Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2020-02794-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2020-02794-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2020-02794-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 05001 23 33 000 2020 02794 01
Referencia: Acción Popular – Fallo
Actores: CRISTIAN ANDRÉS ECHEVERRI JARAMILLO Y OTROS.
TESIS: SE CONFIRMA PARCIALMENTE LA PROVIDENCIA RECURRIDA. SE
ACREDITÓ LA VULNERACIÓN DEL DERECHO COLECTIVO A LA
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES
TÉCNICAMENTE DE LOS RESIDENTES Y TRANSEUNTES DE LA ZONA DE
LA UNIDAD TOLEDO CAMPESTRE.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: GOCE DE UN
AMBIENTE SANO, A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
PREVISIBLES TÉCNICAMENTE Y AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y
APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los
apoderados de las sociedades CONCESIÓN ABURRÁ NORTE S.A.S.
-HATOVIAL S.A.S.1 y DEVIMED S.A., del ÁREA METROPOLITANA
DEL VALLE DE ABURRÁ, del MUNICIPIO DE BELLO2, de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE ANTIOQUIA -
CORANTIOQUIA3 y del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA4, contra
la sentencia de 9 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia5.
1 En adelante HATOVIAL S.A.S.
2 En adelante el MUNICIPIO.
3 En adelante CORANTIOQUIA.
4 En adelante el DEPARTAMENTO.
5 En adelante el Tribunal.
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Actores: CRISTIAN ANDRÉS ECHEVERRI JARAMILLO Y OTROS.
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
Los señores CRISTIAN ANDRÉS ECHEVERRI JARAMILLO y otras
89 personas6, actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción
popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,
desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19987, presentaron
demanda con el fin de obtener la protección de los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente y al equilibrio ecológico y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución,
presuntamente vulnerados por el DEPARTAMENTO, la UNIDAD
6 Carlos Andrés Ochoa Cruz, Edwin Cadavid, Gerardo Gómez, Luz Marina Castrillón, Jorge
Gómez Muñoz, Elizabeth Pérez Mesa, Hernán Arley Herrera Osorio, Estefanía Ríos Villegas,
Miguel Jaramillo Muñoz, Sergio Andrés Martínez Espinal, Karol Alejandra Hernández Pérez,
Paula Alejandra Agudelo, Johana Palacio Vélez, Nury Moreno Ulloa, Bibiana Patricia Restrepo
Toro, Pablo César Morales Gaviria, Arley Carvajal Bernal, Iván Shool Payares, Daniela Muñoz
Borja, Johanna Pérez Palacio, Julieth Medina Ochoa, Luz Andrea Marín Bedoya, Juan
Sebastián Puerta Nevado, Carolina Zuluaga Cano, Carlos Mario Zapata Sepúlveda, John
Alexander Sierra, Stivinson Molina Otálvaro, Luisa Fernanda García Ramírez, Benilda Patricia
Uribe Machado, Gloria Helena Zapata, Leidy Cuadros Serna, Luisa Alejandra Serna Ardila,
Rosalba Ardila Gómez, Johana Aguirre Castrillón, Kelly Juliana Manco, Mónica Vargas Cala,
Nilson Ortiz, Leidy Londoño, Alonso Pérez, Milena Monsalve Mazo, Edith Larrota, Luz Stella
Rojas López, Karol Giselle Shool Payares, Silvia Aracely Guzmán Londoño, Mildrey Alexandra
Londoño Mazo, karina valencia, juan esteban roa, Rubialba Candamil, Alejandra María Villa
Flórez, Daniel Valencia, Anyi Yohana Gómez Agudelo, Carlos Augusto Parejo, Gladys Arango
Soto, Blanca Lucía Ocampo, Yeison Molina Marín, Estiven Guapacha Largo, Diego Cano
Jaramillo, Luz Yanceli Rodríguez, Fredy Manco, Arley Carvajal Bernal, Anyela Suárez Isaza,
Fabián Alberto Botero, Mauricio Alzate Calderón, Carlos Múnera, Sandra Bedoya, Andrés
Felipe Bedoya, Valentina Rodríguez Nieves, Yuseph Berloza Serpa, Diego Sanmartín, Gloria
Giraldo Velilla, Marta Cecilia Vega, Ramiro A. Henao O., Juliana Henao V., Yenifer Montoya,
Dayana Quintero V., Genny Cristina Agudelo, Alejandro Bolívar Londoño, Diego Alonso Viera,
Daniela Betancurt, Gyovanny Restrepo Arango, José Daniel Pérez Rodríguez, Adolfo
Rodríguez, Emperatriz “MJM”(en el escrito de demanda no constan cuáles son sus nombres
y apellidos), Carlos Andrés González Algarra, Claudia Patricia Tamayo, Karina Hijuelos
Medina, Alejandra Ruiz Guzmán, Wilmar Vallejo Ospina, Biviana Agudelo Y Estefanía Bedoya
Agudelo.
7 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
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PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES8, el MUNICIPIO
y la CONSTRUCTORA PRO HOGAR.
I.2. Hechos
Los actores pusieron de manifiesto que residen en la Unidad Toledo
Campestre, construida por la CONSTRUCTORA PRO HOGAR en la
Calle 37 núm. 43 A - 56 del Barrio Marco Fidel Suárez - Calle Vieja
del proyecto inmobiliario multifamiliar de vivienda de interés social
“VIS”, cuya capacidad es de 720 apartamentos, la cual colinda con
el proyecto denominado “Tierra Linda Campestre”, compuesto por 5
o 6 torres independientes cada una, con 10 a 30 pisos y 2.250
apartamentos.
Señalaron que la CONSTRUCTORA PRO HOGAR, parcialmente,
pavimentó la calle 37 aledaña a los proyectos inmobiliarios referidos
y canalizó las aguas derivadas de la quebrada La Seca; sin embargo,
a su juicio, omitió realizar un estudio detallado de la infraestructura
de la zona y no tuvo en cuenta las constantes inundaciones,
derrumbes y desastres naturales acontecidos previamente en el
sector.
Expusieron que el 24 de julio de 2020, se presentaron fuertes lluvias
que ocasionaron el desbordamiento de la quebrada la Seca,
8 En adelante UNGRD.
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levantaron la calzada de la calle 37, inundaron los sótanos 1 a 4 de
la unidad Toledo Campestre, generaron filtraciones de aguas lluvias
y afectaron el sistema de alcantarillado del sector.
Indicaron que, pese a que desde hace aproximadamente 30 años se
presentan problemas en épocas de lluvia por el desbordamiento de
la quebrada La Seca, el MUNICIPIO otorgó permisos de
construcción a la CONSTRUCTORA PRO HOGAR para desarrollar
edificaciones en una zona de riesgo.
Afirmaron que en la vía “Medellín - Bogotá” existe una cuneta en la
que desembocan las aguas lluvias hacía la montaña que se encuentra
en la parte alta del barrio, lo cual ha causado parte de los desastres.
Manifestaron que con anterioridad se presentó un deslizamiento de
50.000 m2 en la zona que dejó atrapadas entre 150 y 200 personas
y ocasionó 82 fallecimientos.
I.3. Pretensiones
En virtud de lo anterior, la parte actora, además del amparo de los
derechos colectivos invocado, solicitó lo siguiente:
“[…] PRETENSIONES
[…]
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SEGUNDO: ORDENAR a los accionados a que de manera inmediata
ejecutar las acciones tendientes a evitar el daño contingente, y hacer
cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los
derechos e intereses colectivos, especialmente las medidas
pertinente, conducentes y necesarias para aplicar los principios
ambientales de prevención, precautelación, diseño, construcción,
manejo, control, mitigación y compensación e iniciar las obras
necesarias para canalizar la precipitación de aguas desde la autopista
Medellín - Bogotá.
TERCERO: Determinar la protección especial de cualquier otro
derecho o interés colectivo que resulte demostrado oficiosamente.
CUARTO: Condenar en costas a los demandados […]”.
I.4. Defensa
I.4.1. El MUNICIPIO señaló que las obras de construcción de una
estructura hidráulica tipo Box Coulvert para encausar las aguas del
Caño Seco, así como la pavimentación de la Calle 37 objeto de la
acción, fueron realizadas por la CONSTRUCTORA PRO HOGAR,
quien desarrolló el proyecto Toledo Campestre y se encuentra
ejecutando el proyecto Tierra Linda Campestre.
Precisó que en el entorno de Caño Seco solo habían ocurrido eventos
torrenciales menores por lo que los estudios hidrológicos e
hidráulicos realizados para la construcción del proyecto Toledo
Campestre concluyeron que debía realizarse una estructura tipo box
coulvert, la cual fue debidamente ejecutada.
Indicó que la situación narrada por la parte actora se debe a un
fenómeno de la naturaleza que no puede ser imputada a alguna
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entidad de carácter público o privado, por cuanto se trata de un
evento constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito.
Manifestó que no es cierto que desde hace más de 30 años se
presenten desbordamientos e inundaciones en los predios aledaños
a la quebrada Caño Seco, ni que los proyectos inmobiliarios objeto
de la presente acción hayan sido desarrollados en esa época.
Sostuvo que conforme con su POT, no se tiene identificada zona de
riesgo alguna que impida la construcción de proyectos de vivienda
tales como Toledo Campestre y/o Tierra Linda Campestre.
Expuso que la situación de la quebrada Caño Seco se debe a que los
habitantes de los barrios Marco Fidel Suárez y La Orquídea han
ocupado irregularmente el cauce y modificado su geometría, y a las
alteraciones en los procesos geomorfológicos de la cuenca baja por
incremento de la erosión en el sector.
Aseguró que la ocupación e intervención del cauce de la quebrada es
extrema y su dinámica hidráulica fue modificada por la sociedad
DEVIMED S.A. al adicionar caudales externos para desviar aguas de
escorrentía superficiales con el fin de no generar movimientos en
masa sobre el sector denominado La Báscula.
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Resaltó que la parte actora no allegó elementos probatorios que
acreditaran que los rastros de agua provenientes de la autopista
Medellín – Bogotá sobre la quebrada Caño Seco sean los causantes
de la inestabilidad en los terrenos de la cuenca.
Anotó que la fotografía aportada al proceso no identificaba cuál era
el punto de la vía en que se ubicaba la cuneta enunciada, ni demostró
con un estudio que dicha obra civil incidiera en la conformación del
caudal que afectara la ladera o que tuviera el potencial de ocasionar
daño alguno.
Afirmó que el deslizamiento ocurrido el 5 de diciembre de 2010 se
debió a varias causas entre las que se encontraban un depósito de
tierra y escombros y las condiciones críticas que se desencadenaron
por el fenómeno de la niña acaecido en esa época.
Adujo que el evento ocurrido el 24 de julio de 2020 fue consecuencia
de una lluvia fuerte que produjo el arrastre de importantes
cantidades de lodo y rocas que colmataron las tuberías y el box
coulvert ubicadas alrededor de la urbanización Toledo Campestre.
Expuso que, a través de la Secretaría de Obras Públicas, ejecutó el
contrato núm. 1178 de 2018 con el objeto de realizar diseños en
varias quebradas, entre las cuales se encuentra la quebrada objeto
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de la presente demanda y, además, suscribió el contrato 388 de 2020
con la finalidad de reducir el riesgo de desastre en el municipio.
Advirtió que a pesar de que en la demanda se hizo énfasis en la
existencia de un perjuicio ambiental, se omitió vincular al proceso a
la autoridad competente sobre el tema, esto es, al AMVA
En consecuencia, formuló las excepciones de falta de legitimación en
la causa por pasiva, “falta de integración del litisconsorte por pasiva”,
“ausencia de responsabilidad”, “inexistencia de nexo causal”,
“ausencia de prueba” y “actuar propicio del ente territorial”.
I.4.2. El DEPARTAMENTO afirmó que es competencia exclusiva del
MUNICIPIO proteger los derechos colectivos invocados por la parte
actora.
Señaló que, conforme con lo previsto en los artículos 23, 30 y 31 de
la Ley 99 de 19939, a CORANTIOQUIA le corresponde vigilar y
controlar el medio ambiente, tal como lo es la quebrada Caño Seco.
Sostuvo que sus funciones en materia de gestión del riesgo son de
naturaleza complementaria y subsidiaria, en los casos en que el
MUNICIPIO lo requiera previa realización de las gestiones
9 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones”.
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administrativas necesarias y que, de conformidad con lo previsto en
la Ley 1523 de 201210, a los alcaldes les compete la implementación
de los procesos de gestión de riesgo a través de sus planes de
desarrollo, por lo que son los llamados a responder en los casos en
que se genera alguno riesgo en su territorio.
Formuló las excepciones de “inexistencia de violación por parte del
departamento de Antioquia del derecho a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente”, “inexistencia de solidaridad
por parte del departamento de Antioquia, por cuanto los municipios
son autónomos y falta de legitimación en la causa por pasiva”,
“inexistencia de la violación de los derechos e intereses colectivos a
una vivienda digna – desarrollo urbano – prevención de desastres” y
“falta de legitimación en la causa por pasiva”.
I.4.3. La CONSTRUCTORA PRO HOGAR S.A.S. describió las
diferentes actuaciones desplegadas en el marco de la construcción
de los proyectos de vivienda de interés social en cuestión, que dan
cuenta que su proceder estuvo ajustado a derecho, a saber:
i.- Fue autorizada por la Curaduría Urbana Segunda de Bello para la
construcción de los proyectos de vivienda de interés social.
10 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
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ii.- Mediante las resoluciones núms. 1788 de 17 de agosto de 2017
y 000350 de 15 de febrero de 2018, el AMVA le otorgó los permisos
de ocupación de cauce sobre la quebrada Caño Seco para ser
intervenida con la construcción de un canal y un box coulvert, y para
la descarga de aguas lluvias, así como para el desarrollo del proyecto
Toledo Campestre.
iii.- En informe técnico núm. 002045 de 9 de abril de 2018, el AMVA
certificó que “las obras otorgadas por la Entidad a través de la
Resolución Metropolitana No. S.A 001788 del 17 de agosto de 2017,
fueron construidas conforme lo aprobado”.
iv.- La inspectora de Medio Ambiente del MUNICIPIO inició proceso
verbal abreviado por temas ambientales relacionados con los
Proyectos Toledo Campestre y Tierra Linda Campestre, el cual
culminó el 16 de octubre de 2019 con su archivo.
Estimó que, por lo expuesto, no le es atribuible la presunta
vulneración de los derechos colectivos invocados, habida cuenta que
la intervención de los suelos que sirvieron de base a los desarrollos
y sus entornos, obedecieron a la materialización de los lineamientos
instruidos por todas las autoridades, incluyendo aquellos
relacionados con el medio ambiente.
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Señaló que únicamente es responsable de las labores que en su
calidad de urbanizador y constructor le asignan la ley y los decretos
reglamentarios, las cuales ha cumplido a cabalidad.
Puso de presente que aportó a la Secretaría de Obras Públicas del
MUNICIPIO un estudio de manejo y conducción de aguas en el que
se planteó una solución de fondo respecto de las aguas que corren
durante las temporadas de lluvia por la vía que conduce de Medellín
a Bogotá, en el que se concluyó que resulta necesaria la intervención
de LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN11, propietaria de unos
tanques de almacenamiento de agua cuyos reboces corren de
manera libre y sin canal de conducción alguno.
Solicitó la vinculación de la EPM, de las empresas privadas de
tratamientos de cueros, productos orgánicos y demás que ejercen
actividades productoras en la parte que da continuidad en caída a la
montaña sobre la cual se tiende el área que debe intervenirse, de
JAVIER LONDOÑO S.A.S., de parque Central Polideportivo Tulio
Ospina, de la Concesión de Desarrollo Vial del Aburrá Norte –
HATOVIAL S.A.S. y del AMVA.
11 En adelante la EPM.
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Propuso, con fundamento en lo anterior, las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, “inexistencia de nexo causal” e
“indebida integración del contradictorio”.
I.4.4. La UNGRD se refirió a cada una de las competencias de las
diferentes entidades que, de acuerdo con la Ley 1523, tienen
competencias en materia de gestión del riesgo, tales como el
municipio, el departamento y las corporaciones autónomas
regionales.
Entidades vinculadas al proceso12
I.4.5. El AMVA afirmó que dentro del proceso no se acreditó que
vulnerara derecho colectivo alguno, sino que, por el contrario, en
ejercicio de sus funciones como autoridad ambiental hizo
seguimiento a los permisos de ocupación de cauce otorgados a la
CONSTRUCTORA PRO HOGAR y que las circunstancias que provocan
las inundaciones son ajenas a sus competencias.
