República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2020-00561-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2020-00561-01 (2558-2025)
Demandante: Alberto Enrique Machado Flórez
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional,
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)
Tema: tiempos dobles. Asignación de retiro.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por el señor Alberto Enrique Machado Flórez
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 30 de
julio de 2025, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El demandante solicitó la nulidad de las resoluciones expedidas por la Policía
Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (en adelante CASUR),
mediante las cuales se negó la corrección de la hoja de servicios para incluir tiempos
dobles y reconocer la asignación de retiro. El Tribunal negó las pretensiones al
considerar que dicho beneficio no era procedente, pues, aunque el demandante
laboró entre 1981 y 1993 durante la vigencia de los estados de sitio, la normativa
solo reconocía el tiempo doble hasta 1974. La Subsección confirmará el fallo
apelado.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Alberto Enrique Machado Flórez, por conducto de apoderada
judicial, presentó demanda el 14 de enero de 2020, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional, Casur, de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos de derecho que se señalan a continuación1:
1 Samai, índice 12, 14RECIBEMEMORIAL_05001233300020200056(.zip), 05001233300020200056100,
Expediente Juzgado, Demanda.
Radicación: 05001-23-33-000-2020-00561-01 (2558-2025)
Demandante: Alberto Enrique Machado Flórez
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)
2.1.1. Pretensiones
2. El demandante solicitó la nulidad de las Resoluciones S-2012-150341 del 5
de junio de 2012 y S-2018-060107 del 26 de octubre de 2018, expedidas por la
Policía Nacional, mediante las cuales negó el cómputo de tiempos dobles.
Igualmente, de la Resolución E-00003-201723348 ID214167 del 19 de octubre de
2017, emitida por Casur, que le negó el reconocimiento de la asignación de retiro
con la inclusión de dichos tiempos.
3. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó que se ordene al Ministerio de Defensa incluir en la hoja de servicios el
cómputo de los tiempos dobles correspondientes al período comprendido entre el
15 de agosto de 1981 y el 15 de febrero de 1993, de conformidad con los Decretos
2131 de 1976 y 1038 de 1984, mediante los cuales se declaró el estado de sitio. En
consecuencia, pidió que se le contabilizaran 10 meses y 5 días, conforme a la
primera norma citada, y 7 años, 2 meses y 3 días con fundamento en la segunda
normativa.
4. Asimismo, solicitó que Casur le reconozca y pague la asignación de retiro
junto con el retroactivo correspondiente y los intereses moratorios a que hubiera
lugar. Igualmente, pidió que la sentencia se cumpla en los términos del artículo 192
del CPACA y que se condene a la parte demandada al pago de las costas y
agencias en derecho.
2.1.2. Hechos
5. El señor Alberto Enrique Machado Flórez prestó sus servicios como agente
de la Policía Nacional entre el 15 de agosto de 1981 y el 15 de febrero de 1993.
6. Al finalizar su vínculo con la institución, recibió el pago de las cesantías
definitivas, pero no obtuvo el reconocimiento de la asignación de retiro con el
cómputo de los tiempos dobles.
7. Posteriormente, solicitó a la Policía Nacional el cómputo de dichos tiempos
para que Casur reconociera la asignación de retiro. No obstante, ambas entidades
negaron la solicitud.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
8. El demandante citó como normas violadas las siguientes: preámbulo,
artículos 1, 2, 5, 6, 13, 29, 42, 48 y 53 de la Constitución Política; 36, 84 y 85 de la
Ley 1437 de 2011; Decretos 1288 de 1965; 590 de 1970; 1128 de 1970; 250 de
1971; 1249 de 1975; 2131 de 1976 y 1038 de 1984.
9. La parte demandante afirmó que la entidad desconoció los artículos 1, 2, 48
y 53 de la Constitución Política al no aplicar la normativa especial que reguló el
régimen de sus afiliados. Expuso que esa actuación vulneró el derecho a la
seguridad social y el principio de favorabilidad. Además, omitió la aplicación del
2
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Demandante: Alberto Enrique Machado Flórez
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)
principio de oscilación, previsto en el régimen especial de la Fuerza Pública, el cual
dispuso que las asignaciones de retiro y las pensiones debían incrementarse en el
mismo porcentaje de las asignaciones del personal en actividad.
