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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2020-03127-01

Fecha
19 de agosto de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2020-03127-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia anticipada del 23 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se declararon probadas las excepciones de indebida escogencia del medio de control y de caducidad, en el sentido de declarar probada exclusivamente la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de origen, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365 numeral 8 del Código General del Proceso. Sin reconocimiento alguno por agencias en derecho. TERCERO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2020-03127-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

19 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 05001-23-33-000-2020-03127-01 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.
Demandado: Municipio de El Carmen de Vivoral (Antioquia)
Referencia: Reparación directa - CPACA

TEMAS: MEDIO DE CONTROL PROCEDENTE – El ejercicio de uno u otro medio de control no
se encuentra al arbitrio del demandante. La fuente u origen del daño determina cuál es el medio
de control idóneo para acudir al órgano judicial y, a su vez, permite establecer las pretensiones
de la demanda y la oportunidad en el tiempo para ejercerlo. ADECUACIÓN DE LA DEMANDA
– El juez debe admitir la demanda que reúna los requisitos legales y encauzarla por el trámite
que legalmente corresponda, aun si el accionante señaló una vía procesal inadecuada.
REPARACIÓN DIRECTA – Procede cuando el daño cuya indemnización se reclama tiene como
fuente un hecho, una omisión, una operación administrativa o en un acto administrativo, siempre
que no se cuestione su legalidad. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO –
Persigue, de manera principal, la declaratoria de nulidad del acto y, como consecuencia de ello,
el restablecimiento del derecho vulnerado o la reparación del daño causado por su expedición.
DECISIÓN QUE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA DE UN ACTO
ADMINISTRATIVO – Cuando la administración expide un acto mediante el cual declara la
configuración de alguna de las causales de pérdida de fuerza de ejecutoria previstas en la ley,
dicha decisión puede ser demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo dentro
de la oportunidad legal correspondiente. CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN – Cuando se
advierte que la demanda fue presentada luego de vencido el término preclusivo de caducidad,
se impone un pronunciamiento previo, autónomo y excluyente sobre dicho presupuesto, en la
medida en que la caducidad comporta la extinción del derecho de acción e impide cualquier
consideración sobre el fondo del litigio.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la
sentencia anticipada del 23 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual se declararon probadas las
excepciones de indebida escogencia del medio de control y de caducidad.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante Resoluciones No. 1972 de 2010 y 1234 de 2013, el municipio de El
Carmen de Viboral (Antioquia) concedió a NOVAVENTA S.A.S. beneficios
tributarios con fundamento en el Acuerdo No. 002 de 20081. Dicho instrumento
normativo fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por lo que
la administración expidió la Resolución No. 2501 de 2016, mediante la cual se

1 Por el cual se conceden exoneraciones de impuestos de industria y comercio, predial y los
generados por la expedición de licencias de construcción y/o remodelación para las empresas que
promuevan el desarrollo económico y social en el municipio.

Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos que habían
reconocido tales beneficios a la sociedad.

La sociedad accionante sostiene que la Resolución No. 2501 del 24 de octubre de
2016 se expidió sin fundamento legal, con desconocimiento de su derecho
fundamental al debido proceso, e incurrió en falsa motivación2. Añade que, por esa
decisión, el municipio le exigió el pago del impuesto predial y del impuesto de
industria y comercio, pese a que había cumplido los requisitos para acceder a las
exoneraciones fiscales previamente concedidas.

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probadas las excepciones de
indebida escogencia del medio de control y caducidad, al constatar que la
controversia debió plantearse bajo la pretensión de nulidad y restablecimiento del
derecho, la cual no fue ejercida en tiempo. La demandante apeló la decisión.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 31 de agosto de 20203-4, NOVAVENTA S.A.S. (en lo sucesivo, “Novaventa” o la
“sociedad”), mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de
reparación directa, presentó demanda contra el municipio de El Carmen de Viboral
para que fuera declarado patrimonialmente responsable por los daños que afirma le
fueron irrogados por la expedición de la Resolución No. 2501 de 2016, mediante la
cual se declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de las Resoluciones 1972 del 17 de
agosto de 2010 y 1234 del 21 de junio de 2013, que le habían concedido unos
beneficios tributarios.

En su escrito, la parte accionante formuló expresamente las siguientes pretensiones
declarativas y de condena (transcritas textualmente, incluso con posibles errores):

“Primera. Que se declare administrativamente responsable al municipio de El Carmen
de Viboral por los perjuicios materiales por el daño especial causados a la sociedad
NOVAVENTA SAS NIT 811.025.289-1, con la expedición de la Resolución 2501 de

2 En sustento, refirió que el acto administrativo: (i) fue dictado sin fundamento legal, como resultado

de una interpretación "errada e ilegal" de la figura de la pérdida de fuerza ejecutoria del acto
administrativo, lo que configuró "una vía de hecho, que desconoce el marco normativo de las
competencias públicas"; (ii) vulneró su derecho al debido proceso y las disposiciones del Estatuto
Tributario, porque contra los actos administrativos en materia tributaria procedía el recurso de
reconsideración y no el de reposición; y (iii) incurrió en falsa motivación y desconoció el principio de
confianza legítima, por cuanto la declaratoria de nulidad de un acto de carácter general produce
efectos hacia el futuro y, por tanto, no puede afectar situaciones jurídicas consolidadas ni derechos
adquiridos derivados de actos particulares que reconocieron tales beneficios.
3 Índice 24, Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia. Archivo denominado “001Demanda.pdf”,

pp. 1 a 29.
4 Mediante auto del 11 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia inadmitió la

demanda para que la parte actora acreditara el envío de esta y de sus anexos a la dirección de
correo electrónico dispuesta para notificaciones judiciales de la entidad demandada. (Índice 24,
Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia. Archivo denominado “009AutoInadmiteDemanda”, pp.
1 a 4). El libelo introductorio fue oportunamente subsanado por la parte actora el 23 de marzo de
2021, oportunidad en la cual indicó que aportaba “copia del registro de documentos enviados al
buzón para notificaciones judiciales del municipio demandado”. (Índice 24, Samai, Tribunal
Administrativo de Antioquia. Archivo denominado “012SubsanaDemanda”, pp. 1 a 2), tras lo cual,
por auto del 9 de abril de 2021, el mismo Tribunal dispuso su admisión. (Índice 24, Samai, Tribunal
Administrativo de Antioquia. Archivo denominado “014AutoAdmiteDda09042021”, pp. 1 a 3).

2

Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

octubre de 2016, ‘por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria
de las resoluciones 1972 del 1 de enero de 2010 y 1234 del 21 de junio de 2013 que
concedieron beneficios tributarios a la empresa Novaventa, generándose con ello,
una responsabilidad patrimonial del Estado por violación al principio de la confianza
legítima ofrecida

Segunda. Como consecuencia se condene al Municipio de El Carmen de Viboral
devolver a la demandante los impuestos pagados y no debidos, por valor de
$39.514.654 y reconocer la existencia de las exenciones concedidas cuyos montos
son exigidos por el municipio en valores relacionados en el aparte de la cuantía

Tercera. Que se ordene al municipio a pagar los intereses correspondientes sobre los
valores recaudados y no debidos”

En sustento de sus pretensiones, la demandante señaló que el 3 de octubre de
2000, se constituyó como una sociedad anónima para la comercialización y
distribución de productos alimenticios, materias primas y elementos utilizados en las
industrias de alimentos, así como para la “administración de canales especializados
para la comercialización de dichos productos y de otros artículos que sean
susceptibles de ser distribuidos por los mismos canales”.

Refirió que, el 14 de marzo de 2008, el concejo municipal de El Carmen de Viboral
(Antioquia) expidió el Acuerdo No. 002, "Por el cual se conceden exoneraciones de
impuestos de industria y comercio, predial y los generados por la expedición de
licencias de construcción y/o remodelación para las empresas que promuevan el
desarrollo económico y social en el municipio". Asimismo, que dicho beneficio
estaba dirigido a las empresas que acreditaran autosuficiencia en materia de
servicios públicos y saneamiento, y que, además, generaran al menos doce (12)
empleos permanentes, de los cuales el 70% debía corresponder a trabajadores
nativos del municipio, o con una residencia en este no inferior a tres (3) años.

Indicó que el 22 de abril de 2010, solicitó a la administración el reconocimiento de
las exenciones tributarias previstas en el citado acuerdo, para lo cual acreditó el
cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a tales beneficios, mediante la
realización de inversiones en terrenos, edificaciones, instalaciones físicas y
equipos, y la creación progresiva de empleos directos en el municipio.

Agregó que, mediante Resolución No. 1972 del 17 de agosto de 2010, el municipio
de El Carmen de Viboral otorgó a Novaventa, por el término de diez (10) años, la
exoneración del impuesto predial, del impuesto de industria y comercio y de los
tributos “generados por la expedición de licencias de construcción y/o
remodelación”.

Expuso que, por Resolución No. 1807 del 16 de noviembre de 2012, el ente territorial
“revocó” la Resolución 1972 de 2010, al constatar que Novaventa no cumplía los
requisitos previstos en el Acuerdo 002 de 2008 para continuar gozando de la
exoneración de los tributos municipales.

