Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00605-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00605-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-00605-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00605-02 (3379-2025)
Demandante: Luz Mary Arias Ospina
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación1
Temas: Prima especial de servicios artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 21 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Transitoria, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Luz Mary Arias Ospina presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio DS-SRANOC-GSA28 No.000269 del 15 de febrero
de 2021 por medio del cual el subdirector regional de apoyo noroccidental de la FGN
le negó el reconocimiento de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley
4ª de 1992.
1 En adelante FGN.
2 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2021- 00605-02 (3379-2025)
Demandante: Luz Mary Arias Ospina
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago desde el 16 de enero de 2018 hasta la fecha de
su desvinculación de la entidad de: a) el 30% del salario básico fijado por el gobierno
nacional a título de prima especial de servicios en los términos del artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992 y de la sentencia del Consejo de Estado del 15 de diciembre de
20203; y b) la reliquidación de los aportes a pensión con inclusión de dicho
emolumento que es factor de salario para tales efectos; ii) la indexación del valor de
la condena; y iii) el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del
CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes señaló los siguientes4:
3.1. Luz Mary Arias Ospina laboró en la FGN desde el 27 de mayo de 1996, y desde
el 1° de enero de 2017 desempeñó el cargo de fiscal delegada ante los jueces del
circuito5.
3.2. El 16 de enero de 2021 solicitó a la FGN el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios como un monto adicional al salario básico y la reliquidación de
los aportes al sistema de seguridad social en pensiones «desde el 1 de enero de 2018
y hasta el momento» de su desvinculación.
3.3. La entidad negó lo pedido por medio del Oficio DS-SRANOC-GSA28 No.000269
del 15 de febrero de 2021 expedido por la Subdirección Regional de Apoyo
Noroccidental de la FGN. Contra esa decisión solo se previó la procedencia del
recurso de reposición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 4, 58 y 237 de la Constitución Política;
15 del Código Sustantivo del Trabajo6; 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992; 152 de la Ley
270 de 1996; 1 de la Ley 476 de 1998; y las leyes 22 de 1967 y 74 de 1968.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente7:
3 Radicado 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018) C.P. Jorge Iván Rincón Córdoba.
4 Los hechos se sintetizarán de conformidad con las pruebas allegadas al plenario.
5 En la demanda no se indicó ni la fecha de vinculación a la FGN ni en la que empezó a desempeñar
el cargo de fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos, pero así se extrae de las pruebas
aportadas al proceso.
6 En lo que sigue CST.
7 Samai del tribunal, índice 2; 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_202511252zi(.zip) NroActua 2;
01Demanda.pdf. La demanda fue presentada el 6 de abril de 2021.
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Demandante: Luz Mary Arias Ospina
5.1. Desde el año 2018 se le ha negado el pago de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, por lo que no solo se le ha dejado de pagar un
beneficio de carácter laboral, sino que también se han calculado de manera
deficitaria los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones,
circunstancia que desconoce los principios de progresividad y favorabilidad laboral.
5.2. La citada prima fue reconocida para los funcionarios de la FGN a partir del
Decreto 272 de 2021 que ordenó el pago desde el 1° de enero de ese año, pero no
dispuso nada en relación con los emolumentos generados previamente.
5.3. El acto administrativo cuestionado vulneró el principio de legalidad y los
derechos a la igualdad y progresividad laboral al no reconocer la prima especial de
servicios como un «sobresueldo» sino como una desagregación del salario básico,
interpretación que disminuyó la asignación básica mensual de los servidores
judiciales y desmejoró sus condiciones laborales.
5.4. Laposición planteada por la entidad demandada también desconoció la
sentencia del Consejo de Estado del 15 de diciembre de 2020 8, según la cual la
prima especial de servicios debe reconocerse como un incremento al salario y no
como parte de él.
1.2. Contestación de la demanda
6. La FGN se pronunció en los siguientes términos9:
6.1. ElConsejo de Estado ha decantado su posición en relación con el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios para los servidores de la
FGN y ha señalado que dicho emolumento debe reconocerse como un haber
adicional al salario básico.
