Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-03830-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-03830-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2020-03830-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Treinta (30) de abril de Dos mil Veintiséis (2026)
Radicado : 05001-23-33-000-2020-03830-01 (0174-2026)1
Demandante : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado : Gloria Cecilia Mejía Correa
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reconocimiento pensión de sobrevivientes
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el Veintiséis (26) de noviembre de Dos mil Veinticinco (2025),
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, que
negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones2
1. La Administradora Colombiana de Pensiones – en lo sucesivo -Colpensiones, por
intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
demandó la nulidad de la Resolución SUB 5448 del Doce (12) de enero de Dos Mil
Dieciocho (2018) mediante la cual, reconoció pensión de sobreviviente en favor de la
señora Gloria Cecilia Mejía Correa con ocasión al fallecimiento del señor Hernán
Zuluaga Jaramillo, de conformidad con las evidencias encontradas en la investigación
administrativa especial 357-18.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió: i) ordene a la señora Gloria Cecilia
Mejía Correa reintegrar a favor de Colpensiones todas las sumas generadas a su favor
en razón del reconocimiento pensional devengado de manera irregular. ii) Se ordene la
1 Expediente electrónico
2 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 054 archivo
ED_ONEDRIVE20240318ZIP 588.867 kb, anexo 002, demanda y anexos, folio 2.
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Gloria Cecilia Mejía Correa
indexación de las sumas reconocidas en esta demanda y al pago de intereses a los que
hubiere lugar, como consecuencia de los pagos realizados en virtud del reconocimiento
de la pensión de sobreviviente a favor de la señora Gloria Cecilia Mejía Correa. iii) Se
condene en costas a la parte demandada.
3. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda son los
siguientes3.
4. El señor Hernán Zuluaga Jaramillo cotizó al régimen de prima media con
prestación definida por un total de 1.526 semanas y falleció el Cinco (5) de noviembre
de Dos Mil Diecisiete (2017), según consta en el respectivo registro civil de defunción.
5. Con posterioridad a su fallecimiento, el Veintitrés (23) de noviembre de Dos Mil
Diecisiete (2017), la señora Gloria Cecilia Mejía Correa, en calidad de cónyuge
supérstite, solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
aportando el registro civil de matrimonio y declaraciones juradas.
6. Mediante Resolución SUB 5448 del Doce (12) de enero de Dos Mil Dieciocho
(2018), Colpensiones reconoció la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Gloria
Mejía, con efectos económicos desde el Cinco (5) de noviembre de Dos Mil Diecisiete
(2017), por valor mensual de 4.851.017 pesos, incluyendo un retroactivo de 16.584.648
pesos.
7. Por otra parte, el Trece (13) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), la señora
Beatriz Eugenia Eljach Muñoz, también solicitó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes como compañera del causante, aportando declaraciones juradas de
convivencia. No obstante, mediante Resolución SUB 88248 del Cuatro (4) de abril de
Dos Mil Dieciocho (2018), Colpensiones negó dicha solicitud, al advertir que dentro del
expediente administrativo constaba un proceso de jurisdicción voluntaria adelantado
ante un Juzgado de Familia de Medellín, mediante el cual el Ocho (8) de julio de Dos Mil
Tres (2003) se decretó la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso entre el
causante y la solicitante.
8. Contra esta decisión, la señora Beatriz Eljach interpuso recurso de apelación el
Veintinueve (29) de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018), alegando ser la legítima
beneficiaria de la prestación, dado que el causante se encontraba separado de hecho
de la señora Gloria Mejía desde tiempo atrás.
3 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 054 archivo
ED_ONEDRIVE20240318ZIP 588.867 kb, anexo 002, demanda y anexos, folio 2-5.
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Demandado: Gloria Cecilia Mejía Correa
9. Mediante Auto de Pruebas ADPIR 181 del Treinta (30) de julio de Dos Mil
Dieciocho (2018), Colpensiones dio apertura a la etapa probatoria. Posteriormente, el
Ocho (8) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), la Entidad recibió un reporte de la
Línea de Integridad y Transparencia (No. ETICO DKNWEY08), en el que se advirtió la
posible existencia de hechos de fraude o corrupción en el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes a favor de la señora Gloria Mejía.
10. Con ocasión de lo anterior, el caso fue remitido a investigación preliminar a cargo
del consorcio CONSINTE-RM, cuyo informe concluyó que el causante y la señora Gloria
Mejía se encontraban separados desde el Veintisiete (27) de enero de Dos Mil Dieciséis
(2016). Con base en dichas evidencias, Colpensiones profirió el Auto de Apertura No.
191 del Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), dando inicio a la
investigación administrativa especial.
11. Dentro del trámite investigativo, la señora Gloria Mejía presentó descargos,
manifestando que nunca se separó de cuerpo de su esposo y que cualquier
distanciamiento obedeció a situaciones de violencia intrafamiliar, afirmando que
posteriormente retomaron la convivencia. Sin embargo, Colpensiones practicó
entrevistas y recibió testimonios de familiares del causante, quienes señalaron que la
convivencia entre el causante y la señora Gloria Mejía había cesado hacía varios años
y que esta última solo permaneció temporalmente en un hogar geriátrico y luego en
Girardota, encargándose del cuidado de los padres del afiliado.
12. Como resultado de la investigación administrativa, Colpensiones expidió la
Resolución SUB 354414 del Veintisiete (27) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019),
mediante la cual revocó en todas sus partes la Resolución SUB 5448 de Dos Mil
Dieciocho (2018) que había reconocido la pensión de sobrevivientes a favor de la señora
Gloria Mejía.
13. Contra dicha decisión, la señora Gloria Mejía interpuso recurso de reposición y,
en subsidio, de apelación el Diecinueve (19) de marzo de Dos mil Veinte (2020). No
obstante, Colpensiones, mediante Resolución SUB 111549 del Veintiuno (21) de mayo
de Dos Mil Veinte (2020), resolvió confirmar la revocatoria, decisión que fue igualmente
confirmada en segunda instancia mediante Resolución DPE 8447 del Nueve (9) de mayo
de Dos Mil Veinte (2020).
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Gloria Cecilia Mejía Correa
1.2. Normas violadas y concepto de violación4
14. La parte demandante considera que el acto demandado viola el artículo 47 de la
Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y Articulo 10 y 15
de la Ley 776 de 2002.
15. Lo anterior, por cuanto considera Colpensiones que, la señora Gloria Mejía
Correa se le reconoció pensión de sobreviviente con ocasión de la muerte del afiliado
Hernán Zuluaga Jaramillo, aportando en el trámite de petición, copia parcial del registro
civil de matrimonio, omitiendo ante la entidad, proceso de jurisdicción voluntaria ante el
Juzgado Cuarto de Familia de Medellín, mediante la cual se decretó la cesación de
efectos civiles por divorcio de matrimonio religioso entre ella y el afiliado, acarrando con
dicha situación, un reconocimiento ilegal a su favor.5
16. Aduce que la señora Gloria Mejía allegó a Colpensiones documentación no
verídica con el fin de comprobar que cumplía los requisitos para ser beneficiaria de la
pensión de sobrevivientes, y obtener beneficio económico de reconocimiento pensional,
como se pudo comprobar en la investigación administrativa especial.
17. Luego de exponer los hechos que originaron la investigación y sus conclusiones,
precisó que el reconocimiento pensional fue indebido toda vez que, la señora Gloria
Mejía Correa, logró inducir en error a Colpensiones, y que tal propósito se verificó, pues
se reconoció́ un derecho con fundamento en documentación carente de información
ajustada a la realidad, razón por la cual, procedió a revocar el acto administrativo que
reconoció la pensión de sobrevivientes a la demandada.