Relató que, a través de Resolución No. 2198 del 27 de diciembre de 2012, el
municipio confirmó la revocatoria de la Resolución 1972 de 2010, por la cual le
habían concedido a Novaventa beneficios fiscales.

Añadió que, mediante Resolución No. 1234 del 21 de junio de 2013, el municipio de
El Carmen de Viboral “revocó” las Resoluciones 1807 y 2198 de 2012 y, en

3

Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

consecuencia, exoneró a Novaventa - desde el 1.° de enero de 2013 y hasta el 31
de diciembre de 2020 - del pago del impuesto de industria y comercio y su
complementario de avisos y tableros, del impuesto predial y de los tributos
generados por la "expedición de licencias de construcción o remodelación", siempre
que cumpliera los requisitos establecidos en el Acuerdo 002 de 2008, los cuales
habría observado durante los años siguientes.

Manifestó que, mediante sentencia del 17 de octubre de 2014, el Tribunal
Administrativo de Antioquia declaró la nulidad del Acuerdo 002 de 2008, por cuanto
se expidió sin el lleno de requisitos legales.

Mencionó que, debido a la declaratoria de nulidad, el municipio de El Carmen de
Viboral expidió la Resolución No. 2501 del 24 de octubre de 2016, mediante la cual
declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de las Resoluciones 1972 de 2010 y 1234 de
2013. Por tal razón, la entidad le exigió el pago del impuesto predial y del impuesto
de industria y comercio, pese a que había cumplido los requisitos para acceder a
las exoneraciones fiscales previamente concedidas.

Indicó que, inconforme con la anterior decisión, la sociedad interpuso recurso de
reposición.

Advirtió que, mediante Resolución No. 3060 del 24 de agosto de 2017, el municipio
de El Carmen de Viboral rechazó por extemporáneo el recurso de reposición y, en
consecuencia, confirmó en su totalidad la Resolución No. 2501 de 2016.

La sociedad accionante considera que el municipio de El Carmen de Viboral es
patrimonialmente responsable por los daños que afirma le fueron irrogados por la
expedición de la Resolución No. 2501 de 2016, la cual, según sostiene:

(i) fue dictada sin fundamento legal, como resultado de una interpretación
“errada e ilegal” de la figura de la pérdida de fuerza de ejecutoria del acto
administrativo, lo que configuró “una vía de hecho, que desconoce el marco
normativo de las competencias públicas”;

(ii) desconoció su derecho al debido proceso y las disposiciones del Estatuto
Tributario, porque contra los actos administrativos en materia tributaria procedía el
recurso de reconsideración y no el de reposición;

(iii) incurrió en falsa motivación y desconoció el principio de confianza legítima
por cuanto la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de carácter general
produce efectos hacia el futuro y, por tanto, no puede afectar situaciones jurídicas
consolidadas ni derechos adquiridos derivados de actos administrativos
particulares que concedieron beneficios tributarios.

2. Contestación

2.1. El municipio de El Carmen de Viboral5 se opuso a las pretensiones de la
demanda. Afirmó que el acto administrativo reprochado se ajustó al ordenamiento
jurídico, toda vez que fue expedido en cumplimiento de las potestades de
investigación tributaria y de liquidación de impuestos. Formuló como excepciones

5Índice 24, Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia. Archivo denominado “018Contestación
Demanda.pdf”, pp. 1 a 3.

4

Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

las de: (i) caducidad del medio de control; (ii) improcedencia del medio de control
de reparación directa; (iii) inexistencia del daño; (iv) inexistencia del nexo causal e;
(v) inexistencia de daño antijurídico6.

3. Anuncio de sentencia anticipada

Mediante providencia del 22 de mayo de 20247-8, el Tribunal Administrativo de
Antioquia estimó procedente dictar sentencia anticipada, toda vez que halló
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 182A9 del CPACA, adicionado por

6 La autoridad demandada se pronunció respecto de cada una de las excepciones propuestas, así:

(i) caducidad del medio de control, pues la actora “atribuye o imputa el daño al hecho de que se
hubiera expedido” la Resolución No. 2501 de 2016, por lo que “no cabe la menor duda de que el
término de caducidad se computa a partir de la ejecutoria o firmeza” de dicho acto, esto es, el 24 de
agosto de 2017; (ii) improcedencia del medio de control de reparación directa, por cuanto la demanda
cuestiona la legalidad del referido acto administrativo; (iii) inexistencia del daño, pues “permanecen
los inmuebles, construcciones, instalaciones, adecuaciones y obras de servicios públicos, y continúa
su aprovechamiento económico”; (iv) inexistencia del nexo causal, porque el daño no fue causado
por una “decisión remota” sino por aquella que determina por “vía de liquidación oficial o a través de
revisión de la liquidación privada las sumas a cargo de la contribuyente” e; (v) inexistencia de daño
antijurídico, toda vez que “[c]como de lo que se trata es del cobro de los impuestos debidos por la
sociedad demandante, mal puede afirmar la antijuridicidad si se está simplemente exigiendo una
carga a la cual están obligados todos los ciudadanos”.
7 Índice 28, Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia. Archivo denominado “22Auto

decretando_DecretaPruebasFijaLi(.pdf) NroActua 28 .pdf”, pp. 1 a 3.
8 Mediante auto del 1.° de febrero de 2023, proferido con posterioridad a la contestación de la

demanda, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó a la parte demandante que la adecuara al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al considerar que: “las pretensiones de
la demanda y el origen del daño no se ubican en las excepciones de la procedencia del medio de
control de reparación directa, en cuanto a la expedición de actos administrativos, sencillamente
porque no se trata de un daño generado por un acto legal, ni de la ejecución de un acto administrativo
que haya sido objeto de revocatoria directa o de anulación por parte de esta jurisdicción; por el
contrario, se aducen unos vicios de nulidad que deben ser estudiados mediante el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho […] en, este caso, no se avizora que el daño haya sido
causado por la ejecución del acuerdo 2 de 2008, declarado nulo por esta Corporación; por el
contrario, en criterio de la demandante, el daño se generó con la expedición de la resolución que
declaró la pérdida de ejecutoria de las resoluciones que determinaron unas exenciones tributarias a
su favor”. (Índice 24, Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia. Archivo denominado
“033AdecuaRequiere.pdf”, pp. 1 a 7). El 6 de febrero de 2023, el municipio de El Carmen de Viboral
interpuso recurso de reposición contra aquella determinación (Índice 24, Samai, Tribunal
Administrativo de Antioquia. Archivo denominado “036RecursoReposición.pdf”, pp. 1 a 3) y el 16 de
febrero siguiente, la actora dio cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal, ajustando “las
pretensiones a una acción de nulidad y restablecimiento del derecho” (Índice 24, Samai, Tribunal
Administrativo de Antioquia. Archivos denominados “039RespuestaAutoAdecua”, p. 1, y
“040AdecuaciónDemanda.pdf”, pp. 1 a 18). Por decisión del 8 de mayo de 2024, el Tribunal
Administrativo de Antioquia repuso el auto del 1° de febrero de 2023, que ordenó a la actora adecuar
la demanda, al sostener que “al no haberse efectuado al momento de resolver sobre la admisibilidad
de la demanda, el estudio que para el 01 de febrero de 2023 echó de menos el anterior magistrado
ponente, ello no habilita al operador judicial para efectuarlo en cualquier momento procesal” (Índice
24, Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia. Archivo denominado
“044ResuleveRecReposición.pdf”, pp. 1 a 6.
9 CPACA. “Artículo 182A. Se podrá dictar sentencia anticipada: 1. Antes de la audiencia inicial: a)

Cuando se trate de asuntos de puro derecho; b) Cuando no haya que practicar pruebas; c) Cuando
solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación,
y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; d) Cuando las pruebas solicitadas
por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles. […]. 2. En cualquier estado del proceso,
cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por
sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado
para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus
alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público
y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión. […]. 3.

5

Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

el artículo 4210 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, decidió sobre el decreto
de pruebas11 y fijó el objeto del litigio.

En relación con la fijación del litigio, el Tribunal señaló que se circunscribiría a
resolver (se transcribe textualmente, incluso con posibles errores):

“[…] si se acreditan o no los supuestos sobre los cuales se fundamenta la pretensión
de declaratoria de responsabilidad del municipio de El Carmen de Viboral, bajo el
título de imputación de daño especial por violación al principio de la confianza
legítima ofrecida, por los perjuicios materiales que se afirma en la demanda le fueron
causados a la sociedad Novaventa. SAS con la expedición de la Resolución 2501
de octubre de 2016, por medio de la cual se declaró la pérdida de fuerza ejecutoria
de las Resoluciones 1972 del 1 de enero de 2010 y 1234 del 21 de junio de 2013
que concedieron beneficios tributarios a la demandante. Una vez acreditados los
supuestos en los que fundamenta la responsabilidad de la entidad demandada, se
analizará la posibilidad de condenar al municipio de El Carmen de Viboral a
devolverle a la demandante los impuestos pagados ‘y no debidos’, por valor de $
39.514.654 y reconocer la existencia de las exenciones concedidas. Por último, se
estudiará la viabilidad de condenar al municipio al reconocimiento y pago de los
intereses correspondientes sobre los valores recaudados y no debidos”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

4.1. La accionante reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la demanda12.

4.2. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 23 de septiembre de 202413, el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró probadas las excepciones de indebida escogencia del medio de
control y de caducidad.

