Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-03208-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2020-03208-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-03208-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2020-03208-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de febrero de 2025
Radicación: 05001-23-33-000-2020-03208-01 (3273-2023)
Demandante: María Gilma Correa Restrepo
Demandado: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2020-03208-01 (3273-2023)1
Demandante: María Gilma Correa Restrepo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema: docente nacional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 12 de abril de 2023, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La parte demandante, quien prestó sus servicios en la Escuela Normal Superior de
Copacabana, solicitó que se declare la nulidad de las resoluciones que le negaron el
reconocimiento de la pensión gracia, argumentando su condición de docente nacional.
Como sustento de la demanda, señaló que la Ley 116 de 1928 amplió dicho beneficio
a los profesores de las escuelas normales. Asimismo, citó la sentencia de unificación
del 21 de junio de 2018, emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
cual se estableció que los entes territoriales son los titulares directos de los recursos
destinados al pago de los salarios del personal docente, aun cuando dichos fondos
sean transferidos por la nación.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. La señora María Gilma Correa Restrepo, mediante apoderado judicial, presentó
demanda2, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, con las siguientes
pretensiones:
1 Expediente electrónico.
2 14 de septiembre de 2020.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2020-03208-01 (3273-2023)
Demandante: María Gilma Correa Restrepo
Demandado: UGPP
(i) Se declare la nulidad de la Resolución RDP 031675 del 23 de octubre de 2019,
que le negó el reconocimiento de la pensión gracia, así como de las resoluciones RDP
036650 del 3 de diciembre de 2019 y RDP 000261 del 8 de enero de 2020, que
resolvieron, respectivamente, los recursos de reposición y apelación.
(ii) A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene que la UGPP le
reconozca y pague una pensión gracia, a partir del 4 de julio de 1998.
(iii) Igualmente, pidió que las sumas adeudadas sean actualizadas con el índice de
precios al consumidor; que la entidad cumpla el fallo en los términos del artículo 192
del CPACA; que se ordene el pago de intereses moratorios; y que se condene en
costas a la parte demandada3.
2.1.2. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
3. La señora María Gilma Correa Restrepo se vinculó como docente nacionalizada
desde el 18 de mayo de 1967, en la Escuela R. A. Aguas Claras, del municipio de
Barbosa. Después, fue nombrada en el cargo de profesora de tiempo completo, en la
misma institución educativa, a través del Decreto 344 del 21 de junio de 1967, dictado
por la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia.
4. Luego, la actora fue designada, en el empleo de profesora de la Escuela Normal
Superior María Auxiliadora del municipio de Copacabana (departamento de Antioquia),
por disposición de la Resolución 8410 del 5 de septiembre de 1973. A través del
Decreto 1409 del 9 de abril de 1996 se dispuso la incorporación «en el mismo cargo y
sitio de labores». Agregó que laboró por más de 39 años al servicio del departamento
de Antioquia, puesto que su renuncia fue aceptada en el Decreto 2837 del 22 de
diciembre de 2006.
5. La docente solicitó el reconocimiento de la pensión gracia, para lo cual invocó
la aplicación de la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 4; sin embargo, la
UGPP negó lo pedido en las resoluciones RDP 0316675 del 23 de octubre de 2019,
RDP 036650 del 3 de diciembre de 2019 y RDP 000261 del 8 de enero de 2020.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
6. En la demanda se citaron las siguientes normas vulneradas:
De la Constitución Política, el artículo 53.
De la Ley 114 de 1913, el artículo 4.
La Ley 116 de 1928.
De la Ley 43 de 1975, el artículo 2.
De la Ley 91 de 1989, el artículo 15.
Del Decreto Ley 1277 de 1979, el artículo 36.
3 Índice 2 Samai, ED_05001233300020200320(.zip) NroActua 2, 01Demanda.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014),
sentencia de unificación SUJ-SII-11-2018.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2020-03208-01 (3273-2023)
Demandante: María Gilma Correa Restrepo
Demandado: UGPP
7. Al explicar el concepto de violación, la parte actora expuso que tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, porque la Ley 116 de 1928 la extendió para los
empleados y profesores de las escuelas normales, de modo que los 20 años de
servicios pueden prestarse en la enseñanza primaria y normalista. Agregó que el
derecho al reconocimiento pensional está respaldado por la nueva línea jurisprudencial
contenida en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado5, en tanto, determinó que los entes territoriales son
titulares directos de los dineros con los cuales se financia el pago de los emolumentos
de las plazas docentes, aunque sean girados por la nación.
