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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2020-03846-01

Fecha
19 de agosto de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2020-03846-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia proferida el 15 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión. 2º) Condénase en costas de la segunda instancia a la parte actora en favor de las entidades demandadas; tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia. 3º) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2020-03846-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

19 de agosto de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 05001-23-33-000-2020-03846-01 (71.883)
Actor: RIGOBERTO ARANGO GONZÁLEZ Y OTROS
Demandado: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO –
CPACA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – SOLICITUD DE
FORMALIZACIÓN DE MINERÍA TRADICIONAL

Síntesis del caso: el 31 de enero de 2011, los demandantes formularon ante el Departamento
de Antioquia una solicitud de formalización de minería tradicional con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, norma que salió del ordenamiento jurídico
por virtud de la declaración de inexequibilidad efectuada por la Corte Constitucional en
sentencia C-366 de 11 de mayo 2011, sin que para ese preciso momento la referida petición
hubiese sido tramitada y decidida; por medio de los actos administrativos demandados se
rechazó dicha petición con fundamento en lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley 1955 de
2019, según el cual “las personas naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud
de formalización de minería tradicional hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera
competente y que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentran vigentes y en área
libre, continuarán su trámite”, por estimar que no quedaba área susceptible de contratar en
atención al “sistema de cuadrícula minera” adoptado en las leyes 1753 de 2015 y 1955 de
2019, así como también en las resoluciones números 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas
por la ANM. La sentencia de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda sobre
la base de estimar que, por no existir un derecho adquirido, la aplicación del ”sistema de
cuadrícula minera” no desconoció el derecho constitucional fundamental del debido proceso
ni el principio de la confianza legítima respecto de los demandantes; se confirmará la referida
providencia.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la
sentencia de 15 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
– Sala Quinta de Decisión que dispuso:

“PRIMERO. SE NIEGAN las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. No se condena en costas.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente”
(índice 33 SAMAI de la primera instancia – negrillas y mayúsculas fijas del
original).

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Expediente: 05001-23-33-000-2020-03846-01 (71.883)
Actor: Rigoberto Arango González y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Apelación de sentencia

I. ANTECEDENTES

La demanda

Mediante escrito radicado el 10 de noviembre de 2020, los señores Rigoberto Arango
González, Dólly del Socorro Mejía Rojas y Freyden de Jesús Mejía Rojas presentaron
demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra del Departamento de Antioquia, con las siguientes súplicas:

“PRETENSIONES PRINCIPALES

PRIMERA: Que se declare la nulidad total de la Resolución 2019060434720
del 12 de diciembre de 2019, proferida por la Secretaría de Minas de la
Gobernación de Antioquia, dentro del trámite de formalización minera N°
MAV-16081.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad total de la Resolución N°
2020060005382 de 26 de febrero de 2020, expedida por la Secretaría de
Minas de la Gobernación de Antioquia, la cual confirma la Resolución
2019060434720 del 12 de diciembre de 2019, dentro del trámite de
formalización minera N° MAV-16081.

TERCERO: Que se ordene el restablecimiento de los derechos vulnerados
a mi mandante la MINA LA CAROLINA, con la expedición de las Resolución
2019060434720 del 12 de diciembre de 2019 y Resolución N°
2020060005382 de 26 de febrero de 2020, por parte de la Secretaría de
Minas de la Gobernación de Antioquia, dentro del trámite de formalización
minera N° MAV- 16081.

PRETENSIONES CONSECUENCIALES

Su señoría como consecuencia de lo anterior, pretenden mis prohijados se
les reconozca la suma de OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
SEIS DE PESOS CON OCHOCIENTOS DIECISÉIS CENTAVOS
(89.305.296.406,816), representados en los siguientes perjuicios:

A. DAÑO EMERGENTE: corresponde a la suma de SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS
CON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CENTAVOS (696.860.000,266), los
cuales se ven representados en las siguientes inversiones

800 Mts de vía principal 80.000.000
UES Metalica 55.860.0
4 malacates 30.000.000
5 motobombas de 15 hp 16.000.000
4 tolvas metálicas 30 T 450.000.000
Compresos de aire 110.000.000
Compresor eléctrico 80.000.000
12 martillos percutores de aire 30.000.000
2 equipos de soldadura 5.000.000
4 coches metálicos 48.000.000
Vibradora para clasificación de 12.000.000

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Expediente: 05001-23-33-000-2020-03846-01 (71.883)
Actor: Rigoberto Arango González y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Apelación de sentencia

carbón
1 trasformador trifásico 95.000.000
1 motoreductor y bandas 15.000.000
trasportadoras de caucho
Herramientas varias 6.000.000
Total 696.860.000,260

B. LUCRO CESANTE FUTURO: Corresponde a la suma de OCHENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA
Y CINCO CENTAVOS (88.608.436.406,55).

Su señoría, el presente lucro cesante futuro se determina de acuerdo al valor
de las toneladas de carbón térmico que extrae mi poderdante actualmente,
las cuales ascienden al valor de VEINTICUATRO MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL PESOS CON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CENTAVOS
($24.276.283.947) mensuales, proyectadas en un periodo de 10 años,
según las reservas de mineral con las que cuenta la Mina la Carolina.”
(índice 2 SAMAI1 – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda la parte actora narró, en síntesis, lo
siguiente:

1) Desde el año 1995 desarrolla la explotación tradicional de carbón mineral en la
mina “La Carolina” ubicada en la vereda La Clarita, sector el Troncal del municipio de
Amagá (Antioquia).

2) El día 31 de enero de 2011, los señores Rigoberto Arango González, Dólly Del
Socorro Mejía Rojas y Freyden de Jesús Mejía Rojas, en condición de propietarios de
la mina “La Carolina”, radicaron una petición de legalización de minería tradicional
para un yacimiento de arenas arcillosas, arenas y gravas silíceas, arcilla común
(cerámicas ferruginosas, misceláneas), arcillas especiales y carbón térmico, trámite al
que le correspondió el número de radicación MAV-16081.

3) Mediante Resolución no. 011005 del 3 de febrero de 2012, la Gobernación de
Antioquia dispuso continuar el trámite de la solicitud de formalización MAV-16081 en
un área de 7,6588 hectáreas, debido a que “al momento de evaluar el expediente se
encontró que existen superposiciones con las solicitudes de legalización LIR-14481 y
LG7- 16141X, presentadas previamente a la solicitud en estudio”; mediante informe

1 Archivo: “13ED_010SubsanaDemandapdf(.pdf) NroActua 2”.

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Expediente: 05001-23-33-000-2020-03846-01 (71.883)
Actor: Rigoberto Arango González y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Apelación de sentencia

técnico no. 130AS 1302-11614 del 28 de febrero de 2013, la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia – Dirección Territorial Aburrá Sur determinó la
viabilidad ambiental del proyecto; posteriormente, mediante Resolución no. 114245
de 26 de junio de 2014, la Gobernación de Antioquia otorgó viabilidad técnica a la
solicitud elevada por los demandantes

4) A través de la Resolución número 2019060434720 de 12 de diciembre de 2019, la
Gobernación de Antioquia rechazó la petición de formalización de minería tradicional
con radicación no. MAV-16081 debido a que para ese momento no quedaba área
susceptible de contratar en el espacio objeto de la solicitud; esta decisión fue
confirmada por la Resolución número 2020060005382 de 26 de febrero de 2020, la
cual fue notificada personalmente a la parte demandante el 13 de marzo de 2020.

