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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2021-00047-01

Fecha
25 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2021-00047-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. MODIFICAR la sentencia del 20 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad. En su lugar: “Segundo: A título de restablecimiento del derecho se ordena fijar en $2.188.296, la sanción por no enviar información a cargo de la sociedad Servitrust GNB Sudameris S.A.S.” 2. En lo demás se CONFIRMA la sentencia apelada. 3. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2021-00047-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

25 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2021-00047-01 (31136)
Demandante SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
Demandado MUNICIPIO DE MEDELLÍN, SECRETARÍA DE HACIENDA
Temas Sanción por no suministrar información. Entrega
extemporánea. Tipicidad. Lesividad. Alcance del recurso de
apelación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia del 20 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, que resolvió1:
Primero: declarar la nulidad parcial de la Resolución Sanción 70498 del 16 de mayo de
2019, mediante la cual la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín impuso sanción
por no enviar información, y la nulidad de la Resolución 202050007108 del 31 de enero de
2020, que resolvió el recurso de reconsideración y confirmó el acto sancionatorio inicial, de
acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: A título de restablecimiento del derecho se ordena fijar en DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS $267.052.500 la sanción por no enviar
información a cargo de la sociedad Servitrust GNB Sudameris S.A.S.
Tercero: No condenar en costas.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Previa expedición del pliego de cargos, mediante resolución 70498 del 16 de mayo
de 2019, la Alcaldía de Medellín impuso a la sociedad SERVITRUST GNB SUDAMERIS
S.A., la sanción por omisiones relacionadas con el envío de información
correspondiente a las retenciones del impuesto de industria y comercio (en adelante
ICA) del periodo gravable 2016.

Contra esa decisión, la sociedad interpuso recurso de reconsideración, que fue
resuelto mediante la resolución 202050007108 del 31 de enero de 2020, en el
sentido de confirmar el acto sancionatorio.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

1
Samai del Tribunal, índice 31, 17Sentencia_ok00020210004700Sanc(.pdf) NroActua 31, páginas 11 y 12.

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-00047-01 (31136)
Demandante: Servitrust GNB Sudameris S.A.

Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
2.1. Que se ordene la NULIDAD de la Resolución Sanción 70498 del 16 de mayo de
2019 por medio de la cual se impone a Servitrust GNB Sudameris S.A. una sanción
por no enviar información, así como de la Resolución 202050007108 consecutivo
interno SH1-0144 del 31 de enero de 2020, con la cual se decide no reconsiderar la
Resolución 70498 mencionada.
2.2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene el RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, en el sentido de eliminar la sanción impuesta a mi representada.
2.3. Como pretensión subsidiaria, se ordene el debido cobrar en relación con la correcta
infracción.
2.4. Condenar en costas y agencias en derecho a la demandada.

La demandante invocó como normas violadas los artículos 29 y 363 de la
Constitución Política; 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; 640 del Estatuto Tributario -modificado por el artículo 282 de
la Ley 1819 de 2016-; y 249 del Acuerdo 066 de 2017 del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín. El concepto de la violación se resume a
continuación:

La sociedad invocó infracción de las normas en que debía fundarse el acto y falsa
motivación, dado que, en su criterio, la administración aplicó indebidamente el
artículo 249 del Acuerdo 066 de 2017 al sancionar una conducta distinta de la que
ocurrió realmente. Precisó que la resolución 70498 sustentó la sanción en «la
“omisión” en el suministro de información», pese a que en la misma se reconocía que la
sociedad había aportado la información con la respuesta al pliego de cargos. En
consecuencia, la administración debió modificar el hecho sancionable de omisión
en la entrega de información a presentación extemporánea, y aplicar la gradualidad
de la sanción según la jurisprudencia vigente para el año sancionado, o los criterios
del artículo 640 del Estatuto Tributario -replicado en el artículo 238 del Acuerdo 66 de 2017-
conforme al principio de favorabilidad en materia sancionatoria. Agregó que esta
situación también vulneró su derecho de defensa.

Indicó que la resolución sanción no observó el principio de lesividad3, porque impone
la sanción sin motivar y acreditar que el retardo en el envío de la información no
causó perjuicios a la administración o a terceros.

Expuso que, con la respuesta al requerimiento de información, remitida el 17 de
octubre de 2018, se manifestó que la sociedad no practicó retenciones a título de
ICA, que no tenía oficinas en Medellín ni prestaba servicios en esa ciudad; de
manera que no había realizado actividades gravadas ni practicó retenciones. Que,
una vez recibió el pliego de cargos, el 11 de febrero de 2019, la sociedad procedió
a presentar la información de forma completa y detallada en la forma solicitada por
la administración, e insistiendo en que no desarrolló actividades gravadas en
Medellín ni practicó retenciones por concepto de dicho gravamen. En consecuencia,
la sociedad no causó perjuicio alguno a la administración, en tanto tuvo a su
disposición la información remitida.

Destacó, el oficio SIH 72994 del 25 de julio de 2019, en el cual se realiza un recuento
de la investigación y se concluye que la sociedad «no realizó actividades gravadas
2
Samai, índice 5, expediente digital, 9ED_ESCRITODE_03DEMANDA(.pdf) NroActua, página 2.
3
Citó la sentencia C-160 de 1998 de la Corte Constitucional. También hizo referencia a las sentencias proferidas en los
expedientes 22914 y “218021” durante los años 2018 y 2020, del Consejo de Estado.

