Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2020-02995-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2020-02995-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2020-02995-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
28 de mayo de 2026
Radicado: 05001-23-33-000-2020-02995-01 (30220)
Demandante: Coltejer S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2020-02995-01 (30220)
Demandante: Coltejer S.A.
Demandada: DIAN
Temas: Terminación por mutuo acuerdo. Art. 101 Ley 1943 de 2018. Sanción.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 30 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
que decidió2:
Primero: Negar las pretensiones de la demanda interpuesta por Coltejer S.A. en contra de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas.
ANTECEDENTES
Actuación Administrativa
Mediante Acta 126 del 13 de noviembre de 2019, el Comité de Conciliación y Defensa
Judicial de la DIAN, no aprobó la solicitud de terminación por mutuo acuerdo del proceso
administrativo del impuesto sobre la renta del año gravable 2012 presentada por Coltejer
S.A., conforme al artículo 101 de la Ley 1943 de 20183, porque: (i) la declaración de corrección
no incorporó los valores determinados en el acto liquidatorio, (ii) no acreditó el pago del 20% de la sanción
determinada y (iii) no reintegró el mayor valor compensado. Decisión recurrida en reposición y
confirmada por la Resolución 010299 del 27 de diciembre de 2019.
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones:
1. Declarar la nulidad del Acta no.126 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, mediante la cual
se decidió no aprobar y en consecuencia, no terminar por mutuo acuerdo el proceso administrativo
correspondiente a Coltejer S.A.
2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 010299 del 27 de diciembre de 2019, mediante la cual el
Comité y Defensa Judicial que resolvió el recurso de reposición en la cual confirmó la decisión
contenida en el Acta No. 126.
1
Samai Tribunal, índice 30
2
Samai Tribunal, índice 26.
3
Esta ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-481 de 2019, a partir del 1.º de enero de 2020.
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-02995-01 (30220)
Demandante: Coltejer S.A.
3. Restablecer el derecho de Coltejer y en consecuencia ordenar la aprobación de la terminación por
mutuo acuerdo con ocasión al pago efectuado por mi representada en favor de la demandada en la
suma de ciento ochenta y ocho millones cuatrocientos sesenta (sic) y un mil pesos ($188.471.000),
de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 1943 de 2018.
4. Solicito que, de resultar vencida la DIAN y puesto que este proceso se adelanta para proteger el
interés particular de un contribuyente, sea condenada en las costas que se prueben en este proceso,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA.
Invocó como vulnerados los artículos 4, 29, 83, 95 [1], 338 y 363 de la Constitución; 640,
713 y 850 del ET (Estatuto Tributario), y 101 de la Ley 1943 de 2018, bajo el siguiente
concepto de violación:
Se vulneró el artículo 101 de la Ley 1943 de 2018, el cual, a su modo de ver, no prohibió
la aplicación concurrente e integral de los artículos 640 y 713 del ET, máxime cuando el
Decreto 872 de 2019 no era aplicable al caso, por no estar vigente al momento de
presentación de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo -26 de febrero de 2019-.
Desconocer la aplicación de dichas normas conlleva desconocimiento de los principios
jurídicos que erigen los elementos esenciales de un tributo y la proporcionada tasación de
una sanción tributaria, especialmentecuando la terminación por mutuo acuerdo es una
figura alternativa para solucionar conflictos tributarios.
La corrección presentada por la demandante es eficaz y produjo los efectos jurídicos
inferidos de los artículos 640 y 713 del ET, concordantes con el artículo 101 de la Ley
1943 de 2018, toda vez que para la fecha de su presentación no existían fuentes
normativas explícitas como el Decreto 872 de 2019, que impidieran la aplicación
concurrente de las normas en las que la actora cimentó su petición de transacción.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y pidió condenar en costas a
la demandante4. La solicitud de terminación por mutuo acuerdo no cumple los requisitos
del artículo 101 de la Ley 1943 de 2018, toda vez que la declaración de corrección
presentada no incorporó los valores determinados en el acto liquidatorio; no modificó el
renglón de ingresos brutos operacionales y, mientras que el 20% de la sanción
determinada correspondía a $753.844.000, el pago se hizo por $188.471.000, sin que
sean aplicables las reducciones establecidas en los artículos 640 y 713 del ET, toda vez
que estas normas solo rigen en un proceso de determinación en discusión.
