Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2020-00682-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2020-00682-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2020-00682-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
9 de abril de 2026
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00682-01 (30018)
Demandante: Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., nueve (09) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2020-00682-01 (30018)
Demandante: Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
Demandada: DIAN
Temas: GMF. 2005. Pago de lo no debido. Término para solicitar la devolución.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la actora contra el fallo del 11 de
diciembre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia (índice 27), que
decidió:
Primero: Negar las pretensiones de la demanda instaurada por la sociedad Compañía de Financiamiento TUYA
SA contra la DIAN, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: No condenar en costas, de conformidad con lo expuesto.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Con la Resolución 629-81, del 16 de octubre de 2018 (ff. 115 a 117 caa)1, la demandada
rechazó la solicitud de devolución por «pago de lo no debido» presentada por la actora
el 26 de septiembre de 2018, respecto del GMF (gravamen a los movimientos financieros)
de todos los periodos de 2005 (ff. 1 a 107 caa); decisión confirmada por la Resolución
8636, del 01 de noviembre de 2019 (ff. 153 a 158 caa).
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la actora demandó la nulidad de esas resoluciones y
pidió, como restablecimiento del derecho, que se ordene la devolución de los pagos
indebidos del GMF de los periodos del 2005, debidamente indexados conforme al artículo
178 del CPACA, y que se reconozcan los intereses moratorios del artículo 177 ibidem o,
subsidiariamente, los previstos en el artículo 863 del ET (Estatuto Tributario). También
pidió condenar en costas a la demandada. Invocó como normas vulneradas los artículos
95.9 constitucional; y 240-1, 683 y 857 del ET, para lo cual (índice 24):
Alegó que la demandada vulneró el debido proceso y su derecho de defensa porque, al
final de la actuación administrativa, modificó el sustento para rechazar el reintegro pedido;
1
El cuaderno de antecedentes administrativos lo aportó la demandada en los documentos digitales contenidos en el índice 24.
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Demandante: Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
dado que, mientras el acto inicial computó el plazo de cinco años para solicitar el reintegro
desde la fecha de notificación de la sentencia proferida por la Sección Tercera el 29 de
agosto de 2013 (exp. 27440), el acto que decidió el recurso de reconsideración estimó
que el dies a quo correspondía a la fecha en que se efectuó el pago. Planteó que el acto
definitivo aplicó indebidamente el artículo 203 del CPACA, siendo aplicables los artículos
173 del CCA (Código Contencioso Administrativo, Decreto Ley 01 de 1984) y 323 del
CPC (Código de Procedimiento Civil, Decreto Ley 1400 de 1970), bajo los cuales quedó
ejecutoriada la decisión el 26 de septiembre de 2013 y, por tanto, sería oportuna la
solicitud de reembolso del 26 de septiembre de 2018.
Señaló que considerar como dies a quo la fecha del pago transgredía las disposiciones
legales en las que debía fundarse, porque el pago adquirió la connotación de indebido
solo desde la sentencia proferida por la Sección Tercera, pues antes no se tenía certeza
de que para el año 2005 estuviera cobijada por la estabilidad normativa que excluía su
sujeción pasiva al GMF. Así, porque la demandada solo reconoció la aplicación de ese
régimen especial para el año 2000, decisión que fue anulada en la citada sentencia, cuyo
efecto jurídico consistió en reconocer que la sociedad estaba amparada por la estabilidad
jurídica desde el 20 de agosto de 2000, esto es, una vez transcurridos dos meses desde
la presentación en debida forma de la solicitud, el 20 de junio de 2000, y por el término
de diez años, conforme al artículo 240-1 del ET. Por ende, insistió en que fue esa decisión
judicial la que configuró el pago indebido, de manera que el término de cinco años para
solicitar su devolución debía contarse a partir de la ejecutoria de dicho fallo.