1.3. Contestación de la demanda6
18. La parte demandada dentro de la oportunidad de ley y actuando por medio de
apoderado judicial contestó la demanda, en la que se pronunció frente a los hechos e indicó
que se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes
argumentos de defensa:
4 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 054 archivo
ED_ONEDRIVE20240318ZIP 588.867 kb, anexo 002, demanda y anexos, folios 5-21
5 Aun cuando en síntesis se transcribe lo expuesto por Colpensiones en el cargo, se aclara que ello no
coincide con lo narrado en los hechos. Por el contrario, en el hecho 5 se dice que la demandada pidió el
reconocimiento en calidad de cónyuge supérstite y en los hechos 10 y 11 que la razón de Colpensiones
para revocar el reconocimiento fue la no convivencia con el causante, no la cesación de los efectos civiles
del matrimonio, por tanto, el cargo se analizará atendiendo los aspectos relacionados con la señora Gloria
Mejía, por ser quién funge como demandada en el sub examine.
6 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 054 archivo
ED_ONEDRIVE20240318ZIP 588.867 kb, anexo 002, memorial contestación.
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19. Aduce que a la luz de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que
modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, satisface cabalmente los requisitos exigidos
para la causación de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge Hernán
Zuluaga, pues: i) cotizó 1.526 semanas para efectos pensionales; ii) es decir, el
causante cotizó más de 50 semanas dentro de los tres años anteriores a su muerte; iii)
el vínculo matrimonial de la señora Mejía Correa con el señor Hernán Zuluaga se
encontraba vigente para el momento en que éste falleció; y iv) los cónyuges convivieron
por lapso superior a cinco años.
20. Sostiene que el único punto que controvierte la entidad demandante para efectos
del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es el atinente al requisito de
convivencia mínima de 5 años continuos con anterioridad a la muerte del afiliado; pues
considera que el mismo no se satisface y que las pruebas aducidas por la demandada
para acreditar tal supuesto son contrarias a la realidad, situación que la llevó a revocar
el acto de reconocimiento pensional.
21. No obstante, considera que el requisito de convivencia de cinco (5) años entre los
cónyuges –exigido para la causación de la pensión de sobrevivientes- puede haberse
cumplido en cualquier tiempo, sin que sea menester que la convivencia se hubiera
presentado en los cinco años anteriores al deceso del afiliado con matrimonio vigente,
tal como lo ha entendido de manera reiterada la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia.
22. Resalta que, la señora Gloria Cecilia Mejía Correa, debió abandonar el hogar
común el 27 de enero de 2016 y dos días después presentó la correspondiente denuncia
ante la Comisaría de Familia del Municipio de Copacabana por violencia intrafamiliar,
según consta en el expediente adelantado por dicha entidad en el cual de igual manera
se encuentra constancia de la historia clínica que se generó como consecuencia de las
secuelas del maltrato físico y psicológico recibido; lo que hacía inexigible la cohabitación
con el cónyuge.
23. Sostiene que el maltrato familiar debe ser reconocido como una causa legítima
para que se suspenda o cese la cohabitación, sin que por tal razón el cónyuge inocente
pierda el derecho a la pensión de sobrevivientes. De manera específica así lo ha
indicado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
24. Colige que el acto administrativo impugnado no debe ser anulado, puesto que el
mismo se ciñó a la legalidad al otorgarle a la señora Mejía Correa la pensión de
sobrevivientes por la muerte de su cónyuge.
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25. Propone las excepciones de legalidad del acto impugnado, buena fe, prescripción y
prejudicialidad.
1.4. Sentencia de primera instancia7
26. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, el Veintiséis
(26) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), profirió sentencia, en el sentido de
negar las súplicas de la demanda, sin imponer condena en costas.
27. Lo anterior, en razón a que, luego de efectuar la valoración probatoria existente
dentro del expediente, expuso que Colpensiones reconoció la pensión de sobrevivientes
a Gloria Cecilia Mejía Correa, Resolución SUB-5448 de 2018, luego la revocó a través
de la Resolución No. SUB 354414 del 27 de diciembre de 2019, sin embargo, en el
presente asunto, la entidad pensional solicita se declare su nulidad vía judicial para
efectos de obtener la devolución de lo pagado a la demandada.
28. Seguidamente, entró a analizar el expediente administrativo, de lo cual, concluyó
que contrario a lo indicado por la entidad administradora del fondo pensional, las
declaraciones acerca de la convivencia ininterrumpida con el causante no resultan ser
contrarias a la realidad.
29. A tono con lo anterior, señala que la señora Gloria Mejía ostentó la calidad de
cónyuge supérstite y de esto no solo da cuenta el registro civil de matrimonio, que por
demás no fue demostrada la supuesta anotación respecto de la separación señalada en
la demanda, sin que se probara la existencia de algún tipo de anotación.
30. Resaltó que, la separación de hecho ocurrida en enero de 2016, reconocida
durante el procedimiento administrativo, no puede interpretarse como una ruptura de la
convivencia con el causante. Por el contrario, se trató de una medida necesaria y
legítima para proteger la integridad física y emocional de la señora Gloria Cecilia Mejía
Correa. Según la denuncia presentada ante las autoridades competentes, la demandada
fue víctima de hechos de violencia por parte de su esposo, situación que fue valorada
por la Comisaría de Familia, entidad que incluso ordenó medidas de protección y de
alejamiento, entre otras actuaciones orientadas a garantizar su seguridad.
31. Afirma que, todas estas circunstancias fueron oportunamente puestas en
conocimiento de COLPENSIONES dentro de la actuación administrativa. No obstante,
la entidad omitió valorarlas conforme al enfoque de género, perspectiva que resulta
7 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 025, archivo ED_ExpedienteElectronic
13 kb, anexo No. 22 sentencia.
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obligatoria para las autoridades administrativas y judiciales, especialmente en casos
donde la separación de la pareja está ligada a situaciones de violencia intrafamiliar.
32. Concluyó que, la señora Gloria Mejía no incurrió en fraude, pues no se acreditó la
utilización de medios ilícitos ni la alteración de documentos oficiales.
1.5. Recurso de apelación8
33. La apoderada judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, y pide se revoque, por cuanto estimó que, la
decisión se fundamenta en una valoración que, incurre en errores de hecho y de derecho
34. Lo anterior, por cuanto sustenta fue tomada sin tener en cuenta los elementos
centrales del expediente administrativo: el informe técnico de verificación (COSINTE),
las entrevistas con familiares directos del causante y el informe preliminar de la Gerencia
de Prevención del Fraude que concluyó sobre inconsistencias, sin desconocer la
relevancia de los testimonios que la beneficiaria ofreció para acreditar visitas y cuidados
posteriores y el estándar probatorio exigen ponderar con cuidado la congruencia, la
coherencia temporal y la genuinidad de las declaraciones juramentadas que sirvieron de
base al reconocimiento inicial.
35. Indica que la investigación administrativa no solo identificó contradicciones entre
las declaraciones juramentadas y el testimonio de terceros, sino que además detectó
indicios de uso de documentos y manifestaciones que podían haber sido emitidas con
intención de engañar. Sostiene que la simple presentación de visitas o cuidados
posteriores no sustituye la exigencia normativa de convivencia continua de cinco años
cuando la petición deriva de la muerte de un pensionado, por tanto, el A - quo debió
distinguir claramente entre “visitas de cuidado” y la “convivencia conyugal” exigida por
la ley, en lugar de equipararlas automáticamente como prueba suficiente de
cumplimiento del requisito legal.
36. Sostiene que en el expediente administrativo existen elementos incontrovertibles
que muestran que la supuesta convivencia no se mantuvo de forma continua ni
permanente. La investigación interna y el informe evidenciaron que el causante residía
en un hogar geriátrico bajo cuidado permanente de terceros, que vecinos del sector
desconocían la convivencia alegada, y que declaraciones iniciales presentaban
inconsistencias temporales y narrativas.