6.2. La prima especial de servicios solo constituye factor salarial para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, de conformidad con la
sentencia proferida el 15 de diciembre de 2020 por el Consejo de Estado. En
consecuencia, no procedía su reconocimiento como factor salarial respecto de otras
prestaciones.
6.3. La administración actuó conforme a derecho, pues dio cabal cumplimiento a las
disposiciones fijadas por el gobierno nacional y desacatarlas implicaría modificar el
8 Radicado 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018) C.P. Jorge Iván Rincón Córdoba.
9 Ibidem; 15ContestacionDemanda.pdf.
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régimen salarial.
6.4. La aludida prima no puede superar el límite previsto en el artículo 4º de la Ley 4ª
de 1992, «como por ejemplo en aquellos casos en que los Fiscales son destinatarios de la
bonificación por compensación, en el que el ordenamiento jurídico determinó un tope a su
remuneración, específicamente el no poder superar el 80% de lo que por todo concepto
perciben los magistrados de alta corte conforme al artículo 1º Decreto 1102 de 2012» [sic].
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria en sentencia proferida el
21 de agosto de 202510 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En
tal sentido ordenó lo siguiente:
«PRIMERO: Declarar la nulidad del oficio DS-SRANOC-GSA-28 No.000269 del 15 de
febrero de 2021 expedido por el subdirector Regional de Apoyo Zona Noroccidental (E),
en tanto negó a la demandante el pago de la prima especial del 30% como adición al
salario.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se condena a la Fiscalía General
de la Nación a reconocer y pagar a la señora Luz Mary Arias Ospina la prima especial
de servicios como adición al salario, desde el 16 de enero de 2018 y hasta que en virtud
del Decreto 272 de 2021 se le haya iniciado a pagar la prima especial como una adición
al salario, sin que en ningún caso la totalidad de sus ingresos superen el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
Igualmente se ordena realizar los descuentos de ley y aportes propios para el sistema
general de seguridad social, en las proporciones correspondientes, respecto de las
diferencias ordenadas y no cotizadas, conforme lo expuesto.
Las sumas de dinero cuyo reconocimiento se ordena en esta sentencia a favor de la
demandante se actualizarán en su valor, conforme lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO: Ordenar a la entidad demandada dar cumplimiento al presente fallo en los
términos previstos en el artículo 187 (inciso final), en el artículo 192 y en el numeral 4
del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.
CUARTO: No condenar en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto
en la parte considerativa de esta providencia» [sic].
8. Para tal efecto, expuso lo siguiente:
8.1. La demandante se desempeñó como fiscal delegada ante los jueces del circuito
desde el año 2017, por lo que, en consideración a lo señalado por el Consejo de
Estado en sentencias del 2 de septiembre de 201911 y 15 de diciembre de 202012,
10 Samai del tribunal; índice 36; 35Sentencia_No200Rad000202100605(.pdf) NroActua 36.
11 Radicado 41001-23-33-000- 2016-00041-02.
12 Radicado 73001-23-33-000-2017-00568-01.
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Demandante: Luz Mary Arias Ospina
tenía derecho a que la FGN le pagara la prima especial de servicios del artículo 14
de la Ley 4ª de 1992 en cuantía del 30% de la asignación básica mensual y le
reliquidara los aportes al sistema de seguridad social en pensiones de acuerdo con
ese emolumento que solo es factor de salario para dicho efecto.
8.2. Comoquiera que a través del Decreto 272 de 2021 el gobierno nacional
estableció la prima especial como una adición a la asignación básica, ordenó el
reconocimiento hasta que se le haya iniciado a pagar dicho factor en las condiciones
previstas.
8.3. Si bien la accionante presentó la reclamación administrativa el 16 de enero de
2021, y por tanto las sumas anteriores al 16 de enero de 2018 estarían prescritas,
lo cierto es que en la demanda solo se reclamó el pago de la prima especial y
aportes a pensión desde el 16 enero de 2018, razón por la cual no hay lugar a
declarar la excepción de prescripción.
1.4. El recurso de apelación
9. La FGN presentó el recurso de apelación con fundamento en lo siguiente13:
9.1. La condena impuesta resulta excesiva, pues desde la entrada en vigencia del
Decreto 272 del 11 de marzo de 2021, esto es a partir del 1° de enero de esa
anualidad, a la actora se le ha reconocido el 100% del salario más la prima especial
de servicios en cuantía del 30% de la asignación básica. Por tanto, «la sentencia
debe limitarse hasta el 30 de diciembre de 2020».