Además, alegó que los actos acusados contravenían la buena fe, la confianza legítima,
el espíritu de justicia, y que le imponían una carga tributaria contraria al artículo 95.9
constitucional. También le trasladaron las consecuencias adversas del retraso en la
administración de justicia, ya que transcurrieron más de 13 años entre la presentación de
la demanda y la decisión judicial definitiva, cuyo efecto debía ser que la demandada
reintegrara los impuestos respecto de los cuales no era sujeto pasivo en virtud de la
estabilidad normativa contratada, incluido el GMF.
Finalmente, argumentó que el criterio de decisión adoptado por esta Sección en el fallo
del 03 de marzo de 2011 (exp. 17565), invocado por la demandada, no correspondía a
un precedente que debiera acatarse, porque no guardaba identidad fáctica con el sub
lite. En cambio, sí resultaba aplicable la sentencia del 05 de febrero de 2009 (exp. 15993),
mediante la cual se ordenó la devolución de pagos indebidos por tributos respecto de los
que se excluyó la sujeción pasiva por un contrato de estabilidad jurídica.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 24). Adujo que la
sentencia de la Sección Tercera invocada no producía el efecto jurídico pretendido,
porque no ordenó el reintegro de ninguna suma ni el cumplimiento de obligación de hacer
a favor de la demandante. Precisó que, incluso, la providencia señaló que resultaba
improcedente reconocer un restablecimiento del derecho, en la medida en que no fue
solicitado, dado que la actora promovió la acción contractual y no la de nulidad y
restablecimiento del derecho. En ese contexto, sostuvo que no existió un contrato de
estabilidad jurídica por efectos del silencio administrativo positivo previsto en el artículo
240-1 del ET, porque sí dio respuesta a la solicitud de la actora, reconociendo la
estabilidad de las normas vigentes por el año 2000, y la sentencia de la Sección Tercera
se limitó a anular esa decisión sin reconocer la existencia del acuerdo por un término
superior. Añadió que, aun si se considerara que esa sentencia reconocía una condena
en abstracto, su contraparte omitió promover el incidente de liquidación de perjuicios
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previsto en el inciso segundo del artículo 172 del CCA (aplicable al caso).
Además, sostuvo que la petición de reintegro del sub examine fue extemporánea, puesto
que debía presentarse dentro del plazo de cinco años siguientes al pago que se
consideraba indebido, por lo cual procedía su rechazo de plano, sin necesidad de
inadmitir previamente la solicitud, en la medida en que el incumplimiento de dicho término
constituía un requisito insubsanable, según el ordinal 1.º del artículo 857 del ET. Agregó
que era inaplicable al caso el criterio de decisión definido por la Sección en sentencia del
05 de febrero de 2009 (exp. 15993), porque en esa oportunidad se reconoció que quien
actuó como demandante había pagado tributos que no debía y, en consecuencia, en el
fallo se ordenó su devolución. Finalmente, solicitó condenar en costas a la actora.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones sin condenar en costas a la actora (índice 27).
Basándose en el precedente de esta Sección desde sentencia del 10 de marzo de 2016
(exp. 20043, CP: Jorge Octavio Ramírez), precisó que el término para solicitar la
devolución debía contabilizarse a partir de la fecha en que se hizo el pago indebido,
porque el derecho de reintegro surgía del hecho de haber realizado un pago sin causa
legal. Por ende, concluyó que la solicitud de devolución presentada el 26 de septiembre
de 2018 fue extemporánea, toda vez que el plazo de cinco años previsto en el artículo 11
del Decreto 1000 de 1997, que remite al término de prescripción de la acción ejecutiva
establecido en el artículo 2536 del CC (Código Civil, Ley 84 de 1973), para formular dicha
solicitud, inició su cómputo desde el 2005, con la presentación y pago de las
declaraciones del GMF de cada uno de los periodos de ese año.
