RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2020-04020-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-04020-01

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-04020-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, dentro del proceso promovido por Julio César Ruíz Giraldo en contra del municipio de Medellín, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 38 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 23 Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024) Demandante: Julio César Ruíz Giraldo Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. ACCR 24

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2020-04020-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

20 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo
Demandado: Municipio de Medellín- Secretaría de Educación Municipal

Tema: Nivelación salarial y prestacional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Julio César Ruíz Giraldo1 presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad del acto administrativo 201830345312 del «21 de noviembre
de 2018», por medio del cual el municipio de Medellín le negó la petición

1 Índice 2 de Samai, expediente digital, carpeta 4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_ONEDRIVE

143202436ZIP_20240304124222, archivo denominado 01. Demanda.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

presentada3 en relación con el reconocimiento y pago de una nivelación salarial
con otros docentes «municipales».

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales
causadas por las «cancelaciones superiores» que se reconocen a aquellos docentes
considerados como municipales; ii) el pago indexado de las diferencias salariales
adeudadas; iii) el pago de los valores «que resultan entre las diferencias de la cantidad
efectivamente reconocida conforme a los salarios devengados, con el resultante de la
reliquidación por concepto de ajustes de salarios a que haya lugar teniendo de presente la
prescripción trienal»; iv) el pago del mayor valor que resulte de los salarios
liquidados, contado desde el momento de la presentación de la reclamación
administrativa, hasta que se efectúe el reconocimiento y pago de la diferencia; v)
el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; vi)
el pago del ajuste de la suma adeudada conforme con el IPC según lo dispuesto
en el artículo 187 del CPACA; vii) el pago de los intereses moratorios; y viii) la
condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Julio César Ruíz Giraldo prestó sus servicios como docente en la Secretaría de
Educación Municipal de Medellín.

3.2. Para cumplir con lo dispuesto en la Ley 60 de 1993, el Ministerio de Educación
certificó al municipio de Medellín para la administración del servicio educativo, por
lo tanto, en virtud de la Resolución 2823 del 9 de diciembre de 2002 [artículo 2] se
dispuso que debía suscribir actas de entrega con el departamento de Antioquia
para la entrega del personal docente y directivo docente [8.752 cargos], y
administrativo [469 cargos], así como los bienes y recursos financieros, sin que
pudiera superar el término de 2 meses.

3.3. Por medio del Decreto 13 del 6 de enero de 2004 se adoptó la planta de cargos
docentes en el municipio de Medellín, cuya remuneración en adelante se pagaría
con la asignación correspondiente del Sistema General de Participaciones.

3.4. Sin embargo, entre el demandante y los docentes territoriales municipales de
Medellín existe una diferencia salarial «a pesar de cumplir con iguales horarios y
obligaciones, con igual Escalafón Docente (Decreto Ley 2277 de 1979), se encuentran al

3
Junto con otros 198 docentes.

2

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

servicio del mismo ente territorial descentralizado, pertenecen a la misma planta global de
docentes y directivos docentes, cancelados todos con los dineros que ingresan al
Municipio de Medellín, provenientes del Sistema General de Participaciones» (sic).

3.5. El 26 de septiembre de 2018 le solicitó a la alcaldía un trato igualitario respecto
de «aquellos docentes que laboran al servicio del Municipio de Medellín considerados
MUNICIPALES Y/O CATORCENALES»; petición denegada a través del acto
demandado, con fundamento en que los docentes se diferencian por el tipo de
vinculación y aplicación normativa en materia salarial y prestacional, y en tanto
fueron incorporados a la planta global del municipio sin solución de continuidad.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron el preámbulo y los artículos 2, 4, 25 y 53 de la
Constitución Política; 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales4; y las sentencias C-251
de 1997 de la Corte Constitucional y del 21 de junio de 2018, proferida por el
Consejo de Estado5.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente6:

5.1. Con la expedición del acto acusado, la entidad territorial evadió «la obligación
que tenía de responsabilizarse de forma igualitaria respecto a la planta global autorizada
y/o referente a la totalidad de los Docentes que desarrollan actividades con la Alcaldía
Municipal de Medellín». Asimismo, desconoció los derechos, principios y garantías
de la Constitución Política como el derecho a la igualdad y los principios de la
primacía de la realidad sobre las formalidades al desconocerse que «la planta de
docentes que eran cancelados con recursos propios y los Docentes que con anterioridad
eran cancelados con recursos del situado fiscal, se encuentran desempeñando iguales
funciones para la misma entidad territorial descentralizada» (sic).

5.2. La Corte Constitucional en sentencias T-833 de 2012 y C-178 de 2014 analizó
el principio de igualdad material y concluyó su infracción cuando se desatienden
los artículos 25 y 53 de la Constitución Política.

5.3. Se desconoció el principio de favorabilidad al existir desmejoramiento
injustificado a un grupo de docentes al darles un trato disímil respecto de otros que
desarrollan iguales actividades en la misma entidad.

4 Aprobado por medio de la Ley 319 de 1996
5 Dentro del proceso con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-14)
6 Índice 2 de Samai, expediente digital, carpeta 4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_ONEDRIVE

143202436ZIP_20240304124222, archivo denominado 01. Demanda.

3

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

1.2. Contestación de la demanda

6. Elmunicipio de Medellín7 se opuso a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos:

6.1. Julio
César Ruíz Giraldo fue nombrado por la gobernación de Antioquia
mediante Decreto 1059 del 21 de abril de 1987, en el cargo de director en la
Escuela Rural Integrada Unitaria Amará del Municipio de Zaragoza, Antioquia.

6.2. En el acto demandado no existió vulneración alguna y no se reconoció la
igualdad entre los docentes territoriales municipales, los territoriales
departamentales incorporados, nacionales y nacionalizados, en razón a que cada
uno se diferenció por el tipo de vinculación y la aplicación normativa en materia
salarial y prestacional «por el concepto que fueron incorporados sin solución de
continuidad».

