RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2020-02572-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-02572-01

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-02572-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el catorce (14) de agosto de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda instaurada por Piedad Elena Hurtado Gómez contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones correspondientes en SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2020-02572-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

20 de junio de 2024

1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2020-02572-01 (0194-2024)
Demandante: Piedad Elena Hurtado Gómez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Temas: Reconocimiento prima técnica por evaluación de desempeño.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el catorce (14) de agosto de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró probada la excepción de
«legalidad del acto administrativo acusado – inexistencia de la violación de normas
constitucionales y legales» y negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Piedad Elena Hurtado Gómez instauró demanda contra el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio 202012230000009981 del 22 de enero de 2020,
mediante el cual se negó la prima técnica por evaluación de desempeño.

A título de restablecimiento del derecho, se reconozca y pague las sumas causadas
por concepto de la prima técnica por evaluación del desempeño equivalente al 50%
del salario mensual conforme a los Acuerdos 004 de 1993, 003 de 1994 y 001 de
2017, a partir de la solicitud en adelante, mientras no se den las causales para su
pérdida, y de aquellas causadas dentro de los tres años anteriores a dicha solicitud.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601-350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-33-000-2020-02572-01 (0194-2024)

Se ordene la reparación del daño, correspondiente al valor de los honorarios
profesionales, gastos y emolumentos propios del presente proceso

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la demandante previo concurso público de méritos, fue nombrada en el ICBF
mediante Resolución 2550 del 26 de diciembre de 1994 y se ha desempeñado en
los cargos de profesional universitario y profesional especializado, el cual ocupa
para la fecha de presentación de la demanda.

Que se encuentra inscrita en el Registro Público de Empleados de Carrera
Administrativa.

Que durante el tiempo de servicio al ICBF, la demandante obtuvo calificaciones
iguales o superiores al 90% del total de puntos de las calificaciones de ser vicios
realizadas anualmente, porcentaje éste que constituye el mínimo requerido para
obtener el derecho al reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación del
desempeño.

Que con radicado E-2019-690064-0800 presentó reclamación administrativa el 19
de diciembre de 2019 la cual fue contestada negativamente a través del acto
acusado.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos 2, 6, 13, 25, 53 y 209 de la Constitución Política,
Decreto 1661 de 1991, Decreto 2164 de 1991, Decreto 2573 de 1991.

Sostuvo que en el tiempo de servicio al ICBF, ha obtenido calificaciones iguales y
superiores al 90% requerido para obtener el derecho al reconocimiento y pago de
la prima técnica por evaluación del desempeño.

Que corresponde el reconocimiento y pago de la aludida prima técnica, por ser
beneficiaria del régimen de transición del artículo 4° de del Decreto 1724 de 1997,
puesto que para el periodo anterior al cambio de normatividad y aún posterior a éste
ha sido calificada obteniendo el porcentaje requerido.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 10 de mayo de 2020. La entidad se opuso a las
pretensiones para lo cual propuso las siguientes excepciones y argumentos:

2

Radicación: 05001-23-33-000-2020-02572-01 (0194-2024)

legalidad del acto administrativo acusado - inexistencia de la violación a las normas
constitucionales y legales en que se fundó, no se aportó acto administrativo que
acredite, que entre el año de 1991 y 1998, el director general del ICBF o el Consejo
Directivo del Instituto, hubiera reglamentado o reconocido el otorgamiento de la
prima técnica para los empleados del nivel profesional, técnico o asistencial por
evaluación de desempeño; de hecho, nunca existió reclamación en dicho momento
por lo que no se cumplió con la carga que tenía para el reconocimiento de la
prestación reclamada, es decir, no existe acto administrativo que en aquel momento
le hubiera reconocido dicha prestación.

Obligación de respetar el precedente judicial de naturaleza vertical fijado por el
Consejo de Estado, al no existir reclamación en vigencia de los Decretos 1661 y
2164 de 1991, que resulta ser una carga impuesta legalmente para acceder a la
prestación y de paso la ausencia de reglamentación por parte de la entidad, es claro
el precedente judicial de naturaleza vertical fijado por el Consejo de Estado, en el
sentido que no resulta procedente acceder al petitum del medio de control.