Recurso de apelación
La actora apeló la decisión del a quo (índice 30) porque, si bien admitió que se fundó en
precedentes de esta Sección, solicitó reconsiderar ese criterio de decisión a la luz del
análisis jurídico expuesto en el voto particular de una de las consejeras y en las
sentencias del 07 de diciembre de 2023 (exp. 22685) y del 20 de septiembre de 2024
(exp. 28074), en las que se admitió como dies a quo del término para solicitar la
devolución de un pago de lo no debido la fecha de ejecutoria de la sentencia que anuló
los actos administrativos que sirvieron de título ejecutivo. Argumentó que ese tratamiento
debía reconocerse respecto de todos los actos que sirvan de causa a un pago indebido,
como ocurría en el caso, en el que el pago del GMF de los periodos de 2005 se sustentó
en el acto mediante el cual la demandada admitió la estabilidad normativa contratada
únicamente para el año 2000. Sostuvo que solo hasta cuando dicho acto fue anulado por
esta jurisdicción, para reconocer que la estabilidad jurídica abarcaba un periodo de diez
años, tuvo certeza de que para los periodos del año 2005 no era sujeto pasivo del GMF.
Al efecto, reiteró que la consecuencia jurídica que debía reconocerse a esa decisión
judicial era la de entender celebrado el contrato de estabilidad jurídica el 20 de agosto de
2000 y por el término de diez años, conforme al silencio administrativo positivo previsto
en el artículo 240-1 del ET. Por tanto, a partir de su ejecutoria (26 de septiembre de 2013)
comenzó a computarse el término de cinco años para solicitar el reintegro, de modo que
la petición presentada el 26 de septiembre de 2018 fue oportuna.
Pronunciamientos finales
La demandada reiteró los argumentos expuestos en las etapas procesales anteriores y
agregó que las sentencias citadas en el recurso resolvieron casos distintos al que ocupa
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a la Sala en esta oportunidad, el cual debía resolverse conforme al criterio reiterado y
uniforme de esta Sección (índice 11). El ministerio público guardó silencio (índice 12).
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Se juzga la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos formulados por
la demandante, en calidad de apelante única, contra la sentencia del tribunal que negó
sus pretensiones sin condenarla en costas.
2- En el procedimiento administrativo adelantado, la demandada rechazó la solicitud de
reembolso del GMF sufragado por la actora para los periodos del año 2005, al considerar
que había sido presentada de manera extemporánea, en tanto se formuló cuando ya
habían transcurrido más de cinco años contados desde la fecha en que se efectuó el
pago. Asimismo, señaló que se trataba de un pago de lo debido, ya que la demandante
no estaba exonerada del GMF para estos periodos. Esto porque la sentencia proferida
por la Sección Tercera de esta corporación el 29 de agosto de 2013 (exp. 27440, CP:
Danilo Rojas Betancourth), mediante la cual se anuló el acto administrativo que negó
extender el plazo del contrato de estabilidad jurídica de uno a diez años, prescindió de
declarar la existencia de dicho contrato por ese lapso; y, en su criterio, el efecto de la
nulidad declarada no podía ser el de entender configurado el silencio administrativo
positivo en los términos del artículo 240-1 del ET, porque sí dio respuesta a la solicitud
de la actora, accediendo a suscribir el contrato, aunque por un término inferior.
Al respecto, alega la actora y apelante única que procede acceder al reintegro solicitado,
porque el efecto jurídico de la sentencia proferida por la Sección Tercera sí es el de
entender configurado el silencio administrativo positivo previsto en el artículo 240-1
ibidem. Por ende, plantea que el contrato de estabilidad jurídica debe considerarse
celebrado el 20 de agosto de 2000, por cuanto la petición se presentó el 20 de junio de
ese año, y por el término de diez años. En esa línea, afirma que el plazo de cinco años
para solicitar la devolución del GMF pagado indebidamente para los periodos de 2005 se
computa a partir de la ejecutoria de esa sentencia, esto es, desde el 26 de septiembre
de 2013, por lo cual la petición presentada el 26 de septiembre de 2018 es oportuna.
