Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00680-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00680-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-00680-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
28 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2021 00680 01 (7212–2023)
Demandante: Alicia del Socorro Berrío Vargas
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Carga de la prueba. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 5 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, que negó las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
La señora Alicia del Socorro Berrio Vargas, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de la Resolución RDP 039773 de 20 de octubre de 2017
y el auto ADP 004404 de 28 de junio de 2019, actos proferidos por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y
pago de una pensión gracia.
Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia,
liquidada con el 75% de lo devengado en el año de servicio anterior a la adquisición
del estatus pensional, es decir, 31 de octubre de 2015, pero efectos a partir del 28
de febrero de 2016 por efectos de la prescripción trienal contada desde la
reclamación administrativa ocurrida el 28 de febrero de 2019. Así mismo, pretende
el reajuste de que tratan la Ley 71 de 1988 y la Ley 100 de 1993.
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001233300020210
0680011100103
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2021 00680 01 (7212-2023)
Demandante: Alicia del Socorro Berrío Vargas
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
La señora Alicia del Socorro Berrio Vargas se desempeñó como docente en el
departamento de Antioquia desde el 2 de abril de 1976 con las siguientes
vinculaciones, según se afirma en la demanda:
• A través de Decreto 452 de 2 de abril de 1976, prestó servicio en el municipio
de Zaragoza hasta el 22 de marzo de 1983.
• Fue nombrada a través de Decreto 288 de 10 de marzo de 2004expedido por
el Ministerio de Educación Nacional, como docente en el municipio de Medellín,
en donde ha estado vinculada hasta, por lo menos, la fecha de la presentación
de la demanda.
De igual manera, señaló que la demandante nació el 31 de octubre de 1956, por lo
que cumplió 50 años de edad el 31 de octubre de 2006.
Explicó que el 28 de febrero de 2019 radicó solicitud de reconocimiento y pago de
una pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la cual fue negada en
atención a los actos administrativos demandados.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Se invocaron como desconocidas las siguientes: el artículo 13 de la Constitución
Política; las Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 37 de 1933, 115 de 1994, 91 de 1989,
60 de 1993, 100 de 1993, el Decreto Ley 2277 de 1979 y las sentencias del Consejo
de Estado de 28 de junio de 2012 y de 21 de junio de 2018.
En síntesis, como argumento de lo pretendido, indicó que la docente laboró al
servicio del departamento de Antioquia, efectuando los aportes para pensión desde
1980, por lo que considera que la vinculación laboral es de carácter territorial
(departamental), en atención a lo dispuesto por la Ley 91 de 1989. De igual manera,
precisó que, si bien se certificó que la vinculación fue de naturaleza nacional, siendo
la prestación del servicio de carácter territorial o nacionalizado, resultaría
procedente el reconocimiento pretendido.
Finalmente, argumenta que catalogar la Resolución 288 de 10 de marzo de 2004
como acto de vinculación y de naturaleza nacional es una injusticia, en la medida
que se cumplieron todos los requisitos para acceder a la pensión suplicada.
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Demandante: Alicia del Socorro Berrío Vargas
1.4. Contestación de la demanda
Admitida la demanda el 17 de enero de 2022, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, una vez notificada, presentó escrito con el que se opuso a la prosperidad de
las pretensiones; al efecto, sostuvo que la señora Berrío Vargas no allegó en
instancia administrativa, y mucho menos en la judicial, los documentos necesarios
para acreditar la existencia del derecho reclamado, incumpliendo así con la carga
de la prueba que tiene como demandante. De igual forma, señaló que no es posible
computar tiempos de vinculación nacional para la pensión gracia, pues ello es
contrario a la ley y la jurisprudencia.
1.5. Sentencia de primera instancia
Con fallo de 5 de octubre de 2023 el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.
