Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2020-00629-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2020-00629-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2020-00629-02
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
1 de junio de 2023
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00629-02 (26775)
Demandante: Banco de Occidente S.A. e Inversiones Alternova S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., primero (1º) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2020-00629-02 (26775)
Demandante BANCO DE OCCIDENTE S.A. E INVERSIONES ALTERNOVA S.A.S.
Demandado MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA
Temas: Contribución de valorización. Procedimiento para decretarla.
Competencia para expedir los actos de ejecución y recaudo.
Sumas por recaudar por concepto de la contribución por
valorización.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 6 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, que resolvió1:
«PRIMERO. SE NIEGAN las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. Se condena en costas a la parte actora de conformidad con los parámetros
definidos en la parte motiva de la presente decisión.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente».
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante Resolución Nro. 939 del 16 de octubre de 2018, el alcalde del municipio
de Rionegro distribuyó la contribución de valorización del proyecto de Valorización
«Rionegro Tarea de Todos», decretada mediante Resolución Nro. 567 del 5 de junio
de 2017, modificada por las Resoluciones Nro. 967 del 2017, Nro. 172 de 2018 y
Nro. 845 de 2018 (en adelante, Resolución Distribuidora o Resolución Nro. 939 de
2018).
El Banco de Occidente S.A. es propietario del inmueble identificado con matrícula
Nro. 020-78210 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Rionegro,
Antioquia, y, a su vez, la sociedad Inversiones Alternova S.A.S. es locataria del
mismo. Este bien está ubicado en la zona de influencia del proyecto «Rionegro se
Valoriza».
El 29 de noviembre de 2018, el representante legal de Inversiones Alternova S.A.S.,
indicando que era locatario del Banco de Occidente S.A., presentó recurso de
reposición en contra de la Resolución distribuidora.
Mediante la Resolución Nro. 1808 del 26 de septiembre de 2019, el municipio de
Rionegro resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto
recurrido.
1 Fl. 31 a 32 c.p. 1.
1
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-00629-02 (26775)
Demandante: Banco de Occidente S.A. e Inversiones Alternova S.A.S.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
El Banco de Occidente S.A. e Inversiones Alternova S.A.S., en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
CPACA, formularon las siguientes pretensiones2:
«PRINCIPALES
PRIMERO: Que declare la Nulidad de la Resolución número 939 “POR LA CUAL SE
DISTRIBUYE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN DEL PROYECTO DE
VALORIZACIÓN "RIONEGRO SE VALORIZA", DECRETADO MEDIANTE RESOLUCIÓN
567 DE 2017, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 967 DEL 2017, RESOLUCIÓN 172 DE
2018 Y RESOLUCIÓN 845 DE 2018". Y de la Resolución 1808 del día 26 de septiembre de
2019 "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN", expedidas por la
Alcaldía Municipal de Rionegro Antioquia, por ser contrarias a la Constitución y la Ley y por
infringir el Estatuto de Valorización del Municipio de Rionegro. En relación al predio
identificado con matrícula inmobiliaria 020-78210 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Rionegro.
SEGUNDO: Que se declaren las nulidades de oficio que el juez encuentre probadas.
TERCERO: Que se restablezca el Derecho y en consecuencia se ordene a la Administración
Municipal de Rionegro, la anulación o cancelación de las facturas generadas a nombre de
BANCO DE OCCIDENTE S.A. CON NIT 890300279-4, y/o INVERSIONES ALTERNOVA
S.A.S. CON NIT 900226841, por cobro de valorización realizado con ocasión a la Resolución
número 939, “POR LA CUAL SE DISTRIBUYE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN DEL
PROYECTO DE VALORIZACIÓN "RIONEGRO SE VALORIZA", DECRETADO MEDIANTE
RESOLUCIÓN 567 DE 2017, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 967 DEL 2017,
RESOLUCIÓN 172 DE 2018 Y RESOLUCIÓN 845 DE 2018", y en razón de la Resolución
1808 del día 26 de septiembre de 2019, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICIÓN” expedida por el Alcalde Municipal de Rionegro Antioquia, todo ello en relación
al predio identificado con matrícula inmobiliaria 020-78210 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Rionegro.
CUARTO: Que se restablezca el Derecho y en consecuencia se ordene a la Administración
Municipal la devolución de los dineros que BANCO DE OCCIDENTE S.A. CON NIT
890300279-4, y/o INVERSIONES ALTERNOVA S.A.S. CON NIT 900226841, hayan pagado
por cobro de valorización realizado con ocasión a la Resolución número 939, “POR LA CUAL
SE DISTRIBUYE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN DEL PROYECTO DE
VALORIZACIÓN "RIONEGRO SE VALORIZA", DECRETADO MEDIANTE RESOLUCIÓN
567 DE 2017, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 967 DEL 2017, RESOLUCIÓN 172 DE
2018 Y RESOLUCIÓN 845 DE 2018" y/o con ocasión de la Resolución 1808 del día 26 de
septiembre de 2019, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”
expedida por el Alcalde Municipal de Rionegro Antioquia, en relación al predio identificado
con matrícula inmobiliaria 020-78210 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Rionegro.
QUINTO: Que se restablezca el Derecho y en consecuencia se ordene a la Oficina de
Registro e Instrumentos Públicos de Rionegro Antioquia para que cancela (sic) la anotación
de Valorización ordenada con ocasión a la Resolución número 939, “POR LA CUAL SE
DISTRIBUYE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN DEL PROYECTO DE
VALORIZACIÓN "RIONEGRO SE VALORIZA", DECRETADO MEDIANTE RESOLUCIÓN
567 DE 2017, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 967 DEL 2017, RESOLUCIÓN 172 DE
2018 Y RESOLUCIÓN 845 DE 2018" y/o con ocasión de la Resolución 1808 del día 26 de
septiembre de 2019, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”
expedida por el Alcalde Municipal de Rionegro Antioquia, sobre el inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria 020-78210 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Rionegro.
SEXTO: Que se condene en costas y en agencias en derecho a la parte demandada.
2 Fls. 4 a 6 c.p.
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Demandante: Banco de Occidente S.A. e Inversiones Alternova S.A.S.
SUBSIDIARIAS:
PRIMERO: Que se declare la Nulidad de La Resolución número 939, “POR LA CUAL SE
DISTRIBUYE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN DEL PROYECTO DE
VALORIZACIÓN "RIONEGRO SE VALORIZA", DECRETADO MEDIANTE RESOLUCIÓN
567 DE 2017, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 967 DEL 2017, RESOLUCIÓN 172 DE
2018 Y RESOLUCIÓN 845 DE 2018", y se declare la nulidad de la Resolución 1808 del día
26 de septiembre de 2019, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”
expedida por el Alcalde Municipal de Rionegro Antioquia, por ser contrarias a la Constitución
y la Ley y por infringir el Estatuto de Valorización del Municipio de Rionegro, en relación al
predio identificado con matrícula inmobiliaria 020-78210 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Rionegro.
SEGUNDO: Que se restablezca el Derecho y en consecuencia se ordene a La Administración
Municipal subsanar las deficiencias de los actos de trámite, decretación y Distribución del
derrame de valorización con observancia de las normas Constitucionales y Legales, en
armonía con el Estatuto de Valorización del Municipio de Rionegro Y SE PROCEDA A LA
FACTORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEGALIDAD. En relación
al predio identificado con matrícula inmobiliaria 020-78210 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Ríonegro (sic).
