Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2020-00697-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2020-00697-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2020-00697-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2020-00697-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante CARLOS ALBERTO RAMOS CORENA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
Demandada PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL UGPP
Temas Liquidación de aportes (2015). Regulación de la base
gravable. Determinación del IBC. Reconocimiento de costos
y gastos declaración de renta. Competencia de la UGPP.
Aplicación de la Ley 1753 de 2015. Principio de favorabilidad
en la sanción por omisión. Principio non bis in ídem y
exculpación de la sanción.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 20 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, que resolvió lo siguiente1:
Primero: Declarar la nulidad parcial de la Resolución No. RDO-2018-02585 del 23 de julio
del 2018 y de la Resolución No. RDC-2019-01634 del 02 de septiembre del 2019, proferidas
por la UGPP, en cuanto a exonerar a Carlos Alberto Ramos Corena del pago de las sanciones
por omisión e inexactitud correspondientes a los períodos de enero a junio de 2015, conforme
a lo expuesto en la parte motiva.
Segundo: Ordenar, a título de restablecimiento del derecho, a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
que, dentro del término legal, practique una nueva liquidación de los aportes a cargo del señor
Carlos Alberto Ramos Corena para el periodo fiscalizado (2015), atendiendo los siguientes
parámetros:
Deberá reliquidar los aportes a los subsistemas de salud y pensión para los períodos de enero
a diciembre de 2015. Para ello, tomará el total de ingresos reportados en la declaración de
renta del actor y restará el total de costos y gastos allí consignados. El resultado será el ingreso
neto anual, que deberá ser mensualizado para determinar el IBC de cada período, respetando
siempre los topes mínimos y máximos de ley.
Dejará sin efecto las sanciones por omisión e inexactitud correspondientes a los períodos de
enero a junio de 2015, por configurarse una causal de exoneración analizada en precedencia.
Con base en los aportes que resulten adeudados tras la reliquidación, liquidará nuevamente
las sanciones que correspondan únicamente para los períodos de julio a diciembre de
2015, conforme al inciso anterior.
Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda.
Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia. (…)
1
Samai del Tribunal. Índice 18.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Previo requerimiento para declarar y/o corregir RCD 2017-03393 del 17 de
noviembre de 2017, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) expidió la
resolución RDO 2018-02585 del 23 de julio de 2018, por medio de la cual liquidó a
cargo del demandante los aportes a salud, pensión y FSP para los meses de enero
a diciembre de 2015, y lo sancionó por omisión e inexactitud.
El demandante presentó recurso de reconsideración, el cual fue resuelto en la
resolución RDC 2019-01634 del 2 de septiembre de 2019 que disminuyó el monto
de aportes y sanciones2.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones3:
PRETENSIÓN PRINCIPAL:
Se declare la nulidad total de los siguientes actos administrativos:
1. Resolución No. RDO-2018-02585 del 23 de julio del 2018: “Por medio de la cual se profiere
a CARLOS ALBERTO RAMOS CORENA identificado con la cédula de ciudadanía No. (…),
liquidación oficial por omisión en la afiliación y/o vinculación de los aportes al sistema de
seguridad social integral en el Subsistema de Salud y Pensiones, y se sanciona por
omisión” cuyos periodos están comprendidos entre enero a diciembre de 2015,
determinando una presunta obligación al sistema de la seguridad social por salud y
pensión por un valor de CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS PESOS
M/CTE ($41.108.700) sanción por omisión, por un valor de CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($101.261.400) y sanción por inexactitud
por un valor de VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTE PESOS M/CTE ($24.665.220).
2. Resolución No. RDC-2019-01634 del 02 de septiembre del 2019: “Por medio de la cual se
resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución RDO-2018-02585
del 23 de julio del 2018” cuyos periodos están comprendidos entre enero de 2015 a
diciembre de 2015, determinando una presunta obligación al sistema de la seguridad
social por salud y pensión por un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y
CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE ($36.194.100) sanción por omisión, por un valor de NOVENTA
Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($91.432.200)
y sanción por inexactitud por un valor de VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($21.716.460).
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
A. De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicitamos a su señoría que, en caso
de no conceder la pretensión principal de nulidad total de los anteriores actos, solicitamos
se realice un análisis detallado de cada uno de los cargos imputados en la presente
demanda, y si es del caso, proceda a realizar una reliquidación en solo lo desfavorable a
mi poderdante de la presunta deuda fijada por la UGPP, declarando la nulidad parcial de
los siguientes actos:
1. Resolución No. RDO-2018-02585 del 23 de julio del 2018: “Por medio de la cual se
2
Los antecedentes administrativos obran en el Samai. Índice 2. Antecedentes administrativos
3
Samai. Índice 2. Expediente digitalizado. PDF demanda
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
profiere a CARLOS ALBERTO RAMOS CORENA identificado con la cédula de ciudadanía
No. (…), liquidación oficial (…)”.
2. Resolución No. RDC-2019-01634 del 02 de septiembre del 2019: “Por medio de la cual
se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución RDO-2018-
02585 del 23 de julio del 2018”.
B. De igual forma, Señor juez, con el fin de evitar un perjuicio mayor a mi poderdante al haber
interpuesto esta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en el dado caso que
se obligue a realizar un pago a seguridad social. Solicitamos cordialmente que se le
EXONERE del pago de los intereses moratorios del capital por deuda a la seguridad social,
permitiéndole a mi representado por medio de la sentencia, utilizar la correspondiente
planilla tipo J, la cual se utiliza para condenas se sentencia judicial y la cual excluye los
intereses de mora.
SOBRE EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:
A. Sobre el Daño Emergente:
1. Que se reconozca por concepto de daño emergente el pago de los gastos incurridos en la
defensa jurídica ejercida por mi poderdante para defenderse en la vía administrativa y para
interponer la presente demanda de nulidad y restablecimiento. Los valores de los gastos
incurridos son por un valor de OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO
SESENTA PESOS M/CTE ($8.281.160) los cuales se aprueban con el contrato de prestación
de servicio suscrito y que se allega en el acápite de pruebas de la presente demanda.
2. En el caso de una eventual declaración de nulidad total o parcial de los actos atacados,
solicitamos cordialmente, se ordene a la Unidad, la devolución de los dineros pagados por
concepto de pago de seguridad social del año fiscalizado, respeto al CAPITAL, INTERESES
MORATORIOS Y /O SANCIONES POR OMISIÓN, INEXACTITUD O MORA.
CONDENA EN COSTAS
Solicito que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, de conformidad con el artículo
188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
A los anteriores efectos, la parte demandante invocó como violados los artículos
29, 48 y 338 de la Constitución Política; 107, 330, 617 y 618 del Estatuto Tributario;
2, 3 y 5 de la Ley 797 de 2003; 18 de la Ley 1122 de 2007; 50 de la Ley 1739 de
2014; 135 de la Ley 1753 de 2015; y 1 del Decreto 3085 de 2007. Los cargos de
nulidad se resumen de la siguiente manera:
1. Base gravable. Principio de reserva de ley
Sostuvo que en el período fiscalizado (2015) era un independiente por cuenta
propia, pero para los meses de enero a junio no se había definido por el Congreso
de la República la base gravable para esa clase de sujetos. Si bien la Ley 1122 de
2007 reguló lo relacionado a las contratistas de prestación de servicios, se trataba
de una categoría diferente, y fue sólo con la expedición de la Ley 1753 de 2015 que
se aclaró el asunto, pero para los meses de julio a diciembre. De esta manera, era
improcedente que la UGPP asumiera competencias propias del legislador.