Normas violadas y concepto de la violación

Como fundamento de su demanda, la parte actora planteó los siguientes cuatro
motivos de censura:

3.1 Primer cargo: violación de la ley

La parte actora sostiene que los actos administrativos demandados deben declararse
nulos por la violación de lo dispuesto en los artículos 1,2,4,13,29,121,122 y 305 de la
Constitución Política y 313 y 316 de la Ley 685 de 2001; no obstante, no esgrime
ningún reproche específico en sustento de dicha violación normativa (índice 2
SAMAI2).

3.2 Segundo cargo: falsa motivación y desviación de poder

En sustento de esta acusación la parte demandante únicamente expresa que “la
presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se estructura bajo dos
causales a saber, I) falsa motivación, II) desviación del poder” (índice 2 SAMAI3),
empero, no formuló ningún reparo concreto; es decir, no sustentó esas invocadas
causales de nulidad.

2 Archivo: “4ED_001Demandapdf(.pdf) NroActua 2” – página 8.
3 Ibidem.

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Expediente: 05001-23-33-000-2020-03846-01 (71.883)
Actor: Rigoberto Arango González y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Apelación de sentencia

3.3 Tercer cargo: violación de la confianza legítima y desconocimiento de
derechos adquiridos

1) Como fundamento de este otro motivo de reproche de legalidad, aduce que los
actos administrativos demandados no pueden cambiar abruptamente la situación
jurídica de los demandantes debido a que “estos están revestidos de una legalidad
que aún a la fecha ostentan” (índice 2 SAMAI4), en apoyo de lo cual arguyó que i) los
demandantes ejercen la explotación tradicional de carbón mineral en el predio objeto
de la controversia desde el año 1995; ii) el 31 de enero de 2011, los demandantes
inscribieron en el Registro Minero Nacional la solicitud de legalización de minería
tradicional con radicación no. MAV-16081; iii) las autoridades mineras y ambientales
realizaron las visitas correspondientes y con base en ello se expidió el informe técnico
número 130AS 1302-11614 del 28 de febrero de 2013, por el cual la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Dirección Territorial Aburrá Sur
determinó la viabilidad ambiental del proyecto y, iv) mediante el estudio técnico de
propuesta de contrato de concesión no. MAV-16081, la Secretaría de Minas de la
Gobernación de Antioquia reiteró la viabilidad de la solicitud en mención.

2) De igual forma, la parte actora arguye que las resoluciones números
2019060434720 de 12 de diciembre de 2019 y 2020060005382 de 26 de febrero de
2020 expedidas por la Gobernación de Antioquia desconocen i) la protección de los
derechos adquiridos conferidos a los demandantes mediante autorizaciones
temporales, en atención a lo dispuesto en el numeral 1.1.1 del documento denominado
Lineamientos para la Evaluación de los Trámites y Solicitudes Mineras a Partir del
Sistema de Cuadrícula Minera y Metodología para la Migración de los Títulos Mineros
al Sistema de Cuadrícula emitido por la Agencia Nacional de Minería (ANM) en
cumplimiento de lo determinado en la Resolución no. 505 de 2 de agosto de 2019
proferida por la misma entidad y, ii) que el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019 dispuso
que las solicitudes de formalización de minería tradicional que se hubieran presentado
hasta el 10 de mayo de 2013 continuarían su trámite con el fin de que se verificara la
viabilidad técnica del proyecto minero que pretende formalizarse.

4 Archivo: “4ED_001Demandapdf(.pdf) NroActua 2” – página 11.

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Expediente: 05001-23-33-000-2020-03846-01 (71.883)
Actor: Rigoberto Arango González y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Apelación de sentencia

3.4 Cuarto cargo: violación del debido proceso

En apoyo de este reproche de nulidad, la parte demandante esgrime que los actos
administrativos demandados desconocen el derecho constitucional fundamental del
debido proceso en cabeza de los demandantes por el hecho de haberse rechazado
de plano la solicitud de formalización de minería ilegal, sin que la entidad demandada
hubiese requerido a aquellos y al titular del contrato de concesión minera superpuesto
con su solicitud para dar apertura al proceso de mediación del que trata el inciso
tercero del artículo 325 de la Ley 1955 de 2019.

Trámite y contestación de la demanda

1) El 21 julio de 2022 se admitió la demanda y se dispuso la vinculación de la sociedad
Agroindustrias Cima SAS como tercero interesado por ser el titular del contrato de
concesión minera superpuesto con la solicitud objeto de la controversia 5 (índice 13
SAMAI), la cual fue notificada en forma personal a la autoridad demandada el 26 de
septiembre del mismo año (índice 16 SAMAI).

2) En escrito presentado el 11 de noviembre de 2022, el Departamento de Antioquia
se opuso a las pretensiones de la demanda, en sustento de lo cual manifestó que i) la
radicación de la petición de formalización de minería tradicional no. MAV-16081, por
sí sola, no otorga derechos al titular para ejercer actos propios de un titular de contrato
de concesión o permiso temporal, pues, se trata de una mera expectativa susceptible
de logarse con el paso de tiempo y el cumplimiento de los requisitos de ley; ii) el
concepto técnico no. 130 AS-1302-11614 expedido por la dirección de Titulación
Minera en el año 2013 era un acto de trámite que estaba supeditado al cumplimiento
de otros requisitos de orden ambiental y jurídico; iii) en atención a lo establecido en el
artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, las solicitudes de formalización de minería
tradicional que hasta el 10 de mayo de 2013 que se encontraran en trámite debían ser
rechazadas si no se encontraban en área libre, como acaeció en el presente asunto
con el contrato de concesión no. DB8-142 y, iv) para este caso concreto la parte
demandante no logró acreditar las razones que sustentan los vicios alegados, huelga
decir, “falsa motivación” y “desviación de poder” (índice 20 SAMAI de la primera
instancia).

5 El 23 de marzo de 2022, la sociedad Agroindustrias Cima SAS, por intermedio de apoderado judicial,

solicitó la vinculación al proceso en calidad de tercero (índice 7 SAMAI de la primera instancia).

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Expediente: 05001-23-33-000-2020-03846-01 (71.883)
Actor: Rigoberto Arango González y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Apelación de sentencia

En ese contexto, el Departamento de Antioquia formuló las siguientes excepciones:

a) “Legalidad de los actos administrativos expedidos en el trámite de la solicitud MAV-
16081”, en la medida en que no obedecieron al capricho o amaño de la entidad; por
el contrario, la decisión de rechazar la petición de formalización se debió a
superposición con un contrato de concesión minero ya consolidado con anterioridad,
de conformidad con lo expresa y puntualmente dispuesto en el artículo 325 de la Ley
1955 de 2019, así como también en las resoluciones 504 de 2018 y 505 de 2019,
expedidas por la Agencia Nacional de Minería.

b) “No demostrarse los vicios endilgados de falsa motivación y/o desviación de poder”,
toda vez que, a la parte actora le correspondía demostrar las circunstancias de hecho
y de derecho con las que pusiera en evidencia que el acto atacado adolecía de los
vicios de nulidad cuya declaración pretende.

c) “Falta de causa para pedir”, puesto que el procedimiento para expedir los actos
administrativos acusados estuvo acorde con la ley que rige la materia, y no se
configuró vicio alguno que permitiera acreditar la violación normativa predicada con la
demanda.

d) “Buena fe en su actuar por parte del Departamento de Antioquia”, dado que la
administración territorial, con la expedición de las resoluciones demandadas, actuó y
resolvió el requerimiento del particular conforme a derecho.