2.2. Contestación de la demanda
8. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
al indicar que la docente laboró durante 20 años, sin embargo, los certificados de
tiempos de servicios, expedidos por la Secretaría de Educación de Antioquia, informan
que la vinculación fue de carácter nacional, razón por la cual no pueden computarse
para el reconocimiento de la pensión gracia. Esto, acorde con la sentencia de la Sala
Plena de lo Contencioso - Administrativo del 29 de agosto de 1997, según la cual no
hay lugar al reconocimiento de la pensión gracia a un docente nacional6.
9. Sentencia de primera instancia
10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 12 de abril 2023,
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.
Respecto al tipo de vinculación, precisó que la señora María Gilma Correa Restrepo
fue docente para el departamento de Antioquia desde el 18 de mayo de 1967 al 30 de
junio de 1973; y nacional hasta el 30 de diciembre de 2006, en la Normal Superior de
Copacabana.
11. En cuanto al periodo de vinculación nacional, resaltó que, según la certificación
expedida el 5 de febrero de 1999 por la rectora de la Escuela Normal Superior de
Copacabana, la demandante fue docente nacional después del año 1973, y que los
salarios fueron pagados con presupuesto de la nación.
12. Igualmente, el Tribunal advirtió que la naturaleza de la vinculación docente
depende de si el nombramiento fue proferido por el Gobierno nacional o una autoridad
territorial; sin embargo, en el proceso no obra el acto administrativo de nombramiento
del 1°. de abril de 1996. En todo caso, determinó que el juzgador también puede valorar
los certificados de las autoridades nominadoras, y en este sentido, se establece que
la vinculación de la maestra desde el año 1996 fue nacional, entonces, el periodo del
1° de abril de 1996 al 30 de diciembre de 2006 no puede ser computado para el
reconocimiento de la pensión gracia.
5 Idem.
6 Índice 2 Samai, ED_05001233300020200320(.zip) NroActua 2, 05ContestacioUGPP.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2020-03208-01 (3273-2023)
Demandante: María Gilma Correa Restrepo
Demandado: UGPP
13. Condenó en costas a la demandante por ser la parte vencida en el proceso, en
aplicación del artículo 365 del Código General del Proceso7.
2.4. Recurso de apelación
2.4.1. Parte demandante
14. La señora María Gilma Correa Restrepo, mediante apoderado, interpuso recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia, al afirmar que desconoció el
fallo de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 21 de junio de
20188, en donde se estableció que los entes territoriales son los propietarios de los
recursos girados por la nación para sufragar los gastos del personal docente. Por
consiguiente, la recurrente insiste en que tiene derecho al reconocimiento de la
pensión gracia, en aplicación de la citada sentencia de unificación.
15. En criterio de la actora, el fallo apelado desconoció que fue nombrada como
docente territorial, mediante el Decreto 344 del 21 de junio de 1967, y que los dineros
con los cuales se financiaba el pago de su salario se incorporaron al presupuesto del
departamento de Antioquia9.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
16. Mediante auto del 2 de noviembre de 202310, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y al no existir
solicitud de pruebas se prescindió del periodo para correr traslado a las partes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
17. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.
3.2. Problema jurídico
18. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que negó al
reconocimiento de la pensión gracia, si:
19. ¿La actora como docente de una Escuela Normal Superior tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, considerando que, aunque su salario fue pagado
con recursos girados por la nación, dichos fondos adquirieron carácter territorial al ser
transferidos al departamento o municipio?
7 Índice 2 Samai, ED_05001233300020200320(.zip) NroActua 2, 14SentenciaPrimeraInstancia.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01
(3805-2014), sentencia de unificación SUJ-SII-11-2018.
9 Índice 2 Samai, ED_05001233300020200320(.zip) NroActua 2, 17RecursoApelacion.