Agregó que, ante la inexistencia de normas reguladoras de la base gravable, debía
cotizar sobre los ingresos declarados ante la entidad administradora a la cual se
afiliara, por mandato del artículo 6 de la Ley 797 de 2003, lo cual correspondería a
un salario mínimo para los meses anteriores a julio de 2015.
2. Falta de reglamentación de presunción de ingresos
Reprochó que la entidad fundamentara los actos en el artículo 33 de la Ley 1438 de
2011, norma que estableció el deber del Gobierno de reglamentar un sistema de
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
presunción de ingresos, y que para el año fiscalizado no se había cumplido, porque
solo se hizo en el 2018 mediante el Decreto 1273. Destacó que con la Resolución
1400 del 26 de agosto de 2019 se dispuso un sistema de reglamentación de
ingresos, pero solo para las actividades de transporte de carretera y, en todo caso,
era posterior al período aquí discutido.
Así, la UGPP actuó incorrectamente al dividir los ingresos brutos y aplicar tarifas sin
contar con la reglamentación del tema.
3. Presunción de veracidad de la declaración de renta y competencia de la
UGPP4
Sostuvo que la demandada no podía rechazar los costos y gastos de su declaración
de renta hasta tanto no se desvirtuara su veracidad. Además, esto era competencia
exclusiva de la DIAN. En caso de no decretarse la nulidad total de los actos
demandados, al menos debía tomarse en cuenta dichas erogaciones y determinar
los aportes sobre la renta líquida.
4. Reserva legal
Resaltó que, además de la ausencia de facultades de la entidad para acceder a la
información de la declaración de renta, ésta gozaba de una protección jurídica que
solo podía levantarse por la autoridad correspondiente. Si bien la Ley 1151 de 2007
remite al Estatuto Tributario, solo lo hace para algunos aspectos, entre los cuales
no están las normas del título II, capítulo III que hacen referencia a las declaraciones
tributarias.
5. Ingresos certificados por el contador
Sostuvo que, con la respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir y el
recurso de reconsideración, entregó soportes expedidos por el contador que
explicaban mes a mes la percepción de sus ingresos, sin embargo, la UGPP no los
valoró y optó por determinar la base de los aportes dividiendo los ingresos de la
declaración de renta en 12 meses, pasando por alto que en materia de parafiscales
se debe cotizar sobre lo realmente percibido en lugar de acudir a presunciones.
De esa manera, debía tomarse en cuenta las explicaciones del contador para
establecer el IBC, tal como se había aceptado en otros casos similares, so pena de
vulnerar el principio de igualdad.
6. Indebido cálculo de la sanción por omisión
Manifestó que, para el momento en que fue notificado el requerimiento para declarar
y/o corregir, estaba vigente el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016, según el cual la
sanción por omisión no podía superar el monto adeudado por aportes, y que
consagraba la aplicación del principio de favorabilidad. Así, debía aplicarse el 5%
en el cálculo de la sanción y no el 6% como lo hizo la UGPP, o en su defecto, proferir
una ampliación al requerimiento.
Hizo referencia a unos actos en los que la demandada acató los parámetros de esta
norma. Además, la entidad no podía argumentar que dicho requerimiento era un
acto de trámite no susceptible de control judicial, pues según la jurisprudencia, su
4
Cargos 3 y 4 de la demanda
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
debida motivación era un requisito esencial so pena de declarar la nulidad de la
liquidación oficial.
7. Incompatibilidad de las sanciones por omisión e inexactitud
Adujo que la demandada, en desconocimiento de la norma y del principio del non
bis in idem, lo sancionó por omisión e inexactitud en la misma etapa procesal,
cuando lo que debió hacer fue escoger una de las dos. Destacó que el pago de los
aportes en el proceso de fiscalización le resultó más perjudicial, ya que ambas
sanciones son mayores a la determinada inicialmente con el requerimiento para
declarar y/o corregir.
8. Principio de favorabilidad
Sostuvo que la Ley 1753 de 2015 definió la base de cotización para los
independientes por cuenta propia sobre el 40% de sus ingresos, por ende, la entidad
debió atender dicha disposición incluso para los meses de enero a junio, en virtud
del principio de favorabilidad que rige la actuación tributaria. En caso de no
accederse a los cargos de nulidad planteados, solicitó que se liquidara los aportes
sobre el 40% de la utilidad percibida en el 2015.
Oposición de la demanda
La UGPP controvirtió las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente5
:
Frente la base gravable, expuso que, de conformidad con los artículos 15 y 157 de
la Ley 100 de 1993, los trabajadores independientes con capacidad de pago están
obligados a afiliarse a salud y pensión, condición que se predicaba de aquellos
declarantes de renta, IVA e ICA según la Ley 1438 de 2011. Incluso, desde antes del
período fiscalizado existía el artículo 30 de la Ley 1406 de 1999, el cual prescribió
que la base de cotización de los independientes se podía determinar con lo que
éstos autodeclararan a la administradora, lo que a su vez debía guardar relación
con los ingresos efectivamente percibidos, esto es, los que resultaran de la
depuración de los costos y gastos que cumplieran con los requisitos del artículo 107
del Estatuto Tributario.
Así, se desvirtuó que la base de cotización de los trabajadores por cuenta propia
solo fue regulada en julio del año 2015 con la Ley 1753.
Sobre falta de reglamentación de la presunción de ingresos, adujo que cuando se
encuentra probada la capacidad de pago con declaraciones como la del impuesto
de renta, los independientes deben realizar los aportes sobre los ingresos allí
reportados, como lo disponía el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011. Precisó que el
esquema de presunción de costos fue expedido con posterioridad al período
fiscalizado, y que es la administración quien debe verificar si en algunos casos
procede la oferta de revocatoria parcial.
En cuanto a la presunción de veracidad de la declaración de renta, indicó que, la
entidad, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, podía consultar la
información allí consignada, sin que ello implicara su cuestionamiento o asumir
funciones propias de la DIAN. Además, era deber del administrado allegar las
5
Samai. Índice 2. Expediente digital. PDF contestación.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
pruebas que estimara pertinentes para demostrar el correcto pago de sus
obligaciones, así como los costos, pues no era suficiente que ellos aparecieran en
el denuncio rentístico, sino que se demostrara el cumplimiento de los requisitos de
necesidad, causalidad y proporcionalidad del artículo 107 del Estatuto Tributario,
en concordancia con los artículos 617, 618 y 771-2 ibidem. En todo caso, los actos
se fundaron en las pruebas obrantes en el proceso.
Frente a la falta de competencia, manifestó que, por disposición legal, contaba con
plenas facultades para revisar la información de la declaración de renta en general,
con el fin de establecer correctamente la liquidación de los aportes, sin que ello
implicara la vulneración al derecho a la intimidad ni asumir funciones ajenas de otras
entidades. En el caso puntual fue imposible tomar los costos del denuncio rentístico
ante la falta de pruebas que soportaran las condiciones del artículo 107.
Con relación al certificado de contador, añadió que, si bien hizo una mención de los
ingresos percibidos en cada mes, lo cierto fue que no cumplió con los requisitos
para considerarlo como prueba contable ante la falta de soportes que acreditaran la
existencia de la información, tales como libros, cuentas o asientos contables.