6.3. La sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, la cual fue
invocada en la demanda8 es aplicable a aquellos asuntos en los que se pretenda
el reconocimiento de la pensión gracia, por lo que era errada la interpretación del
demandante al querer extender sus efectos a casos que no fueron cobijados por
esta.

6.4. Propuso como excepciones las que denominó i) falta de legitimación en la
causa por pasiva; ii) ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales; iii)
reserva legal y falta de competencia para acceder a lo solicitado; iv)
improcedencia de nivelación salarial y prestacional; v) inexistencia de la
obligación; vi) compensación; vii) prescripción.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 28 de septiembre de
2023 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a
la parte vencida en el proceso. Como fundamento de su decisión señaló lo
siguiente9:

7 Índice 2 de Samai, expediente digital, carpeta 4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_ONEDRIVE

143202436ZIP_20240304124222, archivo denominado 06. Contestación.
8
Dentro del proceso con radicación 2013-04683-01
9 Índice 2 de Samai, expediente digital, carpeta 4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_ONEDRIVE

143202436ZIP_20240304124222, archivo denominado 18SentenciaPrimeraInstancai202004020.

4

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

7.1. Se encontró acreditado que Julio César Ruíz Giraldo fue nombrado mediante
Decreto 1059 de 1987 expedido por el departamento de Antioquia como director
de la Escuela Rural Integrada Unitaria Amará del Municipio de Zaragoza, pagado
con los Fondos Educativos Regionales y, en cumplimiento del Decreto nacional
1498 del 9 de mayo de 1986.

7.2. En virtud de la descentralización de la educación y la certificación concedida al
municipio de Medellín en la Resolución 2823 del 9 de diciembre de 2002, el
docente fue incorporado a la planta de cargos docentes, directivos docentes y
administrativos del aludido municipio dispuesta mediante el Decreto 058 de 2003.

7.3. De conformidad con las pruebas allegadas al proceso, el demandante tiene la
calidad de «docente nacional» más aún cuando «era pagado con los Fondos
Educativos Regionales» y fue incorporado a la planta global de cargos docentes del
municipio de Medellín con régimen salarial y prestacional del sector nacional de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, pero esta situación no lo
convirtió en docente territorial y tampoco lo hizo acreedor a los salarios y
prestaciones de los docentes territoriales que pertenecen y son fijados por el
municipio.

7.4. En esa medida y en tanto que al momento de la integración a la planta global el
docente mantuvo su vinculación sin solución de continuidad por disposición del
artículo 34 de la Ley 715 de 2001, permaneció con el mismo régimen salarial y
prestacional que adquirió al momento de su vinculación como docente
«nacionalizado».

7.5. Las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 establecieron que el régimen salarial y
prestacional de los docentes nacionales y nacionalizados sería el previsto para los
empleados del orden nacional, mientras que para los docentes de carácter
territorial igualmente incorporados se previó que sería el régimen del que venían
disfrutando al momento de la incorporación.

7.6. Asimismo, no le correspondía a la entidad demandada la adopción de medidas
tendientes a procurar la nivelación salarial del personal nacional o nacionalizado,
pues este corresponde al que fijó el legislador para los empleos públicos del orden
nacional y es competencia del Congreso y del presidente de la República la
determinación de su remuneración.

7.7. Esas razones justifican la diferencia salarial en relación con los docentes
territoriales, porque la determinación de la planta de cargos no podía implicar la
desmejora salarial para aquellos, quienes gozaban de la prerrogativa de los

5

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

derechos adquiridos y en esa medida no se logró desvirtuar la presunción de
legalidad del acto administrativo demandado.

7.8. Finalmente, en relación con la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018
proferida por el Consejo de Estado se indicó que el problema jurídico tratado en
esa providencia no tiene relación con el asunto bajo estudio porque aquel estaba
dirigido a unificar controversias relacionadas con la pensión gracia.

7.9. No se condenó en costas al no advertir que la demanda haya sido temeraria o
sin fundamento legal.

1.4. El recurso de apelación

8. Laparte demandante interpuso recurso de apelación en el que reiteró los
argumentos de la demanda y adicionalmente consideró que debió revocarse la
sentencia de primera instancia con fundamento en lo siguiente10:

8.1. Existióuna diferencia salarial y en consecuencia prestacional que «afectan
gravemente los derechos (…) y los que claramente son de orden constitucional», razón
por la cual solicitó la aplicación en el sub judice de la excepción de ilegalidad [se
entiende] respecto de la «Resolución 201830345312 del 21 de noviembre de 2018»
[acto acusado], tal y como lo ha considerado el Consejo de Estado 11 y la Corte
Constitucional12 en casos en los que se abordó «la excepción de ilegalidad contra un
acto particular».

8.2. Lo anterior, con fundamento en que contrarió la garantía constitucional de «a
trabajo igual, salario igual», debido a que todo el personal docente que asumió el
municipio de Medellín en virtud de su certificación para la administración del
servicio educativo a través del Decreto 58 del 2003, desde entonces y en la
actualidad, desarrollan idénticas funciones, cumplen con el mismo horario y están
sujetos a una legislación, razón por la cual deben gozar también de la igualdad de
condiciones, toda vez que no existen, en principio, razones válidas para tratarlos
de forma distinta.

8.3. Pese a los esfuerzos de las entidades territoriales por construir una planta
uniforme con ocasión de lo dispuesto en la Constitución Política de 1991, «algunos
10 Índice 2 de Samai, expediente digital, carpeta 4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_ONEDRIVE

143202436ZIP_20240304124222, archivo denominado 21RecursoDeApelacionSentencia
202004020.
11 Al respecto citó: «sentencia 00871 de 2018» proferida el 31 de mayo de 2018, dentro del

proceso con radicación 08001-23-31-000-2006-00871-01 (21911)
12 Sentencia C-037 de 2000

6

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

trabajadores continuaron con asignaciones salariales superiores en razón a un derecho
adquirido. Como resultado, es que hoy alegamos la vulneración de su derecho a la
igualdad, son aquellas personas vinculadas a la planta de personal del Municipio de
Medellín con salarios inferiores a los asignados con anterioridad por el mismo municipio».