Aunque reconoce que existe precedente de esta Sección contrario a sus alegaciones,
pide que en esta oportunidad se reconsidere ese criterio a la luz de los análisis jurídicos
expuestos en el voto particular de unas de las consejeras que integran la Sala y en las
sentencias del 07 de diciembre de 2023 (exp. 22685, CP: Wilson Ramos Girón) y del 20
de septiembre de 2024 (exp. 28074, CP: Milton Chaves García), en las que se admite
como dies a quo del término para solicitar la devolución de un pago de lo no debido la
fecha de ejecutoria de la sentencia que declara la nulidad de los actos administrativos
que sirven de título ejecutivo a ese pago. Asegura que ese mismo tratamiento debe
reconocerse en el sub examine respecto de la sentencia mediante la cual la Sección
Tercera declaró la nulidad del acto con el que la demandada había admitido la estabilidad
normativa contratada únicamente para el año 2000, puesto que solo cuando dicho acto
fue anulado para reconocer que la estabilidad jurídica abarcaba un periodo de diez años,
tuvo certeza de que, para los periodos del año 2005, no era sujeto pasivo del GMF.
En esos términos, la Sala deberá definir el dies a quo del plazo de prescripción de la
solicitud de devolución objeto de litigio. Al efecto se debe establecer el efecto jurídico que
cabría reconocerle a la sentencia proferida por la Sección Tercera de esta corporación el
29 de agosto de 2013 (exp. 27440, CP: Danilo Rojas Betancourth). Con todo, se aclara
que no está en discusión que el plazo para solicitar la devolución por pago de lo no debido
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corresponde a cinco años, pues así lo admiten las partes conforme a lo prescrito por los
artículos 11 del Decreto 1000 de 1997 (vigente para la época de los hechos) y 2536 del
CC. Tampoco se debate que, de avalarse el razonamiento defendido por la
Administración según el cual ese plazo debía computarse a partir de la fecha del pago,
la oportunidad para presentar la solicitud estaría vencida –pues está probado que los
pagos discutidos se efectuaron entre el 12 de enero de 2005 y 03 de enero de 2006 (ff.
4 a 59 caa) y que la solicitud se presentó el 26 de septiembre de 2018 (ff. 1 a 3 caa)– y
que, en caso contrario, el proceder de la actora habría sido tempestivo, pues la sentencia
quedó ejecutoriada el 26 de septiembre de 2013 (f. 77 vto. caa).
3- Al respecto, advierte la Sala que la cuestión debatida ya ha sido definida por esta
Sección en las sentencias del 04 de noviembre de 2021 y 08 de septiembre de 2022
(exps. 25607 y 25606, CP: Julio Roberto Piza), 02 de diciembre de 2021 (exp. 25697,
CP: Stella Jeannette Carvajal Bastos); 24 de febrero de 2022 y 21 de septiembre de 2023
(exps. 25605 y 27210, CP: Milton Chaves García); 20 de marzo de 2025 (exp. 28698,
CP: Luis Antonio Rodríguez Montaño) y 16 de octubre de 2025, (exp. 29799, CP: Wilson
Ramos Girón), de modo que en el presente asunto se reiterará, en lo pertinente, el criterio
de decisión judicial establecido en los mencionados precedentes.
4- El artículo 240-1 del ET, antes de que fuera derogado por el artículo 134 de la Ley 633
de 2000, creó un «régimen especial de estabilidad tributaria» para las personas jurídicas
que decidieran acogerse. A tal fin, debían suscribir un contrato con el Estado «hasta por
el término de diez (10) años» y pagar dos puntos porcentuales adicionales a la tarifa
general del impuesto sobre la renta vigente al momento de celebrar el acuerdo. A cambio,
quedaban exoneradas de pagar «cualquier tributo o contribución del orden nacional»
creado con posterioridad a la suscripción del contrato y durante la vigencia de este, así
como de asumir «cualquier incremento en las tarifas» del impuesto sobre la renta y
complementarios. En este orden, dispuso el artículo 240-1 ibidem que el director de la
DIAN o su delegado debía suscribir el acuerdo dentro de los dos meses siguientes a la
solicitud y que, de no ser así, el solicitante quedaría «cobijado por el régimen especial de
estabilidad tributaria», en tanto la petición se entendería resuelta a su favor.