En primer lugar, estimó que el daño reclamado tenía origen en el acto administrativo
– Resolución No. 2501 del 24 de octubre de 2016 – mediante el cual el municipio
de El Carmen de Viboral declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de las decisiones
que le habían reconocido beneficios tributarios. Añadió, además, que la controversia
no correspondía a ninguno de los eventos excepcionales en los que la
jurisprudencia ha admitido la procedencia del medio de control de reparación directa
frente a daños derivados de actos administrativos, por lo que debía ventilarse a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la
caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la
prescripción extintiva. 4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176
de este código”.
10 Ibid.
11 En la misma providencia, el Tribunal decretó las pruebas documentales aportadas con la demanda

y su contestación, respectivamente.
12 Índice 34, Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia. Archivo denominado “26Recepcion

Memor_alegatosfinalesnovav(.pdf) NroActua 34 .pdf”, pp. 1 a 5.
13 Índice 37, Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia. Archivo denominado
“28Sentencia_K202003127RDIndebEsc(.pdf) NroActua 37 .pdf2”, pp. 1 a 20.

6

Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

En segundo lugar, estableció que la pretensión de nulidad con restablecimiento del
derecho debía ejercerse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación
de la referida decisión, término que, para la fecha de presentación de la demanda,
ya se encontraba vencido. Con fundamento en lo anterior, concluyó que había
operado el fenómeno preclusivo y, en consecuencia, declaró probada la excepción
de caducidad del medio de control.

6. Apelación

6.1. La parte actora14 solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. Señaló, pues, que las
pretensiones de la demanda consisten en la declaratoria de responsabilidad del
municipio demandando por la expedición de la Resolución No. 2501 de 2016,
mediante la cual declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de las resoluciones que le
habían reconocido beneficios tributarios, circunstancia que frustró las expectativas
generadas por dichos actos y vulneró el principio de confianza legítima.

Añadió que el medio de control de reparación directa es procedente, porque el
Consejo de Estado15 ha reconocido su aplicación en aquellos eventos en los que
actuaciones estatales legítimas frustran de manera intempestiva expectativas
generadas en los administrados, particularmente cuando se modifican beneficios
tributarios o incentivos económicos previamente otorgados.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

7.1. Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria
del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5° del artículo 24716 del CPACA, modificado por el artículo 6717 de la Ley
2080 de 202118, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en
segunda instancia.

7.2. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

La Sala advierte, desde ya, que modificará la sentencia anticipada del 23 de
septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
la cual se declararon probadas las excepciones de indebida escogencia del medio
de control y de caducidad, en el sentido de declarar probada únicamente la

14 Índices 39 y 40, Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia. Archivo denominado
“29_MemorialWeb_Recurso-apelacionsentencia(.pdf) NroActua 39 .pdf”, pp. 1 a 6.
15 En el recurso de apelación se hizo referencia a las siguientes decisiones: Consejo de Estado,

Sección Tercera, Subsección B. Sentencias del 29 de julio de 2013, Rad.: 27228 y del 31 de agosto
de 2015, Rad.: 22637.
16 CPACA. “Artículo 247.5 Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior

autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10)
días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente
al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para
alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.”
17 Ibidem.
18 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en
los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.

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Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Para el análisis, a continuación, se abordarán los siguientes aspectos: (1)
presupuestos procesales, (2) problemas jurídicos, (3) hechos probados, (4) análisis
sobre la procedencia del medio de control, (5) estudio de la caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, (6) conclusión y (7) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento
del asunto, según lo previsto en el artículo 10419 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA),
estatuto vigente a la fecha de presentación de la demanda y que, por tanto, resulta
aplicable, porque se demanda la responsabilidad extracontractual del municipio de
El Carmen de Viboral20.

Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia anticipada del 23 de septiembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dada la vocación de doble
instancia del proceso, debido a que la cuantía excedió los 500 21 SMLMV, en
concordancia con los artículos 15022 y 15223 del CPACA.

1.2. La correcta identificación del medio de control procedente en el caso concreto
determina las pretensiones a formular ante el juez y el término dentro del cual debe
hacerse uso del derecho de acción, de ahí que constituya un presupuesto que el
operador judicial debe examinar, aun de oficio, antes de pronunciarse sobre el fondo
del asunto24. En similar sentido, el ejercicio oportuno del derecho de acción

19CPACA. “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa… [de] 1. Los relativos a
la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen
aplicable […]”.
20 Constitución Política de Colombia. “Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos,

los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades
territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la
ley”.
21 En las pretensiones de la demanda se solicitó “[…] reconocer la existencia de exenciones

concedidas cuyos montos son exigidos por el municipio en valores relacionados en el aparte de la
cuantía”, concepto que fue estimado en el libelo introductorio en la suma de $14.533.393.000. Así,
la pretensión mayor de la demanda asciende a dicho valor, por concepto de perjuicios materiales, lo
que es superior a 500 SMLMV de la fecha en que aquella fue presentada, esto es, del año 2020, en
el que el salario mínimo correspondía a la suma de $877.803.
22 CPACA. “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de

radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.
23 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales

administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: 6. De los de reparación
directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la
cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. […]”.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 6 de abril de 2018, Rad.: 46005.

“Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente
el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto
global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte

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Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

constituye un requisito indispensable para habilitar la competencia del juez
contencioso administrativo25. Cuando se advierte que la demanda fue presentada
una vez vencido el término legal de caducidad, se impone un pronunciamiento
previo y excluyente sobre dicho presupuesto, en la medida en que la caducidad
comporta la extinción del derecho de acción e impide cualquier consideración sobre
el fondo del litigio.

Por esta razón, en el presente asunto el problema jurídico no se estructurará en
torno a la configuración de los elementos de la responsabilidad patrimonial del
Estado, sino que ha de plantearse en el examen de los presupuestos procesales
que determinan la procedencia del medio de control que, conforme a las
circunstancias fácticas y jurídicas del caso, resulta aplicable, así como en la
verificación de su ejercicio oportuno.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con los hechos y pretensiones de la demanda, así como los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer: (i) si la
pretensión de reparación directa resulta procedente para reclamar la indemnización
de perjuicios que la demandante atribuye a la “expedición de la Resolución 2501 de
octubre de 2016, ‘por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria
de las resoluciones 1972 del 1 de enero de 2010 y 1234 del 21 de junio de 2013
que concedieron beneficios tributarios a la empresa Novaventa”; y (ii) si el medio de
control que en derecho correspondía fue promovido oportunamente.

3. Hechos probados

Antes de relacionar los hechos probados, la Sala estima pertinente realizar dos
precisiones sobre la valoración de los medios de prueba que obran en el proceso:

de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante
único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la
acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad
con la providencia censurada”.
25 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de 2021,

Rad.: 51648. “Esta corporación, en forma reiterada, ha sostenido que, para garantizar la seguridad
jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción,
en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. En
este sentido, los interesados tienen la carga procesal de acudir a la jurisdicción dentro del plazo
fijado por la ley, por cuanto, al exceder el término preclusivo para promover el litigio, se pierde la
facultad de accionar y así hacer efectivo su derecho”. Asimismo, ver: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de noviembre de 2021, Rad.: 51788. “[…] la caducidad se
entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción,
resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en
marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección
de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal,
significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar”.

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Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

La primera, que se otorgará mérito probatorio a las copias simples allegadas al
expediente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24526 y 24627 del
Código General del Proceso (CGP), aplicables por remisión del artículo 306 del
CPACA, que admiten que los documentos se aporten al proceso en original o en
copia, y otorgan a las copias simples el mismo valor probatorio del original, salvo en
los eventos en que la ley establezca que debe presentarse el original o una
determinada copia.

La segunda, que habida cuenta de los problemas jurídicos atrás formulados, las
pruebas documentales aportadas con la demanda28 y con la contestación de esta29,
serán apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica y únicamente se valorarán
si resulta procedente examinar el fondo del asunto, por cuanto son relevantes para
el análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado, mas no para
determinar el medio de control procedente ni establecer si este fue ejercido
oportunamente.