10. En este sentido, argumentó que la actuación desconoció los derechos
adquiridos protegidos por la Constitución y por el régimen especial, el cual
estableció que las asignaciones de retiro y las pensiones debían liquidarse conforme
a las variaciones introducidas en las asignaciones de actividad.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
11. La entidad se opuso a las pretensiones con el argumento de que los actos
demandados fueron expedidos con fundamento en la ley, dado que el demandante
no acreditó el tiempo mínimo de servicio para el reconocimiento de la asignación de
retiro y no tenía derecho al reconocimiento del tiempo doble de servicio.
12. Señaló que la Ley 2 de 1945 no resulta aplicable al caso porque esta regula
la situación de los oficiales del Ejército y el demandante ostentó la calidad de agente
de la Policía Nacional. Expuso que el reconocimiento del tiempo doble exigía el
cumplimiento de los requisitos previstos en las normas que regulaban la materia,
entre ellos, la expedición del decreto correspondiente, el concepto del Consejo de
Ministros y la determinación de las zonas en las cuales procedía ese beneficio.
13. Finalmente, propuso las excepciones de presunción de legalidad, cobro de lo
no debido, inexistencia de vicios de nulidad e innominada o genérica2.
2.2.2. Casur
14. Se opuso a las súplicas de la demanda al señalar que el reconocimiento de
la asignación mensual de retiro debe ajustarse a la normativa especial aplicable al
nivel de agentes de la Policía Nacional, la cual exigía un tiempo mínimo de 15 años
de servicio. La Policía Nacional es la entidad competente para expedir el acto
administrativo que sirve de fundamento para el reconocimiento de la prestación y el
reconocimiento de tiempos dobles de servicio; Casur no tiene injerencia en dicho
trámite.
15. De acuerdo con la hoja de servicios expedida por la Policía Nacional, el
demandante ingresó como alumno el 15 de agosto de 1981 y fue retirado del servicio
el 15 de febrero de 1993 por voluntad de la Dirección General, lo que evidencia que
no cumplió el tiempo mínimo exigido por el Decreto 1213 de 1990 para acceder a la
asignación mensual de retiro (15 años)3.
2Samai, índice 12, 14RECIBEMEMORIAL_05001233300020200056(.zip),
05001233300020200056100,07ContestacionDemandaPONAL, CONTESTACIÓN 2020-0561 TA ALBERTO
ENRIQUE MACHADO FLÓREZ.pdf
3 Samai, índice 12, 14RECIBEMEMORIAL_05001233300020200056(.zip), 05001233300020200056100,
12ConstestacionDemandaCasur, CONTEST. DDA X REC N.E TAA 2020-00561 ALBERTO MACHADO
FLOREZ.pdf
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2.3. Sentencia de primera instancia
16. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 30 de julio de
2025, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a
la parte vencida.
17. Explicó que la Ley 2.ª de 1945 creó el beneficio del tiempo doble de servicios
y las normas posteriores establecieron que su reconocimiento exigía, además de la
declaración de estado de sitio, la expedición del acto administrativo correspondiente
y el cumplimiento de los requisitos previstos para su otorgamiento. A su vez, precisó
que el Decreto 4433 de 2004 dispuso que el cómputo del tiempo doble solo
continuaría para quienes hubieran adquirido ese derecho por servicios prestados
antes de 1974 y que el Decreto 1386 de 1974 constituyó el último acto que ordenó
dicho reconocimiento.
18. Estableció que el demandante prestó sus servicios en la Policía Nacional
como agente alumno entre el 15 de agosto y el 31 de diciembre de 1981 y como
agente nacional desde el 1.º de enero de 1982 hasta el 15 de febrero de 1993, por
lo que concluyó que no tenía derecho al beneficio solicitado.
19. Finalmente, señaló que la Ley 2.ª de 1945 no es aplicable al caso porque
esta regula la carrera de los oficiales del Ejército, mientras que la situación jurídica
de los agentes de la Policía Nacional se encontraba regulada por normas
especiales. En este orden concluyó que el demandante no reunió el tiempo mínimo
de 15 años para acceder a la asignación de retiro prevista en el Decreto 1213 de
1990.
2.4. Recurso de apelación
20. El demandante adujo que el asunto no fue analizado frente al servicio
prestado por los agentes en zonas de alto riesgo y que la decisión acogió razones
de conveniencia institucional por encima del derecho reclamado. En consecuencia,
afirmó que la sentencia vulneró los derechos a la igualdad, la seguridad social y el
debido proceso.