Como sustento de lo anterior, explicó que la documentación allegada por la parte
demandante no permite acreditar la naturaleza de las vinculaciones docentes que
la señora Berrío Vargas mantuvo, por lo que no es posible acceder a las
pretensiones de la demanda, más aún, cuando la certificación allegada da cuenta
de la vinculación de naturaleza nacional durante el periodo de servicio en la ciudad
de Medellín. Finalmente, condenó en costas a la UGPP toda vez que encontró
configuradas las causales de los artículos 365 y 366 del CGP en concordancia con
el artículo 188 del CPACA.
1.6. Recurso de apelación
A través de apoderada, la señora Alicia del Socorro Berrío Vargas presentó
recurso de apelación con el que solicitó revocar la decisión de primera instancia.
Alegó que se adjuntaron los documentos necesarios para demostrar el cumplimiento
de los requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia, por ejemplo, se anexó
copia del Decreto 452 de 2 de abril de 1976, con el que se evidencia la vinculación
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980.
Agregó que la demandante nunca ha laborado con la nación, pues los actos
administrativos de nombramiento provienen de entidades territoriales, por lo tanto,
se debe entender que el vínculo laboral fue modificado, pues a pesar de haber sido
nombrada por el Ministerio de Educación Nacional, es claro que ocupó una plaza
del orden territorial, y fue la entidad territorial la que administró la prestación del
servicio docente y realizó el pago de salarios a través el situado fiscal, lo que a la
luz de la jurisprudencia lleva a establecer que el vínculo laboral es territorial.
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Finalmente, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, incluida la condena
en costas, sin dar mayor argumentación sobre este punto.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Con auto de 16 de abril de 2024, se admitió el recurso de apelación.
Actuando por intermedio de apoderado, la UGPP presentó escrito de alegatos de
conclusión, en donde solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, pues la
parte demandante, si bien tiene una vinculación de naturaleza departamental entre
el 2 de abril de 1976 y el 22 de marzo de 1983, el periodo laborado con posterioridad,
es decir, el ocurrido a partir del 10 de marzo de 2004 es de naturaleza nacional, lo
que hace improcedente el reconocimiento de la pensión gracia.
La parte actora, el Agente del Ministerio Público y la Agencia de Defensa
Jurídica del Estado, guardaron silencio en esta etapa procesal.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso3, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de
alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Del problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Alicia del Socorro
Berrío Vargas, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por
haber cumplido los requisitos para ello, en especial los 20 años de servicio como
2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
3 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»
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docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias
para hacerse acreedor a tal prestación.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].
El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
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«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme
al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún
en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice
la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»4
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20185
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los
lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.»
Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».6
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
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en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4. Actuación administrativa
La señora Alicia del Socorro Berrio Vargas, actuando a través de apoderada, radicó
el 28 de febrero de 2019 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia
ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
En respuesta, la entidad expidió el auto ADP 004404 de 28 de junio de 2019,
indicando que una solicitud similar ya había sido resuelta a través de la Resolución
RDP 039773 de 20 de octubre de 2017, con la cual se negó el reconocimiento y
pago de la pensión gracia por no contar con el requisito de 20 años de servicio como
docente territorial o nacionalizado, sino nacional, situación que no ha cambiado
pues no se acreditaron nuevos tiempos.
2.5. Caso concreto
Pasa la Sala a determinar si la demandante cumple con las exigencias contenidas
en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, para el reconocimiento de la acreencia pensional en discusión.
Debiendo analizarse, además, si el traslado a una plaza nacionalizada y la
incorporación ocurrida en virtud de la “departamentalización y municipalización” de
la educación, implica que el tiempo servido a partir de ello, modificó la naturaleza
de la vinculación nacional a territorial, resultando válido el tiempo de servicio
docente prestado.