Sobre el cálculo de la sanción por omisión, expresó que, en los actos
administrativos, se acató el principio de favorabilidad, y transcribió los apartes de la
liquidación oficial en los que se compara el cálculo de las sanciones con las Leyes
1607 de 2012 y 1819 de 2013, aplicando al caso concreto la de menor cuantía.
Referente a la violación al principio del non bis in ídem, adujo que las sanciones por
omisión e inexactitud se configuraban por conductas diferentes consagradas en el
artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 y reglamentadas en el Decreto 3033 de 2012,
las cuales se podían adelantar dentro del mismo proceso de fiscalización sin que se
tratara de la duplicidad de un mismo hecho.
Finalmente, sobre la favorabilidad, explicó que era imposible aplicar la Ley 1753 de
2015 a períodos en los cuales no se encontraba vigente la norma.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, declaró la nulidad
parcial de los actos demandados por lo siguiente6:
1. Base gravable
Expuso que este elemento estaba regulado en los artículos 15 y 19 de la Ley 100
de 1993, así como el Decreto 510 de 2003, según los cuales, los trabajadores
independientes debían cotizar sobre los ingresos efectivamente percibidos, es decir,
aquellos que resultaran de la deducción de los costos y gastos que cumplieran con
los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, sin que en ningún caso la base
fuera inferior al salario mínimo ni superior a los 25.
A su vez, hizo referencia a la postura del Consejo de Estado sobre la exculpación
de sanciones ante la falta de claridad de la base de cotización para los
independientes por cuenta propia7.
6
Samai del Tribunal. Índice 18.
7
Citó la sentencia del Consejo de Estado. Sección Cuarta, del 5 de junio de 2025, exp 29087, M.P. Wilson Ramos Girón
(E) y del 29 de mayo de 2025, exp 28798, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
Indicó que resolvería algunos cargos de la demanda de manera conjunta, para
concluir que la falta de claridad normativa para los independientes durante el primer
semestre del 2015 constituye una causal de exoneración y, por ende, son
improcedentes las sanciones para esos meses, pero son viables para los meses de
julio a diciembre del mismo año, pero de conformidad con el IBC que corresponda
una vez depurados los costos y gastos.
Refirió que no era innecesario pronunciarse sobre la base de los aportes de enero
a junio de 2015 con el 40% establecido en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015,
dada la configuración de la causal de exculpación.
2. Competencia de la UGPP y declaración de renta
Precisó que la demandada, en ejercicio de sus competencias, podía verificar la
información con la que contaran otras entidades, tal como ocurrió al tomar la
declaración de renta del demandante que le sirvió como indicio de su capacidad de
pago y de los ingresos de los aportantes.
No obstante, la valoración de dicho documento debía ser total y no parcial, pues la
presunción de veracidad se predicaba tanto de los ingresos como de los costos. De
esta manera, consideró que los actos eran parcialmente nulos debido a que la
entidad depuró de la base gravable una parte de las erogaciones, cuando en su
lugar debió admitir la totalidad de lo reportado en la declaración para obtener el
ingreso neto mensualizado.
3. Certificación del contador
Manifestó que, si bien se aportó certificación expedida por el contador del
demandante donde se indicaban los ingresos obtenidos durante el 2015, lo cierto
era que no obraban documentos adicionales que respaldaran esa información. Así
mismo, el libro mayor y los balances allegados en sede judicial tampoco eran claros
ni consistentes en cuanto a la percepción de sumas en cada período, por lo que
eran insuficientes para contradecir el método utilizado por la UGPP para la
mensualización.
4. Favorabilidad
Explicó que en el requerimiento para declarar y/o corregir se propuso la sanción por
omisión con fundamento en la Ley 1607 de 2012, sin embargo, ese error fue
corregido por la administración en la liquidación oficial (acto definitivo) aplicando lo
dispuesto en el artículo 314 de la Ley 1819 de 201. Negó el cargo.
5. Principio non bis in ídem
Consideró que las sanciones por omisión e inexactitud tenían origen en conductas
diferentes e independientes, de manera que imponerlas dentro de un mismo
proceso de fiscalización no vulneró el principio mencionado. Como en el expediente
estaba probado que el demandante omitió los pagos, era viable la primera de éstas,
y como también realizó pagos parciales de manera posterior, había lugar a la
inexactitud sobre los valores efectivamente declarados. No prosperó el asunto.
Conclusión: dada la nulidad parcial de los actos ante la falta de claridad sobre la
base gravable dispuesta para los trabajadores independientes, exoneró al
demandante de las sanciones para los meses de enero a junio de 2015. A su vez,
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
la valoración del denuncio rentístico debía ser de manera total, por lo que procedía
la reliquidación de los aportes tomando los ingresos brutos y la totalidad de los
costos allí reportados, así como de las sanciones para julio a diciembre.
Se abstuvo de condenar en costas debido a que no estaba probada su causación.
Recursos de apelación
Las partes apelaron la sentencia de primera instancia.
El demandante planteó lo siguiente8:
1. Base gravable
Insistió en que para los meses de enero a junio del año 2015 no tenía la obligación
de afiliarse y cotizar al sistema de seguridad social debido a que existía un vacío
normativo sobre la materia, pues el artículo 19 de la Ley 100 de 1993 estableció un
IBC solo para los independientes con contratos de prestación de servicios y no para
los trabajadores por cuenta propia o rentistas de capital.
Adicional, no se había afiliado a ninguna entidad del sistema ni contaba con una
declaración de ingresos, lo que hacía imposible aplicar la base de cotización en los
términos que lo disponía la norma para dichos periodos. En consecuencia, se debía
determinar si existía o no base de cotización antes de julio del 2015.
En caso de no acceder a la nulidad total de los actos demandados, solicitó que se
ordenara cotizar sobre la base declarada si existía o sobre el salario mínimo en
virtud del principio de favorabilidad.
2. Reglamentación presunción de ingresos
Reprochó la mensualización que hizo la UGPP frente a los ingresos para la
determinación de la base gravable, pasando por alto que esta se componía de
aquellos que fueron efectivamente percibidos, más cuando el sistema de presunción
de ingresos no estaba reglamentado en los términos ordenados por el legislador.
Puso de presente que la resolución 209 del 2020 expedida por la entidad y que
reguló la presunción de costos no era aplicable a este caso por ser posterior.
3. Presunción de veracidad de la declaración de renta y competencia de la
DIAN9
Planteó que la demandada pudo solicitar una comprobación especial o decretar una
inspección con el fin de identificar las transacciones del año fiscalizado. Además,
esa información se encontraba en el denuncio rentístico, en el cual estaban
consignados los costos y gastos del respectivo año, así como la renta líquida, lo
cual debió ser valorado en la liquidación de aportes. Así, en aplicación de los
principios de veracidad e indivisibilidad de la prueba, la administración debía tomar
tanto los ingresos brutos como los costos de la declaración de renta.
Reiteró que la UGPP carecía de facultades para analizar las erogaciones de renta
por ser un asunto exclusivo de la DIAN, ya que la Ley 1151 de 2007 no la habilitó
para ello.
8
Samai del Tribunal. Índice 21.
9
Cargos 3 y 4 de la apelación
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
4. Información reservada
Advirtió que el tribunal no se pronunció sobre este aspecto, el cual resultaba
importante debido a que las declaraciones tributarias gozaban de especial
protección jurídica por mandato del artículo 583 del Estatuto Tributario. Así, el
acceso a ella y el levantamiento de la protección de datos era exclusivo de la DIAN.