10 Índice 4 Samai.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2020-03208-01 (3273-2023)
Demandante: María Gilma Correa Restrepo
Demandado: UGPP
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
20. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114 de
191311, beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran
servido en el magisterio por al menos 20 años, siempre que cumplieran los siguientes
requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y consagración; y (ii) no recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional.
21. La Ley 116 de 192812 amplió este beneficio a los empleados docentes y profesores
de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción Pública. Según el
artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios prestados en
diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, para
completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la inspección
de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
22. Posteriormente, la Ley 37 de 193313 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
23. Por su parte, la Ley 91 de 198914, en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
24. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a partir de esa fecha
a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de nacionalización de la educación que
se adelantó por disposición de la Ley 43 de 1975.
11 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
12 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
13 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
14 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2020-03208-01 (3273-2023)
Demandante: María Gilma Correa Restrepo
Demandado: UGPP
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial
a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo
1015 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a ocupar haya sido creada
exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su propio presupuesto.
25. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199716, en los
siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia […].siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en
el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.
26. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201817, señaló
que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para
no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula,
entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años
y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta
años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.
27. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los recursos
que la nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales, cuando
ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes territoriales,
de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del Ministerio
de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o nacionalizado que
es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes
15 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional.”.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, M.P.
Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2020-03208-01 (3273-2023)
Demandante: María Gilma Correa Restrepo
Demandado: UGPP
reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados18, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal54; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
[…].
28. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.4. Hechos probados
29. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
18 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2020-03208-01 (3273-2023)
Demandante: María Gilma Correa Restrepo
Demandado: UGPP
• Edad
30. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años de edad. En el caso concreto, la señora María Gilma Correa Restrepo nació el 4
de julio de 1948, como consta en la cédula de ciudadanía19, en consecuencia, acreditó
la edad de 50 años, el 4 de julio de 1998.
• Vinculación docente
31.La señora María Gilma Correa Restrepo fue nombrada por el gobernador del
departamento de Antioquia, mediante el Decreto 344 del 21 de junio de 1967, en el
empleo de maestra para la educación primaria de la Escuela R.A Aguas Claras20. La
docente se posesionó con retroactividad al 18 de mayo de 196721.
32. Obra en el proceso el acta de posesión de la accionante en el cargo de profesora
de enseñanza primaria de la Normal Nacional de Señoritas del municipio de
Copacabana, ante el alcalde, con retroactividad al 1° de julio de 197322.
33. Según la certificación del departamento de Antioquia del 3 de febrero de 1999, la
accionante prestó sus servicios, así23:
Empleo Tiempo
Educadora de primaria (carácter 18 de mayo de 1967 al 30 de junio de 1973
departamental)
PTC Normal Superior de Copacabana 1º. de abril de 1996 al 30 de junio de 1998.
(carácter nacional)
34. En el mismo sentido, la profesional especializada de posesiones y certificados del
departamento de Antioquia informó que la demandante prestó sus servicios de la
siguiente manera:
Del 18 de mayo de 1967 al 30 de junio de 1973, fecha hasta la cual tiene registro de pagos,
como directora de la Escuela Rural Aguas Claras, municipio de Barbosa, nombramiento
por Decreto 344 del 21 de junio de 1967.
Renuncia a partir del 1º de julio de 1973, por Decreto 4110 del 26 de septiembre de 1973.
Docente nacional del 1º de abril de 1996 al 31 de octubre de 2004, fecha hasta la cual
tiene registros de pagos, como profesora de primaria anexa a la Normal Nacional de
Señoritas, municipio de Copacabana, incorporada a la planta de cargos del departamento
de Antioquia, de conformidad con el Decreto 1409 del 9 de abril de 1996.
Último cargo: docente nacional en la primaria anexa a la Normal Nacional de Señoritas,
Copacabana.
19 Índice 2 Samai, ED_05001233300020200320(.zip) NroActua 2, carpeta 5.5 32447870, doc. 8.
20 Índice 2 Samai, ED_05001233300020200320(.zip) NroActua 2, 1.1. AnexosDemanda, págs. 21 a 23.