9.2. Si bien respecto de «los descuentos y aportes al sistema general de seguridad social»
en la parte considerativa de la sentencia apelada se indicó que, la prima especial
de servicios «solo constituye factor salarial para efectos de pensión y por tanto la entidad
debería realizar el reajuste y pago del ingreso base de cotización por las diferencias», lo
cierto es que tal especificación no quedó en la resolutiva «lo cual a todas luces inaplica
el precedente jurisprudencia contenido en la sentencia de unificación SUJ-CE-S2-2020»
[sic].
9.3. La prima especial de servicios del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
13 Samai del tribunal; índice 38; 38_MemorialWeb_Recurso-202100605APELACION(.pdf) NroActua
38.
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Demandante: Luz Mary Arias Ospina
1992 solo constituye factor salarial para efectos pensionales.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia14, se circunscriben a
establecer ¿si hubo exceso en el extremo final del reconocimiento en virtud del
Decreto 272 de 2021? y ¿si se debe modificar la parte resolutiva de la sentencia
apelada para precisar que el reajuste y pago de la diferencia solo recae sobre los
aportes al sistema de seguridad social en pensión?
14 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: Luz Mary Arias Ospina
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
de la FGN
13. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del congreso nacional y de la fuerza pública.
14. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:
«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial15 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].
15. Por su parte, mediante el Decreto 53 de 1993, el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación,
en el cual previó que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993
podrían optar por una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en
ese decreto (artículo 2), con la excepción16 establecida en el artículo 14 de la Ley
15 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-
96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».
16 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía
General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
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4ª de 1992, que excluyó el beneficio de la prima especial.
16. Igualmente, en su artículo 6 señaló: «[e]l treinta por ciento (30%) del salario básico
mensual de los siguientes servidores públicos se considera como prima especial de
servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad
de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad Regional
de Fiscalía, Fiscal ante Tribunal de Distrito, Fiscal Regional, Jefe Unidad Seccional de
Fiscalía, Fiscal Seccional, Secretario General, Directores Nacionales, Directores
Regionales, Directores Seccionales, Jefes de Oficina, Jefes de División».
17. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación,
con la excepción allí establecida [la relativa a la opción de acogerse a la escala
salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base únicamente para efectos de
la liquidación de la pensión de jubilación.
18. Laanterior norma fue aclarada por la Ley 476 de 1998, en el sentido de
establecer que la excepción prevista en la Ley 332 de 1996, que hace alusión a la
Ley 4ª de 1992 no se refiere a los fiscales de la Fiscalía General de la Nación que
se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes
se vincularan con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos
servidores, la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 6 del Decreto
53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogaron o lo adicionaron, tendría
carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de
la pensión de jubilación.
19. Así las cosas, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica y que este era adicional al 100% de esa asignación,
lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario básico]; la
segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación mensual
básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de servicios
recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos laborales de
los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado como prima.
20. Ahora bien, en sentencia del 2 de abril de 2009 17, la Sección Segunda del
Consejo de Estado precisó que «la noción de “prima" como concepto genérico emerge
a título de reconocimientos económicos adicionales para el empleado a fin de expresar
cualidades o características particulares del mismo, que con todo, implican un aumento en
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07), MP.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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Demandante: Luz Mary Arias Ospina
su ingreso laboral, es así, como la prima técnica, la prima de antigüedad, la prima de clima,
entre otras, representan un sistema utilizado en la función pública para reconocer un
"plus" en el ingreso de los servidores públicos, sin importar que en la definición
normativa de esencia, sea o no definido su carácter salarial, prestacional o simplemente
bonificatorio». [Se resalta].
21. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores.
22. En sentencia del 29 de abril de 201418, el Consejo de Estado declaró la nulidad
de algunas normas que reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e
acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro
que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición
de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la
mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y
prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron
erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario
de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios
a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad». [Se resalta].