TERCERO: Que se restablezca el Derecho y en consecuencia se ordene a La Administración
Municipal la anulación o cancelación de las facturas generadas a nombre de BANCO DE
OCCIDENTE S.A. CON NIT 890300279-4, y/o INVERSIONES ALTERNOVA S.A.S. CON NIT
900226841, por cobro de valorización realizado con ocasión a la Resolución número 939 del
16 de octubre de 2018 RESOLUCIÓN 939 del 16 de octubre de 2018 (sic), POR MEDIO DE
LA CUAL SE DISTRIBUYE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN DEL PROYECTO DE
VALORIZACIÓN “RIONEGRO SE VALORIZA” DECRETADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 967
DE 2017 (sic), RESOLUCIÓN 172 DE 2018 Y RESOLUCIÓN 845 DE 2018 y/o Resolución
1808 del día 26 de septiembre de 2019, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICIÓN”, y en su lugar sean expedidas de conformidad con la siguiente factorización y
valor a pagar de conformidad con la Norma y lo probado en esta demanda:
INMUEBLE CON MATRICULA 020-78210
ÁREA A GRAVAR 2.459,7839
VUT: 3.000.000,00
BTU: 7.500,000
BSU: 3.638
CETt: 3.011.138,0000
Fco: 2,4936
Fli: 1,0000
FT: 1,0000
Fc: 0,7
FU: 1,0
Cet Mu: 12.928.628.118
F Distribu 0,0183240932201
Contr. MU: 236.905.387
CUARTO: Que se restablezca el Derecho y en consecuencia se ordene a La Administración
Municipal la devolución de los dineros QUE HAYA PAGADO EN EXCESO A LO
ESTABLECIDO EN EL NUMERAL ANTERIOR, el BANCO DE OCCIDENTE S.A. CON NIT
890300279-4, y/o INVERSIONES ALTERNOVA S.A.S. CON NIT 900226841, por cobro de
valorización realizado con ocasión a la Resolución número 939, “POR LA CUAL SE
DISTRIBUYE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN DEL PROYECTO DE
VALORIZACIÓN "RIONEGRO SE VALORIZA", DECRETADO MEDIANTE RESOLUCIÓN
567 DE 2017, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 967 DEL 2017, RESOLUCIÓN 172 DE
2018 Y RESOLUCIÓN 845 DE 2018" y/o con ocasión a la Resolución 1808 del día 26 de
septiembre de 2019, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”, en
relación al predio identificado con matrícula inmobiliaria 020-78210 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Rionegro.
QUINTO: Que se condene en costas y en agencias en derecho a la parte demandada».
(Subrayado del texto original).
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Demandante: Banco de Occidente S.A. e Inversiones Alternova S.A.S.
Invocaron como normas violadas los artículos 29, 131 (numeral 4), 313, 317 y 338
de la Constitución Política, 9 del Decreto 1604 de 1966, 93 numeral 1, 171 y 236
del Decreto Ley 1333 de 1986, 8, 31, 32 y 52 del Decreto 1394 de 1970, 54 de la
Ley 1430 de 2010, 3, 4, 8, 9, 18 y 20 del Acuerdo 045 de 2013 y el Acuerdo Nro.
011 de 2016 (por el cual se establece el Plan de Desarrollo 2016-219, Rionegro,
Tarea de Todos) expedidos por el Concejo Municipal de Rionegro, modificado por el
Acuerdo 25 de 2016.
Los cargos de nulidad expuestos por la parte demandante en el concepto de
violación de la demanda se resumen así3:
Sostuvo que se vulneró el debido proceso comoquiera que la imposición de la
contribución de valorización no se sujetó a derecho, toda vez que no contó con la
aprobación del Concejo Municipal. Dijo que el Plan de Desarrollo 2016-2019 del
municipio de Rionegro (el Acuerdo Nro. 011 del 31 de mayo de 2016 - Plan de
Desarrollo 2016-2019, «Rionegro Tarea de Todos»), aprobado por el Concejo Municipal,
no podía ser el sustento del cobro del tributo, toda vez que, si bien dicho acuerdo
aprueba la valorización, en este no se establecieron las obras específicas, ni las
formas para liquidarla, ni los estudios necesarios para que una obra fuera objeto de
financiación vía contribución de valorización. Adicionó que el Plan de Desarrollo
establecía la valorización como fuente de financiación, pero esto no era una
autorización para imponer el tributo.
Manifestó que, en este caso, se vulnera el artículo 317 de la Constitución porque
no es claro cómo o de qué manera se incrementa el valor de la propiedad. Así,
adujo que «si bien es cierto se puede entender que se mejora la movilidad del municipio en
algunos sectores la valorización se derrama aún a predios distantes a kilómetros de las obras sin
que sea evidente en los estudios de qué forma incrementa el valor de la propiedad en áreas lejos
de los ejes objeto de intervención».
Afirmó que se violó el numeral 4 del artículo 313 de la Constitución pues «es un tributo
que corresponde a los concejos, lo que para el caso que se demanda no sucedió pues de forma
dictatorial e inquisitiva, el Alcalde se subroga la faculta de imponer el tributo de valorización» . Dijo
que, al determinarse mediante la Resolución Nro. 939 de 2018 el monto a distribuir
y la forma de hacer su reparto, se desconoció el principio de legalidad tributaria.
Que, aunque el Concejo Municipal aprobó la valorización en el Plan de Desarrollo
como fuente de financiación, el derrame del tributo no fue objeto de debate en ese
organismo de elección popular, de ahí que el alcalde haya generado una
distribución de valorización sin la autorización previa del órgano competente.
Esgrimió que, en contravía del artículo 236 de la Ley 1333 de 1986, la Resolución
Nro. 939 de 2018 no atendió la capacidad de pago de los propietarios, que debe
consultar las posibilidades de generación de liquidez, puesto que el valor de la
contribución desborda la proporcionalidad entre el supuesto beneficio y el valor del
derrame de la contribución.
Explicó que, en el Plan de Desarrollo, el valor proyectado como fuente de
financiación para recaudar fue de $200.000.000.000, de manera que, a la luz del
artículo 8 del Decreto 1394 de 1970, la diferencia debe ser cubierta por la entidad
territorial. Por ende, afirmó que «No es viable entonces predicar una autorización de derrame
por parte del Concejo por un valor y realizar un derrame que supera el doble de lo aprobado» .
Añadió que, en este caso, la liquidación de la valorización supera los topes
3 Fls. 14 a 31 del c.p. 1.
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establecidos en el artículo 31 del Decreto 1394 de 1970, pues el beneficio no
corresponde al monto derramado por la valorización. Así las cosas, afirmó que toda
esta situación vulneraba el principio de equidad tributaria.
Expresó que, contrario a lo establecido en el artículo 32 del Decreto 1394 de 1970,
en la Resolución Nro. 939 de 2018 no se da cuenta del censo y caracterización de
los predios, ni tampoco de la totalidad de los presupuestos legales previstos en el
artículo 52 del Decreto 1394 de 1970, pues la notificación no se llevó a cabo
conforme con los parámetros establecidos.
Señaló que se vulnera el principio de equidad tributaria pues el derrame de la
contribución de valorización se llevó a cabo sin ponderar las cargas y beneficios
entre los contribuyentes, es decir, sin importar sus condiciones materiales y
especiales en cuanto a capacidad de pago y financiera para generar los recursos
para poder pagar el tributo. Todo lo cual también vulnera el artículo 8 del Estatuto
de Valorización de Rionegro.
Destacó que se vulneró el artículo 9 del Estatuto de Valorización de Rionegro
comoquiera que no se establece la zona de influencia particular sino de forma
general. Precisó que es indiscutible que unos sectores tengan mayor beneficio que
otros, sin embargo, en este caso, el derrame se generalizó sin la debida delimitación
de la zona de influencia.
Expuso en un cuadro los factores que, con base en el artículo 54 de la Ley 1430 de
2010, se le debían aplicar al inmueble con matrícula inmobiliaria Nro. 020-78210
para determinar la contribución de valorización, estableciendo que la misma
debería corresponder a $236.905.387 y no a $1.142.559.861.