21 Idem, pág. 25.
22 Idem, pág. 26.
23 Idem, carpeta de antecedentes administrativos, doc. 18-Certificado de información laboral.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2020-03208-01 (3273-2023)
Demandante: María Gilma Correa Restrepo
Demandado: UGPP
35. El 5 de febrero de 1999, la rectora de la Escuela Normal Superior de Copacabana,
certificó que la actora «presta sus servicios como profesora, enseñanza maestra
consejera (sic), desde el 1º de junio de 1973 hasta la fecha, nombrada por Resolución
Nacional 8410 de septiembre 5 de 1973. […] Sus sueldos fueron cancelados con
fondos del tesoro de la nación […]»24.
36. La Secretaría de Educación de Antioquia, en el Formato Único para la Expedición
de Certificado de Historia Laboral del 20 de octubre de 2015, informó que la docente
tuvo una vinculación nacional en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de
Copacabana, incorporada mediante el Decreto 1409 del 9 de abril de 1996 y con fecha
de retiro del 22 de diciembre de 200625.
37. En el Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios del 20 de
octubre de 2015, la Secretaría de Educación informa que le vinculación en la Escuela
Normal Superior María Auxiliadora era nacional26.
• Actos demandados
38. Mediante la Resolución RDP 0316675 del 23 de octubre de 2019, la UGPP le negó
el reconocimiento de una pensión gracia a la señora María Gilma Correa Restrepo con
fundamento en que, según los certificados de tiempo de servicios de la Secretaría de
Educación de Antioquia, la vinculación de la maestra fue nacional27. Esta decisión fue
confirmada en la Resolución RDP 036650 del 3 de diciembre de 2019, que resolvió el
recurso de reposición y la Resolución RDP 000261 del 8 de enero de 2020, que decidió
el recurso de apelación28.
3.5. Caso concreto
39. En el asunto bajo análisis, la actora solicitó la nulidad de las resoluciones que
le negaron el reconocimiento de la pensión gracia por tratarse de una docente
nacional. Como fundamento de la demanda alegó que la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio pensional para los profesores de las escuelas normales, y que la sentencia
de unificación del 21 de junio de 201829, dictada por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, explicó que los entes territoriales son titulares directos de los dineros con
los cuales se financia el pago de los emolumentos de las plazas docentes, aunque
sean girados por la nación.
40. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar que la señora María
Gilma Correa Restrepo no completó los 20 años de servicios requeridos como maestra
nacionalizada o territorial. Explicó que, como en el proceso no obra el acto de
nombramiento, acorde con las certificaciones de la Secretaría de Educación se
acreditó que prestó sus servicios como docente nacional desde el año 1996, nombrada
en una Escuela Normal Superior.
24 Idem, doc. 19-Certificado de información laboral.
25 Índice 2 Samai, ED_05001233300020200320(.zip) NroActua 2, 1.1. AnexosDemanda, págs. 28 y 29.
26 Idem, págs. 30 a 32.
27 Idem, págs. 3 a 7.
28 Idem, pág. 9 a 13 y 15 a 19.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01
(3805-2014), sentencia de unificación SUJ-SII-11-2018.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2020-03208-01 (3273-2023)
Demandante: María Gilma Correa Restrepo
Demandado: UGPP
41. Inconforme con esta decisión, la parte actora apela insistiendo en que tiene
derecho al reconocimiento de la pensión gracia, pues el fallo apelado desconoció que
fue nombrada como docente territorial, mediante el Decreto 344 del 21 de junio de
1967, y que los dineros con los cuales se financiaba el pago de su salario se
incorporaron al presupuesto del departamento de Antioquia. Entonces, de conformidad
con la sentencia de unificación de 21 de junio de 201830, puede acceder al
reconocimiento pensional.
42. Visto lo anterior, en el proceso se demostró que la señora María Gilma Correo
Restrepo nació el 4 de julio de 1948 y cumplió 50 años el 4 de julio de 1998; prestó
sus servicios como docente nombrada por el gobernador de Antioquia, en el Decreto
344 del 21 de junio de 1967, posesionada con retroactividad desde el 18 de mayo de
ese año y laboró hasta el 30 de junio de 1973. Este tiempo de servicios fue
desempeñado como maestra departamental, tal como lo certificó el departamento de
Antioquia31.
