Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-00653-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-00653-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2020-00653-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente, Ley
71 de 1988. Vinculación posterior Ley 812 de 2003
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 28 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Hermel Arturo Benítez Tordecilla presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto generado por la falta
de respuesta a la petición del 5 de septiembre de 2019, por medio de la cual el
Ministerio de Educación Nacional, Fomag, negó el reconocimiento de la pensión por
aportes.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho
1
En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
solicitó i) el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley
71 de 1988, esto es con el 75% de los salarios y primas que percibió en el año
anterior a la adquisición del derecho, a partir del 10 de noviembre de 2014 «momento
en que cumplió 60 años de edad y 1000 semanas de cotización», sin condicionarlo al
retiro del servicio; ii) el pago de las mesadas atrasadas y la inclusión en nómina de
la prestación; iii) el ajuste de valor de las sumas reconocidas; iv) el cumplimiento del
fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; v) los intereses
moratorios a partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia; vi) la condena
en costas a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Hermel Arturo Benítez Tordecilla nació el 10 de noviembre de 1954, por lo que
cuenta con más de 60 años de edad.
3.2. Cotizó en el Instituto de Seguros Sociales 939.14 semanas.
3.3. El 1° de marzo de 2004 fue nombrado docente oficial en propiedad, vinculación
que se encontraba vigente en la fecha en la que se presentó la demanda.
3.4. Solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley
71 de 1988, por cuanto contaba con 57 años de edad y 1000 semanas de cotización,
sin exigir el retiro definitivo del servicio. Sin embargo, la entidad demandada no se
pronunció al respecto.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15, numerales 1 y
2, de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de
la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente2:
5.1. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que se
vincularon después de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y
sociales, se regirían por las disposiciones de las que eran beneficiarios los
servidores públicos del orden nacional; lo cual también era extensivo a los docentes
que realizaran aportes al ISS y en el sector público.
2
Folios del 1 al 23.
2
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
5.2. Lo anterior, permite concluir que «para los servidores públicos docentes vinculadas
después de 1990, se UNIFICÓ EL RÉGIMEN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES, con el
resto de empleados públicos del orden nacional, aplicando así mismo todas aquellas
disposiciones aplicables a los empleados públicos de esta denominación, completando, de
ser necesario las semanas exigidas en el antiguo ISS, como lo estableció el artículo 7 de la
ley 71 de 1988».
5.3. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que el «[e]l régimen prestacional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculadas al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley»; disposición que
debe ser entendida en el sentido de que «los docentes vinculadas con anterioridad al
año 2003, se le aplican las normas anteriores a la expedición de la Ley 812, es decir la Ley
71 de 1988 como trabajadores privados, o prestando el servicio público o privado con
aportes al antiguo ISS, pues si trataba de proteger a los docentes que con alguna edad se
vinculaban al sector público después del 26 de junio de 2003, y que lograban acreditar
trabajo antes de menciona fecha, TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES ANTERIORES
A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE, le son aplicables».
5.4. Es decir que «si el docente se encontraba laborando como docente con anterioridad
al 26 de junio del año 2003, estuviera aportando a alguna de previsión del sector público o
al ISS, es preciso indicar que debe respetársele el régimen de transición que contiene el
art. 81 de ley 812 de 2003».
5.5. En ese orden y en consideración a que antes de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003 el demandante efectuó aportes al ISS, se le debe respetar el régimen
contenido en la Ley 71 de 1988. Puesto que, «si bien es cierto no estuvo vinculado
como docente oficial, antes del 23 de junio de 2003, sin QUE LE SEA NECESARIO
ACREDITAR QUE A ESTA FECHA, se encontraba laborando, pues esta exigencia no es la
requerida en la norma, sino poseer aportes antes del 26 de junio de 2003, al antiguo ISS.»
(sic).
5.6. Comoquiera que demostró aportes al ISS antes del 26 de junio de 2003, luego
en calidad de docente, su situación no podía resolverse de conformidad con la Ley
100 de 1993 sino con las disposiciones de la Ley 71 de 1988 aplicable a quien para
acceder al derecho debe acumular aportes efectuados antes de la fecha indicada y
en la actualidad es docente. En otras palabras, la transición de la Ley 812 de 2003
«no solo se aplica para un docente que aportaba como servidor público antes del 26 de
junio de 2003, sino para aquellas personas que siendo hoy docente, logran acreditar la
aplicación de normas anteriores al año 2003, por pertenecer a un grupo de empleados, que
siempre tuvieron la firme convicción de poder completar los aportes privados realizados al
ISS, con los realizados al sector público, conforme a las previsiones de la ley 71 de 1988»
3
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
(sic).
1.2. Contestación de la demanda
6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente3:
6.1. Para determinar la procedencia de la pensión de jubilación por aportes solicitada
por el demandante debe tenerse en cuenta la fecha de vinculación al servicio
educativo oficial en relación con la Ley 812 de 2003 para así establecer el régimen
aplicable, ya sea la Ley 33 de 1985 o la Ley 100 de 1993.
6.2. Conforme con la ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado4 no es viable que
para la liquidación de la prestación solicitada se incluyan todos los factores
salariales sobre los cuales no hubiese cotizado durante el año en que adquirió el
estatus de pensionado. Por lo que, de accederse a las pretensiones, en aplicación
del principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, debe
actualizarse a valor presente del pago que debe realizar el docente por los factores
sobre los cuales nunca efectuó cotización durante la relación laboral.
1.3. La sentencia apelada
7. ElTribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, profirió
sentencia el 28 de septiembre de 2022, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto o presunto configurado con la petición
del 5 de septiembre de 2019 y expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, mediante las cuales se negó al demandante el reconocimiento y pago la
pensión de vejez, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
ORDENAR Al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
reconocer y pagar al señor HERMEL ARTURO BENITEZ TORDECILLA con cédula de
ciudadanía 70.071.370, la pensión vitalicia de jubilación a partir del 10 de noviembre de
2016, conforme con lo establecido en los artículos 33 y ss. de la Ley 100 de 1993 y con
los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994 siempre que hubiere
efectuado cotización sobre los mismos. Las sumas reconocidas serán actualizadas, de
conformidad con la fórmula expuesta en la parte motiva de esta providencia y aplicando
3
Índice 35 de Samai del tribunal, archivo «25ED_000202000653HIBRIDOZ(.zip) NroActua 35»,
documento 009-1 Memorial contestación demanda.
4
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
C.P. Cesar Palomino Cortes y Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019, radicado:
68001-23-33-000-2015-00569-01, C.P. Cesar Palomino Cortes.
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
los ajustes de ley.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones elevadas por la demandante.