5. Certificado del contador
Reprochó que tampoco se dijera nada en primera instancia sobre su realidad
contable en los términos certificados por el contador en el proceso de fiscalización,
especialmente sobre sus ingresos, aspecto que incluso se había aceptado en otras
sentencias. Insistió en la necesidad de aceptar las erogaciones de renta en los
mismos términos en que fueron tomados los ingresos declarados.
6. Sanción por omisión
Planteó la necesidad de pronunciarse sobre la falsa de motivación debido a la
inaplicabilidad de la Ley 1819 de 2016, norma que estaba vigente al momento en
que se notificó el requerimiento para declarar y/o corregir, y que le era más
favorable, tal como se había hecho en otros procesos similares. Esto implicó
también la vulneración al principio de correspondencia tributaria, al cambiarse
abruptamente la proporción de las sanciones y generándole un perjuicio, asunto que
no fue estudiado por el tribunal.
7. Desconocimiento del principio non bis in ídem
Reiteró la imposibilidad de sancionar por omisión e inexactitud en el mismo proceso
de fiscalización, so pena de vulnerar principios constitucionales como el invocado.
8. Favorabilidad
Consideró que para los meses de enero a junio de 2015 era viable liquidar la base
de cotización sobre el 40% de los ingresos, tal como lo prescribía el artículo 135 de
la Ley 1753 de 2015, norma que podía aplicarse aun cuando fuera de manera
retroactiva en virtud del principio de favorabilidad.
La demandada presentó su recurso de apelación en los siguientes términos10:
1. Desconocimiento del procedimiento para determinar el IBC. Tipificación
Alegó la ausencia de disparidad de criterios para configurar la causal de exculpación
de las sanciones atendiendo a que para los períodos de enero a junio de 2015 la
base de cotización de los trabajadores independientes se encontraba regulada en
el artículo 19 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de
2003), esto es, los ingresos declarados ante la entidad a la cual se encuentren
afiliados y, además, que guarden correspondencia con los efectivamente
percibidos. Estos últimos corresponden a los que resulten de la depuración de
costos y gastos en los términos del artículo 107 del Estatuto Tributario, o en su
defecto a través de la aplicación del esquema de presunción de costos.
Puso de presente que el demandante era un trabajador independiente con
capacidad de pago, razón por la que estaba obligado a efectuar las cotizaciones
por mandato de la Ley 100 de 1993, y los Decretos 806 de 1998 y 1406 de 1998.
10
Samai del Tribunal. Índice 22.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
De manera que, ante la claridad normativa frente a la obligatoriedad de efectuar
aportes para los independientes y la metodología para la determinación del ingreso
base de cotización para el primer semestre de 2015, no podía aplicarse una causal
de exculpación sancionatoria.
2. Desconocimiento de los artículos 742 y 746 del Estatuto Tributario
Alegó que el fallo de primera instancia desconoció la comprobación especial que
hizo la UGPP mediante el proceso de fiscalización, mediante el cual desvirtuó la
presunción de veracidad atribuida a la declaración de renta.
Explicó que la presunción de veracidad de la declaración es legal y en todo caso
puede ser desvirtuada, de conformidad con las pruebas aportadas al proceso e
incluso con la carga probatoria de las partes.
Así, en los términos del artículo 746 del Estatuto Tributario la referida presunción
estaba supeditada a que sobre los hechos incluidos en la declaración no se
solicitara una comprobación especial, siendo deber de cada una de las partes
demostrar el supuesto de hecho de la norma cuya consecuencia jurídica persiguen.
Posteriormente, señaló que el demandante tuvo varias oportunidades de allegar las
pruebas que pretendía hacer valer para demostrar los gastos en que incurrió para
generar la renta en la vigencia fiscalizada. Y si bien el Código General del Proceso
contemplaba la indivisibilidad de la prueba, la actuación de la UGPP debía regirse
bajo los principios del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
3. Ingresos y costos
Manifestó que no todas las erogaciones del denuncio rentístico se pueden deducir
de la base de cotización de los aportes parafiscales, así, por ejemplo, frente a los
pagos por medicina prepagada, GMF, entre otros, era necesario establecer, para el
caso de los independientes, las fuentes reales de los ingresos y su aplicación, así
que los gastos financieros no asociados a su actividad productora de renta, los
intereses de mora, seguros de vida y servicios públicos, debían ser analizados.
En todo caso, el interesado omitió aportar las pruebas que dieran cuenta del
cumplimiento de los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, lo cual no
tenía como finalidad revisar la declaración de renta sino establecer el ingreso real
del obligado.
Advirtió que, si bien el tribunal reconoció las facultades de fiscalización de la UGPP,
su decisión las limitaba y reducía a una simple operación matemática, donde se
ordena tomar los ingresos de la declaración de renta y deducir los costos igualmente
reportados allí, pasando por alto el proceso de verificación o comprobación
contenido en el artículo 746 del Estatuto Tributario, así como la presunción de
costos, contenida en normas como las Leyes 1955 de 2019 y 2010 de 2019, el
Decreto 1601 de 2022 y las resoluciones 1400 de 2019 y 209 de 2020
Oposición a la apelación
Las partes guardaron silencio.
Intervención del Ministerio Público
El agente del ministerio no se pronunció en esta oportunidad.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Le corresponde a la Sección11 decidir los recursos de apelación presentados por
las partes contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de
las resoluciones RDO 2018-02585 del 23 de julio de 2018 y RDC 2019-01634 del 2
de septiembre de 2019, por medio de las cuales la UGPP determinó a cargo del
demandante los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión por los
meses de enero a diciembre de 2015, y lo sancionó por omisión e inexactitud.
Por lo anterior, los cargos a resolver en esta instancia son los siguientes: i) la base
gravable de los independientes; ii) determinación del IBC y presunción de veracidad
de la declaración; iii) competencia de la UGPP para analizar el denuncio privado; iv)
aplicación de la Ley 1753 de 2015 v) principio de favorabilidad en la sanción por
omisión; iv) el desconocimiento del principio non bis in ídem y la configuración de la
causal de exoneración de las sanciones.
Análisis del caso concreto
1. Base gravable
El demandante señala que para los períodos de enero a junio de 2015 no existían
normas que regularan la base de cotización para los trabajadores independientes,
ni se había afiliado a ninguna entidad, por lo que existía una ausencia de declaración
de ingresos en los términos exigidos en la Ley 100 de 1993. En todo caso, era viable
la determinación de la obligación con fundamento en el salario mínimo en virtud del
principio de favorabilidad.
Comoquiera que los reparos del apelante están encaminados a discutir la falta de
base gravable, la Sección reiterará el precedente que al respecto se ha fijado12.
En cuanto al IBC para el subsistema de pensión, éste se encuentra definido en los
artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993 (modificados por los artículos 3 y 6 de la
Ley 797 de 2003), normas que establecieron la obligación de cotizar sobre los
ingresos declarados ante la entidad a la cual se vinculen y guardando
correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos, sin que en ningún caso
sea inferior al salario mínimo ni superior a los 25 SMMLV.
En el mismo precedente que se reitera se precisó que si bien el inciso primero del
mencionado artículo 19 hizo referencia a las personas naturales con contratos de
prestación de servicios, lo pretendido era reglamentar también el artículo 15 de la
Ley 100 de 1993, «el cual como se citó anteriormente, hace referencia a los trabajadores
independientes y a los ingresos efectivamente percibidos, de ahí que lo dispuesto en el reglamento
cobija a todos los trabajadores independientes sean o no contratistas».