Además, la demandante no reintegró el mayor valor compensado, junto con los intereses
de mora correspondientes conforme al artículo 1.6.4.3.3 del Decreto 872 de 2019, el cual
reglamentó el artículo 101 de la Ley 1943 de 2018, normativa aplicable al caso, así la
solicitud se hubiera presentado con antelación a su expedición.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda sin condenar en costas5. No se acreditó
el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 101 de la Ley 1943 de 2018 para
que procediera la terminación por mutuo acuerdo del proceso administrativo, debido a que
la declaración no fue corregida en los términos glosados por la administración en la
liquidación oficial -que modificó los ingresos brutos operacionales y el saldo a favor-, y no se
pagó el 20% de la sanción determinada, siendo improcedentes las reducciones de los
artículos 640 y 713 del ET, pues no se aceptaron los hechos planteados.
4
Samai Tribunal, índice 15
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Samai Tribunal, índice 26
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-02995-01 (30220)
Demandante: Coltejer S.A.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión del tribunal6. Erró el a quo en la valoración de las pruebas,
ya que, a su modo de ver, la sociedad presentó una corrección eficaz en cuanto no fue
objetada y realizó el pago de $188.471.000, correspondiente al 20% de la sanción
propuesta, conforme al artículo 101 de la Ley 1943 de 2018, el cual, a su juicio, no excluye
la aplicación concurrente de los artículos 640 y 713 del ET, interpretación que debería
primar en aplicación del principio de favorabilidad. La petición se presentó antes de la
expedición del Decreto 872 de 2019, por lo que —en esta oportunidad adicionó—
deberíanaplicarse los principios de legalidad y confianza legítima en favor del
contribuyente.
Pronunciamientos finales
Las partes y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos de apelación
planteados por la demandante -apelante única-, contra la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.
Problema jurídico
1- En concreto, corresponde establecer si la demandante cumplió los requisitos para
acceder a la terminación por mutuo acuerdo prevista en el artículo 101 de la Ley 1943 de
20187 y su norma reglamentaria, a cuyo efecto se debe determinar si la declaración de
corrección concordó con el acto liquidatario y si se pagó el total de la sanción determinada,
para lo cual se analizará si procedían las reducciones previstas en los artículos 640 y 713
del ET, y si era aplicable el Decreto 872 de 2019.
Análisis del caso concreto
2- El tribunal estimó que no se acreditó el cumplimiento de los requisitos señalados en el
artículo 101 de la Ley 1943 de 2018 para que procediera la terminación por mutuo acuerdo
del proceso administrativo, en tanto la declaración no fue corregida en los términos
glosados por la administración en la liquidación oficial -la cual modificó los ingresos brutos
operacionales y el saldo a favor-, y no se pagó el 20% de la sanción determinada, siendo
improcedentes las reducciones previstas en los artículos 640 y 713 del ET, por cuanto no
se aceptaron los hechos planteados.
Para la recurrente, el a quo, quien avaló la actuación de la demandada, erró en la
valoración de las pruebas, ya que, a su modo de ver, la sociedad presentó una corrección
eficaz en cuanto no fue objetada y realizó el pago de $188.471.000 correspondiente al
20% de la sanción propuesta, conforme al artículo 101 de la Ley 1943 de 2018, el cual no
excluiría la aplicación concurrente de los artículos 640 y 713 del ET, interpretación que
debería primar en aplicación del principio de favorabilidad. A su juicio, como la solicitud se
presentó antes de la expedición del Decreto 872 de 2019, adicionó que deberían aplicarse
los principios de legalidad y confianza legítima en favor del contribuyente.
6
Samai Tribunal, índice 30.
7
Reglamentado por el Decreto 872 del 20 de mayo de 2019.
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-02995-01 (30220)
Demandante: Coltejer S.A.
El artículo 101 de la Ley 1943 de 2018 facultó a la administración para terminar por mutuo
acuerdo los procesos administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria que
estuvieren en curso antes de la entrada en vigor de la disposición. En particular, el inciso
2.º estableció que los contribuyentes, a quienes se les hubiere notificado, entre otros
actos, liquidación oficial, podían transar el 80% de las sanciones actualizadas e intereses,
según el caso, siempre que el contribuyente corrigiera su declaración privada, pagara el
100% del tributo a cargo o el menor saldo a favor propuesto o liquidado, y el 20% restante
de las sanciones e intereses, todo ello, hasta el 31 de octubre de 2019. Así, con el incentivo
de condonar parte de las sanciones y los intereses moratorios originados como resultado
de la errada autoliquidación de la obligación tributaria, la norma promovía la regularización
de conductas infractoras (i.e. inexactitudes en las declaraciones), el recaudo y el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Por su parte, la reglamentación de dicha disposición -Decreto 872 de 2019- indicó los
requisitos para la procedencia de la transacción8 y las sumas que debían acreditarse9 para
acceder a la prerrogativa y, a tal fin, discriminó las condiciones de pago según el tipo de
actuación administrativa objeto de la terminación. Para el caso de terminaciones dirigidas
a los procesos de determinación, como sería la liquidación oficial de revisión, el obligado
tributario debía corregir su declaración privada10 de acuerdo con el mayor impuesto o el
menor saldo a favor determinado «teniendo en cuenta el último acto administrativo» notificado con
anterioridad a la presentación de la solicitud, y satisfacer la totalidad del mayor tributo a
cargo o menor saldo a favor, el 20% de las sanciones e intereses y, en caso de haber
imputado, compensado u obtenido devolución del saldo a favor liquidado en la declaración
privada, reintegrar el valor correspondiente al mayor valor devuelto, imputado o
compensado con los respectivos intereses sobre estas sumas.