CUARTO: La entidad demandada deberá efectuar la deducción de los aportes en forma
indexada y en los términos expuestos en la parte motiva de la presente providencia»
(sic).
8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos5:
8.1. El demandante nació el 10 de noviembre de 1954, por lo que al 1° de abril de
1994 contaba con 39 años y, según su historia laboral, para tal fecha había cotizado
619 semanas correspondientes a 11.8 años. Por lo tanto, no era beneficiario del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, por ende, no le eran aplicables los
regímenes pensionales anteriores como lo es la Ley 71 de 1988.
8.2. En calidad de docente oficial vinculado al Fomag el 4 de marzo de 2004, esto es
con posterioridad a la Ley 812 de 2003, tampoco podía acceder al reconocimiento
pensional en virtud de la Ley 71 de 1988. Así pues, en razón a que es un docente
vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2002 le era aplicable el
régimen general de pensiones de la Ley 100 de 1993, que permite la sumatoria de
tiempos privados y públicos. En consecuencia, para acceder a la pensión al 1° de
enero de 2014 debía acreditar 62 años y 1000 semanas cotizadas, requisitos que
cumplió 10 de noviembre de 2016.
.
8.3. No impuso condena en costas porque no hubo evidencia de manifiesta carencia
de fundamento legal.
1.4. Los recursos de apelación
9. Hermel Arturo Benítez Tordecilla presentó recurso de apelación con fundamento
en lo siguiente6:
9.1. Los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 son
beneficiarios de las disposiciones que en materia pensional se encontraban vigentes
antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, dentro de las cuales está la Ley 71
de 1988 que permitió el cómputo de los aportes efectuados por los trabajadores en
el sector público y privado.
9.2. Cumplió los requisitos para acceder a la pensión de jubilación por aportes porque
5
Índice 26 de Samai del tribunal y folios del 53 al 64.
6
Índice 35 de Samai del tribunal, archivo «25ED_000202000653HIBRIDOZ(.zip) NroActua 35»,
documento 017 Memorial -Recurso de Apelación Demandante
5
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
con anterioridad al 26 de junio del 2003 se encontraba laborando y realizó aportes
al ISS, hoy Colpensiones. Como consecuencia, debía respetársele el régimen de
transición contenido en el artículo 81 de la Ley 812 del 2003 en consonancia con la
Ley 71 de 1988 y acceder a la pensión a partir del 10 de noviembre de 2014 (fecha
en la que cumplió 60 años de edad).
9.3. La prohibición de doble asignación del erario admite la excepción contenida en
el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, que se encuentra vigente para los docentes, así
pues, el literal g) de dicho artículo conservó la compatibilidad en este caso entre
pensión y salario prevista en los artículos 5 del Decreto 224 de 1972 y 277 de la Ley
100 de 1993, razón por la cual para disfrutar de dicha prestación económica no se
requiere del retiro del servicio. Aunado a que, la incompatibilidad determinada en el
Decreto 1278 de 2002 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en
sentencia C 1157 de 2003.
10. El Fomag presentó recurso de apelación con fundamento en lo siguiente7:
10.1. El demandante se vinculó como docente oficial en fecha posterior a la de
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, con lo cual sus derechos pensionales
se encuentran cobijados por el régimen de prima media establecido en las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con todos los requisitos previstos en él, a excepción de
la edad para pensionarse, la cual se fijó en 57 años para hombres y mujeres.
10.2. A partir de la expedición del Acto Legislativo 01 del 2005 los docentes no
disfrutan de un régimen especial en materia pensional y, les son aplicables las
disposiciones que regían a demás servidores públicos de régimen común; por lo
tanto, para entrar a disfrutar de la pensión derecho deben acreditar el retiro del
servicio, a riesgo de encontrarse incursos en la prohibición de percibir más de una
asignación proveniente del erario. Prohibición que sólo admite excepción en el caso
de los docentes que disfrutan de la pensión gracia.
10.3. Por mandato legal contenido en el artículo 19 de la Ley 344 de 1996, la
posibilidad que tuvieron algunos docentes nacionales de disfrutar de pensión sin
haberse retirado del servicio fue derogada. Asimismo, el artículo 5 del Decreto 224
de 1972 fue derogado con la Ley 344 de 1996 y, en todo caso, no cobijaba a los
docentes con vinculación de carácter territorial.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
7
Índice 35 de Samai del tribunal, archivo «25ED_000202000653HIBRIDOZ(.zip) NroActua 35»,
documento 016-Memorial Recurso de Apelación Nación Ministerio de Educación
6
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar8.
1.6. El Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto9 en el que
solicitó confirmar la sentencia recurrida, con fundamento en los siguientes
argumentos:
12.1. El docente se vinculó al servicio público educativo en el año 2004, razón por la
cual no era posible remitirse a la Ley 71 de 1988 por aplicación de la transición del
artículo 81 de la Ley 812 de 2003, pues para que fuese cobijado por tal disposición
no solo debía haber estado vinculado al servicio público en cualquier cargo y haber
realizado los correspondientes aportes, pues la norma es clara en señalar que aplica
únicamente para docentes del servicio público, vinculados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
12.2. El recurso de apelación interpuesto por el Fomag no cumple con el supuesto de
hecho contenido en el artículo 320 Código General del Proceso10 pues lo expuesto
coincide con lo decidido por el a quo. Incluso lo referente al retiro del servicio para
acceder a las mesadas pensionales fue expresamente señalado en la sentencia
recurrida al indicarse que denegaría la pretensión relativa a la compatibilidad de
pensión y salario.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia11, se circunscriben a
8
Tal y como se indicó en el auto del 5 de diciembre de 2022. Índice 7 de Samai.
9
Índice 9 de Samai.
10
En lo que sigue CGP
11
Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
7
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
establecer lo siguiente:
13.1. ¿Hermel Arturo Benítez Tordecilla es beneficiario de la transición prevista en el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003 que permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a
los docentes oficiales?
13.2. De ser negativa la respuesta anterior se determinará ¿si es beneficiario del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y si, en consecuencia, cumplió con los
requisitos para el reconocimiento pensional en los términos de la Ley 71 de 1988
por haber acumulado tiempo de servicio en el sector público y privado?; y
13.3. ¿Si la pensión regulada en la Ley 71 de 1988 es compatible con el salario
percibido en ejercicio de la docencia o para recibirla el docente debe retirarse del
servicio?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
14. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte12. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas13.
15. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
12
Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
13
Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
público y lograr su satisfacción14. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»15. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
16. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos16. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: «Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
17. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
18. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:
14
El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
15
Preámbulo y artículo 6.
16
Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
9
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].
19. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200317.
20. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
21. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Vinculados por Las causadas hasta 29 de La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del diciembre de 1989 y en Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional adelante, los reajustes y la hicieren sus veces.
Nacional sustitución de pensiones
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
Las causadas hasta el 31 de Las respectivas entidades
diciembre de 1975 y en territoriales o las cajas de
adelante, los reajustes y la previsión, o las entidades que
sustitución de pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Vinculados por venía vinculado este personal
Nacionalizado
nombramiento de Las causadas en el período La Nación o las respectivas
entidad territorial de nacionalización (1 de entidades territoriales o las
antes y después del enero de 1976 – 31 de cajas de previsión, o las
1/1/1976 (Ley 43/75) diciembre de 1980), los entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
17
Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
10
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reajustes y la sustitución de contribuir en los porcentajes
pensiones establecidos en el artículo 3 de
la Ley 43 de 1975).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1 de enero de 1981 y territoriales o las cajas de
el 29 de diciembre de 1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
22. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
23. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
24. La Ley 60 de 199318 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
18
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
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departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.
25. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:
«De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen
a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas
en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria
o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se
dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos
a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben
demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para
los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen
constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de
un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de
1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia
de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993
consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara
que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo
115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido
de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de
pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33
de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las
pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley
6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones
‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de
‘especiales’.»
26. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
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27. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.2.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988
28. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:
29. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:
«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende de
la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del nivel
superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes vigentes, a
partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional y de cesantías
aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15
habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de
jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al
beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo
permite»19 (se destaca).
30. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
19
Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la
República del 17 de octubre de 1989.
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interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.
31. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.
32. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes20 que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.
33. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.
34. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»21 a los que esta última norma
20
Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.
21
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
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gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
35. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
provecho otorgue al trabajador22. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
36. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».
37. En este sentido, se debe destacar que la expresión «derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
22
«[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre
cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de
este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de
causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de
favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho
al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse
este principio cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá
de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-
15) CE-SUJ2-010-18.
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71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.
38. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación23.
39. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:
39.1. desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el derecho
a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace parte de
los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público nacional»
a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;
39.2. contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;
39.3. impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por aportes
que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y
39.4. desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
23
En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan
normas sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la
enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo
104 los define como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de
formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales,
culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se
expide el Estatuto de Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan
labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos
en su proceso enseñanza aprendizaje […]».
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transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior24.
40. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1° de enero de 1981 o del 1° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.
41. Si bien el numeral aludido indicó que «cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
con la que señala a continuación la norma y que reza que «[e]stos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional », que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor.
42. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.
43. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
24
Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.
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pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.
44. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones », lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.
45. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.
46. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.
2.2.2. Régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988
47. La Ley 71 de 1988 creó la «pensión de jubilación por aportes», por la cual se
permitía que las personas que hubieran efectuado cotizaciones durante el tiempo
laborado como empleados públicos y privados pudieran obtener la pensión de
jubilación sumando tiempos del uno y del otro. Lo anterior, respondió a la dificultad
que imponían las normas que se habían expedido con antelación y que regulaban
en forma separada el régimen pensional de cada uno de estos sectores.
48. Así, el artículo 7 de la norma, permitió que la prestación se obtuviera con la suma
de los tiempos de cotización y de servicios de los «empleados oficiales y trabajadores
que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en
una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
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departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros
Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60)
años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer».
49. Ahora bien, la Ley 71 fue reglamentada inicialmente por el Decreto 1160 de 1989
y posteriormente por el Decreto 2709 de 1994, que señaló lo siguiente:
«Artículo 6°. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las
excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.
Artículo 8°. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor
de la pensión de jubilación por aportes no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la
ley».
50. La anterior disposición fue expresamente derogada por el artículo 24 del Decreto
1474 de 199725. Sin embargo, dicha derogatoria fue anulada por esta Sección
mediante la sentencia del 15 de mayo de 201426, por considerar que desconocía la
finalidad del régimen de transición como mecanismo de protección ante el cambio
legislativo. Como argumentos para tal decisión se expusieron los siguientes:
«Así, en el presente caso, tratándose de una situación análoga a nivel reglamentario, se
destaca que la norma que disponía el salario base para la liquidación de la pensión por
aportes fue derogada, situación que originó un vacío normativo y obligó a remitirse a la
Ley 100 de 1993, aun cuando el legislador dispuso que el Gobierno Nacional debía
reglamentar las condiciones para el reconocimiento y pago de la pensión por aportes
(inc. 2, art. 7, Ley 71 de 1988).
Visto lo anterior, la derogatoria del artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, desconoció no
solamente la Ley 71 de 1988; sino también la Ley 100 de 1993, ya que ésta previó un
régimen de transición, como un mecanismo de protección ante un tránsito legislativo
para las personas que tenían la expectativa de adquirir su derecho pensional bajo una
normatividad anterior, en este sentido no puede el ejecutivo en virtud del ejercicio de la
facultad reglamentaria reducir de manera desproporcionada e irrazonable los beneficios
de la normatividad pensional anterior, pues dejaría sin eficacia la finalidad del régimen
de transición pensional».
25
por el cual se derogan, modifican y/o adicionan algunos artículos del Decreto reglamentario 1748
de 1995 y se dictan otras disposiciones.
26
Sentencia del 15 de mayo de 2014, radicado: 11001-03-25-000-2011-00620-00 (2427-2011),
C.P. Gerardo Arenas Monsalve
19
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
51. Así las cosas, comoquiera que la norma había cobrado vigencia a partir del tal
declaratoria de nulidad, la Sección Segunda consideraba que la regla jurídica para
determinar el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen
de transición y que tenían derecho a la pensión de jubilación por aportes era la
establecida en el referido artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994, esto es que se
debía liquidar con el 75 % del salario promedio que había servido de base para los
aportes durante el último año de servicio.
52. El criterio de la corporación era congruente con la sentencia de unificación de la
Sección Segunda del 4 de agosto de 2010, que señalaba que la liquidación de la
pensión correspondía al 75 % de lo devengado por el trabajador en el último año de
servicio. No obstante, esta postura ha sido recogida, ajustada e interpretada
armónicamente, en todo, con lo dispuesto en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201827, a partir de la cual el Consejo de Estado se inclinó por la taxatividad
de los factores de salario y concluyó que el ingreso base de liquidación del inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para
aquellas personas que se benefician de este.
53. Así, a efectos de determinar el IBL de las personas beneficiarias de la transición
prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplica como
régimen anterior la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, se deben
seguir la regla y las subreglas establecidas en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 proferida por la Sala Plena de la Corporación,es decir, que el IBL
debe establecerse en los términos del inciso 3.º del artículo 36 o del artículo 21 de
la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de 1994, y no con fundamento en el artículo
6.° del Decreto 2709 de 1994.