43. Sin embargo, el departamento de Antioquia certificó que la accionante fue maestra
con carácter nacional del 1º. de abril de 1996 al 31 de octubre de 2004, como profesora
de primaria anexa a la Normal Nacional de Señoritas, municipio de Copacabana,
incorporada a la planta de cargos del departamento de Antioquia, de conformidad con
el Decreto 1409 del 9 de abril de 1996. La naturaleza nacional de la vinculación se
constata con la certificación, del 5 de febrero de 1999, firmada por la rectora de la
Escuela Normal Superior de Copacabana, donde indicó que la actora prestó sus
servicios como profesora, desde el 1º de junio de 1973 hasta la fecha, nombrada por
Resolución Nacional 8410 de 5 de septiembre de 1973.
44. En este orden de ideas, pese a que en el proceso no obra el acto de nombramiento
contenido en la citada Resolución Nacional 8410 de 5 de septiembre de 1973, lo cierto
es que la prueba de la vinculación docente también puede estar contenida en los
certificados de la autoridad territorial que de manera inequívoca den cuenta sobre la
naturaleza de la plaza, según las reglas del fallo de unificación del 21 de junio de
201832.
45. Por consiguiente, en el presente caso, la Subsección valora en conjunto las
certificaciones del departamento de Antioquia del 3 de febrero de 1999; los Formatos
Únicos para Expedición de Certificado de Historia Laboral, expedidos por la Secretaría
de Educación de Antioquia, del 20 de octubre de 2015, en los que se indica que la
vinculación fue nacional desde 199633; y la certificación de la rectora de la Escuela
Normal Superior de Copacabana, quien informó que la designación se dispuso en una
resolución nacional34. A partir de lo cual, la Sala, en respuesta al problema jurídico,
concluye que la plaza docente era nacional desde el año 1973, y que la actora fue
incorporada a la planta de cargos del departamento de Antioquia, de conformidad con
el Decreto 1409 del 9 de abril de 1996, manteniendo la vinculación nacional hasta el
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01
(3805-2014), sentencia de unificación SUJ-SII-11-2018.
31 Índice 2 Samai, carpeta de antecedentes administrativos, doc. 18-Certificado de información laboral.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01
(3805-2014), sentencia de unificación SUJ-SII-11-2018.
33 Índice 2 Samai, ED_05001233300020200320(.zip) NroActua 2, 1.1. AnexosDemanda, págs. 28 y 29.
34 Índice 2 Samai, doc. 19-Certificado de información laboral.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2020-03208-01 (3273-2023)
Demandante: María Gilma Correa Restrepo
Demandado: UGPP
22 de diciembre de 200635.
46. Ahora bien, el hecho de la incorporación de la planta docente territorial no varió la
vinculación nacional de la docente. En este punto, es importante precisar que: (i) la
vinculación con carácter nacional no se vio modificada en razón de otro tipo de
nombramiento o situación administrativa; y (ii) el proceso de descentralización de la
educación oficial, ordenado por la Ley 60 de 1993 no mutó la naturaleza de los
nombramientos que se habían efectuado con anterioridad a la Ley 60 de 1993.
47. Sobre este último particular, esta Subsección de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencia de 6 de marzo de 2024, dentro del proceso identificado con el
radicado 15001-23-33-000-2018-00698-01 (1133-2021), precisó que:
Ahora bien, el recurrente alegó que con la descentralización de la educación dejó de
ser un maestro nacional y con ello pasó a conformar parte de la planta de personal del
departamento de Boyacá y el municipio de Duitama; al respecto, debe decirse que la
descentralización de la educación no conllevó a que las distintas clases de
maestros hubiesen desaparecido y que, en consecuencia, todos hayan adquirido
el carácter de territoriales.
En ese sentido, esta Subsección ha reiterado en sendas oportunidades que los
docentes con nombramiento nacional que hayan sido incorporados a las plantas
territoriales en virtud del proceso de descentralización de la educación continúan
con el carácter de nacionales, en la medida en que el artículo 1º de la Ley 91 de 1989
estableció que los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional son
personal nacional. Además, la nominación es una sola y es diferente a la
incorporación36. (Destacado fuera del texto)
48. Entonces, está decantado por la corporación que el proceso de descentralización de
la educación oficial no trajo consigo la desaparición de las distintas categorías de
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, y mucho menos que los
nombramientos efectuados por el Gobierno nacional se vieran afectados por tal proceso,
dado que el acto de nominación es uno solo y no varía en razón de las particularidades
de un proceso que tuvo por finalidad reorganizar la administración del servicio de
educación oficial.