8.4. Al efecto debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional en la sentencia T-
369 de 2016 analizó un caso similar ocurrido en virtud de la incorporación de los
docentes al municipio de Cartago, en donde el ente territorial omitió realizar en
forma oportuna el proceso de homologación y nivelación salarial, de modo que se
generó una situación de desigualdad «para los servidores públicos administrativos […]
comoquiera que a pesar de existir igualdad de funciones y responsabilidades, aquellos
[que venían trabajando desde antes] fueron incorporados con los cargos, códigos y
grados del nivel nacional y no del nivel municipal, […] devengando una asignación salarial
inferior [a sus pares en el municipio]».

8.5. Por todo lo anterior, le asiste el derecho a la nivelación salarial reclamada.

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

9. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que
los extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5
del artículo 247 del CPACA.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

10. Se contraen a resolver ¿si es procedente aplicar la excepción de ilegalidad
invocada respecto del acto administrativo que es objeto del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho? y ¿si le asiste derecho al demandante a la
nivelación salarial y prestacional frente a los cargos docentes y directivos docentes
territoriales vinculados a la planta global del municipio de Medellín?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos del orden territorial

11. Elartículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución, estableció como
atribución del Congreso de la República la siguiente:

7

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

«Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;
[…]» [Se resalta]

12. El artículo 189 numeral 14 de la Constitución previó:

«Corresponde al presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y
Suprema Autoridad Administrativa:

14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la
administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y
emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales» [Se resalta]

13. Como se observa, existe una competencia compartida entre el legislador y el
ejecutivo para la regulación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos de la administración central, de tal manera que al primero se le atribuyó la
función de establecer un «marco general» sobre la forma como el segundo ha de
desarrollar su actividad reguladora.

14. Por su parte, en el orden municipal, el Congreso de la República profiere de
igual forma la ley marco sobre la cual, el ente territorial ejecutará su actividad
respectiva. A su vez, el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992 al señalar los principios a
los que debe someterse el gobierno nacional para ejercer la atribución de fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyó en esta
clasificación no solo a los servidores del orden nacional, sino también a los
territoriales, a saber:

«El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será
fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos
contenidos en la presente Ley […]» [Se resalta]

15. Así lo delimitó la Corte Constitucional en la sentencia C-510 de 14 de julio de
1999, al referirse a la competencia concurrente del Congreso de la República, el
gobierno nacional y las autoridades territoriales, en lo que atañe al tema salarial de
los empleados públicos de este orden. En esta oportunidad consideró:

«[…]
4.3. En estos términos, para la Corte es claro que existe una competencia concurrente
para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, así:

8

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

Primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para señalar
los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional
en la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien
corresponde señalar sólo los límites máximos en los salarios de estos servidores,
teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas
departamentales y concejos municipales, a quienes corresponde determinar las
escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del
empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar los
emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las
estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y concejos
municipales, en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que, en
ningún caso, pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno
Nacional […]»

2.2.2. En torno a la categorización establecida por la Ley 91 de 1989 y la
descentralización de la educación

16. En el pasado, el sector docente oficial estuvo marcado por condiciones
diferenciales en materia salarial y prestacional, derivados del nivel de la entidad
con la cual tuvieran el vínculo jurídico. Ciertamente, este aspecto determinaba el
origen de los recursos para la remuneración de estos servidores, pues mientras la
Nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los respectivos entes
territoriales eran responsables de los recursos necesarios para el pago de sus
empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación conllevaba un trato que
hasta esta época se ha juzgado como inequitativo para estos últimos educadores,
cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a ejecutar la misma labor.

17. Lo anterior ha llevado al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se pueden destacar el reconocimiento de la pensión gracia,
implementada por medio de la Ley 114 de ese año, ampliada con las leyes 116 de
192813 y 37 de 193314 y el proceso de la nacionalización de la educación,
implementado a través de la Ley 43 de 1975. Finalmente, con la Ley 91 de 1989
se logró la unificación de los distintos regímenes del magisterio, en aras de
garantizar condiciones de igualdad y el pago oportuno de todas las prestaciones
sociales de este personal docente estatal.

18. La citada Ley 91 de 1989 también fue expedida para finiquitar las divergencias
interpretativas derivadas del proceso gradual de traslado de los costos de las
entidades territoriales a la nación por disposición de la Ley 43 de 1975 que, en
últimas, afectaba las condiciones laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las

13 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
14 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de
algunos empleados».

9

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

obligaciones prestacionales de los docentes (artículos 1 y 2), según se resume a
continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
29/12/1989 y en adelante, Nacional del Ahorro o las que
Vinculados por los reajustes y la hicieren sus veces.
Nacional nombramiento del sustitución de pensiones
gobierno nacional
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG

Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, territoriales o las cajas de
los reajustes y la previsión, o las entidades que
sustitución de pensiones hicieren sus veces, a las cuales
venía vinculado este personal
Las causadas en el La Nación o las respectivas
período de nacionalización entidades territoriales o las
(1/1/1976 – 31/12/1980), cajas de previsión, o las
los reajustes y la entidades que hicieren sus
sustitución de pensiones veces (estas entidades deben
Vinculados por contribuir en los porcentajes
nombramiento de establecidos en el art. 3 de la
entidad territorial Ley 43/75).
Nacionalizado Las causadas y no Las respectivas entidades
antes y después del
1/1/1976 (Ley 43/75) pagadas entre el 1/1/1981 territoriales o las cajas de
y el 29/12/1989 previsión social, o las entidades
que hicieren sus veces, a las
cuales estaba vinculado dicho
personal.
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG

19. Uno de los componentes que se debía abordar era el régimen prestacional con
el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem previó que los docentes nacionalizados vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1989, seguirían bajo el régimen que venían gozando en
cada entidad territorial, según las circunstancias particulares para cada caso; en
tanto que los docentes nacionales y aquellos que ingresaran desde el 1 de enero
de 1990, estarían regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados
públicos del orden nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969
y 1045 de 1978, o que se expidieran en el futuro.