Es un hecho no controvertido por las partes que mediante liquidación oficial de revisión se
modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2012 para adicionar
ingresos brutos operacionales11, sin variar el impuesto a cargo, dado que el mismo se
liquidó por renta presuntiva, la cual no fue objeto de modificación. Ese mismo acto
administrativo determinó la sanción por inexactitud en la suma de $3.769.422.000,
generándose una disminución del saldo a favor inicialmente autoliquidado y compensado12
($5.275.248.000) frente al determinado ($1.505.826.000).
También se encuentra demostrado que, el 26 de febrero de 2019, la actora presentó la
corrección de la declaración de renta del año 2012 con el fin de «transar la sanción de
inexactitud de acuerdo al artículo 101 de la Ley 1943 de 2018». En la misma fecha, presentó la
solicitud de terminación por mutuo acuerdo en la cual explicó cómo calculó y pagó la multa:
Total sanción de inexactitud 3.769.422.000
Corrección Art. 713 ET - 50% 1.884.711.000
Reducción Art. 640 ET - 50% 942.355.500
Reducción Art. 101 Ley 1943/18 - 20% 188.471.100
Estimó que la cuantía sometida a transacción se depuró atendiendo a los principios de
gradualidad, lesividad y proporcionalidad porque, a su juicio, el artículo 101 de la Ley 1943
de 2018 no prohibió la aplicación simultánea de las normas que permiten reducir la
sanción.
8
Artículo 1.6.4.3.2.
9
Artículo 1.6.4.3.3.
10
Artículo 1.6.4.3.2. Num. 4.
11
$11.422.490.000. LOR del 19 de diciembre de 2018, confirmada en reconsideración con resolución del 13 de diciembre de 2019.
12
Mediante Resolución 608-10153 de 12 de septiembre de 2013 se ordenó compensar la suma de $5.275.248.00 al IVA de los periodos
2, 4, 5 y 6 de 2012, y la retención en la fuente del periodo 12 de 2012.
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4
Radicado: 05001-23-33-000-2020-02995-01 (30220)
Demandante: Coltejer S.A.
No obstante, considera la Sala que no le asiste razón a la actora al aplicar de manera
concurrente las reducciones contempladas en los artículos 640 y 713 del ET, más la
prevista en el artículo 101 de la Ley 1943 de 2018, por las siguientes razones:
Si bien es cierto que la corrección provocada por la liquidación oficial de revisión y la
terminación por mutuo acuerdo persiguen -de aceptarse de manera total los hechos
planteados por la administración- poner fin a la actuación administrativa en un proceso de
determinación en discusión, también lo es que su aplicación es excluyente en tanto que
cada uno de estos mecanismos prevé requisitos diferentes, en especial, el atinente al
porcentaje de disminución de la sanción por inexactitud, como se desprende de la lectura
de los artículos 713 del ET y 101 de la Ley 1943 de 2018.
En efecto, mientras que en la corrección prevista en el artículo 713 del ET, la sanción por
inexactitud se reduce al 50%, esto es, a la mitad de la determinada en la liquidación oficial
de revisión, en la terminación por mutuo acuerdo del referido artículo 101 ib. se reduce al
80% de tal forma que, los contribuyentes que decidieran acceder a este mecanismo
excepcional de resolución de conflictos tributarios, debían cumplir la totalidad de los
requisitos establecidos en la disposición, entre ellos, la correcta tasación y pago de la
sanción del 20%. Se precisa que, en ambos casos, para que la corrección de la
declaración sea válida, debe incorporar los valores determinados por la administración y
aceptados por el contribuyente, incluida, la sanción reducida conforme al porcentaje
aplicable en cada caso.
