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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-00587-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-00587-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 1º de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, el cual quedará así: «SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del Oficio N° DS-SRANOC-GSA-28 002200- 20190380028043 del 29 de julio de 2019 y la Resolución N° 22323 del 24 de septiembre de 2019, por medio de los cuales la entidad demandada negó el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías e intereses a las cesantías, correspondientes al año 2018; y resolvió un recurso de apelación; conforme con los argumentos esgrimidos en la parte motiva de esta decisión.» 31 Radicado: 05001-23-33-000-2020-00587-01 (3457-2023) Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez Segundo. Revocar los ordinales cuarto y séptimo de la sentencia proferida el 1º de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, en cuanto accedió al reconocimiento y pago de la sanción moratoria y condenó en costas a la entidad demandada. En su lugar, se deniegan. Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia del 1º de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, que accedió al reconocimiento y pago de las cesantías del año 2018 y sus correspondientes intereses, y negó las demás pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Mónica Jazmín Montero Rodríguez contra la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020- 00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado Electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2020-00587-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2020-00587-01 (3457-2023)
Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
Demandado: Fiscalía General de la Nación

Tema: Procedencia del pago de las cesantías e intereses al servidor
público incapacitado por enfermedad profesional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 1º de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta de Decisión, mediante la cual accedió en forma parcial a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Mónica Jazmín Montero Rodríguez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio DSSRANOC-GSA-28002200-
20190380028043 del 29 de julio y la Resolución 22323 del 24 de septiembre, ambos
de 2019, por medio de los cuales se le denegó el reconocimiento y pago de las
cesantías e intereses del año 2018 y la sanción moratoria; y se inaplicara por
inconstitucional la Circular 007 del 3 de noviembre de 2009 en la que se determinó
la interrupción de la relación laboral cuando la incapacidad laboral se extienda por
más de 180 días.

1 En adelante CPACA

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-00587-01 (3457-2023)
Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) el reconocimiento y pago de las cesantías e intereses por el año 2018 con
la correspondiente sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990; ii) se ordene a
la entidad demandada que continúe con la liquidación y pago de todas las
prestaciones sociales y demás emolumentos laborales; iii) los perjuicios materiales
en la modalidad de daño emergente y lucro cesante ocasionados con el acto
administrativo que le negó la señalada prestación social; y iv) la condena en costas
a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Mónica Jazmín Montero Rodríguez fue nombrada en provisionalidad como fiscal
delegada ante los jueces penales del circuito especializados en la Dirección de
Fiscalías Nacionales con sede en Villavicencio, en el que se posesionó el 24 de
agosto de 2015.

3.2. En virtud de la expedición de la Resolución 2358 del 29 de junio de 20172, fue
ubicada en la Dirección Especializada contra la violación de derechos humanos en
Medellín.

3.3. A partir del 5 de julio de 2017 fue incapacitada por el término de 30 días debido
al diagnóstico de una enfermedad denominada «trastorno mixto de ansiedad y
depresión», que perduró inclusive por los años 2018 y 2019; circunstancia que le fue
comunicada en forma debida a la entidad y además fue calificada por la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez el 19 de junio de 2019 como una enfermedad
de origen profesional o laboral.

3.4. El 16 de julio de 2019 solicitó el reconocimiento, liquidación y pago del auxilio de
cesantías parciales, intereses a las cesantías y sanción moratoria por el año 2018.

3.5. Con Oficio DS-SRANOC-GSA-28 002200- 20190380028043 del 29 de julio de 2019,
la subdirectora regional de apoyo de la zona noroccidental de la Fiscalía General de
la Nación denegó la anterior petición, por cuanto la licencia excedió el término de
180 días. Por tal razón, la prestación social pretendida y los emolumentos
accesorios solo podían reconocerse una vez se demostrara la prestación del
servicio según el artículo 17 de la Ley 6 de 1645, máxime cuando conforme con los

2 «Por medio de la cual se distribuyen los cargos de la planta de personal de la Fiscalía General de

la Nación», en virtud de las facultades otorgadas al Fiscal General de la Nación por el Decreto Ley
898 de 2017.

2

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Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

artículos 18 del Decreto 3135 de 1968 y 9 del Decreto 1848 de 1969, el funcionario
que se encontrara en esa situación administrativa solo percibiría las prestaciones
asistenciales y económicas establecidas en el Sistema de Seguridad Social en
Riesgos Laborales respecto de la contingencia.

3.6. El 14 de agosto de 2019 interpuso el recurso de apelación contra la decisión
aludida y fue confirmada la negación de los derechos reclamados con la Resolución
22323 del 24 de septiembre de 2019 expedida por la subdirectora de talento
humano de la entidad demandada, en la que agregó que de acuerdo con la Circular
007 de 2009 expedida por la Secretaría General de la entidad, se determinó que «si
la incapacidad se extiende por más de 180 días, a partir del día 181, la relación laboral se
interrumpe y dicho tiempo no computará para la causación de las prestaciones sociales
tales como vacaciones, primas y bonificaciones, en todo caso, el tiempo que tenía
acumulado a su favor, el servidor para tener derecho a alguna prestación continuará
computándose una vez se reintegre al servicio».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 25, 42, 48 y 53 de la Constitución Política;
17 de la Ley 6ª de 1945; 18 del Decreto 3135 de 1968; 2 de la Ley 4ª de 1992; 45
del Decreto 1045 de 1978; 33 del Decreto 1848 de 1969; 152 de la Ley Estatutaria
de Administración de Justicia; 25 numeral 5 de la Ley 935 de 2005; 26 de la
Convención Interamericana de Derechos Humanos, Protocolo Adicional de los
Derechos Sociales, Económicos y Culturales.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:

5.1. Los actos demandados fueron expedidos con infracción de las normas en que
debían fundarse, en tanto si bien es cierto la Ley 6ª de 1945 estableció que el origen
del auxilio de cesantías es la prestación del servicio, también lo es que la licencia
por enfermedad no interrumpió la relación laboral para efectos del cómputo de las
prestaciones sociales establecidas por ley, de acuerdo con el artículo 33 del Decreto
1848 de 1969, entre ellas las cesantías, cuyo fin es la cobertura de las necesidades
del trabajador y su núcleo familiar mientras se encuentre cesante.

5.2. La motivación expresada a través de los actos acusados vulneró los principios
de favorabilidad, progresividad y remuneración vital y móvil establecidos en los
artículos 53 Superior y 21 del Código Sustantivo del Trabajo.

3 Samai, índice 2, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2.rar», archivo 01

3

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Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

5.3. En el presente caso es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad del
Circular 007 de 2009, regulatoria de las incapacidades de la Fiscalía General de la
Nación, toda vez que al prever la interrupción de la relación laboral cuando la
incapacidad excediere 180 días contrarió las normas del bloque de
constitucionalidad.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda, por
las razones que se exponen a continuación4:

6.1. El auxilio de cesantías es una prestación social que se causa a razón de un mes
de sueldo «por cada año de servicio», de conformidad con el artículo 17 de la Ley 6ª
de 1945. Para efectos de entender esta expresión, debe tenerse en cuenta que el
artículo 135 dispuso que el servicio activo comprende el desempeño de funciones
por parte del funcionario en el empleo en el que ha tomado posesión, en tanto que,
la incapacidad por enfermedad es una de las situaciones administrativas de
separación temporal de la función pública, en concordancia con el artículo 4º de la
Ley 270 de 1996 y el Decreto 21 de 2014.

6.2. Es así como los actos acusados se encontraron ajustados a derecho, puesto que
la demandante no ejerció las funciones del empleo para el año 2018 por encontrarse
inmersa en una licencia por enfermedad; circunstancia prevista en las normas
señaladas como una causal de separación temporal del servicio.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, mediante
sentencia proferida el 1º de diciembre de 2022, inaplicó la Circular 007 de 2009 y
declaró la nulidad de los actos demandados. A título de restablecimiento del derecho
condenó a la entidad al reconocimiento, liquidación, consignación y/o pago de las
cesantías e intereses correspondientes al año 2018, con la indexación; y la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a razón de un día de
salario por cada día de retardo desde el 15 de febrero de 2019 y hasta la fecha en
que se efectuara el pago de la obligación con base en el salario devengado al
momento del inicio de la licencia por enfermedad -30 de marzo de 2017-. Negó las
demás pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida en el
proceso. Para tal efecto, observó lo siguiente5:

4 Ibidem 2, archivo 05
5 Ibidem 2, archivo 12.

4

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Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

7.1. La entidad erró en la interpretación de los artículos 18 del Decreto 3135 de 1968,
31 del Decreto 1848 de 1969, 4º y 56 del Decreto 21 de 2014, comoquiera que a
través de los actos administrativos demandados les dio un alcance diferente al
previsto, toda vez que por disposición expresa del legislador el tiempo que
permaneciere un trabajador incapacitado no puede entenderse como interrupción
del tiempo de servicios; situación ajena al periodo que perdurara la incapacidad, por
lo que era irrelevante que excediera 180 días.

7.2. La Circular 007 de 2009 expedida por la Secretaría General de la entidad que
previó la interrupción de la relación laboral a partir del día 181 de incapacidad y la
prohibición de su cómputo para las prestaciones sociales, es abiertamente
inconstitucional, específicamente del artículo 47 superior y demás mandatos de
protección reforzada en favor del trabajador incapacitado. Por consiguiente, era
procedente su inaplicación en virtud de los artículos 4 de la Constitución Política y
148 de la Ley 1437 de 2011.