20. En armonía con el desarrollo del concepto de educación como función pública y
como elemento determinante en el cumplimiento de los fines del Estado, el situado

10

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

fiscal fue definido en el artículo 356 de la Constitución Política y reproducido en la
Ley 60 de 199315 como el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación
cedido a los departamentos, el distrito capital y los especiales de Cartagena,
Santa Marta y Barranquilla, administrados bajo su responsabilidad para financiar la
educación. El artículo 6 de la citada ley señaló que el personal docente de
vinculación departamental, distrital y municipal sería incorporado al FOMAG y se
les respetaría el régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989.

21. En atención a que la Ley 91 de 1989 había determinado la prestación
descentralizada de los servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio
de unidad, los Fondos Educativos Regionales (FER), que habían sido creados
mediante el Decreto 3157 de 196816, fueron incorporados a la estructura
administrativa de los departamentos y distritos por disposición de la Ley 60 de
1993 (artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1), y para ese efecto, era necesario que
se adelantara un proceso de incorporación, pues los docentes que tenían la
condición de nacionales o nacionalizados, debían migrar a los departamentos,
municipios o distritos y el régimen prestacional que regiría a cada uno sería el
establecido en la Ley 91 de 198917.

22. Posterior a ello, se expidió la Ley 115 de 1994, denominada Ley General de la
Educación, en cuyo artículo 147 determinó que la nación y las entidades
territoriales ejercerían la dirección y administración de los servicios educativos
estatales en los términos de la Ley 60 de 1993 y demás que expidiera el
legislador. Además, en su artículo 148 fijó las competencias de la nación, de
manera específica, en aspectos relacionados con política y planeación, inspección
y vigilancia y administración y, en lo que respecta a la financiación de la educación
estatal, estableció que se produciría con recursos del situado fiscal, más el aporte

15 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad

con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el
porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito
Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios
públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
49, 67 y 365 de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de
los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
16 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo

de la Nación»
17 Así se determinó en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, en cuyo aparte pertinente, señaló: «El

régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989 y las prestaciones en ellas reconocidas
serán compatibles con pensiones o cualesquiera otras clases de remuneraciones».

11

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

de los departamentos, los distritos y los municipios, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 60 de 1993, lo que se consideraba un gasto público social18.

23. El situado fiscal fue reemplazado por el Sistema General de Participaciones
(SGP) de las entidades territoriales a través del Acto Legislativo 01 de 200119 y
para desarrollarlo se expidió la Ley 715 de 200120, que estableció un porcentaje de
recursos de la nación para cada uno de los sectores que posteriormente se
repartiría entre los municipios, distritos y departamentos21 como «titulares
directos» o propietarios, por cuanto son asignados como destinatarios directos por
los artículos 356 y 357 Superiores22.

24. Adicional a ello, se distribuyeron nuevamente las competencias entre la nación
y las entidades territoriales para ejercer la prestación del servicio en sus niveles
preescolar, básico y medio, en el área urbana y rural [artículos 5 a 7], mediante los
cuales se entregó a los departamentos, a los distritos y a los municipios
certificados la planeación, dirección y prestación directa del servicio educativo en
condiciones de equidad, eficiencia y calidad, así como la administración del
personal.

18 Tales previsiones se establecieron en los artículos 173 y 174 de la Ley 115 de 1994.
19«Por medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política.

[…]
Artículo 2. El artículo 356 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los
servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de
atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su
prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y
Municipios. […]»
20 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad

con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.»
21 «Artículo 4. Distribución Sectorial de los Recursos. Modificado por el art. 2, Ley 1176 de 2007,

Modificado transitoriamente por el art. 4, Decreto Nacional 017 de 2011. El monto total del Sistema
General de Participaciones, una vez descontados los recursos a que se refiere el parágrafo 2° del
artículo 2°, se distribuirá las participaciones mencionadas en el artículo anterior así: la participación
para el sector educativo corresponderá al 58.5%, la participación para el sector salud
corresponderá al 24.5 la participación de propósito general corresponderá al 17.0.»
22 En el Consejo de Estado existe consenso respecto de la naturaleza jurídica de los recursos que

conforman el sistema general de participaciones, régimen jurídico que reemplazó el antiguo situado
fiscal, tal como lo consideró la Sala de Consulta y Servicio Civil en el concepto de 27 de agosto de
2015.
En la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Subsección A de la Sección segunda, se pueden
consultar entre otras: sentencias de (i) 2 de junio de 2016, expediente 25000-23-42-000-2013-
00827-01(2748- 14), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero; (ii) 16 de junio de 2016, radicado 73001-
23-33-000-2013-00529-01 (3533-14), C.P. William Hernández Gómez; y (iii) 7 de diciembre de
2016, radicado 25000-2325-000-2012- 01579-01 (3721-2014), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
De la Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2017, radicación 52001-23-33-000-2012-
00119-01 (3561-2014); y 17 de febrero de 2017, expediente 11001-03-25-000-2013-00127-00
(282-2013), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

12

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

25. En los artículos 34 y 38 ibidem, se dispuso la incorporación de docentes,
directivos y del personal administrativo a los cargos en las plantas financiadas con
recursos del SGP23 [antes situado fiscal], por parte de la respectiva entidad
territorial, con prioridad del personal vinculado que cumpliera con los requisitos.