23. Asimismo, la sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
en sentencia del 15 de diciembre de 202019, frente al reconocimiento de la prima
especial para aquellos fiscales que se acogieron al régimen salarial del Decreto 53
18 Radicado 11001-03-25-000-2007-00081-00 (1583-2007) Declaró la nulidad del Artículo 9 del
Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de 1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto 104 de
1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995;
7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47 de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del
Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9 del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56
de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto 64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13
del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37 de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto
44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740
de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto 1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de
2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001;
6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y
12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568 de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12
del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de 2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del
Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de
2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6
del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8, 9, y 11 del Decreto 3048
de 2007.
19 Radicado 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018), conjuez ponente Jorge Iván Rincón
Córdoba.
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Radicado: 05001-23-33-000-2021- 00605-02 (3379-2025)
Demandante: Luz Mary Arias Ospina
de 1993 y a quienes se vincularon con posterioridad, indicó lo siguiente:
«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se
hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial de
servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún
caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad
tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100
% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que
había sido excluido a título de prima especial.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969».
24. A tales conclusiones llegó la sala de conjueces, luego de considerar que «[a]nte
la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por vía reglamentaria
que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el principio de progresividad y
no regresividad de los derechos sociales, en este caso concreto, aquellos derivados de una
relación de derecho administrativo laboral […] [N]o sólo las leyes 4ª de 1992 y 476 de 1998
consagran el derecho, sino que el mismo fue previsto por el Gobierno Nacional anualmente
hasta el año 2002. Ante esta realidad resulta indiscutible la necesidad de no disminuir el
nivel de protección conseguido, aspecto que no sólo es un mandato reconocido en el
artículo 53 de la Constitución sino además en instrumentos internacionales como el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales». De acuerdo con lo
anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a un
valor adicional al salario básico.
25. Finalmente, la sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante sentencia del 21 de septiembre de 202220, declaró la nulidad de los
20 Radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018), declaró la nulidad de los artículos 6 y 16
del Decreto 53 de 1993, 7 y 18 del Decreto 108 de 1994, 7 y 17 del Decreto 49 de 1995, 7 y 17 del
Decreto 108 de 1996, 7 y 17 del Decreto 52 de 1997, 7 y 18 del Decreto 50 de 1998, 7 y 17 del
Decreto 38 de 1999, 8 y 17 del Decreto 2743 de 2000, 8 y 17 del Decreto 2729 de 2001, 7 y 16 del
Decreto 685 de 2002, 15 del Decreto 3549 de 2003, 15 del Decreto 4180 de 2004, 15 del Decreto
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Radicado: 05001-23-33-000-2021- 00605-02 (3379-2025)
Demandante: Luz Mary Arias Ospina
decretos anuales que establecían el régimen salarial y prestacional para los
servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, dictados en los años 1993
a 2017, al considerar que el 30% del salario básico mensual de los servidores de
esa entidad «no puede ser considerado como prima especial de servicios, como lo
disponen las normas sub judice […], no puede ser imputada como parte del salario, sino
sumada, agregada, adicionada a éste». [Se resalta].
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
26. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
26.1. Luz Mary Arias Ospina se desempeñó como fiscal delegada ante jueces del
circuito desde el 1° de enero de 201721.
26.2. Mediante constancia «Kardex devengados y deducidos» del mes de mayo de
202322 expedida por la FGN, se relacionaron los valores devengados por la actora
y las correspondientes deducciones de los años 2018 a 2021 en la que se observan
los siguientes emolumentos: sueldo, gastos de representación, bonificación por
actividad judicial, bonificación por servicios, prima de servicios, prima de navidad,
bonificación judicial, prima de vacaciones y prima especial de servicios. Para el
efecto, se enlistan los valores registrados respecto del sueldo y la prima especial de
servicios:
Sueldo [ incluye el
Prima
Año valor por gastos de
especial
representación]
2018 $ 7.710.804 $0
2019 $ 8.057.791 $0
2020 $ 8.470.350 $0
2021 $ 8.470.350 $ 2.541.105
26.3. El 16 de enero de 202123, solicitó a la entidad el reconocimiento y pago de la
943 de 2005, 15 del Decreto 396 de 2006, 15 del Decreto 625 de 2007, 15 del Decreto 665 de 2008,
16 del Decreto 730 de 2009, 16 del Decreto 1395 de 2010, 15 del Decreto 1047 de 2011, 15 del
Decreto 875 de 2012, 15 del Decreto 1035 de 2013, 15 del Decreto 205 de 2014, 16 del Decreto
1087 de 2015, 16 del Decreto 219 de 2016 y 17 del Decreto 989 de 2017.