7.3. Enese sentido, pese a que la demandante permaneció en licencia por
enfermedad en el año 2018, tenía derecho al reconocimiento del auxilio de
cesantías previsto en las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, en consideración a la
fecha de ingreso a la Fiscalía General de la Nación.

7.4. En lo concerniente a la sanción moratoria, del extracto de hoja de vida aportado
con la contestación de la demanda, se evidenció su afiliación a Colfondos, de
manera que le eran aplicables las leyes citadas en precedencia, por las que el
empleador que haya incurrido en omisión en la consignación del auxilio de cesantías
antes del 15 de febrero de cada anualidad debía pagar un día de salario por cada
día de retardo.

7.5. En el sub examine, aquella penalidad se causó entonces desde el 15 de febrero
de 2019 con base en la remuneración percibida al momento en que inició la
incapacidad por enfermedad -30 de mayo de 2017-, en atención a que a partir de
esa fecha la empleada no recibió un salario sino un subsidio por enfermedad, con
independencia de la equivalencia de este último al 100% del salario que sirvió de
base para la cotización al Sistema de Seguridad Social6. En razón a la fecha en que
se causó la sanción moratoria -15 de febrero de 2019- y debido a que la solicitud se
radicó al día siguiente, no se configuró la prescripción.

7.6. Eraprocedente la indexación de las sumas adeudadas por razón de las
cesantías e intereses, más no respecto de la sanción moratoria, por cuanto ello

6 De conformidad con el artículo 3º de la Ley 776 de 2002

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Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

constituiría una doble pena por el hecho del retardo en la consignación7.

7.7. En cuanto a las pretensiones de pago de todas sus prestaciones sociales y los
perjuicios materiales no había lugar a su reconocimiento, puesto que, respecto de
la primera, el objeto del litigió estaba limitado a las cesantías, sus intereses y la
sanción moratoria; y frente a la segunda, la demandante no discriminó su cuantía ni
aportó los elementos de prueba encaminados a su acreditación.

1.4. El recurso de apelación

8. La demandada interpuso recurso de apelación8 y lo sustentó así:

8.1. Las normas transcritas por el a quo no ilustraban acerca del objeto del proceso,
esto es «si prospera[ba] el pago o no de las prestaciones sociales reclamadas y demás
emolumentos aún cuando estaba en una incapacidad superior a 180 días».

8.2. La Ley 776 de 2002 señalada en la sentencia de primera instancia no se ajustaba
al caso concreto, en tanto se trataba de «normas para organización, administración y
prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales, por lo que de la lectura de este
decreto no es posible interpretar que el “derecho a las prestaciones” a las que se refiere
son las prestaciones sociales», sino a las asistenciales y económicas a cargo de este
sistema de riesgos laborales.

8.3. La existencia de algunos derechos laborales como las cesantías surge cuando
el empleado se encuentra en servicio activo, a saber, en los eventos en que los
servidores se encuentran en disponibilidad para atender el cumplimiento de sus
funciones en forma permanente; a diferencia de aquellas situaciones
administrativas que configuraban la separación temporal del servicio, entre las que
se enlistó la licencia por enfermedad general o profesional o accidente de trabajo.
Esto de conformidad con los artículos 135 de la Ley 270 de 1996, 4 del Decreto 021
de 2014 y 2.2.5.5.2 del Decreto 648 de 2017.

8.4. Si bien el tribunal de instancia se refirió a los artículos 31 del Decreto 1048 de
1969 y 22 del Decreto 1045 de 1978, la incapacidad que no excediere 180 días no
conllevaba la interrupción, pero en lo concerniente a las vacaciones; prestación que
no fue incluida en las pretensiones de la demanda y la condena a la Fiscalía General
de la Nación.

8.5. «En lo que tiene que ver con la prima de navidad y las cesantías, no riñen con lo

7 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.

Sentencia del 18 de julio de 2018, radicación 08001-2331-000-2011-00817-01(4270-14).
8 Ibidem 2, archivo 14

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Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

estipulado en el artículo 31 del Decreto 1848 de 1969, toda vez que los decretos 1045 de
1978, Ley 6ª de 1945 y Decreto 1160 de 1947, estipulan su pago; sin embargo, lo limitan al
servicio efectivamente prestado tiempo laborado» [sic].

8.6. En aplicación de las normas citadas en precedencia, en relación con el auxilio
de cesantías, en el evento en que la demandante laborara durante una fracción del
año tendría derecho a devengarlo proporcionalmente; preceptos que «excluyen la
licencia por enfermedad, ya sea de origen común, profesional o accidente de trabajo
durante ningún término, [en tanto] se refieren a la prestación del servicio».

8.7. Eraimprocedente el reconocimiento de la sanción moratoria mientras se
encontraba incapacitada, en atención a que la obligación a cargo de la
administración de reconocer y pagar solo surgió con esta demanda y si es
confirmado el fallo de primera instancia. En otras palabras, cuando se encuentre en
discusión el derecho al reconocimiento y pago del auxilio de cesantías no podría
configurarse la sanción por mora en el pago de aquellas9.

1.5. Trámite en segunda instancia

9. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.

2. Consideraciones

2.2. El problema jurídico

10. Se circunscribe a resolver:

10.1. ¿Si Mónica Jazmín Montero Rodríguez tenía derecho a que la entidad
empleadora le pagara el auxilio de cesantías e intereses por el año 2018 y la sanción
moratoria por el retardo en la consignación, pese a que estuvo incapacitada por un
periodo superior a los 180 días y, por tal razón, separada temporalmente del
ejercicio de sus funciones?

2.3. Marco normativo

9 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicación 41001-23-33-000-2012-00041-
00(3308-13)

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Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

2.3.1. Sobre los conceptos de salario y prestaciones sociales

11. Los Convenios 95 de 1949 y 100 de 1951 de la OIT, ratificados por Colombia,
aprobados por medio de la Ley 54 de 1962, se refieren al «salario» así:

«el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación
o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por
la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un
contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba
efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.»10

«(a) el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo,
y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa
o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último»11

12. El término salario es comprendido como toda remuneración ordinaria, habitual y
permanente que recibe el trabajador como «contraprestación directa del servicio»12 y
tiene sustento constitucional en el artículo 53 de la Constitución Política, conforme
con el cual, será uno de los principios del trabajo, la «remuneración mínima vital y
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo».

13. En efecto, el Decreto 1160 de 1947 (artículo 6, parágrafo 1) lo definió como «[...]
todo lo que reciba el trabajador a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente
retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como las primas, sobresueldos y
bonificaciones [...]». En igual sentido, el artículo 127 del Código Sustantivo del
Trabajo13, que aunque aplicable al régimen laboral individual de carácter privado
sirve de referente, señaló que es «[...] todo lo que recibe el trabajador en dinero o en
especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación
que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo
suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio,
porcentajes sobre ventas y comisiones […]».

14. Con fundamento en lo anterior, la jurisprudencia de esta sección ha definido el
concepto de «salario» como «[l]a retribución al trabajador por su servicio […]»14 y, por
lo tanto, «[…] comprende entonces, los sueldos, primas, bonificaciones y demás
reconocimientos que se hagan directa o indirectamente por causa o por razón del trabajo o
empleo sin ninguna excepción […]»15. Además, ha señalado que el salario se

10 Convenio 95 de 1949 de la OIT.
11 Convenio 100 de 1951 de la OIT.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de julio de 2021, Radicado:

25000-23-42-000-2016-04269-01(6190-18).
13 En lo sucesivo CST
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de agosto de 2012,

Radicado 70001-23-31-000-2002-01697-02(1941-08).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de julio de 2021, Radicado:

52001-33-31-002-2015-00657-01(0329-20).

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«constituye frente a casos particulares y concretos, atendiendo un factor objetivo o subjetivo
o ambos»16 que se diferencian así:

«Cuando se habla del factor objetivo se hace referencia a que el salario se instituye
dependiendo de criterios de responsabilidad y/o complejidad del cargo o empleo, y
subjetivo cuando para establecerlo se atienden circunstancias tales como la capacidad,
nivel académico o experiencia del empleado.»

15. Igualmente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha
considerado que, para que «un pago sea considerado como salario», debe hacerse
como «retribución directa del servicio»17. A su vez, esta última la ha definido como
«nota distintiva del salario, en cuanto traduce la remuneración próxima o inmediata, por
oposición a la lejana o mediata, que recibe el trabajador por el servicio prestado, es una
consecuencia natural y lógica de los rasgos de bilateralidad u onerosidad, que acompañan
al contrato de trabajo o a la relación legal y reglamentaria».

16. De igual manera, ha precisado que «no todo pago que recibe el trabajador constituye
salario, sino que para determinar su carácter no basta con que se entregue de manera
habitual o que sea una suma fija o variable, sino que se debe examinar si su finalidad es
remunerar de manera directa la actividad que realiza el asalariado»18. Es decir que, los
pagos recibidos por el trabajador por su actividad subordinada son salario, a menos
de que se trate de prestaciones sociales19.