54. Respecto de la entidad competente para el pago de la pensión de jubilación bajo
el régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988, el Decreto 2709 de 1994
dispuso:
«Artículo 10. Entidad de previsión pagadora. La pensión de jubilación por aportes será
reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que se efectuaron aportes,
siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo en ellas haya sido
mínimo de seis (6) años. En caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será
reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor
tiempo de aportes.
Parágrafo. Si la entidad de previsión obligada al reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes es la Caja Nacional de Previsión Social, el pago de dicha
prestación lo asumirá el Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional a partir de 1995.
27
Radicado: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
20
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
Si las entidades de previsión obligadas al reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes son del orden territorial, dicha prestación, en el evento de liquidación de las
mismas, estará a cargo de la entidad que las sustituya en el pago».
55. De acuerdo con lo anterior, la regla especial de competencia para el
reconocimiento y pago de las pensiones de jubilación por aportes recae en la última
entidad de previsión social a la que el trabajador estuvo afiliado, siempre y cuando
el tiempo de vinculación hubiese sido igual o mayor 6 años, continuos o
discontinuos. De lo contrario, dicho reconocimiento corresponderá a la entidad o
fondo en el cual se haya realizado el mayor aporte.
2.2.3. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso de
los docentes
56. El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 disponía que nadie podía recibir
dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinaran las
leyes. De esta manera, el constituyente previó la posibilidad de que se establecieran
excepciones a la prohibición, las cuales inicialmente fueron «determinadas» por el
presidente de la República, quien en ejercicio de facultades extraordinarias expidió
el Decreto-ley 1317 de 196028, dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que
provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de
profesorado de tiempo completo29». Asimismo, el artículo 5 del Decreto 224 de 197230
señalaba que «el ejercicio de la docencia no ser[ía] incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario est[uviera] mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretar[ía el] retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco
(65) años de edad».
57. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición contenida
en el artículo 64 se mantuvo en los siguientes términos:
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas» [Se resalta].
58. La anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a través de la
Ley 4ª de 1992, que en su artículo 19, dispuso lo siguiente:
28
Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo
64 de la Constitución.
29
Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
30
Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
21
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes
asignaciones:
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]». [Se resalta].
59. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó31:
«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]
Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada». [Se resalta].
60. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:
60.1. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: «a los afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003, radicado
05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
60.2. El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que «[e]l régimen prestacional aplicable
a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y
60.3. El artículo 19 de Ley 344 de 199632 dispuso:
«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»
61. Así pues, la disposición contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se
advierte que el legislador preservó la compatibilidad de la pensión de jubilación con
el salario devengado por el docente, compatibilidad de la cual pueden ser
beneficiarios aquellas personas que acrediten los requisitos para que les sea
reconocida una pensión y presten o llegasen a prestar sus servicios como docentes
oficiales, teniendo en cuenta que son estos últimos quienes deben ser afiliados al
Fomag.
62. Valga precisar que esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del
Fomag serían compatibles «con pensiones o cualquier clase de remuneración», es
decir, no establece como requisito que la pensión haya sido reconocida bajo los
requisitos de un régimen determinado.
63. Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de 1996
se puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente la
compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes. Es decir,
mediante dicha disposición señaló que una vez los servidores públicos adquieran el
derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, tendrían la posibilidad de optar
por una de 2 opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta que cumpla
la edad de retiro forzoso. Esto es que podrían disfrutar de la pensión, pero solo
hasta cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de manera
expresa excluyó a los docentes oficiales. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
32
Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
23
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional de
prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994.
[…]
La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere
a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente,
la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la profesionalización y
dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es claro el interés
constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes han cumplido
con las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la mejor
formación de los educandos. Así, advierte la Corporación que existe una razón
constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro forzoso,
para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se estudia, y
que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido» [Se resalta].
64. Resulta claro entonces que los servidores públicos podrán disfrutar de la pensión
solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; no obstante, la Ley 344 de 1996
dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente.
65. Esta Sala no desconoce que el gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de
200233 en cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en
el sector educativo estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de jubilación,
vejez, gracia o similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones docentes o
directivos docentes de los educadores estatales se produciría, entre otros, por
obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.
66. Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63
literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se
precisó que «la norma acusada no estaba modificando el régimen propio de las pensiones
de vejez, gracia o invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a los cuales
deba sujetarse el gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes - los cuales
como ya se explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe
remitirse el Gobierno» [Se resalta].
33
«Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente»
24
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
67. En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la remuneración
de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles
de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial
para el sector educativo estatal, prevén que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga
del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de la ley
4ª de 1992»34.
68. En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el caso
de los docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con la
regulación expedida con posterioridad a ella y las interpretaciones jurisprudenciales
expuestas.
2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
69. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
69.1. Hermel Arturo Benítez Tordecilla nació el 10 de noviembre de 1954, según
consta en el registro civil de nacimiento y en su cédula de ciudadanía35.
69.2. De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones36, entre el 4 de
junio de 1981 y el 31 de julio de 2000 cotizó un total de 939.14 semanas a
Colpensiones.
69.3. Según consta en el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral con consecutivo 0, expedido el 10 de julio de 2019 por la Secretaría de
Educación del municipio de Medellín, el docente acreditó el siguiente tiempo de
servicio en el magisterio oficial con nombramiento en provisionalidad:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y reing.
Institución Educativa Ana de Resolución 04/03/2004 -
Castrillón (Medellín)
Cambios de sueldos
Institución Educativa Ana de Decreto 1/01/2005 9/12/2005
Castrillón (Medellín)
Tiempo total 1 año, 9 meses y 6 días
34
Al efecto ver, entre otros, los decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 0887 de 2023.
35
Folios 30 y 22, respectivamente.
36
Actualizado al 29 de agosto de 2019.