Explicó que las intervenciones realizadas por la CONSTRUCTORA
PRO HOGAR en la quebrada fueron autorizadas a través de las
resoluciones núms. 001788 de 17 de agosto de 2017 y 000350 de
12 El Tribunal, mediante auto de 27 de noviembre de 2018, vinculó al proceso a
CORANTIOQUIA, al INVIAS, al AMVA, a DEVIMED, a la EPM, a JAVIER LONDOÑO S.A. y a
la CONCESIÓN HATOVIAL S.A.S.
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15 de febrero de 2018, previa evaluación de los estudios hidrológicos
e hidráulicos aportados para tal fin.
Afirmó que efectuó visitas a los alrededores del proyecto Toledo
Campestre con ocasión de las inundaciones presentadas e informó al
MUNICIPIO sobre dicha situación para que adopte las medidas
respectivas, debido a que dichos eventos no se encuentran asociados
a la ocupación del cauce por parte de la CONSTRUCTORA PRO
HOGAR.
Adujo que, a través de la comunicación núm. 0046693 de 7 de marzo
de 2018, informó al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres del MUNICIPIO sobre la situación de la quebrada, así:
“[…] la corriente igualmente discurre a través de un canal con un alto
nivel de intervención antrópica representada por la ocupación de
ambas márgenes con construcciones, muchas de ellas localizadas
sobre el cauce de la quebrada, generando estrangulamiento y
disminución en la capacidad hidráulica de la misma, igualmente la
comunidad ha construido puentes de acceso a las viviendas sobre
dicho canal generando focos de taponamiento […]”.
Manifestó que no se demostró en el proceso que la ocupación del
cauce que realizó la CONSTRUCTORA PRO HOGAR para el
desarrollo del proyecto Toledo Campestre provocara inundación
alguna, ni siquiera que haya contribuido a su empeoramiento, y que
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la problemática del sector obedece a la existencia de un
asentamiento irregular en el territorio, situación que escapa a sus
competencias y funciones como autoridad ambiental, pues ello le
corresponde al MUNICIPIO.
Señaló que conforme con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1523,
las funciones de las autoridades ambientales son complementarias y
subsidiarias respecto de las atribuidas a los municipios y
departamentos y que el hecho de que se brinde apoyo en las labores
de gestión del riesgo relacionadas con la sostenibilidad ambiental del
territorio no exime a las entidades territoriales de cumplir con sus
obligaciones atribuidas en las leyes 136 de 1994, 388 de 1997 y 1551
de 2012.
Formuló, con fundamento en lo expuesto, las siguientes excepciones
de “ausencia de responsabilidad”, falta de legitimación en la causa
por pasiva e “inexistencia del nexo de causalidad”.
I.4.6. La sociedad JAVIER LONDOÑO S.A.S.13 precisó que solo es
la administradora delegada para la construcción del proyecto
inmobiliario LA VIDA ES BELLA PH, desarrollado por la sociedad
PROMOTORA LA VIDA ES BELLA S.A.S., que cuenta con todos los
permisos y licencias necesarios para ocupar el cauce de la quebrada
13 Representante legal de PROMOTORA LA VIDA ES BELLA S.A.S.
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Caño Seco para la construcción de un canal trapezoidal, de
conformidad con lo aprobado por el AMVA, a través de la Resolución
núm. 000637 de 28 de abril de 2016, y que, además, no tiene que
ver con los hechos de la demanda, habida cuenta que se encuentra
aguas abajo de los daños que manifestaron sufrir los actores, por lo
que no es la llamada a responder.
Afirmó que por la ubicación del proyecto de vivienda LA VIDA ES
BELLA PH es fuertemente afectada por los desbordamientos de la
quebrada Caño Seco, tal como ocurre en el caso de la parte actora.
Adujo que el 25 de abril de 2017, la sociedad PROMOTORA LA VIDA
ES BELLA S.A.S. formuló denuncia ante la Inspección de Policía, la
Secretaría de Obras Públicas y CORANTIOQUIA, con la finalidad de
ponerles en conocimiento la intervención sobre el cauce de la
quebrada, realizada sin permiso por terceros residentes de un
asentamiento ilegal.
Señaló que los desbordamientos de la quebrada Caño Seco en época
de lluvias vierten gran cantidad de basura, aguas contaminadas,
residuos de toda índole y escombros, generando olores
nauseabundos que se incrementan por el estancamiento, situación
que amenaza la salubridad pública de los residentes del sector.
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Puso de presente que el 21 de abril de 2018, la Policía de Bello envió
orden de desalojo a 53 viviendas ilegales ubicadas en zona de alto
riesgo alrededor de la quebrada, sin que hasta el momento el
MUNICIPIO haya materializado dicha medida.
En consecuencia, propuso las excepciones de falta de legitimación en
la causa por pasiva, “falta de causa”, “falta de prueba de la violación
de PROMOTORA LA VIDA ES BELLA SAS o falta de prueba de la
supuesta amenaza de los derechos colectivos”, “calidad de afectado
de PROMOTORA LA VIDA ES BELLA SAS” y “falta de nexo causal entre
el hecho y el daño”.
I.4.7. CORANTIOQUIA explicó que el área objeto de la acción
popular se encuentra ubicada en la zona urbana del MUNICIPIO y, en
consecuencia, está en la jurisdicción del AMVA, razón por la que
carece de competencia para realizar gestión alguna en materia
ambiental.
Manifestó que cumple debidamente con sus competencias como
autoridad ambiental las cuales se encuentran definidas en los
artículos 30 y 31 de la Ley 99 de 1993.
Indicó que según lo establecido en el artículo 8° de la Ley 388 de
1997, corresponde al MUNICIPIO ejercer la función pública del
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ordenamiento territorial a través de la acción urbanística,
competencia que incluye “localizar las áreas críticas de recuperación
y control para la prevención de desastres, así como las áreas con
fines de conservación y recuperación paisajística” y, además, le
corresponde prevenir los desastres en su territorio, de conformidad
con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 715 de 2001.
Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, “cumplimiento de las funciones
propias de la corporación. -CORANTIOQUIA- no ha vulnerado
derechos colectivos”, “competencia de los municipios en el
ordenamiento de su territorio” y “competencia del Municipio de Bello
(Antioquia) en la prevención y atención de desastres”.
I.4.8. La EPM expuso que respecto de los hechos ocurridos el 5 de
diciembre de 2010, no tuvo injerencia alguna, habida cuenta que de
la revisión técnica de sus redes de alcantarillado se verificó que ellas
no tuvieron falla en su funcionamiento.
Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
habida cuenta que no es la competente para realizar las acciones
encaminadas a la protección de los derechos colectivos invocados por
la parte actora.
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I.4.9. La sociedad DEVIMED S.A. explicó que de las pruebas
aportadas al proceso se desprendía que las intervenciones indebidas
por parte de los propietarios de los predios ubicados en la parte alta
de la montaña a la altura del K0+800 al K2+400 de la Autopista
Medellín – Bogotá14, en épocas de alta pluviosidad, contribuyeron a
que se desbordara la quebrada Caño Seco el 24 de julio de 2020, sin
que las autoridades competentes adoptaran medida alguna
encaminada a corregir dicha situación.
Expuso que las obras realizadas en la vía tienen como propósito dar
continuidad a los drenajes naturales de la zona y que las aguas
provenientes de las lluvias no generan materiales de arrastre que
obstruyan el cauce de la quebrada.
Manifestó que el MUNICIPIO no desplegó acciones eficaces que
permitan amparar el derecho colectivo a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente, toda vez que no ha ejercido
las acciones policivas encaminadas a intervenir los predios que
presentan construcción en riesgo.
Indicó que la solución a la problemática objeto de la acción requiere
la participación en conjunto del MUNICIPIO, de los propietarios de
14 Tales como las efectuadas en las canteras ubicadas en el K0+800 (agregados de
Antioquia), K1+500 (Canteras de Colombia Argos) y en el K1+800 (Cantera de la sociedad
Minera Peláez) y las construcciones realizadas sobre la parte alta ubicada sobre la báscula
de pesaje en el K2+400.
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los predios ubicados en la parte alta de la montaña y de las
autoridades ambientales de la zona debido a que resulta necesario
verificar la forma y condiciones de cómo se ejecutan los contratos de
minería en el sector, los cuales son la causa de los deslizamientos
que afectan a la vía y a la quebrada.
Sostuvo que en calidad de concesionario del contrato núm. 0275 de
1996 no le corresponde la función de inspeccionar, vigilar ni controlar
la actividad minera de terceros por intervenciones o actuaciones que
se den por fuera del corredor vial carretero, habida cuenta que dicha
función se encuentra en cabeza de las autoridades municipales,
departamentales, ambientales y mineras.
Destacó que no es competente para prevenir desastres, fijar
políticas, expedir normas ambientales, ejercer control ambiental,
reglamentar los usos del suelo, vigilar el cumplimiento de la
Reglamentación Urbanística de los POT ni para controlar que se dé
un adecuado manejo de las aguas de escorrentía en los predios de
particulares en los que se desarrollaran actividades mineras.
Por lo expuesto propuso las excepciones de falta de legitimación en
la causa por pasiva, “inexistencia de razones fácticas y jurídicas”,
“inexistencia de la relación de causalidad”, “hecho de un tercero”,
“inexistencia del derecho pretendido”, “reducción de la
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indemnización” y “temeridad en la acción en lo que se relaciona con
DEVIMED en calidad de CONCESIONARIO VIAL”.
I.4.10. El INVÍAS formuló la excepción “de falta de legitimación en
la causa por pasiva” porque la vía objeto de la presente acción
popular no está a su cargo, de conformidad con los artículos 1° y 2°
del Decreto 2056 de 2003.
I.4.11. La CONCESIÓN ABURRÁ NORTE S.A.S. -HATOVIAL
S.A.S.- manifestó que pese a que su vinculación se debe a que es la
encargada de la “Concesión Desarrollo Vial del Aburrá Norte –
HATOVIAL S.A.S. concesionaria de la vía obligada de los proyectos
TOLEDO CAMPESTRE y TIERRA LINDA CAMPESTRE”, de la revisión
de la demanda no se advertía relación alguna del contrato de
concesión núm. 97-CO-20-1738 de 1997 con los hechos objeto de la
acción.
Precisó que de acuerdo con la cláusula segunda del otrosí núm. 15
del contrato de concesión en comento, suscrito con el
DEPARTAMENTO y con el AMVA, le corresponde el “Diseño,
Construcción y mantenimiento del sector de la vía alterna entre
Acevedo y Copacabana desde el empalme con la vía de la Concesión
Devimed (ruta 60) en el sitio donde se encuentra ubicada la
Universidad Minuto de Dios en una longitud de 6.200 metros hasta
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la entrada al municipio de Copacabana. Se incluye el diseño,
construcción y mantenimiento del puente sobre la quebrada Rodas y
la alcantarilla de cajón sobre la quebrada La Trinidad. No incluye
obras en el casco urbano del municipio de Copacabana”, lo que pone
de manifiesto que carece de competencia para aprobar o autorizar
los proyectos inmobiliarios en el sector o ejercer actividades de
vigilancia y control sobre ellos.
Afirmó que las pruebas obrantes daban cuenta de que la causa de la
trasgresión alegada era el mal manejo de las aguas por parte de
algunos sectores de la comunidad, lo cual le generó perjuicios debido
a la acumulación de sedimentos y materiales en la vía que generan
un riesgo para los usuarios de la misma.
Expuso que en los años 2018 y 2019 remitió 6 comunicaciones
dirigidas al DEPARTAMENTO y al MUNICIPIO con la finalidad de
informarles sobre las afectaciones generadas sobre la vía gracias a
las intervenciones de la CONSTRUCTORA PRO HOGAR.
Explicó que a través de comunicación GDC-0129-19 de 6 de marzo
de 2019, puso de presente al MUNICIPIO que en la zona se
construyó un “[…] canal artificial (concreto) por el desarrollador
Toledo Campestre el cual conecta con el encole con la obra
transversal de la vía concesionada, esto sin el debido permiso de uso
de vía concesionada que otorga el Departamento de Antioquia. Dicho
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canal fue concebido con el fin de encausar el flujo hídrico del caño La
Seca y todas las demás aguas arriba del proyecto. Para el proyecto
Desarrollo Vial del Aburrá Norte esto representa una obstrucción y
desvío del canal de aguas combinadas […]”.
Indicó que el manejo inadecuado de las aguas o la falta de retiros
sobre el caño provocó que las aguas por escorrentías y las
provenientes de la fuente hídrica circulen sobre la vía, causando el
arrastre de material y sedimentos.
Señaló que la presunta vulneración del derecho colectivo a la
seguridad y a la prevención de desastres técnicamente previsibles
generada por las fuertes lluvias presentadas en la zona el 24 de julio
de 2020, es imputable a la CONSTRUCTORA PRO HOGAR y, en
especial, al MUNICIPIO que no ha vigilado ni controlado las
intervenciones irregulares en la quebrada.
Sostuvo que no es competente para prevenir desastres, ejercer
control ambiental sobre las actividades desarrolladas por
particulares, hacer seguimiento y control de la actividad minera,
reglamentar el uso del suelo o vigilar el cumplimiento de la
reglamentación urbanística, funciones que radican en cabeza de los
entes territoriales y autoridades ambientales competentes.
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Adujo que, al no existir relación de causalidad entre sus actuaciones
y los hechos objetos de la demanda, mal podría desprenderse la
existencia de derecho alguno que pudiera hacerse valer por la parte
actora.
Propuso, por lo expuesto, las excepciones de falta de legitimación en
la causa por pasiva, “inexistencia de razones fácticas y jurídicas e
inexistencia de la relación de causalidad e Inexistencia del derecho
pretendido” y “temeridad en la acción en lo que se relaciona con
HATOVIAL S.A.S. en calidad de concesionario vial”.
I.4.12. ALLIANZ SEGUROS S.A.15 formuló las excepciones de “falta
de legitimación en la causa por pasiva de DEVIMED S.A.”, “ausencia
de nexo causal entre las actividades de DEVIMED S.A. como
concesionario de vía nacional y la demanda popular”, “inexistencia
de daño o peligro inminente” e “inexistencia de solidaridad con los
sujetos codemandados”.
Para el efecto, además de reiterar los argumentos expuestos por
DEVIMED S.A. relacionados con la falta de competencia de ésta para
atender los hechos objeto que dieron origen a la acción, su ausencia
de responsabilidad en los mismos y la pertinencia de las obras
ejecutadas señaló que el hecho de que la quebrada Caño Seco
15 Llamada en garantía por parte de DEVIMED S.A.
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presente crecimientos que afectan terrenos aledaños en época de
lluvias y que genera erosión en el terreno, no configura un peligro
inminente.
Adujo que la situación ocurrida el 5 de diciembre de 2010 conocida
como “tragedia la Gabriela” no tiene relación alguna con los hechos
de la demanda y fue analizada en el proceso de reparación directa
identificado con el núm. 05001-3333-02-22-012-00444-01 en el que
se concluyó que el MUNICIPIO era responsable de los daños allí
ocurridos debido a que no hizo control de usos del suelo pese a que
hubo requerimientos formulados oportunamente por parte de las
autoridades ambientales.
Indicó que en caso de que se amparen los derechos colectivos
invocados, el Tribunal debía establecer el grado de responsabilidad
de cada una de las personas demandadas sin que se pueda predicar
la existencia de solidaridad en sus obligaciones.
I.5. Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento, llevada a cabo el 6 de
septiembre de 2021, se declaró fallida por ausencia de ánimo
conciliatorio de las partes.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, en sentencia de 9 de mayo de 2022, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS, las excepciones de falta
de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la constructora
Pro hogar, Municipio de Bello, Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
Corantioquia, Devimed, Departamento de Antioquia.
SEGUNDO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por Empresas Públicas
de Medellín, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
Instituto Nacional de Vías –Invías-, Javier Londoño S.A.S. y Hatovial
S. A. S.
TERCERO: DECLARAR la vulneración y/o amenaza de los derechos
colectivos alegados como violados por los actores populares, con base
en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO: Para hacer efectivo el amparo de los derechos colectivos
vulnerados, se ORDENA lo siguiente,
1. El Municipio de Bello en coordinación con el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá y Corantioquia, deberán realizar un estudio
hidrogeotécnico, hidrológico e hidráulico de toda el área afectada, es
decir aguas arriba y aguas abajo de la quebrada la Seca, incluyendo
el estudio de la capacidad hidráulica de las tuberías mellizas y los
boxculvert que fueron construidos por las constructoras, a fin de
establecer cuáles son las obras que deben ser realizadas para
garantizar la capacidad y continuidad hidráulica del canal evitando
que las aguas en época de fuertes lluvias transiten sobre la calle 37,
advirtiendo que podrá hacerse uso del estudio técnico presentado por
la empresa ORBEMASTER S.A.S., el cual debe ser sometido a estudio
y socialización técnica a fin de establecer si las conclusiones allí
planteadas deben ser objeto de alguna adición o modificación por las
condiciones actuales de la problemática.