17. Por su parte, las prestaciones sociales, aunque también tienen origen en la
relación laboral, se diferencian del salario porque su objeto se contrae a «cubrir los
riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación de trabajo»20
aunque no se derive directamente de esta. Es decir que no tienen como objeto
retribuir propiamente la actividad21.

18. En este sentido, en la sentencia del 12 de mayo de 2022 SUJ-027-CE-S2-2022,
la Sección Segunda sostuvo:

«[…] las prestaciones sociales se han definido como “pagos adicionales o
complementarios al salario básico que tienen como propósito ayudar a cubrir o solventar
las ‘vicisitudes de la vida’, cuando ella le hace al trabajador exigencias que no resultaban
cubiertas con los salarios básicos que la sociedad ofrecía a sus trabajadores”22. Aquellos
emolumentos hacen parte de un esquema solidario que, junto con los salarios,

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de agosto de 2010,
radicación 05001-23-31-000-1998-00307-01 (4935-05).
17 SL7820-2014.
18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL9827-2015.
19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia CSJ SL 1798-2018.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de diciembre de 2011,

radicación 68001-23-15-000-2001-02652-02 (1076-11).
21 Ibidem.
22 Corte Constitucional, sentencia C-244 de 2013.

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Radicado: 05001-23-33-000-2020-00587-01 (3457-2023)
Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

propenden por niveles mínimos de seguridad social frente a contingencias tales como el
desempleo, la enfermedad, la muerte, así como la necesidad de descanso y de cubrir
gastos de transporte, entre otros23.».

19. En efecto, esta Sección ha señalado que estas «no emergen de criterios particulares
y concretos, sino por aspectos generales en relación con todos los trabajadores o un grupo
considerable de ellos»24. Estas definiciones también han sido expuestas por la Corte
Suprema de Justicia; por ejemplo, en la sentencia 10515 de 1985, la Sala de
Casación Laboral sostuvo lo siguiente:

«Prestación social es lo que debe el patrono al trabajador en dinero, especie, servicios
u otros beneficios, por ministerio de la ley, o por haberse pactado en convenciones
colectivas o en pactos colectivos, o en el contrato de trabajo, o establecida en el
Reglamento Interno de Trabajo, en fallos arbitrales o en cualquier acto unilateral del
patrono, para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la
relación de trabajo o con motivo de la misma. Se diferencia del salario en que no es
retributiva de los servicios prestados y de las indemnizaciones laborales en que no
repara perjuicios causados por el patrono.» [Se resalta]

20. En efecto, el artículo 5 del Decreto 1045 de 1978 estableció que son prestaciones
sociales, entre otras las vacaciones, las primas de vacaciones y de navidad, la
indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el auxilio de
cesantía, las pensiones de jubilación, invalidez y vejez y el auxilio o licencia por
enfermedad. El auxilio de cesantía y la licencia por enfermedad se analizarán en el
siguiente acápite.

2.3.2. En torno al auxilio de cesantía

21. El 4 de junio de 1934 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por medio
del Convenio 44 «sobre el desempleo» estableció la obligación atinente a la
determinación de «un sistema que garanti[zara] a los desempleados involuntarios» una
indemnización equivalente a una cantidad devengada con motivo de las
cotizaciones abonadas en virtud del empleo del beneficiario afiliado a un sistema
obligatorio/voluntario o, un subsidio -no un socorro- en la medida en que no
dependía del estado de necesidad del solicitante, constituido por una remuneración
que se otorgaría en las condiciones fijadas por la legislación nacional, siempre que
la pérdida del empleo no se hubiera generado como consecuencia de la suspensión
del trabajo causada por un conflicto de trabajo, por su propia culpa o por abandono,
y con el fin de obtenerla de forma fraudulenta.

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de agosto de 2010,
radicación: 05001-23-31-000-1998-00307-01 (4935-05) y de la Sala de Consulta y Servicio Civil,
concepto del 11 de septiembre de 2003, radicación 1518, entre otros.
24 Óp. Cit. 15.

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Radicado: 05001-23-33-000-2020-00587-01 (3457-2023)
Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

22. El Convenio 44 de la OIT y los expedidos con posterioridad, sobre la protección
contra el desempleo no fueron ratificados por Colombia y en ese sentido no integran
el bloque de constitucionalidad25. Sin embargo, el 20 de noviembre de 1934, se
expidió la Ley 1026 que previó una indemnización originada por la terminación del
contrato de trabajo, de acuerdo con el fin de protección al desempleo señalado por
esa organización internacional. En aquella se estableció por primera vez la
obligación de «extender por escrito» el contrato de trabajo en el sector privado27, y en
el artículo 14 señaló las concesiones y auxilios para los trabajadores particulares,
dentro de los cuales incluyó el de cesantías, equivalente a un mes de sueldo por
cada año de servicio que prestaran y proporcional por las fracciones de año. Este
pago tenía un carácter indemnizatorio en caso de despido sin justa causa o de
terminación del contrato por vencimiento del plazo. Con esta misma naturaleza, las
leyes 95 de 1941, 56 de 1942 y 3 de 1943 ampliaron el pago a algunos obreros y
trabajadores dedicados a obras públicas.

23. La Ley 6 de 194528, en el artículo 12, literal f), previó las cesantías como una
prestación a cargo del patrono y, adicional a ello, les otorgó la posibilidad a los
trabajadores de adquirir las sumas acumuladas por ese concepto cada tres años de
labor continua o discontinua. El beneficio se extendió con la expedición de la Ley 65
de 194629 a los empleados públicos tanto del nivel nacional como del territorial y a
los trabajadores particulares, con independencia de la causa del retiro, a partir del
1 de enero de 194230. Para su liquidación se computaría no solo el salario fijo sino
«[…] lo que se percib[iera] a cualquier otro título y que impli[cara] directa o indirectamente
retribución ordinaria y permanente de servicios». De este modo, el legislador le sustrajo
el carácter sancionatorio frente al empleador e indemnizatorio para el trabajador.

25 También se encuentran otros convenios de la OIT orientados a que los sistemas de seguridad

social brinden una ayuda al empleo y un apoyo económico a las personas desempleadas por razones
involuntarias, entre ellos, el 102 «sobre la seguridad social (norma mínima)» de 1952, que fijó un
nivel de protección conocido como «régimen de indemnización de desempleo» destinado a cubrir la
contingencia derivada de la suspensión de las ganancias ocasionada por la imposibilidad de obtener
un empleo conveniente en el caso de una persona protegida apta y disponible para trabajar, según
el período de cotización o las prestaciones recibidas durante la relación laboral (parte IV, arts. 19 –
24).
Con base en este, la OIT adoptó el Convenio 168 de 1988 «sobre el fomento del empleo y la
protección contra el desempleo» de una persona apta y disponible para trabajar efectivamente, cuyo
ámbito se amplió no solo a la pérdida de las ganancias (total), sino también a la reducción de aquellas
(parcial), inclusive sin terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos,
estructurales o análogos y en función de los recursos del beneficiario y de su familia para garantizar
condiciones vida saludables y dignas, según lo dispuesto en las normas nacionales (arts. 10, 12, 16).
26 «Sobre pérdida y rehabilitación de derechos políticos y por la cual se establecen algunos derechos

de los empleados».
27 Artículo 13 de la Ley 10 de 1934.
28 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones

profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo».
29 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones

profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
30 Artículo 1 de la Ley 65 de 1946.

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Radicado: 05001-23-33-000-2020-00587-01 (3457-2023)
Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

24. Con la expedición del CST31 a través del Decreto 2663 de 1950 se buscó la
justicia en las relaciones laborales en el marco de la coordinación económica y
equilibrio social. Este estatuto definió varios de los principios que aún en la
actualidad inspiran la interpretación de las fuentes del derecho laboral, entre ellos,
la garantía de un mínimo de derechos irrenunciables en favor de los trabajadores.
En este contexto, el auxilio de cesantía fue previsto dentro del título de prestaciones
patronales comunes, entendido como un ahorro forzoso destinado a cubrir el riesgo
o contingencia derivada de la finalización del contrato de trabajo, a fin de que
atendiera sus necesidades mientras se encontrara cesante32.

25. El ámbito de protección de esta prestación se amplió y se admitió su pago no
solo para contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben enfrentar los
asalariados ante el cese de la actividad productiva (cesantías definitivas), sino
también para satisfacer ciertos requerimientos de educación y vivienda, así como
las de su núcleo familiar33 (retiros parciales de cesantías). De ahí se deriva para el
empleador la obligación de liquidar las cesantías de forma oportuna y en la cuantía
legal debida.

26. Si bien el artículo 249 del CST ya contaba con una prestación social a cargo del
empleador denominada auxilio de cesantías, cuyo propósito es que los cesantes
cuenten con unos recursos que les permitan asegurar la subsistencia durante el
periodo de desempleo, con la Constitución Política de 1991 se estableció el principio
de dignidad humana y una política social y económica justa perseguida por el
Estado social de derecho. Una de sus manifestaciones, es que todas las personas
tengan derecho a condiciones mínimas para subsistir entendidas como mínimo vital.