La jurisprudencia de esta Sección ha advertido que la suscripción del contrato de
estabilidad tributaria estaba sujeta a los parámetros fijados en el artículo 240-1 del ET,
de manera que, si estos eran desatendidos por la Administración, se activaba el segundo
supuesto previsto en la norma, consistente en entender que el solicitante adquiría el
derecho a pertenecer al régimen especial por efecto del «silencio administrativo positivo»,
cuya consecuencia no es la de entender que se celebró el contrato, sino la de quedar
cobijado por la estabilidad tributaria por mandato legal. En esa medida, para los casos
en los que el interesado solicitaba la suscripción del acuerdo y este se aceptaba por la
autoridad tributaria por un término inferior al solicitado, esta Sección consideró que esa
decisión era una forma de no suscribir el acuerdo en el plazo y, en consecuencia, debía
entenderse que el solicitante quedaba cobijado por el régimen de estabilidad jurídica por
mandato del artículo 240-1 del ET (sentencia del 10 de septiembre de 2009, exp. 15987,
CP: Héctor J. Romero Diaz2).
5- A partir de ese criterio de decisión, para el caso concreto de la aquí demandante,
mediante sentencia del 29 de agosto de 2013 (exp. 27440, CP: Danilo Rojas Betancurth)
la Sección Tercera de esta Corporación consideró que era improcedente declarar la
existencia del contrato de estabilidad tributaria, por cuanto se trataba de un contrato
estatal cuyo perfeccionamiento requería del acuerdo de las partes por escrito, requisito
2
En la que se reiteran las sentencias del 19 de julio, 09 y 29 de agosto de 2002 (exps. 12041, 12050 y 12107, CP: María Inés Ortíz
Barbosa).
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ad substantiam actus, conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, sin el cual el contrato
era inexistente. Sin perjuicio de lo anterior, aclaró que la suscripción del acuerdo no era
el único mecanismo previsto en el artículo 240-1 del ET para acogerse al régimen de
estabilidad tributaria, sino que también se «consagró la posibilidad de que el administrado
se entendiera cobijado por el régimen especial aún sin haberse suscrito el referido
negocio jurídico, cuando la entidad no lo hacía dentro de los dos meses siguientes a la
solicitud presentada por el interesado». En esa medida, anuló el acto mediante el cual la
autoridad tributaria se negó a acordar la estabilidad normativa por el plazo de diez años
solicitado por la actora, por contravenir el artículo 240-1 del ET, sin reconocer una fórmula
de restablecimiento del derecho, por no haber sido solicitada.
Lo anterior es suficiente para desvirtuar el planteamiento de la demandada según el cual
la actora no estaba cobijada por la estabilidad normativa por no haberse declarado la
existencia de dicho acuerdo como restablecimiento del derecho en la sentencia del 29 de
agosto de 2013. Tal como lo indicó la Sección Tercera en esa oportunidad, el contrato no
era el único mecanismo previsto en el artículo 240-1 del ET para acceder a ese régimen
especial, pues también se contempló que los interesados accedieran a este por mandato
legal cuando la autoridad tributaria omitía suscribir el acuerdo en los términos de dicha
disposición, caso en el cual se entendía que quedaban cobijados por el régimen de
estabilidad tributaria una vez transcurridos dos meses desde la solicitud, no porque se
entendiera celebrado el contrato, sino por mandato de la ley.