Oposición de la demanda
La parte demandada no contestó la demanda dentro del término legal señalado
para el efecto, por lo que el memorial allegado no puede tenerse en cuenta4.
Sentencia apelada
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante, atendiendo a que durante el proceso se pudo verificar que la
resolución distribuidora se ciñó al procedimiento establecido en el Estatuto de
Valorización del Municipio de Rionegro, y que el valor de la contribución se
determinó con base en el sistema y método fijados por el Concejo Municipal. Lo
anterior bajo los siguientes argumentos:
Hizo un recuento del marco normativo de la contribución por valorización y,
teniendo en cuenta el Acuerdo 45 de 2013, Estatuto de Valorización de Rionegro,
modificado por el Acuerdo 25 de 2016, así como el artículo 9 de la Ley 388 de 1997
y la sentencia C-138 de 2020 y consideró que todas las obras o proyectos que estén
contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en el Plan de Desarrollo del
municipio de Rionegro, para ser financiados por el sistema de contribución por
4 Al respecto, en la audiencia inicial llevada a cabo el 11 de junio de 2021, el Tribunal indicó: «El Municipio de
Rionegro Antioquia, durante el plazo legal concedido no contestó ni ha constituido apoderado judicial, a
pesar de haber sido notificado de la admisión de la demanda en su contra, como puede evidenciarse a folio
11 del expediente electrónico, por tanto, se declara cerrada etapa de decisión de excepciones en audiencia
inicial». Esta decisión no fue objeto de recursos por parte de la entidad demandada, de manera que quedó
en firme.
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valorización, podrán ser decretadas por el alcalde. Lo anterior, porque en dichos
instrumentos de planeación, el Concejo Municipal autorizó el cobro y ejecución de
las obras o proyectos contenidas allí mismo.
En ese sentido, precisó que en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Rionegro Tarea
de Todos” (Acuerdo Nro. 11 de 2016), se señalaron las obras que podían ser
financiadas con la contribución de valorización. Con base en ello, fue que el alcalde
decretó las obras susceptibles de financiarse total o parcialmente a través de la
contribución de valorización para el proyecto de valorización “Rionegro se Valoriza”,
y determinó la zona de citación, mediante la Resolución Nro. 567 de 2017,
modificada por las Resoluciones Nro. 963 de 2017, Nro. 172 de 2018 y Nro. 845 de
2018.
Aclaró que, en este caso, lo que se discute es la legalidad de la resolución
distribuidora de la contribución de valorización y, en tal sentido, no procedía
cuestionar aspectos relacionados con los criterios que tuvo en cuenta el Concejo
Municipal para incluir las obras en el Plan de Desarrollo Territorial, como tampoco
los aspectos concernientes al decreto de las obras a financiarse por medio de la
contribución por parte del alcalde.
Resaltó que, atendiendo a los actos administrativos demandados, el análisis debía
restringirse a verificar si el inmueble de propiedad del banco demandante se
encontraba dentro de la zona de citación del proyecto “Rionegro se valoriza” y, por
ende, beneficiario del proyecto, para así ser sujeto pasivo del cobro de la
contribución de valorización. Sin embargo, dijo que «esto no fue cuestionado en la
demanda y, por el contrario, la parte actora aceptó esa premisa, tanto así, que lo que controvierte
es que “el valor del cobro se torna inalcanzable y desbordada la proporcionalidad entre el supuesto
beneficio y el valor del derrame”».
Respecto al cargo relacionado con que en el Plan de Desarrollo se contempló la
financiación de las obras en la suma de $200.000.000 y que, por lo tanto, la
distribución no se podía realizar por un valor mayor, señaló lo dispuesto en los
artículos 8, 20, 46 y 47 del Estatuto de Valorización de Rionegro y, de acuerdo con
ello, adujo que el presupuesto de distribución de la obra que se financia por el
sistema de contribución de valorización se determina en el estudio de factibilidad,
cuya elaboración corresponde a la autoridad administrativa designada para el
efecto y no al Concejo Municipal. Además, dijo que estudio de factibilidad no es
requisito para la ordenación de las obras, ni para la inclusión de ellas en el POT.
En cuanto al cargo por violación del principio de legalidad tributaria, porque en la
Resolución Nro. 939 de 2018 se estableció el monto a distribuir y la forma de hacer
su reparto, adujo que, de acuerdo con el marco normativo reseñado previamente,
las ordenanzas y los acuerdos permiten que las autoridades fijen la tarifa de las
tasas y contribuciones, siempre y cuando, en aquellas se señalen el sistema y el
método para definir los costos y beneficios, así como la forma de hacer su reparto.
Sobre esto trajo a colación la sentencia del 23 de junio de 2005, expediente 14365,
del Consejo de Estado.
En esa medida, indicó que en el Estatuto de Valorización de Rionegro el Concejo
Municipal fijó los métodos y sistemas que debían aplicarse para el cobro de la
contribución por valorización de las diferentes obras que se realicen en su
jurisdicción, con el fin de que la entidad administrativa encargada utilice alguna de
las de las opciones previstas en dicho Estatuto para determinar la contribución que
debe pagar cada propietario o poseedor de los inmuebles beneficiados con la obra.
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En ese orden de ideas, sostuvo que no se configuraba la violación del principio de
legalidad tributaria comoquiera que en la resolución distribuidora se determinó el
valor a distribuir entre los propietarios y poseedores de cada inmueble de la zona
de influencia, con base en los estudios elaborados en la etapa de factibilidad, en
los que se estableció el valor a pagar por concepto de valorización con base en el
sistema y método fijados por el Concejo Municipal de Rionegro en el Estatuto de
Valorización municipal. Actuación esta que resulta avalada por las normas
nacionales y locales que rigen la materia, así como por la jurisprudencia del Consejo
de Estado.
En lo que tiene que ver con el cargo según el cual la liquidación de valorización
superó los topes previstos en el artículo 32 del Decreto 1394 de 1970, pues el
beneficio no corresponde al monto derramado por la valorización, consideró que,
en la memoria técnica del proyecto “Rionegro se valoriza”, el cálculo de los
beneficios se realizó en dos partes. En la primera, se efectuó el cálculo de los
beneficios sociales y, en la segunda, se hizo el beneficio de la tierra basado en las
evaluaciones realizadas en la prefactibilidad del proyecto, lo cual arrojó un valor
total de $1.753.950.958.431, mientras que la distribución se realizó solamente por
la suma de $450.000.000. En consecuencia, esgrimió que el argumento era
infundado, máxime teniendo en cuenta que la actora no aportó pruebas técnicas
tendientes a desvirtuar la metodología utilizada en la memoria técnica para
determinar el referido beneficio del proyecto.
Ahora, sobre el cargo según el cual se transgredió el inciso primero del artículo 317
de la Constitución, debido a que con el proyecto “Rionegro se Valoriza” no es claro
cómo o de qué forma se incrementa el valor de la propiedad, adujo que en la
memoria técnica del proyecto se cuantificaron los beneficios por operación
vehicular y tiempo de los ocupantes (determinación de costo de mejora), para lo
cual se adelantó un modelo de transporte donde se calculó el beneficio social
esperado por la ejecución de las obras que se financiarían con la contribución de
valorización o la recuperación de la inversión realizada en ellas, determinándose
que los beneficios sociales ascendían a $712.030.363.261. Adicionalmente, explicó
cómo se cuantificó el beneficio en la tierra por valor de $1.041.920.595.170 en la
memoria técnica del proyecto.
Con fundamento en lo anterior, esgrimió que no le asistía razón a los actores
cuando afirman que no es claro cómo se incrementa el valor de la propiedad, más
aún cuando, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, la determinación del
beneficio general no puede entenderse como una desnaturalización de la
contribución por valorización, ya que debido a la transcendencia de las obras se
ven beneficiados todos los predios del municipio y, por consiguiente, son
susceptibles del gravamen.