A su vez, se dijo que por disposición del artículo 1 del Decreto 510 de 2003 «se
entienden por ingresos efectivamente percibidos por el afiliado, aquellos que él mismo recibe para
su beneficio personal, Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que
debe erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo
107 del Estatuto Tributario»
11
Mediante auto del 23 de abril de 2026, se declaró infundado el impedimento manifestado por el magistrado Luis Antonio
Rodríguez Montaño. Samai, índice 21.
12
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 14 de septiembre de 2023, exp 26001, reiterada en sentencia del 19
de marzo de 2026, exp 30596, ambas con ponencia de la consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
Ahora en cuanto al IBC en materia de salud, se hizo referencia al parágrafo 2º del
artículo 204 de la Ley 100 de 1993, que dispuso: «para efectos del cálculo de la base de
cotización de los trabajadores independientes, el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de
presunciones de ingreso con base en información sobre el nivel de educación, la experiencia laboral,
las actividades económicas, la región de operación y el patrimonio de los individuos. Así mismo, la
periodicidad de la cotización para estos trabajadores podrá variar dependiendo de la estabilidad y
periodicidad de sus ingresos».
Siguiendo con el precedente reiterado, para la determinación del IBC, el tema se
abordó desde los artículos 66 del Decreto 806 de 1998, 25 del Decreto 1406 de
1999, y 33 de la Ley 1438 de 2011, normas que, si bien hablan de presunciones de
ingresos y capacidad de pago, siempre hacen referencia a los ingresos reales.
Por lo anterior, la Sección concluyó que el IBC: «tanto para salud como para pensión se
compone de los ingresos percibidos por el trabajador independiente, teniendo límites de cotización
inferior y superior (entre 1 y 25 SMLMV), y en todo caso, el mismo legislador ha señalado que estos
deben corresponder a los ingresos reales, de ahí que aun cuando se haya cotizado bajo ingresos
presuntos o se omitiera la obligación, deben ajustarse a los declarados ante la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)»
Se tiene entonces que, para los meses de enero a junio del año 2015, esta clase de
trabajadores independientes, entre los cuales se encuentra el demandante13, sí
contaban con una base determinada por el ordenamiento jurídico para realizar sus
aportes al Sistema de Seguridad Social, sin que dicho elemento estuviera sujeto de
modo alguno a la declaración de ingresos ante la entidad a la cual se encontraba
afiliado, o al salario mínimo como lo afirmó el apelante, pues se reitera que
corresponde a los ingresos realmente percibidos por el obligado. En consecuencia,
no prospera el cargo.
2. Determinación del IBC. Declaración de renta
En el cargo segundo de apelación el demandante reprocha la mensualización que
hizo la UGPP sobre los ingresos declarados en renta para determinar la base de
cotización, pues se trataba de un asunto que todavía no estaba regulado y tampoco
se subsanó con la resolución 209 de 2020. En el punto quinto del mismo recurso,
indica que debieron tomarse los valores percibidos durante el 2015 en las
condiciones que lo explicó su contadora en el certificado allegado al proceso de
fiscalización.
Por otro lado, en el cargo tercero considera que la información de la declaración de
renta se presume veraz, razón por la cual la entidad debió tomar los costos y gastos
allí reportados en igualdad de condiciones a como lo hizo con los ingresos. Este
aspecto también fue motivo de apelación por parte de la UGPP en los cargos 2 y 3
de su recurso al considerar que se desvirtuó dicha presunción con la comprobación
de las erogaciones hecha en sede administrativa.
Precisado lo anterior, y comoquiera que los cargos expuestos por las partes recaen
sobre la determinación de la base gravable se decidirán conjuntamente.
Para resolver este asunto se tiene que para la determinación del ingreso base de
cotización, desde el inicio del proceso de fiscalización la entidad tomó los ingresos
reportados en la declaración de renta del demandante por el año 2015 identificada
13
En el RUT del demandante se informó como actividad económica principal desde 2007 la 8621 que corresponde a
actividades de la práctica médica sin internación; y como actividad secundaria la 8299 que se trata de otras actividades
de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Samai. Índice 19. Expediente digital. Anexos a la demanda. RUT.pdf
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
con el formulario 2111612013598, la cual fue aportada en los anexos de la demanda14
, sin embargo, al revisar los antecedentes administrativos, con la respuesta al
requerimiento para declarar y/o corregir, el demandante aportó la corrección de
dicho denuncio rentístico la cual fue presentada ante la DIAN el día 19 de febrero de
201815, en la cual, aunque se evidencia una disminución de los ingresos y costos,
se aumentó el impuesto a cargo.
En dicha oportunidad, el interesado le puso de presente a la UGPP lo siguiente16:
2. Para el año 2016, se presentó la declaración de renta del año 2015 con los ingresos
totales generados por estas actividades, teniendo en cuenta los ingresos que eran para
el grupo interdisciplinario con el cual trabajo. Es decir, la declaración se presentó sobre
una base errónea, pues los ingresos del grupo me fueron totalizados a mí.
(…)
6. Esas son las razones que me llevaron a corregir la declaración de renta del año 2015,
sobre la cual ustedes toman una base de ingresos brutos anuales de $608.286.000, pero
que al ser corregida legalmente la misma, mis ingresos brutos reales para dicho año fiscal
en realidad ascendieron a $428.730.000 (…)
7. Conforme a lo anterior, los ingresos brutos para el año gravable 2015, fueron por
$402.738.000, de esos ingresos brutos hay que tener en cuenta los costos y gastos en
que se incurrió para poder generar dichos ingresos (…)
Ahora bien, el artículo 588 del Estatuto Tributario, vigente para la época de los
hechos, señalaba que se pueden corregir las declaraciones tributarias para
aumentar el impuesto dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo
para declarar, estableciendo que «Toda declaración que el contribuyente, responsable, agente
retenedor o declarante, presente con posterioridad a la declaración inicial, será considerada como
una corrección a la declaración inicial o a la última corrección presentada, según el caso». Además,
el artículo 746 ibidem le otorgó presunción de veracidad tanto a las declaraciones
tributarias presentadas por los contribuyentes como a sus correcciones.
Precisado esto, la Sección estima que la información del contribuyente que se
encuentra vigente es la consignada en la corrección a la declaración de renta, la
cual no era ajena para la entidad toda vez que fue allegada por el mismo
demandante con la respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir; cuestión
diferentes es que la administración optara por no pronunciarse al respecto en la
liquidación oficial, lo cual no obsta para que en esta oportunidad se atienda a lo
consignado allí, pues se insiste, en los casos que se presente una corrección al
denuncio rentístico, la segunda sustituye a la primera17.
Sobre la remisión a la declaración de renta, la Sección ha insistido que no se puede
tomar de manera parcializada para valorar únicamente los ingresos, sino que
también deben tenerse en cuenta las erogaciones en que incurrió el contribuyente
para desarrollar la actividad económica, puesto que la presunción de veracidad
consagrada en el artículo 746 cobija a toda la declaración18.