Para este efecto tendrá el término de tres meses, contados a partir
de la ejecutoria de esta providencia, y una vez se cuente con el
estudio, tendrá un término de seis meses para la ejecución de las
obras.
2. El Municipio de Bello en coordinación con el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá y Corantioquia, deberá realizar un estudio sobre el
riesgo y afectaciones que se presenten en los siguientes puntos:
• Establecer si en el galpón- avícola “Granja Avícola Manantiales” que
se encuentra aguas arriba, está generando alguna afectación a la
quebrada, y de ser así el Municipio deberá adelantar las acciones
sancionatorias y de mitigación a que hubiere lugar; igualmente
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deberá analizar si las canteras que se encuentran en la parte alta de
la quebrada contribuyen con la problemática de riesgo, para lo cual
deberá igualmente implementar las acciones necesarias para dar
solución.
• Establecer si la ubicación del proyecto Toledo Campestre está
ocupando el retiro de la quebrada Caño Seco y de ser así si esta
situación representa peligro para la comunidad y cuáles son las
acciones que deben ser implementadas, debiendo la constructora Pro
Hogar identificada con Nit 900.609.481-1, realizar las labores que
arroje el mencionado informe, el Municipio de Bello vigilará su
cumplimiento.
• Establecer si los desagües que se encuentran en la autopista
Medellín Bogotá son adecuados, así como la forma en la que éstos
entregan en agua a la quebrada, determinando si deben ser
realizadas obras adicionales para un correcto funcionamiento, evento
en el cual, Devimed S. A., deberá concurrir con las labores a
adelantar.
Para este efecto tendrá el término de tres meses, contados a partir
de la ejecutoria de esta providencia, y una vez se cuente con el
estudio, tendrá un término de seis meses para la ejecución de las
obras.
3. El Municipio de Bello en coordinación con la autoridad encargada
de la recolección de basuras en el municipio deberá realizar labores
de limpieza de la quebrada de los residuos sólidos ordinarios y
especiales, debiendo realizar los convenios o contratos a que haya
lugar en el evento que estos previamente no existan, igualmente se
establecerán periodos continuos de jornadas de limpieza de la
quebrada de estos residuos.
Para este efecto tendrá el término de tres meses, contados a partir
de la ejecutoria de esta providencia.
4. El Departamento de Antioquia a través de la Dirección de
Fiscalización Minera, deberá realizar las gestiones jurídicas a que haya
lugar en el marco de los procesos de fiscalización adelantados frente
a las canteras que se encuentran aguas arriba que la quebrada Caño
Seco, quienes han incumplido los requerimientos para la realización
de cunetas para la recolección técnica de aguas, así como acciones
para la mitigación de erosión y deslizamientos.
Para el efecto se concede el término de tres meses, contados a partir
de la ejecutoria de esta providencia.
5. El Municipio de Bello como titular de las acciones urbanísticas debe
establecer cuáles son las viviendas que se encuentran ocupando la
zona de retiro de la quebrada Caño Seco catalogada como de
protección ambiental, debiendo realizar un estudio técnico que
establezca si estas infraestructuras ocupan total o parcialmente la
zona y el peligro de estas viviendas a partir de esto deberá
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recomendarse cuáles de estas no pueden continuar allí por inminente
peligro, y un estudio socioeconómico de estas familias para
determinar las condiciones de vulnerabilidad, y con fundamento en
ambos informes determinar las obras a adelantar dentro de las cuales
deberá estudiarse la opción de reubicación a partir de las soluciones
institucionales que el ente territorial tenga para el efecto.
Igualmente deberá brindarse protección a la zona de retiro frente a
las obras de acceso que presuntamente se han construido por la
comunidad y las obras de desvío del cauce, de modo que la faja de
protección o retiro quede libre de toda intervención antrópica por
tratarse de un margen necesario para el funcionamiento de la
quebrada.
Para esto se concede el término de seis meses, contados a partir de
la ejecutoria de esta providencia.
6. Advertir a la comunidad sobre su contribución con el medio
ambiente, para el efecto el Municipio de Bello con la empresa
encargada de la limpieza deberá realizar charlas pedagógicas y en los
casos procedentes, dar trámite a comparendos de tipo ambiental
cuando se arrojen desechos a la quebrada.
QUINTO: CONFORMAR un COMITÉ DE VERIFICACIÓN para la
constatación de la ejecución de las órdenes contenidas en la presente
sentencia, en los términos de los artículos 34 de la Ley 472 de 1998,
el cual estará integrado por: i) el Magistrado Ponente; ii) un
representante de los actores populares; iii) un delegado de cada una
de las entidades públicas obligadas, esto es, Municipio de Bello, Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, y Departamento de
Antioquia, iv) un representante de las constructoras Pro Hogar S.A.S.
y Promotora La Vida es Bella, v) un representante de Devimed S.A.,
y otro de Hatovial S.A.S.
SEXTO: REMÍTASE por Secretaría a la Defensoría del Pueblo, copia
del presente fallo, para que sea incluido en el Registro Público
Centralizado de Acciones Populares y de Grupo previsto en el artículo
80 de la ley 472 de 1998.
SÉPTIMO: Sin condena en costas en esta instancia […]”.
Para el efecto, explicó que material probatorio evidencia que la
urbanización Toledo Campestre, colindante con la calle 37 y la
quebrada Caño Seco, ha sido afectada por desbordamientos de esta
última, especialmente los ocurridos el 21 de enero y el 24 de julio de
2020, cuya situación es agravada porque la comunidad intervino la
quebrada, lo que afectó el flujo de las aguas.
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Indicó que la afectación en comento se debe a varios factores, tales
como:
-. La omisión de control en canteras que permite el arrastre de
material rocoso y lodo, el cual afecta la autopista Medellín-Bogotá,
colmata las obras de control y el box culvert, y disminuye la
capacidad hidráulica, generando riesgo de movimientos en masa.
-. La intervención de la empresa Avícola Manantiales al invadir la
ladera y el lecho de la quebrada, depositando material de excavación,
situación respecto de la cual no existía certeza sobre si había sido o
no superada.
-. La falta de un cauce continuo y definido después de la autopista
Medellín -Bogotá, causando erosión y haciendo ineficaz una
canalización de concreto existente por su insuficiente capacidad y
facilidad de obstrucción.
-. La invasión del canal natural por un asentamiento ilegal, con
construcciones (como puentes) que estrangulan el cauce y
disminuyen su capacidad hidráulica, además del desvío del flujo y el
vertimiento de residuos sólidos por la ausencia de alcantarillado.
-. la construcción del proyecto Toledo Campestre sin respetar la
distancia mínima de 30 metros respecto a la quebrada, lo que elimina
la zona de retiro adecuada y obliga a que la calle aledaña sirva como
área de desahogo para las crecientes.
-. la deficiencia del box coulvert diseñado para conducir el agua hacia
el río Medellín, el cual se obstruye fácilmente en épocas de fuertes
lluvias debido a los materiales que se deslizan.
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Manifestó que de lo anterior se desprendía la amenaza de los
derechos colectivos invocados, habida cuenta que se acreditó que
pese a que desde el año 2015 se tiene conocimiento de la situación
de riesgo de los residentes de la calle 37 y del deficiente
funcionamiento de las obras implementadas en la zona, no se
demostró la implementación de acciones técnicas y jurídicas de
formulación, ejecución y seguimiento, en procura de la garantía de
los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres
previsibles y el cumplimiento de la función preventiva asignada a las
autoridades municipales y ambientales.
Explicó que las autoridades y la comunidad deben velar por la
conservación del medio ambiente y los recursos naturales y
comoquiera que, conforme con lo previsto en los artículos 14 del
Decreto 1541 de 1978 y 295 del Acuerdo 033 de 2009, la franja o
zona aledaña a las quebradas son consideradas zonas de protección
ambiental, resultaba necesario implementar acciones tendientes a su
amparo dado que fue invadida por particulares.
Resaltó que en virtud de lo establecido en los artículos 65 de la Ley
99 de 1993 y 76.15 de la Ley 715 de 2011, corresponde a los
municipios, en coordinación con las demás entidades públicas en
materia ambiental, coordinar los proyectos de defensa de los cauces
y corrientes de agua.
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Sostuvo que, aunque la competencia ambiental en la mayor parte del
sector afectado corresponde al AMVA, la problemática también
involucra los galpones, cuya ubicación recae en el ámbito de
CORANTIOQUIA, por lo que ambas entidades deben concurrir en la
planeación e implementación de las acciones y políticas necesarias
para mitigar el riesgo, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1523
de 2012.
Manifestó que las acciones de fiscalización sobre los títulos de
explotación minera se encontraban en cabeza del DEPARTAMENTO,
toda vez que fueron delegadas por la Agencia Nacional de Minería
mediante las resoluciones núms. 237 de 2019, 113 y 624 de 2020, y
810 de 2021.
III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III.1. El MUNICIPIO solicitó revocar la providencia recurrida habida
cuenta que, a su juicio, no se encuentra acreditado que hubiera
realizado acción u omisión alguna que generara la problemática
invocada, pues esta se debe a circunstancias de fuerza mayor
condicionada por las temporadas de altas lluvias que azotaron a todo
el país y, por tanto, mal podría exigírsele la realización de obras de
ingeniería para evacuar las lluvias de escorrentía en una situación
que no podía prever.
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Manifestó que el Tribunal no tuvo en cuenta que en el POT no se tiene
identificado como zona de riesgo el sector objeto de la acción, por lo
que no existía motivo para prever que en ese lugar se produjeran
desastres naturales que impidieran la construcción de proyectos de
vivienda como Toledo Campestre y/o Tierra Linda Campestre.
Precisó que como en el entorno de la quebrada Caño Seco solo habían
ocurrido inundaciones menores, se realizaron los estudios
hidrológicos e hidráulicos correspondientes con el fin de intervenir los
posibles factores de riesgo sobre el proyecto Toledo Campestre y las
demás construcciones del sector, en los que se concluyó que debía
edificarse una estructura hidráulica tipo box coulvert, como en efecto
se realizó.
Afirmó que el hecho de que se hayan presentado 2 inundaciones en
los últimos 6 o 7 años no demuestra que el sector genere riesgo
alguno a su población.
Explicó que pese a que se demostró la existencia de asentamientos
irregulares en el sector no se probó que ellos sean la causa de las
inundaciones de la quebrada Caño Seco, ni que no haya efectuado
gestión alguna en el marco de sus facultades de control urbanístico.
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Indicó que frente a las construcciones irregulares no ha realizado
actuación alguna tendiente a desalojar o reubicar a sus residentes
debido a que no existe riesgo alguno en el sector.
Señaló que el Tribunal no tuvo en cuenta que desde la ocurrencia de
los hechos actuó debidamente, como lo reflejan los contratos núms.
1178 de 201816 y 388 de 202017, los cuales fueron debidamente
ejecutados.
Señaló que a la CONSTRUCTORA PRO HOGAR le corresponde
tomar todas las previsiones y correctivos en la realización de sus
obras civiles, tales como las que se presentan en épocas de lluvia en
el sector objeto de la acción.
Adujo que el AMVA es la que debe analizar si los estudios allegados
para la ocupación del cauce de la quebrada a las constructoras son
idóneos o no, toda vez que fue quien otorgó los permisos
correspondientes.
16 El contrato tiene por objeto realizar “estudios y diseños que involucran la elaboración y/o
revisión de componente hidrológico, hidráulico, geotécnico y estructural en puntos críticos
de quebradas del Municipio de Bello”.
17 El contrato tiene por objeto prestar “servicios de mantenimiento y limpieza de tres (03)
quebradas en el marco del proyecto; “fortalecimiento coma reducción del riesgo de
desastres” del Municipio de Bello”.
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III.2. DEVIMED S.A. solicitó revocar las órdenes que le impartieron
y, en su lugar, declarar probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva.
Manifestó que no se demostró que incumpliera con sus deberes
legales, toda vez que las obras realizadas en la autopista Medellín –
Bogotá son suficientes, funcionales y tienen el manejo adecuado para
operar en condiciones de normalidad.
Indicó que pese a ser la administradora de la vía nacional Medellín –
Bogotá, las afectaciones en su drenaje no son producto de su gestión
sino de la actividad de terceros en épocas de fuertes lluvias y,
además, se demostró que fue el MUNICIPIO, que con sus
omisiones, creó el riesgo que configuró la amenaza objeto de
controversia y, por tanto, es a dicha autoridad a la que le
corresponde adelantar las gestiones para la cesación de la
vulneración.
Afirmó que demostró haber cumplido con su deber de denunciar ante
las autoridades competentes las situaciones de riesgo que se
presentaban en la vía concesionada, tales como aquellas generadas
por las actuaciones irregulares realizadas por particulares en predios
ubicados en la parte superior de la margen derecha de la autopista.
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Concluyó que las construcciones realizadas, incluida la de Toledo
Campestre, están en condiciones de riesgo y en situación de alta
vulnerabilidad, debido a las construcciones en la ronda del cauce de
la quebrada Caño Seco, y expuestas a una amenaza ante la falta de
obras de mitigación que deben ser exigidas por el MUNICIPIO.
III.3. CORANTIOQUIA insistió en que no es competente para
ejercer actuación alguna en el sector objeto de la acción popular,
habida cuenta que no pertenece a su jurisdicción, sino de la del
AMVA, pues los proyectos urbanísticos “unidad Toledo campestre” y
“tierra linda campestre” están en el área urbana del MUNICIPIO.
Adujo que el testimonio de la señora Luisa Fernanda López Rivera en
el que se explicó que el área de los galpones, que incide en la
problemática objeto de la acción, pertenece a su jurisdicción, no es
suficiente para declarar su responsabilidad en la trasgresión de los
derechos colectivos, habida cuenta que dicha prueba no ofreció
certeza sobre si las obras allí realizadas se encontraban en ejecución
o habían finalizado.
Afirmó que debe declararse probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto se encuentra
demostrado que no es la responsable de la ordenación del ente
territorial, la ubicación o reubicación de viviendas y no efectuó los
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diseños, ni aprobó ni construyó el box coulvert para la unidad
residencial Toledo Campestre.
Señaló que las órdenes impartidas en el ordinal 4 de la sentencia
recurrida no son de su competencia, toda vez que, en su criterio, al
MUNICIPIO, en ejercicio de su autonomía, le corresponde realizar
las gestiones encaminadas a proteger los derechos colectivos
invocados, además de que sus funciones, en materia de gestión de
riesgo, son complementarias y subsidiarias, enfocadas únicamente a
las labores en cuanto a la sostenibilidad ambiental del territorio.
III.4. El AMVA afirmó que el Tribunal desconoció que la situación
sub examine es atribuible al asentamiento de las personas en el
territorio del MUNICIPIO y a la falta de desarrollo de las obras
acordes con el POT.
Explicó que si bien la gestión del riesgo de desastres y la protección
al medio ambiente están estrechamente relacionadas, en el caso
concreto, es al MUNICIPIO a quien, conforme con lo previsto en el
artículo 3° de la Ley 36 de 1994, le corresponde “promover el
desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el
progreso municipal”.
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Argumentó que la orden de participar de los estudios y obras
indicados por el Tribunal desconoce lo previsto en los artículos 287
de la Constitución Política y 31 de la Ley 1523, toda vez que se obliga
a una autoridad ambiental a actuar en asuntos de gestión del riesgo
que, en principio, competen exclusivamente al MUNICIPIO.
Adujo que a pesar de que las leyes 1523 y 99 establecen la
posibilidad de que las autoridades ambientales intervengan en la
gestión del riesgo de desastres, su participación es complementaria
y subsidiaria respecto de las acciones implementadas por los
municipios y departamentos, los cuales gozan de autonomía para
gestionar sus intereses.
Señaló que la financiación, cofinanciación o ejecución de obras de
desarrollo municipal por parte de las autoridades ambientales locales
implica una mutación en su rol que exige que la función de vigilancia
ambiental de dichas obras sea transferida a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales.