26. En este punto conviene precisar que, en sentencia CE-SUJ-11-S2 del 21 de
junio de 201824, la Sección Segunda definió que la fuente de financiación de los
recursos transferidos del sector central al descentralizado no es el referente para
definir si un educador estatal es nacional o nacionalizado, sino que ello obedece a
la naturaleza de la plaza a ocupar señalada en el acto administrativo de
nombramiento o en la correspondiente certificación de la autoridad nominadora, en
consideración a que los recursos girados por la nación, una vez se incorporaban a
los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los entes
territoriales.

27. En tal sentido, la naturaleza de la vinculación de los docentes estatales no se
encuentra determinada por el origen de los recursos para su financiación, tampoco
incide en la forma en la que el FOMAG administra y paga sus prestaciones, a partir
de su creación en la Ley 91 de 1989.

28. Así las cosas, tal y como lo ha considerado el Consejo de Estado 25, aun cuando
la sentencia de unificación en cita fijó las reglas jurisprudenciales en lo
concerniente al origen de los dineros de la entidad nominadora al resolver un litigio
relacionado con el reconocimiento de una pensión gracia, en la que el tipo de
vinculación del profesor (nacional, nacionalizada o territorial) deviene relevante
para definir el derecho reclamado, lo cierto es que también resulta aplicable en el
sub lite, comoquiera que supone que la incorporación de los docentes «[…] no
conllevó […] que la calidad de la vinculación de estos cambiara de nacional a territorial, en
la medida en que el artículo 1º de la Ley 91 de 1989 estableció que los docentes
vinculados por nombramiento del Gobierno, como ocurre en el caso concreto, son
personal nacional, máxime si se tiene en cuenta que la nominación es una sola y es
diferente a la incorporación».

23 En adelante SGP
24 Dentro del proceso con radicado 250002342000201304683 01 (3805-2014).
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

Sentencias del 9 de marzo de 2023, dentro del proceso con radicado 05001-23-33-000-2019-
02395-01 (362-2022) y del 4 de julio de 2024, en el expediente con radicado 05001-23-33-000-
2019-02397-01 (2939-2023)

13

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

2.2.3 Sobre el principio «a trabajo igual, salario igual»

29. En relación con la eficacia del derecho a la igualdad y el trabajo digno, se ha
generado diversidad de posiciones dogmáticas y jurisprudenciales que establecen
unas condiciones y requisitos a evaluar, en aquellos eventos en los que se hace
necesario identificar los derechos y deberes de los trabajadores en relación con su
forma de vinculación.

30. El principio de «a trabajo igual, salario igual» encuentra su origen en el derecho
fundamental a la igualdad establecido en el artículo 13 de la Constitución Política,
el cual «no plantea una igualdad matemática, sino una igualdad real, que busca un trato
igual a las personas que se encuentran bajo unas mismas condiciones, y que justifica un
trato diferente solo cuando se encuentran bajo distintas condiciones»26.

31. De igual forma fue establecido en otras disposiciones normativas, como en el
artículo 53 constitucional, como principio mínimo fundamental toda vez que «la
remuneración debe ser proporcional a la cantidad y calidad de trabajo», en el
artículo 10 del Código Sustantivo del Trabajo al disponer que «[t]odos los
trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y
garantías, en consecuencia, queda abolido cualquier tipo de distinción por razón del
carácter intelectual o material de la labor, su forma o retribución, el género o sexo salvo
las excepciones establecidas por la ley» y en el artículo 143 ibidem, estableció de
forma expresa el margen de configuración de este principio, al disponer:

«Artículo 143. A trabajo de igual valor, salario igual.
1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también
iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los elementos a
que se refiere el artículo 127.
2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, género, sexo
nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales.
3. Todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración, se presumirá
injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación».

32. La Corte Constitucional indicó que el principio de «a trabajo igual, salario igual»,
responde entonces a un criterio relacional, propio del juicio de igualdad27. En ese
contexto, el test de igualdad es una herramienta metodológica para la valoración
de la posible afectación del derecho fundamental en una situación concreta. Como
punto de partida, se debe verificar la identidad existente en las funciones que
desarrollan dos sujetos y si estos están sometidos a un régimen jurídico de
exigencias de cualificación para el empleo para proceder a establecer si, a pesar
de ello, cada uno recibe una remuneración diferente.

26 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia T-018/99 del 21 de enero de 1999
27 Corte Constitucional, sentencia T-833 de 2012

14

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

33. En tal sentido, insiste el máximo tribunal constitucional en que la discriminación
salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de un parámetro objetivo,
discernible y razonable, que justifique la diferenciación. Así, la jurisprudencia
constitucional ha catalogado como razones admisibles de diferenciación salarial,
entre otras: (i) la aplicación de criterios objetivos de evaluación y desempeño; (ii)
las diferencias de la estructura institucional de las dependencias públicas en que
se desempeñan cargos que se muestran prima facie análogos; y (iii) la distinta
clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual se generan diferentes
escalas salariales, que responden a cualificaciones igualmente disímiles para el
acceso a dichos empleos.

34. De acuerdo con lo expuesto, se encuentra que la protección constitucional del
principio de a trabajo igual, salario igual, tiene sustento en la eficacia de los
principios mínimos del trabajo, tanto de remuneración acorde con la cantidad y
calidad de la labor, como de, especialmente, la primacía de la realidad sobre las
formas dentro de la relación laboral.

35. En igual sentido, esta Subsección ha señalado que en los asuntos en los que
se afirma una presunta igualdad basada en el ejercicio homogéneo de funciones
que le corresponden a un empleo con mejor remuneración y en el cumplimiento
exacto de requisitos o perfiles para desempeñar la misma actividad, los hechos
tendrán que valorarse en conjunto con todas las condiciones particulares de cada
empleo en contraste, en orden a fijar un criterio de equiparación viable en lo
relativo a la nivelación salarial, debido a que un examen adecuado para hallar un
trato discriminatorio únicamente puede ser predicado entre pares y no similares
con ciertas diferencias28.