2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos
a. Edad
Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico planteado,
la Sala encuentra probado que la señora Alicia del Socorro Berrio Vargas nació el
31 de octubre de 19567, razón por la cual, el 31 de octubre de 2006 cumplió 50
años de edad.
b. Buena conducta
En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
7 Copia de la cedula de ciudadanía visible en expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito; siendo pertinente destacar que, en
todo caso, dicho aspecto no fue objeto de reproche por la demandada.
c. Tiempo de servicio
Al respecto, se observan las siguientes novedades laborales como docente oficial;
requisito este sobre el que gira la controversia en esta instancia:
• Vinculación entre el 20 de abril de 1976 y el 23 de marzo de 1984 (7 años,
9 meses y 3 días)
En el expediente reposa copia del Decreto 0452 de 2 de abril de 19768, por medio
del cual el gobernador de Antioquia, en uso de sus facultades legales, hizo el
nombramiento de diferentes docentes de educación primaria. Allí, se observa que
la señora Alicia del Socorro Berrio Vargas fue nombrada directora en el municipio
de Zaragoza, Escuela Rural Mixta el Saltillo.
Al respecto la secretaría de Educación de Antioquia expidió certificación de 29 de
agosto de 2018, en la cual se observa que dicha designación se mantuvo vigente
hasta el 23 de marzo de 1984, momento en que le fue aceptada la renuncia por
8 Documento visible en el folio 43 del archivo “002”, disponible en SAMAI.
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Decreto 542 de 20 de marzo de 1984. De igual manera, se destaca que el tipo de
vinculación fue nacionalizado.
De lo descrito previamente, se observa que el acto de nombramiento fue suscrito
por el gobernador de Antioquia, quien funge como nominador y que en uso de sus
facultades legales dispuso la vinculación de varios docentes al servicio de la
educación departamental, entre los cuales se encontraba la hoy demandante.
Lo descrito previamente, permite concluir que la novedad laboral que originó la
prestación del servicio de la señora Alicia del Socorro Berrio Vargas fue efectuada
por autoridad del orden territorial, en este caso, la gobernación de Antioquia, sin que
se observe la intervención u orden de la Nación – Ministerio de Educación Nacional.
Así entonces, si bien en este caso se certificó que la naturaleza del vínculo es
nacionalizado, a partir del contenido del acto administrativo, que da cuenta que el
acto lo expidió de manera autónoma el gobernador de Antioquia, sin intervención
de delegado del Ministerio de Educación; la Sala estima que, se está frente a una
designación territorial, pues, pese a que se profirió con posterioridad a la expedición
de la Ley 43 de 1975, por medio de la cual se adelantó la nacionalización de la
educación en Colombia, lo cierto es que en el acto de nombramiento no se señaló
que se tratara de una plaza nacionalizada, o que el pago de los salarios y
prestaciones fuera con cargo a recursos administrados por el FER.
Esta Sala ha precisado que «El carácter nacionalizado de la designación […] encuentra
respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados
aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero
de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 43 de 1975». En similar sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia C
– 085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son «los vinculados antes del
31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales».
Sumado a lo anterior, en lo que corresponde a dicha diferencia esta Corporación en
la citada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018,
concluyó:
«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial
antes del 1. de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con
la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que a partir de esa fecha se hayan
vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del
aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).
Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades de
ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar
haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta genere
se cubran con cargo a su propio presupuesto.»
Por tanto, el tiempo de servicio trascurrido entre el el 20 de abril de 1976 y el 23
de marzo de 1984, para un total de 7 años, 9 meses y 3 días luego de descontar
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60 días de licencia que se encuentran en el certificado anteriormente referido,
resulta ser de naturaleza territorial, tal y como se explicó previamente, y por tanto
computable para la pensión gracia.
• Vinculación desde el 23 de marzo de 2004 en adelante
Si bien en el proceso no se observa copia del acto de nombramiento, sí se allegó
certificación de tiempo de servicios expedida el 30 de agosto de 2018 por la
Secretaría de Educación de Antioquia, en donde señala que la señora Berrío Vargas
fue nombrada docente a través del Decreto 088 de 10 de marzo de 2004, cargo en
el que se encontraba al momento de presentar la reclamación de pensión gracia.