8 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 071 memorialweb_recurso-
recursodeapelacion 143 kb.
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37. Señala respecto de la carga de la prueba, el razonamiento del A-quo desconoce
que, conforme a la normativa procesal y a la jurisprudencia sobre prestaciones, es la
persona que reclama el derecho quien debe probar los requisitos legales, en especial la
convivencia.
38. Resalta que la separación no fue circunstancial ni transitoria, sino prolongada en
el tiempo y mediada por el traslado del causante a un centro geriátrico donde estuvo
bajo cuidado institucional, ignorándose este hecho crucial y lo reduce a una mera
circunstancia accidental, lo cual desvirtúa el estándar jurisprudencial de protección sin
sacrificar la legalidad.
39. Indica que se ha generado un enriquecimiento sin causa a su favor, que conllevó
a un aumento económico de su patrimonio y sin tener derecho a ello, lo cual, a su vez,
generó un empobrecimiento, que se traduce en la disminución patrimonial de la
Administradora Colombiana de Pensiones, por ser dineros del sistema general de
pensiones, sin que existiera causa o un justo motivo que la soportara, como se indicó
no es un derecho adquirido por el beneficiario.
1.6. Trámite del recurso de apelación
40. Mediante auto del Ocho (8) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)9, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 2475 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
41. De acuerdo con el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió
traslado a las partes para alegar.
42. La parte demandada presentó escrito por medio del cual, se pronuncia frente al
recurso de apelación10, en el sentido de solicitar que sea desestimado y se proceda a
confirmar la sentencia de primer grado, bajo las siguientes razones:
43. Sostiene que el recurso de apelación, gira en torno a que la demandada y el
causante no convivían para el momento de la defunción de este último, y que, por ello,
no habría lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, no obstante, a su
sentir, ninguno de los reparos logra derruir las conclusiones a las que arribó el Tribunal
sobre la satisfacción de los presupuestos para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a la señora Mejía Correa.
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44. Así, anota que para la causación de la pensión de sobrevivientes basta que se
acredite la vigencia del vínculo conyugal y una convivencia de los cónyuges superior a
5 años, en cualquier momento, tal como lo reconoció el tribunal, cuya decisión señala
cuenta con respaldo en la jurisprudencia de las altas cortes.
45. Aduce que en los casos de violencia intrafamiliar no es exigible la acreditación
del requisito de convivencia, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia invocada por el
A-quo, luego entonces, el hecho de existir el contexto de violencia que forzó a la señora
Mejía Correa a dejar su hogar no excluye el derecho a que le sea reconocida la pensión
de sobrevivientes, bajo el entendido de que el requisito de convivencia debe ser
constatado conforme a las circunstancias particulares del caso, sin que su exigencia
pueda desatender principios constitucionales de rango superior, incluidos los que
corresponden a la protección de la vida, la integridad personal y la dignidad.
46. Adicionalmente, se acreditó que la señora Mejía Correa mantuvo lazos de
solidaridad y apoyo para con su cónyuge, después se vio abocada a dejar el hogar y
cuando este entró en estado de coma.
47. De igual forma, destaca el documento emitido por la Clínica del Rosario el
Dieciocho (18) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017) y la certificación del Nueve (9) de
agosto de Dos Mil Dieciocho (2018) emitida por el hogar geriátrico “Armonizar”, los
cuales dan cuenta de las acciones desplegadas por la señora Gloría Cecilia Mejía
Correa y el acompañamiento que brindó a su esposo durante el tiempo que estuvo al
interior del respectivo centro de cuidados.
48. Finalmente, precisa que la sentencia recurrida es concordante con la proferida en
primera instancia el 17 de abril de 2024, por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito
de Medellín dentro del proceso laboral incoado por la demandante en contra de
Colpensiones, por medio del cual, pretende que se le continue pagando las mesadas de
la pensión de sobrevivientes que le fue reconocida por Colpensiones, donde se resolvió
que la señora Mejía Correa es la única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes
causada por la muerte de su cónyuge Hernán Zuluaga, por contera condenó a la entidad
reconocer el retroactivo y reanudar el pago de la pensión.
49. Sostiene que en la actualidad el proceso laboral ordinario, se encuentra en
segunda instancia, pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto por un
tercero interviniente -y no por Colpensiones en contra de la sentencia de primer grado.
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1.6.1. Concepto Ministerio Público.
50. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, del Veintiséis (26)
de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), toda vez que, al valorar las pruebas
recaudas en especial las testimoniales, encontró que la demandada fue víctima de
violencia intrafamiliar, hechos que fueron denunciados ante las autoridades
competentes. No obstante, también señaló que la pareja convivió hasta la ocurrencia de
dicha problemática.
51. Posteriormente, el causante sufrió un accidente que afectó gravemente su estado
de salud, llevándolo a un estado de coma. Durante este periodo, la señora Gloria Cecilia
Mejía Correa se mantuvo atenta a su evolución, gestionando diligencias y realizando
acciones orientadas a su cuidado y eventual recuperación, hasta el día de su
fallecimiento.
52. De la prueba testimonial infiere que la demandada acudía de manera constante
al hogar geriátrico, brindando cuidado y acompañamiento al causante. Asimismo, se
reitera la existencia de antecedentes de violencia intrafamiliar, conocidos por terceros,
y las dificultades de acceso en los días previos al fallecimiento.
53. En este orden de ideas, concluye que, si bien el señor Hernán Zuluaga Jaramillo
y la señora Gloria Cecilia Mejía Correa no convivían bajo el mismo techo en los últimos
periodos, inicialmente por los hechos de violencia intrafamiliar, que dieron lugar a
medidas de protección por parte de una Comisaría de Familia, y posteriormente por el
estado de salud del causante, lo cierto es que, la demandada mantuvo una asistencia
permanente en términos de cuidado, acompañamiento y apoyo durante la evolución
médica del causante hasta su fallecimiento. Esta circunstancia evidencia un vínculo que
no se encontraba totalmente disuelto.
54. No advierte conductas fraudulentas por parte de la demandada. Por el contrario,
el material probatorio obrante en el expediente permite inferir la existencia de una
asistencia constante por parte de la señora Gloria Cecilia Mejía Correa hacia el
causante.
55. Resalta que, al ser Colpensiones la entidad administradora y otorgante de
pensiones en Colombia, y actuando como parte demandante, le corresponde la carga
de la prueba, tanto para desvirtuar la legalidad del acto administrativo acusado como
para demostrar los hechos presuntamente irregulares que habrían dado lugar al
reconocimiento indebido de la prestación.
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56. Así, considera que la actividad probatoria desplegada por COLPENSIONES
resulta débil e insuficiente para acreditar las irregularidades alegadas, en la medida en
que no obra en el expediente decisión judicial alguna que comprometa la
responsabilidad penal de la señora Gloria Cecilia Mejía Correa; esto es, una sentencia
ejecutoriada en la que se analicen elementos como la conducta, la tipicidad, la
antijuridicidad y la culpabilidad.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
57. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo11, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código
General del Proceso12, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
58. Corresponde a la Sala resolver: ¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad que negó
la nulidad de la Resolución SUB 5448 del Doce (12) de enero de Dos Mil Dieciocho (2018)
mediante la cual, Colpensiones reconoció la pensión de sobreviviente en favor de la
señora Gloria Cecilia Mejía Correa con ocasión al fallecimiento del señor Hernán
Zuluaga Jaramillo, para en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, dada
la presunta falta de cumplimiento de los requisitos para ser beneficiaria del derecho pensional?