3) A su turno, en memorial del 9 de noviembre de 2022 el apoderado de la sociedad
Agroindustrias Cima SAS (índice 18 SAMAI de la primera instancia) pidió que se
denieguen las súplicas de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

a) La parte actora hace una serie de afirmaciones sin que se haya aportado al
expediente medio probatorio alguno con el que acrediten hechos como la explotación
de la mina “La Carolina” desde el año 1995, en cambio, sí existe certeza en relación
con la explotación del yacimiento que corresponde al área del título minero no. DB8-
142 de propiedad de la compañía Agroindustrias Cima SA cuya legalización pretende
la parte actora.

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Expediente: 05001-23-33-000-2020-03846-01 (71.883)
Actor: Rigoberto Arango González y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Apelación de sentencia

b) Agroindustrias Cima SAS actúa como titular del contrato de concesión minera no.
B8-142 de 2008 para la explotación de carbón térmico a partir del 30 de junio del año
2013, a través de la adquisición de la totalidad de los derechos que ostentaba
Eurocerámica SA.

c) Los actos administrativos demandados fueron proferidos con apego a la
normatividad que rige la materia, razón por la cual las pretensiones de la demanda
deben decidirse desfavorablemente.

4) Por auto de 30 de abril de 2024, i) se prescindió de la audiencia inicial y se dispuso
el trámite de sentencia anticipada; ii) se incorporaron como pruebas los documentos
allegados con la demanda y su respectiva contestación; ii) se fijó el litigio y, iv) se
corrió traslado a las partes para presentar alegaciones de conclusión (índice 24
SAMAI); esta providencia no fue objeto de recursos.

La sentencia apelada

En sentencia de 15 de julio de 2024 (índice 32 SAMAI de la primera instancia),
notificada el día 17 de los mismos mes y año (índice 34 SAMAI), el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión denegó las pretensiones de la
demanda con sustento en lo siguiente:

1) Los demandantes no ostentaban ningún derecho adquirido sino una mera
expectativa, pues, de conformidad con lo expresa y puntualmente dispuesto en el
artículo 16 de la Ley 685 de 2001, la propuesta de concesión en trámite no confiere
un derecho a la celebración del contrato, solo otorga un derecho de prelación frente a
terceros; en ese orden, con independencia de que la petición de formalización de
minería tradicional se hubiese presentado el 31 de enero de 2011, lo cierto es que su
evaluación debe efectuarse con la normativa vigente para el momento en que se
resuelva, es decir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley 1955
de 2019, así como también en las resoluciones números 504 de 2018 y 505 de 2019
expedidas por la Agencia Nacional de Minería.

2) Era jurídicamente viable aplicar de manera retrospectiva las normas del sistema de
cuadrícula minera para tramitar y decidir la petición de legalización de minería
tradicional objeto de la controversia porque no existía una situación jurídica

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Expediente: 05001-23-33-000-2020-03846-01 (71.883)
Actor: Rigoberto Arango González y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Apelación de sentencia

consolidada en favor de los demandantes; este criterio de decisión ha sido reiterado
en distintas providencias expedidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

3) Para este caso concreto, la Dirección de Titulación de la Secretaría de Minas del
Departamento de Antioquia emitió la evaluación técnica de transformación y migración
de área al sistema de cuadrícula minera no. 1278155 del 29 de noviembre de 2019, a
partir de la cual determinó que, una vez aplicados los "Lineamientos para la
Evaluación de los Trámites y Solicitudes Mineras a Partir del Sistema de Cuadrícula
Minera y Metodología para la Migración de los Títulos Mineros al Sistema de
Cuadrícula", el área objeto de la solicitud se superpone totalmente con los títulos
mineros números DB8-142 y H5874005, por tanto no quedaba área susceptible de ser
contratada; así las cosas, la decisión de rechazar la petición de formalización de
minería tradicional MAV-16081 no conlleva la violación del principio de confianza
legítima, pues, la entidad demandada se limitó a aplicar la normativa vigente para el
momento en que resolvió la referida solicitud.

4) En relación con el vicio de “falta motivación” que supuestamente afecta los actos
administrativos demandados, no se acreditó que haya divergencia entre la realidad
fáctica o jurídica que induce a su expedición y los motivos de hecho o de derecho que
la entidad demandada tuvo en cuenta para adoptar la decisión en ellos contenida; en
lo que atañe a la “desviación de poder”, no existe en el expediente prueba de que los
referidos actos administrativos persigan un fin distinto al que ha fijado el ordenamiento
jurídico, por el contrario, la aplicación del “sistema de cuadrícula minera” propende la
satisfacción del interés público por encima de cualquier interés particular.

El recurso de apelación

A través de escrito radicado el 2 de agosto de 2024 (índice 35 SAMAI de la primera
instancia), el apoderado judicial de la parte actora interpuso recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia, con base en las siguientes
consideraciones:

1) La sentencia apelada confunde el concepto de derechos adquiridos con meras
expectativas; para este caso concreto los demandantes han consolidado sus derechos
a la explotación minera mediante el cumplimiento de los requisitos legales y la
actividad continua desde 1995.

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En ese orden, i) no era jurídicamente viable aplicar de manera retroactiva lo dispuesto
en las Resoluciones números 504 de 2019 y 505 de 2019, dado que ello afecta de
manera injustificada a los demandantes, quienes presentaron su solicitud de
formalización sobre la base de un marco normativo anterior que no contemplaba
dichas medidas y, ii) la petición de formalización de minería tradicional debió
resolverse con las normas vigentes al momento de su presentación y no con las
disposiciones del “sistema de cuadrícula minera”.

2) El a quo no advirtió que los actos administrativos demandados desconocen el
principio de confianza legítima que le asiste a la parte actora por el hecho de haberse
cambiado abruptamente por la autoridad minera las condiciones jurídicas previamente
aceptadas, máxime cuando i) los demandantes han ejercido la explotación minera
desde 1995 con el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley para
tal efecto y, ii) en la Resolución número 11005 del 3 de febrero de 2012 se determinó
que la solicitud de formalización de minería tradicional era viable y contaba con un
área libre de 7,6588 hectáreas.

3) La sentencia apelada “no consideró adecuadamente la existencia de falsa
motivación y desviación de poder en la expedición de las resoluciones demandadas”,
pues, no tuvo en cuenta que la entidad demandada “aplicó indebidamente la ley,
generando ello un yerro que es insubsanable” (índice 35 SAMAI de la primera
instancia).

4) La sentencia objeto del recurso de alzada desconoció el precedente jurisprudencial
del Consejo de Estado que establece la protección de los derechos adquiridos y la
confianza legítima en el marco de la formalización minera, dado que no tuvo en cuenta
que la aplicación de las nuevas resoluciones sin un periodo de transición adecuado
afecta gravemente los derechos de los demandantes, quienes confiaron en la
estabilidad de las normas y en las comunicaciones previas de la administración

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) la

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Expediente: 05001-23-33-000-2020-03846-01 (71.883)
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Apelación de sentencia

competencia del ad quem, 3) marco normativo de la controversia, 4) análisis de los
cargos de apelación, 5) conclusión y, 6) condena en costas y agencias en derecho.

Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) Presentada la demanda en término6, la parte actora pretende la declaración de
nulidad de la Resolución número 2019060434720 del 12 de diciembre de 2019
proferida por la Secretaría de Minas del departamento de Antioquia a través de la cual
se dispuso “rechazar la Solicitud de Formalización de Minería Tradicional con placa
No. MAV- 16081”; asimismo, depreca la declaración de nulidad de la Resolución
2020060005382 del 26 de febrero de 2020 expedida por esa misma entidad “por
medio de la cual se resuelve un recurso de reposición dentro de la solicitud de
formalización de minería tradicional con expediente no. MAV-16081”.