No obstante, las comunicaciones internas del municipio y las actas de las reuniones
aportadas con la contestación de la demanda - relativas al trámite adelantado por
dicha entidad territorial para dejar sin efectos los actos administrativos que
concedieron beneficios tributarios a la actora - , así como los decretos mediante los
cuales se modificó el horario de atención al público en la administración municipal
de El Carmen de Viboral, se apreciarán conjuntamente con la Resolución 2501 de
2016, que la actora invoca como fuente de los perjuicios cuya indemnización
reclama (hecho probado 3.10.). Asimismo, se apreciarán junto con la decisión que
rechazó por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por Novaventa

26 “Artículo 245. Aportación de documentos. Los documentos se aportarán al proceso en original o

en copia. Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo
causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en dónde se encuentra el
original, si tuviere conocimiento de ello”.
27 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del

original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia. Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
28 Medios probatorios de naturaleza documental que fueron aportadas con la demanda, consistentes

en: (i) relaciones y resúmenes de inversiones de funcionamiento, así como informes de
empleabilidad elaborados por Novaventa; (ii) facturas del impuesto predial unificado expedidas por
el municipio demandado, comprobantes de su pago y el recurso de reconsideración interpuesto por
Novaventa contra algunas de dichas facturas; (iii) certificaciones contables expedidas por
Novaventa; (iv) declaraciones privadas y liquidaciones privadas del impuesto de industria y comercio;
(v) requerimientos enviados por el municipio a la demandante y sus respectivas respuestas; (vi)
gastos de nómina de Novaventa; (vii) resoluciones de liquidación del impuesto predial expedidas por
el municipio; (viii) emplazamientos para corregir las declaraciones del impuesto de industria y
comercio expedidos por esa entidad territorial. Índice 24, Samai, Tribunal Administrativo de
Antioquia. Carpeta denominada “003PruebasDemanda”.
29 Pruebas documentales aportadas con la contestación de la demanda, relativas a: (i) resoluciones

mediante las cuales el municipio cobró a Novaventa el impuesto complementario de avisos y tableros
y realizó requerimientos especiales de información; (ii) oficios mediante los cuales la administración
municipal solicitó a Novaventa la presentación de las declaraciones del impuesto de industria y
comercio o el pago de este y del impuesto predial sin exoneración; (iii) resoluciones que rechazaron,
por improcedentes, los recursos de reconsideración interpuestos contra las facturas de impuesto
predial unificado expedidas por el municipio; y (iv) actos administrativos que resolvieron los recursos
de reconsideración formulados por la actora contra las liquidaciones oficiales de revisión. Índice 14,
Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia. Carpeta denominada
“8_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_08.09.2021 - PTE DDA ALLEGA
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO - ARCHIVO ADJUNTO Y LINK - SE COMPRIMEN EN
CARPETA RAR - SUSANA P. (.RAR) NroActua 14”.

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Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

contra esa resolución (hecho probado 3.13.).

Bajo este marco, examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente, se
encuentran acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta a los
problemas jurídicos planteados en el presente asunto:

3.1. Mediante escritura pública No. 3703 del 3 de octubre de 2000 otorgada en la
Notaría 20 del Círculo Medellín, Novaventa fue constituida como una sociedad
anónima para la comercialización y distribución de productos alimenticios, materias
primas y elementos utilizados en las industrias de alimentos, así como para la
“administración de canales especializados para la comercialización de dichos
productos y de otros artículos que sean susceptibles de ser distribuidos por los
mismos canales”30.

3.2. El 14 de marzo de 2008 el concejo municipal de El Carmen de Viboral expidió
el Acuerdo No. 002, “Por el cual se conceden exoneraciones de impuestos de
industria y comercio, predial y los generados por la expedición de licencias de
construcción y/o remodelación para las empresas que promuevan el desarrollo
económico y social en el municipio”. Dicho acto contempló tales beneficios para las
empresas que acreditaran autosuficiencia en materia de servicios públicos y
saneamiento y que, además, generaran al menos doce (12) empleos permanentes,
de los cuales el 70% debía corresponder a trabajadores nativos del municipio o con
una residencia en este no inferior a tres (3) años31.

3.3. El 22 de abril de 2010, Novaventa solicitó al municipio de El Carmen de Viboral
el otorgamiento de los beneficios tributarios previstos en el citado acuerdo32.

3.4. El 17 de agosto de 2010, el municipio de El Carmen de Viboral expidió la
Resolución No. 1972, mediante la cual otorgó a Novaventa, por el término de diez
(10) años, la exoneración del impuesto predial, del impuesto de industria y comercio
y de los tributos “generados por la expedición de licencias de construcción y/o
remodelación”33.

3.5. El 16 de noviembre de 2012, el municipio de El Carmen de Viboral expidió la
Resolución No. 1807, mediante la cual revocó la Resolución 1972 de 2010, al

30 Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Medellín

para Antioquia. Índice 24, Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia. Carpeta
“002AnexosDemanda”, archivo denominado “Cámara de Comercio Novaventa Julio 2020.pdf”, pp. 1
a 28.
31 Así se desprende de la Resolución 1972 del 17 de agosto de 2010 expedida por el municipio de

El Carmen de Viboral. Índice 14, Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia. Carpeta denominada
“8_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_08.09.2021 - PTE DDA ALLEGA
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO - ARCHIVO ADJUNTO Y LINK - SE COMPRIMEN EN
CARPETA RAR - SUSANA P. (.RAR) NroActua 14”. Primer archivo, pp. 83 a 84.
32 Así se desprende de la Resolución 2456 del 10 de octubre de 2018 expedida por el municipio de

El Carmen de Viboral. Índice 14, Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia. Carpeta denominada
“8_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_08.09.2021 - PTE DDA ALLEGA
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO - ARCHIVO ADJUNTO Y LINK - SE COMPRIMEN EN
CARPETA RAR - SUSANA P. (.RAR) NroActua 14”. Primer archivo, pp. 6 a 17.
33 Resolución 1972 del 17 de agosto de 2010 expedida por el municipio de El Carmen de Viboral.

Índice 14, Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia. Carpeta denominada
“8_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_08.09.2021 - PTE DDA ALLEGA
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO - ARCHIVO ADJUNTO Y LINK - SE COMPRIMEN EN
CARPETA RAR - SUSANA P. (.RAR) NroActua 14”. Primer archivo, pp. 83 a 84.

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Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

constatar que Novaventa no cumplía los requisitos previstos en el Acuerdo 002 de
2008 para continuar gozando de la exoneración de los tributos municipales 34.

3.6. El 3 de diciembre de 2012, Novaventa interpuso recurso de reposición contra
la Resolución 1807 de dicho año35.

3.7. El 27 de diciembre de 2012, el municipio de El Carmen de Viboral expidió la
Resolución No. 2198, a través de la cual resolvió desfavorablemente el recurso de
reposición interpuesto por Novaventa y confirmó la Resolución 1807 de esa
anualidad. En consecuencia, ordenó liquidar y cobrar a dicha sociedad los
impuestos causados desde el año 2010, sin aplicar la exoneración de tributos
previamente otorgada36.

3.8. El 21 de junio de 2013, la administración municipal de El Carmen de Viboral
expidió la Resolución No. 1234, mediante la cual revocó las Resoluciones 1807 y
2198 de 2012 y, en consecuencia, exoneró a Novaventa - desde el 1.° de enero de
2013 y hasta el 31 de diciembre de 2020 - del pago del impuesto de industria y
comercio y su complementario de avisos y tableros, del impuesto predial y de los
tributos generados por la "expedición de licencias de construcción o remodelación",
siempre que cumpliera los requisitos establecidos en el Acuerdo 002 de 200837.

3.9. El 17 de octubre de 2014, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió
sentencia en la que declaró la nulidad del Acuerdo 002 de 2008, al considerar que
fue expedido sin el lleno de requisitos legales38.

3.10. El 24 de octubre de 2016, el municipio de El Carmen de Viboral expidió la
Resolución No. 2501, a través de la cual declaró la pérdida de fuerza de ejecutoria
de las Resoluciones 1972 de 2010 y 1234 de 2013, que concedieron beneficios
tributarios a Novaventa, por considerar que, como consecuencia de la declaratoria
de nulidad del Acuerdo 002 de 2008, desaparecieron los fundamentos jurídicos que
sustentaban dichos actos administrativos. En la misma resolución indicó que, de

34 Resolución 1807 del 16 de noviembre de 2012 expedida por el municipio de El Carmen de Viboral.

Índice 14, Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia. Carpeta denominada
“8_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_08.09.2021 - PTE DDA ALLEGA
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO - ARCHIVO ADJUNTO Y LINK - SE COMPRIMEN EN
CARPETA RAR - SUSANA P. (.RAR) NroActua 14”. Primer archivo, pp. 92 a 93.
35 Así se desprende de la Resolución 2198 del 27 de diciembre de 2012. Índice 14, Samai, Tribunal

Administrativo de Antioquia. Carpeta denominada
“8_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_08.09.2021 - PTE DDA ALLEGA
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO - ARCHIVO ADJUNTO Y LINK - SE COMPRIMEN EN
CARPETA RAR - SUSANA P. (.RAR) NroActua 14”. Primer archivo, pp.94 a 95.
36 Resolución 2198 del 27 de diciembre de 2012. Índice 14, Samai, Tribunal Administrativo de

Antioquia. Carpeta denominada
“8_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_08.09.2021 - PTE DDA ALLEGA
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO - ARCHIVO ADJUNTO Y LINK - SE COMPRIMEN EN
CARPETA RAR - SUSANA P. (.RAR) NroActua 14”. Primer archivo, pp. 94 a 95.
37 Resolución 1234 del 21 de junio de 2013. Índice 14, Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia.