59. De estar viciado de nulidad el acto acusado, se determinará a título de
restablecimiento del derecho, ¿hay o no lugar a ordenar el reintegro de lo pagado por
concepto de mesadas debidamente indexadas con ocasión al reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, a partir de la fecha de inclusión en nómina de pensionados
hasta que cese el pago a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones?
11 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del
que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
12 El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
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60. En aras de dar solución al problema jurídico planteado ab initio, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión de
sobrevivientes 2.4. Hechos probados y 2.5. Caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto.
61. La muerte constituye una contingencia del sistema de seguridad social, pues al
desaparecer en forma definitiva la persona que atendía el sostenimiento del grupo
familiar, se corre el riesgo de que sus integrantes queden desamparados y en peligro
para poder subsistir.13
62. Por ello, se concibió la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes, con
el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de vida de los
beneficiarios de esta prestación, la primera de ellas, concedida con ocasión del
fallecimiento de un pensionado o de una persona que ya había adquirido legalmente el
estatus, pero que no se le había reconocido formalmente, y la segunda, otorgada en
virtud de un afiliado no pensionado, cuyo deceso se presenta antes de cumplir las
condiciones para acceder a la pensión14.
63. La Corte Constitucional15, en diversas oportunidades se ha referido a la pensión
de sobrevivientes, destacando que, su creación tiene por objeto principal el proteger a
la familia y los derechos fundamentales de quienes compartían de manera cercana su
vida con el causante, y que entran a soportar las cargas económicas, ante la muerte de
un pensionado de quien dependía su sustento.
64. Así las cosas, queda claro que, el derecho pensional en mención tiene
como finalidad, atender la contingencia derivada por el deceso del trabajador, con el
objetivo de cubrir no solo la ausencia repentina de la persona, sino el apoyo económico
que le daba al grupo familiar, y con el único fin de evitar un cambio de las condiciones
de subsistencia de los beneficiarios16
65. Ahora, sobre la pensión de sobrevivientes el artículo 46 de la Ley 100 de 1993
«Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
13 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia
de 2 de octubre de 2014, expediente 08001-2331-000-2001-02315-01 (964-12), C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B C.P: Jorge
Edison Portocarrero Banguera, sentencia del doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026), expediente
17001-23-33-000-2017-00551-01 (4011-2024).
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo - Sección Segunda – Subsección B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del veintinueve (29) de mayo de dos
mil veinticinco (2025), Radicado 76001-23-33-000-2021-00696-02 (0223-2025)
15 Sentencia T – 701 de 22 de agosto de 2006
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, C.P:
Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
13
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disposiciones», previó los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes,
disposición normativa modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 «Por la cual
se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados
y especiales».
66. Por su parte, el artículo 47 de la legislación general modificado por el artículo 13
de la Ley 797 de 2003, previó el orden de los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes.
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando
dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de
edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el
beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario
deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si
tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente,
con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la
pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se
dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será
la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente
la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en
un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando
haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante.
La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad
conyugal vigente (…)
67. Entonces, con respecto al cónyuge y al compañero permanente se tiene que: sí
a la fecha del fallecimiento del causante, el cónyuge o compañero permanente tiene 30
años de edad, la pensión se reconoce de manera vitalicia; si es menor de dicha edad,
sin hijos con el causante, la pensión será temporal, por 20 años. El cónyuge o
compañero o compañera permanente debe acreditar que hizo vida marital con el
causante hasta su muerte, así como la convivencia con el causante no menos de cinco
años continuos anteriores a su deceso.
14
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68. En el caso de que solo haya cónyuge la pensión corresponderá a este. Si no hay
cónyuge, pero hay compañera o compañero permanente, la pensión corresponderá a
estos últimos17
69. Cuando solamente está el cónyuge la pensión corresponde a este, si no hay
cónyuge, pero si existe el compañero o compañera permanente, la pensión
corresponderá al compañero o compañera.
70. Ahora, sobre el requisito de convivencia esta Sección ha indicado que para que
el cónyuge sea beneficiario de la sustitución pensional o de la pensión de sobrevivientes,
obliga a un análisis de las particularidades de cada caso, y que incluso para la cónyuge
separada de hecho la convivencia puede ser de 5 años en cualquier tiempo18.
71. Seguidamente, sobre la evaluación del requisito de convivencia para acceder a
la pensión de sobrevivientes en casos donde se advierte la existencia de violencia
intrafamiliar, este se debe analizar con enfoque de género a la luz de la jurisprudencia.
72. Así, la Corte Constitucional en sentencia SU-056 de 2025, al respeto indicó:
Ahora bien, sobre la acreditación del requisito de convivencia, tanto la Corte
Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han determinado que la
cohabitación de los cónyuges o compañeros permanentes bajo el mismo techo
puede interrumpirse, pues la separación de cuerpos puede responder a una causa
justificada. Por tanto, la interrupción de la convivencia no implica,
automáticamente, la pérdida del derecho a la sustitución pensional y, en
consecuencia, le corresponde al juez analizar las diversas circunstancias que
pueden rodear las relaciones de pareja y, en cada caso, verificar si la interrupción
de la cohabitación obedece a una causa justificada:
“[H]abrá casos en que las circunstancias impongan la interrupción, que no hace
perder la intención de convivir, y por ello no implica, entonces, per sé, la pérdida
del derecho”.
105. En la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se han identificado
circunstancias que justifican la interrupción de la convivencia: violencia
intrafamiliar], situaciones de salud, oportunidades u obligaciones laborales,
imperativos legales o económicos, entre otros…”.
106. En el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha encontrado
diversas circunstancias que justifican la interrupción de la convivencia.
Recientemente, en la Sentencia SU-169 de 2024, se recopilaron los casos que se
han estudiado sobre este tema.
Medios de prueba de la existencia del requisito de convivencia entre
compañeros permanentes o cónyuges [170]19.
17 La Corte Constitucional, en sentencia C- 1035 de 2008 declaró exequible en forma condicional en el
entendido de que además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero
permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos Expediente C-1035-2008 MP Jaime Córdoba
Triviño
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del veintiuno (21) de agosto de dos mil
veinticinco (2025) Radicación: 76001-23-33-000-2015-00445-01 (0809-2023)
19 Título tomado de la Sentencia T-184 de 2022, MP. Alejandro Linares Cantillo.
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107. En distintas oportunidades, la Corte Constitucional ha establecido que
no existe una tarifa legal en materia de prueba de la convivencia[171]20. [172]21
108. Sobre pruebas testimoniales, en la sentencia T-251 de 2021,[173]22
“[l]as declaraciones de los hermanos del causante, sus sobrinas, la
arrendadora de la casa en la que viven el accionante y su madre desde 2006,
los vecinos y la fisioterapeuta que atendió al causante antes de su muerte. En
todos estos testimonios se afirma, sin ninguna contradicción, que la señora
Zoila Rosa Morales y el señor Efraín Vargas Ibarra convivieron en el mismo
hogar y compartieron techo, lecho y mesa durante los 5 años anteriores al
fallecimiento del causante, el 12 de abril de 2013. Es importante reiterar que
frente a este hecho –la convivencia ininterrumpida entre la señora Zoila Rosa
Morales y el señor Efraín Vargas Ibarra durante los 5 años anteriores a la
muerte de este último– no existe ninguna contradicción en los testimonios
extraprocesales ni en ninguna de las pruebas obrantes en el expediente”.
109. Finalmente, con relación a la declaración extrajudicial como prueba de
la convivencia, esta Corte ha señalado: “la declaración extrajudicial es válida como
prueba acreditante de la convivencia”[174]23.
110. En consecuencia, “el cónyuge o compañero sobreviviente tiene un
amplio margen de libertad probatoria, donde puede acreditar el hecho de haber
convivido con el causante durante 5 años anteriores al fallecimiento, incluso
haciendo uso de testimonios o declaraciones extrajudiciales”[175]24.