21
Samai del tribunal, índice 2; 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_202511252zi(.zip) NroActua 2;
04AnexoPruebaDocumental.pdf; folio 11; y 19ExtractoHojaDeVida.pdf.
22 Samai del tribunal, índice 2; 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_202511252zi(.zip) NroActua 2;
04AnexoPruebaDocumental.pdf; folios 12 al 18; y 20Kardex.pdf.
23 Samai del tribunal, índice 2; 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_202511252zi(.zip) NroActua 2;
04AnexoPruebaDocumental.pdf; folio 4.
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Demandante: Luz Mary Arias Ospina
prima especial de servicios como un emolumento adicional al salario básico y en
cuantía del 30% de la asignación mensual, más la reliquidación de los aportes al
sistema de seguridad social en pensiones de acuerdo con ese porcentaje.
26.4. La anterior petición fue negada por medio del Oficio DS-SRANOC-GSA28 No.
000269 del 15 de febrero de 202124, proferido por la Subdirección Regional de
Apoyo Noroccidental [E] de la FGN en el que se indicó que esa entidad pagó los
salarios y prestaciones sociales en los términos indicados en la norma.
2.4. Análisis sustantivo
27. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados, se advierte que el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, declaró la nulidad del acto
acusado y, a título de restablecimiento del derecho, condenó a la FGN a pagar a la
demandante la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 como un adicional al salario básico mensual, y la reliquidación de los aportes
al sistema de seguridad social, sobre el 100% de su salario mensual más el
incremento del 30% a título de prima especial desde el 16 de enero de 2018 y hasta
«que en virtud del Decreto 272 de 2021 se le haya iniciado a pagar la prima especial como
una adición al salario».
28. En contra de esta decisión la demandada presentó recurso de apelación en el
que señaló que i) se excedió en la condena al no establecer el límite final del
reconocimiento, esto es con desconocimiento de que en virtud del Decreto 272 de
2021, con efectos fiscales desde el 1 de enero de 2021, resultaba improcedente
ordenar reconocimientos posteriores a esa data y ii) debía precisarse que la
reliquidación de los aportes al sistema de seguridad social solo recaía en pensión.
29. Antes de abordar la solución de los problemas jurídicos propuestos, la Sala
considera necesario precisar que la FGN, que funge como apelante único, no
cuestionó el derecho que le asiste a la demandante a percibir la prima especial de
servicios, de modo que el estudio de la segunda instancia partirá de dicho
presupuesto y se limitará a los disentimientos puntualmente propuestos.
30. Así las cosas, respecto del presunto exceso de la condena, el tribunal indicó que
a título de restablecimiento del derecho se ordenaría «el reconocimiento y pago de la
prima especial de servicios como adición al salario» y el respectivo «reajuste y pago del
ingreso base de cotización sobre aportes a seguridad social en pensión» frente a lo cual,
en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia ordenó el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como un adicional al salario
24 Ibidem, folios 6 al 8.
12
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Demandante: Luz Mary Arias Ospina
básico mensual desde el 16 de enero de 2018 hasta que por virtud del Decreto 272
de 2021 se hayan iniciado a pagar el 30% como adicional al salario.
31. De acuerdo con lo anterior, en cuanto al extremo final de la condena, la Sala
procederá a verificar si con ocasión de la entrada en vigencia del Decreto 272 de
2021, la FNG reconoció la prima especial de servicios en los términos previstos en
dicha norma, esto es como un factor adicional a la asignación básica y con efectos
únicamente para el ingreso base de cotización al Sistema General de Pensiones,
conforme con lo dispuesto en la Ley 797 de 2003.