La anterior conclusión se sustenta en que i) el artículo 250 del Código General del
Proceso -norma aplicable por remisión del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011- señala que la
14
Samai, índice 5. 36ED_1CD2CARA_1CD2CARATULArar(.rar) NroActua 5. Carpeta anexos demanda. Declaración de
renta.pdf
15
Antecedentes administrativos. Requerimiento para declarar. 201860050469312 RTA RCD.pdf. página 14.
16
Ibidem página 3
17
En sentencia del 24 de noviembre de 2022, exp 26206, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, la Sección aceptó tomar la
corrección a la declaración de renta del demandante.
18
En igual sentido se pronunció la Sección en sentencias del 24 de noviembre de 2022, exp 26206; del 2 de octubre de
2025, exp 28613, ambas con ponencia de la consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible; ii) la UGPP
puede solicitar comprobaciones especiales de las erogaciones, pero la declaración
de renta demuestra tanto los ingresos como las erogaciones, sin que sea admisible
que este documento acredite las situaciones que perjudican al demandante, pero
no las que lo benefician; y iii) la presunción de veracidad de la declaración del
impuesto sobre la renta no puede ser controvertida por una autoridad distinta a la
DIAN, conforme el artículo 702 del Estatuto Tributario y el decreto que lo reglamenta19
.
Por ende, no le asiste razón a la demandada al pretender desconocer el
reconocimiento de las erogaciones reportadas en el denuncio rentístico del
demandante para el año 2015, pues si aceptó los ingresos de dicha declaración,
debe hacer lo mismo con las erogaciones allí registradas para de determinar el IBC
de los aportes al sistema de seguridad social, tal como lo consideró el a quo.
Por otro lado, sobre la forma en que se depura la renta y la inclusión de pagos como
GMF, seguros, intereses, servicios públicos, entre otros, en este asunto no se tiene
certeza de la inclusión de todos estos conceptos en la declaración de renta.
Sobre la depuración del IBC con el sistema de presunción de costos de que trata la
Ley 1955 de 2019, el Decreto 1601 de 2022, y las Resoluciones 1400 de 2019 y
209 de 2020, se pone de presente que dichas normas no estaban vigentes para
cuando se expidieron los actos demandados, pero se destaca que las normas
vigentes para la fecha sí establecían la forma de depuración del ingreso de base de
cotización y le permitían al aportante descontar los costos y gastos incurridos en su
actividad económica, puntualmente aquellos de la declaración de renta según el
precedente que aquí se reitera20.
Decantado lo anterior, se tiene que en primera instancia le fue favorable al
demandante el reconocimiento de sus erogaciones declaradas en renta, por lo que
en principio no tendría fundamentos para apelar la situación, sin embargo, dadas
las consideraciones que anteceden, el ingreso base de cotización en este caso debe
atender a la información reportada en la corrección del denuncio rentístico, para lo
cual se tomarán los ingresos que aparecen allí, así como los costos y gastos.
Por esas mismas razones, no se tomará en cuenta el certificado del contador, en el
cual la sumatoria de los ingresos mensualizados no corresponden a lo percibido,
esto es, a la corrección a la declaración de renta. Así, los ingresos para la base de
cotización corresponden a $428.730.000 y al no aportarse prueba que demuestre el
mes en que fueron percibidos, es procedente la distribución en los 12 meses
fiscalizados, esto es $35.727.500 para cada período.
En la resolución que resolvió el recurso de reconsideración21, la entidad aceptó
erogaciones por valor de $319.602.00022, pero en la corrección a la declaración por
este concepto se reportaron $344.544.000, es decir, que existe una diferencia de
19
En este mismo sentido ver: Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 18 de mayo de 2023, exp 26808, reiterada
en las sentencias del 4 de abril de 2024, exp 28342 y 20 de febrero de 2025, exp.28953 estas últimas con ponencia de la
magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
20
En similar sentido se pronunció la Sala sobre el esquema de presunción de ingresos del Decreto 1601 de 2022 en
sentencia del 29 de mayo de 2025, exp 27493, M.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño y en la sentencia del 10 de julio de
2025, exp 29604, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
21
Página 35 del acto.
22
En la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se indicó que los costos aceptados eran de $319.601.998, sin
embargo, la Sección al tomar la misma información para cada período y totalizarla encontró que suman $319.602.002,
que es la que se indica en la presente providencia.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
$24.942.00023, la cual será divida en partes iguales entre los 12 meses del período
fiscalizado, atendiendo el ejercicio realizado para los ingresos. De manera que la
totalidad de gastos es la que pasa a exponerse:
COSTOS ACEPTADOS DIFERENCIA
MES TOTAL COSTOS
POR LA UGPP DECLARACIÓN
Enero $25.473.546 $2.078.500 $27.552.046
Febrero $25.466.222 $2.078.500 $27.544.722
Marzo $30.410.627 $2.078.500 $32.489.127
Abril $25.166.020 $2.078.500 $27.244.520
Mayo $46.264.827 $2.078.500 $48.343.327
Junio $37.688.474 $2.078.500 $39.766.974
Julio $29.335.730 $2.078.500 $31.414.230
Agosto $23.867.044 $2.078.500 $25.945.544
Septiembre $23.894.507 $2.078.500 $25.973.007
Octubre $23.366.240 $2.078.500 $25.444.740
Noviembre $12.127.886 $2.078.500 $14.206.386
Diciembre $16.540.879 $2.078.500 $18.619.379
TOTAL $319.602.002 $24.942.000 $344.544.00024
Ahora bien, se destaca que para los meses de julio a diciembre de 2015 se aplicará
lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 (vigente para la época de los
hechos)25, el cual disponía:
ARTÍCULO 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes. Los
trabajadores independientes por cuenta propia y los independientes con contrato diferente a
prestación de servicios que perciban ingresos mensuales iguales o superiores a un (1) salario
mínimo mensual legal vigente (smmlv), cotizarán mes vencido al Sistema Integral de
Seguridad Social sobre un ingreso base de cotización mínimo del cuarenta por ciento (40%)
del valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado
(IVA), cuando a ello haya lugar, según el régimen tributario que corresponda. Para calcular la
base mínima de cotización, se podrán deducir las expensas que se generen de la ejecución
de la actividad o renta que genere los ingresos, siempre que cumplan los requisitos del artículo
107 del Estatuto Tributario.
En consecuencia, la base de cotización quedará de la siguiente manera: Enero a
junio de 2015:
MES INGRESOS COSTOS DEPURACIÓN IBC IBC26
Enero $35.727.500 $27.552.046 $8.175.454 $8.175.000
Febrero $35.727.500 $27.544.722 $8.182.778 $8.183.000
Marzo $35.727.500 $32.489.127 $3.238.373 $3.238.000
Abril $35.727.500 $27.244.520 $8.482.980 $8.483.000
Mayo $35.727.500 $48.343.327 -$12.615.827 $0
Junio $35.727.500 $39.766.974 -$4.039.474 $0
Julio a diciembre de 2015:
MES INGRESOS COSTOS DEPURACIÓN 40% IBC27
Julio $35.727.500 $31.414.230 $4.313.270 $1.725.308 $1.725.000
Agosto $35.727.500 $25.945.544 $9.781.956 $3.912.782 $3.913.000
Septiembre $35.727.500 $25.973.007 $9.754.493 $3.901.797 $3.902.000
Octubre $35.727.500 $25.444.740 $10.282.760 $4.113.104 $4.113.000
Noviembre $35.727.500 $14.206.386 $21.521.114 $8.608.446 $8.608.000
Diciembre $35.727.500 $18.619.379 $17.108.121 $6.843.248 $6.843.000
23
Valor aproximado
24
Valor aproximado
25
Esta ley fue publicada en el Diario Oficial Nro. 49.538 del 9 de junio de 2015.