73. A su turno, la Corte Suprema de Justicia sostiene25:
Perspectiva judicial en casos de violencia intrafamiliar.
En tal virtud, esta Corte ha estimado que comprendiendo ese marco conceptual sobre
la violencia en el hogar y la protección que, particularmente, merece la mujer que
sufre actos de agresión en dicho ámbito - el presupuesto de convivencia exigido
legalmente no se puede desechar por la ausencia de cohabitación física del cónyuge
o de los compañeros permanentes cuando el presunto(a) beneficiario(a) ha sido
sometido a maltrato físico, psicológico y a cualquier tipo de violencia, pues esto obliga
a que los jueces acudan a una perspectiva en sus decisión, para evitar que «una
aplicación restringida de los requisitos para conceder la pensión pueden terminar por
revictimizar a quien es más vulnerable», ya que debido a las circunstancias
especiales, los eventuales beneficiarios «no siempre [pueden] cumplirlos sobre todo
si las mujeres interrumpen la convivencia o terminan el vínculo jurídico con su pareja
para proteger su vida» (CSJ SL1727-2020).
De tal forma se realizó, verbigracia, en sentencia CSJ SL2010-2019, en la cual se
otorgó el derecho a la pensión de sobrevivientes a la demandante beneficiaria que,
aunque no convivía con su cónyuge bajo el mismo techo, evidenció que ello obedeció
a la violencia en el seno del hogar por los malos tratos que aquél perpetuaba y la
obligaron a abogar por su vida.
20 Corte Constitucional, sentencias T-787 de 2002 y T-791 de 2010.
21 Corte Constitucional, sentencia T-324 de 2014
22 Corte Constitucional, sentencia T-251 de 2021.
23 Corte Constitucional, T-184 de 2022, MP. Alejandro Linares Cantillo
24 Ibid
25 Sentencia SL1130-2022, proferida el Veintidós (22) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022), radicado
74857.
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Bajo lo discurrido, resulta claro que los comportamientos de violencia intrafamiliar,
con énfasis cuando se trata de las mujeres que históricamente han sido discriminadas
y objeto de diferentes tipos de agresiones, merecen un especial entendimiento y
aproximación por los operadores judiciales, conforme a la legislación nacional,
internacional y la jurisprudencia, así como esfuerzos multidisciplinario, que la
jurisdicción ordinaria laboral no abandona.
Siguiendo dicha línea, la Corte Suprema, sostuvo:
“Es en estos casos donde el juez cobra un rol crucial y, así como lo puso de
presente el Tribunal, la jurisprudencia ha reconocido que, en situaciones en
las que la cónyuge beneficiaria de la pensión de sobrevivientes ha sido víctima
de violencia intrafamiliar, el exigirle la convivencia requerida por el
ordenamiento jurídico, conllevaría privarla del derecho y, en últimas,
reprocharle las decisiones que tomaron en busca de la protección de su
integridad personal (CSJ SL2010-2019, CSJ SL2717-2020; CSJ SL1473-
2023 y CSJ SL2373-2024).
Por lo anterior, cuando las condiciones particulares del caso así lo ameritan,
se ha permitido que, pese al divorcio, sea posible que la cónyuge acceda a la
pensión de sobrevivientes cuando se ha acreditado que fue víctima de
maltrato y, en virtud de esta situación, se dio la cesación de efectos civiles del
matrimonio.”
2.4. Caso concreto
2.4.1. Elementos probatorios objeto de valoración.
74. Reposan en el plenario las siguientes probanzas que resultan relevantes para dar
solución al caso concreto:
• Registro civil de defunción No. 09408580, a raves del cual se acredita que el señor
Zuluaga Jaramillo Hernán, falleció el Cinco (5) de noviembre de Dos Mil Diecisiete
(2017).26.
• Registro civil de matrimonio No. 4110967, celebrado el 10 de julio de 2004, entre
señores Zuluaga Jaramillo Hernán y Gloria Cecilia Mejía Correa27.
• Registro civil de matrimonio No.2381752, celebrado el 14 de junio de 1980 entre
los señores Zuluaga Jaramillo Hernán y Eljach Muñoz Beatriz Eugenia, sobre el
cual, se efectuó cesación de efectos civiles por divorcio, mediante sentencia No.
340 del Juzgado 4 de Familia del Ocho (8) de julio de Dos Mil Tres (2003), de
igual forma, se realizó disolución y liquidación de sociedad conyugal, mediante
26
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27
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escritura No. 3.683 de la Notaria Cuarta de Medellín del Veintiocho (28) de agosto
de Dos Mil Uno (2001)28.
• Resolución No. SUB 5448 de enero Doce (12) de Dos Mil Dieciocho (2018) , por
medio de la cual, se resolvió la solicitud de pensión de sobrevivientes a favor de
la señora Gloria Cecilia Mejía Correa con ocasión del fallecimiento del señor
Hernán Zuluaga Jaramillo29.
• Informe técnico de investigación, correspondiente a la apertura de la investigación
COLCO-106660, bajo el radicado 2018_6198063, la cual se adelantó por
encontrar en nómina a beneficiaria ya reconocida, de la cual la ex compañera del
causante indicó que la beneficiaria no convivía con el causante al momento del
fallecimiento, que este lo atendía una hermana30.
• Reporte de caso No. DKNWEY08, creado el 8 de agosto de 2018, bajo la causal
de fraude en el reconocimiento de prestaciones económicas31 e informe de
gerencia de prevención del fraude32.
• Auto No. 19 de febrero Diecinueve (19) de Dos Mil Diecinueve (2019), por medio
del cual se dio apertura a una investigación administrativa especial y se ordenó
notificar dicha decisión a la señora Gloria Cecilia Mejía Correa33.
• La señora Gloria Cecilia Mejía Correa presentó respuesta a la apertura de la
investigación con sus respectivas pruebas documentales34.
• Auto No. 1835 de Seis (6) de noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), por medio
del cual, Colpensiones ordena el cierre de una investigación35.
• Colpensiones, mediante la Resolución No. SUB 354414 de Veintisiete (27) de
diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), revocó en todas y cada uno de sus
28 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 054 archivo
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30 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 054 archivo
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31 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice
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1-2.
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33 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 054 archivo
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34 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 054 archivo
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35 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 054 archivo
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partes de la Resolución No. SUB 5448 de enero Doce (12) de Dos Mil Dieciocho
(2018), por medio de la cual, se reconoció a favor de la señora Gloria Cecilia
Mejía Correa la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor
Hernán Zuluaga Jaramillo, con base en el auto de cierre No. 1835 del Seis (6) de
noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), proferido dentro de la Investigación
Administrativa Especial No. 357-1836.
• Inconforme con la anterior decisión, la señora Gloria Cecilia Mejía Correa presentó
recurso de reposición en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por
medio de las Resoluciones Nos. SUB 111549 de Veintiuno (21) de mayo de Dos
Mil Veinte (2020) y DPE 8447 de Veintisiete (27) de mayo de Dos Mil Veinte
(2020) 37.
• Pruebas testimoniales de las señoras Sonia María Carvajal Torres y María Eugenia
Montoya Echeverri recaudada en audiencia de pruebas. 38
2.4.2. Solución de la litis
75. El presente asunto se contrae a determinar la legalidad del acto administrativo
contenido en la Resolución No. SUB 5448 del Doce (12) de enero de Dos Mil Dieciocho
(2018), mediante la cual, Colpensiones reconoció la pensión de sobreviviente a la
señora Gloria Cecilia Mejía Correa con ocasión al fallecimiento del señor Hernán
Zuluaga Jaramillo.