49. La dependencia del cargo docente a la Secretaría de Educación tiene su razón de
ser en la descentralización de la educación ordenada por la Ley 60 de 199337. En efecto,
los artículos 2° y 3° de la Ley 60 de 1993 indican que corresponde a los municipios y
departamentos administrar los recursos cedidos por la nación y planificar las
competencias para el sector educación.
50. Por otra parte, la recurrente sostuvo que, con fundamento en la sentencia de
35 Índice 2 Samai, ED_05001233300020200320(.zip) NroActua 2, 1.1. AnexosDemanda, págs. 28 y 29.
36 Sobre este mismo particular, pueden verse también las Sentencias del 25 de agosto de 2022, en el expediente
76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018); y del 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-
00272-01 (2401-2022), citadas en la sentencia del 23 de febrero de 2023 con radicado 41001-23-33-000-2019-
00236-01 (1249-2022).
37 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2020-03208-01 (3273-2023)
Demandante: María Gilma Correa Restrepo
Demandado: UGPP
unificación del 21 de junio de 201838, tiene derecho al reconocimiento de la pensión
gracia, porque las entidades territoriales son propietarias de los recursos nacionales con
los que se pagan los salarios docentes.
51. Al respecto, se considera que la providencia de unificación, cuyas reglas se
transcribieron en el marco normativo y jurisprudencial, sí estudió la naturaleza de los
recursos del Situado Fiscal y el Sistema General de Participaciones, así como la
intervención del Fondo Educativo Regional, como delegado del Ministerio de Educación
Nacional en el acto de nombramiento del docente; no obstante, lo concluido fue que «no
es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en
educadores nacionales cuando en el acto de su vinculación interviene, además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional […] por el argumento de que los recursos destinados para su
sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación».
52. Igualmente, la sentencia de unificación determinó que «lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar».
Por consiguiente, la regla de decisión en este caso no puede entenderse en el sentido
que la titularidad de los recursos por parte del departamento o municipio, conlleve a que
el docente tenga la calidad de territorial, ya que, precisamente lo explicado por el fallo de
unificación consistió en que para el reconocimiento de la pensión gracia el elemento
determinante es la naturaleza de la plaza, a saber, que sea territorial o nacionalizada.
53. Empero, en el presente caso, la señora María Gilma Correa Restrepo no desvirtuó el
contenido de los certificados emitidos por la Secretaría de Educación de Antioquia, los
Formatos Únicos para la Expedición de Historia Laboral y el certificado de la rectora de
la Escuela Normal Superior de Copacabana, en los que se indicó que la vinculación de
la docente fue nacional.
54. En consecuencia, se confirmará el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
3.6. Conclusión
55. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y acorde con la valoración en
conjunto de los hechos probados en el proceso, según los principios de la sana crítica,
se concluye que la señora María Gilma Correa Restrepo no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, dado que su vinculación con la docencia oficial
fue nacional a partir del año 1973.
4. Costas
56. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario39 de la
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01
(3805-2014), sentencia de unificación SUJ-SII-11-2018.
39 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2020-03208-01 (3273-2023)
Demandante: María Gilma Correa Restrepo
Demandado: UGPP
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena en las dos instancias, en atención a que no se advierte que aquella
haya incurrido en las anteriores conductas. En consecuencia, se revocará el numeral
segundo del fallo apelado que condenó en costas a la parte accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia del 12 de abril de 2023, que negó las pretensiones de la
demanda presentada por María Gilma Correa Restrepo contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), en tanto, se revoca el numeral segundo que había condenado en costas a la
parte actora.
SEGUNDO: Sin condena en costas en las dos instancias.
TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2020-03208-01 (3273-2023)
Demandante: María Gilma Correa Restrepo
Demandado: UGPP
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
NJCC/HGM
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.