Pérdida de fuerza ejecutoria – inexistencia de regulación de la entidad que defina
las condiciones particulares para la asignación de la prestación, el acto
administrativo de carácter general del que deriva la parte demandante encontrarse
en el régimen de transición, esto es, el Decreto 1724 de 1997, desapareció del
mundo jurídico.

Prescripción de lo reclamado, respecto de todos y cada uno de los derechos
pretendidos con la presente acción y que se han visto afectados por el fenómeno
de la prescripción, sin que ello signifique aceptación de la existencia de la
obligación.

El 10 de junio de 2022 se dispuso dar trámite a la sentencia anticipada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Antioquia consideró con fundamento en el artículo 7º
del Decreto 2164 de 1994, que el derecho a la prima técnica está determinado por
los criterios que adopte la entidad y, en el caso concreto, la entidad únicamente
adoptó el de formación avanzada y experiencia altamente calificada para el cargo
de profesional y otros, lo que permite deducir que no previó el reconocimiento y
pago de la prima técnica por evaluación de desempeño.

Que el criterio por el cual la demandante solicitó el otorgamiento no hace parte de
la reglamentación que para el efecto expidió el ICBF en los diferentes acuerdos, en
especial el 41 de 1994, que la reglamentó exclusivamente por el criterio de
formación avanzada y experiencia altamente calificada para los empleos del nivel
asesor, ejecutivo y profesional de la planta de personal del instituto, lo cual torna en

3

Radicación: 05001-23-33-000-2020-02572-01 (0194-2024)

improcedente acceder a lo pretendido.

Que Piedad Elena Hurtado Gómez no tiene derecho al reconocimiento y pago de la
prima técnica por evaluación de desempeño por cuanto el ICBF no previó en su
reglamentación interna el otorgamiento de la prestación deprecada por ese criterio.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante sostuvo que de acuerdo con el contenido de la demanda, la
contestación y las pruebas aportadas, se encuentra acreditado que cumple con los
requisitos para obtener el derecho al reconocimiento y pago de la prima técnica por
evaluación del desempeño; además, por ser beneficiaria del régimen de transición
establecido en el Decreto 1724 de 1997.

Que la conclusión del tribunal fue producto de una interpretación errada al
desconocer los múltiples pronunciamientos como precedente vertical, desmintiendo
la tesis de la autonomía discrecional por parte de las entidades para desconocer la
asignación de la prima técnica a ciertos cargos cuando tal requisito no es potestad
de los funcionarios sino una obligación establecida por ley a través de un decreto,
que pretende someter una decisión interna de la entidad.

Que si bien es cierto que era una obligación interna para las entidades reglamentar
la prima técnica por evaluación de desempeño, no es menos cierto que tales
facultades no fueron dadas para restringir los derechos otorgados a funcionarios de
todos los niveles, privándolos de tal asignación, pues estaríamos en presencia de
una trato desigual y una decisión contradictoria a la consagrada por el Decreto 1661
de 1991 y su respectiva reglamentación, es decir, reglamentar no supone la
restricción a un derecho adquirido.

Que con relación al reconocimiento y pago de la prima técnica, en concepto de la
Corte Constitucional, no constituye una decisión discrecional del jefe de la entidad,
sino que, una vez constatado el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley,
lo que se impone es su reconocimiento.

Que los empleados que consolidaron su derecho antes de la expedición del Decreto
1724 de 1997, aunque éste no se les haya reconocido, cuentan con un derecho
adquirido que ingresó a su patrimonio y que pueden reclamar siempre y cuando no
se encuentren afectados por las causales previstas en el régimen de transición para
su pérdida o el fenómeno de la prescripción.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 16 de febrero de 2024 las partes y el ministerio público guardaron silencio.

4

Radicación: 05001-23-33-000-2020-02572-01 (0194-2024)

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe determinar si la señora Piedad Elena Hurtado Gómez puede ser
beneficiaria de la prima técnica por evaluación de desempeño prevista en el Decreto
1661 de 1991.

Prima técnica por evaluación de desempeño

El Decreto Ley 1661 de 1991 en su artículo 1 define la prima técnica como un
reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a
funcionarios o empleados altamente calificados que se requieran para el
desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos
técnicos o científicos especializados o la realización de labores de dirección o
especial responsabilidad. En cuanto a los beneficiarios, el artículo 3 determinó que
la prima técnica con base en la evaluación del desempeño podía reconocerse a
todos los niveles y la competencia para asignarla corresponde al jefe del organismo
respectivo conforme se regula en el artículo 6.