27. En el ámbito laboral también se especificaron unos principios mínimos
irrenunciables, entre ellos, la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo,
la estabilidad en el empleo, la aplicación de la situación más favorable al trabajador
en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho, la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales, la garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario, así como la protección especial a la mujer,

31 En adelante CST.
32 «Artículo 249. Regla General. Todo {empleador} está obligado a pagar a sus trabajadores, y a las

demás personas que se indican en este Capítulo, al terminar el contrato de trabajo, como auxilio de
cesantía, un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año».
33 En el régimen del Derecho laboral individual, el artículo 102 de la Ley 50 de 1990 permite al

trabajador retirar las sumas abonadas en su cuenta por concepto de cesantías; y en Derecho laboral
administrativo, la posibilidad de retiros parciales fue prevista en la Ley 1071 de 2006.

12

Radicado: 05001-23-33-000-2020-00587-01 (3457-2023)
Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

a la maternidad y al trabajador menor de edad.

28. En relación con el fundamento normativo superior de las cesantías, la Corte
Constitucional34 ha señalado que se encuentra soportado en los artículos 42 y 48 de
la Constitución Política y que se trata de una figura jurídica que responde a una
clara orientación social en el desarrollo de las relaciones entre empleador y
trabajador.

29. Asimismo, se ha reconocido que el auxilio de cesantías es una de las
prestaciones sociales más importantes para los trabajadores y sus familias, por
haberse instituido como un respaldo económico para que sus titulares accedan a
bienes y servicios indispensables para el mejoramiento de su calidad de vida. En la
sentencia C-823 de 200635, luego de reseñar el paso de indemnización a prestación
social, resaltó su connotación de apoyo para el acceso a bienes y servicios
indispensables para el mejoramiento de la calidad de vida de la población
trabajadora y su núcleo familiar.

30. Al respecto, la Corte Constitucional señaló que se trata de «un ahorro forzoso del
trabajador, que el empleador está obligado a cancelar a la terminación del vínculo laboral y
que al empleado le sirve para subvencionar sus necesidades mientras permanece cesante
o para atender otros requerimientos importantes [...]»36, como se mencionó
anteriormente. Asimismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación,
explicó que se trata de un «ahorro que constituye prestación social»37.

31. De conformidad con lo establecido por los instrumentos internacionales38 y la
jurisprudencia, las cesantías son una prestación de la seguridad social que de
manera conjunta -durante la vigencia de la relación laboral y al momento del
retiro-, responde a un beneficio mínimo establecido en la normativa laboral, el cual
adquirió la condición de irrenunciable por mandato del artículo 53 constitucional.

2.3.2.1 Sobre los regímenes de liquidación retroactivo y anualizado del auxilio
de cesantía

32. En lo concerniente a su liquidación, como se expuso, una vez se concedió al auxilio
de cesantías el carácter de prestación exigible a la terminación de la relación laboral,
su liquidación se efectuaba bajo un régimen denominado retroactivo, «a razón de un

34 Sentencia C-171 de 2020.
35 En esta sentencia, la Corte Constitucional declaró inexequible el literal b) del artículo 251 del

Código Sustantivo del Trabajo, que establecía la exclusión de los trabajadores ocasionales del pago
del auxilio de cesantía, pues vulneraba la especial protección constitucional al trabajador.
36 Sentencia C-310 de 2007.
37 Concepto 1448 de 2002.
38 Convenios de la OIT 44 de 1934, 102 de 1952 y 168 de 1988.

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Radicado: 05001-23-33-000-2020-00587-01 (3457-2023)
Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

mes de sueldo o jornal por cada año de servicio»39, tal como fue previsto en las leyes 6 de
1945, 65 de 1946 y en el artículo 249 del CST.

33. En tal sentido, se advierte que el auxilio de cesantía así previsto -sistema
retroactivo-, hizo referencia a la relación de correspondencia que existe entre el
auxilio y los años de servicio que se presten, debido a que se estableció la expresión
«a razón de»40, por lo tanto, se multiplica el sueldo o jornal por los años de servicio.
En consecuencia, en este caso el periodo que se tiene como referente para la
causación de las cesantías es directamente proporcional al tiempo de servicio, esto
es «un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio».

34. Este régimen tradicional de liquidación de cesantías acogió a los empleados del
sector público y privado de manera uniforme hasta la expedición del Decreto 3118
de 1968, cuando se creó el Fondo Nacional del Ahorro 41 como un establecimiento
público al cual debían afiliarse de forma obligatoria los empleados públicos y
trabajadores oficiales de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos, así como de las empresas
industriales y comerciales del estado del orden nacional. La excepción a esta regla
estaba constituida por los miembros de las cámaras legislativas, los miembros de la
fuerza pública, así como el personal civil del ramo de la Defensa Nacional (artículos
3 y 4 del Decreto 3118 de 1968). Para los afiliados obligatorios del FNA, el Decreto
3118 de 1968 introdujo un sistema de liquidación anualizado del auxilio de
cesantías. Sin embargo, la norma no impuso la misma condición para los
trabajadores que se vincularan a dicha entidad de forma voluntaria.

35. Más adelante, la Ley 33 de 1985 dispuso que, quienes ingresaran a la Rama
Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y las Notarías, a partir del 1° de enero de
ese año, se regirían por el Decreto 3118 de 1968 y las normas que lo adicionaran y
reglamentaran, en lo relacionado con la liquidación y pago de las cesantías.

36. Con posterioridad y en virtud del enfoque de apertura económica iniciado por el
gobierno nacional en 199042, con el fin de incrementar la productividad de capital y

39 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley 10 de 1934, 1 del Decreto 2767 de

1945; 45, literal a), de la Ley 6 de 1945; 1 de la Ley 65 de 1946; y 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160 de
1947.
40 Según el Diccionario de la Real Academia Española, se define como: «diferencia constante entre

dos términos consecutivos de una progresión aritmética», «cociente de dos números o, en general,
de dos cantidades comparables entre sí» (tomado de https://dle.rae.es/raz%C3%B3n Indica la
correspondencia de la cantidad que se expresa a cada una de las partes de que se trata.
41 En lo que sigue FNA.
42 Ver: «La Revolución Pacífica. Plan de Desarrollo Económico y Social 1990 – 1994». Prólogo

recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/pnd/gaviria_prologo.pdf

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Radicado: 05001-23-33-000-2020-00587-01 (3457-2023)
Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

la inversión colombiana en la competencia internacional, la Ley 50 de 1990 implantó
un nuevo sistema en materia del derecho individual y colectivo. De acuerdo con esta
nueva regulación, subsistieron tres escenarios de liquidación del auxilio:

(i) El tradicional, previsto en el Código Sustantivo del Trabajo (art. 249), el cual se
aplica a todos aquellos trabajadores vinculados por contrato de trabajo antes del 1
de enero de 1991.

(ii) El de liquidación definitiva anual y manejo e inversión a través de los llamados
fondos de cesantías, creados por esta ley, que rige de manera exclusiva para los
trabajadores vinculados por contrato de trabajo a partir del 1 de enero de 1991 y los
antiguos que se acojan voluntariamente al nuevo sistema.

(iii) El de salario integral aplicable a los trabajadores antiguos y los nuevos que
devenguen más de 10 salarios mínimos mensuales y pacten con su empleador un
salario integral que contenga además de la retribución ordinaria de servicios, el pago
periódico de otros factores salariales y prestacionales, incluida las cesantías a que
tenga derecho el trabajador.

37. Las reglas de liquidación de las cesantías están descritas en los artículos 99 a
106 de la Ley 50 de 1990, al prever que se efectúa cada 31 de diciembre por la
anualidad o por la fracción correspondiente. Esta difiere de la que debe
realizarse por la terminación del contrato de trabajo y su cuantía se consignará antes
del 15 de febrero del año siguiente en la cuenta individual a nombre del trabajador
del fondo que este seleccione (artículos 99 numeral 1 y 104). El incumplimiento de
este plazo genera una sanción moratoria a cargo del empleador equivalente a un
día de salario por cada uno de retardo (artículo 99 numeral 3).

38. El régimen anualizado introducido por la Ley 50 de 1990 se extendió al sector
público con ocasión del artículo 13 de la Ley 344 de 199643, expedida para la
racionalización del gasto público, el cual determinó que «[s]in perjuicio de»44 los
derechos convencionales y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, las personas que se
vincularan al Estado a partir de su entrada en vigor -27 de diciembre de 1996-,
tendrían un régimen de cesantías de liquidación anual y definitiva cada 31 de
diciembre, en armonía con las demás normas legales vigentes sobre esa prestación
del correspondiente órgano estatal.

43 Reglamentado por el Decreto 1582 de 1998.
44 Según el Diccionario de la Real Academia Española la locución adverbial sin perjuicio de significa

«dejando a salvo» o «sin ir en detrimento o en contra de». El Diccionario de uso del español dice
que es una «expresión concesiva de sentido semejante a aunque», y el Gran diccionario de uso del
español actual le asigna como sentido «sin ir en detrimento o en contra de».

15

Radicado: 05001-23-33-000-2020-00587-01 (3457-2023)
Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

39. Luego, el Decreto 1252 de 200045, expedido en desarrollo de los principios
generales establecidos en la Ley 4 de 1992, previó que los empleados públicos,
trabajadores oficiales y miembros de la fuerza pública que se vincularan al servicio
del Estado a partir del 30 de junio de 200046 «tendrán derecho al pago de cesantías en
los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el
caso», incluso si en la entidad u organismo existía un régimen especial sobre tal
prestación social, con excepción de quienes disfrutaban de la retroactividad de las
cesantías antes del 25 de mayo de 2000.