32. En relación con los pagos efectuados por la entidad para el periodo comprendido
desde el año 2018 hasta el 2021, comparado con el salario previsto en los decretos
salariales anuales para los cargos de fiscal delegado ante los jueces del circuito se
tiene lo siguiente:
Sueldo [ incluye el
Salario Prima
Año Decreto salarial valor por gastos de
decretado especial
representación]
2018 343 $ 7.710.804 $ 7.710.804 $0
2019 996 $ 8.057.791 $ 8.057.791 $0
2020 300 $ 8.470.350 $ 8.470.350 $0
2021 987 $ 8.470.350 $ 8.470.350 $ 2.541.105
33. La relación anteriormente expuesta permite concluir que: i) en efecto, la FGN
pagó el salario en un 100% y, en consecuencia, las prestaciones sociales sobre ese
porcentaje desde el año 2018 hasta el año 2020, en la medida en que los valores
reconocidos por la entidad se ajustaron a los montos establecidos en los respectivos
decretos anuales de fijación salarial; ii) la entidad omitió el pago a la demandante
de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 en
dicho periodo, tal como lo determinó el a quo; y iii) desde el mes de enero de 2021,
a la actora se le reconoce y paga la prima especial de servicios.
34. En consecuencia, se modificará la sentencia de primera instancia para establecer
como extremo final de la condena el 31 de diciembre de 2020, condicionado a que
la entidad haya pagado lo correspondiente según lo previsto por el Decreto 272 de
2021.
35. Se precisa que el cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a
que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por
los mismos conceptos aquí reconocidos y en ese sentido se adicionará la decisión
de primera instancia.
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Radicado: 05001-23-33-000-2021- 00605-02 (3379-2025)
Demandante: Luz Mary Arias Ospina
36. Para efectos de lo anterior, se advierte que la prima especial de servicios sumada
a las demás prestaciones percibidas no puede superar los topes establecidos por el
gobierno nacional.
37. Por último, en relación con el segundo problema jurídico planteado, corresponde
analizar si la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
constituye factor salarial únicamente para efectos pensionales. Para tal efecto,
revisada la sentencia de primera instancia, no se observa interpretación errónea del
tribunal respecto del concepto de la prima especial de servicios, tal como fue
señalado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, por cuanto, el a quo luego
de exponer el marco normativo y jurisprudencial de dicha prestación concluyó que
esta debía entenderse como un adicional al salario básico mensual y no como una
disminución, la cual, solo constituía factor salarial únicamente para efectos de los
aportes pensionales.
38. Así, al haberse demostrado la calidad de fiscal delegada ante los jueces del
circuito y el fraccionamiento del salario, el tribunal consideró que tenía «derecho al
pago de la prima especial como un adicional al salario, din que en ningún caso supere el
porcentaje máximo fijado por el gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente;
prima que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada, solo constituye factor salarial para
efectos de pensión de jubilación».
39. No obstante, lo probado y concluido por el tribunal, se evidencia que la parte
resolutiva de la sentencia se circunscribió a declarar la nulidad del acto acusado y
en consecuencia resolvió:
«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se condena a la Fiscalía General
de la Nación a reconocer y pagar a la señora Luz Mary Arias Ospina la prima especial
de servicios como adición al salario, desde el 16 de enero de 2018 y hasta que en virtud
del Decreto 272 de 2021 se le haya iniciado a pagar la prima especial como una adición
al salario, sin que en ningún caso la totalidad de sus ingresos superen el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
Igualmente se ordena realizar los descuentos de ley y aportes propios para el sistema
general de seguridad social, en las proporciones correspondientes, respecto de las
diferencias ordenadas y no cotizadas, conforme lo expuesto.
Las sumas de dinero cuyo reconocimiento se ordena en esta sentencia a favor de la
demandante se actualizarán en su valor, conforme lo expuesto en la parte motiva».
40. Ciertamente, la Ley 332 de 1996, definió expresamente que esta prestación solo
integra el ingreso base de liquidación para la pensión de jubilación, excluyendo
cualquier incidencia en cesantías u otras prestaciones sociales.
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Demandante: Luz Mary Arias Ospina
41. Laanterior norma fue aclarada por la Ley 476 de 1998, en el sentido de
establecer que la excepción prevista en la Ley 332 de 1996, que hace alusión a la
Ley 4ª de 1992 no se refiere a los fiscales de la Fiscalía General de la Nación que
se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes
se vincularan con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos
servidores, la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 6 del Decreto
53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogaron o lo adicionaron, tendría
carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de
la pensión de jubilación.