Carpeta denominada “8_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_08.09.2021 -
PTE DDA ALLEGA RESPUESTA AL REQUERIMIENTO - ARCHIVO ADJUNTO Y LINK - SE
COMPRIMEN EN CARPETA RAR - SUSANA P. (.RAR) NroActua 14”. Primer archivo, pp.1 a 2.
38 Así se desprende de la Resolución 2501 del 24 de octubre de 2016. Índice 14, Samai, Tribunal

Administrativo de Antioquia. Carpeta denominada
“8_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_08.09.2021 - PTE DDA ALLEGA
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO - ARCHIVO ADJUNTO Y LINK - SE COMPRIMEN EN
CARPETA RAR - SUSANA P. (.RAR) NroActua 14”. Primer archivo, pp. 76 a 81.

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Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, contra esa decisión procedía
el recurso de reposición dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación39.

3.11. El 4 de noviembre de 2016, el municipio de El Carmen de Viboral notificó
personalmente a Novaventa la Resolución 2501 de esa anualidad40.

3.12. El 21 de noviembre de 2016, Novaventa interpuso recurso de reposición contra
la Resolución 2501 de dicho año, con el fin de que esta fuera revocada41.

3.13. El 24 de agosto de 2017, el municipio de El Carmen de Viboral expidió la
Resolución No. 3060, mediante la cual rechazó por extemporáneo el recurso de
reposición interpuesto por Novaventa y, en consecuencia, confirmó en su totalidad
la Resolución No. 2501 de 201642.

3.14. El 27 de agosto de 2018, Novaventa solicitó al municipio de El Carmen de
Viboral la revocatoria directa de la Resolución 2501 de 2016, por considerar que
esta decisión (i) fue dictada sin fundamento legal, como resultado de una
interpretación “errada e ilegal” de la figura de la pérdida de fuerza de ejecutoria del
acto administrativo, lo que configuró “una vía de hecho, que desconoce el marco
normativo de las competencias públicas”; (ii) desconoció su derecho al debido
proceso y las disposiciones del Estatuto Tributario, porque contra los actos
administrativos en materia tributaria procedía el recurso de reconsideración y no el
de reposición; y (iii) desconoció el principio de confianza legítima, por cuanto la
declaratoria de nulidad de un acto administrativo de carácter general produce
efectos hacia el futuro y, por tanto, no puede afectar situaciones jurídicas
consolidadas ni derechos adquiridos derivados de actos administrativos particulares
que concedieron beneficios tributarios.

En relación con este último aspecto, afirmó expresamente que la Resolución 2501
de 2016 “además de ser un efecto extensivo abusivo e ilegal configura una abierta
vía de hecho que pretende afectar una situación jurídica consolidada bajo el imperio
de un acto administrativo válido y vigente al momento de proferirse”, pues “[…] la
nulidad de un acto administrativo no afecta las decisiones adoptadas en su vigencia
[…] sin que haya lugar a generar una especie de bonanza de revocatorias o
decaimiento de actos administrativos […] ello, daría lugar a una situación de

39 Resolución 2501 del 24 de octubre de 2016. Índice 14, Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia.

Carpeta denominada “8_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_08.09.2021 -
PTE DDA ALLEGA RESPUESTA AL REQUERIMIENTO - ARCHIVO ADJUNTO Y LINK - SE
COMPRIMEN EN CARPETA RAR - SUSANA P. (.RAR) NroActua 14”. Primer archivo, pp. 76 a 81.
40 Acta de notificación personal de la Resolución 2501 del 24 de octubre de 2016. Índice 14, Samai,

Tribunal Administrativo de Antioquia. Carpeta denominada
“8_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_08.09.2021 - PTE DDA ALLEGA
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO - ARCHIVO ADJUNTO Y LINK - SE COMPRIMEN EN
CARPETA RAR - SUSANA P. (.RAR) NroActua 14”. Primer archivo, p. 82.
41 Así se desprende de la Resolución 360 del 24 de agosto de 2017. Índice 14, Samai, Tribunal

Administrativo de Antioquia. Carpeta denominada
“8_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_08.09.2021 - PTE DDA ALLEGA
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO - ARCHIVO ADJUNTO Y LINK - SE COMPRIMEN EN
CARPETA RAR - SUSANA P. (.RAR) NroActua 14”. Primer archivo, pp. 71 a 74.
42 Resolución 3060 del 24 de agosto de 2017 y notificación personal de este acto. Índice 14, Samai,

Tribunal Administrativo de Antioquia. Carpeta denominada
“8_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_08.09.2021 - PTE DDA ALLEGA
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO - ARCHIVO ADJUNTO Y LINK - SE COMPRIMEN EN
CARPETA RAR - SUSANA P. (.RAR) NroActua 14”. Primer archivo, pp.70 a 75.

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Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

inseguridad jurídica que no permitiría gozar de confianza de las decisiones públicas
y que vulneraría el principio de confianza legítima”43.

3.15. El 10 de octubre de 2018, el municipio de El Carmen de Viboral expidió la
Resolución No. 2456, a través de la cual rechazó por improcedente la solicitud de
revocatoria directa interpuesta por Novaventa contra la Resolución 2501 de 2016,
expedida por esa entidad territorial44.

4. Análisis sobre la procedencia del medio de control

4.1. En el asunto sub examine, el daño cuya reparación se reclama se concreta en
el menoscabo patrimonial que la sociedad demandante aduce haber sufrido como
consecuencia de la expedición de la Resolución 2501 del 24 de octubre de 2016,
mediante la cual el municipio de El Carmen de Viboral declaró la pérdida de fuerza
ejecutoria de las Resoluciones 1972 del 17 de agosto de 2010 y 1234 del 21 de
junio de 2013, que le habían reconocido unos beneficios tributarios. Alega que,
debido a ello, la entidad territorial le exigió el pago del impuesto predial y de industria
y comercio, pese a que había realizado las inversiones y generado los empleos
requeridos para acceder a dichos beneficios.

Como fundamento de sus pretensiones, la sociedad accionante afirma que la
resolución reprochada (i) fue dictada sin fundamento legal, como resultado de una
interpretación “errada e ilegal” de la figura de la pérdida de fuerza de ejecutoria del
acto administrativo, lo que configuró “una vía de hecho, que desconoce el marco
normativo de las competencias públicas”; (ii) desconoció su derecho al debido
proceso y las disposiciones del Estatuto Tributario, porque contra los actos
administrativos en materia tributaria procedía el recurso de reconsideración y no el
de reposición; y (iii) incurrió en falsa motivación y desconoció el principio de
confianza legítima, por cuanto la declaratoria de nulidad de un acto administrativo
de carácter general produce efectos hacia el futuro y, por tanto, no puede afectar
situaciones jurídicas consolidadas ni derechos adquiridos derivados de actos
administrativos particulares que concedieron beneficios tributarios.

4.2. El estatuto procesal administrativo consagra diferentes mecanismos de acceso
a la administración de justicia, cada uno de los cuales tiene una causa y un objeto
propio, que a su vez delimitan las pretensiones que por medio de ellos podrán
resolverse, de ahí que la vía procesal procedente dependerá del asunto alrededor
del cual versa la controversia jurídica, es decir, de la causa que le da origen.

En este sentido, de acuerdo con reiterada y pacífica jurisprudencia del Consejo de
Estado, la fuente o el origen del daño que se pretende resarcir, en armonía con la
causa petendi, determinan cuál es el medio de control procedente para acudir al

43 Solicitud de revocatoria presentada por Novaventa ante el municipio de El Carmen de Viboral

contra la Resolución 2501 de 2016. Índice 14, Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia. Carpeta
denominada “8_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_08.09.2021 - PTE DDA
ALLEGA RESPUESTA AL REQUERIMIENTO - ARCHIVO ADJUNTO Y LINK - SE COMPRIMEN EN
CARPETA RAR - SUSANA P. (.RAR) NroActua 14”. Primer archivo, pp.18 a 36 y 41 a 43.
44 Resolución 2456 del 10 de octubre de 2018 y notificación personal de dicho acto. Índice 14, Samai,

Tribunal Administrativo de Antioquia. Carpeta denominada
“8_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_08.09.2021 - PTE DDA ALLEGA
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO - ARCHIVO ADJUNTO Y LINK - SE COMPRIMEN EN
CARPETA RAR - SUSANA P. (.RAR) NroActua 14”. Primer archivo, pp. 3 a 17.

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Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

órgano judicial, así como la técnica apropiada para la formulación de las
pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para ejercerlo 45.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14046 del CPACA, el medio de control de
reparación directa procede cuando el daño cuya indemnización se reclama tiene
como fuente un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por
cualquier otra actuación imputable a una entidad pública, o de un acto
administrativo, siempre que no se cuestione su legalidad47. En estos eventos, la
pretensión se orienta exclusivamente a obtener la declaración de responsabilidad
patrimonial del Estado y la consecuente indemnización de los perjuicios que se
hayan causado.

Sin embargo, esta Sección del Consejo de Estado ha reconocido excepcionalmente
la viabilidad de la pretensión de reparación directa para reclamar los perjuicios
causados por la expedición de un acto administrativo cuya legalidad no se discuta
en el curso del proceso. Ello obedece a que el ejercicio de la función administrativa,
aun ajustado al ordenamiento jurídico, puede generar un rompimiento del equilibrio
de las cargas públicas que deben soportar todos los ciudadanos. En esta hipótesis,
la procedencia de este medio de control depende, principalmente, de que dicha
legalidad no haya sido cuestionada por la demandante48.