En lo referente al cargo de violación según el cual la Resolución Nro. 939 de 2018
no atendió a la capacidad de pago de los propietarios, dado que el valor del cobro
se torna inalcanzable y desborda la proporcionalidad entre el supuesto beneficio y
el valor del derrame, señaló que el Decreto Legislativo 1604 de 1966 consagró la
contribución de valorización como un tributo con cargo a recuperar el costo de la
inversión en obras de interés público que repercutan en beneficio para la propiedad
inmueble.
Así las cosas, expresó que en el proyecto de valorización bajo análisis se utilizó la
metodología del beneficio general y, por ende, la contribución se calculó en
proporción a la capacidad económica de la tierra y no del beneficio local de cada
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inmueble. Además, que el beneficio del proyecto no tenía que representar
necesariamente un incremento del valor económico del predio específico, sino otro
tipo de beneficios que impactaran en el bienestar de la comunidad en general.
Añadió que, con base en el Estatuto de Valorización de Rionegro, bajo el cual se
debe llevar a cabo un estudio socioeconómico, la entidad demandada contrató la
elaboración del estudio de estimación de la capacidad de pago de los propietarios
de bienes inmuebles donde las obras tienen impacto de manera directa e indirecta,
además, en la memoria técnica del proyecto, se indicó que la capacidad de pago
de los propietarios era de $644.711.389.680. Sobre este punto, dijo que la actora
no aportó ni solicitó la práctica de pruebas técnicas que desvirtuaran lo anterior, de
manera que no podía sostenerse que el valor que se distribuyó fue superior a la
capacidad de pago de los sujetos pasivos de la contribución.
Sobre el cargo relacionado con que la Resolución Nro. 939 de 2018 no da cuenta
del censo y caracterización de los predios, adujo que en la Resolución Distribuidora
se convocó a los propietarios y poseedores de predios e inmuebles ubicados en la
zona de citación a declarar sus predios e inmuebles, para lo cual se puso a
disposición de los contribuyentes el formulario de declaración en la página web de
la alcaldía de Rionegro. A su vez, citó un aparte de la Resolución Distribuidora, que
hace referencia a la indicación de las matrículas inmobiliarias y/o fichas catastrales
beneficiadas con el proyecto y los cuadros elaborados por la Subsecretaría de
Valorización que serían notificados por edicto y, con base en ello, dijo que sí existió
el censo de predios y propietarios pues, de lo contrario, no habría sido posible llevar
a cabo la distribución de la contribución entre los propietarios de los predios
ubicados en la zona de influencia. Y que, en todo caso, la demandante no aportó
pruebas que desvirtuaran lo señalado al respecto en la Resolución 939 de 2018 y
en la memoria técnica del proyecto.
Por su parte, en lo que tiene que ver con la notificación de la Resolución
Distribuidora, afirmó que se surtió el procedimiento previsto en el artículo 49 del
Acuerdo 045 de 2013, lo cual no fue cuestionado o desvirtuado por la actora. En
cualquier caso, precisó que los vicios en la notificación de los actos no afectan su
validez, sino su oponibilidad, no obstante, en este caso, la parte demandante usó
el recurso de reposición en contra de la resolución distribuidora, sin que se
advirtiera la vulneración de sus derechos al debido proceso, defensa y
contradicción.
En cuanto al cargo de nulidad asociado con los factores y la base gravable que
debían fijársele para el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-78210,
citó el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010 sobre la base gravable del impuesto
predial y, adujo, con base en el mismo, que el valor de la contribución no se podía
determinar aplicando los parámetros que se usan para fijar la base gravable del
impuesto predial. Lo anterior, porque el hecho generador de la contribución de
valorización es el beneficio que adquirieron los inmuebles como consecuencia de
la ejecución de una obra de interés público, sin limitarlo al concepto de mayor valor
del inmueble bajo el concepto de la base catastral, pues el beneficio que se
determina para efectos de la contribución de valorización podrá comprender
aspectos como la movilidad, la accesibilidad y el bienestar.
De acuerdo con lo anterior, señaló que el dictamen pericial practicado en el proceso
a solicitud de la parte demandante no constituía una prueba conducente para
demostrar los hechos de la demanda. Esto es, que la liquidación del gravamen
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hubiese desconocido las características del predio con matrícula inmobiliaria 020-
78210 y las circunstancias que lo relacionan con las obras, y tampoco acreditó que
este predio no fuera a percibir un beneficio económico por la realización de las
obras del proyecto “Rionegro se valoriza”.
Por último, en lo que tiene que ver con el cargo relacionado con la fijación de tasas
de interés de financiación que constituían un doble cobro, sostuvo que la
demandante no allegó al expediente los anexos de la Resolución Distribuidora, de
manera que no fue posible constatar lo relativo a la fijación de los intereses. Con
todo, dijo que, según el artículo 60 del Estatuto de Valorización del municipio de
Rionegro, en la Resolución 939 de 2018 se señalaron los intereses de financiación,
los cuales no podían ser superiores a los intereses de financiación que establezca
la Superintendencia Financiera. En ese sentido, adujo que la entidad demandada
bien podía disponer el cobro de los referidos intereses.
Finalmente, condenó en costas a la parte actora por haber resultado vencida.
Recurso de apelación
Los demandantes solicitaron que se revocara la sentencia de primera instancia y
que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. A estos efectos,
reiteraron los cargos de nulidad asociados a (i) la falta de competencia del alcalde
para expedir los actos de ejecución y cobro de la contribución de valorización, pues
esto debía ordenarse por Acuerdo, (ii) el incumplimiento del procedimiento para
decretar la contribución, pues no se dio la aprobación de las obras específicas por
parte del Concejo Municipal, (iii) la falsa motivación de los actos, en la medida en
que el Concejo no autorizó en el Plan de Desarrollo la imposición o derrame de una
cifra específica, sino de una cifra indicativa y, a su vez, porque el Plan de Desarrollo
contempla la construcción de vías nuevas, pero las obras decretadas por el sistema
de contribución corresponden al mejoramiento de vías existentes. Y, por último, (iv)
que los actos sobrepasaron la suma autorizada a recaudar mediante la contribución
de valorización por parte del Concejo Municipal de Rionegro.
Finalmente, expuso que los argumentos y tesis desarrollados en la sentencia de
primera instancia no se ajustan a derecho y que el Tribunal hizo una errónea
interpretación de las normas en las que sustentó su decisión, además de apartarse
de los hechos y pruebas aportadas, pues no fueron estudiadas.
Oposición al recurso de apelación
En el término previsto en el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, la parte demandada no se pronunció
sobre el recurso de apelación presentado por la parte actora.
Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia de primera instancia que denegó las
pretensiones de la demanda dirigidas a obtener la nulidad de los actos
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administrativos mediante los cuales el municipio de Rionegro distribuyó la
contribución de valorización a cargo de la parte actora y confirmó dicha decisión al
resolver el recurso de reposición contra la resolución distribuidora.
Atendiendo estrictamente a los términos del recurso de apelación, los problemas
jurídicos a resolver en esta instancia consisten en determinar (i) si se siguió el
procedimiento establecido en las normas que regulan la contribución de
valorización para decretar dicho tributo, lo cual incluye los aspectos referentes a la
competencia para expedir los actos de ejecución y cobro, especificación, monto y
autorización de las obras, y (ii) si los actos demandados sobrepasaron la suma a
recaudar mediante el sistema de valorización.