En cuanto a la necesidad de reglamentación interna, el artículo 9 del referido
Decreto Ley 1661 de 1991 reguló el otorgamiento de la prima técnica precisando
que «dentro de los límites consagrados en el presente Decreto, las entidades y organismos
descentralizados de la Rama Ejecutiva, mediante resolución o acuerdo de sus juntas,
consejos directivos o consejos superiores, tomarán las medidas pertinentes para aplicar el
régimen de Prima Técnica, de acuerdo con sus necesidades específicas y la política de
personal que adopten».

En efecto, la prima técnica por evaluación de desempeño se otorgaba, en principio,
para los cargos del nivel directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico,
administrativo y operativo, pero las entidades podían limitar la prestación a
determinados niveles, dependencias o empleos, según las necesidades del servicio,
la política de personal y la disponibilidad presupuestal; de modo tal que se permitía
a cada ente regular internamente, de conformidad con los anteriores criterios, si se
reconocía y a qué empleos, cargos y niveles se concedería, siempre dentro del
margen previsto por el legislador.1

Luego, el Decreto Reglamentario 2164 de 17 de septiembre de 1991 señaló que la
prima sería reconocida a los empleados que ejerzan, en propiedad, cargos de los
niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo;
cuya cuantía se determinaría por el jefe del organismo y en las entidades
descentralizadas por las Juntas o Consejos Directivos o Superiores, según el caso.

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de noviembre de 2023 radicado 63001-

23-33-000-2018-00146-01 (3872-2019).

5

Radicación: 05001-23-33-000-2020-02572-01 (0194-2024)

En el año 1997, se expidió el Decreto 1724 que limitó el reconocimiento de la prima
técnica solamente a los empleados del nivel directivo, asesor y ejecutivo o sus
equivalentes en los diferentes órganos y ramas del Poder Público. Por tanto,
sustrajo de sus beneficiarios a los empleados de los niveles profesional, técnico,
administrativo y operativo. No obstante, en el artículo 4 se estableció una transición
y se dejó a salvo el derecho de aquellos servidores que desempeñaran cargos de
niveles diferentes de los señalados en él, que se les hubiere reconocido prima
técnica antes de su publicación, en cuanto dispuso que disfrutarían de ella hasta el
retiro del servicio o hasta cuando se cumplieran las condiciones señaladas en las
normas vigentes al momento de su otorgamiento para su pérdida.

Debido a las diferentes interpretaciones de esta norma, y dado que la evaluación de
desempeño se realiza año tras año, esta Corporación señaló que los beneficiarios
de la prima técnica por evaluación de desempeño, que no pertenecían a los niveles
directivo, asesor o ejecutivo, mantendrían el derecho si cumplían los siguientes
requisitos:

(i) que tuvieran derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación de
desempeño bajo el régimen del Decreto 1661 de 1991, esto es, que hubieren laborado
para la respectiva entidad en la vigencia de la normativa mencionada y que, desde
luego, cumplieran los requisitos legales exigidos por la misma;

(ii) que hubieran reclamado la prima técnica antes o después de la entrada en vigencia
del Decreto 1724 de 1997, siempre que tuvieren derecho a la prima mencionada en
vigencia del Decreto 1661 de 1991;

(iii) que la entidad demandada injustificadamente hubiera guardado silencio frente a
la petición o, se entiende, hubiera resuelto la misma en forma negativa.

En síntesis, esta tesis reconoce el derecho a la prima técnica a quienes lo perdieron
por no pertenecer a los niveles directivo, asesor, ejecutivo o sus equivalentes,
restricción impuesta por el Decreto 1724 de 1997, siempre que hubieren cumplido con
las condiciones señaladas en precedencia. 2

Luego, se expidió el Decreto Reglamentario 1336 de 2003 disposición que en su
artículo 1.º restringió los cargos susceptibles del beneficio de la prima técnica,
decreto que fue modificado por el Decreto 2177 de 2006 en el sentido aumentar a 5
años el requisito de experiencia calificada previsto en el artículo 3 del Decreto 2164
de 1991 y respetar el régimen de transición consagrado en el artículo 4º del Decreto
1724 de 1997.