25
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
69.4. Según consta en el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral con consecutivo 0, expedido el 10 de julio de 2019 por la Secretaría de
Educación del municipio de Medellín, el docente acreditó el siguiente tiempo de
servicio en el magisterio oficial:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Cambios de sueldos
Decreto 16/01/2006 -
Inst. Educ. Juan de la Cruz Posada
Prom. Propiedad
Resolución 9/01/2007 -
Inst. Educ. Juan de la Cruz Posada
Cambios de sueldos
Decreto 01/01/2008 -
Inst. Educ. Juan de la Cruz Posada
Cambios de sueldos
Decreto 01/01/2009 -
Inst. Educ. Juan de la Cruz Posada
Cambios de sueldos
Decreto 01/01/2010 -
Inst. Educ. Juan de la Cruz Posada
Ascenso
Resolución 01/06/2010 -
Inst. Educ. Juan de la Cruz Posada
Cambios de sueldos
Decreto 01/01/2011 -
Inst. Educ. Juan de la Cruz Posada
Ascenso
Resolución 29/04/2011 -
Inst. Educ. Juan de la Cruz Posada
Cambios de sueldos
Decreto 01/01/2012 -
Inst. Educ. Juan de la Cruz Posada
Cambios de sueldos
Decreto 01/01/2013 -
Inst. Educ. Juan de la Cruz Posada
Cambios de sueldos
Inst. Educ. Juan de la Cruz Posada Decreto 01/01/2014 -
sede principal
Cambios de sueldos
Inst. Educ. Juan de la Cruz Posada Decreto 01/01/2015 -
sede principal
Cambios de sueldos
Inst. Educ. Juan de la Cruz Posada Decreto 01/01/2016 -
sede principal
Cambios de sueldos
Inst. Educ. Juan de la Cruz Posada Decreto 01/1/2017 -
sede principal
26
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
Ascenso
Resolución 26/12/2017 -
Inst. Educ. Juan de la Cruz Posada
Cambios de sueldos
Inst. Educ. Juan de la Cruz Posada Decreto 01/01/2018 -
sede principal
Cambios de sueldos
Inst. Educ. Juan de la Cruz Posada Decreto 01/01/2019 -
sede principal
13 años, 5 meses y 25
Tiempo total
días
69.5. El 5 de septiembre de 2019 solicitó el reconocimiento de la pensión con la
inclusión de tiempos cotizados en Colpensiones «en aplicación a la ley y la
jurisprudencia es titular de derechos pensionales bajo el régimen de la Ley 91 de 1989,
pues prestó servicios docentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003».
2.3.2. Análisis sustancial
2.3.2.1. En torno al régimen de transición de la Ley 812 de 2003
70. Tal y como se advirtió en el planteamiento del problema jurídico, el
pronunciamiento de esta Sala se limitará a los argumentos expuestos en los
recursos de apelación. Al respecto la Subsección encuentra que frente al
presentado por la parte demandada no se hará pronunciamiento por ser fallida, toda
vez que no se controvirtió lo decidido por el a quo sino que se limitó a exponer
iguales razones a las planteadas en la sentencia recurrida a efectos de negar las
pretensiones.
71. En efecto, de acuerdo con el artículo 320 del CGP, podrá interponer el recurso
de apelación la parte a la que le haya sido desfavorable la decisión, con el objeto
de que el superior realice un examen de la providencia, pero solamente en relación
con los reparos concretos que haya formulado el apelante, para que se revoque
o reforme la decisión.
72. Sin embargo, comoquiera que los argumentos del Fomag en el recurso de
apelación coinciden con las conclusiones del tribunal, la cuestión planteada en el
recurso carece de objeto, lo que impide a esta Subsección estudiarlos.
73. De esta manera, a continuación, la Sala abordará el primer problema jurídico
planteado, este es si Hermel Arturo Benítez Tordecilla es beneficiario de la
transición prevista en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 que permite la aplicación
de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales
27
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
2.3.2.1. Sobre la aptitud legal para el reconocimiento de la pensión de
jubilación. Tiempo de servicio. Sobre el beneficio previsto en la Ley 812 de
2003
74. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, Hermel Arturo Benítez
Tordecilla prestó sus servicios así:
. Modali Cargo Desde Hasta Total, Añ Mes Dí
dad tiempo os es as
de
servici
os
Black 4 de junio de 10 de abril de 6 años 6 10 6
Stars 1981 1988 10
meses
6 días
Eduard 18 de mayo de 31 de julio de 9 años 9 2 13
o 1989 1998 2
Botero meses
Soto y 13 días
CIA
LTDA
Hermel 1 de agosto de 31 de agosto de 0 años 0 0 0
A. 1998 1998 0
Benité meses
z 30 días
Eduard 1 de agosto de 31 de agosto de 0 años 0 0 30
o 1998 1998 0
Botero meses
Soto y 30 días
CIA
LTDA
37
Hermel 1 de septiembre 31 de julio de 1 años 1 10 30
A. de 1998 2000 10
Benité meses
z 30 días
IE Ana Resolu docente 4 de marzo de 9 de diciembre 1 años 1 9 5
de ción 2004 de 2005 9
Castrill 0234 meses
ón del 23 5 días
(Medel de
lín) febrero
de 2004
37
Estos tiempos no se sumaron, puesto que son concomitantes.
28
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
IE Resolu docente 16 de enero de 1 de enero de 12 años 12 11 16
Juan ción 2006 2019 11
de la 2645 meses
Cruz del 12 16 días
Posad de
a diciemb
(Medel re de
lín ) 2005
Total: 29 42 10
0
3 3 /30
32 45 3,3
3
/12 10
3,8
9
75. De acuerdo con lo anterior, acreditó 32 años, 9 meses y 10 días de tiempo de
servicio. Sin embargo, no cumplió con los requisitos enunciados en el artículo 81 de
la Ley 812 de 2003, por cuanto no estuvo vinculado al servicio público educativo
oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, esto es al 27 de junio
de 2003, de manera que no resultaba beneficiario del régimen de transición fijado
en ese aparte normativo.
76. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, el legislador a través de la Ley 100 de 1993 creó «el sistema de seguridad
social integral» con el fin de «unificar la normatividad y la planeación de la seguridad
social» el cual se aplicaría a «todos los habitantes del territorio nacional», con excepción
de, entre otros, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, esto es los docentes oficiales.
77. La anterior excepción se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, con la cual los maestros oficiales fueron incorporados al sistema de régimen
pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; sin
embargo, el legislador, con el fin de proteger las expectativas de quienes hasta ese
momento habían prestado sus servicios al magisterio, estableció un régimen de
transición, según el cual, esta reforma solo le sería aplicables a quienes a partir del
27 de junio de 2003 se vincularan al servicio público educativo oficial.
78. El anterior régimen de transición fue reiterado por el constituyente derivado, a
través del Acto legislativo 1 de 2005, al señalar que «[e]l régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
29
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» [Se resalta].
79. Así las cosas, se advierte que el querer del legislador y el constituyente derivado
fue incorporar a los docentes oficiales al sistema regulado en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, quienes, hasta ese momento, se encontraban excluidos por
disposición expresa. Por lo que, debe entenderse que el régimen de transición
referido solo estaba dirigido a quienes, antes del 27 de junio de 2003, habían
prestado sus servicios como docentes oficiales.