2
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-00047-01 (31136)
Demandante: Servitrust GNB Sudameris S.A.

susceptibles de practicar retenciones del impuesto de Industria y Comercio en la jurisdicción del
Municipio de Medellín por el periodo gravable 2016» y «no se encontraba en obligación de presentar
la declaración de retención de ICA». A partir de lo anterior, afirmó que el suministro tardío
no produjo daño a la administración.

Oposición de la demanda

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se opuso a
todas las pretensiones de la demanda, conforme a los siguientes argumentos4:

Afirmó que SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A., es agente retenedor de ICA de acuerdo
con la resolución 89198 del 11 de julio de 2011, proferida por la subsecretaría de
ingresos de la Secretaría de Hacienda Municipal. Que, al tener dicha condición,
estaba obligada a atender el requerimiento de información 64658 de 2018, sobre
las operaciones gravadas susceptibles de retenciones de ICA para los bimestres 1
a 6 de 2016.

Precisó que, dentro de las facultades de la administración está la de realizar
requerimientos de información, independientemente de que el administrado sea
sujeto pasivo o no del tributo, en concordancia con los artículos 24 y 194 del Decreto
350 de 20185. De ahí que, aun en el evento de que la sociedad no realizara
actividades gravadas con ICA en el distrito ni tuviere la condición de agente
retenedor, estaba obligada a responder el requerimiento de información.
Sostuvo que la respuesta presentada el 17 de octubre de 2018 no satisfizo el
requerimiento, pues no bastaba con manifestar que la sociedad no tenía oficinas
propias ni prestaba servicios en Medellín, sino que debía aportar la información que
respaldara y probara esas afirmaciones. Añadió que la ausencia de oficinas o
establecimientos en esa jurisdicción no la eximía de cumplir el requerimiento, pues
el ICA podía generarse por actividades desarrolladas con o sin establecimiento
abierto al público.
Aclaró que la conducta sancionable es el no suministro de la información requerida,
por lo que la imposición de la sanción se encuentra justificada. Que, para acceder
a las reducciones de la sanción, el obligado debía subsanar la omisión y aceptar la
sanción y que, de no hacerlo, persistía el hecho sancionable y no puede obtener el
beneficio.
Finalmente, se pone de presente que en los hechos de la demanda, advirtió que:
“el oficio SIH 72994 del 25 de julio de 2019, no tiene trazabilidad en el proceso de fiscalización,
que para esa fecha (25 de julio de 2019) ya se había proferido la resolución sanción No. 70498 de
mayo 16 de 2019 a la sociedad SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A, en la suma de $297.493.000,
por omisión relacionada con el envío de información correspondiente al período gravable 2016. (…)
Además, si el supuesto oficio 72994, constituía la prueba para demostrar que aportó la
documentación solicitada por la administración, por qué razón, entonces, se abstuvo de
argumentarlo y demostrarlo al interponer recurso de reconsideración6”.

Sentencia apelada
El tribunal declaró la nulidad parcial de los actos de determinación y se abstuvo de

4
Samai, índice 5, expediente digital, 13ED_CONTESTACI_07CONTESTACIONDEDEMA(.pdf) NroActua 5.
5
Citó el concepto 21182 de 2012 del Ministerio de Hacienda.
6
Resaltado fuera de texto.

3
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-00047-01 (31136)
Demandante: Servitrust GNB Sudameris S.A.

condenar en costas, conforme a lo siguiente7:
En cuanto a la falsa motivación, sostuvo que el artículo 249 del Acuerdo 066 de
2017, en concordancia con el artículo 651 del Estatuto Tributario, agrupa bajo un
mismo tipo sancionatorio genérico varias conductas, entre ellas, no suministrar
información y suministrarla fuera del plazo establecido.
Consideró que, en el caso concreto, la demandante no entregó la información “en la
forma, tiempo y contenido requeridos dentro del término inicial”, con lo cual se configuró la
infracción. Añadió que, su entrega posterior, al responder el pliego de cargos, se
enmarcaba en la conducta de entrega extemporánea prevista en la norma, pues,
siguiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado8, ello no da lugar a otra infracción,
sino a la graduación de la sanción.
Con fundamento en ello, concluyó que no se configuró la falsa motivación alegada.
Igualmente, descartó la vulneración del derecho de defensa, al considerar que la
sociedad tuvo conocimiento de los hechos imputados y ejerció su derecho de
contradicción al responder el pliego de cargos e interponer el recurso de
reconsideración.
Frente al argumento de ausencia de lesividad, el tribunal citó la sentencia del
Consejo de Estado del 12 de octubre de 20179, según la cual la demora en la
entrega de información causa daño porque pone en riesgo el adecuado ejercicio de
las facultades de fiscalización y control. Agregó que el daño no se mide por el
recaudo efectivo dejado de percibir, sino por el entorpecimiento de la función
fiscalizadora. De manera tal que, el hecho de que la demandante no tuviera
obligaciones sustanciales en Medellín no la eximía del deber formal de colaboración
y que su incumplimiento constituía una conducta sancionable.
Por otro lado, señaló que la sanción impuesta a la demandante, por $297.493.000,
fue calculada conforme al literal d) del numeral 1 del artículo 249 del Acuerdo 066
de 2017 (equivalía a 8.355 UVT para 2020, año en que quedó en firme el acto administrativo).
Indicó que la Ley 2277 de 2022 modificó el artículo 651 del Estatuto Tributario, y
estableció un límite máximo para esta sanción de 7.500 UVT: “d) Cuando no sea posible
establecer la base para tasar la sanción o la información no tuviere cuantía, la sanción será de cero comas
cinco (0,5) UVT por cada dato no suministrado o incorrecto la cual no podrá exceder siete mil quinientas (7.500)
UVT.”. A partir de esto, indicó que el principio de favorabilidad tiene rango
constitucional y aplicación prevalente en el derecho administrativo sancionatorio.
Que, al ser la nueva ley más beneficiosa para el demandante -por establecer un límite
inferior-, y no encontrarse consolidada su situación jurídica, debía aplicarse
retroactivamente.
En consecuencia, reliquidó la sanción al tope máximo de 7.500 UVT (con el valor de la
UVT vigente para 2020 de $35.607), determinando una sanción de $267.052.500, por lo
que declaró la nulidad parcial de los actos únicamente en lo que respecta al monto
de la sanción.
Se abstuvo de condenar en costas, por no observar una conducta procesal que
amerite sanción económica.
Recurso de apelación