Ahora bien, frente a la interpretación del artículo 7 del Decreto 2164 de 1991, la
jurisprudencia de esta Corporación precisó que para el reconocimiento de la prima
técnica «no basta con la existencia de normas nacionales que establezcan la prima técnica,
sino que, además, se hace necesario que la entidad respectiva indique las condiciones

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 26 de mayo de 2005, expediente 1892-04.

6

Radicación: 05001-23-33-000-2020-02572-01 (0194-2024)

para su asignación. El derecho se concreta primero con la creación de la prima técnica
por parte del legislador y segundo con la reglamentación interna que haga el Jefe del
Organismo, requisito indispensable con el fin de establecer las condiciones que regirán esta
prestación». Además, la citada providencia agregó: 3

Esta Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre asunto
similar4 señaló:

“La prima técnica implica el cumplimiento de un conjunto de elementos, que no
son sólo requisitos que debe cumplir el demandante sino también condiciones
de la entidad accionada. En este caso, como se expuso en párrafos
precedentes, que se hubiera expedido la respectiva reglamentación por la
entidad que otorgue la prima técnica, lo cual tiene una explicación fiscal
razonable pues las entidades no pueden asumir compromisos inconsultos frente
a sus posibilidades financieras”.

En el sub lite el MINISTERIO DE TRANSPORTE no había regulado la prima técnica
por evaluación de desempeño para los años que reclama su reconocimiento y en
consecuencia, se impone por la Sala confirmar la sentencia apelada por las razones
consignadas en la parte motiva de este proveído.

Igualmente, esta Sección en sede constitucional se pronunció sobre la prima técnica
por evaluación de desempeño del ICBF y precisó lo siguiente: 5

En último lugar, la Sala advierte que la línea hermenéutica de esta Corporación
conlleva a establecer que si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no había
regulado el reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño para el
nivel profesional, se concluye que al entrar en vigencia del Decreto 1724 de 1997 no
habría un derecho adquirido objeto de protección, motivo por el cual sería
improcedente el reconocimiento de la prestación reclamada.

Además, en providencia del 16 de noviembre de 20196 proferida por esta Sección
se concluyó:

De conformidad con los acuerdos expedidos por el ICBF, se observa que la prima
técnica por evaluación de desempeño se reglamentó sólo para los empleos de
secretaria general, jefe de oficina y director regional, de tal suerte que los demás
empleos no fueron objeto de dicha prestación, incluidos los desempeñados por las
demandantes.

Por ende, en ningún momento se contrariaron las disposiciones normativas y el marco
jurisprudencial sobre la materia al negar su reconocimiento, pues, al ser el ICBF una
entidad descentralizada, con autonomía administrativa y financiera, personería
jurídica, patrimonio independiente, tenía competencia para regular la prima técnica
dentro de los límites dispuestos en los Decretos 1661 y 2164 de 1991, esto es en

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia del 31 de

julio de 2008 radicado 08001233100020020257101 (0712-2007).
4 Proceso adelantado por el señor Fabio García García, sentencia del 27 de septiembre de 2007. Radicado

2201-04.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, fallo del 21 de noviembre de 2018 radicado 11001-03-

15-000-2018-03774-00(AC).
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de noviembre de 2023 radicado 63001-

23-33-000-2018-00146-01 (3872-2019).

7

Radicación: 05001-23-33-000-2020-02572-01 (0194-2024)

atención a las necesidades específicas y la política de personal que adoptó. Significa
que si bien el legislador reguló los niveles en los cuales era viable el reconocimiento
de la prima técnica, lo cierto es que también facultó a la entidad para considerar los
aspectos de orden fáctico y presupuestal a los que hace alusión el ordenamiento
positivo.

No se trata entonces de un derecho adquirido que pueda predicarse respecto de todos
los empleos del ICBF, como lo pretenden hacer ver las demandantes, pues su
reconocimiento depende, entre otros factores, del ejercicio de la facultad legal
otorgada a la entidad por virtud de los Decretos 1661 y 2164 de 1991, por lo que no
estaba en la obligación de reconocer este concepto en favor de sus empleados.