80. En esa línea, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia SUJ-014 -
CE-S2 del 25 de abril de 2019, precisó que para efectos de establecer el régimen
prestacional aplicable a los docentes se debía tener en cuenta la fecha de
vinculación al servicio público educativo oficial, en el entendido de que:
i) quienes se hubiesen vinculado con anterioridad al 27 de junio de 2003 [fecha de
entrada en vigencia de la Ley 812] se les aplicaría aquellas disposiciones que regían
a los servidores públicos del orden nacional; y ii) quienes se vincularan con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812, se les aplicaría el régimen
pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción del requisito de la edad.
81. Ahora bien, de acuerdo con lo probado en el proceso, se encuentra que el
demandante se vinculó por primera vez como docente oficial el 1° de enero de 2005
y aunque acreditó aportes previos a esta fecha, de acuerdo con los documentos
aportados, estos no tuvieron origen en la prestación del servicio educativo de ese
orden. Así las cosas, le asiste razón al a quo en el sentido de que no acreditó una
vinculación como docente oficial anterior al 27 de junio de 2003, por cuanto, este es
el único requisito establecido por el legislador para ser beneficiario de la transición
de la Ley 812 y como consecuencia pretender el reconocimiento pensional bajo las
disposiciones que le eran aplicables a los servidores públicos del orden nacional
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.
82. En el recurso de apelación, el demandante sostuvo que, para beneficiarse de la
mencionada transición, era suficiente acreditar una vinculación o aportes con
anterioridad al límite temporal establecido en la Ley 812 [la fecha de su entrada en
vigencia], sin embargo, omitió que no se trata de cualquier vinculación, sino que
esta fue calificada de manera expresa por el legislador, esto es, debe ser al servicio
público educativo oficial, lo cual no fue acreditado en el sub judice.
83. De otra parte, el reconocimiento de la pensión por aportes también procede para
los beneficiarios de la transición de la Ley 100 de 1993, esto es, para quienes de
30
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
acuerdo con el artículo 36 «al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y
cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados». Sin embargo, el demandante
tampoco era beneficiario de este, puesto que al 1° de abril de 1994 [fecha de entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993] tenía 39 años de edad y había cotizado 11 años,
11 meses y 19 días.
84. En suma, de acuerdo con la fecha en la que el demandante se vinculó al servicio
público educativo oficial, le asiste el derecho al reconocimiento pensional con base
en el régimen de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que para el
caso de los docentes es de 57 años para hombres y mujeres.
85. Por lo expuesto, esta Subsección concluye que el demandante no era
beneficiario del régimen de transición de la Ley 812 de 2003 ni el de la Ley 100 de
1993, por lo que, le asiste el derecho al reconocimiento pensional previsto en la Ley
100 de 1993.
2.3.2.2. En cuanto a la verificación de los requisitos previstos del régimen de
prima media
86. Si bien el demandante pretendió el reconocimiento pensional con fundamento en
la Ley 71 de 1988, régimen del cual, como se explicó, no era beneficiario, la Sala
no pasa por alto la obligación de estudiar la solicitud pensional con base en las
disposiciones que le eran aplicables.
87. Sobre el particular, esta Corporación38 ha expresado que el juez administrativo
está en el deber de interpretar la relación jurídico procesal trabada por las partes y
no simplemente aplicar el principio de justicia rogada lo que es consecuente con el
deber de administrar justicia dispuesto en la Constitución Política, con el principio
de prevalencia del derecho sustancial y con el derecho de acceder a la
administración de justicia39.
88. Si bien, el litigio no giró alrededor de la aplicación del régimen de prima media
creado con la Ley 100 de 1993, lo cierto es que sí se pretendió el reconocimiento
de una pensión, lo que, a juicio de esta Subsección impone el deber de analizar la
situación del peticionario a la luz de las normas que le sean aplicables con miras a
38
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de marzo de 2018, radicado: 11001-03-25-000-
2013-00171-00(0415-13), C.P. Sandra Lisseth Ibarra
39
Sobre el particular se pueden consultar las sentencias de 27 de enero de 2000, proferida en el
expediente 10867; de 20 de enero de 2006, proferida por la Sección Quinta, en el expediente 3836;
de 23 de febrero de 2010, proferida en el expediente 2066; de 11 de septiembre de 2013, proferida
en el expediente 20601.
31
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
establecer si podía o no beneficiarse de la prestación que fue reclamada. No puede
desconocerse entonces que se trata del reconocimiento de una pensión de
jubilación que se constituye en la materialización de derechos fundamentales a la
seguridad social y la vida digna. A juicio de la Corte Constitucional «los artículos 48 y
49 de la Carta Política establecen la seguridad social por un lado, como un derecho
irrenunciable, y por otro lado, como un servicio público, de tal manera que, por la estructura
de este derecho, es el Estado el obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva
ejecución»40, lo que se traduce en un deber para las autoridades administrativas y
judiciales de atender y, como consecuencia, retirar los obstáculos formales que le
impidan su satisfacción.
89. En igual sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional para indicar que la
aplicación de tal principio no significa la imposición de un «límite a la labor
interpretativa del juez, cuando su aplicación al caso concreto restringe la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2), la prevalencia del
derecho sustancial sobre lo meramente adjetivo (art. 228) y el acceso a la administración
de justicia (art. 229)» pues lo contrario conduciría a la adopción de decisiones
judiciales incompatibles con el ordenamiento jurídico, especialmente, cuando con
su aplicación irrestricta se afecta el goce efectivo de los derechos fundamentales,
de normas y principios constitucionales, la real relación jurídico procesal entre las
partes, los derechos humanos y normas de derecho internacional humanitario y, en
general la aplicación de normatividad relevante para la resolución de los asuntos
que competen a la jurisdicción41. Maxime cuando en los asuntos bajo análisis están
en juego la protección de los derechos constitucionales a la seguridad social, la
protección y asistencia a las personas de la tercera edad y la vida digna.
90. En efecto, en estos asuntos cobra mayor relevancia el análisis cuidadoso de la
normativa y jurisprudencia aplicable al asunto del peticionario que espera acceder
al beneficio pensional, deber que impone a las autoridades administrativas como
judiciales de examinar su historia laboral de cara a determinar el régimen que le
permita acceder a una prestación que proteja el riesgo al que se está enfrentando,
en este caso, la vejez. No puede desconocerse entonces que la seguridad social es
un servicio de carácter obligatorio [en los términos del artículo 48 Constitucional]
que debe proporcionarse bajo la dirección, coordinación y control del Estado, «en
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley»; lo que se traduce en un imperativo para todos los servidores
públicos de garantizar su prestación que, además, se constituye en un derecho
irrenunciable, por lo que la falta de mención del régimen aplicable al asunto, no
puede servir como excusa para dejar de analizar y, si es del caso, reconocer a fin
de otorgarle garantía a este derecho fundamental.