7
Samai del Tribunal, índice 31, 17Sentencia_ok00020210004700Sanc(.pdf) NroActua 31
8
Consejo de Estado, sentencia del 26 de julio de 2017, expediente 21602, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Expediente 21339, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

4
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-00047-01 (31136)
Demandante: Servitrust GNB Sudameris S.A.

La parte demandante presentó recurso de apelación con fundamento en lo siguiente10
:
Insistió en la errónea tipificación de la conducta y la indebida motivación, porque los
actos sancionaron omisiones relacionadas con el no envío de información pese a
que la información fue remitida de manera extemporánea. Sostuvo que la falta total
de entrega y el suministro tardío son supuestos fácticos distintos, con
consecuencias diferenciadas para la tipificación y la cuantificación del daño.

Afirmó que el tribunal erró al considerar que el suministro extemporáneo constituía
una afectación a la administración, pues esta recibió y analizó la información y
concluyó que la sociedad no realizó actividades gravadas ni estaba obligada a
presentar declaración de retención de ICA por 2016. En consecuencia, sostuvo que
no se impidió la fiscalización ni se frustró un proceso de determinación, pues no se
generaba impuesto a cargo, y que, las sanciones por envío extemporáneo deben
graduarse según el perjuicio efectivamente ocasionado11.

Indicó que esa circunstancia configuraba falsa motivación por error de derecho, al
haberse atribuido al artículo 249 del Acuerdo 066 de 2017, en concordancia con el
artículo 651 del Estatuto Tributario, un alcance que no le correspondía12. Asimismo,
adujo un déficit de motivación y la vulneración del debido proceso debido a que los
actos no explicaron por qué, pese a haberse remitido finalmente la información,
subsistía una afectación relevante de la gestión fiscalizadora que justificara la
sanción plena, ni por qué se descartaron las objeciones formuladas por la sociedad.

Repitió que la sanción era improcedente por ausencia de perjuicio o lesividad, y con
fundamento en jurisprudencia13, incluida la Sentencia de Unificación de esta
Sección14, afirmó que las sanciones por infracciones al deber de informar deben
atender los principios de proporcionalidad y razonabilidad y graduarse según la
magnitud del daño. En el caso concreto, indicó que la información fue aportada, que
no se inició un proceso de determinación, ni se alegó que el retraso hubiera puesto
en riesgo la oportunidad para ejercer las facultades de verificación. De manera que,
no existió perjuicio para el fisco ni se frustró la actuación fiscalizadora, toda vez que
la actora actuó de buena fe y colaboró con la administración, por lo que es
improcedente la sanción.

Alegó la indebida tasación de la sanción, pues conforme al artículo 249 del Acuerdo
066 de 2017, ante la inexistencia de declaraciones de ICA, debía determinarse sobre
el 0,5% de los ingresos brutos informados en la última declaración de renta, y solo
cuando no fuera posible realizar dicho cálculo podría tasarse sobre el patrimonio
bruto. Afirmó que, según la declaración de renta de 2017 aportada con el recurso,
la sociedad declaró ingresos brutos por $25.176.603.000, por lo que la sanción
máxima sería de $125.883.015 y no debía calcularse sobre el patrimonio bruto
($63.010.191.000).

Finalmente, alegó la indebida aplicación de las reglas de reducción de la sanción,
dado que, en su criterio, procedía la reducción del 50% prevista en el artículo 249

10
Samai del Tribunal, índice 35, 23_MemorialWeb_Otro-APELACIONSENTENCIA(.pdf) NroActua 35.
11
Invocó sentencias del Consejo de Estado del 28 de septiembre de 2023, exp. 27679, M.P. Myriam Stella Gutiérrez; del 8
de febrero de 2018, exp. 22060, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; exp.18362 de 2012, M.P. Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez, y de la Corte Constitucional, sentencia C-160 de 1998, M.P. Carmen Isaza de Gómez.
12
Refirió la sentencia del Consejo de Estado del 29 de julio de 2021, exp. 25346.
13
Invocó sentencias del Consejo de Estado, entre estas, del 12 de octubre de 2018, exp. 21976; del 20 de abril de 2021,
exp. 11658; y la sentencia C-160 de 1998 de la Corte Constitucional, M.P. Carmen Isaza de Gómez.
14
Sentencia del 14 de noviembre de 2019, exp. 22185.