Asimismo, ha considerado que la reparación directa es la vía procesal adecuada
para solicitar la indemnización de los “perjuicios” derivados de: (i) un acto
administrativo particular que no sea susceptible de control judicial por haber sido
revocado en sede administrativa; o (ii) un acto administrativo de carácter general,
previa declaratoria de nulidad, siempre que entre este y el daño no medie un acto
subjetivo susceptible de control judicial. En este último supuesto, si la causa directa
del daño es un acto particular expedido con fundamento en el acto general anulado,
el interesado debe acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, pues solo a través de este puede desvirtuarse la presunción que ampara
aquel acto49.

Por último, la Sección ha señalado que este medio de control -reparación directa-
es el mecanismo procesal idóneo para “pedir el resarcimiento en la ejecución de un

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 23 de

abril de 2008, Rad.: 15906; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera. Sentencia del 13 de mayo de 2009, Rad.: 15652 y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de mayo de 2011,
Rad.: 26758.
46 “Artículo 140. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada

podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión
de los agentes del Estado […]”.
47 La jurisprudencia ha reconocido, excepcionalmente, que la reparación directa procede frente a

daños derivados de actos administrativos cuando no se cuestiona su legalidad. Cfr. Consejo de
Estado, Sección Tercera. Sentencia del 17 de junio de 1993, Rad.: 7303; y sentencia del 8 de marzo
de 2007, Rad.: 16421.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de abril de 2013, Rad.: 26437.
49 “si la causa directa del perjuicio no es el acto administrativo anulado, sino un acto administrativo

particular expedido a su amparo, debe acudirse a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
debido [a] que sólo a través de ella puede destruirse la presunción de ilegalidad que lo caracteriza”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Auto del 5 de julio de 2018, Rad.: 60502. Cfr.:
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 24 de agosto de 1998, Rad.: 13685; Consejo de
Estado, Sección Tercera. Auto del 15 de mayo de 2003, Rad.: 23205; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A. Sentencia del 21 de mayo de 2012, Rad.: 21986; Consejo de Estado,
Sección Tercera. Sentencia del 5 de julio de 2006, Rad.: 21051.

15

Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

acto administrativo” que haya sido objeto de revocación directa o de anulación
judicial50.

Por su parte, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado
en el artículo 13851 ibidem, es el mecanismo procesal idóneo cuando el daño
alegado tiene origen en un acto administrativo que se reputa ilegal 52. A través de
este medio de control se persigue, de manera principal, la declaratoria de nulidad
del acto y, como consecuencia de ello, el restablecimiento del derecho vulnerado o
la reparación del daño causado por su expedición. En esa medida, la nulidad y
restablecimiento del derecho exige cuestionar la validez del acto administrativo que
sirve de fuente al daño, pues solo a partir de su anulación resulta posible acceder
al restablecimiento o a la indemnización correspondiente.

Según lo previsto en el artículo 17153 del CPACA, el juez debe admitir la demanda
que reúna los requisitos legales y encauzarla por el trámite que legalmente
corresponda, aun si el accionante señaló una vía procesal inadecuada54.

4.3. Una vez valorado el acervo probatorio que reposa en el expediente, la Sala
encuentra demostrado: (i) que el 14 de marzo de 2008, el concejo municipal de El
Carmen de Viboral expidió el Acuerdo 002, “Por el cual se conceden exoneraciones
de impuestos de industria y comercio, predial y los generados por la expedición de
licencias de construcción y/o remodelación para las empresas que promuevan el
desarrollo económico y social en el municipio” (hecho probado 3.2.); (ii) que el 17
de agosto de 2010, el municipio de El Carmen de Viboral expidió la Resolución No.
1972, mediante la cual otorgó a Novaventa dichas exoneraciones por el término de
diez (10) años (hecho probado 3.4.); (iii) que el 16 de noviembre de 2012, dicha
entidad territorial expidió la Resolución No. 1807, a través de la cual revocó ese
beneficio fiscal, al constatar que la sociedad no cumplía los requisitos previstos en
el Acuerdo 002 de 2008 para continuar gozando de la exoneración de los tributos
municipales (hecho probado 3.5.); (iv) que, el 21 de junio de 2013, la administración
municipal de El Carmen de Viboral expidió la Resolución No. 1234, mediante la cual
le reconoció nuevamente tales beneficios y, en consecuencia, exoneró a Novaventa
• desde el 1.° de enero de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2020 - del pago del
impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, del
impuesto predial y de los tributos generados por la "expedición de licencias de

50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 30 de marzo de 2022, Rad.:

54977.
51 “Artículo 138. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una

norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior […]”.
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 18 de junio de 2025, Rad.:

71184. “Así, conviene advertir que la acción de simple nulidad y la de nulidad y restablecimiento del
derecho tienen como objeto que el juez declare la ilegalidad de actos administrativos (normativos o
particulares y concretos) que infrinjan normas de carácter superior o que incurran en los demás vicios
a que aluden los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, según corresponda”. Asimismo, esta Subsección, en sentencia del 30 de marzo de
2022, Rad.: 54977, explicó: “[…] la Sección ha indicado que la escogencia de la acción o medio de
control judicial no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio
alegado, de forma tal que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho resulta pertinente para
traer a esta jurisdicción pretensiones de restablecimiento e incluso reparación de perjuicios que
hayan venido consecuenciales a un acto administrativo ilegal […]”.
53 CPACA. “Artículo 171. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el

trámite que le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada […]”.
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 18 de junio de 2025, Rad.:

71184; Sentencia del 11 de agosto de 2025, Rad.: 71949.

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Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

construcción o remodelación", siempre que cumpliera los requisitos establecidos en
el Acuerdo 002 de 2008 (hecho probado 3.8.).

Igualmente, se acreditó: (v) que el 17 de octubre de 2014, el Tribunal Administrativo
de Antioquia dictó sentencia en la que declaró la nulidad del Acuerdo 002 de 2008,
(hecho probado 3.9.); (vi) que el 24 de octubre de 2016, el municipio de El Carmen
de Viboral expidió la Resolución No. 2501, a través de la cual declaró la pérdida de
fuerza de ejecutoria de las Resoluciones 1972 de 2010 y 1234 de 2013, por
considerar que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad del Acuerdo 002
de 2008, desaparecieron los fundamentos jurídicos que sustentaban dichos actos
administrativos (hecho probado 3.10.); (vii) que el 27 de agosto de 2018, Novaventa
solicitó al municipio de El Carmen de Viboral la revocatoria directa de la Resolución
2501 de 2016, por considerar que esta decisión fue dictada sin fundamento legal,
como resultado de una interpretación “errada e ilegal” de la figura de la pérdida de
fuerza de ejecutoria del acto administrativo, lo que configuró “una vía de hecho, que
desconoce el marco normativo de las competencias públicas”; desconoció su
derecho al debido proceso y las disposiciones del Estatuto Tributario, porque contra
los actos administrativos en materia tributaria procedía el recurso de
reconsideración y no el de reposición; y desconoció el principio de confianza
legítima, por cuanto la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de carácter
general produce efectos hacia el futuro y, por tanto, no puede afectar situaciones
jurídicas consolidadas ni derechos adquiridos derivados de actos administrativos
particulares que concedieron beneficios tributarios (hecho probado 3.14.).

Finalmente, se demostró que el 10 de octubre de 2018, el municipio de El Carmen
de Viboral expidió la Resolución No. 2456, a través de la cual rechazó por
improcedente la solicitud de revocatoria directa interpuesta por Novaventa contra la
Resolución 2501 de 2016, expedida por esa entidad territorial (hecho probado
3.15.).

4.4. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que no se configura ninguno
de los supuestos excepcionales en los que la jurisprudencia de esta Corporación ha
admitido la procedencia del medio de control de reparación directa para reclamar la
indemnización de los perjuicios derivados de la expedición de un acto
administrativo, por las razones que pasan a exponerse:

En primer lugar, no se configuró el supuesto excepcional consistente en que los
perjuicios reclamados deriven de un acto administrativo particular que no sea
susceptible de control judicial por haber sido revocado en sede administrativa. Esto,
porque se advierte que la Resolución 2501 de 2016, mediante la cual el municipio
de El Carmen de Viboral declaró la pérdida de fuerza de ejecutoria de las
resoluciones que habían concedido beneficios tributarios a la demandante, no fue
revocada por la administración. Por el contrario, Novaventa solicitó al municipio
demandado su revocatoria directa (hecho probado 3.14.), pero dicha petición fue
rechazada por improcedente mediante Resolución 2456 de 2018 (hecho probado
3.15.).

En segundo lugar, tampoco se está ante el evento en que los perjuicios reclamados
deriven de un acto administrativo de carácter general previamente declarado nulo.
Aunque el Acuerdo 002 de 2008, expedido por el Concejo Municipal de El Carmen
de Viboral, constituye un acto administrativo de carácter general por cuanto no tenía
como destinatario a un sujeto determinado o determinable, sino a un universo
indeterminado de empresas que acreditaran los requisitos para acceder a los
beneficios tributarios allí establecidos (hecho probado 3.2.), y posteriormente fue
17

Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Antioquia (hecho probado 3.9.), los
perjuicios reclamados, tal como lo sostuvo la propia recurrente en el recurso de
apelación, no tienen como causa ese acto general, sino la Resolución 2501 de 2016,
mediante la cual el municipio de El Carmen de Viboral declaró la pérdida de fuerza
ejecutoria de las resoluciones que le habían concedido beneficios tributarios a
Novaventa (hecho probado 3.10.).