40
Sentencia T-164 de 2013
41
Sentencia SU061 de 2018
32
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
91. De acuerdo con lo anterior, la omisión del peticionario en señalar el régimen que
a la postre le resulte aplicable, no es óbice para dejar de examinarlo y, si es del
caso, reconocerlo. Lo anterior de manera alguna desconoce derechos y garantías
procesales, ni implica desatender el privilegio previo de un pronunciamiento de la
administración, pues desde la petición inicial reclamó el reconocimiento de una
pensión de jubilación.
92. Así pues, esta Subsección ha considerado que la administración está en la
obligación de garantizar la protección de los derechos fundamentales, teniendo en
cuenta la totalidad del ordenamiento jurídico y no solo las normas a que aluda el
solicitante, por lo que en el instante en el que se le pone de presente una situación
pensional antes de acudir al juez, no solo se le da la oportunidad de pronunciarse
de manera previa, sino que se le reclama su análisis a la luz de la normatividad que
le sea aplicable.
93. En tal sentido, también ha considerado que no se desconoce el principio de
justicia rogada ni el privilegio previo de la administración al analizar la situación del
peticionario de acuerdo con disposiciones que no fueron alegadas en sede
administrativa cuando se reclama el reconocimiento de una pensión, pues es un
deber del Estado en general, proteger el derecho fundamental a la seguridad social,
sin establecer talanqueras que impidan su materialización.
94. Así las cosas, se procederá a verificar si Hermel Arturo Benítez Tordecilla
acreditó los requisitos previstos para el reconocimiento pensional de conformidad
con el régimen de prima media, los cuales se encuentran contenidos en el artículo
33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, así: i)
57 años de edad (de acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003); y ii) haber
cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo, las cuales, a «partir del
1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de
enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año
2015».
Año Semanas
2003 1000
2004 1000
2005 1050
2006 1075
33
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
2007 1100
2008 1125
2009 1150
2010 1175
2011 1200
2012 1225
2013 1250
2014 1275
2015 1300
95. En cuanto al requisito de la edad: Hermel Arturo Benítez Tordecilla nació 10 de
noviembre de 1954, por lo que cuenta con más de 57 años de edad.
96. En relación con las semanas cotizadas: de acuerdo con los mencionados
requisitos, en la medida en que adquirió la edad exigida para efectos del
reconocimiento en el año 2011, deberá verificarse si acreditó haber cotizado un
mínimo de 1200 semanas. Al respecto en el expediente se observa que cotizó: i) a
Colpensiones, de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas: 939.14 semanas;
y ii) al Fomag, entre la fecha de vinculación y la fecha en la que cumplió 57 años de
edad, alrededor de 7 años, 6 meses y 28 días, lo que equivale a: 395.33 semanas.
97. De acuerdo con lo anterior, cuando cumplió 57 años [de acuerdo con el artículo
81 de la Ley 812 de 2003] contaba con un total de 1334.66 semanas cotizadas, por
lo que acreditó los requisitos previstos en el régimen de prima media para efectos
del reconocimiento pensional.
98. En ese orden, en el caso en estudio, Hermel Arturo Benitéz Tordecilla tenía
derecho al reconocimiento y pago de la pensión, de acuerdo con las disposiciones
contenidas en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2002, a partir de la fecha en la que
adquirió el estatus pensional, esto es a partir del 10 de noviembre 2011 [fecha en la
que cumplió 57 años y contaba con más de 1200 semanas cotizadas], sin que deba
acreditar el retiro del servicio.
99. En consecuencia, por un lado se impone modificar la sentencia apelada en
cuanto a la fecha en la que se tuvo como adquisición del estatus pensional, pues en
ella se señaló que fue al momento en el que el demandante cumplió 62 años, no
obstante, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 prevé que «[l]os docentes que se
vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo
34
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que
será de 57 años para hombres y mujeres» [se resalta], razón que impone considerar
que el demandante obtuvo el derecho pensional con 57 años y 1200 semanas
cotizadas.
100. Por otro lado, resulta oportuno precisar que comoquiera que entre la adquisición
del estatus pensional del demandante (10 de noviembre de 2011) y la petición de
reconocimiento pensional (5 de septiembre de 2019) trascurrieron más de 3 años,
según el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, las mesadas pensionales anteriores
al 5 de septiembre de 2016 se afectaron por el fenómeno prescriptivo del derecho.
101. Así las cosas, se modificara el ordinal segundo de la sentencia apelada y, en su
lugar, a título de restablecimiento del derecho se i) se condenará a la nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Fomag) al reconocimiento y pago de la pensión de vejez conforme con
lo establecido en los artículos 33 y siguientes de la Ley 100 de 1993 y con los
factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994, a partir del 10 de
noviembre de 2011; ii) no obstante, se declarará la prescripción de las mesadas
causadas con anterioridad al 5 de septiembre de 2016.
102. En este punto, esta Sala debe precisar que la omisión del empleador de realizar
los descuentos en el porcentaje a su cargo y los del empleado, destinados a las
cotizaciones para el sistema pensional que de conformidad con la ley debiera hacer,
no es un asunto que sea oponible al interesado para que la pensión reclamada le
sea reconocida y liquidada, pues lo cierto es que las entidades de previsión deben
adelantar las gestiones pertinentes para su cobro, tal y como lo dispuso esta
corporación en la sentencia de unificación del 28 de julio de 202242.
2.3.2.3. En torno a la compatibilidad entre el salario y la pensión
103. Al respecto, la Sala se permite reiterar que el propósito del legislador ha sido
permitir que aquellas personas con derecho a una pensión de vejez y que se
desempeñen como docentes oficiales, puedan seguir ejerciendo el empleo, sin que
por ello deba restringirse la efectividad de la pensión. Por tal razón, no es dable
condicionar el reconocimiento de la prestación a la desvinculación del servicio.
104. A tal conclusión ha llegado esta Subsección en asuntos similares en los que ha
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022,
radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
35
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
señalado43 que «si bien la letra g del artículo 19 de la mencionada Ley 4ª se refiere a las
asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los docentes oficiales
pensionados, no quiere decir que se excluya de esa prerrogativa a quienes se jubilen con
posterioridad, habida cuenta de que la norma hace alusión a las disposiciones que para esa
época favorecían a los profesores jubilados, interpretación que guarda armonía con la
regulación vigente a la promulgación de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual no es dable
condicionar la pensión de jubilación del demandante a la desvinculación del servicio,
máxime cuando le es reconocida su prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás
normas concordantes»44.