76. Así, revisadas las pruebas allegadas al plenario, la Sala llega a la conclusión que no
es procedente revocar la sentencia del A-quo para en su lugar acceder a las
pretensiones de la demanda como lo pretende la apelante, con fundamento en lo
siguiente.
77. Es claro que el fallecimiento del causante Hernán Zuluaga Jaramillo tuvo lugar, de
acuerdo con el Registro Civil de Defunción, el Cinco (5) de noviembre de Dos Mil
Diecisiete (2017), fecha para la cual se encontraba vigente el artículo 47 de la Ley 100
de 1993 el cual, dispone que, para ser beneficiario de la pensión de
sobrevivientes el cónyuge o compañero o compañera permanente debe acreditar que
hizo vida marital con el causante hasta su muerte, así como la convivencia con
el mismo no menos de cinco años continuos anteriores a su deceso.
36 Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice
54_EXPEDIENTEDIGI_ONEDRIVE20240318ZIP_20240318115932, archivo 04. Documento 6.
Información que se extrae de la Resolución No. DPE 8447 de Veintinueve (29) de Mayo de Dos Mil Veinte
(2020).
37 Ibidem
38 Ibidem
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78. Frente a dicho requisito, la entidad demandante centra su argumento de apelación,
pues sostiene que en el expediente administrativo existen elementos incontrovertibles
que muestran que el requisito de la convivencia no se cumple bajo las exigencias de la
norma en mención.
79. En ese orden, la Sala al valorar las pruebas a la que hace mención Colpensiones,
encuentra que en el informe técnico de verificación (COSINTE), se consignó que,
durante la investigación, de cara a la señora Gloria Cecilia Mejía Correa se recaudaron
la entrevista de la beneficiaria, los señores María Teresa y Jorge Marío Zuluaga
Jaramillo hermanos del causante, a la señora Liliana ASrbelaez Arredondo, en calidad
de testigo de los extrajuicios, con fundamentos en las cuales se concluyó en el informe
que “De acuerdo con la información verificada, cotejo de documentación, entrevistas y
trabajo de campo, se logró confirmar que el señor Hernán Zuluaga Jaramillo y la señora
Gloria Cecilia Mejía Correa convivieron desde el 15 de junio del 2016 hasta el 27 de
enero del 2016 fecha en la que se separaron sin volver a convivir. Fecha de fallecimiento
del causante 05 de noviembre de 2017.”
80. Con fundamento en lo anterior, Colpensiones por medio del auto 191 de Diecinueve
(19) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), ordenó la apertura de la investigación
administrativa especial, la cual al ser notificada a la señora Gloria Cecilia Mejía Correa,
ejerció su derecho de defensa informó a Colpensiones “Es claro que satisfacía las
exigencias legales y jurisprudenciales para efectos de la causación del derecho a la
pensión de sobrevivientes, ya que: i) contrajo matrimonio con el señor Hernán Zuluaga
Jaramillo, ii) conviví con mi marido por más de 5 años, iii) para la fecha de su muerte el
vínculo matrimonial se encontraba vigente, iii) me vi abocada a dejar el lugar de vivienda
con mi marido de la manera temporal y en razón de la violencia intrafamiliar de la que
fui víctima, sin que esa situación me sea imputable y v) después de su accidente que lo
dejó en estado de coma - cumplí mis deberes conyugales cuidando y asistiendo a mí
cónyuge.”
81. Como prueba de lo antes enunciado, la señora Gloria Cecilia Mejía Correa
acompañó su escrito con los siguientes documentos:
i) Constancia de la comisaria de familia de Copacabana.
ii) Aviso de fecha Doce (12) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), donde
consta lo resuelto en audiencia de fallo realizada dentro del proceso de
violencia intrafamiliar seguido por la señora Gloría Mejía en contra del señor
Hernán Zuluaga Jaramillo.
iii) Audiencia de fallo del Doce (12) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018),
realizada por la Comisaria de Familia de Copacabana dentro del proceso
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seguido por la señora Gloría Mejía en contra del señor Hernán Zuluaga
Jaramillo, en la cual se resolvió prohibirle al denunciado ingresar, pernotar,
estarse, merodear el apartamento donde vive la señora Gloria Mejía.
iv) Historia clina de reconocimiento médico legal de la señora Mejía en el Hospital
Santa Margarita.
v) Remisión de la señora Gloria a psicología.
vi) Certificado por medio del cual la Clínica El Rosario hace constar que la señora
Gloria Mejía fue uno de los acompañantes del señor Hernán Zuluaga durante
su hospitalización entre el Veintitrés (23) de Junio hasta su egreso el Veinte
(20) de septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016).
vii) Certificación expedida por Armonía hogar para personas mayores, a través
de la cual, hace constar que el señor Hernán Zuluaga, estuvo en dicha
institución desde el 19 de septiembre hasta el 23 de diciembre de 2016, lapso
durante el cual contó con el acompañamiento permanente de la señora Gloria
Mejía quien se ocupaba de las citas médicas, su presentación personal,
reclamar medicamentos y entregarlos en el hogar,
viii) Declaraciones extrajuicios.
ix) Consentimiento informado suscrito por la señora Gloria Mejía para autorizar
procedimiento de resonancia magnética al señor Hernán Zuluaga.
x) Solicitudes por medio de las cuales la señora Gloria solicita a Sanitas EPS el
suministro de pañales, pañitos húmedos.
xi) Solicitud dirigida al director médico de la Clina El Rosario, formulas médicas
a nombre del señor Hernán Zuluaga,
xii) Recepción de insumos por parte de la señora Gloria
82. No obstante, Colpensiones por medio del auto 1835 del Seis (6) de noviembre de
Dos Mil Diecinueve (2019), ordenó el cierre de la investigación administrativa y, ordenó
remitir la decisión con los soportes a la Dirección de Prestaciones Económicas para que
procediera a tomar decisión frente al acto administrativo No. SUB 5448 de Enero Doce
(12) de Dos Mil Dieciocho (2018), al inferir de la investigación adelantada que el
reconocimiento pensional de sobrevivientes a favor de la señora Gloria Cecilia Mejía
Correa se dio con declaraciones juramentadas carentes de veracidad39.
83. A tono con lo anterior, Colpensiones expidió la Resolución No. SUB - 354414 de
Veintisiete (27) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), por medio de la cual, revocó
en todas y cada uno de sus partes la Resolución No. SUB 5448 de enero Doce (12) de
Dos Mil Dieciocho (2018), a través de la cual, reconoció a favor de la señora Gloria
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Cecilia Mejía Correa la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor
Hernán Zuluaga Jaramillo.
84. Inconforme con la anterior decisión, la señora Gloria Cecilia Mejía Correa presentó
recurso de reposición en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por medio de
las Resoluciones Nos. SUB 111549 de Veintiuno (21) de mayo de Dos Mil Veinte (2020)
y DPE 8447 de Veintisiete (27) de mayo de Dos Mil Veinte (2020), en el sentido de no
reponer ni revocar la decisión contenida en la Resolución No. SUB - 354414 de
Veintisiete (27) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019).
85. En tal razón, Colpensiones acudió al presente medio de control para obtener la
nulidad de la Resolución No. SUB 5448 de enero Doce (12) de Dos Mil Dieciocho (2018)
y como consecuencia de ello, obtener la devolución de las mesadas pagadas a la
beneficiaria.