1. Procedimiento para decretar la contribución de valorización en el
municipio de Rionegro
Esta Sección5 ha construido una línea jurisprudencial reiterada y pacífica, de
conformidad con la cual la contribución de valorización es un tributo que tiene por
objeto financiar los costos en los que incurre la administración al construir una obra
pública, y en esa medida, la contribución de valorización resulta «exigible únicamente
a aquellos contribuyentes cuyos bienes inmuebles se ven beneficiados por el ejercicio de dicha
actividad administrativa6; planteamiento que es concordante con los pronunciamientos de la Corte
Constitucional en los que se ha destacado que el beneficio antes mencionado está asociado a un
incremento del valor de la propiedad inmobiliaria, hecho que explica la imposición del tributo 7».
De manera coherente con lo expuesto, esta Judicatura también ha señalado que
este tributo está regido por el principio de equivalencia, puesto que, conforme con
el Decreto Legislativo 1604 de 19668, se estableció para recuperar el costo de la
inversión de las obras de interés público que repercuten en un beneficio para la
propiedad inmueble, teniendo como límite el monto de dicho beneficio. Sobre este
particular, la Sala9 ha manifestado:
«El objetivo de recuperación de los costos de inversión, en atención al beneficio que esta
haya proporcionado a los inmuebles, se acompasa con el inciso 2.º del artículo 338
constitucional, puesto que, debido a la particularidad de este tributo, dicha norma flexibilizó
el principio de reserva de ley, en aras de que la nación y las entidades territoriales —para el
caso de la contribución de valorización— establecieran los criterios de reparto, a partir de
los cuales podría establecerse la cuota tributaria, atendiendo al beneficio que percibiera cada
inmueble afecto al gravamen».
En ese sentido, en materia de tasas y contribuciones (como lo es la de valorización),
el inciso segundo del artículo 338 de la Constitución autoriza al Congreso, a las
asambleas y a los concejos que deleguen en las autoridades administrativas la
determinación de la tarifa, siempre y cuando dichas corporaciones de
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 31 de marzo de
2022, exp. 25585. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. En el mismo sentido, ver sentencia del 17 de junio
de 2021, exp. 23352. C.P: Julio Roberto Piza Rodríguez.
6 Entre otras, en las sentencias del 14 de junio de 2018 (exp. 21654, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez) y
del 12 de septiembre de ese mismo año (exp. 22219, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).
7 Sentencias C-903 de 2011 (MP: Luis Ernesto Vargas), C-525 de 2003 (MP: Manuel José Cepeda) y C-155
de 2003 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), que reiteran el criterio jurisprudencial fijado en las sentencias
C-495 de 1998 (MP: Antonio Barrera Carbonell) y C-144 de 1993 (MP: Eduardo Cifuentes Muñoz).
8 Adoptado como legislación permanente por la Ley 48 de 1968.
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 29 de agosto de
2019, exp. 21695. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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representación popular hayan señalado previamente el sistema y el método para
definir los costos y beneficios, así como la forma de hacer el reparto.
No obstante, según lo expuso la Corte Constitucional en la sentencia C-155 de
200310, en el caso de la contribución de valorización no es «formalmente correcto hablar
de “tarifa”», precisamente por ser un gravamen creado con el fin de recuperar los
gastos en que incurre una entidad para la ejecución de una obra de interés público
y por estar diseñado para distribuir el valor agregado que dicha obra pública aporta
o beneficia a ciertos inmuebles.
En esa medida, la Corte11 determinó que lo verdaderamente importante a la luz del
principio de legalidad consiste en que los órganos de representación popular hayan
predeterminado «los criterios básicos para (i) fijar el costo de la obra, (ii) calcular el beneficio que
ella reporta y, (iii) establecer la forma de distribución de unos y otros entre quienes resultaron
favorecidos patrimonialmente con la obra, siendo estos factores lo que podría asimilarse, en últimas,
a la tarifa».
Bajo estas consideraciones, la Corte Constitucional ha reconocido que existe una
suerte de competencias compartidas, «donde el Congreso, las asambleas y los concejos son
los encargados de señalar los elementos estructurales del método y del sistema tarifario, mientras
que a las autoridades administrativas corresponde desarrollar los parámetros previamente
indicados»12.
En el caso concreto, se observan las siguientes normas:
• El Concejo del Municipio de Rionegro, en uso de sus atribuciones conferidas por los
artículos 287, 313, 317 y 338 de la Constitución, en concordancia con la Ley 25 de
1921 y los artículos 2 del Decreto 1604 de 1966 y 235 del Decreto 1333 de 1986,
expidió el Estatuto de la Contribución de Valorización del Municipio de Rionegro,
Acuerdo Nro. 45 del 7 de octubre de 2013, modificado posteriormente por los
Acuerdos Nro. 25 del 30 de septiembre de 2016 y Nro. 12 del 17 de julio de 2018.
El artículo 2 del Estatuto de la Contribución de Valorización de Rionegro definió el
tributo bajo análisis así:
«Artículo 2. Naturaleza jurídica. La contribución de valorización es un gravamen real, que se
impone a los propietarios o poseedores de aquellos bienes inmuebles ubicados en áreas
urbanas, rurales y de expansión urbana del Municipio de Rionegro, que se benefician con la
ejecución de la obra, plan o conjunto de obras de interés público. Es un instrumento de
financiación que permite el desarrollo urbanístico y social del Municipio. Su recaudo tiene
destinación específica a la construcción de las obras o plan o conjunto de obras para el cual
se autorizó y/o la recuperación y/o rehabilitación de las mismas».
• De igual forma, el Estatuto de la Contribución de Valorización definió el hecho
generador13 de la contribución como el beneficio que adquieren los bienes inmuebles
como consecuencia de la ejecución de una obra, plan o conjunto de obras de interés
público sin limitarlo al concepto de mayor valor del inmueble, el sujeto activo14, el
10 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
11 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-155 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Sobre el
mismo asunto, ver Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia
del 29 de agosto de 2019, exp. 21695. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
12 Ibidem.
13 Artículo 5 del Acuerdo Nro. 045 de 2013.
14 Artículo 6 del Acuerdo Nro. 045 de 2013.
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sujeto pasivo15 y la base gravable16, entendida como el costo de la respectiva obra
dentro de los límites del beneficio que ella produzca a los inmuebles que han de ser
gravados, adicionados a un porcentaje prudencial para imprevistos y hasta un 30%
adicional destinados a gastos de distribución y recaudación de las contribuciones.
Adicionalmente, el Estatuto de la Contribución de Valorización del Municipio de
Rionegro estableció los métodos para calcular el beneficio adquirido por los predios
de propiedad de los contribuyentes, derivado de la ejecución de la obra o conjunto de
obras de interés público17, así como los procedimientos y etapas que deben
adelantarse para decretarla y fijar el monto de la contribución a cargo de los sujetos
pasivos.
• A su vez, el artículo 19 del ordenamiento en mención estableció los supuestos que
deben cumplirse para que se decrete una obra o proyecto a financiarse por medio de
la contribución de valorización, así:
«Artículo 19. ORIGEN. La Decretación de una obra o Proyecto por la Contribución de
Valorización se llevará a cabo sólo cuando el Plan de Desarrollo haya establecido la
financiación de obras de interés público, a través de la Contribución de Valorización, o por
solicitud de los propietarios o poseedores de manera plural del área de influencia de la obra o
conjunto de obras que ocasione beneficio a los inmuebles que lo constituyen.
PARÁGRAFO: Aquellas obras o conjunto de obras contempladas en el Plan de Ordenamiento
Territorial – P.O.T., en el Plan Integral de Desarrollo, serán decretadas conforme al Artículo
47 del presente Acuerdo y aquellas que no estén contempladas en dichos instrumentos de
planificación, se autorizarán conforme a lo señalado en el Artículo 4º del presente Acuerdo».
(Subrayado de la Sala).