De igual forma, solicitó el restablecimiento del derecho consistente en que se condene
a la entidad territorial demandada al pago de $89.305.296.406 por concepto de daño
emergente y lucro cesante.

1) Como fundamento de la demanda la parte actora arguye que los actos demandados
i) desconocen lo dispuesto en los artículos 1,2,4,13,29,121,122 y 305 de la
Constitución Política y 313 y 316 de la Ley 685 de 2001; no obstante, no esgrime algún
reproche específico en sustento de dicha violación normativa; ii) están viciados por
“desviación de poder” y “falsa motivación”, sin formular algún reparo concreto; iii)
desconocen la confianza legítima de los demandantes, así como también los derechos
adquiridos que les asiste sobre el área objeto de la solicitud y, iv) violan el derecho
constitucional fundamental del debido proceso que les asiste.

2) La sentencia de primer grado denegó las súplicas de la demanda porque i) no
evidenció la violación del derecho constitucional fundamental del debido proceso de
los demandantes ni el desconocimiento del principio de confianza legítima, por razón

6 La demanda fue presentada dentro del término que se tenía para ello, pues, última resolución
demandada quedó ejecutoriada el 16 de marzo de 2020, fecha en la que se suspendieron los términos
judiciales por la pandemia de Covid-19 hasta el 11 de julio de 2020 en los términos del Acuerdo no.
PCSJA20-11567 del Consejo Superior de la Judicatura, la parte actora agotó el requisito de
procedibilidad ante la Procuraduría General de la Nación el 26 de agosto de 2020, cuya constancia fue
expedida el 28 de octubre siguiente; como la demanda se radicó el 10 de noviembre de 2020, es
palmario que no se superaron los cuatro (4) meses para la formulación en tiempo del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia.

12

Expediente: 05001-23-33-000-2020-03846-01 (71.883)
Actor: Rigoberto Arango González y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Apelación de sentencia

de que la presentación de la solicitud de formalización de mimería tradicional número
MAV-16081 no les otorgó a aquellos un derecho sino una mera expectativa y, en ese
orden, es imperativo aplicar de manera retrospectiva las normas del sistema de
cuadrícula minera y, ii) no existe prueba de que los actos administrativos demandados
estén viciados de “falsa motivación” y “desviación de poder”.

3) Se confirmará la sentencia apelada por el hecho de que i) la presentación de la
solicitud de formalización de mimería tradicional con radicación no. MAV-16081 de 31
de enero de 2011 no les otorgó a los demandantes un derecho adquirido, en ese
orden, era imperativo aplicar de forma retrospectiva el “sistema de cuadrícula minera”
para decidir la referida petición por ser las vigentes al momento de expedir la
Resolución número 2019060434720 del 12 de diciembre de 2019; ii) no es legalmente
procedente analizar en la sentencia de segunda instancia los cargos relativos a la
“falsa motivación” y a la “desviación de poder”, pues, estos aspectos no fueron objeto
de desarrollo en la demanda, so pena de atentar contra la garantía del debido proceso
y del derecho de defensa del demandado y, iii) no se formuló un reparo concreto en
relación con el supuesto desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

La competencia del ad quem

1) Sobre el punto cabe advertir que en el asunto de la referencia únicamente interpuso
recurso de apelación la parte demandada.

2) De acuerdo con lo anterior, se tiene que se trata de una situación de apelante único
donde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, norma procesal aplicable en virtud de la remisión legal contenida en el
artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, la competencia del juez en segunda instancia se
reduce al análisis de los puntos objeto del recurso.

3) En efecto el artículo 328 del Código General del Proceso preceptúa:

“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley.

13

Expediente: 05001-23-33-000-2020-03846-01 (71.883)
Actor: Rigoberto Arango González y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Apelación de sentencia

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la
que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar
y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante
único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia” (se destaca).

4) En ese contexto es claro que el ad quem, cuando se trata de apelante único, solo
puede revisar la actuación en cuanto tiene que ver con los motivos de la impugnación,
vale decir, no puede el juez de segunda instancia entrar a analizar la providencia en
la parte que no fue objeto del recurso, razón por la cual la competencia funcional de
esta Corporación se encuentra restringida legalmente a los cargos esgrimidos en el
recurso de alzada, sin perjuicio de lo expresa y puntualmente dispuesto en el inciso
segundo del artículo 187 del CPACA, según el cual i) en la sentencia el juez decidirá
sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada y,
ii) el silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones, propuestas o no, sin perjuicio de la non reformatio in pejus.

En ese contexto, la Sala decidirá únicamente en relación con los precisos cargos de
apelación esgrimidos por la parte demandante.

Marco normativo de la controversia

1) De conformidad con lo dispuesto los artículos 3327 y 3608 de la Constitución
Política, el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no
renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a
las leyes preexistentes, motivo por el cual su explotación causa a favor del Estado una
contraprestación a título de regalía.

7 “ARTÍCULO 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin

perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”.
8 “ARTÍCULO 360. La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una

contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación
que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no
renovables (…)”.

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Expediente: 05001-23-33-000-2020-03846-01 (71.883)
Actor: Rigoberto Arango González y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Apelación de sentencia

2) En esta misma línea de análisis, el artículo 6 de la Ley 685 de 20011 expresamente
determina que “[e]l derecho a explotar [los recursos naturales no renovables] solo se
adquiere mediante el otorgamiento de los títulos enumerados en el artículo 14 de este
Código. Ninguna actividad de prospección, exploración o explotación o de posesión
material de dichos recursos, sea cual fuere la antigüedad, duración o características,
conferirá derecho o prelación alguna para adquirir el título minero o para oponerse a
propuesta de terceros”.

3) A su turno, el artículo 14 de ese mismo cuerpo normativo prevé que “[a] partir de la
vigencia de este Código, únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho
a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión
minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional”.

4) En igual sentido, el artículo 16 ibidem establece que mientras la solicitud de
concesión minera se halle en trámite “no confiere, por sí sola, frente al Estado, derecho
a la celebración del contrato de concesión”, con indicación de que el único derecho
que adquiere el solicitante es el de prelación o preferencia frente a otras solicitudes o
frente a terceros si reúne los requisitos legales para obtener dicha concesión.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-983 de 2010 precisó lo siguiente
en relación con el momento en el que se considera que el explotador ostenta un
derecho adquirido:

“En el caso de las propuestas presentadas que se encuentren en trámite, es
claro para la Corte que no afecta ni el debido proceso administrativo, ni los
derechos adquiridos. Lo anterior, por cuanto el Legislador, de una parte, fija
un requisito para la prosperidad de la propuesta, con pleno respeto de las
garantías inherentes al debido proceso administrativo, y de otra parte, si la
propuesta se encuentra en trámite, es claro que no existe todavía una
situación consolidada para el proponente que constituya un derecho
adquirido, ya que mientras la propuesta se encuentre en trámite y no
se haya perfeccionado el contrato de concesión minera, no existen
derechos adquiridos de los proponentes. En este caso, encuentra la
Corte que lo que hace el Legislador, es determinar que se concede un
término de tres meses para que se pague el canon superficiario por parte
del proponente, disposición que no puede considerarse violatoria del debido
proceso administrativo, ni de derechos adquiridos, por cuanto en este caso
existen meras expectativas legítimas.

(…).

La jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en múltiples
oportunidades al alcance de la protección a los derechos adquiridos,
diferenciándolos de las expectativas legítimas. A este respecto, ha sostenido

15

Expediente: 05001-23-33-000-2020-03846-01 (71.883)
Actor: Rigoberto Arango González y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Apelación de sentencia

que los derechos adquiridos constituyen derechos que son (i) subjetivos; (ii)
concretos y consolidados; (iii) cumplen con los requisitos de ley; (iv) se
pueden exigir plenamente; (v) se encuentran jurídicamente garantizados;
(vi) se incorporan al patrimonio de la persona; (vii) son intangibles y en
consecuencia, el legislador al expedir una nueva ley no los puede lesionar o
desconocer; y (viii) se diferencian de las expectativas legítimas. Por su parte,
estas últimas se caracterizan por no haber cumplido los presupuestos
legales exigidos para la consolidación del derecho, aunque puedan llegar a
perfeccionarse en el futuro, y son tan solo probabilidades o esperanzas que
no constituyen derechos subjetivos consolidados y pueden ser modificadas
legítimamente por el legislador, con el fin de cumplir con objetivos
constitucionales.

(…).

Esta Corporación ha evidenciado que el contrato de concesión para la
explotación de recursos naturales no renovables tiene dos aspectos
primordiales, (i) el derecho de explotación que nace con la inscripción
del acto que otorga el título minero en el registro minero
correspondiente, de conformidad con el código de minas, y (ii) la
actividad propiamente dicha de exploración o explotación del bien público”
(resalta la Sala).

5) En relación con las peticiones de legalización de la minería tradicional, el artículo
165 de la Ley 685 de 2001 dispuso, con carácter temporal, que los explotadores de
minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional podían
solicitar el otorgamiento de un contrato de concesión en el término improrrogable de
tres (3) años, contados a partir del 1º de enero de 2002, siempre que el área solicitada
estuviese libre para contratar y cumpliera con los requisitos para tal efecto;
posteriormente, el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 dispuso que los grupos y
asociaciones de minería tradicional que explotaran minas de propiedad estatal sin
título inscrito en el Registro Minero Nacional podían solicitar en el término
improrrogable de dos (2) años, computados a partir del 9 de febrero de 2010, que la
mina correspondiente les fuera otorgada en concesión; esta última norma fue
reglamentada por el Decreto 2715 de 2010, cuyo capítulo correspondiente a la
“Legalización Minera” fue objeto de modificación por el Decreto no. 1970 de 20129,
disposición que, a su turno, fue derogada tácitamente por el Decreto 933 de 9 de mayo
de 2013.

Sin perjuicio de lo anterior, i) la Corte Constitucional, en sentencia C-366 de 2011,
declaró inexequible la Ley 1382 de 2010 con efectos diferidos por el término de dos
(2) años por el hecho de haberse omitido el trámite de consulta previa a las
comunidades indígenas y afrodescendientes, con lo cual dicha norma salió del

9 “Por el cual se modifica el Capítulo II del Decreto número 2715 de 2010”.

16

Expediente: 05001-23-33-000-2020-03846-01 (71.883)
Actor: Rigoberto Arango González y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Apelación de sentencia

ordenamiento jurídico el 12 de mayo de 2013 y, ii) el Decreto 933 de 2013 fue
suspendido provisionalmente por esta Corporación mediante auto de 20 de abril de
201610 y posteriormente anulado en sentencia de 28 de octubre de 201911.

6) En lo que atañe a la delimitación del área objeto de los contratos mineros, los
artículos 64 a 69 de la Ley 685 de 2001 definieron en una etapa inicial el “sistema de
polígonos”, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 64. AREA EN CORRIENTES DE AGUA. El área de la
concesión cuyo objeto sea la exploración y explotación de minerales en el
cauce de una corriente de agua, estará determinada por un polígono de
cualquier forma que dentro de sus linderos abarque dicho cauce continuo
en un trayecto máximo de dos (2) kilómetros, medidos por una de sus
márgenes.

El área para explorar y explotar minerales en el cauce y las riberas de una
corriente de agua, será de hasta cinco mil (5.000) hectáreas, delimitadas por
un polígono de cualquier forma y dentro de cuyos linderos contenga un
trayecto de hasta cinco (5) kilómetros, medidos por una de sus márgenes.

Durante la exploración, el interesado deberá justificar, mediante estudios
técnicos la necesidad de retener la totalidad del área solicitada en
concesión.

Lo anterior sin perjuicio de que se obtengan las respectivas autorizaciones
ambientales para intervenir las zonas escogidas para la extracción de los
minerales, dentro del área de la concesión.

ARTÍCULO 65. AREA EN OTROS TERRENOS. El área para explorar y
explotar terrenos de cualquier clase y ubicación con exclusión del cauce de
las corrientes de agua, estará delimitada por un polígono de cualquier forma
y orientación delimitado con referencia a la red geodésica nacional. Dicha
área tendrá una extensión máxima de diez mil (10.000) hectáreas.

ARTÍCULO 66. LAS REGLAS TÉCNICAS. En la identificación y
delimitación del área objeto de la propuesta y del contrato, serán de
obligatoria aplicación los principios, criterios y reglas técnicas propias de la
ingeniería, geología y la topografía, aceptadas y divulgadas oficialmente.

ARTÍCULO 67. NORMAS TÉCNICAS OFICIALES. El Gobierno Nacional
por medio de decreto, establecerá, en forma detallada, los requisitos y
especificaciones de orden técnico minero que deban atenderse en la
elaboración de los documentos, planos, croquis y reportes relacionados con
la determinación y localización del área objeto de la propuesta y del contrato
de concesión, así como en los documentos e informes técnicos que se
deban rendir. Ningún funcionario o autoridad podrá exigir en materia minera
a los interesados la aplicación de principios, criterios y reglas técnicas
distintas o adicionales a las adoptadas por el Gobierno.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, exp. 11001-03-26-000-2014-00156 (52.506),

auto de 20 de abril de 2016, CP (E) Jaime Orlando Santofimio Gamboa; esta providencia fue confirmada
en sede de súplica por auto de 19 de septiembre de 2018, CP Guillermo Sánchez Luque.
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, exp. 11001-03-26-000-2015-00169-00 (55.881),

sentencia de 28 de octubre de 2019, CP Martín Bermúdez Muñoz.

17

Expediente: 05001-23-33-000-2020-03846-01 (71.883)
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Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Apelación de sentencia

ARTÍCULO 68. DEFINICIONES TÉCNICAS. El Gobierno Nacional adoptará
un glosario o lista de definiciones y términos técnicos en materia minera que
serán de obligatorio uso por los particulares y por las autoridades y
funcionarios en la elaboración, presentación y expedición de documentos,
solicitudes y providencias que se produzcan en las actuaciones reguladas
por este Código.

ARTÍCULO 69. AREA EFECTIVA DEL CONTRATO. El área del contrato
de concesión se otorga por linderos y no por cabida. En consecuencia, el
concesionario no tendrá derecho a reclamo alguno en caso de que la
extensión real contenida en dichos linderos resulte inferior a la mencionada
en el contrato. La autoridad concedente, de oficio y en cualquier tiempo,
podrá ordenar, previa comprobación sobre el terreno y mediante resolución
motivada, la rectificación o aclaración de los linderos si advirtiere errores o
imprecisiones en los mismos” (mayúsculas sostenidas y negrillas del texto
original).

7) Posteriormente, el parágrafo del artículo 21 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018) estatuyó que la autoridad minera nacional podría adoptar
un sistema de cuadrícula única y continua para delimitar el área objeto de los contratos
de concesión minera, con la indicación de que podría ser implementado incluso
respecto de los títulos vigentes si el beneficiario así lo decidía12, aspecto que fue
objeto de desarrollo en la Resolución número 504 de 18 de septiembre de 2018 13
proferida por la ANM en la que se consagró, entre otros aspectos, que la cuadrícula
minera está conformada por un conjunto continuo de celdas de tres coma seis por tres
coma seis segundos de arco (3,6” x 3,6”) referidas a la red geodésica nacional vigente.