86. Por su parte, la señora Gloria Cecilia Mejía Correa, acudió ante la jurisdicción laboral
para que se declare que tiene derecho a percibir la pensión de sobrevivientes por la
muerte de su cónyuge y se le continúe pagando las mesadas, proceso dentro del cual,
se porfió sentencia de primera instancia en el sentido de conceder las pretensiones de
la demanda.40
87. Finalmente, se resalta que en audiencia de pruebas se recaudaron las pruebas
testimoniales de las señoras Sonia María Carvajal Torres y María Eugenia Montoya
Echeverri, la primera de manera clara y espontanea reafirmó la violencia intrafamiliar de
que fue objeto la señora Gloria Cecilia Mejía Correa bajo la convivencia con el señor
Hernán Zuluaga Jaramillo. La segunda testigo, señaló haber coincidido con el señor
Hernán y Gloria en la casa de hogar geriátrico, en razón a que su señora madre también
estaba en dicho hogar, por ello le consta, pues observó que la señora Gloria era quien
de forma permanente y cotidiana atendía al señor Hernán. Conoció que la señora Gloria
fue la persona que estuvo al pendiente todo el tiempo del señor Hernán hasta la última
semana antes del fallecimiento del señor Hernán, la última semana llegaron otros
familiares, de quienes observó no tenían buena relación con la señora Gloria.
88. Bajo este orden de ideas, advierte la Sala que estamos de cara a hechos que atentan
contra la integridad y dignidad de una mujer, toda vez que, reposa en el plenario material
probatorio con plena validez, dado que no fueron desconocidos ni tachados de falsos,
de las cuales se desprende que la señora Gloria Cecilia Mejía Correa, durante la
convivencia con el señor Hernán Zuluaga Jaramillo, fue objeto de violencia intrafamiliar,
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Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 067_MemorialWeb_Otro-
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aspecto que a pesar de ser de conocimiento de Colpensiones, su análisis del requisito
de convivencia se limitó a lo estrictamente normativo, pues olvidó acompasar su decisión
a la línea jurisprudencial que sobre el tema de pensión de sobrevivientes y en lo atinente
a dicho requisito cuando existe violencia intrafamiliar la valoración probatoria debe ser
flexible.
89. Bajo esta perspectiva, la Sala advierte que la controversia no se agota en un examen
meramente formal de legalidad ni en la verificación estricta de presupuestos procesales,
pues involucra una convivencia donde se detectó violencia en contra de la mujer, por
ello se debe atender en sub examine con enfoque de género.
90. Lo anterior, por cuanto la perspectiva de género ha sido concebida por la doctrina y
la jurisprudencia como una herramienta con la finalidad de hacer realidad el derecho a
la igualdad en el marco de las instancias judiciales, pues pretende la erradicación de
sesgos, estereotipos, permitiendo superar prácticas históricamente normalizadas y que
en la actualidad resultan inadmisibles, con la clara finalidad que la solución a las disputas
atienda únicamente a estrictos parámetros de justicia41.
91. Así, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo No. PSAA08-4552
del año 2008, implementó la política de género en la función judicial, con la finalidad de
“promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación
por género en las decisiones judiciales, en el servicio público de la administración de
justicia, y en el funcionamiento interno de la Rama Judicial”42.
92. Con dicho acuerdo se creó la Comisión de Género de la Rama Judicial como un
órgano encargado de orientar e impulsar el desarrollo de la equidad de género y el
cumplimiento de sus objetivos y planes de acción encaminados a garantizar la igualdad
y la no discriminación de las mujeres en el acceso a la administración de justicia (artículo
3° ibídem).
93. En ejercicio de su cometido la comisión de Género de la Rama Judicial presentó un
documento titulado “Los derechos de las mujeres y la perspectiva de género. Un marco
jurídico para la acción judicial”43 proyectando un marco histórico del avance de este
enfoque diferencial, así como una visión orientada a los administradores del servicio
público de justicia. Se destacan las siguientes consideraciones:
41
Corte Suprema de Justicia. Sentencia 5039 de 10 de diciembre de 2021. Radicado No. 2018- 00170-01.
42
Artículo 1° acuerdo No. PSAA08-4552 de 2008
43
El documento puede visualizarse en el siguiente enlace los-derechos-de-las-mujeres-y-la-perspectiva-de-
genero.pdf
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“Los magistrados (as) y los jueces (zas) para dar cumplimiento a toda la normativa
nacional e internacional que plantea el reconocimiento del principio de igualdad y la
garantía de la no discriminación en razón del género, deben tener una mente abierta
al cambio, sin adherencias a una forma de entender la problemática de forma
estereotipada y además tener la capacidad de integrar el tema de una manera
sistémica, no fragmentada o aislada. Enfrentar este tema con una mente abierta,
requiere estar consciente de los estereotipos y preconceptos que cada una de
nosotros ha interiorizado.
Es menester conocer la realidad del contexto donde se desarrolla el tema y
despojarse de los prejuicios y de los estereotipos que circundan la sociedad. Vale la
pena insistir en la responsabilidad que tienen todas las personas que de alguna
manera están vinculadas con la administración de justicia, especialmente quienes
deciden, como son los magistrados (as) y los jueces (zas), para romper los patrones
acuñados por siglos de aculturación que permiten la vejación sistemática de mujeres,
niños y niñas. Se debe reflexionar por los y las administradoras de justicia, en la
necesidad de valorar con una mentalidad distinta las pruebas aportadas a los
procesos, modificando sus estructuras mentales sobre las relaciones entre varones
y mujeres y sobre el ejercicio de la autoridad y del poder
Debe procurarse el espacio para profundizar en el enfoque de género, para ponerse
a tono con las nuevas miradas de derechos humanos, comprensivas de los derechos
fundamentales, para lo cual es menester apoyarse en criterios de interpretación de
la norma jurídica en el contexto social, con todos las circunstancias que rodean el
asunto, conocer los principios lógicos que se antecedieron la creación de la norma y
acudir al uso de herramientas de argumentación jurídica, que los lleve a una decisión
justa, luego de un razonamiento jurídico práctico y demostrativo con una secuencia
coherente de pensamiento. Precisamente esto es lo que se requiere frente a la
posibilidad de Juzgar con perspectiva de género.”44
94. El documento analizado resalta la necesidad de que los jueces y magistrados
superen visiones estereotipadas y prejuicios para garantizar el principio de igualdad y
la no discriminación de género. Destaca el papel que tenemos los operadores judiciales
en el proceso de transformar las estructuras sociales tradicionales que han permitido la
violencia sistemática contra las mujeres.
95. En ese entendido la justicia con perspectiva de género no es opcional, sino una
exigencia ética y jurídica que requiere transformar mentalidades y prácticas para lograr
decisiones verdaderamente equitativas; lo que debe representarse en la aplicación,
interpretación y análisis jurídicos que resulten en decisiones que equilibren la sociedad
en garantía de la dignidad humana.
96. En ese orden, la H. Corte Constitucional ha agrupado una serie de criterios que
deben ser utilizados por los operadores judiciales, para definir los asuntos con enfoque
diferencial puestos a su consideración:45
“i. Analizar los hechos y los derechos en disputa, el entorno social y cultural en el
que se desarrollan y la vulneración de los derechos de las mujeres de grupos
poblacionales en situación de vulnerabilidad.