De acuerdo con la norma transcrita, es claro entonces que, en el Municipio de
Rionegro, la decretación de una obra o proyecto a financiarse por la contribución de
valorización puede llevarse a cabo de dos maneras diferentes.
La primera, consiste en la incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal, aprobado
por el Concejo Municipal de Rionegro mediante un acuerdo, de la financiación de
obras de interés público por medio de la contribución de valorización. En este caso,
deberá seguirse el procedimiento dispuesto en artículo 47 del Estatuto de la
Contribución de Valorización que, como se verá más adelante, se denomina
«Distribución» y está a cargo del alcalde del municipio demandado.
Por su parte, la segunda manera para realizar la decretación de una obra a financiarse
con la contribución, parte del supuesto de que el Plan de Desarrollo Municipal no
contempló ninguna obra a financiarse con la contribución de valorización. Sólo en este
evento (contemplado en el parágrafo), debe entonces seguirse el trámite establecido
en el artículo 4 ibidem, el cual consiste en que el Concejo Municipal deberá ordenar la
ejecución de las obras a realizarse por el sistema de valorización, mediante un
acuerdo municipal independiente.
• En concordancia con lo expuesto, en este caso concreto, se evidencia que, mediante
el Acuerdo Nro. 11 del 31 de mayo de 2016, y bajo el procedimiento establecido en la
Ley 152 de 1994 (Orgánica del Plan de Desarrollo), el Concejo Municipal de Rionegro
adoptó el Plan de Desarrollo Municipal para los años 2016 a 2019 «Rionegro Tarea de
Todos», en el cual se incluyó un componente de infraestructura y movilidad, en el cual
se describió la problemática que afectaba al municipio y se concluyó que era
«necesario actualizar el Plan Vial, realizar mantenimientos preventivos y correctivos de vías
15 Artículo 7 del Acuerdo Nro. 045 de 2013.
16 Artículo 8 del Acuerdo Nro. 045 de 2013.
17 Artículos 12 y 14 del Acuerdo Nro. 045 de 2013.
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y, entre otros, construir, mejorar y conectar sistemas de movilidad amigables con los
peatones». En consecuencia, en dicho Plan se identificaron las obras susceptibles de
financiarse con la contribución de valorización (Anexo 1) y dicho tributo se contempló
como una fuente de financiación para su construcción. Al respecto, en el Plan de
Desarrollo Municipal se indica:
«La financiación del Plan de Desarrollo 2016-2019 contempla como fuentes esenciales los
recursos propios, el Sistema General de Participación, las compensaciones urbanísticas, la
plusvalía, la cofinanciación en los niveles internacional, nacional y departamental, y de
carácter público y/o privado, los Fondos Especiales, las sobretasas y las estampillas. Otras
fuentes como el Sistema de Valorización y Endeudamiento son también consideradas. En
cuanto a la cofinanciación, se hará énfasis en las Alianzas Públicas-Privadas (APP), donde se
espera fortalecer la inversión». (Subrayado propio).
• Ahora bien, el artículo 18 del Estatuto de la Contribución de Valorización estableció
las etapas que comprenden el proceso de aplicación del sistema de la contribución
de valorización, dentro de las cuales, se encuentran las de prefactibilidad,
decretación, distribución, recaudo, entre otras.
• En lo que interesa a este proceso, el artículo 20 ibidem define la etapa de
prefactibilidad como el conjunto de análisis previos, que debe realizar el Municipio de
Rionegro para determinar si una obra es susceptible de financiarse mediante la
contribución de valorización.
• A su turno, el artículo 21 ibidem define la etapa de decretación y establece que estará
a cargo del alcalde, para lo cual dicho funcionario deberá observar las obras
contempladas en los actos del Concejo Municipal que dan origen a la decretación del
proyecto de valorización (i. e. Plan de Desarrollo Municipal o acuerdo independiente). Dicha
disposición señala:
«Artículo 21. DEFINICIÓN DE LA DECRETACIÓN. Es el acto administrativo expedido por el
Alcalde o quien éste delegue, mediante el cual se señalan las obras o proyectos susceptibles
de financiar (sic) total o parcialmente con la contribución de valorización, ordena la realización
de los estudios definitivos de la obra y convoca a los propietarios y poseedores de los
inmuebles de la zona de citación a declarar sus inmuebles y a elegir la Junta de
Representantes, además contendrá los siguientes aspectos:
1. Listado de las obras o proyectos a analizar
2. Delimitación de la zona de citación.
3. Determina la cantidad de miembros que compondrá la Junta de Representantes.
4. Fija los honorarios de los miembros particulares de la Junta de Representantes.
(…)».
• Por su parte, el artículo 47 del ordenamiento en mención define la etapa de la
distribución así:
«Artículo 47. DE LA DISTRIBUCIÓN. Es el acto administrativo expedido por el Alcalde
Municipal, en el cual se determinan las obras a financiar por el sistema de la contribución de
valorización, se ordena su ejecución en el evento de no haberse iniciado y se asigna la
contribución de valorización que cada propietario o poseedor ha de pagar, de acuerdo con el
beneficio obtenido o por obtener en sus inmuebles o predios. (…)».
• Finalmente, el artículo 56 del Estatuto de la Contribución de Valorización precisó que
la Secretaría de Hacienda del Municipio de Rionegro tiene derecho a percibir el pago
de la contribución de valorización por parte de los contribuyentes y, por lo mismo, en
caso de no pago, es la autoridad competente para iniciar un proceso de cobro coactivo
(artículo 62 ibidem).
Teniendo claridad sobre la normativa que regula este caso concreto, antes de entrar
a resolver los cargos formulados en la apelación, la Sala aclara que, en el sub
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examine, es aceptado y no discutido por las partes que el tributo determinado a cargo
de Banco de Occidente está asociado a un inmueble ubicado en la zona de
influencia de la obra pública «Rionegro se valoriza», en particular, el identificado con
matrícula inmobiliaria Nro. 020-78210. Además, tampoco es objeto de controversia
el que, con ocasión de la ejecución de ese proyecto vial, el inmueble citado recibió
un beneficio o condición favorable. Así, la controversia recae únicamente sobre las
razones que alega la apelante para sostener que hubo irregularidades en el
procedimiento para decretar la contribución, incluyendo la falta de competencia del
alcalde para expedir los actos de ejecución y cobro del tributo, la no aprobación de
las obras por parte del Concejo Municipal, así como en la imposibilidad de recaudar
la contribución de valorización para el mejoramiento de vías existentes.
Pues bien, para la Sala es evidente que, contrario a lo expuesto por la apelante, sí
se respetó el procedimiento señalado por el Concejo Municipal en el Estatuto de la
Contribución de Valorización para efectos de decretar, liquidar y distribuir el
gravamen.
Efectivamente, la decretación del proyecto «Rionegro se valoriza» se llevó a cabo en
armonía con lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto de la Contribución de
Valorización. Lo anterior, porque las obras que conforman dicho proyecto fueron
incluidas en el Anexo 1 del Plan de Desarrollo (Acuerdo Nro. 11 de 2016), que fue
aprobado por el Concejo Municipal. De ahí que se concluya que el origen de la
decretación del proyecto y su financiación con el tributo en controversia fue
aprobado por el órgano de representación popular, a través del procedimiento
establecido por el propio ente territorial, el cual, por demás, no fue demandado por
la sociedad apelante.
En esa medida, después de realizar los estudios de factibilidad, y en armonía con
lo dispuesto en el artículo 21 del Estatuto de la Contribución de Valorización, el
alcalde de Rionegro cumplió con la etapa de decretación y, en consecuencia,
expidió la Resolución Nro. 567 del 5 de junio de 201718, por la cual decretó las obras
susceptibles de financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización
(las cuales están en línea con las señaladas en el Anexo 1 del Plan de Desarrollo
para los años 2016 a 2019), y determinó como zona de citación, es decir, el área
que sería beneficiaria de la construcción del proyecto, toda la comprensión territorial
del Municipio de Rionegro, de acuerdo con lo establecido en los estudios de
prefactibilidad.