2.3. Hechos probados

36. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

36.1. Julio César Ruíz Giraldo nació el 16 de abril de 196729

36.2. Mediante el Decreto 1059 del 21 de abril de 198730 suscrito por la secretaria
de educación y de hacienda del departamento de Antioquia y el delegado del
Ministerio de Educación Nacional se dispuso:

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

Sentencia proferida el 25 de mayo de 2023, dentro del proceso con radicación 05001-23-33-000-
2019-02694-01 (0366-2022)
29 Índice 2 de Samai, expediente digital, carpeta 4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_ONEDRIVE

143202436ZIP_20240304124222, archivo denominado 02.anexos. pdf.

15

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

«ARTÍCULO UNICO: Nómbranse los siguientes educadores para prestar sus servicios
en enseñanza primaria en el departamento. (…)

En el Distrito Educativo 09:

2. JULIO CESAR RUIZ GIRALDO, C.c. No. 8.152.356 de Santa Rosa de Osos al cargo
de Director en la Escuela Rural Integrada Unitaria Amará del municipio de Zara-Goza,
Núcleo 0913, en reemplazo de Luis Felipe Mosquera C. Quien renunció. Nuevo.
Normalista, Primer grado en el escalafón. (…)»

36.3. De acuerdo con el Formato Único para la Expedición del Certificado de
Historia Laboral con consecutivo 0 del 18 de noviembre de 201931 el demandante
tenía un régimen de pensiones nacionalizado y prestó sus servicios como directivo
docente en básica secundaria, en propiedad con las siguientes novedades:

Tipo de Nro. De AA Fecha A.A.
Novedad Desde
A.A.

Ing. y Reing.
Secretaría de Educación de Medellín
(Ant) Decreto 1059 21/04/1987 25/05/1987

Traslados
Secretaría de Educación de Medellín
Decreto 1992 14/06/1988 09/05/1998
(Ant)
Prom propiedad
Resoluci 5859 05/08/1988
Secretaría de Educación de Medellín 05/08/1988
ón
(Ant)
Ascensos
Resoluci 6667 10/12/1993
Secretaría de Educación de Medellín 12/10/1993
ón
(Ant)
Ascensos
Resoluci 4600 07/07/1994
Secretaría de Educación de Medellín 07/07/1994
ón
(Ant)
Traslados
Secretaría de Educación de Medellín Decreto 26 27/02/1995 22/09/1997
(Ant)
Traslados
Secretaría de Educación de Medellín Decreto 50 09/05/1995 09/05/1995
(Ant)
Ascensos
Resoluci 5482 10/06/1997
Secretaría de Educación de Medellín 10/06/1997
ón
(Ant)

30 Índice 2 de Samai, expediente digital, carpeta 4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_ONEDRIVE

143202436ZIP_20240304124222, archivo denominado 06. Contestación. Pdf páginas 40 a 42.
31
Índice 2 de Samai, expediente digital, carpeta 4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_ONEDRIVE
143202436ZIP_20240304124222, archivo denominado 06. Contestación. Pdf páginas 64 a 68.

16

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

Traslados
Inst Educ Maestro Fernando Botero Decreto 614 23/03/1999 23/03/1999
Medellín
Ascensos
Resoluci 8818 11/10/2000
Inst Educ Maestro Fernando Botero 19/07/2000
ón
Medellín
Ascensos
Resoluci 10761 04/09/2001
Inst Educ Maestro Fernando Botero 17/07/2001
ón
Medellín
Incorporación
Inst Educ Maestro Fernando Botero Decreto 013 06/01/2004 01/09/2003
Medellín
Cambio de sueldo
Inst Educ Maestro Fernando Botero Decreto 4250 18/12/2004 01/01/2004
Medellín
Cambio de sueldo
Inst Educ Maestro Fernando Botero Decreto 928 31/03/2005 01/01/2005
Medellín
Cambio de sueldo
Inst Educ Maestro Fernando Botero Decreto 595 27/02/2006 01/01/2006
Medellín

Ascensos Resoluci 2261 24/02/2006 24/02/2006
Inst Educ Maestro Fernando Botero ón

Cambio de sueldo 633 03/02/2007
Decreto 01/01/2007
Inst Educ Maestro Fernando Botero

Ascensos
Resoluci 00216 16/01/2007
Inst Educ Diego Echavarría Misas 01/01/2007
ón
Medellín
Cambios de sueldo
Inst Educ Diego Echavarría Misas Decreto 626 29/02/2008 01/01/2008
Medellín

Ascensos 6319 23/06/2008
Decreto 23/06/2008
Inst Educ Diego Echavarría Misas

Cambios de sueldo
Inst Educ Diego Echavarría Misas Decreto 700-7001- 13/06/2009 01/01/2009
Medellín 7002
Cambios de sueldo
Inst Educ Diego Echavarría Misas Decreto 1367-1368- 26/04/2010 01/01/2010
Medellín 1369

Cambios de sueldo
Inst Educ Diego Echavarría Misas Decreto 1027-1055- 04/04/2011 01/01/2011
Medellín 1056

Cambios de sueldo
Inst Educ Diego Echavarría Misas Decreto 827-829 25/04/2012 01/01/2012
Medellín

17

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

Cambios de sueldo
Inst Educ Diego Echavarría Misas Decreto 1002 21/05/2013 01/01/2013
Medellín
Cambios de sueldo
Inst Educ Diego Echavarría Misas – 171-172 07/02/2014
Decreto 01/01/2014
sede principal
Medellín
Cambios de sueldo
Inst Educ Diego Echavarría Misas – 1092-1116 26/05/2015
Decreto 01/01/2015
sede principal
Medellín
Cambios de sueldo
Inst Educ Diego Echavarría Misas – 120-122 26/01/2016
Decreto 01/01/2016
sede principal
Medellín
Cambios de sueldo
Sec Esc Eduardo Uribe Botero Decreto 980-982 09/06/2017 01/01/2017
Medellín
Cambios de sueldo
Sec Esc Eduardo Uribe Botero Decreto 316 19/02/2018 01/01/2018
Medellín
Cambios de sueldo
Sec Esc Eduardo Uribe Botero Decreto 1016-1017- 06/06/2019 01/01/2019
Medellín 1018

36.4. En el Formato Único para la Expedición de Certificados y Salarios con
Consecutivo 0 expedido por la Alcaldía de Medellín 18/11/201932, se indicaron los
factores salariales devengados por el demandante desde el 2003 hasta el 2019.