III.5. El DEPARTAMENTO manifestó que de la revisión de los
hechos relatados en la demanda como los testimonios de los
ingenieros Julián David Ceballos López y Hernando López González
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no se desprendía que la problemática objeto de la acción proviniera
de las minas existentes en el sector.
Expuso que, pese a que es competente para fiscalizar títulos mineros,
su labor se limita a requerir al titular para que realice las labores de
prevención de erosión que se presentan en el predio.
Indicó que realizó los requerimientos respectivos, sin embargo, como
el titular no cumplió con su carga, corresponde a las autoridades
ambientales, como son el AMVA y CORANTIOQUIA, implementar
las acciones encaminadas para tal efecto.
III.6. La sociedad HATOVIAL S.A.S. sostuvo que no debe ser
incluida dentro del comité de verificación del cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal, habida cuenta que fue vinculada al
proceso como tercero con interés en las resultas del proceso, no fue
condenada al cumplimiento de obligación alguna para la protección
de los derechos colectivos invocados y es una sociedad de naturaleza
privada.
Precisó que pese a que fue vinculada por haber sido concesionaria de
la vía Copacabana-Uniminuto, dicho vínculo fue revertido desde el 2
de agosto de 2021.
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IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
IV.1. Mediante auto de 8 de julio de 2022 el Despacho
sustanciador admitió los recursos de apelación y tuvo como prueba
en segunda instancia la aportada por HATOVIAL S.A.S. con el
recurso de alzada18 en atención a que respecto de la misma concurría
el presupuesto previsto en el numeral 3 del artículo 327 del Código
General del Proceso -CGP y, en consecuencia, se corrió traslado a las
partes para que se pronunciaran al respecto.
IV.2.- Mediante auto de 25 de julio de 2022, el Despacho
sustanciador dispuso correr traslado a las partes para que alegaran
de conclusión, en cuyo término, manifestaron lo siguiente:
IV.2.1.- El MUNICIPIO reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia.
IV.2.2.- EPM solicitó confirmar la decisión de declarar probada su
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
18 La prueba en comento fue la siguiente: “[…] Otrosí núm. 33 al contrato de concesión
núm. 97-CO-20-1738 denominado “para el desarrollo vial del Aburrá Norte, celebrado entre
el Departamento de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Hatovial S.A.S”,
suscrito el 30 de julio de 2021 […]”.
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IV.2.3.- CORANTIOQUIA, además de reiterar los argumentos del
recurso de apelación referentes a su falta de legitimación en la causa
por pasiva porque la zona objeto de la acción no está en su
jurisdicción, señaló que la orden impartida por el a quo pretende
subsanar la falta de actividad probatoria desarrollada en el proceso
encaminada a determinar si las actividades realizadas en su
Jurisdicción afectan o no el cauce de la quebrada, lo cual no es propio
de la sentencia que pone fin al proceso.
IV.2.4.- El AMVA reiteró los argumentos expuestos relacionados
con: i) su falta de competencia para atender la problemática, la cual
radica en el MUNICIPIO; ii) su participación en materia de gestión
de riesgo es complementaria y subsidiaria a la acción de los
municipios; y iii) su imposibilidad de ser juez y parte en caso de que
financie, cofinancie o ejecute los estudios o las obras ordenadas.
IV.2.5.- Las sociedades JAVIER LONDOÑO S.A.S. y PROMOTORA
LA VIDA ES BELLA S.A.S. solicitaron confirmar la providencia
recurrida y reiteraron los argumentos expuestos en la contestación
de la demanda.
IV.2.6.- La sociedad DEVIMED S.A. reiteró lo referente a: i) la
problemática expuesta se originó por las intervenciones de
particulares; ii) la competencia del DEPARTAMENTO para la
fiscalización, seguimiento y control de títulos mineros como autoridad
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minera en la zona; iii) las condiciones técnicas de la vía; iv) la
omisión del MUNICIPIO en el control urbanístico y de la actividad
de los galpones; v) la omisión de CORANTIOQUIA en la vigilancia
del plan de cierre de las minas; y vi) la responsabilidad del AMVA
por otorgar el permiso para el desarrollo del proyecto TOLEDO
CAMPESTRE.
Sostuvo, respecto de la orden impartida, que no resultaba
procedente realizar los estudios ordenados por el Tribunal sino
ordenar al MUNICIPIO que en coordinación con los propietarios de
los predios establezca un programa de recuperación integral de los
márgenes de la cuenca con miras a solucionar la problemática objeto
de controversia.
IV.2.7.- La sociedad ALLIANZ SEGUROS S.A. señaló que en lo que
le respecta no existe reparo alguno contra lo resuelto en primera
instancia por el Tribunal, por lo que solicitó se mantenga lo decidido
en ella y que coadyuva los reparos de DEVIMED S.A.
IV.2.8.- La parte actora, el DEPARTAMENTO, la CONSTRUCTORA
PRO HOGAR S.A.S., la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES, el INVÍAS y HATOVIAL S.A.S.,
guardaron silencio.
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IV.2.9.- El MINISTERIO PÚBLICO solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia, toda vez que dentro del proceso se acreditó
que la ocurrencia de desbordamientos los días 21 de enero y 24 de
julio de 2020 en la zona donde queda ubicada la urbanización Toledo
Campestre, representa una situación de riesgo para sus habitantes.
Indicó que se demostró que la zona objeto de la acción se encuentra
expuesta a eventos naturales o antrópicos que afectan los usos del
lugar y que debido a los deslizamientos en la margen derecha del
afluente Caño Seco se disminuye la capacidad hidráulica del drenaje,
generando represamientos y colmatando el box coulvert lo cual
representa un peligro inminente para las personas y vehículos que
transitan la vía.
Manifestó que debía confirmarse la orden impartida al
DEPARTAMENTO, toda vez que es el competente para realizar las
gestiones relacionadas con el incumplimiento por parte de las
canteras en la implementación de las medidas de recolección de
aguas y de mitigación de la erosión y deslizamientos, en los términos
de las leyes 685 de 2001 y 1530 de 2012 y las resoluciones 237 de
2019, 113 y 624 de 2020 y 810 de 2021, expedidas por la ANM.
Señaló que el MUNICIPIO, conforme con lo previsto en las leyes
1523 de 2012 y 388 de 1997, es el competente para adelantar
acciones en materia de gestión y mitigación del riesgo y acciones
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urbanísticas dentro de su territorio, por lo que le corresponde dar
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal.
Afirmó que CORANTIOQUIA es responsable del manejo ambiental
y de asesoramiento a municipios en materia de protección del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, por lo que en virtud
de los principios de i) coordinación de competencias; ii) concurrencia
entre entidades, mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no
jerárquica y en el ámbito de competencias y atribuciones propias de
las autoridades involucradas; y de iii) subsidiariedad, reconociendo
la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus
competencias; es dable que colabore al MUNICIPIO con la
realización de los estudios hidráulicos ordenados para determinar las
obras que garanticen la capacidad y continuidad hidráulica del canal,
así como los estudios sobre el riesgo y afectaciones en diferentes
puntos para determinar las acciones a seguir.
Indicó que respecto de la sociedad DEVIMED S.A., las órdenes
impartidas por el Tribunal debían ejecutarse según el ámbito de las
funciones y competencias propias de cada entidad en aplicación de
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, sin que
sea dable exigir a cada una de ellas actividades distintas a las que
según la ley les correspondan.
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Finalmente, manifestó que no era dable excluir a HATOVIAL S.A.S.
del comité de verificación de la sentencia, debido a la relación
contractual derivada del contrato de Concesión núm. 97-CO-20-
1738, suscrito con el DEPARTAMENTO y el ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, y a las obligaciones
de estabilidad de la obra que podrían verse impactadas por la
problemática objeto de la acción o las medidas que se implementen
con miras a darle una solución definitiva.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472 tiene como finalidad la protección de
los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
Caso concreto
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De conformidad con los antecedentes expuestos, la Sala resolverá
los siguientes problemas jurídicos.
i.- ¿Se vulneraron o amenazaron los derechos colectivos al goce de
un ambiente sano, a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente y al equilibrio ecológico y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución de los
residentes de la Unidad Toledo Campestre, con ocasión de los
deslizamientos de agua y residuos que se presentan en época de
lluvias?
ii.- De conformidad con los recursos de apelación, ¿a qué entidades
les corresponde dar cumplimiento a las órdenes impartidas por el
Tribunal en la sentencia apelada?
iii.- ¿La sociedad HATOVIAL S.A.S debe integrar el comité de
verificación dispuesto por el Tribunal?
De la vulneración o amenaza a los derechos colectivos
Para resolver el cuestionamiento formulado, la Sala destaca como
relevante el siguiente material probatorio debidamente allegado al
expediente:
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• Doce (12) videos19 sin fecha en los que se observa el
desbordamiento de agua con escombros en la vía que presuntamente
limita con el conjunto objeto de la presente acción.
• Cuarenta y cuatro (44) fotografías20 en las que se observa el
desbordamiento de agua con escombros en la vía colindante a la
urbanización objeto de estudio, la inundación de su zona de parqueo
y el mal estado de la vía con posterioridad.
• Contrato de concesión núm. 275 de 23 de mayo de 199621 suscrito
por el INVÍAS y DEVIMED S.A. cuyo objeto es: “[…]ejecutar por el
sistema de concesión, según lo establecido por el artículo 32,
numeral 4º de la Ley 80 de 1993, los estudios, diseños definitivos,
las obras de rehabilitación y de construcción, la operación y el
mantenimiento del proyecto “Medellín – Valle de Rionegro y
conexión a Puerto Triunfo – Caño Alegre”.
• Oficio núm. 1410 de 28 de mayo de 201522, cuyo asunto es “Informe
de visita de inspección y reconocimiento de descargas de aguas
19 Cfr. Archivos 457, 458, 459, 461, 463, 470, 472, 473, 474, 475 y
476_0500123330002020027940122EXPEDIENTEDIGI20220622143111 obrante en el
índice 2 del expediente digital.
20 Cfr. Archivos 464, 465, 466, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39,
40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67
_0500123330002020027940122EXPEDIENTEDIGI20220622143111 obrante en el índice 2
del expediente digital.
21 Cfr. Folio 1 a 35 del documento
494_0500123330002020027940122EXPEDIENTEDIGI20220622143111 obrante en el
índice 2 del expediente digital.
22 Cfr. Cfr. Folio 1 a 7 del link obrante en el documento
131_0500123330002020027940122EXPEDIENTEDIGI20220622143111 obrante en el
índice 2 del expediente digital.
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lluvias de la autopista Medellín Bogotá sobre quebrada La Seca”
suscrito por el ingeniero geólogo de la secretaria de Obras Públicas
del MUNICIPIO en el que se observa lo siguiente:
“[…] En el cruce de la autopista con la quebrada La Seca se
observaron dos descargas de aguas lluvias provenientes de la
autopista: Una sobre el borde superior de la calzada ascendente y
otra sobre el borde inferior de la calzada descendente; esta última de
mayor tamaño y especificaciones que la descarga superior.
[…]
La quebrada Seca se observó con un flujo reducido de aguas con una
marcada coloración rojiza y ferrosa, lo que hace suponer que se trata
de aguas provenientes de la descarga de la Planta de Tratamiento de
Aguas Manantiales de EPM localizada en la parte superior de esta
cuenca.
[…]
La descarga superior de aguas lluvias de la autopista no posee
estructuras de disipación, ya que consta de un canal abierto con baja
pendiente, sin embargo, sobre el cauce de la quebrada, se observa
socavación vertical intensa, dada la alta susceptibilidad del suelo a la
erosión hídrica.
Bajo el puente de la autopista, se observó un canal en concreto para
que discurran las aguas de la quebrada, sin embargo, las aguas corren
por un borde del canal que se encuentra seco, mientras las aguas
erodan paulatinamente el borde norte del canal, produciéndose
infiltración por debajo de la estructura de concreto.
[…]
La descarga inferior se realiza de forma diagonal al alineamiento de
la quebrada Seca y se realiza con un canal de aproximadamente 1,2
metros de sección con estructuras de disipación, dado el gran caudal
de aguas que pueden transitar por allí. Dicha descarga se realiza hacia
el cauce de la quebrada unos 6 metros antes de finalizar la estructura
de concreto de fondo de la quebrada […]”.
• Documento denominado “Estudio hidrológico e hidráulico de la
quebrada Caña Seca en tramo colindante con el futuro proyecto
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Toledo Campestre, calle 37 con carrera 45” de junio de 201623, en el
que se concluye lo siguiente:
“[…] Para la cuenca de la quebrada Cana Seca se estimaron caudales
de diseño a partir del método racional y el de hidrógrafas unitarias
sintéticas (William y Hann, Snyder, SCS) y dadas las características
de la cuenca y con el fin de asumir una postura conservadora, se
escogieron como caudales de diseño los estimados por el método
Racional ya que para el período de retorno de 100 años arrojó el
mayor resultado con un valor de 7,91 m3/s.
Este valor fue corroborado con la capacidad hidráulica máxima de la
tubería de entrada, cuya apta pendiente genera velocidades de flujo
que permitieron identificar la necesidad de una Obra de descole con
escalones para la disipación de energía.
El proyecto TOLEDO CAMPESTRE se ubica paralelo a un tramo de
canal abierto de la quebrada Caña Seca; canal que requiere de obras
de cruce para permitir el acceso al proyecto (un acceso vehicular y
otro acceso de personas con rampa para vehículos). A través del
estudio hidráulico se verifica que la presencia de dos tuberías mellizas
de 36', justo donde se presenta uno de los accesos, genera
insuficiencia hidráulica para el caudal de 100 años; situación que pone
en riesgo el proyecto pues el acceso tiene una rampa que permite
ingresar a niveles de sótano muy cercanos al nivel del lecho actual.
Las obras a construir se presentan a continuación, indicando que el
proyecto TOLEDO CAMPESTRE hace un esfuerzo importante para
mantener 23m en canal abierto de los 44 m existentes, y de los cuales
se requieren 3 m para adecuar el cabezote de disipación (CCI) y 20
m para un nuevo boxculvert (OC3) que permite acceder al proyecto;
recordando que el cambio de obra en las tuberías mellizas (10m
adicionales para OC3) permite mantener el cruce hacia el Acceso No
1 […]”.
• Oficio núm. 20180307095642161124693 de 7 de marzo de 2018 24
suscrito por el Líder de la Unidad de riesgo del AMVA, cuyo asunto
23 Cfr. Folio 65 a 68 del documento
99_0500123330002020027940122EXPEDIENTEDIGI20220622143111 obrante en el índice
2 del expediente digital.
24 Cfr. Folio 57 a 66 del documento
286_0500123330002020027940122EXPEDIENTEDIGI20220622143111 obrante en el
índice 2 del expediente digital.
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es: “visita de inspección por riesgo quebrada La Seca, barrio La
Gabriela”, en el que se informa lo siguiente:
“[…] Descripción de las condiciones identificadas
Esta quebrada presenta su zona de nacimiento en el sector aledaño a
la planta de tratamiento de aguas Manantiales de EPM y la empresa
Avícola "Granja Avícola Manantiales", donde se presenta un drenaje
natural, con un grado de incisión moderada y una pendiente media a
alta. En la zona aledaña a la avícola se observa la intervención de la
ladera con una serie de banqueos y movimientos de tierra para
emplazar los galpones. Estas actividades constructivas vienen
afectando la quebrada al depositar parte del material de excavación
sobre la ladera derecha de la misma y que por eventos inestabilidades
han invadido el lecho de la quebrada.
[…]
El cruce a la altura de la autopista Medellín — Bogotá se da a través
de un puente con una sección hidráulica importante. Se destaca que
en este punto se da la descarga de aguas lluvias y de escorrentía
provenientes de dicha vía, con los correspondientes disipadores de
energía. En este punto, no se identifican procesos de sedimentación
o trasporte de materiales gruesos asociado a dichas estructuras
hidráulicas. En los taludes aledaños a la quebrada se identifican
algunos movimientos en masa de tipo superficiales, además de
evidencias que sugieren la presencia de flujos subsuperficiales
provenientes de dichas zonas.
De acuerdo a información suministrada por DEVIMED, durante los
períodos de fuertes lluvias se ha identificado la presencia de
materiales grueso — granulares que son transportados por flujos de
agua provenientes de la parte alta de la vía privada que sirve de
acceso a la empresa ACYP y los cuales son depositados sobre la
autopista a la altura de la zona de báscula y encausadas a las
estructuras hidráulicas que vierten a la quebrada.