8) Luego se promulgó la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022)
en la que se dispuso que i) la implementación del sistema de cuadrícula se llevaría a
cabo de acuerdo con los lineamientos que definiera la autoridad minera nacional, con
indicación de que todas las solicitudes y propuestas en curso se evaluarían con
base en este sistema14 y, ii) las solicitudes de formalización de minería tradicional

12 “ARTÍCULO 21. CLASIFICACIÓN DE LA MINERÍA. (…) Parágrafo. A partir de la entrada en

vigencia de la presente ley, la Autoridad Minera Nacional podrá adoptar un sistema de cuadrícula
para delimitar el área objeto de los contratos de concesión minera, la cual será única y continua.
Así mismo podrá adaptar al sistema de cuadrículas los títulos mineros otorgados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley, en caso de que el beneficiario de estos así lo decida (…)”.
13 “Por medio de la cual se adopta el sistema de cuadrícula para la Agencia Nacional de Minería – ANM,

y se dictan otras disposiciones en materia de información geográfica”.
14 “ARTÍCULO 24. SISTEMA DE CUADRÍCULA EN LA TITULACIÓN MINERA. La implementación del

sistema de cuadrículas se llevará a cabo de acuerdo con las normas de información geoespacial
vigentes y los lineamientos que para el efecto defina la autoridad minera nacional. // Todas las
solicitudes y propuestas se evaluarán con base en el sistema de cuadrícula minera implementado por
la autoridad minera nacional. Por lo anterior no se permitirá la superposición de propuestas sobre una
misma celda, con excepción de las concesiones concurrentes. (…). // Los títulos mineros otorgados
con anterioridad a la entrada en operación del sistema de cuadrícula o el que haga sus veces, migrará
a este sistema manteniendo las condiciones y coordenadas en las fueron otorgados, para lo cual se
atenderá la metodología que para el efecto establezca la autoridad minera nacional”.

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Expediente: 05001-23-33-000-2020-03846-01 (71.883)
Actor: Rigoberto Arango González y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Apelación de sentencia

presentadas hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera competente y que
a la fecha de promulgación de dicha ley se encontraran vigentes y en área libre
continuarían su trámite15.

9) Finalmente, en atención a lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019
la ANM expidió la Resolución no. 505 de 2 de agosto de 201916, en la que se adoptaron
los lineamientos técnicos para la evaluación de los trámites y solicitudes mineras a
partir del “sistema de cuadrícula minera”, contenidos en el documento denominado
“Lineamientos para la Evaluación de los Trámites y Solicitudes Mineras a Partir del
Sistema de Cuadrícula Minera y Metodología para la Migración de los Títulos Mineros
al Sistema de Cuadrícula” y, al propio tiempo, i) definió como área mínima para el
otorgamiento de un título minero la correspondiente a una celda de la cuadrícula
minera de que trata la Resolución no. 504 de 2018 proferida esta misma entidad y, ii)
estableció el 31 de octubre de 2019 como fecha límite para la transformación y
evaluación de las propuestas de contratos de concesión y solicitudes mineras en
trámite con base en el sistema de cuadrícula minera.

Análisis de los cargos de apelación

4.1 La existencia de derechos adquiridos en cabeza de los demandantes, la
aplicación retroactiva del “sistema de cuadrícula minera” y el
desconocimiento del principio de confianza legítima

1) En sustento de este cargo de apelación la demandante arguyó que la sentencia
apelada confunde los conceptos de “derechos adquiridos” con “meras expectativas”,
con la indicación de que para este caso concreto los demandantes han consolidado
sus derechos a la explotación minera mediante el cumplimiento de los requisitos
legales y la actividad continua desde 1995; en ese orden, i) cuestiona que no era
jurídicamente viable aplicar de manera retroactiva lo dispuesto en las Resoluciones

15 “ARTÍCULO 325. TRÁMITE SOLICITUDES DE FORMALIZACIÓN DE MINERÍA TRADICIONAL.

Las personas naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud de formalización de minería
tradicional hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera competente y que a la fecha de
promulgación de esta ley se encuentran vigentes y en área libre, continuarán su trámite con el fin de
verificar la viabilidad técnica del desarrollo del proyecto minero de pequeña minería. Si la solicitud no
se encuentra en área libre esta se rechazará salvo lo dispuesto en el inciso tercero del presente artículo.
En caso de que la superposición sea parcial se procederá a los recortes respectivos. La autoridad
minera resolverá estas solicitudes en el término de un (1) año contado a partir de la viabilidad técnica
de la solicitud”.
16 “Por medio de la cual se fijan los lineamientos para la migración de los títulos mineros y demás capas

cartográficas al sistema de cuadrícula, se establece la metodología para la evaluación de los trámites
y solicitudes mineras en cuadrícula y se implementa el periodo de transición para la puesta en
producción del Sistema Integral de Gestión Minera”.

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Expediente: 05001-23-33-000-2020-03846-01 (71.883)
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Apelación de sentencia

números 504 de 2019 y 505 de 2019, dado que ello afecta de manera injustificada a
los demandantes, quienes presentaron su solicitud de formalización con apoyo en un
marco normativo anterior que no contemplaba dichas medidas y, ii) la petición de
formalización de minería tradicional debió resolverse con las normas vigentes al
momento de su presentación y no con las disposiciones del “sistema de cuadrícula
minera”.

2) Este motivo de cuestionamiento no está llamado a prosperar, por las siguientes
razones:

a) La aplicación del “sistema de cuadrícula minera”, esto es, de lo dispuesto en los
artículos 21 de la Ley 1753 de 2015 y 24 de la Ley 1955 de 2019, así como también
en las Resoluciones números 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por la ANM, era
legalmente procedente para tramitar y decidir la petición de formalización de minería
tradicional, por el hecho de que no existía ningún un derecho adquirido en cabeza de
los demandantes, como se explica a continuación:

(i) El artículo 58 constitucional dispone que “se garantizan la propiedad privada y los
demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”; a su turno, el artículo 17 de la Ley
153 de 1887 preceptúa que “[l]as meras expectativas no constituyen derecho contra
la ley nueva que las anule o cercene”.

En relación con este específico aspecto de la controversia es menester precisar que
el concepto de derecho adquirido corresponde a aquella situación de carácter
subjetivo predicable respecto de una persona natural o jurídica que, de conformidad
con la normatividad que regula la materia, se encuentra perfectamente definida o
consolidada; en cambio, la mera expectativa es aquella situación subjetiva que se
busca o espera obtener, pero que aún se encuentra en trámite o que apenas se tiene
proyectada, vale decir, que no ha alcanzado a perfeccionarse, es decir, que no es
parte o no ha ingresado como derecho al patrimonio de la persona.