36.5. El 26 de septiembre de 2018 el demandante, junto con 198 docentes más
solicitaron a la Secretaría de Educación de Medellín que se reconozca que «entre
los docentes y directivos docentes al servicio del Municipio de Medellín, no puede existir
diferencias salariales y prestacionales (..) [y que] se ordene el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales y prestacionales (Prima de Navidad, de Vacaciones, de
Servicios, sobresueldos, horas extras etc.), que se adeuda (…)» (sic)33.

36.6. Mediante el Oficio 2018303345312 del 21 de noviembre de 2018 la alcaldía de
Medellín, negó la solicitud con fundamento en que «no se reconoce la igualdad entre
los docentes territoriales municipales, los territoriales departamentales incorporados,
nacionales y nacionalizados, en razón que cada uno se diferencia por el tipo de
vinculación y aplicación normativa en materia salarial y prestacional, por el concepto que
fueron incorporados sin solución de continuidad»34.

32
Índice 2 de Samai, expediente digital, carpeta 4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_ONEDRIVE
143202436ZIP_20240304124222, archivo denominado 06. Contestación. Pdf páginas 69 a 73.
33 Según se indicó en el Oficio 2018303345312 del 21 de noviembre de 2018, Índice 2 de Samai,

expediente digital, carpeta 4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_ONEDRIVE 143202436ZIP_2024
0304124222, archivo denominado 06. Contestación. Pdf páginas 45 a 61.
34
Índice 2 de Samai, expediente digital, carpeta 4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_ONEDRIVE
143202436ZIP_2024 0304124222, archivo denominado 06. Contestación. Pdf páginas 45 a 61.

18

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

37. El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda
con fundamento en que el demandante, al ser incorporado a la planta global de
cargos docentes del municipio de Medellín, continuó con el régimen salarial y
prestacional del sector nacional de conformidad con lo dispuesto en la Ley 715 de
2001, situación que no lo convirtió en docente territorial ni acreedor de los salarios
y prestaciones de aquellos, razón por la cual sí se justifica la diferencia salarial por
cuanto estos últimos gozan de derechos adquiridos.

38. La parte demandante presentó recurso de apelación en consideración a que
existe una diferencia salarial y en consecuencia prestacional que afecta
«gravemente los derechos (…) y los que claramente son de orden constitucional», razón
por la cual solicitó la aplicación en el sub judice de la excepción de ilegalidad
frente a la «Resolución 201830345312 del 21 de noviembre de 2018» [acto acusado],
por infracción del principio de «a trabajo igual, salario igual», debido a que el
personal docente que asumió el municipio de Medellín en virtud de su certificación
para la administración del servicio educativo a través del Decreto 58 del 2003,
desde entonces y en la actualidad, desarrollan idénticas funciones, cumplen con el
mismo horario y están sujetos a una legislación, razón por la cual deben gozar
también de la igualdad de condiciones, toda vez que no existen razones válidas
para tratarlos de forma distinta.

39. De las pruebas aportadas al proceso, se observó que (i) el demandante fue
nombrado en propiedad el 21 de abril de 1987 como director en la Escuela Rural
Integrada Unitaria Amará del municipio de Zaragoza; (ii) durante toda su
vinculación legal y reglamentaria ha percibido diferentes emolumentos como
factores salariales; (iii) el 26 de septiembre del 2018 pidió a la demandada que se
reconociera y pagara las diferencias salariales y prestacionales existentes entre
los docentes y directivos docentes al servicio del municipio de Medellín; y (v) la
entidad territorial negó su petición al estimar que no existía desigualdad salarial
por cuanto cada uno de los docentes se diferenciaban por el tipo de vinculación y
aplicación normativa en materia salarial y prestacional, debido a que fueron
incorporados sin solución de continuidad.

38. En lo concerniente al primer problema jurídico se debe tener en cuenta que las
pretensiones de la demanda solamente se encaminaron a la declaratoria de
nulidad del Oficio 201830345312 del 21 de noviembre de 2018 y no a la aplicación

19

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

de la excepción de ilegalidad respecto de este, por lo que el recurso de apelación
no es la oportunidad procesal para incluir nuevas pretensiones, pues admitir lo
contrario, implicaría afectar el debido proceso de la demandada, al pretermitir
todas las oportunidades procesales de la primera instancia para ejercer su
derecho de defensa y contradicción y la garantía de la doble instancia.

39. Además, tal y como lo señaló el Consejo de Estado en las sentencia citada por
el apelante35, su aplicación procede como medio exceptivo ante situaciones en las
que el juez evidencie (bien sea porque las partes lo manifestaron, o porque el
estudio del expediente lo lleve a esa conclusión) que para la solución del caso
concreto es necesario dejar de aplicar un acto (diferente del demandado) que
guarda relación directa con el objeto del litigio, decisión que no reemplaza al juicio
de validez propiamente dicho, por ende no expulsa a aquel del ordenamiento
normativo y «sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se
adopte», de conformidad con el artículo 148 del CPACA por ello no es procedente
solicitar tal excepción frente al acto del cual se pretende obtener su nulidad.

40. Ahora bien, respecto del segundo cargo de la apelación, concerniente a la
vulneración del principio «a trabajo igual salario igual», en atención a que su
vinculación fue en 1987 pero nacionalizado36, le es aplicable, en materia
prestacional lo establecido en el numeral 1 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, lo
cual difiere del régimen salarial y prestacional del orden territorial. En tal sentido,
ese tratamiento se encuentra justificado en virtud de las normas que regulan a los
docentes al servicio del Estado, como se expuso en precedencia.