6- Por consiguiente, tampoco le asiste razón a la demandante al sostener que el efecto
jurídico de la sentencia de la Sección Tercera es entender celebrado el contrato de
estabilidad jurídica, pues, por el contrario, en esa providencia se precisó que el contrato
no nació a la vida jurídica, sin perjuicio de que se entendiera aplicable el régimen especial
por mandato de la ley. De igual forma, la Sala descarta el argumento de la actora según
el cual esa decisión de la Sección Tercera fue constitutiva de su derecho a la estabilidad
normativa y que, en consecuencia, el plazo de cinco años para solicitar la devolución de
los impuestos pagados sin estar obligada a ello, en particular el GMF correspondiente a
los periodos de 2005, debía computarse a partir de la ejecutoria de esa sentencia, pues
tal entendimiento no resulta de recibo. Como lo concluyó la Sala en la sentencia del 16
de octubre de 2025 (exp. 29799, CP: Wilson Ramos Girón), en consonancia con lo
señalado por la Sección Tercera en el fallo del 29 de agosto de 2013, el derecho de la
actora a pertenecer al régimen de estabilidad tributaria se otorgó por ministerio de la ley
y no por esa decisión judicial, de manera que esta no tuvo el efecto constitutivo alegado,
en tanto el derecho se originó en el propio artículo 240-1 del ET, que prevé que el
solicitante quede cobijado por ese régimen especial cuando la autoridad tributaria omite
suscribir el contrato dentro de los dos meses siguientes a la solicitud.
Por tanto, la Sala no encuentra mérito para modificar el precedente jurisprudencial, según
el cual el plazo para presentar la solicitud de devolución del pago en exceso o de lo no
debido, consagrado en el artículo 2536 del CC y aplicable por remisión expresa del
artículo 11 del Decreto 1000 de 1997 (vigente para la época de los hechos), se computa
«desde el momento en que se realiza el pago efectivo –pues es entonces que aumenta
el patrimonio del fisco sin causa legitima, configurando el pago de lo no debido y la
obligación de reintegrar los recursos a quien efectuó el pago que no correspondía–»
(sentencia del 04 de noviembre de 2021, exp. 25607, CP: Julio Roberto Piza)3.
Al contrario de lo alegado por la apelante única, esa regla de identificación del dies a quo
3
Reiterada en las sentencias del 02 de diciembre de 2021 (exp. 25697, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), del 24 de febrero de
2022 y del 21 de septiembre de 2023 (exps. 25605 y 27210, CP: Milton Chaves García), del 08 de septiembre de 2022 (exp. 25606,
CP: Julio Roberto Piza), del 20 de marzo de 2025 (exp. 28698, CP: Luis Antonio Rodríguez Montaño) y del 16 de octubre de 2025,
(exp. 29799, CP: Wilson Ramos Girón).
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del término para solicitar la devolución del pago indebido no varía por el hecho de que,
en el caso, mediara la sentencia del 29 de agosto de 2013 (exp. 27440, CP: Danilo Rojas
Betancourth), porque el artículo 240-1 del ET reconocía que el administrado quedaba
cobijado por el régimen de estabilidad tributaria aun sin haberse suscrito el referido
negocio jurídico, cuando la entidad no lo hacía dentro de los dos meses siguientes a la
presentación de la solicitud. De este modo, se reitera que ese derecho no se originó en
esa decisión judicial, sino en el propio artículo 240-1 ibidem. Por ende, aun en este caso
resulta aplicable el criterio de decisión reiterado por esta Sección, según el cual el término
para presentar la solicitud de devolución de pagos en exceso o de lo no debido se
contabiliza a partir de la realización del pago.
Por esa misma razón, no resulta aplicable al caso el criterio de decisión expuesto por la
Sala en las sentencias del 07 de diciembre de 2023 (exp. 22685, CP: Wilson Ramos
Girón) y 20 de septiembre de 2024 (exp. 28074, CP: Milton Chaves García), invocadas
por la demandante en el recurso de apelación. Tales providencias se refieren a eventos
en los que el pago indebido consta en un título no ejecutoriado, debido a que se
encuentran pendientes de decisión las impugnaciones adelantadas en vía administrativa
o judicial, y solo en esos supuestos se reconoce que el plazo para solicitar el reembolso
se compute «desde el momento en que el interesado cuente con la oportunidad de exigir
jurídicamente su derecho, una vez se consolide la situación jurídica del obligado tributario
que se encontraba pendiente» (fallo del 07 de diciembre de 2023, exp. 22685, CP: Wilson
Ramos Girón). En esa medida, las providencias invocadas no fueron emitidas en casos
análogos al de la demandante. Por el contrario, se trataba de supuestos fácticos distintos,
en los que la sentencia constituía el título para reclamar o sustentar el pago indebido, lo
que, como se explicó, no puede predicarse de la sentencia del 29 de agosto de 2013.