44 Véase páginas 9 y 10 del documento “Los derechos de las mujeres y la perspectiva de género. Un
marco jurídico para la acción judicial
45 Sentencia T-016 de 2022
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ii. Identificar categorías sospechosas asociadas a la raza, etnia, lengua, religión,
opinión política o filosófico, sexo, género y/o preferencia/orientación sexual,
condiciones de pobreza, situación de calle, migración, discapacidad y privación
de la libertad.
iii. Identificar si existe una relación desequilibrada de poder.
iv. Revisar si se presentan situaciones de estereotipos o manifestaciones de
sexismo en el caso.
v. Ubicar los hechos en el entorno social que corresponde, sin estereotipos
discriminatorios y prejuicios sociales.
vi. Privilegiar la prueba indiciaria, dado que en muchos casos la prueba directa
no se logra recaudar.
vii. Cuestionar cuando amerite, la pretendida neutralidad de las normas, si se
hace necesario, a fin de evaluar los impactos diferenciados en su aplicación.
viii. Trabajar la argumentación de la sentencia con hermenéutica de género sin
presencia de estereotipos y sexismos en los hechos acontecidos, en la valoración
de las pruebas, en los alegatos y en las conclusiones de las partes.
ix. Permitir la participación de la presunta víctima.
x. Visibilizar con claridad en las decisiones la situación específica de las mujeres
y/o población en situación de vulnerabilidad, al proteger el derecho a la igualdad
y a la no discriminación.
xi. Visibilizar la existencia de estereotipos, manifestaciones de sexismo, relación
desequilibrada de poder y riesgos de género en el caso.
xii. Controlar la revictimización y estereotipación de la víctima tanto en los
argumentos como en la parte resolutiva de las decisiones judiciales”
97. Establecido lo anterior, se tiene que en estos es casos es donde el juez cobra un rol
crucial, toda vez que, la jurisprudencia ha reconocido que, en situaciones en las que la
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes ha sido víctima de violencia intrafamiliar, el
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exigirle la convivencia requerida por el ordenamiento jurídico, conllevaría privarla del
derecho y, en últimas, reprocharle las decisiones que tomaron en busca de la protección
de su integridad personal.
98. Por lo anterior, es claro para la Sala que cuando las condiciones particulares del
caso así lo ameritan, se ha permitido que, pese a la separación de cuerpo incluso el
divorcio, sea posible que la cónyuge acceda a la pensión de sobrevivientes cuando se
ha acreditado que fue víctima de maltrato por el causante.
99. Pues bien, en el sub examine se tiene por acreditado que el Doce (12) de febrero de
2016, la Comisaria de Familia de Copacabana, realizó audiencia violencia intrafamiliar,
cuya parte resolutiva se fijó en la residencia del señor Hernan Zuluaga Jaramillo por
medio de aviso, toda vez que, se rehusó en asistir a dicha diligencia según la constancia
expedida por la comisaria, en diligencia se resolvió:
100. De las actuaciones surtidas dentro proceso de violencia intrafamiliar, se observa
que la señora Gloría Mejía, manifestó que se había retirado de su casa desde el 27 de
febrero de 2016, por considerar que se sentía en riesgo conviviendo con su esposo, que
llevaba soportando maltrato por cinco años, nunca lo había denunciado porque tenía la
esperanza que cambiara, expuso que el señor Hernán Zuluaga Jaramillo era muy
machista, posesivo, represivo, señaló que fue testigo de dicho maltrato la señora Luz
María Zapata quién fue su empleada en la finca e indicó que convivieron 11 años y 6
meses.
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101. A su turno, reposa en el plenario, la historia clina de reconocimiento médico legal
de fecha 29 de enero de 2016, de la señora Mejía en el Hospital Santa Margarita, en el
cual se dejó anotado que al realizar examen físico a petición de la Comisaria de Familia,
encontró en la paciente equimosis y laceraciones en región del tercio medio del brazo
derecho y región axilar posterior derecha, laceraciones dorsales derecha superficiales,
equimosis en la región palmar del primer dedo de la mano izquierda y le entregaron
incapacidad definitiva de 8 días.
102. De igual forma, el 12 de febrero de 2016, la señora Gloria Mejía fue remitida a
psicología con el fin de evaluar y dar tratamiento por conflictos familiares.
103. Del anterior análisis probatorio, no hay duda, la señora Gloría Mejía sí fue víctima
de maltrato intrafamiliar al interior de su matrimonio, lo que la llevó a retirarse de su casa
como medida de protección de su vida, pues acreditado esta que la convivencia bajo el
mismo techo con el señor Hernán Zuluaga le generaba un riesgo inminente.
104. De igual forma, se encuentra acreditado que la señora Gloria Mejía a raíz de la
violencia intrafamiliar de la cual fue víctima durante su vínculo matrimonial con el
causante, se vio en la necesidad de interponer la denuncia contra su cónyuge en la
Comisaría de Familia de Copacabana, en virtud de la cual, se le prohibió al señor Hernán
Jaramillo ingresar, penetrar, estarse, merodear el apartamento donde habita y/o vive la
señora Gloria Cecilia Mejía Correa, so pena de hacerse acreedor a las sanciones
previstas en el artículo 7 de la Ley 294 1996, modificada por la Ley 575 del 2000.
105. Siguiendo con la valoración probatoria, también se tiene por acreditado que el señor
Hernán Zuluaga tras sufrir accidente ingresó a la Clínica El Rosario de Medellín el 23 de
junio y egresó el 20 de septiembre de 2016, luego pasó al hogar geriátrico Armonía
donde permaneció hasta el 23 de diciembre de 2016. A la vez, certifican estas
instituciones que durante dicho tiempo el señor Zuluaga contó con la compañía de la
señora Gloría Mejía.
106. Las anteriores circunstancias, dejan ver que si bien entre los señores Hernán
Zuluaga y Gloría Mejía se dio una separación de cuerpo, ello no fue por voluntad propia
de los consortes, sino por el riesgo inminente que sobre la vida de la señora Mejía
generaba la violencia intrafamiliar que ejercía su cónyuge, hasta el punto, que debió
mediar orden de alejamiento por la autoridad competente como medida de protección a
favor de la víctima.
107. En tal razón, no se puede entender que dicha separación sea causante de la
pérdida del derecho pensional, pues la jurisprudencia es clara en señalar que habrá
casos en que las circunstancias impongan la interrupción, que no hace perder la
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intención de convivir, y por ello no implica, entonces, per sé, la pérdida del derecho
pensional.
108. Ahora bien, la Sala advierte que, el vínculo matrimonial entre los señores en
mención permaneció vigente hasta la fecha del fallecimiento del señor Hernán Zuluaga,
quien, en medio de su estado crítico de salud, tras sufrir un accidente contó nuevamente
con la presencia de la señora Gloría Mejía, tal como como lo acreditan las pruebas
enlistadas en el párrafo 80, así como, las testimoniales recaudas en audiencia de
pruebas por el A-quo.
109. En este orden de ideas, la tesis de Colpensiones incurre en exceso ritual manifiesto,
pues, desconoce la jurisprudencia aplicable para analizar el requisito de la convivencia,
en casos donde se compruebe la existencia de violencia intrafamiliar, así como, del
deber que le asiste en sede administrativa, de analizar dichos casos con enfoque de
género para evitar vulnerar o afectar derechos de rango constitucional a los beneficiarios
de los derechos pensionales.
110. Por lo expuesto, la Sala no encuentra acreditado que la señora Gloría Mejía
incurriera en actuaciones fraudulentas, para acceder a la pensión de sobrevivientes en
forma vitalicia como consecuencia del fallecimiento de su cónyuge, razón por la cual, no
es dable declarar la nulidad de la Resolución No. SUB 5448 del Doce (12) de enero de
Dos Mil Dieciocho (2018), bajo el cargo propuesto por Colpensiones.
111. Ello es así, porque contrario a lo expuesto por el recurrente sobre la carga
probatoria, se recuerda que a la luz de lo establecido en el artículo 167 del CGP, le
correspondía acreditar el cargo de nulidad propuesto en contra del acto acusado, para
lograr desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos hasta
tanto no sean declarados nulos en sede judicial, luego entonces, como ello no ocurrió,
la decisión de la Sala no puede ser otra que la confirmar en su totalidad la sentencia de
primera instancia.
2.6. Condena en costas
112. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, por tanto, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República Colombia y por autoridad de la ley.
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FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Veintiséis (26) de noviembre de Dos mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima
de Oralidad, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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