. Por el contrario, se estableció con toda claridad que el derecho a
la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1.° de enero de
1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1.° de enero de
1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios y 75% de los factores
previstos en la Ley 62 de 1985.
62. Ahora bien, una vez establecido que consolidó su derecho pensional a la luz
de la Ley 33 de 1985, dado que la primera vinculación legal y reglamentaria a la
docencia por parte del demandante ocurrió en el año 1980 antes del 27 de junio
de 2003 cuando entró en vigor la Ley 812 del mismo año, se evidencia por tanto,
que se encuentra cobijado por la excepción consagrada en el literal g) del artículo
14Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.
Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
835
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00155-01 (2320-2025)
De mandan te : Jairo Al ons o Pé re z
19 de la Ley 4ª de 1992 y por consiguiente es beneficiario de la compatibilidad
entre la pensión de jubilación y el salario en los términos del artículo 5.° del
Decreto 224 de 1977; así pues, sí tenía derecho a devengar la aludida prestación
y a la vez continuar en ejercicio de su cargo docente hasta el cumplimiento de
los 70 años de edad, considerados como la edad de retiro forzoso en virtud de la
Ley 1821 de 2016.
63. Ahora bien, la entidad estimó que solo debían tenerse en cuenta los factores
salariales establecidos en la Ley 62 de 1985 y sobre los cuales se hubiesen
realizado aportes de acuerdo con lo señalados en la sentencia de unificación de
25 de abril de 2019, empero a esta tesis a la que acogió el Tribunal al ordenar la
liquidación pensional con la asignación básica y las horas extras ( se probó que
las devengó en el certificado visible en el archivo
«005AnexosDeLaDemanda.pdf»), por lo que dicho aspecto de la sentencia será
confirmado al no ser objeto de apelación por parte del demandante.
64. En ese orden de ideas de acuerdo con la línea jurisprudencial fijada en la
sentencia de unificación citada en párrafos que anteceden, y dado que los demás
tópicos del reconocimiento pensional ordenado por el a quo no fueron objeto de
apelación, corresponde a la Sala confirmar la decisión de primera instancia.
3.6. De la condena en costas en segunda instancia
65. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
66. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
67. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
68. En consecuencia, se impondrán costas a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por cuanto
835
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00155-01 (2320-2025)
De mandan te : Jairo Al ons o Pé re z
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
69. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de julio de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho incoada por el señor Jairo Alonso Pérez contra la Nación - Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
SEGUNDO: Se condena en costas en esta instancia a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia, de
conformidad con lo señalado en precedencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
835
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.