21. Lo anterior, porque el reconocimiento del tiempo doble de servicios exigía la
declaración del estado de sitio y el acto administrativo que así lo reconociera,
requisitos que se cumplían con las actas de ministros que pudo obtener a finales de
2020, mediante una acción de cumplimiento4.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
22. Mediante auto del 20 de enero de 2026, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación y prescindió del traslado a las partes para presentar alegatos
de conclusión, por no existir pruebas para decretar en segunda instancia5.
4 Samai, índice 37, 29_MemorialWeb_Recurso-apelacionsentencia(.pdf)
5 Samai, índice 14
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2.6. Concepto del Ministerio Público
23. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia apelada, dado que el señor Alberto Enrique Machado Flórez prestó
servicios como agente de la Policía Nacional entre el 15 de agosto de 1981 y el 15
de febrero de 1993 y el reconocimiento de tiempos dobles solo procedía hasta el 29
de diciembre de 1973, conforme al Decreto 1386 de 1974, criterio reiterado por el
Decreto 4433 de 2004.
24. Por tanto, el tiempo de servicio correspondió a un período posterior al límite
previsto por la normativa, por lo que no tiene derecho al reconocimiento de tiempos
dobles, además, no demostró el cumplimiento de los presupuestos legales exigidos,
entre ellos, el concepto previo del Consejo de Ministros y el decreto del Gobierno
nacional que reconociera expresamente ese beneficio6.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
25. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer el presente asunto, de conformidad con el artículo 150 del CPACA,
que le confiere a esta corporación el conocimiento de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.
3.2. Problema jurídico
26. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala
debe resolver el siguiente interrogante:
¿Procede el reconocimiento del cómputo de tiempos dobles por los servicios
prestados como agente de la Policía Nacional entre 1981 y 1993, durante la vigencia
de los estados de sitio declarados mediante los Decretos 2131 de 1976 y 1038 de
1984 y, como consecuencia, el reconocimiento de la asignación de retiro?
27. Con el fin de abordar el problema jurídico la Sala analizará los siguientes
aspectos: (i) tiempos dobles; (ii) hechos probados y (iii) caso concreto.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
28. La Constitución Nacional de 1886, en el artículo 121, reguló los estados de
sitio en el sentido de establecer que el presidente podía declarar turbado el orden
público, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los ministros,
en los siguientes términos:
En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el Presidente, previa
audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los Ministros, declarar turbado
el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella.
6 Samai, índice 18.
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Mediante tal declaración quedará el Presidente investido de las facultades que le
confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el derecho de gentes, para
defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento. Las medidas
extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo que, dentro de dichos
límites, dicte el Presidente, serán obligatorios siempre que lleven la firma de todos los
Ministros.
El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya cesado la
perturbación o el peligro exterior; y pasará al Congreso una exposición motivada de
sus providencias. Serán responsables cualesquiera autoridades por los abusos que
hubieren cometido en el ejercicio de facultades extraordinarias.
29. A su turno, el Decreto 3187 del 27 de diciembre de 19687 reguló la carrera
profesional de los agentes de la Policía Nacional y en el artículo 92 estableció que
el tiempo de servicio prestado durante guerra internacional o conmoción interior, en
las zonas que determinara el Gobierno con concepto del Consejo de Ministros, se
computaría como tiempo doble para efectos de prestaciones sociales, desde la
declaración del estado de sitio por perturbación del orden público hasta la
expedición del decreto que restableciera la normalidad.
30. Por su parte, el Decreto 2340 de 19718 reiteró dicha previsión en el artículo
99, al disponer que el tiempo de servicio prestado en guerra internacional o
conmoción interior, en las zonas definidas por el Gobierno, se contabilizaría como
tiempo doble para efectos prestacionales durante la vigencia del estado de sitio.
Además, precisó que dicho reconocimiento se efectuaría durante la vigencia del
estado de sitio o hasta la fecha de retiro del agente, cuando esta ocurriera con
anterioridad.
31. Posteriormente, el Decreto 1213 de 19909 reguló el régimen aplicable al
personal de agentes de la institución y en el artículo 111 determinó que los tiempos
dobles reconocidos con fundamento en el artículo 99 del Decreto 2340 de 1971 y
en las disposiciones anteriores sobre la misma materia continuarían siendo válidos
para la liquidación de las prestaciones sociales de los agentes beneficiarios. En tal
sentido, precisó que tales tiempos no podrían computarse para el reconocimiento
de prestaciones derivadas de servicios prestados al Estado como empleados civiles,
diferentes al ramo de Defensa.