42. En el mismo sentido, en la sentencia del 2 de septiembre de 2019 proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, se precisó que la prima especial de
servicios únicamente puede considerarse como factor salarial para efectos
pensionales, de manera que su reconocimiento en otros ámbitos implicaría
desconocer el marco legal y exceder la voluntad del legislador.
43. En efecto, el a quo declaró que la prima especial de servicios solo constituía
factor salarial para efectos pensionales y ordenó la reliquidación de los aportes
desde el 16 de enero de 2018 y hasta que por virtud del Decreto 272 de 2021 se
haya realizado el pago respectivo como una adición al salario; no obstante, tal
precisión no quedó expuesta en la parte resolutiva.
44. Por tanto, los reparos expuestos por la entidad entorno a la improcedencia de
incluir la prima especial de servicios como factor salarial para liquidar los demás
emolumentos carecen de pertinencia, pues tales conceptos no fueron objeto de
reconocimiento en la decisión judicial debido a que las consideraciones del tribunal
al respecto se acompasan con dicha tesis normativa y jurisprudencial referida; sin
embargo, para mayor claridad se adicionará la parte resolutiva de la sentencia
apelada para así indicarlo.
45. En este punto, llama la atención de la Sala que si bien lo pertinente al reajuste
de los aportes a pensión fueron analizados en primera instancia no se emitió una
orden en concreto, razón por la cual se adicionará al ordinal cuarto una orden en tal
sentido.
2.5. Costas
46. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:
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Demandante: Luz Mary Arias Ospina
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
47. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
48. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.25
49. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
50. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
51. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que i) a la demandante le
asistía el derecho al reconocimiento y pago de la prima especial como adicional al
salario desde el 16 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020; ii) el
cumplimiento de la sentencia dependerá de que no existan pagos previos por
iguales conceptos; y iii) el reajuste y pago de la diferencia recae solo sobre los
aportes a la seguridad social en pensión, por todo el tiempo en que la demandante
haya percibido o debió percibir el citado emolumento, de acuerdo con el 100% del
salario básico más el 30% de la prima especial de servicio, con la precisión que la
condena será únicamente respecto del 30% de la prima especial no pagada y que
no se incluyó en la base de liquidación y para indicar que el cumplimiento de la
25En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
16
Radicado: 05001-23-33-000-2021- 00605-02 (3379-2025)
Demandante: Luz Mary Arias Ospina
condena estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro
pago a la parte demandante por los conceptos aquí reconocidos y en ningún caso
podrá superar los topes fijados por el gobierno nacional.
En consecuencia, la Sala modificará y adicionará la sentencia proferida el 21 de
agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar y adicionar el ordinal segundo de la sentencia apelada del 21
de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Transitoria, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta
por Luz Mary Arias Ospina contra la FNG, que quedará del siguiente modo:
«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho condenar a la Fiscalía General de
la Nación a reconocer y pagar a Luz Mary Arias Ospina la prima especial de servicios
como adición al salario, desde el 16 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de
2020, o hasta la fecha que en virtud del Decreto 272 de 2021 se le haya iniciado a pagar
la prima especial como una adición al salario, sin que en ningún caso la totalidad de sus
ingresos superen el porcentaje máximo fijado por el gobierno nacional, en atención al
cargo correspondiente. Igualmente se ordena realizar los descuentos de ley y aportes
propios para el sistema general de seguridad social en pensión, en las proporciones
correspondientes, respecto de las diferencias ordenadas y no cotizadas, conforme con
lo expuesto.
El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos
conceptos aquí reconocidos y a que no se superen los topes establecidos por el gobierno
nacional.
Las sumas de dinero cuyo reconocimiento se ordena en esta sentencia a favor de la
demandante se actualizarán en su valor, conforme con lo expuesto en la parte motiva».
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 21 de agosto de 2025,
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de este proveído.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
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Radicado: 05001-23-33-000-2021- 00605-02 (3379-2025)
Demandante: Luz Mary Arias Ospina
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
DMGT
18
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