Es un hecho probado, como consta en el memorial contentivo de la solicitud de
transacción, que la demandante pretendió poner fin a la actuación administrativa a través
del mecanismo de terminación por mutuo acuerdo regulado en el artículo 101 de la Ley
1943 de 2018, norma especial que, se reitera, señaló de manera expresa los requisitos
para acceder a esta prerrogativa, entre ellos, la corrección de la declaración en los
términos señalados en el acto administrativo objeto de la solicitud -liquidación oficial de
revisión-, y el pago de la sanción en el porcentaje de reducción establecido -20%-.
Sin embargo, la corrección de la declaración presentada por la actora no se ciñó a lo
determinado por la administración en la liquidación oficial de revisión -la cual adicionó ingresos
brutos operacionales por $11.422.490.000, fijándolos en $237.097.227.000-, toda vez que se mantuvo
el monto registrado en la declaración privada -225.674.737.000-. Además, la sanción por
inexactitud se liquidó y pagó por $188.471.000, cuando el 20% de la sanción determinada
-$3.769.422.000- ascendía a $753.884.000. En consecuencia, la actora no cumplió́ con los
requisitos señalados en el artículo 101 de la Ley 1943 de 2018 para acceder a la
terminación por mutuo acuerdo, descartándose la alegada indebida valoración probatoria
por parte del tribunal, en especial, de la corrección presentada, la cual carece de validez
para ser aceptada e incorporada por la administración.
Ahora bien, en cuanto a la aplicación de los principios del régimen sancionatorio tributario
a efectos de acceder a la reducción contemplada en el artículo 640 del ET, se precisa que,
tratándose de beneficios tributarios como el estudiado, se requiere, para su procedencia,
que las normas que las regulan permitan de manera expresa su aplicación, como es el
caso del artículo 102 de la Ley 1943 de 2018, que habilitó a la administración para aplicar
el principio de favorabilidad dentro del proceso de cobro, o el parágrafo 3.° del artículo 4
del Decreto 240 de 2026, que indicó que «La reducción de sanciones […] podrá ser concurrente con
las demás reducciones de sanciones previstas en el Estatuto Tributario o en el Decreto número 920 de 2023
o en el Decreto número 2245 de 2011, que en todo caso no podrá ser inferior a la sanción mínima». En
ese contexto, no es procedente en el sub examine la reducción de la sanción de que trata
el artículo 640 del ET.
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Por último, no es de recibo la afirmación de la demandante en torno a que, a su modo de
ver, no sería aplicable el Decreto 872 de 2019 por haber sido expedido con posterioridad
a la presentación de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo pues, como lo ha
destacado esta Sección en asuntos similares, la norma reglamentaria no solo tiene la
finalidad de asegurar la cumplida ejecución de la ley -en los términos del numeral 11 del artículo
189 de la Constitución-, sino también tiene la función «sin que pueda contener disposiciones contrarias
a la ley que reglamenta, [de] desarrollar el texto de la misma y llenar los vacíos que esta contenga,
suministrando las explicaciones que la misma ley no discrimine, para su correcta aplicación»13. Por tanto
y en ese contexto, tampoco se puede predicar el desconocimiento de los principios
invocados.
En línea con lo anterior, en los considerandos del Decreto 872 de 2019 se explicó que era
necesario determinar la forma en que se debía acreditar el pago del 100% del impuesto
en discusión, en los eventos en que se hubiera efectuado una devolución, imputación o
compensación improcedente. Así, se dispuso que si el contribuyente compensó -como
ocurrió en este caso- el saldo a favor liquidado en su declaración privada, debía reintegrar
el valor correspondiente al mayor valor compensado con los respectivos intereses sobre
esta suma, requisito que, por lo demás, no se acreditó.
En consideración a lo expuesto, no prospera el recurso de apelación y se confirmará la
sentencia apelada.
Conclusión
3- Por lo razonado en precedencia, se establece que en este caso no se verificó el
cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 101 de la Ley 1943 de 2018 y su
norma reglamentaria, para acceder a la terminación por mutuo acuerdo.
Costas
4- Con fundamento en los artículos 188 del CPACA y 361 ss. del CGP, se condenará en
costas -agencias en derecho- en esta instancia a la parte demandante, en la medida en
que se confirma la providencia apelada y hubo una parte vencida en el proceso. Así, se
fijarán como agencias en derecho en esta instancia el equivalente a un smlmv al momento
de la ejecutoria de la providencia, de conformidad con el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28
de noviembre de 2025. Por lo tanto, se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente
de liquidación de la condena en costas, conforme con las reglas consagradas en el artículo
366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada por las razones expuestas.
2. Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia. En consecuencia, ordenar
al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.
13
Sentencia del 8 de octubre de 2009 (exp. 16608, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia), reiterada en la sentencia del 24 de marzo
de 2022 (exp. 25079, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto)
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Demandante: Coltejer S.A.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
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