Así pues, la Resolución 2501 de 2016 no fue expedida al amparo del Acuerdo 002
de 2008, sino con posterioridad a su declaratoria de nulidad, al considerar que
habían desaparecido los fundamentos jurídicos que sustentaban las resoluciones
mediante las cuales el municipio había reconocido beneficios tributarios a
Novaventa (hecho probado 3.10.). Así las cosas, entre el acto administrativo general
declarado nulo y el daño cuya reparación se reclama medió un acto administrativo
particular –Resolución 2501 de 2016– que puede ser objeto de cuestionamiento en
sede judicial, circunstancia que excluye la aplicación de ese supuesto excepcional.

Ello es así porque, precisamente, la decisión particular y concreta mediante la cual
la administración declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto administrativo
es susceptible de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Al
respecto, la Corte Constitucional ha señalado de tiempo atrás que, cuando la
administración expide un acto mediante el cual declara la configuración de alguna
de las causales de pérdida de fuerza de ejecutoria previstas en la ley, dicha decisión
puede ser demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo dentro
de la oportunidad legal correspondiente, en garantía de la tutela del orden jurídico y
del restablecimiento de los derechos que puedan resultar lesionados con su
expedición55.

En ese sentido, aunque la pérdida de fuerza de ejecutoria constituye una figura que
opera de pleno derecho cuando se configura alguna de las causales previstas en el
artículo 9156 del CPACA, ello no excluye la posibilidad de que la administración
pueda expedir un acto expreso mediante el cual declare esa circunstancia. En tal
evento, dicha manifestación adquiere la naturaleza de un acto administrativo
definitivo que crea una nueva situación jurídica respecto de la inicial, pues si bien
no la modifica, si termina por afectar su eficacia, al impedir que el acto que la cobija
continúe produciendo efectos jurídicos. Por esa razón, esa decisión puede ser
sometida al control de legalidad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo57.

55 “la decisión adoptada por la administración en aplicación de cualquiera de las causales de que

trata la norma acusada [refiriéndose a las causales de pérdida de ejecutoriedad previstas en el
artículo 66 del Decreto 01 de 1984], es susceptible de ser demandada ante la misma jurisdicción
contencioso administrativa dentro de la oportunidad legal correspondiente, lo que garantiza la tutela
del orden jurídico y el restablecimiento de los derechos de los particulares que puedan ser lesionados
en virtud de la expedición del acto sobre pérdida de fuerza ejecutoria por parte de la administración,
cuando este se haga necesario”. Corte Constitucional. Sentencia C-069 de 1995.
56 CPACA. “Artículo 91. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán

obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 1. Cuando
sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 3. Cuando al cabo de cinco (5)
años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 5. Cuando pierdan
vigencia”.
57 Esta postura no ha sido ajena al criterio de esta Corporación. Sobre el particular, la Subsección A

de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.: 18001-23-
33-000-2017-00170-01 (6301-2018), explicó: “[…] si bien como se señaló anteriormente en el marco

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Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

En tercer lugar, no resulta aplicable el supuesto excepcional según el cual procede
el medio de control de reparación directa cuando la legalidad del acto administrativo
que habría causado los perjuicios no es objeto de controversia. Por el contrario,
basta examinar los fundamentos de la demanda para advertir que el litigio planteado
por la actora recae sobre la legalidad de la Resolución 2501 de 2016 (hecho probado
3.10.).

De hecho, los reproches formulados en este proceso coinciden con los que la actora
formuló al solicitar a la administración la revocatoria directa de dicho acto
administrativo (hecho probado 3.14.), pues sostuvo que esa decisión fue expedida
sin fundamento legal, con desconocimiento de su derecho fundamental al debido
proceso y del principio de confianza legítima58.

En consecuencia, la procedencia del medio de control de reparación directa no
puede fundarse en este supuesto excepcional, pues la demanda, en esencia, busca
desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución 2501 de 2016.

Nótese, además, que el cargo fundado en el desconocimiento del principio de
confianza legítima parte de la premisa de que la declaratoria de nulidad del Acuerdo
002 de 2008 solo producía efectos hacia el futuro y, por tanto, no podía afectar las
situaciones jurídicas consolidadas derivadas de las resoluciones que habían
reconocido beneficios tributarios a la demandante. A partir de esa consideración, la
sociedad demandante sostiene que la Resolución 2501 de 2016 aplicó
indebidamente los efectos de dicha declaratoria de nulidad al dejar sin efectos esos
actos administrativos particulares. El reparo recae, entonces, sobre la validez de
esta decisión.

Este entendimiento coincide con la jurisprudencia reciente de esta Sección del
Consejo de Estado59, que ha examinado la vulneración del principio de confianza

normativo, la figura de la pérdida de fuerza de ejecutoria del las decisiones de la administración
opera de manera automática y de pleno de derecho (esto es, sin necesidad de pronunciamiento
administrativo o judicial), ello no es impedimento para que, en los eventos en los cuales la propia
entidad expida un acto expreso en el que declare lo propio, aquel pueda ser sometido a un juicio de
legalidad como el actual. Debe tenerse en cuenta que, a pesar de que el decaimiento es en esencia
una excepción que puede alegar la parte interesada cuando se configure uno de los supuestos del
artículo 91 del CPACA, siempre que esta se formalice en una decisión expresa de la autoridad
pública, indiscutiblemente tal manifestación se vuelve un acto administrativo definitivo que crea una
nueva situación jurídica respecto de la inicial, pues si bien no la modifica, si termina por afectar su
eficacia, ya que imposibilita que esta siga surtiendo efectos, situación que es perfectamente
demandable y verificable en sede judicial”. En el mismo sentido, véase también Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 14 de marzo de 2024, Rad.: 18001-23-33-000-2017-
00235-01 (0756-2019).
58 La parte actora refiere que la Resolución 2501 de 2016 fue expedida: (i) sin fundamento legal,

como resultado de una interpretación "errada e ilegal" de la figura de la pérdida de fuerza ejecutoria
del acto administrativo, lo que, en su criterio, configuró una vía de hecho y desconoció el marco
normativo de las competencias públicas; (ii) vulneró su derecho al debido proceso y las disposiciones
del Estatuto Tributario, porque contra los actos administrativos en materia tributaria procedía el
recurso de reconsideración y no el de reposición; y (iii) desconoció el principio de confianza legítima,
dado que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de carácter general produce efectos
hacia el futuro y, por tanto, no puede afectar situaciones jurídicas consolidadas ni derechos
adquiridos derivados de actos administrativos particulares que concedieron beneficios tributarios.
59 “los actos acusados son ilegales por infracción de las normas en que debían fundarse, al

desconocer —según afirma— el régimen jurídico aplicable a los títulos mineros otorgados bajo el
Decreto 2655 de 1988 y la Ley 685 de 2001, así como las directrices del Ministerio de Minas y
Energía. Asimismo, alega la vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica, confianza
legítima y debido proceso, al haberse cancelado la licencia por vencimiento de términos y presuntos

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Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

legítima como un cargo de nulidad, a partir de la sujeción del acto acusado al
principio de legalidad. El argumento de la demandante estaba dirigido, entonces, a
desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución 2501 de 2016.

En esas condiciones, la controversia planteada por la actora necesariamente debía
ventilarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
pues solo mediante ese mecanismo procesal era posible perseguir la declaratoria
de nulidad de la Resolución 2501 de 2016 y, como consecuencia de ello, obtener el
restablecimiento del derecho o la indemnización de los perjuicios que atribuye a la
expedición de dicho acto.

4.5. De ello se sigue, entonces, que el medio de control idóneo para controvertir la
legalidad del acto administrativo referido y conseguir una indemnización de
perjuicios por los daños causados con su expedición no es el de reparación directa,
pues la controversia no se origina en un hecho, una omisión, una operación
administrativa ni en la ocupación de inmuebles por trabajos públicos, sino en una
determinación administrativa desfavorable para la sociedad demandante y cuya
legalidad se reprocha.

4.6. La anterior conclusión no se desvirtúa por la referencia que hace la recurrente
a las sentencias proferidas por esta Corporación dentro de los expedientes 2263760
y 2722861, con fundamento en las cuales sostiene que el presente asunto debe
analizarse bajo el régimen de daño especial por la supuesta defraudación del
principio de confianza legítima, toda vez que tales providencias se ocupan de un
supuesto distinto al que aquí se examina, pues reconocen la procedencia de la
responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la expedición de una ley cuando
esta, aun estando exenta de vicios y conforme a la Constitución, introduce cambios
imprevisibles e intempestivos que frustran expectativas legítimas o rompen la
igualdad frente a las cargas públicas, sin prever medidas transitorias o
compensatorias.