5
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del Acuerdo 066 de 2017 porque la información fue aportada con la respuesta al
pliego de cargos, antes de imponerse la sanción. Reconoció que no presentó el
memorial formal de aceptación exigido por la disposición, pero afirmó que la entrega
voluntaria debía interpretarse como una “subsanación tácita”, especialmente bajo el
principio de favorabilidad del artículo 640 del Estatuto Tributario. Añadió que la
administración podía verificar en sus bases de datos los demás requisitos para la
reducción, como la ausencia de reincidencia, sin exigirle demostrar una negación
indefinida.

En consecuencia, subsidiariamente solicitó reconocer la reducción de la sanción del
50% y calcularla conforme al literal c) del artículo 249 o, en su defecto, sobre el
0.5% de los ingresos brutos, para una sanción aproximada de $62.941.508.

Oposición al recurso de apelación

La parte demandada guardó silencio.

Intervención del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público15 rindió concepto en el sentido de solicitar la
revocatoria parcial de la sentencia de primera instancia, para en su lugar declarar la
nulidad parcial de los actos determinando la sanción en $125.883.015, derivada de
la aplicación de la tarifa del 0,5% prevista en el artículo 651 del Estatuto Tributario
-modificado por el artículo 80 de la Ley 2277 de 2022- (base de sanción: $25.176.602.000), al ser
la más favorable para el contribuyente y no cumplir con requisitos para conceder
reducciones adicionales. Lo anterior, porque, al encontrarse el proceso todavía en
curso, debía aplicarse la norma posterior más favorable.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sección estudiar la legalidad de los actos demandados por medio
de los cuales el Municipio de Medellín -hoy Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín- impuso a SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A., sanción por
omisiones relacionadas con el envío de información correspondiente a las
retenciones de ICA del periodo gravable 2016.

1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación, la Sección debe determinar si: i) los actos
incurren en falsa motivación respecto de la tipificación de la conducta, ii) procede
levantar la sanción por ausencia de perjuicios o lesividad, y, iii) en virtud del principio
de favorabilidad, tiene lugar la modificación del valor de la sanción y su reducción.

2. Falsa motivación: Tipicidad de la sanción

La apelante cuestiona que la administración sancionó una conducta distinta de la
realmente ocurrida, toda vez que los actos se refirieron a una “omisión” en el envío
de información, pese a que esta fue suministrada de forma extemporánea. De
manera que, no podía equipararse ambas conductas, por tratarse de supuestos
sancionables distintos. Según afirma, esa indebida subsunción comportó falsa

15
Samai, índice 14

6
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motivación, al atribuir al artículo 249 del Acuerdo 066 de 2017 un alcance que no
correspondía.

Añadió que, lo anterior, también configuró una vulneración del derecho al debido
proceso debido a que los actos no explicaron por qué, pese a haberse remitido
finalmente la información, subsistía una afectación relevante de la gestión
fiscalizadora que justificara la sanción plena, ni por qué se descartaron las
objeciones formuladas por la sociedad.

Se pone de presente que el artículo 249 del Acuerdo 066 de 2017 “por medio del cual
se expide la normativa sustantiva aplicable a los tributos vigentes en el Municipio de Medellín”,
vigente para la época de los hechos, regulaba la sanción por omisiones
relacionadas con el envío de información en los siguientes términos:
ARTÍCULO 249. SANCIÓN POR OMISIONES RELACIONADAS CON EL ENVÍO DE INFORMACIÓN. Las
personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a
quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren, que no la
suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores, no
corresponda a lo solicitado, se encuentre incompleta o sea incomprensible, incurrirán en
la siguiente sanción:

1. Una multa que no supere quince mil (15.000) UVT, la cual será fijada teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

a) El cinco por ciento (5%) de las sumas respecto de las cuales no se suministró la
información exigida.

b) El cuatro por ciento (4%) de las sumas respecto de las cuales se suministró
información errónea, que no corresponda a lo solicitado, se encuentre incompleta o
sea incomprensible.

c) El tres por ciento (3%) de las sumas respecto de las cuales se suministró
información de forma extemporánea.

d) Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no
tuviere cuantía, la sanción será del medio por ciento (0.5%) de los ingresos
brutos obtenidos en Medellín según la última declaración del impuesto de
Industria y Comercio presentada en el municipio.

Si no existieren declaraciones de industria y comercio, la sanción será del medio
por ciento (0.5%) de los ingresos brutos informados en la última declaración del
impuesto sobre la Renta o de Ingresos y Patrimonio.