40. De acuerdo con lo expuesto, el auxilio de cesantías como prestación social
inicialmente se liquidó de forma retroactiva y las sumas reconocidas por ese
concepto eran entregadas al trabajador particular o servidor público al momento de
la finalización de la relación laboral. Sin embargo, en aras de saldar el déficit
habitacional a nivel nacional, con la creación del FNA en 1968, se transformó de
manera progresiva a una modalidad anualizada. Con posterioridad, la Ley 50 de
1990 dispuso lo propio para los trabajadores del sector privado, que luego fue
extendida a los servidores públicos del nivel nacional con la Ley 344 de 1996 y el
Decreto 1252 de 2000.

41. Estas dos formas de liquidación del auxilio, retroactiva y anualizada, son las que
delimitan el concepto del régimen de cesantías. De aquí que el artículo 98 de la Ley
50 de 1990 los identificó así:

«Artículo 98.- El auxilio de cesantía estará sometido a los siguientes regímenes:

1. El régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, contenido en el
Capítulo VII, Título VIII, parte primera y demás disposiciones que lo
modifiquen o adicionen, el cual continuará rigiendo los contratos de trabajo
celebrados con anterioridad a la vigencia de esta Ley.
2. El régimen especial que por esta Ley se crea, que se aplicará
obligatoriamente a los contratos de trabajo celebrados a partir de su vigencia.
[…]»

42. De ello se desprende que, en el caso colombiano existen dos regímenes, el
retroactivo y el anualizado, así:

Régimen Normas Afiliados
Ley 10 de 1934 Servidores públicos y trabajadores
RETROACTIVO Ley 6 de 1945 particulares en general vinculados antes
Ley 65 de 1946 de la expedición del Decreto 31138/68

Régimen Sistemas de administración Afiliados

45 «Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los

trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública».
46 Fecha de entrada en vigor del Decreto 1252 del 2000.

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Radicado: 05001-23-33-000-2020-00587-01 (3457-2023)
Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

(establecimiento Obligatorios: servidores públicos de la
público) - Decreto 3118 Rama Ejecutiva del orden nacional.
de 1968 Excepciones: miembros de las
cámaras legislativas, los miembros de
la fuerza pública y el personal civil del
sector defensa
FNA (E.I.C.E.) - Ley 432 de Obligatorios: servidores públicos de la
1998 Rama Ejecutiva del orden nacional.
En forma voluntaria: los demás
ANUALIZADO servidores públicos y particulares.
Excepciones: miembros de la fuerza
pública y el personal civil del sector
defensa.
Trabajadores particulares con
Fondos administradores de cesantías contrato de trabajo vigente desde
• Ley 50 de 1990 1/1/91 y en el sector público, quienes
se vinculen a los órganos y entidades
del Estado desde el 27/12/1996 (Ley
344/96)

43. Ahora bien, la delimitación de un régimen de cesantías parte de un elemento en
común e imprescindible en todos los casos, esto es la cuantía, puesto que en
ambos regímenes -retroactivo y anualizado- el auxilio de cesantías corresponde a
un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, solo que en el primero de
aquellos, la entrega del valor por concepto del auxilio se realiza a la finalización de
la relación legal o reglamentaria; en tanto que en el segundo, la liquidación se
efectúa cada 31 de enero y su consignación se hace antes del 15 de febrero, so
pena de la sanción moratoria, de manera que si al término del vínculo existieren
saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al respectivo
fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales
respectivos47.

2.3.3. Sobre el régimen de las incapacidades laborales en la función pública
por enfermedad de origen profesional y sus efectos cuando fuere igual o
superior a 180 días

44. La seguridad social fue prevista en el artículo 48 como «[…] un servicio público de
carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado».
Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de forma continua, una
necesidad de carácter general consistente en amparar las contingencias que se
presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez, enfermedad o
muerte48. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de «derecho

47 Ley 50 de 1990, artículo 99, numeral 4º
48 Sentencia C-623 de 2004.

17

Radicado: 05001-23-33-000-2020-00587-01 (3457-2023)
Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al repercutir
directamente en la vida y dignidad de las personas49.

45. En desarrollo de lo anterior, se expidió la Ley 100 de 1993 que creó «el sistema
de seguridad social integral». Este estableció un método de prestaciones económicas
para proteger a sus afiliados de las contingencias que menoscaben su salud y su
capacidad económica. Dentro de tales previsiones, el artículo 206 incluyó « el
subsidio por incapacidad laboral» en virtud del cual «[e]l régimen contributivo reconocerá
las incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes […]».

46. Este subsidio sustituye el salario del trabajador que no pueda realizar sus
actividades laborales a causa de su enfermedad. En ese sentido lo ha interpretado
la jurisprudencia al indicar que «[e]l pago de incapacidades laborales sustituye al salario
durante el tiempo en que el trabajador permanece retirado de sus labores por enfermedad
debidamente certificada, según las disposiciones legales. No solamente se constituye en
una forma de remuneración del trabajo sino en garantía para la salud del trabajador, quien
podrá recuperarse satisfactoriamente, como lo exige su dignidad humana, sin tener que
preocuparse por reincorporarse de manera anticipada a sus actividades habituales con el
objeto de ganar, por días laborados, su sustento y el de su familia […]»50 [se resalta].

47. De este modo, en virtud de la afiliación del empleado al sistema de seguridad
social, cuando este presente afectaciones en su salud que le impidan prestar el
servicio, el Estado como empleador se libera de la responsabilidad del pago del
«salario» que pasa a ser asumida como una equivalencia por la respectiva entidad
de previsión social, de acuerdo con el origen de la enfermedad.

48. En efecto, desde el Decreto 3135 de 196851, se hizo una distinción del «auxilio
por enfermedad» según su origen, es decir, si era profesional o no. El artículo 14,
dispuso que la entidad de previsión social a la cual se hallara afiliado el empleado
efectuaría el reconocimiento y pago, entre otros, del «auxilio por enfermedad
profesional» [literal c]. A su vez, estableció las remuneraciones en el artículo 18, así:

«Artículo 18. Auxilio por enfermedad. En caso de incapacidad comprobada para
desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad, los empleados o trabajadores
tendrán derecho a que la respectiva entidad de previsión social les pague, durante el
tiempo de la enfermedad, las siguientes remuneraciones:

49 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de

1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
50 Sentencia C-065 DE 2005. Ver Sentencia T-311 de 1996 y Consejo de Estado, Sección Segunda,

Subsección, sentencia de tutela del 16 de marzo de 2017. Radicado: 08001-23-33-000-2016-01334-
01(AC).
51 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se

regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales»

18

Radicado: 05001-23-33-000-2020-00587-01 (3457-2023)
Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

a) Cuando la enfermedad fuere profesional, el sueldo o salario completo durante ciento
ochenta (180) días, y

b) Cuando la enfermedad no fuere profesional, las dos terceras (2/3) partes del sueldo o
salario durante los primeros noventa (90) días, y la mitad del mismo por los noventa (90)
días siguientes.

Parágrafo.- La licencia por enfermedad no interrumpe el tiempo de servicio.

Cuando la incapacidad exceda de ciento ochenta (180) días, el empleado o trabajador
será retirado del servicio y tendrá derecho a las prestaciones económicas y asistenciales
que este Decreto determina.»

49. De acuerdo con la norma transcrita, en caso de incapacidad cuando la
enfermedad sea de origen profesional, la entidad de previsión social le pagará al
empleado una remuneración correspondiente al sueldo o salario completo durante
180 días.

50. En adelante, esto es cuando la incapacidad ocasionada por enfermedad
profesional o accidente de trabajo excediera de 180 días, el Decreto reglamentario52
819 de 1989, señaló que el auxilio económico que percibía el incapacitado sería
reconocido en «la misma cuantía por la entidad de previsión social, hasta cuando se
incluyera en la nómina de pensionados o se cancelara la correspondiente indemnización,
si a ella hubiere lugar» (artículo 1). De este modo, cuando a un servidor público le sea
concedida incapacidad médica superior a 180 días podrá ser retirado del servicio
solo hasta cuando le haya sido reconocida pensión de invalidez y como
consecuencia incluido en la nómina de pensionados. Hasta antes de que se
verifique esto último, continuará siendo beneficiario del auxilio económico por
enfermedad.

51. Con posterioridad al cambio constitucional que tuvo lugar en 1991, a través de la
Ley 100 de 1993 se creó el Sistema de Seguridad Social Integral, con fundamento
en la cual se expidió el Decreto 1295 de 199453, conforme con el cual, todo
trabajador que sufra una enfermedad profesional tiene derecho al pago de
prestaciones económicas, entre las que se encuentra el «subsidio por incapacidad
temporal» (artículos 7 y 34) y el artículo 40 del Decreto 1406 de 1999 estableció el
ingreso base de cotización durante las incapacidades o licencia de maternidad para
el sector público y privado, de la siguiente manera:

«Artículo 40. Ingreso Base de Cotización durante las incapacidades o la licencia de
maternidad.

52 Del Decreto Extraordinario 3135 de 1968 y la Ley 71 de 1988
53 «[P]or el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos

Profesionales»

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[...]