Con fundamento en todo lo anterior, y conforme lo dispone el artículo 47 del Estatuto
de la Contribución de Valorización, el alcalde del municipio acusado expidió la
Resolución Distribuidora Nro. 939 del 16 de octubre de 2018, acto demandado en
este proceso, mediante la cual distribuyó la contribución de valorización para la
financiación del proyecto «Rionegro se valoriza», determinando como valor a distribuir
la suma de $450.000.000.000.
Por lo expuesto, es claro entonces que sí se cumplió el procedimiento establecido
en el Municipio de Rionegro para decretar y distribuir la contribución de valorización.
En este punto, es importante mencionar que, contrario a los dicho por la apelante,
no es cierto que el Concejo Municipal estuviese obligado a establecer en el Plan de
Desarrollo Municipal la forma para liquidar la contribución o los estudios necesarios
para determinar el beneficio derivado de la construcción de la obra pública, puesto
18 Esta Resolución fue modificada por las Resoluciones Nro. 172 y 845 de 2018.
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que ese órgano de elección popular ya había establecido mediante Acuerdo (que
es el Estatuto de la Contribución por Valorización), los elementos esenciales de la
contribución y el sistema y los métodos para que las autoridades administrativas del
municipio de Rionegro los concretaran o desarrollaran. En tal sentido, previo a la
expedición de la Resolución Distribuidora, y siguiendo los procedimientos previstos
por el Concejo Municipal, el alcalde de Rionegro ordenó la realización de estudios
de prefactibilidad y factibilidad para efectos de determinar el costo de la obra,
calcular los beneficios que ella reportaría a los inmuebles ubicados dentro de la zona
de citación y establecer la forma de distribución entre los sujetos pasivos.
Lo anterior, no sólo está en armonía con el inciso segundo del artículo 338 de la
Constitución, sino también con los artículos 2 del Decreto Legislativo 1604 de 1966
y 235 del Decreto Ley 1333 de 198619, conforme con los cuales «El establecimiento, la
distribución y el recaudo de la contribución de valorización se harán por la respectiva entidad
nacional, departamental o municipal que ejecute las obras (…)» . De ahí que no quede duda
de que el alcalde del municipio de Rionegro, como entidad administrativa ejecutante
de las obras, era el competente para, en desarrollo del Estatuto de Valorización,
distribuir y fijar el monto de la contribución de valorización, de acuerdo con obras
específicamente aprobadas por el Concejo Municipal, mediante el Acuerdo Nro. 11
del 31 de mayo de 2016 (Plan de Desarrollo Municipal para los años 2016 a 2019
«Rionegro Tarea de Todos»).
Así las cosas, la Sala concluye que no está llamado a prosperar el cargo de
apelación, relacionado con la falta de competencia del alcalde para distribuir la
contribución de valorización mediante los actos acusados, a causa de la supuesta
falta de aprobación del Concejo Municipal para llevar a cabo el proyecto de
valorización, al no haber indicado las obras a financiarse vía contribución de
valorización.
De otro lado, tampoco está llamado a prosperar el cargo según el cual el alcalde del
municipio demandado no era competente para expedir los actos de ejecución y
cobro de la contribución de valorización. Al respecto, es muy importante precisar
que, según el artículo 6 del Acuerdo Nro. 45 del 7 de octubre de 2013, el Municipio
de Rionegro es el sujeto activo del tributo bajo análisis, de manera que en él radican
las potestades tributarias de administración, fiscalización, control, liquidación,
discusión, recaudo, devolución y cobro. Facultades que deben ejercer las
autoridades administrativas, pues son ellas las llamadas a concretar los elementos
esenciales de la contribución de valorización, atendiendo a los sistemas o métodos,
que son los parámetros o directrices fijadas por el Concejo Municipal, como órgano
de representación popular.
Sobre este particular, la Corte Constitucional en sentencia C-155 de 200320 señaló
que «las entidades administrativas que ejecutan las obras no son quienes crean el tributo sino las
encargadas de concretarlo bajo los parámetros que definan las respectivas corporaciones de
representación popular». Y, en armonía con ello, el Consejo de Estado21 manifestó:
«La facultad de administrar y recaudar los tributos previamente establecidos en la ley, las
ordenanzas y los acuerdos, según el caso, como se anotó antes, apunta a las actividades de
gestión relacionadas con la organización, administración y recaudo del tributo, la cual se
reitera, es delegable y también tiene respaldo constitucional en el inciso 2º del artículo 338
citado, norma que atribuye a las autoridades administrativas competencia para fijar la tarifa de
19 Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal.
20 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 10 de julio de
1988. Exp. 11001-03-27-000-1997-08370-01. C.P. Delio Gómez Leyva.
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las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes por concepto de recuperación de
costos y servicios».
Finalmente, tampoco tiene prosperidad el cargo de la apelación relacionado con que
los fondos recaudados vía contribución de valorización no se podían utilizar para
financiar el mejoramiento de vías ya existentes, en tanto que, según la apelante, el
Plan de Desarrollo Municipal únicamente contemplaba la utilización de dichos
recursos para la construcción de nuevas vías. Esto, porque el artículo 2 del Estatuto
de la Contribución de Valorización de Rionegro prevé que el recaudo de la
contribución de valorización tiene destinación específica, entre otras, para «la
recuperación y/o rehabilitación» de las obras o plan o conjunto de obras. Y, además,
porque, al revisar el Anexo 1 del Plan de Desarrollo 2016-2019, en el que se
especificaron las obras a realizarse por medio de la contribución de valorización, se
evidencia que la gran mayoría de dichas obras corresponden a trabajos de
ampliación o de construcción de andenes para ciclo rutas, vías secundarias,
arterias, entre otras, y no únicamente para la construcción de nuevas vías.
No prosperan los cargos analizados.
2. Sobre la suma a recaudar por contribución de valorización mediante los
actos acusados
Al parecer de la parte apelante, los actos administrativos acusados están viciados
de nulidad por falsa motivación, porque el Concejo Municipal de Rionegro no
autorizó en el Plan de Desarrollo la imposición o derrame de una cifra específica,
sino de una cifra indicativa22 y, adicionalmente, porque los actos expedidos por el
alcalde sobrepasaron la suma permitida a recaudar mediante la contribución de
valorización.
Para fundamentar este cargo, la parte demandante invocó como normas violadas
en el concepto de violación de la demanda los artículos 8 y 31 del Decreto 1394 de
197023 y señaló que el «(…) Alcalde generó una distribución de valorización sin la autorización
previa del competente (…)», y que si, en gracia de discusión, se entendiera que la
inclusión de la valorización como medio de financiación de las obras autorizadas
en el Plan de Desarrollo le diera la facultad al alcalde de realizar «el derrame que se
reprocha en esta acción», lo cierto es que el valor proyectado a recaudar fue de
$200.000.000.000, de manera que, a la luz del artículo 8 del Decreto 1394 de 1970,
«No es viable entonces predicar una autorización de derrame por parte del Concejo por un valor y
realizar un derrame que supera el doble de lo aprobado». Adicionalmente, después de citar
el artículo 31 del Decreto 1394 de 1970, indicó que «al observar la liquidación de la
valorización en este caso concreto observamos como se supera los topes establecidos en la norma
pues el beneficio no corresponde al monto derramado por la valorización, por tanto y en armonía a
esta disposición legal la base límite para el cobro de valorización es el monto del beneficio».