[…]
A partir de la Autopista Medellín - Bogotá, la corriente igualmente
continua en canal natural, con un grado de incisión moderado a alto,
donde se identifica un sector con buena cobertura vegetal asociado al
retiro de la quebrada, y la presencia de procesos principalmente de
tipo erosivo que generan zonas desprovistas de vegetación. En este
sector las pendientes de la ladera son principalmente escarpadas, por
lo que el tramo permanece libre de construcciones.
[…]
Aguas abajo, en la parte media de la cuenca, se presenta un primer
cambio de pendiente, donde la quebrada se presenta muy
intervenida, y se observa tanto el lecho como su zona de retiro
ocupado por un asentamiento urbano realizado sin planificación. Se
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presenta en este sector un canal natural con una sección hidráulica
tipo cajón, con un ancho promedio de 2m y una altura similar, en
algunos sectores se identifican algunos muros para el confinamiento
de los taludes. La quebrada presenta un grado de incisión moderada.
[…]
A la altura de la calle 37, donde se presenta un importante cambio en
la pendiente de la ladera analizada, la corriente igualmente discurre
a través de un canal con un alto nivel de intervención antrópica
representada por la ocupación de ambas márgenes con
construcciones, muchas de ellas localizadas sobre el cauce de la
quebrada, generando estrangulamiento y disminución en la capacidad
hidráulica de la misma. Igualmente, la comunidad ha construido
puentes peatonales de acceso a las viviendas sobre dicho canal
generando focos de taponamiento. Parte de la quebrada es conducida
por un par de tuberías las cuales son insuficientes y de fácil
taponamiento cuando se presentan fuertes lluvias, razón por la cual,
la quebrada ya ha generado inundaciones en el sector de La Orquídea,
la vía a Machado y todo el sector industrial donde se ubica la fábrica
INCAMETAL.
[…]
En este sector donde se construye el proyecto urbanístico Toledo
Campestre, se ha realizado una intervención de la quebrada
consistente en una estructura combinada de box-coulver y canal, para
permitir el acceso a los edificios, así también un cabezote con
escalones que permite empalmar y recibir las aguas de las tuberías
ya mencionadas, luego un canal rectangular I .5m x 1.5m escalonado
en concreto y piedra pegada de unos 20 metros, y un boxculvert
rectangular de 1.5mxI .5m de unos 30 metros (reemplazando unas
tuberías existentes que conectaban con el box de la vías a Machado).
[…]
La quebrada al pasar sobre la vía principal La Gabriela- Machado,
cambia a un canal en concreto a un canal natural paralelo a la vía de
ingreso a INCAMETAL y a la urbanización "la Vida es Bella, el cual se
ha venido colmatando con material proveniente de las partes altas,
por lo que al presentarse lluvias altas esta ha perdido capacidad
hidráulica y se desborda fácilmente.
[…]
En general, se puede concluir que el barrio la Gabriela y el sector La
orquídea perteneciente al municipio de Bello, situado sobre la ladera
oriental del Valle de Aburrá, presenta una serie de problemas de tipo
geológico e hidráulicos como son: susceptibilidad de procesos
erosivos tales como movimiento de masa (deslizamiento y caída de
rocas); erosión superficial y concentrada, inundaciones provocadas
por desviación y socavación de cauces, altas pendientes construcción
de viviendas sobre la quebrada y en la zona de retiro de la quebrada
la seca, existencias de estructuras hidráulicas insuficiente y de
secciones no recomendadas (tuberías mellizas de poca capacidad
Hidráulica) […]”.
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• Estudio previo del concurso de méritos abierto de 8 de octubre de
201825 elaborado por el secretario de obras públicas del MUNICIPIO
en el que se señala sobre la zona denominada “Cañada Seca” ubicada
en el sector orquídea 1 en la calle 37 con carrera 42B, lo siguiente:
“[…] El caño que bordea el asentamiento Orquídea 1, tiene su
nacimiento desde lo más alto de la montaña y cruza debajo de un
puente, la denominada autopista Medellín- Bogotá. En los sectores
donde comienza a darse el asentamiento humano, el caño es
estrechado por la infraestructura de las viviendas ubicadas en ambas
márgenes y su caudal base pasa a ser básicamente el producto del
vertimiento da las aguas residuales de las mencionadas Casas del
sector. Ver Foto 9.
[…]
Hacia aguas abajo, el caño, pretendió ser confinado en una tubería,
la cual no solo resultó ser insuficiente hidráulicamente, sino también
fue colmatada y levantada por el material de arrastre del flujo y la
sub-presión, generando un desbordamiento que afectó la vía,
viviendas y urbanizaciones que actualmente se construyen en
la parte baja de la micro-cuenca. Ver foto 10.
[…]
En el sitio de más aguas abajo, donde se construye un conjunto
residencial, se da nuevamente continuidad al caño mediante un canal
rectangular escalonado en concreto de 1.5mx1.5m. Ver foto 11.
25 Cfr. Folios 10 a 36 del documento
550_0500123330002020027940137EXPEDIENTEDIGI20220622141409 obrante en el
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Foto 11. Canal escalonado construido por las Urbanizaciones en la
parte baja de la microcuenca. No obstante, no se logra garantizar
la continuidad hidráulica de la vertiente y los desbordamientos
se sucederán incluso ante la ocurrencia de avenidas menores,
hasta tanto no se garantice una sección hidráulica adecuada
entre el mencionado sitio de control hidráulico y el canal
existente construido por las urbanizaciones.
Acciones a seguir en el corto plazo:
• Es importante recuperar la sección hidráulica del caño entre el sitio
de control especificado y el canal construido por las urbanizaciones.
Para dicho fin, se deberá dar continuidad al último diseño, por lo que
es fundamental contar con la participación comprometida de dichos
empresarios, pues actualmente son los más afectados por los
desbordamientos que se presentan aguas arriba […]”.
• Contrato núm. 1178 de 201826, suscrito entre el MUNICIPIO y
ORBEMASTER INGENIERIA Y MAGISTRALES S.A.S. con el objeto
de realizar “[…] estudios y diseños que involucran la elaboración y/o
revisión de componentes hidrológico, hidráulico, geotécnico y
estructural en puntos críticos de quebradas del Municipio de Bello
[…]”, en el que se incluye como punto crítico el denominado “cañada
seca, sitio de referencia calle 37A con carrera 42, en una longitud
aproximada de 100m”.
• Informe de diseño denominado “realización de estudios y diseños
que involucran la elaboración y/o revisión de componentes
hidrológico, hidráulico, geotécnico y estructural en puntos críticos en
las quebradas La Avelina, Caño Seco, La Loca y La Montañita del
26 Cfr. Folios 1 a 6 del documento
550_0500123330002020027940137EXPEDIENTEDIGI20220622141409 obrante en el
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Municipio de Bello” de diciembre de 201827, elaborado por
ORBEMASTER INGENIERIA Y MAGISTRALES S.A.S. en el que se
recomienda lo siguiente respecto de la problemática de la quebrada
Caño Seco:
“[…] 2.1.3. Procesos morfogenéticos.
Los procesos morfogenéticos actuantes en el tramo de estudio son
eminentemente erosivos, caracterizados por el arrastre de lodo y
bloques de roca de tamaños cetimétricos y decimétricos que al llegar
a la zona urbanizada descarga materiales a lo largo de las calles de
barrio.
La matriz limo arcillosa del depósito coluvial (Qcd) es fácilmente
deleznable y es arrastrada por la acción de las aguas de escorrentía
formando un lecho rocoso. Cuando los caudales son grandes, se
produce arrastre de bloques, así como una profunda incisión del
cauce.
Las alteraciones antrópicas sufridas por la quebrada por efecto de las
construcciones irregulares, así como las alteraciones morfológicas y
el cambio en las condiciones hidrológicas superficiales
(explanaciones, infiltraciones de aguas y llegada de flujos de aguas
lluvias de un tramo de la autopista Medellín- Bogotá), así como la
construcción de obras hidráulicas para el encausamiento de las aguas
de la quebrada, han producido un fuerte desbalance de las dinámicas
naturales y un incremento importante en la magnitud de los procesos
erosivos.
Parte de las aguas del caño son entubadas y conducidas hacia un
pequeño canal abierto en concreto de pobres dimensiones, construido
por el proyecto Toledo Campestre. De allí las aguas cruzan un box
culvert para cruzar la vía Acevedo Machado, para salir directamente
a la llanura aluvial del río Aburrá.
La problemática de este tramo es debida a manejos
inadecuados de la quebrada, principalmente el entubamiento
de sus aguas, lo cual favorece el taponamiento de las
estructuras y el desbordamiento de las aguas sobre sectores
ocupados por viviendas.
[…]
2.1.5. Recomendaciones para el manejo del tramo de estudio.
27 Cfr. Folios 30 a 35 del documento
552_0500123330002020027940137EXPEDIENTEDIGI20220622141409 obrante en el
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El manejo del tramo de estudio se plantea mediante un canal artificial
cerrado en concreto (cobertura). Inicialmente, los factores de diseño
de este nuevo canal a tener en cuenta para remediar las condiciones
actuales del tramo de estudio son:
• Erosión intensa de la corriente evidenciada como incisión profunda
del cauce y socavación de orillas.
• Gran capacidad de arrastre de materiales por la alta pendiente,
principalmente tamaños decimétricos.
• Baja capacidad hidráulica del canal natural existente, así como de
las obras hidráulicas construidas al lado de la Urbanización Toledo
Campestre.
Se sugiere la construcción de un canal abierto en concreto de alta
resistencia a la abrasión ejercida por las aguas y el arrastre de
sedimentos. Dicho canal deberá reemplazar las tuberías actuales (2)
y deberá disponer de escalonamientos del lecho a manera de
disipadores de energía.
A la entrada de esta nueva estructura, se recomienda la adecuación
de unas aletas de entrada provistas de una llave de concreto para el
control de la erosión, así como la instalación de estructuras de
retención de rocas y otros materiales, con el fin de evitar la
colmatación del canal y la permanencia de las condiciones de
suficiencia hidráulica.
El nuevo canal se considerará como estructura auto soportada sobre
el lecho de la quebrada. No se considerarán esfuerzos laterales
ejercidas sobre los muros del canal, pero este deberá contar con los
suficientes frenes (oídos) que faciliten el paso de las aguas desde los
flancos de la quebrada hacia el canal.
Para la retención de rocas, se recomienda el empotramiento de una
viga de acero preliminar a 0,40 m de altura del fondo del canal en
concreto (para retener rocas de 0,40 m en adelante) y otra viga de
acero a 0,20 m de altura sobre el fondo del canal, para la retención
de rocas de 0,20 m de diámetro en adelante.
No se recomienda la colocación de mallas a la entrada de la
estructura.
El sitio de entrada donde se pudieran acumular los materiales
gruesos, deberá quedar despejado de modo que se facilite su
mantenimiento periódico.
Sobre la parte baja de la quebrada, al ingreso de esta a la llanura
aluvial del río Aburra, se recomienda la construcción de un pozo de
sedimentación para la captura de materiales tipo gravas y arenas, las
cuales no serían transportadas por el flujo de la corriente y deben ser
limpiados periódicamente […]”.
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• Concepto técnico de visita de fiscalización de 15 de octubre de
201928 del contrato de concesión núm. T2148005 suscrito con la
MINERA PELÁEZ HERMANOS Y CIA, en el que se indica que “[…]
se evidencia una serie de taludes sin ningún tipo de diseño, control
o estabilización, los mismos que con el tiempo, y de forma
incontrolada con la ayuda de procesos naturales de denudación
(erosión principalmente) en particular el agua lluvia y de escorrentía
[…]” y que “[…] no se efectúa un adecuado manejo de las aguas
lluvias o escorrentía en esta […]”.
• Concepto técnico de visita de fiscalización de 27 de noviembre de
201929 del contrato de concesión T1572005 suscrito con la MINERA
PELÁEZ HERMANOS Y CIA, en el que se evidencia que “[…]
presenta problemas con la estabilidad de un talud cara a la Autopista
Medellín — Bogotá. Lo anterior, debido a procesos erosivos,
ocasionados por agua de escorrentía, que ha removido la vegetación
(cobertura vegetal), generado cárcavas, movimientos en masa y
desprendimientos menores […]”.
28 Cfr. Folio 6 del documento
43_0500123330002020027940137EXPEDIENTEDIGI20220622141409 obrante en el índice
2 del expediente digital.
29 Cfr. Folio 9 del documento
41_0500123330002020027940135EXPEDIENTEDIGI20220622141409 obrante en el índice
2 del expediente digital.
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• Informe de asesoría o asistencia técnica de 202030, elaborado por
el contratista del Departamento Administrativo del Sistema de
Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de Antioquia, en
el que se evalúa el nivel de riesgo por inestabilidad del terreno en el
K1+800 y k0+800 de la margen derecha de la autopista Medellín –
Bogotá, en el que se señala lo siguiente:
“[…] Antecedentes
El 3 de agosto del 2020 Devimed emite un informe reiterando
afectaciones en los taludes entre los Km 00+800 y K1+800, los cuales
se encuentran directamente relacionados con los movimientos de
tierra generados por la explotación minera y el inadecuado manejo
de las aguas de escorrentía al interior de los predios ubicados sobre
la margen derecha de la vía, situaciones que ponen en riesgo la
infraestructura vial nacional y a los usuarios de la vía.
Situación encontrada: se realizó la visita de asesoría técnica en
compañía de Juan Jacobo Zuluaga – Subdirector Operativo Devimed
y Alejandra Diaz – Gestión del Riesgo del municipio de Bello. El
recorrido de inspección visual se realizó en la margen derecha de la
vía Medellín- Bogotá, K1+800, desde el restaurante “Donde
Humberto” y K00+800 a la altura de Caño seco. (Figura 1).
[…]
La Tabla 1 indica los puntos de control registrados en campo, la
descripción y coordenadas geográficas en el sistema WGS84.
Se realiza una inspección visual en el K1+800, sobre la margen
derecha, en los predios de una mina a cielo abierto, inactiva hace 12
años, que presenta pendiente alta, suelos desnudos sin ningún
30 Cfr. Folios 26 a 35 del documento
93_0500123330002020027940116EXPEDIENTEDIGI20220622143111 obrante en el índice
2 del expediente digital.
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tratamiento para las aguas lluvias y de escorrentía que lavan el
material, generando cárcavas, surcos y socavación en el terreno. Se
evidenció un deslizamiento sobre la vía interna de la cantera inactiva,
en la margen derecha de una fuente hídrica que separa la mina en
estado de abandono, con la explotación del título minero de Canteras
de Colombia, propiedad de Argos (Imagen 1, 4).
La actividad minera en el final de su ciclo, debe efectuar unos
requerimientos ambientales como parte del plan de cierre y abandono
de mina y actividades de monitoreo después de terminado su ciclo
minero, con el objetivo de garantizar la protección de la salud
humana, infraestructura, medio ambiente y dar un uso adecuado al
terreno una vez se concluya la operación minera. Estos requisitos de
abandono técnico no se cumplieron en la cantera del K1+800, por lo
que se está generando inestabilidad en el terreno lo que podría
desencadenar en un movimiento en masa, afectando la
infraestructura de Canteras de Colombia, localizada en la parte baja
y la vía de carácter nacional, autopista Medellín - Bogotá.
En el K0+800, en el box Culvert de la quebrada Caño Seco, sobre la
margen derecha de la vía Medellín -Bogotá, se evidencia una
colmatación y saturación de la estructura, debido a las fuertes lluvias
que han lavado el material en la cabecera de la cuenca, en la
concesión a cielo abierto de Agregados Antioquia (Imagen 5,6).
Realizando una inspección visual en la concesión de Agregados de
Antioquia, se evidenció un deslizamiento en la margen derecha del
afluente caño seco, material que se sigue lavando y transportando al
cauce, disminuyendo la capacidad hidráulica del drenaje, generando
represamientos y colmatando el Box Culvert antes mencionado, que
ya ha sufrido taponamiento y desborde, llegando los sedimentos
hasta la doble calzada, representando un peligro inminente para las
personas y vehículos que transitan la vía, situación que se agudiza en
la temporada de lluvias.
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Devimed, mediante fotografías, identificó grietas y cárcavas en la
parte alta de la ladera, localizada en la concesión minera de Canteras
de Colombia, propiedad de Argos y en los límites de Agregados de
Colombia. El concesionario tiene programada una reunión con
Agregados de Colombia, para dar a conocer manejo geotécnico a la
zona límite entre los dos títulos, además de buscar proteger en
conjunto los intereses mineros y darle manejo y solución al
movimiento en masa (Imagen 7).