105. En efecto, esta interpretación se ha estructurado en antecedentes de esta
corporación en los que se ha concluido que la excepción prevista en el literal g) del
artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992 «no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la pensión
ordinaria y/o gracia con posterioridad»45 [Se resalta].
106. Lo
anterior guarda correspondencia con lo expuesto en esta decisión, de
manera que el disfrute de la prestación no debe condicionarse al retiro del servicio
«dado que es precisamente su condición de pensionados la que les permite acceder a los
beneficios consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del
Decreto 224 según el cual ‘el ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce
de la pensión de jubilación’»46.
107. En este punto resulta necesario precisar que el artículo 15, numeral 3, literal b),
de la aludida Ley 91 dispuso que i) a los docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional que habían gozado en cada
entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes; y ii) aquellos que
ingresaron a partir del 1° de enero de 1990, nacionales y nacionalizados, tendrían
derecho a una pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de
pensiones del sector público nacional, de acuerdo con los artículos 17 de la Ley 6ª
de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de
la Ley 33 de 1985.
43
En igual sentido, ver las siguientes sentencias de esta Subsección: i) del 8 de agosto de 2019,
expediente 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y ii) del
25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César
Palomino Cortés.
44
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, radicado
05001-23-33-000-2021-01482-01 (3388-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
45
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2009,
radicado 05001-23-31-000-2004-03824-01 (2170-08), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
46
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado
05001-23-33-000-2014-00331-01(0509-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
36
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
108. Además, el artículo 6 de la Ley 60 de 199347 dispuso la incorporación del
personal docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así
como la conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del indicado
fondo. Sobre el particular, el Consejo de Estado48 precisó que «los docentes
nacionales y nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales y distritales
de educación en las condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en
cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a
la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente
(salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que las autoridades locales
no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por eso algunas disposiciones
dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales
resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-
1 de la Ley 100/93».
109. Ahora bien, la Ley 344 de 1996 sí mantuvo la vigencia de la aludida
compatibilidad pues aun cuando ordenó que la asignación pensional se pagara
después de haberse producido la terminación de los servicios, advirtió que esto se
daría «[s]in perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994»
que, como se dijo, permiten la compatibilidad entre el salario y la pensión; y de
acuerdo con la Real Academia Española, la expresión sin perjuicio de significa
«dejando a salvo»49.
110. Asípues, en lo concerniente al argumento del demandante sobre la
compatibilidad entre la pensión y el salario del docente, la Sala advierte que el
Decreto 2709 de 1994, por el cual se reglamentó el artículo 7 de la Ley 71 de 1988,
47
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
48
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2006,
radicado 19001-23-31-000-2002-00594-01(5198-04), M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
49
https://dle.rae.es/perjuicio#31keUjC
37
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
en su artículo 2 establece:
«Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación por
aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del servicio.
Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de invalidez,
vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las excepciones
previstas en la ley».
111. La disposición transcrita al expresar «salvo las excepciones previstas en la ley»
reconoció la existencia de situaciones en las que un pensionado bajo ese régimen,
podía recibir mesada pensional sin necesidad de acreditar su retiro del servicio,
como en efecto lo estableció el legislador a favor de los docentes oficiales, desde el
año 1972, razón por la cual no es dable condicionar la pensión de jubilación del
demandante a la desvinculación del servicio, máxime cuando le es reconocida su
prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes50.
112. Así pues, el personal docente se encuentra exceptuado de la prohibición de
devengar doble asignación del erario, en el entendido de que el reconocimiento y
disfrute de la pensión no se encuentra supeditado al retiro del servicio, es decir,
están habilitados para percibir la mesada pensional y continuar ejerciendo el cargo
de docente hasta que llegue a la edad de retiro forzoso.
113. En tal medida, el demandante tiene derecho a que se le reconozca el derecho
pensional con efectividad desde el momento en que adquirió el estatus jurídico, sin
que se le hubiese condicionado al retiro del servicio por no ser incompatible con el
ejercicio de la docencia.
114. Por consiguiente, la pensión aquí reconocida es compatible con el salario que
devenga Hermel Arturo Benítez Tordecilla mientras continúe en el ejercicio de la
docencia oficial, no lo será en otro tipo de empleos. Lo anterior, toda vez que se
pudo verificar que se registra como afiliado al Fomag y como «[a]ctivo cotizante» al
10 de julio de 2019.
2.4. Costas
115. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
50
En igual sentido, ver sentencias de esta sala de decisión de (i) 8 de agosto de 2019, expediente 05001-23-
33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y (ii) 25 de septiembre de 2020,
expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César Palomino Cortés.
38
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
116. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
117. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma51.
118. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
119. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.
3. Conclusión
120. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que, si bien Hermel Arturo
Benítez Tordecilla no era beneficiario del régimen de transición de la Ley 812 de
2003, ni lo era del contenido en la Ley 100 de 1993. Sin embargo, le asiste el
derecho al reconocimiento pensional con base en el régimen de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos
en dicho régimen, con excepción de la edad que para el caso de los docentes es de
57 años para hombres y mujeres. No obstante, las mesadas pensionales causadas
entre el 10 de noviembre de 2011 y el 5 de septiembre de 2016 se extinguieron en
virtud de la prescripción.
51
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
39
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
121. Asimismo, se declarará que el demandante tenía derecho a que se le
reconociera el derecho pensional con efectividad desde el momento en que adquirió
el estatus jurídico, sin que se le hubiese condicionado a su retiro del servicio por no
ser incompatible con el ejercicio de la docencia. En consecuencia, se modificará la
sentencia proferida el 28 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, de conformidad con lo expuesto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Modificar el ordinal 2° de la sentencia proferida el 28 de junio de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia, y en su lugar se dispone:
Segundo. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, condenar a la nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) al reconocimiento y
pago de la pensión de vejez a favor de Hermel Arturo Benítez Tordecilla,
conforme con lo establecido en los artículos 33 y siguientes de la Ley 100 de
1993 y con los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994, a
partir del 10 de noviembre de 2011, pero con efectos fiscales desde el 5 de
septiembre de 2016.
Declarar la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad
al 5 de septiembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia
La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
40
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00653-01(6111-2022)
Demandante: Hermel Arturo Benítez Tordecilla
La pensión por aportes reconocida es compatible con el salario que devengue
Hermel Arturo Benítez Tordecilla mientras continúe en el ejercicio de la docencia
oficial. No lo será en otro tipo de empleos.
La nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag), podrá reclamar la cuota parte a las demás
entidades de previsión social o fondos pensionales en los que Hermel Arturo
Benítez Tordecilla realizó cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del
Decreto 2709 de 1994.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
Tercero. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.
Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024).
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
41
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