26
Valores aproximados en aplicación del artículo 10 del Decreto 1406 de 1999.
27
Ibidem.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
Como se observa, para los meses de mayo y junio la depuración del IBC arrojó
déficit, es decir, que no existe base para cotizar, asunto sobre el cual la Sección ha
manifestado que «después de realizada la mensualización […] se genera para cada periodo un
valor inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, la demandante no tiene la obligación de
realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social por estos conceptos»28. Lo anterior encuentra
sustento en el hecho de que el deber de aportar presupone «la existencia de un ingreso
efectivo por parte del trabajador independiente para hacer obligatoria su cotización»29.
En ese contexto, se modificará el restablecimiento del derecho para ordenarle a la
UGPP reliquidar los aportes según el IBC calculado en la presente providencia.
3. Competencia de la UGPP
En el cargo 3 de apelación la demandante señala que la demandada carece de
facultades legales para analizar los costos y gastos de la declaración de renta, y no
podía rechazarlos fundamentándose en la Ley 1151 de 2007. En el cargo 4 indica
que dicha información era reservada por disposición del artículo 583 del Estatuto
Tributario, de manera que por ser similares se resolverán de manera conjunta.
Para resolver se tiene que, el artículo 156 de la citada ley creó a la UGPP y, dentro
de sus funciones, previó la de realizar las tareas de seguimiento, colaboración y
determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las
contribuciones parafiscales de la Protección Social.
En el Decreto Ley 169 de 2008, artículo 1º, se reglamentó el ejercicio de las
funciones de la UGPP y se estableció que para ejercer el seguimiento, colaboración
y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las
contribuciones, contaría con amplias facultades para adelantar acciones como
solicitar información, verificar la exactitud de las declaraciones, adelantar las
investigaciones que considere convenientes, solicitar explicaciones y documentos,
requerir informes o testimonios, efectuar cruces de información con las autoridades
tributarias, entre otros30.
Así, destaca la Sección que dentro de las competencias asignadas a la demandada
se incluye la verificación de la información que obtenga del cruce de información
con otras entidades, sin que ello implique tampoco vulneración alguna al derecho a
la privacidad de los aportantes, como en efecto lo hizo con los ingresos de la
declaración de renta del demandante del año 2015 para la determinación de la base
de las contribuciones de ese período.
No obstante, y de conformidad con el precedente reiterado en el cargo anterior, lo
que le está vedado es desconocer las erogaciones del denuncio rentístico cuando
precisamente esa fue la prueba valorada para la determinación de los ingresos.
Precisado lo anterior, la Sección no dará prosperidad al presente cargo, comoquiera
que ya se ordenó el reconocimiento tanto de los costos debidamente soportados,
como de la diferencia encontrada con lo declarado en materia de renta, asunto que
finalmente era el que perseguía el demandante con los argumentos aquí analizados.
28
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de julio de 2023, exp 26641, M.P. Milton Chaves García, reiterada
en sentencia del 2 de noviembre de 2023, exp 26639, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y del 2 de octubre de 2025,
exp 28613, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
29
C-1089 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis
30
Ver sentencia del 3 de octubre de 2024, exp.26293, reiterada el 19 de marzo de 2026, exp 30596, ambas con ponencia
de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
4. Favorabilidad
Para resolver este asunto se tiene que esta norma aplica desde su vigencia, es
decir, de julio de 2015 en adelante, y no para los periodos anteriores a éste como lo
pretende demandante31. Se aclara que en materia sustantiva impositiva no hay lugar
a la aplicación del principio de favorabilidad, so pena de vulnerar el principio de
irretroactividad de la ley tributaria, consagrado en los artículos 338 y 336 de la
Constitución Política. No prospera el cargo el cargo de apelación del demandante.
5. Sanción por omisión
Para resolver este cargo se tiene que en la liquidación oficial se indicó32:
4.3.1 Sanción por omisión
En el requerimiento para declarar y/o corregir se propuso una sanción por omisión al encontrar
que el aportante no se afilió y/o vinculó oportunamente a los SUBSISTEMAS DE SALUD Y PENSIÓN
en los periodos de enero a diciembre del año 2015.
Por lo anterior, la Unidad debe imponer sanción por esta conducta, atendiendo los parámetros
de determinación de la misma y el momento en el cual se liquida, así:
Teniendo en cuenta que la sanción más favorable para el aportante es la calculada según el
artículo 314 de la Ley 1819 de 2016, en la presente liquidación oficial se impondrá sanción por
no declarar por la conducta de omisión, por valor de $101.261.400.
Así mismo, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la entidad
modificó la sanción determinada inicialmente, pero debido a que esa instancia se
redujo el valor de los aportes dado el reconocimiento de algunos costos adicionales,
lo cual quiere decir que mantuvo lo dispuesto en los términos de la Ley 1819 de
2016. En consecuencia, la demandada aplicó la norma que reclama el demandante.
No prospera el cargo.
6. Exoneración de la sanción y principio non bis in ídem
La UGPP en el cargo primero de apelación cuestiona que el tribunal revocara las
sanciones por omisión e inexactitud impuestas al demandante para los períodos de
enero a junio de 2015, pues la obligación de aportar de los independientes estaba
regulada en el ordenamiento jurídico. Por su parte, el demandante insiste en la
imposibilidad de sancionar por omisión e inexactitud en el mismo proceso de
fiscalización, so pena de vulnerar principios constitucionales.
Previo a pronunciarse de fondo, se pone de presente que desde la demanda la parte
demandante planteó la falta de regulación de la base gravable de los aportes a cargo
31
En iguales términos se pronunció la Sala en sentencias del 23 de noviembre de 2023, exp 27594; y del 4 de abril de 2024,
exp 28342; ambas con ponencia de la consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
32
Página 11 del acto.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
de los independientes, de ahí que el a quo analizara el eximente de responsabilidad
de la sanción bajo una diferencia de criterio con la administración, sin que en la
apelación la demandada discutiera la congruencia de la sentencia de primera
instancia33.
Por otro lado, se advierte que, en ninguna parte del recurso de apelación presentado
por el demandante, cuestiona o solicita que esa decisión se extendiera a los meses
posteriores, esto es, julio a diciembre, de manera que nada se dirá al respecto.
Al respecto, esta Sección y la Corte Constitucional34 han señalado que «no es
admisible una responsabilidad tributaria objetiva. Es decir, que no será válido que la autoridad
tributaria, en ejercicio de la potestad sancionadora, imponga una sanción al contribuyente solo por
la constatación del resultado censurable previsto en la norma que regula la infracción»35
Bajo ese contexto, el error sobre el derecho aplicable como causal de exoneración
de responsabilidad punitiva en el régimen sancionador tributario, constituye la
materialización de la prohibición constitucional de formas de responsabilidad
objetiva en las que la sanción se impone simplemente como consecuencia de la
realización de la conducta sancionable, sin tener certeza de la responsabilidad
subjetiva del infractor36, de ahí que su estudio o valoración sea procedente «ya sea
que la legislación lo reconozca explícitamente o que omita mencionarlo en el texto de las normas
sancionadoras»37.