Conclusiones
• Sobre el K1+800 la inactividad y abandono de una mina a cielo
abierto, generó procesos erosivos que implican movimiento,
transporte de material, surcos, cárcavas y deslizamientos,
desestabilizando el terreno, que se puede materializar en movimiento
en masa, poniendo en riesgo la infraestructura de Canteras de
Colombia y la vía nacional, autopista Medellín – Bogotá y a los
usuarios de la vía.
• En la concesión de Agregados de Antioquia se generó un
deslizamiento, en la margen derecha de la quebrada Caño Seco,
obstruyendo y represando el Box Culvert a la altura de la autopista
Medellín - Bogotá, K0+800.
• En el título minero de Canteras de Colombia y límites del área de
Agregados de Antioquia, se presentan procesos morfodinámicos en la
ladera, generando un posible movimiento en masa en cuya área de
influencia existen viviendas y la infraestructura vial, autopista
Medellín -Bogotá.
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Recomendaciones
• Se debe requerir por medio de la autoridad minera y ambiental, al
titular de la mina inactiva, del K1+800, para que realice el adecuado
cierre y abandono técnico de la mina, en cumplimiento del PTO y de
la licencia ambiental previamente aprobada.
• Se debe realizar una reconformación del terreno y obras de manejo
de aguas lluvias y de escorrentía y obras que garanticen la estabilidad
de la ladera.
• Se debe informar a Canteras de Colombia, localizada en límites de
la explotación inactiva, sobre la amenaza y el escenario de riesgo que
se genera a causa de la inestabilidad del terreno, con el fin de
actualizar el plan de contingencias, definir las acciones para la
prevención, control y determinar la metodología necesaria para
responder oportuna y eficazmente ante una emergencia.
• Se debe limpiar el canal del cauce de la quebrada Caño Seco, para
ampliar la capacidad hidráulica del mismo y evitar desbordamientos.
• Se recomienda realizar trinchos y sembrar vegetación en el
desprendimiento que se generó en la cabecera de la quebrada Caño
Seco, para evitar que el material se transporte hasta el cauce,
generando represamientos y taponamiento del box culvert […]”.
• Memorando núm. 20210122153842841155 de 22 de enero de
202131 suscrito por el subdirector Ambiental del AMVA.
“[…] En respuesta al memorando del asunto, me permito informarle
que:
1. Desde la unidad de Gestión del Riesgo de la Subdirección
Ambiental, se han realizado visitas al sector y lugares aledaños al
proyecto Toledo Campestre, con el fin de dar atención a solicitudes
relacionadas con las inundaciones que se han presentado,
evidenciando que la problemática se genera desde aguas arriba en la
zona de la autopista Medellín-Bogotá debido a las actividades allí
desarrolladas, así como la construcción no planificada de viviendas,
de la cual podemos destacar entre otras, la siguiente afirmación
contenida en la comunicación oficial despachada 004693 de marzo 07
de 2018 dirigida al municipio de Bello como sigue:
“A la altura de la calle 37, donde se presenta un importante cambio
en la pendiente de la ladera analizada, la corriente igualmente
31 Cfr. Folio 81 a 82 del documento
286_0500123330002020027940122EXPEDIENTEDIGI20220622143111 obrante en el
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discurre a través de un canal con un alto nivel de intervención
antrópica representada por la ocupación de ambas márgenes con
construcciones, muchas de ellas localizadas sobre el cauce de la
quebrada, generando estrangulamiento y disminución en la capacidad
hidráulica de la misma, igualmente la comunidad ha construido
puentes de acceso a las viviendas sobre dicho canal generando focos
de taponamiento. Parte de la quebrada es conducida por un par de
tuberías las cuáles son insuficientes y de fácil taponamiento cuando
se presentan fuertes lluvias, razón por la cual, la quebrada ya ha
generado inundaciones en el sector de la Orquídea, la vía a Machado
y todo el sector donde se ubica la fábrica INCAMETAL.
Igualmente, en la comunicación oficial despachada 10005 de mayo
02 de 2018 dirigida al municipio de Bello, se incluye la información de
la visita realizada dado el evento de inundación del 09 de abril del
mismo año, en el cual las obras construidas en el proyecto Toledo
Campestre fueron colmatadas, donde también se evidencia que la
problemática es generada aguas arriba, destacando lo siguiente: “
Es importante resaltar que en este evento ocurrido el 09 de abril, bien
sea en los tramos donde la quebrada se colmató y taponó la
estructura hidráulica, o en los tramos donde se desbordó inundando
el sector, se observa el depósito de material granular grueso producto
de la creciente y el transporte de los mismos que realizó la quebrada
desde aguas arriba”.
2. En varias visitas realizadas por parte de la Unidad de Control y
Vigilancia, también se evidenció la situación, manifestándolo en los
informes técnicos, recomendando dar conocimiento al Municipio de
Bello.
3. Los permisos otorgados al proyecto Toledo Campestre fueron
evaluados con toda la rigurosidad técnica, y las obras aprobadas por
la Entidad fueron construidas de acuerdo a sus diseños y no
representan amenazas o generan algún tipo de afectación a la
problemática que se presenta en el sector, y no están asociados a los
problemas de inundación del mismo, estos se presentan debido a un
problema general desde aguas arriba de la quebrada antes de llegar
al proyecto en mención […]”.
• Informe de visita técnica realizada por funcionario de la Unidad
Operación y Mantenimiento Gestión de Aguas Residuales de EPM con
acompañamiento del señor CRISTIAN ANDRÉS ECHEVERRI
JARAMILLO el 2 de febrero de 202132, en el que se informa sobre el
32 Cfr. Folios 1 a 21 del documento
495_0500123330002020027940116EXPEDIENTEDIGI20220622143111 obrante en el
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debido funcionamiento de las redes de alcantarillado en la zona
objeto de la acción popular, así:
“[…] Con relación a la cuneta ubicada en la autopista Medellín Bogotá,
corresponde a la vía, y es de competencia del concesionario de esta,
recoge aguas de escorrentía que, en eventos de lluvia, descargan a la
quebrada La Seca, asunto que no es de competencia de EPM.
[…]
RESPECTO A LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR QUE SE
MENCIONA EN LA DEMANDA
Con relación a las redes de alcantarillado, solo se cuenta en el lugar
(sobre la CL 37, sitio de ubicación y acceso a la Urbanización Toledo
Campestre) con un tramo de red en operación y la descarga de
Manantiales, ambas estructuras sin inconvenientes que puedan
relacionarse con la problemática del asunto, de igual forma las redes
ubicadas sobre la CR 45 no presentan inconveniente alguno (como
tampoco son mencionadas en la acción judicial) tal como pudo
apreciarse en presencia del accionante.
Las demás redes, construidas y/o en construcción, que se aprecian
sobre la CL 37, están a cargo de la Urbanización Tierra Linda
Campestre, constructora ProHogar (de acuerdo con el sistema Gnet) y
debe ser desde la Unidad Vinculación y Desarrollo Urbanístico Aguas
que se informe si EPM ha recibido las redes para operación y
mantenimiento.
COMPLEMENTO DE LA INFORMACIÓN ANTERIOR
Complementando la información antes citada, podemos indicar frente
a las consultas o preguntas planteadas, desde el Equipo de
Mantenimiento Pedregal lo siguiente:
1) Informar cómo es la conformación de las redes aguas residuales en
el sector de Unidad Toledo Campestre, y en la Unidad en construcción
de proyecto inmobiliario denominado “Tierra Linda Campestre”, y si
EPM está a cargo de dichas redes de aguas residuales.
RESPUESTA: Las redes actualmente que se tienen en operación sobre
la CL 37, zona de ingreso a Toledo Campestre se aprecian
(esquemáticamente) como se aprecia en el dibujo, se trata de un tramo
de red de Aguas Residuales y la descarga de la Planta de Potabilización
Manantiales, ambas redes funcionan de forma adecuada:
[…]
En ejecución se encuentran las obras de la Urbanización Tierra Linda
Campestre, y las redes en diseño, ejecución y/o construidas se
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aprecian tal cual se indica en el presente esquema, tener en cuenta
que dichas redes no son operadas por EPM (No se han recibido
entendemos desde la Unidad de Vinculación o al menos así aparece en
el sistema Gnet) y, durante visita realizada el día 02 de febrero de
2021 se aprecia como la firma contratista está realizando trabajos de
reparación por una fuga en una de estas redes:
[…]
2) Informar estado de las redes de aguas residuales de EPM en los
sectores citados en la demanda.
RESPUESTA: Las redes de alcantarillado operadas por EPM en el lugar
funcionan de forma adecuada, como se indica, solo se cuenta con un
tramo de red de residuales sobre la calle 37 así como la descarga de la
Planta Manantiales.
De igual forma las redes ubicadas sobre la CR 45 no presentan
inconveniente alguno (como tampoco son mencionadas en la acción
judicial) tal como pudo apreciarse en presencia del accionante.
Ver esquemas.
3) Informar si EPM ha tenido y atendido reclamaciones por fallas en las
redes de alcantarillado en el sector o sectores citados en la demanda;
y en caso afirmativo, cómo se han atendido.
RESPUESTA: Sobre la CL 37 no se han reportado por los usuarios ni
atendió inconvenientes con las redes de alcantarillado operadas por
EPM, especialmente frente a la Urbanización Toledo Campestre.
4) Establecer el diagnóstico de las redes de aguas residuales en el
sector citado en la demanda.
RESPUESTA: Las redes operadas por EPM en el lugar funcionan de
forma adecuada, sin problemas.
5) Informar si existe o no alguna relación entre las afectaciones o
amenazas que se citan en la demanda con respecto a la existencia y
funcionamiento de las redes de aguas residuales de EPM en el sector.
RESPUESTA: La dirección indicada y el sector se visitó en dos
oportunidades y en la segunda visita se conversó directamente con el
accionante, Señor Cristian Andrés Echeverri Jaramillo (ver fotografías)
quien manifiesta que la problemática sobre la cual versa la Acción
Popular, está relacionada con el desbordamiento de la quebrada La
Seca y obras que, sobre la cobertura de la misma, ha realizado la firma
Prohogar S.A.S. durante la construcción de la Urbanización Tierra Linda
Campestre, así como la descarga de una cuneta, ubicada sobre la vía
Medellín Bogotá, a la misma quebrada, indica el accionante que en
eventos de lluvia fuerte se desborda la quebrada y genera afectaciones
a la Unidad residencial Toledo Campestre.
En presencia del accionante y personal de la administración de Toledo
Campestre se revisaron las redes de alcantarillado operadas por EPM
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sin encontrar problemas en las mismas que puedan ser relacionadas
con la problemática que dio origen a la Acción Popular del asunto. Se
adjuntan fotografías de la inspección realizada a las redes de
alcantarillado de EPM.
[…]
6) Informar cuáles son las responsabilidades de EPM en el sector, en
especial en la zona de autopista norte y el cauce de la quebrada Seca,
o, a quién le compete las obras que están pidiendo en las pretensiones
de la demanda, en especial, las obras necesarias para canalizar la
precipitación de aguas sobre la autopista Medellín-Bogotá.
RESPUESTA: Sobre la descarga de la cuneta que se ubica sobre la
autopista Medellín Bogotá no tenemos competencia en EPM, debe
revisarse el tema de la concesionaria de la vía; de igual forma no
tenemos competencia sobre las quebradas o fuentes de agua,
corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente (Área Metropolitana).
[…]
7) Explicar si EPM es o no responsable de las afectaciones o amenazas
que se indican en la demanda.
RESPUESTA: Como se indica, la problemática de la Acción Popular y
luego de conversar con el accionante, está relacionada con el
desbordamiento de la quebrada La Seca y obras ejecutadas por la firma
ProHogar S.A.S. en el sector y sobre la cobertura de dicha quebrada
(de acuerdo con el accionante) así como la descarga de la cuneta sobre
la autopista Medellín Bogotá.
El accionante no presenta inconformidad con las redes de alcantarillado
operadas por EPM.
8) Informar cuáles son los programas de mantenimiento preventivo y
correctivo de redes de aguas residuales en el sector de los hechos,
cómo se ejecutan esos mantenimientos, y con qué periodicidad, por
pate de EPM.
RESPUESTA: Sobre la descarga de la planta Manantiales recientemente
se han realizado trabajos de rehabilitación de la red, pero aguas abajo,
alejadas de la urbanización Toledo Campestre y, como se ha indicado,
existe solo un tramo de red de aguas residuales frente a la portería de
la Urbanización Toledo Campestre el cual se trata de un arranque y no
presenta inconvenientes que se puedan relacionar con la Acción
Popular de parte de los accionantes […]”.
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• Informe de visita realizada el 2 y 3 de junio de 202133, al área del
título minero de placa C788005 por parte de un ingeniero de Minas y
Metalurgia de la Secretaría de Minas de Antioquia, en el que se
advierte la existencia de riesgo de afectación de la vía Medellín –
Bogotá por presencia de lodo y agua que proviene de dicha área así:
“[…] Se evidenció en los días de la visita, una afectación en la zona
de planta y beneficio y vías de acceso al título minero por el
desbordamiento de la Quebrada La Gabriela. Esta afectación puede
ser ocasionada debido al arrastre de material proveniente de las
laderas y taludes del título T2148005 y la ladera por fuera del título
H4381005, pero colindante con el mismo y al acopio de material
dentro del título H4381005. Este arrastre de sólidos y sedimentos
tapona y obstruye las piscinas de sedimentación acondicionadas por
Concretos Argos, pero no es suficiente en épocas de fuertes
precipitaciones. En consecuencia, las afectaciones son la detención de
la operación en la planta de beneficio y acceso al área, como también
detención en cargue despacho de material; se vio también
afectación sobre la autopista Medellín — Bogotá por presencia
de lodo y agua, pudiendo generar riesgo sobre los transeúntes
de esta. Puede presentarse también deslizamientos de la ladera del
título T2148005 sobre infraestructura y personal de Concretos Argos
SAS.
Se evidenció en algunos taludes del retrollenado cárcavas causadas
por erosión, atribuidas a la escorrentía del agua por la cara del talud
[…]”.
Del anterior recuento probatorio, la Sala advierte que se encuentra
acreditada la vulneración de los derechos colectivos invocados,
habida cuenta que se demostró que en el área en la que está ubicada
la Unidad Toledo Campestre, se presentan desbordamientos de
aguas y materiales que ponen en riesgo a los transeúntes y
residentes del sector.
33 Cfr. Folio 10 del documento
16_0500123330002020027940110EXPEDIENTEDIGI20220622141408 obrante en el índice
2 del expediente digital.
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En efecto, del examen en conjunto del material probatorio se observa
que el proyecto Toledo Campestre presenta riesgo de inundación por
diversos factores, entre los cuales se encuentra el desbordamiento
de la quebrada Caño Seco, el deslizamiento de residuos y aguas
desde la montaña ubicada en la zona superior de la autopista
Medellín – Bogotá, la existencia de una empresa avícola en la zona y
la ubicación de construcciones en zonas que afectan el cauce de la
mencionada quebrada.
Ahora, la Sala observa que pese a que desde el año 2015 se han
identificado varios factores que ponen en riesgo la seguridad de los
habitantes objeto de la acción popular y que el MUNICIPIO incluso
suscribió el Contrato núm. 1178 de 2018 -antes de la radicación de
la acción popular de la referencia-, con la finalidad de identificar las
medidas que debían realizarse para mitigar el riesgo, de los
elementos probatorios aportados al expediente se advierte que no se
acreditó que se hubieran ejecutado las actividades tendientes a
brindar solución definitiva a la problemática presentada o que
mitigaran el riesgo al que se ven sometidos los habitantes del sector.
Por ello, la Sala considera que no asiste razón al MUNICIPIO cuando
sostiene que no está acreditada la vulneración del derecho colectivo
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente,
toda vez que se demostró que el sector en el que se encuentra
ubicada la Unidad Toledo Campestre presenta un riesgo de
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inundación y deslizamiento atribuible a diversos factores, respecto
de los cuales dicho ente territorial es competente para implementar
los procesos de gestión del riesgo, incluyendo el conocimiento y la
reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su
jurisdicción, en los términos de la Ley 1523 de 2012.
Sobre el particular, la Sala destaca que el Gobierno Nacional
mediante la Ley 1523, adoptó la Política Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres.
La normativa en mención define la gestión del riesgo de desastres
como “[…] un proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y
el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a
la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al
desarrollo sostenible […]”. Asimismo, dispuso que era una política de
desarrollo indispensable para garantizar, entre otros, la seguridad
territorial y los derechos e intereses colectivos de las poblaciones y
las comunidades en riesgo, razón por la que debe estar
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro,
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con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de
gobierno y la efectiva participación de la población34.