Cuando no se tuviera ninguna de las bases mencionadas anteriormente, la sanción
será del medio por ciento (0.5%) del patrimonio bruto del contribuyente o declarante,
incluido en la última declaración del impuesto sobre la Renta o de Ingresos y Patrimonio.
Si no existiere ninguna de las bases descritas anteriormente, se aplicará la sanción
mínima establecida en el presente Estatuto. (…)

Como se observa, la norma territorial diferencia la sanción según la conducta: el
5% por no suministrar la información y el 3% cuando esta se presentara de forma
extemporánea -que corresponden a las mismas tarifas del artículo 651 del E.T. modificado por el
artículo 289 de la Ley 1819 de 2016-.

No obstante, cuando no fuera posible determinar la base para tasar la sanción o la
información careciera de cuantía, establecía una misma regla para ambos
supuestos, consistente en acudir, de manera sucesiva, a las siguientes bases: i) el
0,5 % de los ingresos brutos obtenidos en Medellín, según la última declaración de
ICA; ii) en ausencia de esta, el 0,5 % de los ingresos brutos informados en la última

7
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declaración del impuesto de renta; iii) si tampoco se contaba con esta información,
el 0,5 % del patrimonio bruto incluido en la última declaración del impuesto de renta
o de ingresos y patrimonio; y iv) si no existía ninguna de las bases anteriores, la
sanción mínima establecida en dicho estatuto.

En el caso concreto, se encuentra que mediante el requerimiento de información
64658 del 7 de septiembre de 201816, la administración solicitó a la sociedad
respecto del ICA de los bimestres 1 a 6 del periodo gravable 2016, que suministrara
ciertos datos (RUT, certificado de existencia y representación legal, balance de prueba, auxiliar
por tercero por cada bimestres, auxiliar por tercero por las retenciones de ICA, certificado de
contador público o revisor fiscal, tarjeta profesional de contador público, certificados de retención de
ICA practicados identificando la entidad territorial, archivo de Excel formato 1001, relación Excel
retenciones de ICA, y estados financieros). Para lo cual, otorgó a la sociedad el término de
15 días calendario.

El 17 de octubre de 201817, en respuesta al requerimiento de información, la
sociedad allegó memorial a la administración en el que manifestó que: “Servitrust GNB
Sudameris S.A. identificado (…) actualmente no tiene oficinas propias, ni presta servicio en el
municipio de Medellín”.

Ante esa circunstancia, la administración expidió el pliego de cargos 67393 del 11
de diciembre de 2018, mediante el cual propuso imponer a la sociedad la sanción
por omisiones relacionadas con el envío de información, debido a que la sociedad
no aportó la información solicitada. La sanción fue determinada en $297.493.000
con fundamento en el numeral 1 literal d) del artículo 249 del Acuerdo 066 de 2017,
correspondiente al 0,5% del patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2017.
Posteriormente, mediante resolución 70498 del 16 de mayo de 2019, la
administración impuso la sanción en los mismos términos del acto preparatorio, por
no suministrar la información dentro del plazo establecido para ello, decisión que
fue confirmada por la resolución 202050007108 de 202018.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el 11 de febrero de 2019, la sociedad
presentó respuesta al pliego de cargos19 en la que reiteró que no tenía oficinas ni
prestaba servicios gravados en Medellín, y en la que además adjuntó la información
solicitada relacionando los datos requeridos; como lo advirtió el tribunal y no fue
cuestionado por la demandada.

No obstante, la Sección observa que el hecho de que la información hubiera sido
suministrada con posterioridad al pliego de cargos no desvirtúa el incumplimiento
configurado por su falta de entrega dentro del plazo concedido.

Sobre este particular, ha sido criterio de la Sección que: “la regularización de la conducta
con la entrega de información en la que obren errores o sea extemporánea [con ocasión del pliego
de cargos] no equivale a que se incurra en otra de las infracciones previstas en el artículo 651 ibidem,
de modo que no se puede variar el tipo infractor definido desde el acto preparatorio, aunque sí es
posible graduar la sanción, atendiendo a la conducta correctiva. Es decir, la Administración no puede
readecuar la infracción que se imputa en el pliego de cargos, dado que las conductas posteriores a
ese acto preparatorio no originan nuevos tipos infractores. Así que la única sanción que puede

16 Samai, índice 2. 1ED_EXPEDIENTE_PrimeraInstanciazip(.zip) NroActua 2.34AnexoRequerimiento de información 64658
de 2018.pdf
17
Ibidem. 07Anexos2020-00047.pdf, Pág. 23.
18
Ibidem. Pág. 16 a 19, y 24 a 31.
19
Ibidem. Pág. 21 a 22.

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imponerse es la que se propone en el pliego de cargos, con la correspondiente reducción, si es que
con posterioridad al pliego o al acto sancionatorio el contribuyente regulariza su omisión”20.

Así las cosas, siguiendo el criterio de la Sección, la regularización de la conducta
no apareja la variación del tipo infractor -no enviar información-. En ese sentido, el
suministro posterior de la información no desvirtúa que, al vencimiento del término
concedido, se hubiera configurado el supuesto consistente en no suministrarla
dentro del plazo establecido, ni transforma ese incumplimiento en una nueva
infracción autónoma diferente a la prevista en el artículo 249 del Acuerdo 066 de
2017. Así la conducta tipificada en el pliego de cargos debe mantenerse.

Examinada la motivación de los actos acusados, esta Sección advierte que la
administración sustentó la sanción en que la sociedad no suministró la información
requerida dentro del plazo concedido. Así, la referencia a las “omisiones relacionadas
con el envío de información” tuvo como fundamento el incumplimiento del término
otorgado para atender el requerimiento de información, supuesto previsto como
sancionable en el citado artículo 249.