Es por lo anterior que la Sección, de manera pacífica ha considerado que «Aunque el
artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 no prevé la “diferencia de criterios sobre el derecho aplicable”
como causal eximente de las sanciones previstas en dicha norma, ello no excluye que sobre estas
pueda predicarse el “error sobre el derecho aplicable”, que pueda exonerar de la sanción al sujeto
pasivo. Lo anterior, por cuanto, como lo ha señalado la Sala, ese error constituye “una figura ínsita
en el contenido de las disposiciones punitivas”, como garantía del debido proceso»38
Descendiendo al caso concreto, el tribunal, para sustentar el eximente de
culpabilidad de la sanción, adujo que para los períodos de enero a junio de 2015 la
normativa no fue clara en torno a la determinación de la base de cotización de los
aportes a cargo de los trabajadores independientes.
Dicha postura es compartida por la Sección, pues se ha considerado que «la literalidad
de la norma llevaba a fundamentar un entendimiento de que en la categoría de trabajador
independiente no residía la de los comerciantes, así que ha sido producto de las decisiones judiciales
la clarificación de que, en una interpretación amplia de los artículos 13, 15, 156 y 157 de la Ley 100
de 1993, en la categoría de independientes estaban integrados aquellos que no cuentan con un
contrato de trabajo o una relación legal o reglamentaria, pero que tienen capacidad de pago»39 En
esas condiciones, se impone negar el recurso de apelación de la entidad al
respecto.
Sobre la presunta vulneración del principio del non bis in ídem por la imposición en
un mismo proceso de las sanciones por omisión e inexactitud se tiene que el artículo
1 del Decreto 3033 de 2013, definió dichas conductas así:
33
En las mismas condiciones se pronunció la Sección en la sentencia del 4 de abril de 2024, exp 28342, M.P. Myriam Stellla
Gutiérrez Argüello.
34
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-597 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
35
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 30 de agosto de 2016, exp 19851, M.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, reiterada en la sentencia del 11 de junio de 2020, exp 21640, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
36
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 9 de junio de 2022, exp 25944, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
37
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 11 de junio de 2020, exp 26140, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
38
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia de unificación del 9 de diciembre de 2021, exp 25185, M.P. Milton Chaves
García reiterada el 5 de mayo de 2022, exp 25553. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y el 30 de marzo de 2023, exp
26628 M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
39
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 11 de octubre de 2024, exp 26883, M.P. Wilson Ramos Girón.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
3. Omisión en la afiliación: Es el incumplimiento de la obligación de afiliar o afiliarse a
alguno o algunos de los subsistemas que integran el Sistema de la Protección Social y
como consecuencia de ello, no haber declarado ni pagado las respectivas contribuciones
parafiscales, cuando surja la obligación conforme con las disposiciones legales vigentes.
4. Omisión en la vinculación: Es el no reporte de la novedad de ingreso a una
administradora del Sistema de la Protección Social cuando surja la obligación conforme
con las disposiciones legales vigentes y como consecuencia de ello no se efectúa el pago
de los aportes a su cargo a alguno o algunos de los subsistemas que integran el Sistema
de la Protección Social.
5. Inexactitud: Es cuando se presenta un menor valor declarado y pagado en la
autoliquidación de aportes frente a los aportes que efectivamente el aportante estaba
obligado a declarar y pagar, según lo ordenado por la ley.
Sobre este principio, la Sección ha precisado que «implica que el Estado no puede imputar
más de una vez la misma conducta sancionable, cualquiera que sea la denominación jurídica que
tenga»40
En consecuencia, se estima que en este caso la entidad no vulneró el principio
aludido, toda vez que las sanciones por omisión e inexactitud legalmente son
diferentes, en tanto persiguen y castigan conductas sustancialmente
independientes. Así, se impuso la primera hasta el momento en que el demandante
realizó el pago de los aportes y comoquiera que este fue parcial, se dieron los
supuestos para la segunda sanción. No prospera el asunto.
De las demás pretensiones de la demanda: El demandante, en sus pretensiones
subsidiarias, solicitó que, como consecuencia de la nulidad parcial se ordenara la
exoneración del pago de los intereses moratorios y se le permitiera usar la planilla
tipo J para condena de sentencias judiciales; la devolución de las sumas pagadas
por concepto de aportes y el reconocimiento del daño emergente causado, el cual
consiste en los gastos asumidos para ejercer su derecho de defensa en el trámite
administrativo y judicial.
Frente al primer punto, que consiste en la exoneración de intereses, el demandante
lo vinculó al uso de la planilla tipo J, sobre lo cual, la Sección reitera que su uso
dependerá de la que conforme a los reglamentos se deba utilizar según la situación
particular del aportante y la causa que da origen al pago de las contribuciones, por
lo que no corresponde en esta oportunidad impartir directriz en ese sentido41.
Con relación a la devolución de aportes pagados, el artículo 311 de la Ley 1819 de
2016 dispuso que en los eventos en que se declare la nulidad total o parcial de los
actos administrativos y se ordene la devolución de aportes, la entidad debe proferir
un acto mediante el cual ordene a las administradoras de los distintos subsistemas
la devolución de los montos determinados.
Como en este caso persiste la nulidad parcial de los actos demandados, se
ordenará a la UGPP que, previa verificación de los pagos realizados por el
demandante, adelante el procedimiento correspondiente para la devolución que
resulte procedente de las órdenes aquí dadas.
40
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 2 de marzo de 2023, exp 26983, M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
41
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 1 de septiembre de 2022, exp 26208 M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
Frente al daño emergente alegado (pago de los gastos incurridos en la defensa
jurídica ejercida durante el proceso de fiscalización de la UGPP y para interponer la
presente demanda), la Sección observa que este hace parte de la condena en
costas, razón por la cual se estudiarán de manera conjunta en líneas posteriores42.
Conclusión: De conformidad con lo expuesto, la Sección modificará la sentencia de
primera instancia, para en su lugar, ordenar a la entidad reliquidar los aportes
conforme al IBC determinado en esta providencia, lo cual también deberá observarse
para las sanciones por omisión e inexactitud de los meses de julio a diciembre.
Sumado a esto, también será procedente la devolución de las sumas a las que
hubiere lugar previa verificación de los pagos.
Costas
El Tribunal se abstuvo de condenar en costas, decisión frente a la cual no se
presentó reparo alguno. En cuanto a la condena en costas en segunda instancia,
como en esta oportunidad se mantiene la decisión de acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda, tampoco hay lugar a su imposición, de conformidad
con el numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia proferida el
20 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Sexta de Oralidad. En su lugar se dispone:
Segundo: Ordenar, a título de restablecimiento del derecho, a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
que, dentro del término legal, practique una nueva liquidación de los aportes a cargo del señor
Carlos Alberto Ramos Corena para el periodo fiscalizado (2015), atendiendo los siguientes
parámetros:
Deberá reliquidar los aportes a los subsistemas de salud y pensión para los períodos de enero
a diciembre de 2015. Para ello, tomará el ingreso base de cotización determinado por el
Consejo de Estado, lo cual, a su vez, deberá ser observado en la determinación de las
sanciones por omisión e inexactitud para los meses de julio a diciembre de 2015.
Así mismo, se declara que la entidad deberá devolver al demandante las sumas a las que
haya lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, y previa
verificación de los pagos.
2. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
3. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
Cúmplase.
42
En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia del 2 de octubre de 2025, exp 28613, M.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00697-01 (30975)
Demandante: Carlos Alberto Ramos Corena
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.