Como responsables de la gestión del riesgo, la Ley 1523 señaló a
todas las autoridades y habitantes del territorio. En
consecuencia, en tratándose de las autoridades, asignó a las
entidades públicas, privadas y comunitarias el desarrollo y ejecución
de los procesos de gestión del riesgo que comprenden conocimiento
y reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus
competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como
componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres.
Por su parte, cuando se trata de los habitantes del territorio, los hizo
corresponsables de la gestión del riesgo y, por tanto, deben actuar
con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal
como en lo de sus bienes y acatar lo dispuesto por las autoridades35.
En relación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres -Sistema Nacional-, en el artículo 5° dispuso que es el
conjunto de entidades públicas, privadas, de políticas, normas,
procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos,
así como la información atinente a la temática, que se aplica de
manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el País.
34 Ley 1523 de 2012. Artículo 1°.
35 Artículo 2°, idem.
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En los ámbitos territoriales, la Sala encuentra que la ley otorgó
funciones específicas en materia de gestión del riesgo a los
alcaldes y gobernadores. Respecto de los primeros, se advierte
que les fueron asignadas las funciones descritas a continuación:
1.- Como conductor del desarrollo local, “[…] es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo
en el distrito o Municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción
del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción
[…]”36.
2.- “[…] Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de
desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento
territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos
de gestión pública [...]”37.
3.- En un plazo no mayor a un año, contado a partir de que se
sancionó la Ley 1523, deberán incorporar en sus respectivos planes
de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre
desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo y,
por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos
fines, en particular, “[…] incluirán las previsiones de la Ley 9ª de
36 Supra nota 11. Artículo 14.
37 Ley 1523, Artículo 14, parágrafo.
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1989 y de la Ley 388 de 1997, o normas que las sustituyan, tales
como los mecanismos para el inventario de asentamientos en riesgo,
señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a
amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales o
antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de
reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a
tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo; la
constitución de reservas de tierras para hacer posibles tales
reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de
adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para
reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros […]”38.
Asimismo, el artículo 14 de la Ley 1523 identifica al alcalde, en su
calidad de conductor del desarrollo local, como el responsable directo
de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el
distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del
riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los
artículos 311 de la Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de
junio de 199439, que definen al Municipio como la entidad territorial
fundamental en la división político administrativa del Estado, cuya
finalidad es prestar los servicios públicos que determine la ley,
38 Ley 1523, artículo 40
39 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios”.
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construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes, buscar el bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su
territorio.
Por consiguiente, en lo atinente a la política de gestión y prevención
del riesgo, es al MUNICIPIO en cabeza de su alcalde, a quien
corresponde de manera principal implementar, ejecutar, desarrollar,
entre otras, las políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho
fin; no obstante, ello no indica que se deba dejar de lado que la
misma Ley 1523 y el Decreto 4147 de 2011, establecieron un trabajo
coordinado y armónico con las demás entidades, en punto al
desarrollo de dicha política40.
Además de lo anterior, la Sala señala que al MUNICIPIO también le
asisten mandatos expresos de conservación del medio ambiente,
pues debe “[…] velar por el adecuado manejo de los recursos
naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley
[…]”41, lo que de suyo implica el deber de promover y ejecutar
programas y políticas que propendan por la protección del medio
ambiente, así como ejercer el control y la vigilancia de los recursos
40 Igual consideración fue adoptada por la Sala en un asunto similar que fue resuelto en
sentencia de 28 de noviembre de 2019 (Expediente núm. 13001-23-33-000-2015-00052-
02. Consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón).
41 Ley 136 de 2 de junio de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. Artículo 3º,
numeral 10.
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naturales en su jurisdicción, amparado en sus atribuciones como
primera autoridad de policía del Municipio que, en todo caso, ha de
ejercer en coordinación con las entidades que integran el Sistema
Nacional Ambiental y el apoyo de la Policía Nacional.
En línea con lo anterior, el artículo 65 de la Ley 99 de 22 de diciembre
de 199342, prevé:
“[…] ARTÍCULO 65. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS, DE LOS
DISTRITOS Y DEL DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE
BOGOTA. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los
distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones
que les sean delegadas por la ley o de las que deleguen o transfieran
a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las
Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones
especiales:
[…] 2) Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias
superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y
la defensa del patrimonio ecológico del municipio;
4) Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de
desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel
departamental.
[…]
6) Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con
el apoyo de la Policía Nacional y en Coordinación con las demás
entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la
distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de
velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los
particulares en materia ambiental y de proteger el derecho
constitucional a un ambiente sano;
7) Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas
Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia
ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito
con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización,
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los
42 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones”.
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recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y
degradantes de las aguas, el aire o el suelo […]”.
De lo expuesto y de cara a los argumentos que fundamentaron el
recurso de apelación del ente territorial, la Sala considera, además
de la declaratoria de responsabilidad del MUNICIPIO por la
transgresión a los derechos colectivos invocados, que aun cuando el
origen del riesgo provenga de causas naturales o de intervenciones
antrópicas y la existencia de acciones y omisiones que resultan
endilgables a los demás sujetos que integran el extremo pasivo del
proceso, ello no tiene la potencialidad de exonerar al ente territorial
de las funciones que por mandato legal le son inherentes, valga decir,
el control urbanístico como expresión de sus facultades en materia
de ordenación del territorio, así como aquellas funciones
encaminadas a la protección del medio ambiente y los recursos
renovables en ese mismo espacio geográfico.
De los competentes para dar cumplimiento a las órdenes de
amparo impartidas por el Tribunal
En lo que tiene que ver con el recurso de apelación interpuesto por
DEVIMED S.A., la Sala observa que el Tribunal en el ordinal cuarto
de la sentencia apelada impartió la siguiente orden:
“[…] 2. El Municipio de Bello en coordinación con el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia, deberá realizar un
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estudio sobre el riesgo y afectaciones que se presenten en los
siguientes puntos:
[…]
• Establecer si los desagües que se encuentran en la autopista
Medellín Bogotá son adecuados, así como la forma en la que éstos
entregan en agua a la quebrada, determinando si deben ser
realizadas obras adicionales para un correcto funcionamiento, evento
en el cual, Devimed S.A., deberá concurrir con las labores a
adelantar […]”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que la orden
impartida por el Tribunal tiene como finalidad que el MUNICIPIO en
coordinación con el AMVA y CORANTIOQUIA realice un estudio de
riesgo con la finalidad de determinar si la funcionalidad de los
desagües de la autopista Medellín – Bogotá en el sector funcionan
debidamente o es necesario efectuar alguna obra adicional, la cual
debe estar a cargo del administrador de la vía, el cual corresponde a
DEVIMED S.A., conforme con lo establecido en el contrato de
concesión núm. 0275 de 23 de mayo de 1996.
Por ello, la Sala considera que no le asiste razón a dicha empresa y,
por tanto, no hay lugar a modificar la orden impartida por el Tribunal
comoquiera que en caso de que el estudio ordenado concluya que
debe efectuarse una obra adicional en la autopista Medellín – Bogotá,
esta debe realizarse por parte del concesionario de la vía quien es el
encargado actual de su debida operación y mantenimiento.
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En lo que tiene que ver con el recurso de apelación interpuesto por
CORANTIOQUIA, la Sala recuerda que, conforme con lo establecido
en el artículo 31 de la Ley 1523, corresponde a las corporaciones
autónomas regionales apoyar a las entidades territoriales de su
jurisdicción ambiental en la elaboración de “[…] estudios necesarios
para el conocimiento y la reducción del riesgo […]”, circunstancia de
la cual se desprende que, contrario a lo afirmado por la recurrente,
sí es competente para apoyar al MUNICIPIO en la elaboración de
los estudios ordenados en la sentencia apelada, más aún cuando
dicha entidad pone de presente que una de las zonas objeto de
estudio está en su jurisdicción, esto es, aquella en donde se
encuentra identificada la existencia de una empresa avícola que,
según las pruebas aportadas al proceso, por su actividad tiene la
potencialidad de generar parte del riesgo de inundación y
deslizamiento de tierra objeto de la acción.
Misma circunstancia se presenta respecto del AMVA, toda vez que,
como autoridad ambiental en la parte urbana del MUNICIPIO43, le
corresponde brindar el acompañamiento necesario para que la
entidad territorial adopte las medidas correspondientes encaminadas
43 El artículo 2° de la Ley 1625 de 2013 establece que las áreas metropolitanas “son
entidades administrativas de derecho público, formadas por un conjunto de dos o más
municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados entre sí por dinámicas
e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales
y tecnológicas que para la programación y coordinación de su desarrollo sustentable,
desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestación de servicios públicos
requieren una administración coordinada”.
El literal j) del artículo 7° de la mencionada ley prevé que compete al área metropolitana
“ejercer las funciones y competencias de autoridad ambiental en el perímetro urbano de
conformidad a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993”.
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a mitigar el riesgo de inundación y deslizamiento de tierra en la zona
objeto de controversia.
En efecto, a las autoridades ambientales, -sean corporaciones
autónomas regionales o áreas metropolitanas-, les corresponde la
“[…] ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre
medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar
cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes
sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento,
conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el
Ministerio del Medio Ambiente […]”.
El artículo 31 de la Ley 99 prevé como funciones de la autoridad
ambiental: i) el apoyo en materia ambiental que debe brindar al
municipio para la ordenación del territorio; ii) establecer las
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas en su
jurisdicción; iii) la ejecución de obras para la regulación de cauces y
corrientes de agua, recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales no renovables; iv) realizar actividades de análisis,
seguimiento, prevención y control de desastres; y v) adelantar con
la administración municipal programas de adecuación de áreas
urbanas en zonas de alto riesgo, como lo es el control de la erosión,
manejo de cauces y reforestación.
Dichas competencias fueron previstas en los siguientes términos:
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“Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán las siguientes funciones:
[…]
4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y
proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los
diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Nacional
Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar
a los Departamentos, distritos y Municipios de su comprensión
territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en
sus programas y proyectos en materia de protección del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se
asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas
por las distintas entidades territoriales;
5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el
ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y
ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en
cuenta en las decisiones que se adopten;
[…]
18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de
las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción,
conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales;
19) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa
contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y
de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa,
protección y adecuado manejo de cuencas hidrográficas del territorio
de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y
ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme
a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas
correspondientes;
Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con
las normas y reglamentos requieran de Licencia Ambiental, ésta
deberá ser expedida por el Ministerio del Medio Ambiente.
20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible
y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la
defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables;
[…]
23) Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control
de desastres, en coordinación con las demás autoridades
competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la
prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las
administraciones municipales o distritales programas de adecuación
de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de
erosión, manejo de cauces y reforestación;
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[…]
Parágrafo 3. Cuando una Corporación Autónoma Regional tenga por
objeto principal la defensa y protección del medio ambiente urbano,
podrá adelantar con las administraciones municipales o distritales
programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo,
tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación; así
mismo podrá administrar, manejar, operar y mantener las obras
ejecutadas o aquellas que le aporten o entreguen los municipios o
distritos para esos efectos;
Parágrafo 4. Las Corporaciones Autónomas Regionales realizarán sus
tareas en estrecha coordinación con las entidades territoriales y con
los organismos a las que éstas hayan asignado responsabilidades de
su competencia […]”.
Por su parte, el artículo 31 de la Ley 1523 ordena a las corporaciones
autónomas regionales apoyar a las entidades territoriales de su
jurisdicción ambiental en la elaboración de “[…] estudios necesarios
para el conocimiento y la reducción del riesgo […]”. Para el efecto, la
norma en comento previó:
“ARTÍCULO 31. LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES EN
EL SISTEMA NACIONAL. Las corporaciones autónomas regionales o
de desarrollo sostenible, que para efecto de la presente ley se
denominarán las corporaciones autónomas regionales, como
integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de las
funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o
las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las entidades
territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios
necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los
integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de
gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo.
PARÁGRAFO 1o. El papel de las corporaciones autónomas regionales
es complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y
gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión
del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio
y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de su
responsabilidad primaria en la implementación de los procesos de
gestión del riesgo de desastres.
PARÁGRAFO 2o. Las corporaciones autónomas regionales
deberán propender por la articulación de las acciones de
adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de
desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos
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contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial
sostenible.
PARÁGRAFO 3o. Las corporaciones autónomas regionales como
integrantes de los consejos territoriales de gestión del riesgo, en
desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia
y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las entidades
territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en
la implementación de los procesos de gestión del riesgo de
acuerdo con el ámbito de su competencia y serán
corresponsables en la implementación.
PARÁGRAFO 4o. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor
de lo establecido en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités
territoriales, harán parte de estos las autoridades ambientales locales
(Resaltado de la Sala).
Cabe resaltar que si bien el parágrafo 1 del artículo en mención
dispone que el papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de las Alcaldías y
Gobernaciones en apoyo de las tareas de gestión del riesgo que
corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio, ello no la
exime del cumplimiento de los deberes que le asisten en materia
ambiental y de gestión del riesgo, pues debe trabajar
coordinadamente con las demás entidades para la consecución de
dichos fines.
Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 29 de julio de
202144, consideró lo siguiente:
“[…] Como se observa, si bien el papel de la Corporación no
suple ni exime de sus funciones a los entes territoriales, recae
en ella el deber de asesorar y colaborar con las autoridades
territoriales (gobernaciones y alcaldías) en la prevención de
44Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero
ponente Oswaldo Giraldo López, Sentencia de 29 de julio de 2021, expediente núm. 47001
23 31 000 2011 08425 02.
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desastres, el análisis de zonas de alto riesgo y el diseño de
mecanismos de solución. Así las cosas, la Sala determina que
el papel de la Corporación no es subsidiario respecto de las
labores de alcaldías y gobernaciones.
6.4.3.3. En consonancia con lo anterior, conviene resaltar que, según
lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley 1523 de 2012, los
Consejos departamentales, distritales y municipales de Gestión del
Riesgo de Desastres, como instancias de coordinación, asesoría,
planeación y seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y
articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción
del riesgo y de manejo de desastres en la entidad territorial
correspondiente, están conformados por un representante de cada
una de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible dentro de la respectiva jurisdicción territorial.
Dicha representación no es en vano, pues resulta claro que el
propósito de la norma es fomentar un trabajo de cooperación
interinstitucional entre todas las entidades que hacen parte
del sistema, en búsqueda de corresponsabilidad e integralidad
en las acciones. Así las cosas, cualquier competencia que recaía en
los Comités de Prevención y Atención de Desastres, indirectamente lo
es de la Corporación al ser uno de sus miembros.
Conforme a todo lo dicho, la Sala no modificará las decisiones que en
este sentido emitió el Tribunal, ya que, con base en las
consideraciones expuestas, queda claro que es competencia de
CORPOMAG participar de manera activa en la búsqueda de soluciones
respecto del proceso erosivo de la zona costera de Pozos Colorados
ubicada en el Distrito de Santa Marta, lo que incluye realizar
estudios y asignar o gestionar recursos para la ejecución de
proyectos, en ejercicio de las funciones que en materia
ambiental y de gestión del riesgo de desastres la ley le ha
atribuido […]” (Resaltado de la Sala).
Del mismo modo, las corporaciones autónomas regionales están en
la facultad de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas
de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a
las normas de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de daños causados.
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Ahora, en lo que tiene que ver con el argumento expuesto por
CORANTIOQUIA referente a que dentro del proceso no obran
elementos probatorios que permitan establecer con certeza si los
galpones ubicados en su jurisdicción se encuentran activos o no, la
Sala advierte que, de las pruebas obrantes, en especial del Oficio
núm. 20180307095642161124693 de 7 de marzo de 2018, se
observa que si se encuentra acreditado que en dicha área se venían
realizando obras constructivas que inciden en la problemática objeto
de la acción popular, por lo que resultaba dable que se ordenara a la
autoridad demandada en conjunto con el MUNICIPIO y el AMVA
que elaborara el estudio correspondiente con la finalidad de
“establecer si en el galpón- avícola “Granja Avícola Manantiales” que
se encuentra aguas arriba, está generando alguna afectación a la
quebrada, y de ser así el Municipio deberá adelantar las acciones
sancionatorias y de mitigación a que hubiere lugar”.