Para resolver, la Sala inicia por reiterar lo mencionado en el acápite anterior, esto
es, que los actos demandados sí respetaron el procedimiento señalado por el
Concejo Municipal en el Estatuto de la Contribución de Valorización para efectos
de decretar, liquidar y distribuir el tributo bajo análisis y, en adición, que el Concejo
Municipal autorizó en el Plan de Desarrollo las obras de interés público que estarían
sujetas a financiación a través de valorización, de ahí que el alcalde sí era
competente para expedir los actos acusados.
22 Recurso de Apelación, Página 11.
23 Por el cual se reglamentan normas sobre valorización.
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Aclarado lo anterior, la Sala pone de presente que, en virtud del principio de
congruencia, este cargo de la apelación se resolverá contrastando el contenido
normativo de los artículos 8 y 31 del Decreto 1394 de 1970, que se consideran
transgredidos, con las razones concretas expuestas por la parte apelante para
sustentar su vulneración. Así, se tiene que estas normas reglamentarias prevén:
«Artículo 8. En los casos en que las contribuciones de valorización para la construcción de
una obra se hubieren distribuido con base en el presupuesto de la misma, fijado por la entidad
ejecutora de la obra y si este resultare deficiente, la diferencia será cubierta por dicha entidad.
Si por el contrario, al terminar su ejecución sobrare de lo presupuestado, el sobrante se rebaja
y se devolverá a los propietarios gravados, en proporción al respectivo gravamen, devolución
que se hará dentro del plazo de tres meses, después de la liquidación de la obra. A partir del
vencimiento de este plazo del Fondo Rotatorio Nacional de Valorización reconocerá interés
del uno por ciento (1%) mensual por la mora en la devolución de las correspondientes
sumas».
«Artículo 31. En ningún caso la totalidad de las contribuciones de valorización que se
distribuyan por una obra será superior al beneficio que ella produzca a los inmuebles
gravados. En consecuencia, cuando del estudio de qué trata el artículo 28 resultare que el
beneficio es inferior a la cuantía para distribuir, liquidada en la forma indicada en el artículo
29, se disminuirá esta cuantía hasta el monto del beneficio, que será el límite de la base de
imposición para la distribución de las contribuciones».
A la luz de esta normativa, en primer lugar, es preciso señalar que el artículo 8
transcrito parte del supuesto de hecho de que el presupuesto, previamente fijado y
distribuido por la entidad ejecutante de la obra, haya resultado insuficiente. Por esa
razón, esa disposición ordena que la entidad ejecutante cubra o asuma el
presupuesto faltante para la construcción de la obra. Además, que si ocurre lo
contrario, esto es, que el presupuesto fijado y presupuestado excediere el costo de
la obra, la entidad ejecutante debe devolver los recursos sobrantes.
Así las cosas, el artículo 8 del Decreto 1394 de 1970 se vería vulnerado si (i) el
presupuesto faltante para construir una obra de interés público no es asumido por
la entidad administrativa o (ii) cuando el presupuesto que sobre, después de
ejecutada la obra, no es devuelto a favor de los contribuyentes.
De otro lado, el artículo 31 citado prohíbe que la contribución de valorización que
se distribuya supere el beneficio producido por la construcción de la obra pública,
de suerte que si el beneficio resulta ser inferior a la suma a distribuir por concepto
del gravamen, dicha suma debe disminuirse hasta el monto del beneficio, todo, en
armonía con el principio de equivalencia que, como se señaló antes, rige la
contribución de valorización.
En estas condiciones y de conformidad con el contenido normativo de los artículos
8 y 31 del Decreto 1394 de 1970, la Sala considera que no hay lugar a declarar la
nulidad de los actos acusados, puesto que lo expuesto por la parte apelante no se
deriva de tales normas. En efecto, el artículo 8º regula consecuencias atribuibles al
momento de ejecución de las obras, cuando ya ha sido distribuido el valor de la
misma para efectos de la contribución por valorización, de manera que no es dable
aplicarla al Plan de Desarrollo o a la Resolución Distribuidora como aquí se invoca.
De otro lado, tampoco comparte la Sala el argumento de la apelación según el cual
los actos administrativos demandados desconocieron los artículos 8 y 31 del
Decreto 1394 de 1970 porque sobrepasaron la suma permitida a recaudarse por
concepto de la contribución de valorización.
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En efecto, según da cuenta la parte motiva de la Resolución Distribuidora, y no fue
refutado por la parte apelante, el valor del proyecto de valorización ascendió a la
suma de $639.746.779.864, el beneficio calculado derivado de su ejecución fue de
$1.753.950.958.431 y el valor a distribuir se fijó en la suma de $450.000.000.000.
Lo anterior, permite concluir entonces que la suma a distribuirse por concepto de la
contribución ($450.000.000.000) no fue superior al beneficio derivado de la
construcción de las obras públicas ($1.753.950.958.431), según lo exige el artículo
31 del Decreto 1394 de 1970.
Aunque lo expuesto es suficiente para negar el cargo de apelación, cabe agregar
que en el expediente no existe material probatorio alguno que acredite que el
municipio acusado haya incumplido lo previsto en el artículo 8 del Decreto 1394 de
1970. Por el contrario, lo que aparece probado en el expediente es que el municipio
del Rionegro cumplió lo ordenado por esa norma, pues si bien el valor a distribuirse
fue inferior al presupuesto de la obra, el valor faltante fue cubierto por el municipio
acusado con recursos propios.
Al respecto, nótese que el municipio de Rionegro determinó que financiaría tan solo
«parcialmente» el plan de obras establecido en el proyecto «Rionegro se valoriza». Por
esa razón, si bien el valor del proyecto ascendió a la suma de $639.746.779.864,
sólo distribuyó a título del gravamen la suma de $450.000.000.000, por lo que el
valor restante sería cubierto por otros recursos como créditos y rendimientos
financieros. De todo lo anterior, dan cuenta los antecedentes de la Resolución Nro.
939 del 16 de octubre de 2018:
«16. Que el plan de obras que se financiarán parcialmente con cargo a la contribución de
valorización establecido para el Proyecto de Valorización “Rionegro se valoriza”, serán las
siguientes (…)
27. Que el monto total a distribuirse corresponde a la suma de CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS M.L. ($450.000’000.000).
28. Que el valor del proyecto corresponde a la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MIL MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($639.746.779.864).
El cual se logra a través de las siguientes fuentes:
FUENTES 991.604.670.535 %
INGRESOS POR VALORIZACIÓN 585.193.623.439 59,01
APORTES ENTIDADES 289.332.300.821 29,18
CRÉDITOS 100.000.000.000 10,8
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 17.078.746.276 1,722»
Conforme con todo lo expuesto, no prospera el cargo.
3. Decisión
Con fundamento en lo expuesto, no se encuentra que la Administración Municipal
deba subsanar deficiencias de los actos de trámite, decreto y distribución del
derrame de valorización, por lo que no hay lugar a acceder ni a las pretensiones
principales ni a las subsidiarias, en consecuencia, la Sala confirmará la sentencia
apelada.
4. Costas
Finalmente, a la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 8) del Código
General del Proceso, no procede la condena en costas en esta instancia (agencias
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-00629-02 (26775)
Demandante: Banco de Occidente S.A. e Inversiones Alternova S.A.S.
en derecho y gastos del proceso), porque en el expediente no se encuentran
pruebas que las demuestren o justifiquen24.
Empero, la condena en costas impuesta en primera instancia se mantendrá, porque
no fue objeto de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 6 de abril de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Salvó el voto
24 En el mismo sentido, sentencias del 6 de julio de 2016, Exp. 21601, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia,
1° de febrero de 2017, Exp. 21179, 1º de junio de 2017, Exp. 20882 y 13 de septiembre de 2017, Exp. 20646,
CP. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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