Reglamentación de la prima técnica por evaluación de desempeño en el ICBF

En el ICBF la prima técnica fue reglamentada mediante los Acuerdos 04 de 1993,
03 de 1994, 19 de 2000 y 01 de 2017. El Acuerdo 04 de 1993 en su artículo 1
estableció la prima técnica mediante el criterio de evaluación del desempeño para
los empleos de secretario general y jefe de oficina de la planta de la entidad.
Asimismo, en su artículo 2 estableció los factores de valoración para la evaluación
de desempeño de los empleos mencionados y en el artículo 4 se refirió a la forma
como se desarrollaba la evaluación de desempeño.

El artículo 1 del Acuerdo 3 de 1994 estableció la prima técnica por el criterio de
evaluación del desempeño para el empleo de director regional de la planta de
personal del ICBF, la cual no podrá ser superior al 50% de la asignación básica
mensual del cargo de director regional.

Con el Acuerdo 19 del 2000 se fijó la prima técnica por el criterio de evaluación del
desempeño para el empleo de director seccional de la planta de personal del ICBF
la cual no podrá ser superior al 50% de la asignación básica del cargo de director
seccional; no obstante, dispuso que mientras subsista la restricción al presupuesto
del ICBF el porcentaje máximo para la asignación de prima técnica a los directores
seccionales no podrá exceder del 30% de la asignación básica mensual.

Finalmente, los anteriores preceptos fueron derogados por el Acuerdo 01 de 2017
en el cual se previó que tendrían derecho al otorgamiento de la prima técnic a por
evaluación de desempeño aquellos funcionarios nombrados en titularidad en
empleos del nivel directivo y asesor cuyo empleo se encuentre adscrito al
despacho del director general del ICFB.

Resolución del caso concreto

Según el análisis normativo y jurisprudencial expuesto, debe considerarse desde ya
que para estudiar si la demandante tiene derecho o no al reconocimiento de la prima
técnica por evaluación de desempeño, debe verificarse como premisa principal si el
cargo desempeñado permite, en atención a la reglamentación interna del ICBF, que

8

Radicación: 05001-23-33-000-2020-02572-01 (0194-2024)

la interesada acceda al beneficio pretendido.

Conforme se puede concluir de los acuerdos expedidos por el ICBF, el otorgamiento
de la prima técnica por evaluación del desempeño en principio se concedía a
quienes desempeñaran los empleos de secretario general, jefe de oficina, director
regional y director seccional, sin embargo, en la última reglamentación proferida por
la misma entidad se limitó a los funcionarios nombrados en propiedad en cargos del
nivel directivo y asesor adscritos al despacho del director general.

Revisadas las pruebas documentales que obran en el expediente 7 y teniendo en
cuenta que la demandante sustenta su solicitud en el régimen de transición
consagrado en el Decreto 1724 de 1997, se tiene que para el periodo en que
estuvieron vigentes los Decretos 1661 y 2164 de 1991 ocupó el cargo de profesional
universitario.

Visto lo anterior, se tiene que la demandante no tiene derecho al reconocimiento y
pago de la prima técnica por evaluación de desempeño, toda vez que la
reglamentación interna del ICBF no dispuso el otorgamiento de dicha prestación
para el empleo ocupado por ella, situación que releva el estudio de la comprobación
de las demás exigencias para acceder al beneficio pretendido.

En efecto, de conformidad con los acuerdos expedidos por el ICBF, se observa que
la prima técnica por evaluación de desempeño se reglamentó sólo para los empleos
de secretaria general, jefe de oficina y director regional, de tal suerte que los demás
empleos no fueron objeto de dicha prestación, incluido el desempeñado por la
demandante, escenario que permite despachar de manera desfavorable los
argumentos del recurso de apelación y confirmar la decisión recurrida.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el
criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando
encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria,
malintencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2081 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre que se acredite que la parte vencida obró con
manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la

7 Expediente digital índice 2 de SAMAI.

9

Radicación: 05001-23-33-000-2020-02572-01 (0194-2024)

Subsección A de esta Sección, ha adoptado una la postura en virtud de la cual, se
deberá analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al
inciso 2 del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, se observa del recurso de apelación, que no carece de
fundamentación legal que de lugar a la condena en costas, por el contrario, se
expusieron argumentos razonables en defensa jurídica de los intereses de la parte
demandante. En consecuencia, no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el catorce (14) de agosto de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las
pretensiones de la demanda instaurada por Piedad Elena Hurtado Gómez contra el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen y
realizar las anotaciones correspondientes en SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Ausente con permiso
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.