Serán de cargo de la respectiva administradora de riesgos profesionales, ARP, el valor
de los aportes para los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensiones que se
causen durante los períodos de incapacidad originados por una enfermedad o accidente
de carácter profesional, en la parte que de ordinario correspondería al aportante con
trabajadores dependientes. En este evento, la ARP descontará del valor de la
incapacidad el monto correspondiente a la cotización del trabajador dependiente.

[...]

En ningún caso el Ingreso Base de Cotización que se establece para los eventos que
contempla el presente artículo podrá ser inferior a las bases mínimas de cotización que
la Ley establece para los diferentes riesgos que conforman el Sistema de Seguridad
Social Integral.»

52. En el inciso segundo del parágrafo de este artículo, se estableció que «[e]n el
Sistema General de Riesgos Laborales las Administradoras de Riesgos Laborales
reconocerán las incapacidades temporales desde el día siguiente de ocurrido el accidente
de trabajo o la enfermedad diagnosticada como laboral».

53. Luego, con la Ley 776 de 200254, se determinó que todo afiliado al sistema
general de riesgos profesionales que, en los términos del Decreto 1295 de 1994,
sufriera una enfermedad profesional, tendría derecho a que este le reconociera las
prestaciones asistenciales y económicas [subsidio por incapacidad laboral], las
cuales serían reconocidas por la administradora respectiva.

54. En el artículo 3 ibidem, se dispuso que la persona con incapacidad temporal55
recibiría un subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización y su
pago se debía efectuar en los periodos en que el trabajador recibiera regularmente
su salario. Para el caso de la enfermedad profesional, esta misma norma prevé que
«será el mismo subsidio», pero calculado a partir del día siguiente a la incapacidad.

55. En esta oportunidad, se indicó que el periodo en que se reconoce la prestación
sería por 180 días que podía ser prorrogado por otro periodo que no superara el
inicial. En caso de que en este tiempo no se lograra la curación o rehabilitación del
afiliado, se debía iniciar el procedimiento para determinar el estado de invalidez y,
hasta tanto, «la ARP continuar[ía] cancelando el subsidio por incapacidad temporal»;
además, estas administradoras de riesgos profesionales, debían asumir el pago de

54 «[P]or la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema

General de Riesgos Profesionales»
55 Entendida como «aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presente el

afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, le impida desempeñar su capacidad laboral
por un tiempo determinado».

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la cotización por concepto de pensión y salud «correspondiente a los empleadores,
durante los periodos de incapacidad temporal y hasta por un ingreso base de cotización
equivalente al valor de la incapacidad. La proporción será la misma establecida para estos
sistemas en la Ley 100 de 1993».

56. Con la Ley 1562 de 201256 se entiende por ingreso base para liquidar las
prestaciones económicas, «[e]l promedio del año, o fracción de año, del Ingreso Base de
Cotización (IBC) anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de
la enfermedad laboral» y, para el caso del subsidio por incapacidad laboral, la
prestación se reconoce con base en el último IBC pagado a la entidad
administradora de riesgos laborales «anterior al inicio de la incapacidad médica»
(artículo 5).

57. Además, según el artículo 6, el monto de las cotizaciones para los trabajadores
vinculados mediante contratos de trabajo o como servidores públicos, no podrá ser
inferior al 0.348% ni superior al 8.7% del IBC de los trabajadores y su pago estará
a cargo del respectivo empleador.

58. Sobre las incapacidades de origen profesional, en la sentencia T-876 de 2013, la
Corte Constitucional consideró que la administradora de riesgos profesionales debe
asumir el pago «de todas las prestaciones a que haya lugar desde el primer día hasta que
i) la persona quede integralmente rehabilitada y, por tanto, reincorporada al trabajo; ii) se le
califique su estado de incapacidad parcial permanente y en este caso se indemnice, o iii)
se califique la pérdida de capacidad laboral en un porcentaje superior al 50% , caso en el
que se reconocerá su pensión de invalidez».

59. Igualmente, dicha corporación comprendió que las «prestaciones económicas» se
determinan de acuerdo con las secuelas de la enfermedad o accidente y son: incapacidades
temporales, subsidios por incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial o pensión
de invalidez según la gravedad de la capacidad laboral», lo cual también se encuentra
regulado en el artículo 7º del señalado Decreto 1295 de 1994.

60. Como se observa, en toda la normativa reseñada, se estableció que el trabajador
es beneficiario de la incapacidad y, por tal razón, el empleador subroga la obligación
del «salario» a la EPS o a la ARL cuando se cause esta prestación social por
enfermedad profesional o común, según el caso.

61. En ese orden, los demás derechos laborales pueden ser exigibles al empleador,
salvo que exista norma que lo prohíba o que condicione su causación al
cumplimiento, por ejemplo, de la prestación efectiva del servicio, o que por su

56 «[P]or la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en

materia de Salud Ocupacional».

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naturaleza no sea procedente su pago. En caso de que así sea, como el trabajador,
en virtud de su condición de salud, no puede cumplir sus funciones, mal podría
considerarse que se cumple el presupuesto para adquirirlo, asunto que será
examinado más adelante.

62. Ahora, a pesar de la existencia de la incapacidad, en el empleador recaen
obligaciones relativas (i) al pago de las cotizaciones al sistema general de seguridad
social; (ii) que se compute el servicio que dure incapacitado, es decir, que no se
entienda interrumpido; y (iii) la perduración de la vigencia del vínculo laboral entre
empleador y trabajador incapacitado. Al ser de importancia para resolver el sub
examine, la Sala se detendrá en los últimos dos asuntos57:

2.3.3.1 Que se compute el servicio que dure incapacitado

63. Conforme con el artículo 18 del Decreto 3135 de 1968 antes transcrito, la licencia
por enfermedad no interrumpe el tiempo de servicio. Aunque esta disposición
también prevé que, cuando la incapacidad exceda de 180 días el trabajador será
retirado, en la actualidad no se aplica de manera automática, puesto que las
personas en tal condición gozan de la denominada «estabilidad laboral reforzada» que
les otorga el derecho de permanecer en sus trabajos y a no ser despedidos por su
condición psicofísica, salvo que esta genere una completa incompatibilidad con el
empleo desempeñado y medie autorización del Ministerio del Trabajo, según lo
dispone el artículo 26 de la Ley 361 de 199758.

64. Ello se acompasa, por ejemplo, con el artículo 2.2.5.5.14 del Decreto 1083 de
201559, de cuyo tenor literal se extrae que «[e]l tiempo que dure la licencia por
enfermedad y maternidad o paternidad es computable como tiempo de servicio activo […]».

65. Por consiguiente, la «no interrupción del tiempo de servicio» a la que se refieren
debe ser entendida como la garantía en favor del trabajador para que, su
enfermedad y el hecho de no prestar el servicio, no afecten el reconocimiento de

57 Los cuales fueron objeto de estudio de manera reciente por esta Subsección en sentencia proferida

el 8 de febrero de 2024, radicación 13001-23-33-000-2016-01005-01 (2734-2021).
58 En la sentencia C-531 de 2000 se manifestó: «En cuanto al primer contenido normativo acusado

por los actores, expuesto en el inciso 1o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que señala que
ninguna persona limitada puede ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación,
salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo, para la Corte es claro que en lugar de
contradecir el ordenamiento superior, lo desarrolla. Lo anterior, pues se evidencia como una
protección del trabajador que sufre de una disminución física, sensorial o síquica, en cuanto impide
que ésta se configure per se en causal de despido o de terminación del contrato de trabajo,
pues la misma sólo podrá alcanzar dicho efecto, en virtud de “la ineptitud del trabajador para
realizar la labor encomendada” (C.S.T., art. 62, literal a-13), y según el nivel y grado de la
disminución física que presente el trabajador»
59 «[P]or medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».

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otros derechos laborales diferentes del pago del salario, como lo son la estabilidad
en el empleo y las cotizaciones al sistema de seguridad social. De ahí que no suceda
lo mismo en relación con el salario frente a las prestaciones sociales, pues aquel sí
depende de la prestación efectiva del servicio.

2.3.3.2 Perduración del vínculo laboral

66. La vigencia de la relación laboral en favor del trabajador incapacitado encuentra
sustento en los artículos 13, 47 y 54 constitucionales que ordenan al Estado y a la
sociedad la protección de los derechos de esta población e impuso obligaciones al
Estado en esa dirección. Así, la primera norma indicó que, en aras de garantizar la
igualdad real y efectiva de esta población, el Estado «[…] protegerá especialmente a
aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas
se cometan […]». A su turno, el artículo 47 dispuso que le incumbe adelantar «[…]
una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran
[…]». Y, el artículo 54 ibidem, le ordenó «[…] propiciar la ubicación laboral de las
personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde
con sus condiciones de salud […]».

67. En virtud de lo anterior, la Ley 361 de 199760 en su artículo 26 definió como regla
que la condición de salud no puede ser una razón para romper el vínculo laboral,
salvo que la incapacidad o discapacidad sea incompatible e insuperable para
desempeñar el cargo. En ese orden, señaló que «[…] ninguna persona en situación de
discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su
discapacidad, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo […]», so pena de que
quien lo haga deba pagar las sanciones establecidas en la ley.