32. Finalmente, el artículo 8 del Decreto 4433 de 200410 señala que, «a quienes
hubieren adquirido derecho al cómputo de tiempo doble por servicios prestados
antes de 1974, se les continuará teniendo en cuenta para efecto del cómputo del
tiempo para la asignación de retiro o pensiones, conforme lo hubieren señalado las
normas correspondientes».
33. Conforme a este marco normativo, la jurisprudencia de esta corporación ha
concluido que los tiempos dobles constituyen un beneficio para los integrantes de
la Fuerza Pública que prestaron sus servicios durante los estados de guerra y de
7 «por el cual se reorganiza la carrera profesional de los Agentes de la Policía Nacional»,
8 «por el cual se regula la carrera profesional de los Agentes de la Policía Nacional y sus prestaciones sociales»
9 «por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional»,
10 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública».
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Demandante: Alberto Enrique Machado Flórez
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conmoción interior, figura que «constituye una ficción, por cuanto se tiene como
laborado un tiempo que materialmente no lo fue y además resulta imperativo
demostrar que se han reunido los requisitos exigidos para su reconocimiento. Este
beneficio no se paga en dinero, sino que se reconoce para efectos
prestacionales»11.
34. Asimismo, se ha precisado que el reconocimiento del tiempo doble procede
siempre que se acredite la existencia del decreto que ordenó el estado de sitio por
turbación del orden público, la determinación de las zonas afectadas y la prestación
efectiva del servicio en dichas áreas, así como el concepto previo del Consejo de
Ministros y el decreto por medio del cual se reconoce expresamente a los
beneficiarios12. La declaración del estado de sitio, por sí sola, no habilita el beneficio
de tiempos dobles para los miembros de la Fuerza Pública en general13.
3.4. Hechos probados
35. De acuerdo con la historia laboral, el demandante ingresó a la Policía
Nacional como agente alumno el 15 de agosto de 1981, mediante la Resolución
2637 de 1981 y, posteriormente, fue designado como agente según la Resolución
201 de 1982, con efectos a partir del 1 de enero de 1982.
36. Prestó servicio hasta el 15 de febrero de 1993, fecha en la que se produjo su
retiro por voluntad de la Dirección General, conforme con la Resolución 018 de
1993, en la que consta un tiempo total de servicios de «11 años, 1 mes y 3 días»,
el cual comprendió el período de formación como alumno, el servicio prestado como
agente, la diferencia del año laboral y el lapso de suspensión penal dispuesto
mediante la Resolución 6328 de 199214.
37. La Policía Nacional, a través de la Resolución S-2018-060107/ARGEN-
GRICO del 26 de octubre de 2018, señaló que en la hoja de servicios del señor
Alberto Enrique Machado Flórez no se registraba ningún período con derecho a
tiempo doble, razón por la cual no era procedente expedir un acto administrativo
para su reconocimiento15.
38. Por Resolución 00003-201723348 ID214167 del 19 de octubre de 2017,
Casur le informó al señor Alberto Enrique Machado Flórez que no tenía derecho al
reconocimiento de la asignación mensual de retiro, por cuanto fue retirado por
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de noviembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2015-01769-01 (1160-2021), M.P. William Hernández Gómez.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2002, proceso con
radicado 63001-23-31-000-1999-00708-01 (2709-00), M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, y sentencia del 10 de
febrero de 2022, proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-04719-01 (1703-2017), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
13 Sobre el particular se pueden consultar las sentencias del 9 de octubre de 2014 de la Sección Segunda,
Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2012-00094-01 (3730-13), M.P. Gerardo Arenas
Monsalve; y del 5 de octubre de 2017, de la Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 13001-23-
31-000-2001-01545-01 (4355-15), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
14Samai, índice 12, 14RECIBEMEMORIAL_05001233300020200056(.zip),
05001233300020200056100,07ContestacionDemandaPONAL, ANEXOS S-2019-026577-SEGEN
RESPUESTA Prejudicial ALBERTO ENRIQUE MACHADO FLÓREZ.pdf
15 Samai, índice 12, 14RECIBEMEMORIAL_05001233300020200056(.zip), Expediente Juzgado, Anexos, pp. 3
a 5.