(ii) Sobre este punto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha puesto de
presente, en forma reiterada, que i) la retroactividad se da cuando una norma
expresamente contemple la posibilidad de ser aplicada a situaciones de hecho que se
consolidaron con anterioridad a su entrada en vigencia; ii) la ultraactividad implica la

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Apelación de sentencia

aplicación de una norma que ha sido expresa o tácitamente derogada a hechos que
tuvieron lugar durante su término de vigor, empero, actualmente se encuentran
regidos por una nueva disposición jurídica con el objeto de proteger derechos
adquiridos y, iii) la retrospectividad se presenta cuando las normas se aplican a
situaciones que si bien surgieron con anterioridad a su entrada en vigencia, sus
efectos jurídicos no se han consolidado al momento en que entra en vigencia la nueva
ley; lo anterior, en los siguientes términos:

“A su turno, la parte primera de la Ley 153 de 1887, que en su artículo 49
derogó el artículo 13 del Código Civil, prescribe las reglas generales para
resolver los conflictos en la aplicación de las leyes en el tiempo, entre
las cuales se contemplan (i) el principio de prevalencia general de la
ley posterior sobre la anterior, (ii) la regla de que las meras
expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule
o cercene, (iii) el efecto general inmediato de las leyes, (iv) la
subsistencia del estado civil adquirido conforme a la ley anterior pero con
arreglo a la ley posterior en cuanto al ejercicio de derechos y obligaciones
inherentes a dicho estado, (v) la conservación de derechos reales
constituidos bajo ley anterior pero con sujeción al imperio de la ley nueva en
cuanto a su ejercicio, cargas y extinción, (vi) la validez de los contratos
celebrados bajo ley anterior con sometimiento de sus efectos a la ley nueva,
y (vii) la preferencia de la ley preexistente favorable en materia penal, entre
otros.

Por su parte, el Constituyente de 1991 no dejó de lado la cuestión de la
aplicación de la ley en el tiempo, y en el artículo 58 Superior consagró
el efecto no retroactivo de las leyes al enunciar que se garantizan los
derechos adquiridos con justo título, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Ello, claro está, sin
perjuicio del principio de favorabilidad penal previsto en el inciso 3º del
artículo 29 de la Carta, a cuyo tenor <<en materia penal, la ley permisiva o
favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable>>.

A partir de este contexto, se tiene que, en principio, las normas que
integran el ordenamiento jurídico rigen con efecto general e inmediato
para los actos, hechos o situaciones jurídicas que tienen lugar con
posterioridad a su entrada en vigencia. No obstante, ante tránsitos
normativos, los operadores jurídicos se enfrentan a escenarios en los
que se abre paso la aplicación de las normas con distintos efectos en
el tiempo.

La retroactividad se configura cuando una norma se aplica a las situaciones
que se consolidaron con anterioridad a su entrada en vigencia. La
irretroactividad de la legislación implica, entonces, la imposibilidad
genérica de afectar situaciones jurídicas consolidadas antes de la
entrada en vigencia de una disposición nueva. El alcance de esta
proscripción –que, como se vio, cuenta con fundamento constitucional– se
plasma en que la nueva disposición no tiene vocación para afectar hechos
o consecuencias jurídicas que se han formado válidamente al amparo de
una ley anterior, como garantía de seguridad jurídica. En consecuencia, la
excepcional aplicación retroactiva de una norma sólo puede tener lugar por
expresa disposición del legislador –en tanto productor de la norma–, jamás
al arbitrio del juez.

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Apelación de sentencia

(…).

El fenómeno de la retrospectividad, por su parte, es consecuencia
normal del efecto general e inmediato de la ley, y se presenta cuando
las normas se aplican a situaciones que si bien surgieron con
anterioridad a su entrada en vigencia, sus efectos jurídicos no se han
consolidado al momento en que cobra vigor la nueva ley. En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha puntualizado que <<el efecto en el tiempo
de las normas jurídicas es por regla general, su aplicación inmediata y hacia
el futuro, ‘pero con retrospectividad, (…) siempre que la misma norma no
disponga otro efecto temporal (…)’. De este modo, ´aquello que dispone
una norma jurídica debe cumplirse de inmediato, hacia el futuro y con
la posibilidad de afectar situaciones que se han originado en el pasado
(retrospectividad), es decir, situaciones jurídicas en curso al momento
de entrada en vigencia de la norma´>>.

(…).

De acuerdo con lo expuesto, y conforme a la jurisprudencia de esta
Corporación, se puede concluir que las reglas de derecho sobre aplicación
de la ley en el tiempo son las siguientes: <<(i) por regla general las normas
jurídicas se aplican de forma inmediata y hacia el futuro, pero con
retrospectividad; (ii) el postulado de irretroactividad de la ley implica
que una norma jurídica no tiene prima facie la virtud de regular
situaciones jurídicas que se han consumado con arreglo a normas
anteriores; (iii) la aplicación retrospectiva de una norma jurídica
comporta la posibilidad de afectar situaciones fácticas y jurídicas que
se han originado con anterioridad a su vigencia, pero que aún no han
finalizado al momento de entrar a regir la nueva norma, por encontrarse
en curso la aludida situación jurídica y; (iv) tratándose de leyes que se
introducen en el ordenamiento jurídico con el objeto de superar
situaciones de marcada inequidad y discriminación (tuitivas), el
juzgador debe tener en cuenta, al momento de establecer su aplicación
en el tiempo, la posibilidad de afectar retrospectivamente situaciones
jurídicas en curso, en cuanto el propósito de estas disposiciones es brindar
una pronta y cumplida protección a grupos sociales marginados>>” (se
destaca).

De igual manera, esta Corporación ha puesto de presente que la aplicación
retrospectiva del “sistema de cuadrícula minera” para tramitar y decidir solicitudes en
presentadas en vigencia del “sistema de polígonos” no comporta el desconocimiento
de los derechos de los solicitantes, en la medida en que la presentación de la
propuesta minera únicamente concede el derecho de prelación respecto de aquellas
que se radiquen de manera posterior, pero, no concede ningún derecho adquirido,
esto es, no consolidado, en los siguientes términos:

“Para esta Sala, la aplicación retrospectiva del sistema de cuadrícula
minera a las solicitudes de esa naturaleza que se radicaron bajo la
vigencia del anterior sistema de celdas, no representa una vulneración
de los derechos de los peticionarios, en la medida en que para tal
momento no existía un derecho adquirido, sino una mera expectativa,
además de que tal figura propende por acabar con la incertidumbre del
modelo anterior, que generaba una falta de certeza sobre las áreas que se

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Actor: Rigoberto Arango González y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA
Apelación de sentencia

otorgaban para la exploración y explotación de recursos naturales no
renovables.

De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es claro que por medio de las
Leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019, el legislador estableció el sistema
de cuadrícula como un mecanismo para delimitar el área objeto de los
contratos de concesión minera en Colombia y dispuso su aplicación
inmediata, incluyendo a las solicitudes que se hubieran presentado
con anterioridad a la creación de ese mecanismo.

(…).

Ahora, el hecho de que el sistema de cuadrícula se hubiera previsto
frente a solicitudes en curso no tiene la vocación de afectar ningún
interés o derecho de los solicitantes, ya que la simple propuesta minera
solo concede el derecho de prelación respecto de aquellas que se
radiquen de manera posterior, pero su simple radicación no otorga por sí
misma la posibilidad de explorar y explotar las minas del Estado, pues ello
solo surge una vez se cumplen los requisitos para la firma del contrato de
concesión y este se suscribe y registra”17.