41. Ciertamente, la desigualdad salarial y el trato discriminatorio se configuran
cuando no hay causas objetivas y razonables que lo justifiquen y cuando tal
diferencia no obedece a criterios válidos constitucionalmente que autoricen el trato
diferente; cosa que no acontece en el presente caso, porque como quedó dicho en
el acápite del régimen jurídico de los docentes, es la propia Constitución de 1991 y
el legislador quienes establecieron que el servicio educativo puede ser prestado
de forma concurrente por la nación y las entidades territoriales, así como la
clasificación de los docentes en nacionales, nacionalizados y territoriales, en
atención al periodo y la forma de vinculación, para lo cual, el legislador estableció
un régimen salarial y prestacional diferente para cada uno de ellos.

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia proferida

el 31 de mayo de 2018, dentro del proceso con radicación 08001-23-31-000-2006-00871-01
(21911).
36
De conformidad con lo señalado en el Formato Único para la Expedición del Certificado de
Historia Laboral.

20

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

42. Por lo tanto, al ser un docente nacionalizado se le debe aplicar la Ley 60 de
1993, la cual estableció que el régimen prestacional aplicable a los docentes
nacionales o nacionalizados que se incorporaran a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad sería el reconocido por la Ley 91 de 1989,
para este caso, el indicado en el numeral 1 del artículo 15 por su vinculación
nacionalizada, la cual es distinta del régimen de los docentes del orden territorial
que solo se mantuvo vigente para quienes «figuren vinculados hasta el 31 de
diciembre de 198937», por lo tanto, la diferencia salarial se encuentra justificada en
una causa objetiva y razonable como lo es, el cumplimiento de normas del orden
constitucional y legal que gozan de presunción de legalidad, debido a que estas
últimas han sido creadas en atención a la libertad de configuración de la cual goza
el legislador y el gobierno nacional por mandato constitucional, las cuales, además
tuvieron como propósito principal efectivizar el de principio de no regresividad de
ese grupo.

43. En segundo lugar, el juicio de igualdad se debe hacer entre sujetos
comparables, es decir, aquellos que se encuentran en una misma situación fáctica
y jurídica, porque desempeñan la misma actividad, tengan iguales funciones y
obligaciones y estén sometidos al mismo régimen jurídico salarial y prestacional.

44. Esta circunstancia tampoco se acreditó en el sub judice, toda vez que Julio
César Ruíz Giraldo fue incorporado a la planta global de cargos docentes del
municipio de Medellín mediante el Decreto 013 de 6 de enero de 2004, tal y como
consta en el Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral.
Sin embargo, esa situación no modificó el orden de su vinculación a territorial, así
como tampoco lo hizo acreedor de los salarios y prestaciones sociales de aquellos
docentes.

45. Lo anterior, si se tiene en cuenta que al momento de su unificación a la planta
global de cargos docentes administrada por el municipio de Medellín mantuvo su
vinculación sin solución de continuidad, esto es conservó el régimen salarial y
prestacional que adquirió al momento de su ingreso como docente. Como en
efecto lo señaló el tribunal de primera instancia.

46. La expresión sin solución de continuidad que previó el legislador para la
vinculación de los docentes y directivos docentes territoriales, nacionales y
nacionalizados que se incorporaran a la entidad territorial con anterioridad al 1 de
enero de 1990, impone la obligación de que los cargos sean asumidos en las
mismas condiciones salariales y prestacionales que tenían con anterioridad a la

37
Artículo 15.1 de la Ley 91 de 1989.

21

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

unificación de las plantas de personal docente y directivo docente del ente
territorial, por ende, el régimen prestacional y salarial que los gobernaba no puede
verse menguado en manera alguna por pasar el manejo de la educación a un ente
diferente del de la nación, de lo contrario, se vulneraría la protección de los
derechos adquiridos y el principio de progresividad.

47. Ahora, el demandante tampoco presentó reparos ni elementos de juicio que
permitan discernir cuál era esa diferencia salarial a través de un ejercicio de
comparación entre ambas situaciones que permitiera establecer la alegada
desigualdad y conllevara a una nivelación salarial con los docentes del orden
territorial frente a los cuales se pudiera realizar el cotejo, de tal manera que
incumplió con la carga de la prueba para sustentar este cargo.

48. Así las cosas, es claro que, en el presente asunto, las situaciones de los sujetos
cuya equiparación se reclama obedece a parámetros objetivos, discernibles y
razonables que justifican la diferenciación salarial y prestacional entre los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales incorporados a la planta global
de personal de la entidad territorial, y en tal virtud, impide su confrontación bajo los
supuestos del juicio de igualdad.

49. Por lo analizado, se confirmará la sentencia proferida el 28 de septiembre de
2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la cual se denegaron las
pretensiones de la demanda.

2.5. Costas

50. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

51. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

52. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al

22

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma38.

53. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

54. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en
esta instancia.

3. Conclusión

55. Con fundamento en lo expuesto, no se desvirtuó la presunción de legalidad del
acto administrativo acusado que negó al demandante el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales y prestacionales existentes entre los docentes y
directivos docentes al servicio del municipio de Medellín, en razón a la
clasificación de los empleos docentes establecida por el legislador y el gobierno
nacional, parámetro objetivo, discernible y razonable, aunado a que no se acreditó
la escala salarial diferencial entre los docentes territoriales y aquellos que fueron
incorporados en la planta global en virtud de la descentralización de la educación.

56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda, dentro del proceso promovido por Julio César Ruíz Giraldo en contra
del municipio de Medellín, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

38 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

23

Radicado: 05001-23-33-000-2020-04020-01 (0465-2024)
Demandante: Julio César Ruíz Giraldo

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACCR

24

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.