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Radicación: 05001-23-33-000-2020-00561-01 (2558-2025)
Demandante: Alberto Enrique Machado Flórez
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)
voluntad de la Dirección General antes de cumplir los 15 años de servicio exigidos
por la normativa aplicable, dado que solo contaba con 11 años, 1 mes y 3 días.
3.5. Caso concreto
39. El demandante, en condición de agente retirado de la Policía Nacional solicitó
la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Policía Nacional y Casur,
mediante los cuales se negó la corrección de su hoja de servicios para incluir el
cómputo de tiempos dobles y, como consecuencia, negó el reconocimiento de la
asignación de retiro.
40. El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda
al considerar que el beneficio de tiempos dobles únicamente procedía para quienes
hubieran adquirido ese derecho por servicios prestados antes de 1974, conforme al
Decreto 4433 de 2004.
41. En consecuencia, concluyó que el demandante no reunía los requisitos para
obtener el beneficio solicitado, debido a que laboró entre 1981 y 1993. En ese lapso
acreditó 11 años, 1 mes y 3 días de servicio, tiempo insuficiente para acceder a la
asignación de retiro prevista en el Decreto 1213 de 1990, el cual exige un mínimo
de 15 años para el reconocimiento de esa prestación.
42. En el caso bajo estudio se encuentra acreditado que el señor Alberto Enrique
Machado Flórez ingresó a la Policía Nacional como agente alumno el 15 de agosto
de 1981, fue nombrado agente con efectos a partir del 1.º de enero de 1982 y
permaneció vinculado a la institución hasta el 15 de febrero de 1993, cuando fue
retirado por voluntad de la Dirección General.
43. La hoja de servicios también acredita que prestó servicios a la Policía
Nacional durante 11 años, 1 mes y 3 días.
44. Igualmente, se encuentra demostrado con la Resolución E-00003-
201723348 ID214167 del 19 de octubre de 2017 que el demandante solicitó el
reconocimiento de la asignación de retiro con la inclusión de tiempos dobles
presuntamente laborados desde 1981, petición que fue negada por no contar con el
tiempo mínimo de servicios exigido para acceder a dicha prestación .
45. En este contexto, es del caso señalar que la competencia para el
otorgamiento del beneficio de tiempos dobles correspondía al Gobierno nacional,
en los términos expuestos en el marco normativo que resume la jurisprudencia de
esta corporación, en los siguientes términos16:
En virtud de lo anterior, los decretos ejecutivos que dictó el Gobierno Nacional para
establecer qué zonas del país merecieron tal reconocimiento por los problemas de orden
público que vivieron, constituyeron un simple desarrollo de las normas referidas, toda
vez que era precisamente el Gobierno Nacional quien establecía las condiciones de
reconocimiento del cómputo doble del servicio prestado.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de febrero de 2018, proceso con
radicado 25000-23-42-000-2015-04371-01(1705-17), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicación: 05001-23-33-000-2020-00561-01 (2558-2025)
Demandante: Alberto Enrique Machado Flórez
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)
Debe precisarse que una es la declaratoria del estado de sitio, y otra muy diferente, la
determinación de los supuestos en los cuales habrían de incursionar quienes por razón
de tal declaratoria debieron desempeñarse en los lugares y circunstancias señalados por
el Gobierno.
En efecto, era al Gobierno Nacional a quien le correspondía establecer en qué lugares
existieron disturbios y en dónde no, por ello es él quien debía definir a quiénes se les
extendía el beneficio reclamado porque lo cierto es que el hecho de que se hubiese
decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional no significaba que en todos los
departamentos o municipios estuviese turbado el orden público ya que esta medida lo
que buscaba era dotar al ejecutivo de facultades para contrarrestar los problemas de
orden público y mitigar sus efectos17.
Por ello los períodos reclamados por el actor no pueden reconocerse como tiempos
dobles de servicios para efectos prestacionales, pues como lo ha reiterado en varias
oportunidades esta Corporación18, para ser acreedor al reconocimiento ha debido
acreditar, además de otras exigencias, la prestación del servicio en la zona afectada y
el decreto que lo establezca en su favor, lo que no aparece demostrado en el sub lite.