68. La jurisprudencia constitucional, al interpretar esta norma, sostuvo que cobija a
todas las personas con discapacidad «[…] sin entrar a determinar ni el tipo de limitación
que se padezca, ni el grado o nivel de dicha limitación […]»61. De igual manera,
prescribió que la protección a la estabilidad laboral depende de tres supuestos, a
saber: «[…] (i) que se establezca que el trabajador realmente se encuentra en una
condición de salud que le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado
desempeño de sus actividades; (ii) que la condición de debilidad manifiesta sea conocida
por el empleador en un momento previo al despido; y (iii) que no exista una justificación
suficiente para la desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene origen en
una discriminación […]»62.

60 «Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de

discapacidad y se dictan otras disposiciones»
61 C-824 de 2011.
62 Su-087 de 2002. Ver también: T-215 de 2014, T-188 de 2017 y T-434 de 2020.

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69. Para el caso concreto de los empleados de la Fiscalía General de la Nación,
quienes hacen parte de la Rama Judicial por disposición del artículo 11 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia (ordinal II)63, el artículo 135 ibidem
estableció que pueden hallarse en las siguientes situaciones administrativas: (i) en
servicio activo, que comprende el desempeño de sus funciones, la comisión de
servicios y la comisión especial; y (ii) «separados temporalmente del servicio de sus
funciones, esto es: en licencia remunerada que comprende las que se derivan de la
incapacidad por enfermedad o accidente de trabajo» y las no remuneradas que son:
permisos, vacaciones, suspensión por medida penal o disciplinaria, o por la
prestación del servicio militar. En los artículos 147 y 148 ibidem, no se incluyó la
licencia por enfermedad como una razón de la cual se derive la suspensión del
empleo o el retiro del servicio.

70. En el mismo sentido, el artículo 19 del Decreto 546 de 197164 estableció que, en
los casos de enfermedad no profesional, profesional y accidentes de trabajo que no
produzcan invalidez, el servidor lesionado no perderá su empleo y, cuando la
incapacidad sea superior a 30 días, será reemplazado transitoriamente «por un
interino», pero la licencia no interrumpirá el tiempo de servicio.

71. En igual sentido, el Decreto Ley 21 de 201465 determinó en el artículo 4 que los
servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación pueden encontrarse en
servicio activo o separados temporalmente del servicio cuando están en licencia por
enfermedad general o profesional o accidente de trabajo, sin que interrumpa el
tiempo de servicio (artículo 56), en concordancia con Ley 100 de 1993, el Decreto
1295 de 1994, la Ley 776 de 2002 y la Ley 1562 de 2012; disposiciones aplicables
por virtud del artículo 49 ibidem.

72. Las anteriores normas se acompasan con lo previsto en el artículo 31 del Decreto
1848 de 1968, según el cual, la licencia por incapacidad para trabajar, motivada por
enfermedad o accidente de trabajo, «no interrumpe el tiempo de servicios para el
cómputo de las prestaciones establecidas por la ley en consideración a dicho factor, como
vacaciones remuneradas, prima de navidad, cesantía y pensión de jubilación».

73. Apartir de lo expuesto, se concluye que la incapacidad es una situación
administrativa y no suspende o interrumpe el vínculo laboral por disposición expresa

63 Así lo establece también el artículo 64 del Decreto 2699 de 1991 «[p]or el cual se expide el Estatuto

Orgánico de la Fiscalía General de la Nación».
64 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y

empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares».
65 «Por el cual se expide el régimen de las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar

los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas».

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de los artículos 135 de la Ley 270 de 1996, 19 del Decreto 546 de 1971 y 56 del
Decreto Ley 21 de 2014, razón por la cual, aun dentro de ese lapso, el servidor es
beneficiario de las prestaciones sociales otorgadas por el ordenamiento jurídico,
entre las que se encuentran las cesantías y sus intereses, según lo expuesto en el
acápite precedente.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

74. En el expediente se encuentra probado lo siguiente66:

74.1. Mónica Jazmín Montero Rodríguez se posesionó en provisionalidad como fiscal
delegada antes jueces penales del circuito especializados en la Dirección de
Fiscalías Nacionales el 24 de agosto de 201567, con «ubicación laboral en el eje
temático de Protección de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente – sede
Villavicencio»68 y asignada a la Fiscalía 1869.

74.2. Con la Resolución 2358 de 29 de junio de 2017 expedida por la Fiscal General
de la Nación, «[p]or medio de la cual se distribuyen los cargos de la planta de personal de
la Fiscalía General de la Nación»70, fue trasladada a la Dirección especializada contra
violaciones de los derechos humanos en Medellín.

74.3. Segúnconstancia suscrita el 11 de junio de 2019 por el jefe regional de
medicina laboral de Coomeva EPS71, la demandante estuvo incapacitada por
enfermedad profesional desde el 30 de mayo de 2017 hasta el 18 de junio de 2019,
discriminadas así:

Período de incapacidad Días de incapacidad
04/08/2017 – 06/08/2017 3
25/01/2018 – 08/02/2018 15
09/02/2018 – 23/02/2018 15
24/02/2018 – 10/03/2018 15
11/03/2018 – 18/03/2018 15
19/03/2018 – 25/03/2018 7

66 De acuerdo con los elementos de prueba aportados con la demanda visibles en Samai, índice 2,

archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2.rar», archivo 01
67 Según el acta de posesión 640 que obra a folio 24.
68 De acuerdo con la Resolución 1645 del 11 de agosto de 2015, por la cual se efectuó el

nombramiento de la demandante, folios 21 y 22.
69 Conforme con la Resolución 397 del 10 de noviembre de 2015 expedida por el director de fiscalías

nacionales, folios 25 y 26
70 Folios 27 a 29
71 Folios 36 y 37

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26/03/2018 – 09/04/2018 15
10/04/2018 – 24/04/2018 15
25/04/2018 – 24/05/2018 30
25/05/2018 – 08/06/2018 15
09/06/2018 – 23/06/2018 15
24/06/2018 – 08/07/2018 15
09/07/2018 – 23/07/2018 15
24/07/2018 – 07/08/2018 15
08/08/2018 – 22/08/2018 15
23/08/2018 – 06/09/2018 15
07/09/2018 – 21/09/2018 15
22/09/2018 – 06/10/2018 15
07/10/2018 – 21/10/2018 15
22/10/2018 – 05/11/2018 15
06/11/2018 – 20/11/2018 15
21/11/2018 – 05/12/2018 15
06/12/2018 – 20/12/2018 15
21/12/2018 – 04/01/2019 15
05/01/2019 – 19/01/2019 15
20/01/2019 – 03/02/2019 15
04/02/2019 – 18/02/2019 15
19/02/2019 – 05/03/2019 15
06/03/2019 – 20/03/2019 15
21/03/2019 – 04/04/2019 15
05/04/2019 – 19/04/2019 15
20/04/2019 – 04/05/2019 15
05/05/2019 – 19/05/2019 15
20/05/2019 – 03/06/2019 15
04/06/2019 – 18/06/2019 15

74.4. En el Dictamen 52070913-11106 del 19 de junio de 2019 la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez solicitado por la ARL Positiva compañía de seguros, se
determinó que el origen de la enfermedad de la demandante era laboral 72.

74.5. El 16 de julio de 2019 solicitó a la demandada el reconocimiento del auxilio de
cesantía y sus intereses por el año 2018 con destino a la financiación del estudio de
sus dos hijas, y la sanción moratoria por la falta de consignación del valor
correspondiente a la prestación social73.

74.6. La subdirectora regional de apoyo de la zona noroccidental de la Fiscalía
General de la Nación por medio del Oficio 20190380028043 del 29 de julio de 201974
negó la anterior petición, debido a que «para el año 2018, se encontró en una licencia
por incapacidad, que inició desde el día 30 de mayo de 2017, y a la fecha esta licencia sigue

72 Folio 56
73 Petición visible entre los folios 59 y 66
74 Folios 73 a 77

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ininterrumpida, [por lo que] en el transcurso de los 365 días del 2018 no prestó servicios en
la entidad, fruto de su condición de salud».

74.7. Por consiguiente, las prestaciones sociales solo se causaron hasta el día 180,
pues en adelante la funcionaria solo tenía derecho a las prestaciones asistenciales
y económicas del Sistema de Seguridad Social Integral respecto de esa
contingencia, conforme con los artículos 18 del Decreto 3135 de 1968 y 9 del
Decreto 1848 de 1969; máxime en atención a que el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945
estableció el auxilio de «cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de
servicio». En cuanto a los intereses y la sanción por mora, accesorios a las cesantías,
estos también se encontraban supeditados a la prestación del servicio que no
ocurrió en el año 2018, en tanto no percibió salario sino un auxilio por incapacidad.
74.8. El 14 de agosto de 2019 la demandante impugnó la decisión 75 y fue resuelta a
través de la Resolución 22323 del 24 de septiembre de 2019 76 por la subdirectora
de talento humano de la entidad en la que se reiteró en los argumentos de la
respuesta inicial y como argumento adicional explicó que de conformidad con la
Circular 007 del 200977, «si la incapacidad se extiende por más de 180 días, a partir del
día 181, la relación laboral se interrumpe y dicho tiempo no computara para la causación
de las prestaciones sociales tales como vacaciones, primas y bonificaciones, en todo caso,
el tiempo que tenía acumulado a su favor, el servidor para tener derecho a alguna
prestación continuará computándose una vez se reintegre al servicio».