En ese contexto, no le asiste razón a la apelante al sostener que los actos acusados
no explicaron por qué, pese a la entrega posterior de la información, subsistía el
incumplimiento ni por qué se descartaron sus objeciones.

En ese sentido, no se advierte una modificación de los hechos que dieron lugar a
la sanción ni una aplicación del artículo 249 del Acuerdo 066 de 2017 a un supuesto
diferente del allí previsto. Lo que determinó la imposición de la sanción fue el
incumplimiento del deber de suministrar oportunamente la información requerida.
Por lo anterior, no se advierte la falsa motivación alegada.

En consecuencia, no prospera este aspecto de la apelación.

3. Principio de lesividad

La apelante, a partir de la jurisprudencia del Consejo de Estado, en particular, de la
Sentencia de Unificación del 14 de noviembre de 201921, señala que las sanciones
deben graduarse según la magnitud del daño. A su vez, afirma que la información
fue recibida por la administración y que en los actos demandados no se acreditó la
causación de perjuicio alguno.

Por el contrario, sostiene que, en el oficio persuasivo 72994 de 2019, el distrito
concluyó que la sociedad no realizó actividades gravadas ni estaba obligada a
presentar declaración de retención de ICA correspondiente al año 2016. En ese
sentido, afirma que se cumplió la finalidad de la fiscalización sin que se generara
un perjuicio que justificara la imposición de la sanción, en tanto actuó de buena fe
y colaboró con la administración.

En principio, se advierte que la Sentencia de Unificación del 14 de noviembre de
201922, que invoca el apelante, resulta aplicable para las conductas infractoras del
deber de informar ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1819
de 2016, como se precisa en la misma providencia. En este caso, la infracción -no

20 Sentencia del 29 de abril de 2020, exp. 21802, MP. Julio Roberto Piza Rodríguez; reiterada en la sentencia del 24 de
octubre de 2024, exp. 28695, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Esta posición jurídica continúa vigente como se
observa en la sentencia del 16 de julio de 2026, exp. 27558, M.P. Wilson Ramos Girón.
21
Sentencia del 14 de noviembre de 2019, exp. 22185, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
22
Exp. 22185, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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responder el requerimiento de información- ocurrió en el año 2018, de manera que no le
aplica las reglas jurisprudenciales fijadas en esa sentencia.

Al respecto debe tenerse en cuenta que el principio de lesividad se encuentra
reglado en el ordenamiento tributario en el artículo 640 del Estatuto Tributario,
modificado por la Ley 1819 de 2016, reproducido en el artículo 238 del Acuerdo
066 de 2017, normativas que prescriben que “habrá lesividad siempre que el contribuyente
incumpla con sus obligaciones tributarias”, aspecto que, además, ha sido respaldado en la
jurisprudencia de la Sección, en la que se ha destacado que el incumplimiento en
el deber de informar “afecta potencialmente la gestión de la administración”23. Así que no es
de recibo la ausencia de daño aludida por el apelante.
En efecto, la falta de suministro de información o su entrega tardía puede afectar la
gestión tributaria, aun cuando, una vez obtenidos los datos en una oportunidad
diferente a la exigida, la actuación administrativa no culmine con la determinación
de un mayor impuesto.
En este caso, la lesividad se deriva del incumplimiento de la obligación de atender
el requerimiento de información dentro del término legalmente establecido. Por
tanto, contrario a lo señalado por el apelante, su configuración no depende de que
la administración, como consecuencia de la información requerida, adelante una
actuación de fiscalización o determine un mayor impuesto, ni desaparece porque la
información sea suministrada en una oportunidad posterior a la exigida.
Así, la afectación relevante para el régimen sancionatorio no consiste en que el
municipio hubiera dejado definitivamente de determinar o recaudar un impuesto,
sino en que la autoridad no contó oportunamente con la información requerida para
verificar si la sociedad estaba o no obligada a cumplir con el deber tributario que
dio lugar al requerimiento.
A su vez, se encuentra que los actos acusados motivaron la lesividad de la
conducta, al señalar que la sociedad incumplió su obligación de atender el
requerimiento dentro del término exigido, independientemente de que tuviera o no
la calidad de agente retenedor o de sujeto pasivo del tributo, y al invocar la
jurisprudencia24, según la cual la falta de entrega y el suministro tardío de la
información afecta las facultades de fiscalización.
Así, de los actos se desprende que la afectación a la administración se derivó de
no contar oportunamente con la información requerida para el ejercicio de sus
facultades de fiscalización, sin que ello dependiera de que posteriormente se
determinara o no una obligación tributaria a cargo de la sociedad.
Por las mismas razones, tampoco resulta atendible invocar la buena fe o la
colaboración con la administración para desvirtuar la lesividad, pues lo cierto es
que la sociedad incumplió su obligación de suministrar la información dentro del
término legalmente establecido. La eventual colaboración posterior no elimina ni
subsana el incumplimiento oportuno de ese deber.
En consecuencia, acorde con el análisis efectuado, se encuentra acreditada la
lesividad de la conducta, lo que descarta la vulneración de los principios invocados
por el apelante.