Precisamente por ello, la ratio decidendi de esas decisiones descansa en los efectos
dañosos derivados de los cambios normativos introducidos por el legislador
respecto de derechos adquiridos, situaciones jurídicas consolidadas, expectativas
legítimas o estados de confianza. Ese supuesto, sin embargo, no concurre en el
presente asunto, en el que los perjuicios cuya indemnización se reclama no se
hacen derivar de la expedición de una ley, sino de un acto administrativo particular
mediante el cual el municipio declaró la pérdida de fuerza de ejecutoria de las
resoluciones que habían reconocido beneficios tributarios a la demandante.

Adicionalmente, pese a que la demandante alude al principio de confianza legítima
para justificar la procedencia de la pretensión de reparación directa, lo cierto es que
este reproche se encuentra dirigido a sostener que la Resolución 2501 de 2016 fue
expedida con desconocimiento de los efectos jurídicos de la declaratoria de nulidad
del Acuerdo 002 de 2008 y, por ende, en contravención del ordenamiento jurídico,

incumplimientos sin adelantar el trámite correspondiente ni otorgar la oportunidad de subsanar las
irregularidades señaladas. La Sala anticipa que los cargos de nulidad formulados no logran
desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos acusados […]”. Consejo de Estado,
Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 1° de junio de 2026, Rad.: 11001-03-26-000-2015-
00062-00.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 31 de agosto de 2015, Rad.:

22637.
61 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 29 de julio de 2013, Rad.:

27228.

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Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

habilitando así la solución de la controversia por la cuerda procesal de la nulidad
con restablecimiento del derecho

4.7. A partir de las anteriores consideraciones, la Sala concluye que, en el caso bajo
examen, el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del
derecho, toda vez que la parte demandante cuestiona la legalidad de la Resolución
2501 de 2016, por estimarla contraria al ordenamiento jurídico, y, por esa vía,
conseguir el restablecimiento de la situación jurídica particular que estima
vulnerada.

Atendiendo a lo expuesto, el asunto debe ser adecuado al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto ese es el cauce procesal idóneo
para ventilar la controversia planteada. No está de más precisar que la decisión del
tribunal de declarar probada la excepción de indebida escogencia del medio de
control es inadecuada, pues desconoce el artículo 17162 del CPACA que impone al
Juez darle el trámite que corresponda a la demanda, aunque el accionante haya
indicado una vía procesal que no sea la apropiada63.

5. Estudio de la caducidad de la pretensión de nulidad y restablecimiento del
derecho

5.1. En línea con el análisis que antecede, adecuado el medio de control ejercido al
de nulidad y restablecimiento del derecho, procedente en el presente asunto,
corresponde analizar si dicho medio de control se ejerció en tiempo.

5.2. La caducidad es una institución jurídica que se funda en normas de orden
público, sobre la base del cumplimiento de plazos perentorios, improrrogables e
irrenunciables para ejercer los medios de control judicial. La caducidad debe ser
entendida como un fenómeno procesal de doble naturaleza –límite y garantía–, pues
se erige como instrumento que busca racionalizar el uso del aparato judicial,
optimizar la eficiencia procesal y ofrecer estabilidad al derecho, impidiendo la
discusión indefinida de relaciones jurídicas, a la vez que opera, también, como una
sanción ipso iure que, ante la inactividad procesal del interesado, extingue la
facultad de accionar en beneficio del demandado64.

Tal como lo ha resaltado la Corte Constitucional, “[l]a justificación de la aplicación
de la figura de la caducidad en las acciones contencioso-administrativas, tiene como
fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual
anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado
de reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya. Así,
en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de
estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá
reclamarse en consideración del interés general”65.

62 CPACA. “Artículo 171. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el

trámite que le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada […]”.
63 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 18 de junio de 2025, Rad.:

71184. Asimismo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 11 de agosto
de 2025, Rad.: 71949.
64 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de agosto

de 2025, Rad. 71322; Subsección C, sentencia del 11 de agosto de 2025, Rad. 67960; Subsección
C, sentencia del 10 de marzo de 2025, Rad. 67661; y Subsección C, sentencia del 9 de abril de 2025,
Rad. 69000.
65 Corte Constitucional. Sentencia C-832 de 2001.

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Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

5.3. Así pues, en cuanto a la oportunidad para ejercer el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, los artículos 13866 y 16467 del CPACA disponen que
debe ejercerse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación,
comunicación o publicación del acto administrativo que se pretende controvertir.
Con todo, si existe un acto intermedio, de ejecución o de cumplimiento que
particularice sus efectos, el primero de los artículos citados señala que dicho término
se contabiliza a partir del día siguiente a la notificación de este.

En el presente asunto, la parte accionante hace derivar los perjuicios cuya
reparación reclama en la “expedición de la Resolución 2501 de octubre de 2016”,
mediante la cual el municipio de El Carmen de Viboral declaró la pérdida de fuerza
de ejecutoria de las Resoluciones 1972 de 2010 y 1234 de 2013, que concedieron
beneficios tributarios a Novaventa, al considerar, entre otras cosas, que dicho acto
fue expedido sin fundamento legal (hecho probado 3.10.). Esta decisión fue
notificada personalmente a la sociedad el 4 de noviembre de 2016 (hecho probado
3.11.).

5.4. En consecuencia, el término de cuatro (4) meses para ejercer el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho comenzó a correr el 5 de
noviembre de 2016, esto es, el día siguiente de la notificación de la Resolución
2501, y venció el 6 de marzo de 2017, pues el 5 de marzo de ese año correspondió
a un día inhábil. No obstante, como la demanda fue radicada el 31 de agosto de
2020 –tal como lo indicó el tribunal en la sentencia apelada–, para ese momento ya
había transcurrido el término que prevé la ley procesal para ejercer oportunamente
dicho medio de control.

Y aunque el 10 de agosto de 2020 la parte demandante presentó solicitud de
conciliación extrajudicial68 ante los agentes del Ministerio Público, lo cierto es que
para esa fecha no había término de caducidad susceptible de ser suspendido,
porque, como se explicó anteriormente, ya había operado el fenómeno preclusivo
que extinguía la posibilidad de invocar el aludido medio de control.

5.5. En ningún caso puede afirmarse que la declaración de este fenómeno vulnera
los derechos fundamentales de la parte accionante, pues su aplicación es la
consecuencia jurídica de las normas de orden procesal que imponen un límite al
ejercicio del derecho de acción, cuando se ejerce el medio de control dentro de un
término superior al dispuesto por el legislador.

66 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general
y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o
la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un
acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir
de la notificación de aquel”.
67 “Artículo 164. […] Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda

deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de
la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo
las excepciones establecidas en otras disposiciones legales”.
68 Constancia expedida por la Procuraduría 113 Judicial II para Asuntos Administrativos de Medellín.

Índice 24, Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia. Carpeta denominada “002AnexosDemanda”.

22

Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

Así las cosas, comoquiera que el medio de control procedente era el de nulidad y
restablecimiento del derecho, y este no fue ejercido dentro del término legal, se
impone concluir que en el sub examine operó el fenómeno preclusivo de la
caducidad.

5.6. En consecuencia, fuerza es, en la parte resolutiva, modificar la sentencia
anticipada del 23 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante la cual se declararon probadas las excepciones de indebida
escogencia del medio de control y de caducidad, en el sentido de declarar
exclusivamente probada la excepción de caducidad del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, al que debió adecuarse la demanda.

6. Conclusión

En el marco de los cargos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora contra la sentencia anticipada del 23 de septiembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la Sala concluyó que el daño alegado se
fundamentó en la supuesta ilegalidad de la Resolución 2501 de 2016 mediante la
cual el municipio de El Carmen de Viboral declaró la pérdida de fuerza de ejecutoria
de las resoluciones que habían concedido beneficios tributarios a la demandante.
Por ello, la demanda se adecuó al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. No obstante, al constatar que dicho medio de control no fue ejercido
en tiempo, se encontró que la demanda se presentó de forma extemporánea.

7. Costas

El numeral 1° del artículo 365 del CGP69 dispone que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la
medida de su comprobación70. Atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en
costas en segunda instancia a la parte actora, por resultar vencida en esta instancia.
En lo atinente a las agencias en derecho, en virtud del numeral 4° del artículo 366
del CGP71, se fijarán con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo
Superior de la Judicatura, para lo cual deberá atenderse la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales. En el sub-
lite, el municipio de El Carmen de Viboral no realizó gestiones de manera activa en
esta instancia. En consecuencia, no habrá lugar al pago de las agencias en derecho
a cargo del extremo activo.

69 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
70 CGP. “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a

aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además,
en los casos especiales previstos en este código. […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
71 CGP. “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse

las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.

23

Radicado: 05001233300020200312701 (72128)
Demandante: Novaventa S.A.S.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia anticipada del 23 de septiembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se declararon
probadas las excepciones de indebida escogencia del medio de control y de
caducidad, en el sentido de declarar probada exclusivamente la excepción de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora, las cuales serán liquidadas
de manera concentrada por el Tribunal de origen, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en
los artículos 366 y 365 numeral 8 del Código General del Proceso. Sin
reconocimiento alguno por agencias en derecho.

TERCERO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

EJRC/JAR

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