46. En este orden, el reconocimiento del tiempo doble está sujeto a lo dispuesto
en el decreto que ordenó el estado de sitio, las zonas afectadas y la acreditación de
la prestación del servicio en donde se declaró turbado el orden público, así como a
lo previsto en el decreto presidencial expedido con la participación del Consejo de
Ministros que habilita el beneficio del tiempo doble19, siempre que el mismo haya
sido prestado con anterioridad a 1974, tal como lo establece el artículo 8 del Decreto
4433 de 2004, según el cual, «a quienes hubieren adquirido el derecho al cómputo
de tiempo doble por servicios prestados antes de 1974, se les continuará teniendo
en cuenta para efecto del cómputo del tiempo para la asignación de retiro o
pensiones, conforme lo hubieren señalado las normas correspondientes».
47. En el presente caso se observa que el actor no tiene derecho al
reconocimiento de los tiempos dobles ni a la corrección de su hoja de servicios,
porque, si bien prestó servicios durante la vigencia de los estados de sitio
declarados mediante los Decretos 2131 de 1976 y 1038 de 1984, la normativa
aplicable establece que el tiempo útil para acceder al beneficio es el prestado antes
de 1974 y el demandante sustenta la pretensión en servicio prestado desde 1981.
48. Además del requisito temporal, la jurisprudencia reiterada de esta
corporación ha señalado que el reconocimiento de tiempos dobles está sujeto a lo
dispuesto en el decreto que declaró la perturbación del orden público, la zona
afectada, la prestación efectiva del servicio en esa área y la expedición del acto por
medio del cual el Gobierno nacional, con la participación del Consejo de Ministros,
reconoció dicho beneficio, circunstancias que en este caso no se encuentran
17 En el mismo sentido se pronunció la Subsección B en sentencia del 19 de febrero de 2009, radicación número:
11001-03-25-000-2004-00216-00(4510-04). M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E).
18 Al respecto se pueden consultar entre otras, las sentencias dictadas por esta sección del Consejo de Estado
dentro de los procesos 440012333000201300140 01 (3354-2015) de fecha 31 de enero de 2018 con ponencia
de la Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez y la del 6 de julio de 2011 cuyo ponente fue el Dr. Luis Rafael Vergara
Quintero.
19
Sobre el particular se pueden consultar las sentencias del 9 de octubre de 2014 de la Sección Segunda,
Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2012-00094-01 (3730-13), M.P. Gerardo Arenas
Monsalve; y del 5 de octubre de 2017, de la Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 13001-23-
31-000-2001-01545-01 (4355-15), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 25 de noviembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-33-000-2015-01769-01 (1160-2021),
M.P. William Hernández Gómez; y, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2022,
proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-04719-01 (1703-2017), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
9
Radicación: 05001-23-33-000-2020-00561-01 (2558-2025)
Demandante: Alberto Enrique Machado Flórez
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)
acreditadas, precisamente porque el periodo que sustenta la pretensión es posterior
a 1974, año hasta el cual se preservó dicha prerrogativa, según lo previsto en la
normativa aplicable.
49. Asimismo, se precisa que, aunque el actor afirmó en el recurso que solo hasta
2020 pudo obtener, mediante una acción de cumplimiento, las actas del Consejo de
Ministros que, en su criterio, acreditaban algunos de los presupuestos para el
reconocimiento de los tiempos dobles, dicha circunstancia no desvirtúa las
consideraciones expuestas respecto del límite temporal fijado por la ley para
acceder a esa prerrogativa. En efecto, como se explicó en precedencia, el cómputo
del tiempo doble solo se preservó respecto de servicios prestados antes de 1974,
mientras que el reconocimiento reclamado recae sobre servicios prestados entre
1981 y 1993.
3.6. Conclusión
50. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que no procede el
reconocimiento de los tiempos dobles solicitados por el demandante, en condición
de agente retirado de la Policía Nacional, porque el servicio prestado desde 1981
no resulta útil para tal efecto, pues la normativa aplicable solo preservó tal beneficio
al personal que prestó servicio antes de 1974 y acreditó la prestación del servicio
en las zonas afectadas con la declaración de alteración del orden público, junto con
el decreto del Gobierno nacional que, previa autorización del Consejo de Ministros,
reconoció dicha prerrogativa.
En este orden, la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda será
confirmada.
4. Costas
51. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe20.
20 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 05001-23-33-000-2020-00561-01 (2558-2025)
Demandante: Alberto Enrique Machado Flórez
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)
52. Como en el caso bajo estudio no se encuentra acreditado que las partes
hayan incurrido en actuaciones de tal naturaleza, la Sala se abstendrá de imponer
condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 30 de julio de 2025, que negó las pretensiones de la demanda.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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