Tampoco resulta un precedente aplicable al caso la sentencia del 05 de febrero de 2009
(exp. 15993, CP: Héctor J. Romero Díaz) citada por la actora–4, puesto que, en esa
oportunidad, la Sección, acorde con las pretensiones de la demanda, ordenó a la DIAN
devolver los pagos indebidos efectuados por una sociedad amparada por la estabilidad
tributaria. Pero, esa orden no fue proferida por la Sección Tercera para el caso de la
demandante, en tanto no solicitó el reintegro como restablecimiento del derecho.
7- Precisados entonces los parámetros que determinan la oportunidad para solicitar la
devolución de lo pagado en exceso y dada la vinculatoriedad de los precedentes
judiciales con identidad de partes, frente a la oportunidad de la solicitud de reintegro la
Sala observa que el GMF de los periodos de 2005, que constituye el objeto de la litis, fu
pagado entre el 12 de enero de 2005 y 03 de enero de 2006 (ff. 4 a 59 caa) y que la
solicitud se presentó el 26 de septiembre de 2018 (ff. 1 a 3 caa), hechos que no son
discutidos. Por tanto, se verifica que la petición fue extemporánea, pues transcurrieron
más de cinco años entre el momento del pago y la fecha en que se pidió el reembolso.
Por lo anterior, no prospera el cargo de apelación.
Conclusión
8- Como contenido interpretativo de esta sentencia, la Sala reitera que la fecha a partir
de la cual inicia el cómputo del plazo de cinco años para solicitar el reintegro de pagos
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Así lo reconoció la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación mediante sentencia del 31 de marzo de 2023, proferida
en el expediente 11001-03-15-000-2022-06638-01, con la cual negó la acción de tutela interpuesta por la demandante contra el fallo
proferido por esta Sección el 24 de febrero de 2022 (exp. 25605, CP: Milton Chaves García). Puntualmente, consideró que «no es
dable asumir que en dicha providencia se dispuso la existencia de la estabilidad tributaria, porque, además de que no se hizo tal
declaración, no ordenó restablecimiento del derecho alguno, por cuanto la actora no lo pidió». Por tanto, descartó el argumento de la
demandante según el cual el plazo para solicitar el reembolso debía contarse a partir de la ejecutoria de esa sentencia de la Sección
Tercera, puesto que carecía de asidero jurídico el planteamiento según el cual esa decisión judicial era constitutiva de un derecho,
en tanto que «desde el instante en que se efectúa el pago de lo no debido que se genera la facultad de pedir el correspondiente
reintegro, de acuerdo con los artículos 1.6.1.21.22 del Decreto 1625 de 2016 y 2536 del Código Civil».
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-00682-01 (30018)
Demandante: Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
indebidos es aquella en la que se realiza el pago y que el artículo 240-1 del ET (vigente
para la época) reconocía el derecho al régimen de estabilidad tributaria para quien lo
solicitara, en el evento de que la autoridad tributaria no hubiere suscrito el respectivo
negocio jurídico dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la petición. Bajo
esas pautas, la Sala confirmará la sentencia del a quo.
Costas
9- De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, se condenará en costas
a la parte vencida en el proceso. Como no prosperó el recurso de apelación interpuesto
por la demandante, se condenará en costas de esta instancia a esa parte. Al efecto, se
fijarán las agencias en derecho, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.° del Acuerdo
PSAA16-10554, del 05 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura,
adicionado por el Acuerdo PCSJA25-12355, del 28 de noviembre de 2025, en un (1)
SMMLV y se ordenará al tribunal adelantar el incidente de liquidación (artículo 366 del
CGP).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Condenar en costas a la actora en esta instancia y fijar las agencias en derecho en el
equivalente a un (1) SMMLV. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al
respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
3. Reconocer personería a Sebastián Miranda Betancourt, como apoderado de la
demandada, conforme al poder conferido (índice 11).
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo y aclaro voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclaro voto
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