23
Sentencia del 25 de junio de 2026, exp. 29524, M.P. Wilson Ramos Girón.
24
Invocó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, exp. 21874, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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4. Principio de favorabilidad. Tasación de la sanción y reducción.
En los actos acusados, el distrito determinó la sanción por no enviar información
con fundamento en el literal d) del numeral 1 del artículo 249 del Acuerdo 066 de
2017, disposición aplicable cuando no es posible establecer la base para tasar la
sanción o la información carece de cuantía. A partir de esto, tomó como base el
patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2017 y aplicó la tarifa del 0,5%, lo que dio
como resultado el valor total de $297.493.000.

El tribunal, en aplicación del principio de favorabilidad, modificó la sanción impuesta
en los actos acusados, a partir del literal d) del numeral 1 del artículo 651 del
Estatuto Tributario, modificado por la Ley 2277 de 2022, determinándola en el valor
límite de 7.500 UVT (con el valor de la UVT vigente para 2020 de $35.607 -año de firmeza de los
actos), determinando una sanción de $267.052.500.

El apelante cuestiona esa decisión, bajo el argumento de que conforme con el
artículo 249 del Acuerdo 066 de 2017, ante la inexistencia de declaraciones de ICA,
la sanción debía determinarse en el 0,5% de los ingresos brutos registrados en la última
declaración de renta. Además, la sociedad solicitó la reducción de la sanción en un
50% por haber suministrado la información con la respuesta al pliego de cargos.

Así las cosas, la Sección advierte conforme lo ha expresado en sentencias del 21
de febrero de 2019 (exp. 22182, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto), del 25 de mayo de
2023 (exp.27205, CP. Wilson Ramos Girón), y del 3 de agosto de 2023, (exp.27353, C.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello), “el principio de favorabilidad cuando es aplicable en materia
sancionatoria administrativa constituye un imperativo constitucional y, por ende, bien puede ser
aplicado a solicitud de parte, o de oficio por la autoridad juzgadora competente”.

Este principio de favorabilidad se encuentra consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política, y fue incorporado en el ordenamiento tributario en el parágrafo
5 del artículo del artículo 640 del Estatuto Tributario -modificado por el artículo 282 de la
Ley 1819 de 2016-, reproducido en el artículo 238 del Acuerdo 066 de 2017 -parágrafo 4-
, así: “El principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la
ley permisiva o favorable sea posterior”.

En virtud de este principio, el fallador puede aplicar de oficio o a petición de parte,
la norma sancionatoria que resulte menos gravosa para el sancionado, aun cuando
sea posterior a la ocurrencia de la conducta infractora.

En el caso concreto, se observa que la conducta infractora se configuró en el 2018,
vigencia en la cual venció el plazo para que la sociedad atendiera el requerimiento
de información, y que en los actos acusados se aplicó la norma prevista (literal d)
numeral 1 del artículo 249 del Acuerdo 066 de 2017) para los eventos en que no existe
cuantía para determinar la base de la sanción, por lo que, en ese marco se estudiará
la norma más beneficiosa para el sancionado.

Ahora bien, se advierte que, en la actualidad, esta sanción se encuentra regulada en
el literal d) numeral 1 del artículo 358 del Acuerdo 93 de 2023, expedido por el
Concejo de Medellín, que reproduce el literal d) numeral 1 del artículo 651 del

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Estatuto Tributario, modificado por el artículo 80 de la Ley 2277 de 202225, así: “d)
Cuando no sea posible establecer la base para tasar la sanción o la información no tuviere cuantía,
la sanción será de cero coma cinco (0,5) UVT por cada dato no suministrado o incorrecto la cual no
podrá exceder siete mil quinientas (7.500) UVT”.

Conforme con esta normativa, en aquellos eventos en que no pueda cuantificarse
la base de la sanción, la penalidad es de 0,5 UVT por cada dato no suministrado. De
manera que, para su cálculo, se debe tomar cada dato no presentado y multiplicarlo
por el valor de 0,5 UVT del año de la comisión de la infracción. No obstante, debe
tenerse en cuenta que la penalidad no puede ser inferior a la sanción mínima de 10
UVT (artículo 639 del Estatuto Tributario) y ni superar el límite máximo de 7.500 UVT.

Para efectos de la aplicación de esta disposición, debe precisarse que el concepto
de “dato” no es equivalente a la información requerida en su conjunto, sino que
corresponde a cada aspecto individual, preciso y concreto de la información que la
administración solicita suministrar en el respectivo requerimiento de información.
Por tanto, cuando la norma establece una sanción de 0,5 UVT por cada dato no
suministrado o incorrecto, la sanción debe calcularse respecto de cada uno de esos
elementos concretos que debían ser reportados y que fueron omitidos o
suministrados de manera incorrecta.
Como se observa, la regulación vigente resulta más favorable que la prevista en el
artículo 289 de la Ley 1819 de 2016. Esto, porque mientras la norma anterior
establecía la sanción, en ausencia de una base cuantificable, en un porcentaje de
los ingresos o, si estos no existían, del patrimonio bruto, la norma actual fija la
sanción en un valor fijo de 0,5 UVT por cada dato no suministrado o incorrecto. Por
ello, establece un criterio de tasación que puede dar lugar a una sanción menor.
En el caso concreto, se encuentra que la sociedad omitió suministrar los datos
solicitados dentro del término exigido en el requerimiento de información, y que la
infracción ocurrió en el año 2018, por tanto, la UVT aplicable es la correspondiente
a esa vigencia, esto es, $33.156 pesos26. En el requerimiento de información se le
solicitaron los siguientes datos:

1. RUT completo en medio magnético. (1 dato)
2. Certificado de existencia y representación legal en medio magnético. (1 dato)
3. Balance de prueba a diciembre 31 antes de cierre 2016, a seis (6) niveles en
medio magnético (6 datos).
4. Auxiliar por tercero (6 datos27) y por centro de costos de la cuenta de Costos y
gastos (6 datos28), por cada uno de los bimestres del periodo gravable 2016, en
medio magnético
5. Auxiliar por tercero (6 datos29) y por centro de costos de la cuenta de retenciones
del impuesto de Industria y Comercio (6 datos30), por cada uno de los bimestres
del periodo gravable 2016, en medio magnético
6. Certificado expedido por Contador o Revisor Fiscal, de conformidad con los libros
de contabilidad, el cual debe contener:

• Valor total de las bases (6 datos31) y retenciones (6 datos32) practicadas a

25 Ley 2277 de 2022. Artículo 80. d) Cuando no sea posible establecer la base para tasar la sanción o la información no
tuviere cuantía, la sanción será de cero comas cinco (0,5) UVT por cada dato no suministrado o incorrecto la cual no
podrá exceder siete mil quinientas (7.500) UVT.
26
Resolución DIAN 000063 de 2017.
27
6 datos porque se requiere información de los 6 bimestres.
28
6 datos porque se requiere información de los 6 bimestres.
29
6 datos porque se requiere información de los 6 bimestres.
30
6 datos porque se requiere información de los 6 bimestres.
31
6 datos porque se requiere información de los 6 bimestres.
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6 datos porque se requiere información de los 6 bimestres.

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título de impuesto de Industria y Comercio, debidamente consignado en el
Municipio de Medellín por cada uno de los bimestres del 2016.

• Relación de los contratos de mandato por la vigencia 2016. (1 dato)
7. Copia tarjeta profesional del contador público y/o revisor fiscal en medio
magnético. (1 dato)
8. Copia de los certificados de retención por impuesto de industria y comercio
expedidos por la empresa y en los cuales se debe identificar claramente: Año de
la retención, ciudad donde se practicó, ciudad donde se consignó, concepto de la
retención, base y valor retenido, en medio magnético (36 datos -6 datos por cada
uno de los 6 bimestres)
9. Copia del archivo en Excel Formato 1001 información exógena de la DIAN en
medio magnético del 2016 (1 dato)
10. Relación en Excel de las retenciones de Industria y Comercio practicadas en cada
bimestre, asi: (NIT, nombre, dirección, teléfono, base gravable, tarifa, valor de
retención y fecha) del 2016, en medio magnético (48 datos -8 datos por cada
uno de los 6 bimestres)
11. Copia de las notas a los estados financieros 2016 (1 dato)
En total: 132 datos

Así, al aplicar 0,5 UVT por cada uno de los 132 datos, se obtiene un resultado de
$2.188.296.
En consecuencia, no resulta procedente aplicar el límite máximo de 7.500 UVT, como
equivocadamente lo hizo el tribunal, pues la sanción resultante de la operación
prevista en la norma no lo supera, y este tope opera únicamente cuando la sanción
excede dicha cantidad.
Con fundamento en lo anterior, la sanción se determinará en la suma de $2.188.296
de acuerdo con lo previsto en el literal d) del numeral 1 del artículo 80 de la Ley
2277 de 2022, que modificó el artículo 651 del Estatuto Tributario, y que fue
reproducido en la norma territorial, por ser la norma más favorable para el
demandante, en tanto establece una sanción inferior a la prevista en la regulación
vigente a la época de los hechos.
En cuanto a la reducción de la sanción, se advierte, en primer lugar, que se trata de
un argumento nuevo planteado en la apelación, pues no fue solicitado en la
demanda. En todo caso, se advierte que el apelante no acreditó el cumplimiento de
los requisitos necesarios para acceder a dicho beneficio, entre ellos, la presentación
de memorial de aceptación.
5. Decisión
En consecuencia, la Sección modifica el ordinal segundo de la sentencia apelada,
para en su lugar, a título de restablecimiento del derecho, declarar que la sanción
por no informar a cargo del demandante es de $2.188.296. En lo demás se confirma
la sentencia apelada.
6. Costas
No habrá pronunciamiento frente a la decisión de no condenar en costas primera
instancia, dado que no se apeló la decisión del tribunal en el sentido de no
imponerlas.
En cuanto a la condena en costas en segunda instancia, se advierte que con ocasión
de la declaratoria de nulidad parcial de los actos acusados esta no es procedente,
según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso.

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Demandante: Servitrust GNB Sudameris S.A.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

1. MODIFICAR la sentencia del 20 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad. En su lugar:
“Segundo: A título de restablecimiento del derecho se ordena fijar en $2.188.296, la sanción
por no enviar información a cargo de la sociedad Servitrust GNB Sudameris S.A.S.”

2. En lo demás se CONFIRMA la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con aclaración de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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