(iii) Para este caso concreto, la sola presentación de la petición de formalización de
minería tradicional no. MAV-16081 de 31 de enero de 2011 no generó una situación
jurídica consolidada en favor de los demandantes, dado que esta no confiere, ni
necesaria y menos automáticamente, el derecho a la celebración del contrato ni la
obtención de los derechos subjetivos propios del título minero sobre el área objeto de
la referida petición; únicamente confiere un derecho de prelación o preferencia para
celebrar el contrato de concesión en atención a lo preceptuado en el artículo 16 de la
Ley 685 de 2001, como previamente lo señaló el a quo; de igual forma, tampoco
confiere un derecho adquirido el hecho de que los demandantes exploten recursos
naturales no renovables en el área objeto de la controversia desde el año de 1995 ni
tampoco la remisión del concepto de viabilidad ambiental proferido por la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia el 28 de febrero de 2013 o alguno de los
actos de trámite expedidos en el marco de la citada petición de formalización de
minería tradicional, dado que solo el contrato de concesión minera determina el
surgimiento del derecho a explorar y explotar las minas del Estado, negocio jurídico
que, para tal efecto, debe haberse redactado en idioma castellano, ser suscrito por las
partes y encontrarse debidamente inscrito en el Registro Minero Nacional, entendido
este último requisito como ad substantiam actus, pues, como lo ha sostenido esta
Corporación, no solo corresponde a un instrumento de publicidad que fija la

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 18 de septiembre de 2023, exp.

2022-00206-00 (69.267), CP Marta Nubia Velásquez Rico. Este criterio de decisión fue reiterado en la
siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25 de octubre
de 2024, exp. 2021-00071-00 (66.795), CP José Roberto Sáchica Méndez.

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Actor: Rigoberto Arango González y otros
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oponibilidad del negocio jurídico frente a terceros, sino que es también un elemento
sustantivo que determina la existencia misma del contrato18.

(iv) Por otra parte, tampoco le asiste la razón a la parte actora cuando afirma que la
aplicación del “sistema de cuadrícula minera” violó la prohibición de retroactividad de
las normas jurídicas, pues, aunque la petición de formalización de minería tradicional
número no. MAV-16081 de 31 de enero de 2011 se hubiese radicado en vigencia del
anterior sistema de polígonos previsto en la Ley 685 de 2001, lo cierto es que, al
momento de decidir la referida solicitud no existía ninguna situación jurídica
consolidada o derecho adquirido en favor suyo con vocación de impedir la aplicación
retrospectiva de las normas del “sistema de cuadrícula minera”, aun cuando pudiese
anular o cercenar meras expectativas, las cuales, se reitera, por regla general, no son
susceptibles de protección legal por virtud de lo expresa y puntualmente dispuesto en
el artículo 17 de la Ley 153 de 1887, precisamente por la circunstancia específica y
determinante de que no se está en presencia de una situación jurídica ya consolidada
o definida, sino, apenas en trámite y, por lo tanto, era necesario aplicar
retrospectivamente (no retroactivamente) aquellas otras normas sobre el sistema de
cuadrícula minera.

b) En ese entendimiento, debe advertirse que en atención de lo preceptuado en el
artículo 24 de la Ley 1955 de 2019 “[t]odas las solicitudes y propuestas se evaluarán
con base en el sistema de cuadrícula minera implementado por la autoridad minera
nacional”; en ese orden, no le asiste la razón a la parte actora en sostener que la
petición de formalización de minería tradicional debió resolverse con las normas
vigentes al momento de su presentación y no con las disposiciones del “sistema de
cuadrícula minera”.

4.2 La valoración inadecuada de los argumentos relativos a la “falsa
motivación” y a la “desviación de poder”

1) Sobre este motivo de la impugnación, la parte recurrente apoya el recurso de
alzada en el supuesto hecho de que el a quo “no consideró adecuadamente la
existencia de falsa motivación y desviación de poder en la expedición de las

18 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25 de octubre de

2024, exp. 2021-00071-00 (66.795), CP José Roberto Sáchica Méndez.

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resoluciones demandadas”, pues, no tuvo en cuenta que la entidad demandada
“aplicó indebidamente la ley, generando ello un yerro que es insubsanable”.

2) En relación con este punto de la controversia debe precisarse que, si bien el recurso
de apelación se sustenta en la indebida valoración de los argumentos de la demanda
consistentes en la existencia de las causales de anulación de “falsa motivación” y
“desviación de poder” respecto de los actos administrativos demandados, lo cierto es
que este aspecto no fue debidamente sustentado en la demanda y, por ende, no
puede ser objeto de valoración en esta etapa procesal, máxime cuando i) la
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el juez de legalidad no puede
complementar, variar ni suplir la demanda para interpretar o adicionar los cargos de
nulidad frente a actos administrativos objeto de control judicial y, por ende, no le es
posible efectuar realizar un control abstracto de legalidad frente al acto impugnado,
aún en los procesos de simple nulidad19, en atención a lo dispuesto expresa y
puntualmente en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA20 y a la aplicación del
principio de justicia rogada que inspira y rige, por regla general, el funcionamiento de
la jurisdicción contencioso administrativa y, ii) el recurso de apelación no es la
oportunidad procesal para adicionar, cambiar, complementar o sustituir los cargos de
anulación, como parece intentar el demandante cuando introdujo esos aspectos en su
impugnación, pero, que no fueron debidamente sustentados en la oportunidad
procesal correspondiente, razón por la cual no pudieron ser debatidos en el curso de
la primera instancia, pues, lo contrario atentaría contra la garantía del debido proceso
y del derecho de defensa del demandado, quien no tuvo la oportunidad de defenderse
frente a esos específicos asuntos ni de aportar pruebas para controvertirlos21.

4.3 El desconocimiento del precedente

1) La parte demandante reclama que la sentencia objeto del recurso de apelación
desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado que establece la

19 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia de 7 de julio de 2022, exp. 11001-03-26-000-2016-00140-00 (57.819), CP José Roberto
Sáchica Méndez.
20 “ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea

competente y contendrá: (…). 4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate
de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse
el concepto de su violación” (se destaca).
21 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 19 de octubre de

2023, exp. 2019-00147-01 (67.737), CP Fredy Ibarra Martínez.

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Expediente: 05001-23-33-000-2020-03846-01 (71.883)
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protección de los derechos adquiridos y la confianza legítima en el marco de la
formalización minera, sin señalar algún pronunciamiento concreto sobre la materia.

2) La Sala estima que este argumento de alzada no tiene vocación de prosperidad por
la sencilla pero suficiente razón de que no se señala en forma específica de qué forma
o por qué motivo en concreto se desconoce el precedente de la Sección Tercera de
esta Corporación, pues, en modo alguno explicó cual es el supuesto precedente
desconocido y, por consiguiente, por sustracción de materia, no expuso ninguna razón
de ese supuesto desconocimiento.

Conclusión

En síntesis, hay lugar a confirmar la sentencia objeto del recurso de alzada porque i)
la presentación de la solicitud de formalización de mimería tradicional con radicación
no. MAV-16081 de 31 de enero de 2011 no les otorgó a los demandantes un derecho
adquirido, en ese orden, era necesario aplicar de forma retrospectiva el “sistema de
cuadrícula minera” para decidir la referida petición por ser las vigentes al momento de
expedir la Resolución número 2019060434720 del 12 de diciembre de 2019; ii) no es
legalmente procedente analizar en la sentencia de segunda instancia los cargos
relativos a la “falsa motivación” y a la “desviación de poder”, pues, estos aspectos no
fueron objeto de desarrollo en la demanda, so pena de atentar contra la garantía del
debido proceso y del derecho de defensa del demandado y, iii) no se formuló un reparo
concreto en relación con el supuesto desconocimiento del precedente jurisprudencial
de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Condena en costas y agencias en derecho

En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como se
desestimó el recurso de apelación de la parte demandante, esta asumirá las costas
procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en forma
concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 365 y 366 del CGP, incluidas las agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Actor: Rigoberto Arango González y otros
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Apelación de sentencia

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia proferida el 15 de julio de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión.

2º) Condénase en costas de la segunda instancia a la parte actora en favor de las
entidades demandadas; tásense de manera concentrada por el tribunal de primera
instancia.

3º) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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