2.4.2. Análisis sustancial

74.9. La Fiscalía General de la Nación en el recurso de apelación manifestó que la
licencia por incapacidad en que se encontraba Mónica Jazmín Montero Rodríguez
para el año 2018, configuraba la separación temporal del servicio de conformidad
con los artículos 135 de la LEAJ y 4 del Decreto 021 de 2014 y 2.2.5.5.2 del Decreto
648 de 2017.

74.10. En su criterio, el a quo erró en la interpretación de la Ley 776 de 2002, norma
que estipuló las prestaciones del sistema general de riesgos profesionales, las
cuales son de carácter asistencial y económico, más no las sociales derivadas de
una relación legal y reglamentaria. Al respecto, los artículos 10 del Decreto 819 de
1989 y 23 del Decreto 2463 de 2001 solo prevén en estos casos el pago de un
subsidio económico por enfermedad a cargo del fondo de pensiones o de la ARL.

75. A su juicio, la incapacidad superior a 180 días sustrajo el derecho al pago de las
cesantías, puesto que, aunque los artículos 31 del Decreto 1848 de 1969 y 22 del

75 Folios 67 a 72
76 Folios 78 a 88
77 Folios 91 a 94

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Decreto 1045 de 1978 señalaron que el tiempo de la licencia se computa como de
servicios, es solo en lo concerniente a las vacaciones y la prima de navidad, a
diferencia del pretendido auxilio que sí fue supeditado por el legislador al tiempo
laborado, bien sea por el año o proporcional por fracción. Esto en la medida en que
no es razonable que, respecto del trabajador incapacitado privado del derecho al
pago del salario, se genere a cargo del empleador la obligación de costear las
cesantías ni los emolumentos accesorios, tales como intereses y la sanción
moratoria.

2.4.2.1. Las cesantías y los intereses

76. De acuerdo con los elementos de prueba aportados al proceso, se acreditó que
Mónica Jazmín Montero Rodríguez se encontraba vinculada a la Fiscalía General
de la Nación y que en el año 2018 fue diagnosticada con la enfermedad denominada
«trastorno mixto de ansiedad y depresión» con origen laboral y debido a aquella fue
incapacitada por un período que excedió 180 días.

77. En ese contexto, como se ha explicado en esta providencia, las cesantías se
causan por cada año o fracción de tiempo y son un auxilio para cuando el trabajador
quede cesante o deba atender necesidades de vivienda o educación78.

78. En ese contexto, como se ha explicado en esta providencia, al tenor del artículo
31 del Decreto 1848 de 1969 antes citado, en concordancia con los artículos 135 de
la Ley 270 de 1996, 19 del Decreto 546 de 1971 y 56 del Decreto Ley 21 de 2014,
la licencia por incapacidad derivada de la enfermedad laboral no interrumpe el
tiempo de servicios para el cómputo de las prestaciones sociales previstas en la ley.

79. En virtud de estas normas se establece que, a pesar de la incapacidad, el
empleador conserva el deber de pagar, a favor del servidor las cesantías y sus
correspondientes intereses debido a su naturaleza de prestación social, sin que se
interrumpan al ser aquella [la incapacidad] una situación administrativa que no
suspende el servicio.

80. Ciertamente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde
la sentencia proferida el 18 de septiembre de 198079 puntualizó que «[e]l término de
incapacidad no es descontable para efectos de liquidar el auxilio de cesantía, ya que no
constituye causal de suspensión del contrato de trabajo», consideración que, si bien
concierne a un trabajador del sector privado, resulta aplicable al caso concreto,

78 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A sentencia del 10 de septiembre de 2020.

Radicado 52001-23-33-000-2015-00132-01 (3157-2016).
79 Radicación 7267, acta 36.

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Radicado: 05001-23-33-000-2020-00587-01 (3457-2023)
Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

comoquiera que aquel tiene el mismo objeto.

81. Aunque para el sector público, concretamente los empleados de la Fiscalía
General de la Nación, la incapacidad sea una situación administrativa, lo cierto es
que se trata de una eventualidad que, en modo alguno, suspende o interrumpe el
vínculo laboral, aunque el servidor se encuentre separado de sus funciones
temporalmente. Ahora, la referencia del a quo a la Ley 776 de 2002 en la sentencia
impugnada se hizo precisamente a efectos de indicar que el beneficio económico
que percibe un trabajador durante la licencia por enfermedad no correspondía al
salario sino a un subsidio por enfermedad. De ahí que se enmarca en una «licencia
remunerada».

82. Por la misma razón, el pago de los intereses a las cesantías es procedente, pues
el artículo 99 de la Ley 50 de 199080, indicó que «[e]l empleador cancelará al trabajador
los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las
normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada
en el año o en fracción que se liquide definitivamente».

2.4.2.2. La sanción moratoria

83. En relación con esta penalidad, le asiste razón a la entidad demandada frente a
su improcedencia, por las razones expuestas en la impugnación. Esta Sección ha
sostenido que no hay lugar al reconocimiento de la sanción moratoria cuando lo que
se reclama es una diferencia en la liquidación inicial81 o cuando se presenta una
discusión sobre el monto que se consignó82. Tampoco en el evento en que para el
empleador no exista claridad acerca de la obligación que tenía de pagar las
cesantías, como en el presente caso, en el que es objeto de controversia por virtud
de la separación temporal del servicio con ocasión de la licencia por incapacidad
por el año 2018.

84. Lo anterior, por cuanto la sanción establecida en el numeral 3 del artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 se originó porque el empleador omitió de la consignación del valor
liquidado, ya definido con claridad y de manera definitiva, antes del 15 de febrero
del año siguiente, por lo que solo el incumplimiento de este deber es el castigado
con la mora y no otro diferente.

80 «Por el cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones»
81 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A sentencia del 17 de septiembre de 2020.

Radicado: 11001-03-25-000-2013-00890-00 (1921-2013).
82 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2022,

Radicado 25000-23-42-000-2018-02833-01.

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Radicado: 05001-23-33-000-2020-00587-01 (3457-2023)
Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

85. En ese orden, si el empleador no tiene certeza sobre si le corresponde asumir la
obligación de pagar las cesantías, como en el caso que se examina, carece de
razonabilidad castigarlo en los términos de la norma referida, ya que en su actuar
no existió desidia o descuido con el ánimo de defraudar al trabajador y, por el
contrario, el no pago se debió a la incertidumbre jurídica que impedía la destinación
de recursos públicos para ello. Es así, comoquiera que no se trata de una conducta
omisiva y negligente frente al cumplimiento de una obligación respecto de la cual no
existía discusión alguna. Contrario a ello, en el presente asunto se debate,
precisamente, la certeza sobre la existencia de tal obligación.

86. En consecuencia, por todas las razones expuestas en precedencia, se revocará
el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia, en tanto condenó a la
Fiscalía General de la Nación al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, y
se confirmará en todo lo demás.

2.5. Costas

87. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».

88. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

89. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma83.

90. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del

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Radicado: 05001-23-33-000-2020-00587-01 (3457-2023)
Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

91. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte apelante y revocará la impuesta en el numeral séptimo de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia.

3. Conclusión

92. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que en el presente caso la
demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las cesantías y sus
intereses por el año 2018, comoquiera que la licencia por incapacidad de origen
profesional deviene de una situación administrativa que no suspendió ni interrumpió
el servicio, de conformidad con los artículos 31 del Decreto 1848 de 1969 y, en
especial, 135 de la LEAJ, 19 del Decreto 546 de 1971 y 56 del Decreto Ley 21 de
2014. En lo concerniente a la sanción moratoria pretendida por la demandante, no
hay lugar a su reconocimiento toda vez que no existía certeza sobre el deber de
consignación de la prestación social.

93. En esas condiciones, se revocarán los numerales cuarto y séptimo de la
sentencia proferida el 1º de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta de Decisión, en cuanto accedió al reconocimiento y pago de
la sanción moratoria y condenó en costas a la entidad demandada.

94. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 1º de diciembre
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, el cual
quedará así:

«SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del Oficio N° DS-SRANOC-GSA-28 002200-
20190380028043 del 29 de julio de 2019 y la Resolución N° 22323 del 24 de septiembre
de 2019, por medio de los cuales la entidad demandada negó el reconocimiento,
liquidación y pago de las cesantías e intereses a las cesantías, correspondientes al año
2018; y resolvió un recurso de apelación; conforme con los argumentos esgrimidos en la
parte motiva de esta decisión.»

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Radicado: 05001-23-33-000-2020-00587-01 (3457-2023)
Demandante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez

Segundo. Revocar los ordinales cuarto y séptimo de la sentencia proferida el 1º de
diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión, en cuanto accedió al reconocimiento y pago de la sanción moratoria y
condenó en costas a la entidad demandada. En su lugar, se deniegan.

Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia del 1º de diciembre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, que
accedió al reconocimiento y pago de las cesantías del año 2018 y sus
correspondientes intereses, y negó las demás pretensiones de la demanda en el
proceso promovido por Mónica Jazmín Montero Rodríguez contra la Fiscalía
General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

JNFG

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