Finalmente, la Sala considera que el hecho de que el AMVA estime
que su participación en la ejecución de las órdenes impartidas por el
Tribunal puede eventualmente afectar sus funciones de inspección y
vigilancia sobre las obras allí ejecutadas no justifica eximirse del
cumplimiento de sus deberes previstos en la Ley 99, en virtud de los
cuales es responsable de la vulneración de los derechos invocados,
por lo que hay lugar confirmar la decisión recurrida.
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Por lo expuesto, los recursos de apelación de las autoridades
ambientales no prosperan.
Ahora, en lo que tiene que ver con la competencia del
DEPARTAMENTO, la Sala observa que el Tribunal le ordenó lo
siguiente:
“[…] 4. El Departamento de Antioquia a través de la Dirección de
Fiscalización Minera, deberá realizar las gestiones jurídicas a que haya
lugar en el marco de los procesos de fiscalización adelantados frente
a las canteras que se encuentran aguas arriba de la quebrada Caño
Seco, quienes han incumplido los requerimientos para la realización
de cunetas para la recolección técnica de aguas, así como acciones
para la mitigación de erosión y deslizamientos […]”.
Al respecto, sobre la función de fiscalización de las normas de
seguridad mineras, la Sala, mediante sentencia de 7 de noviembre
de 202445, sostuvo lo siguiente:
“[…] A. La función de fiscalización de las normas de seguridad
mineras
161. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 27946, 31747,
318 y 324 del estatuto minero, luego de la inscripción del contrato de
concesión en el Registro Minero Nacional, inicia la obligación del
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de
7 de noviembre de 2024. Proceso identificado con el núm. 15001-23-33-000-2021-00832-
01 M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
46 “[…] Artículo 279. Celebración del contrato. Dentro del término de diez (10) días después
de haber sido resueltas las oposiciones e intervenciones de terceros, se celebrará el contrato
de concesión y se procederá a su inscripción en el Registro Minero Nacional. Del contrato se
remitirá copia a la autoridad ambiental para el seguimiento y vigilancia de la gestión
ambiental para la exploración […]”.
47 “[…] Artículo 317. Autoridad Minera. Cuando en este Código se hace referencia a la
autoridad minera o concedente, sin otra denominación adicional, se entenderá hecha al
Ministerio de Minas y Energía o en su defecto a la autoridad nacional, que de conformidad
con la organización de la administración pública y la distribución de funciones entre los entes
que la integran, tenga a su cargo la administración de los recursos mineros, la promoción
de los aspectos atinentes a la industria minera, la administración del recaudo y distribución
de las contraprestaciones económicas señaladas en este Código, con el fin de desarrollar las
funciones de titulación, registro, asistencia técnica, fomento, fiscalización y vigilancia de las
obligaciones emanadas de los títulos y solicitudes de áreas mineras […]”.
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Estado de vigilar el cumplimiento de esa relación contractual, con
miras a garantizar el aprovechamiento seguro y sostenible de los
recursos naturales no renovables y del ambiente.
162. En la ejecución de los estudios, trabajos y obras de exploración,
montaje, construcción, explotación, beneficio y transformación
previstos en ese contrato, el artículo 60 del Código de Minas reconoce
un amplio margen de autonomía empresarial. Pero también señala
que “[…] los funcionarios de la entidad concedente o de la autoridad
ambiental, adelantarán sus actividades de fiscalización orientadas a
la adecuada conservación de los recursos objeto de la actividad
minera a cargo del concesionario, y (a) garantizar el cumplimiento de
las normas de seguridad e higiene mineras y ambientales […]”.
163. El artículo 318 también establece que la autoridad minera
directamente o por medio de los auditores que autorice, ejercerá la
“[…] fiscalización y vigilancia de la forma y condiciones en que se
ejecuta el contrato de concesión tanto por los aspectos técnicos como
por los operativos y ambientales, sin perjuicio de que sobre estos
últimos la autoridad ambiental o sus auditores autorizados, ejerzan
igual vigilancia en cualquier tiempo, manera y oportunidad […]”.
164. Esta fiscalización recae, de forma diferencial, sobre “[…] las
normas y obligaciones contraídas a través de un "Subcontrato de
Formalización Minera" y a las que deben sujetarse los pequeños
mineros para la adecuada explotación de los recursos naturales no
renovables […]”.
165. Así las cosas, “[…] la fiscalización de la exploración y explotación
de recursos naturales no renovables, debe estar orientada al
cumplimiento de las normas y de las obligaciones derivadas de los
contratos y convenios, títulos mineros y demás figuras que por
mandato legal permiten la exploración y explotación de recursos
naturales no renovables, incluidas las etapas de desmantelamiento,
taponamientos, abandono y en general de cierres de operaciones
tanto mineras […]”. “[…] Igualmente incluye (…) el cumplimiento de
las normas de seguridad en labores mineras […]”, en los términos del
artículo 17 de la Ley 2056 de 2020.
166. Ahora bien, los artículos 58 y 59 del Código de Minas y el artículo
16 de la Ley 2056 de 2020 determinan el alcance de los derechos y
obligaciones conferidos a quienes celebran un contrato de concesión
minera. En materia de deberes, al concesionario le asiste la
responsabilidad de “[…] dar cabal cumplimiento a las obligaciones de
carácter legal, técnico, operativo y ambiental, que expresamente le
señala este Código […]”. Durante la etapa de explotación se debe
garantizar condiciones de seguridad de las personas y bienes […].
175. Cabe insistir en que los artículos 287 y 288 del Código de Minas
regulan el procedimiento que ha de seguir la autoridad minera para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, bien sea
a través de la imposición de multas o la declaratoria de caducidad del
contrato. Ese procedimiento depende de los criterios previstos en los
artículos 112 y 113 del mismo estatuto, a saber:
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“[…] Artículo 112. Caducidad. El contrato podrá terminarse por la
declaración de su caducidad, exclusivamente por las siguientes
causas: (…)
c) La no realización de los trabajos y obras dentro de los términos
establecidos en este Código o su suspensión no autorizada por más
de seis (6) meses continuos; (…)
g) El incumplimiento grave y reiterado de las regulaciones de orden
técnico sobre la exploración y explotación mineras, de higiene,
seguridad y laborales, o la revocación de las autorizaciones
ambientales necesarias para sus trabajos y obras; (…)
Artículo 115. Multas. Previo el procedimiento señalado en el artículo
287 de este Código, la autoridad concedente o su delegada, podrán
imponer al concesionario multas sucesivas de hasta treinta (30)
salarios mínimos mensuales, cada vez y para cada caso de infracción
de las obligaciones emanadas del contrato, siempre que no fuere
causal de caducidad o que la autoridad concedente, por razones de
interés público expresamente invocadas, se abstuviere de declararla.
La cuantía de las multas será fijada valorando, en forma objetiva, la
índole de la infracción y sus efectos perjudiciales para el contrato.
La imposición de las multas estará precedida por el apercibimiento del
concesionario mediante el procedimiento señalado en el artículo 287
de este Código. […]”…
176. Mucho menos se puede olvidar que las autoridades minera y
ambiental cuentan con la potestad de exigir “[…] las correcciones o
adiciones al Programa de Trabajos y Obras y al correspondiente
Estudio de Impacto Ambiental […]”, respectivamente, en el evento en
que tales instrumentos desconozcan las condiciones materiales del
sector, de manera que la explotación se torne en riesgosa e insegura.
177. A voces del artículo 86 del Código de Minas se observa que:
“[…] Artículo 86. Correcciones. Si la autoridad concedente encontrare
deficiencias u omisiones de fondo en el Programa de Trabajo y Obras
o la autoridad ambiental en el Estudio de Impacto Ambiental, que no
pudiere corregirse o adicionarse de oficio, se ordenarán hacerlo al
concesionario. Las observaciones y correcciones deberán
puntualizarse en forma completa y por una sola vez.
No habrá lugar a pedir correcciones o adiciones de simple forma o que
no incidan en el lleno de los requisitos y elementos sustanciales del
Programa de Trabajo y Obras y del Estudio de Impacto Ambiental o
que no impidan establecer y valorar sus componentes. […]”.
178. Igualmente, los artículos 80, 81, 82 y 84 del Código de Minas
regulan los componentes medulares del Programa de trabajos y
obras. Estas normas determinan que los estudios y trabajos de
exploración están dirigidos a caracterizar los depósitos y elaborar un
plan minero factible. Por eso, al finalizar ese período, el concesionario
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no puede “[…] retener áreas en el contrato de concesión que no sean
económicamente explotables […]”.
179.Todas estas razones llevan a la Sala a concluir que el legislador
definió varios mecanismos judiciales para garantizar un ejercicio
eficiente de las funciones de fiscalización de la autoridad minera. En
efecto, la Agencia Nacional de Minería además de adoptar medidas de
suspensión de los frentes de trabajo cuando advierte un riesgo
inminente, cuenta con la posibilidad de ordenar la modificación del
PTO, imponer multas, o declarar la caducidad del contrato con miras
a verificar el cumplimiento de la normatividad sobre seguridad […]”.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que sería del caso
confirmar la orden impartida al DEPARTAMENTO, pues esta se
impartió con la finalidad de que éste ejerciera su función de
fiscalización prevista en el Código de Minas que le había sido
delegada por parte del AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, a
través de la Resolución núm. 271 de 18 de abril de 2013 48 y, en
consecuencia, adoptara las medidas que correspondan según dicha
competencia. Sin embargo, se advierte que la AGENCIA, a través
de la Resolución núm. 104 de 13 de enero de 202349, finalizó la
delegación efectuada al ente territorial y reasumió la función de
fiscalización, seguimiento y control de los títulos mineros declarados
como Proyectos de Interés Nacional y Proyectos de Interés Nacional
y Estratégicos PINE, cuya área se encuentra en jurisdicción del
departamento de Antioquia, por lo que en la actualidad es la
encargada de cumplir con dicha función.
48
“Por la cual se delegan funciones a la Gobernación de Antioquia y se deroga la Resolución 0479 de
2012”. Se precisa que dicha delegación fue prorrogada a través de las resoluciones núms. 229 de 14
de abril de 2014, 210 de 28 de abril de 2015, 229 de 6 de mayo de 2016 y 624 de 29 de diciembre de
2020.
49Cfr.https://compilacionjuridica.antioquia.gov.co/compilacion/compilacion/docs/resolucion_anm_027
1_2013.htm
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En consecuencia, debido a que el DEPARTAMENTO ya no ostenta la
función en virtud de la cual se le impartió la orden en el numeral 4
de ordinal 4° de la parte resolutiva de la sentencia apelada, la cual
ahora está en cabeza de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA que
no hace parte del proceso, la Sala modificará el ordinal idem en el
sentido de compulsarle copias del expediente de la referencia a la
AGENCIA50 para que, en ejercicio de sus competencias, realice las
gestiones jurídicas a que haya lugar en el marco de los procesos de
fiscalización adelantados frente a las canteras que se encuentran
aguas arriba de la quebrada Caño Seco, quienes han incumplido los
requerimientos para la realización de cunetas para la recolección
técnica de aguas, así como acciones para la mitigación de erosión y
deslizamientos. Ahora, en caso de que la competencia en comento
sea delegada nuevamente en el ente territorial, éste deberá
continuar con dicha gestión, de lo cual dará informe al Tribunal.
Lo anterior, se refuerza en el hecho de que la acción popular no es
un medio de control de responsabilidad, pues su finalidad principal
es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
50 “Ley 489 de 1998, ARTÍCULO 12.- Régimen de los actos del delegatario. Los actos
expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos
establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles
de los recursos procedentes contra los actos de ellas.
La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente
al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la
Constitución Política, la autoridad delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la
competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones
del Código Contencioso Administrativo”.
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restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible51, de ahí
que las órdenes que imparta el juez estén orientadas la consecución
de dicho fin.
Por ello, aun cuando el DEPARTAMENTO fue responsable de la
vulneración de los derechos colectivos por no ejercer adecuadamente
sus competencias de fiscalización de los títulos mineros, lo cierto es
que como las mismas ya no se encuentran a su cargo, no hay lugar
a que se le mantenga la orden en lo términos dispuestos por el
Tribunal, sin perjuicio de que este asuma nuevamente tales
competencias.
Ahora, respecto de la vinculación de los titulares mineros, la Sala
advierte que la misma no resulta necesaria, ni tampoco exime del
cumplimiento de los deberes legales que le asistían al
DEPARTAMENTO en su función de fiscalización, por lo que dicho
argumento tampoco está llamado a prosperar.
De la conformación del comité de verificación
Finalmente, en lo que tiene que ver con el recurso de apelación
interpuesto por HATOVIAL S.A.S., la Sala observa que el artículo
34 de la Ley 472 de 1998, establece lo siguiente:
51 Ley 472 de 1998, artículo 2°.
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“[…] ARTÍCULO 34.- Sentencia. Vencido el término para alegar, el
juez dispondrá de veinte (20) días para proferir sentencia. […]
En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con
el alcance de sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el
cumplimiento de la providencia y posteriormente culminará su
ejecución. En dicho término el juez conservará la competencia para
tomar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de
conformidad con las normas contenidas en el Código de
Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la
verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual
participarán además del juez, las partes, la entidad pública
encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el
Ministerio Público y una organización no gubernamental con
actividades en el objeto del fallo […]”.
Ahora, dentro del expediente obra copia del otrosí núm. 33 al
contrato de concesión núm. 97-CO-20-1738, para el desarrollo vial
de Aburrá del Norte celebrado entre el DEPARTAMENTO, el ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ y HATOVIAL S.A.S.
en el que se acordó en su cláusula segunda, lo siguiente:
“[…] CLÁUSULA SEGUNDA: mediante el presente instrumento, se
acuerdo la reversión a partir del 2 de agosto de 2021, del
concesionario HATOVIAL S.A.S a las entidades concedentes, esto es,
el Departamento de Antioquia y Área Metropolitana del Valle de
Aburra, de las vías que a continuación se enuncian:
Reversión infraestructura al Departamento de Antioquia y el Área
Metropolitana del Valle de Aburra.
[…]”.
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Teniendo en cuenta lo anterior y comoquiera que en la actualidad
HATOVIAL S.A.S. no es concesionaria de las vías52 objeto del
contrato núm. 97-CO-20-1738 y no tiene relación con las órdenes
impartidas por el Tribunal, la Sala considera procedente excluirla del
comité de verificación de la sentencia de primera instancia.
Así las cosas, la Sala modificará el ordinal quinto de la sentencia
apelada en el sentido de excluir a la sociedad HATOVIAL S.A.S. del
comité de verificación de la sentencia y también se indicará que éste
será presidido por el magistrado ponente del Tribunal. Asimismo, en
consideración a las reglas fijadas en la sentencia de unificación
proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación el 6 de agosto de 201953, en la que se precisó el alcance
del artículo 38 de la Ley 472, no se condenará en costas, comoquiera
que no obra prueba de su causación en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
52 Entre las cuales se encuentra el tramo de la vía Acevedo - Copacabana por el cual fue
vinculada a la acción popular.
53
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente Rocío Araújo
Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-2017-00036-
01(AP)REV-SU.
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PRIMERO: MODIFICAR el numeral 4 del ordinal cuarto y el ordinal
quinto de la sentencia de 9 de mayo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, los cuales quedarán así:
“[…]CUARTO: Para hacer efectivo el amparo de los derechos
colectivos vulnerados, se ORDENA lo siguiente,
[…]
4. COMPULSAR COPIAS del expediente de la referencia a la
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA para que, en ejercicio de
sus competencias, realice las gestiones jurídicas a que haya
lugar en el marco de los procesos de fiscalización adelantados
frente a las canteras que se encuentran aguas arriba de la
quebrada Caño Seco, quienes han incumplido los
requerimientos para la realización de cunetas para la
recolección técnica de aguas, así como acciones para la
mitigación de erosión y deslizamientos. Ahora, en caso de que
la competencia en comento sea delegada nuevamente en el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, éste deberá continuar con
dicha gestión, de lo cual dará informe al Tribunal.
[…]”
QUINTO: CONFORMAR un COMITÉ DE VERIFICACIÓN para la
constatación de la ejecución de las órdenes contenidas en la
presente sentencia, en los términos de los artículos 34 de la Ley
472 de 1998, el cual estará integrado por: i) el Magistrado
Ponente, quien lo presidirá; ii) un representante de los actores
populares; iii) un delegado de cada una de las entidades
públicas obligadas, esto es, Municipio de Bello, Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, y
Departamento de Antioquia, iv) un representante de las
constructoras Pro Hogar S.A.S. y Promotora La Vida es Bella, y
v) un representante de Devimed S.A. […]”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión de 27 de noviembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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