En cuanto a la naturaleza de la vinculación, del certificado de salarios expedido por
la Secretaría de Educación de Medellín el 30 de agosto de 2018, se sustrae que el
tipo de vinculación de la señora Berrio Vargas era nacional.
La anterior no se encuentra en discusión, pues a pesar de no haber allegado copia
del acto de nombramiento o del acto de posesión, en el escrito de la demanda se
precisó que la señora Alicia del Socorro Berrio Vargas fue nombrada docente en el
municipio de Medellín «mediante Decreto 288 del 10 de marzo de 2004, emanado por
(sic) el Ministerio de Educación Nacional, nombramiento desde el cual ha prestado sus
servicios hasta la actualidad que ha trabajado en continuidad».
Ahora, la naturaleza de su vinculación es nacional, no sólo porque así quedó
certificado, sino porque la anterior circunstancia no es discutida por la parte
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demandante, ya que tanto en el escrito de demanda como de apelación reconoce
que fue nombrada por el Ministerio de Educación Nacional.
Sobre el particular, la Ley 91 de 1989, en el artículo 1º, dejó claro que un docente
«nacional» es el que es nombrado por el Gobierno nacional, a saber:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional».
En igual sentido, esta Corporación en reciente sentencia de unificación SUJ-030-
CE-S2-2021 del 11 de agosto de 2022 sentó la siguiente regla jurisprudencial:
«Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar la
siguiente regla en cuanto al entendimiento que debe otorgarse al artículo 15, numeral
2, literal a), de la Ley 91 de 1989 para efectos de reconocer la pensión gracia de
jubilación:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.» (Negrilla de la
Sala)
Sumado a ello, esta Corporación en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997,
citada por el apoderado de la demandante en el escrito de apelación, se señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice
la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»9
En ese orden de ideas, el período antes referenciado, no es computable para
acreditar los 20 años de servicio con el fin de acceder a la pensión gracia.
Ahora bien, con el recurso se arguye que, si bien la docente fue nombrada por el
Ministerio de Educación Nacional, se desempeñó en una plaza territorial financiada
a través del FER, es decir, a través del situado fiscal y, por tanto, la naturaleza de
la vinculación cambia de nacional a territorial, otorgando así derecho a la pensión
gracia reclamada.
Pues bien, de los documentos allegados al expediente, se observa que la señora
Berrio Vargas laboró por más de 14 años; sin embargo, a partir del nombramiento
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997.
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efectuado mediante la Resolución 288 de 2004, se presentó una continua
dependencia laboral de la demandante respecto de la Nación, pues fue nombrada
de manera directa por el Ministerio de Educación y ha permanecido en ese mismo
cargo hasta por lo menos la expedición de las certificaciones allegadas en agosto
de 2018; por lo que existe certeza de que el tipo de vinculación es nacional.
Si bien con el proceso de descentralización de la educación, y la creación del
sistema general de participaciones, se transfirieron los recursos de la Nación a los
entes territoriales, dicha circunstancia por sí sola no implica un cambio en la
naturaleza del vínculo docente; siendo pertinente señalar que, aunque con la Ley
60 de 1993 se dispuso la descentralización de ciertas competencias de la Nación
respecto de los entes territoriales, en su artículo 6.º se señaló que «el régimen
prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y
las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en
ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de
remuneraciones». (Resaltos de la Sala)
A su vez, la Ley 91 de 1989 en su artículo 1.º indicó que el personal nacional son
los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno nacional, a diferencia de
los nacionalizados y territoriales, que son los vinculados por nombramiento de
entidad territorial.
En ese orden, las condiciones de la vinculación docente de la demandante no se
modificaron a pesar de la prestación del servicio bajo la dependencia del ente
territorial como lo menciona en el recurso, comoquiera que el último nombramiento
del que fue objeto se efectuó en 2004, en el que se indicó que pertenecía a la
nómina nacional; y si bien de ahí en adelante se presentaron situaciones
administrativas, ello no afectó su relación laboral, pues, como quedó claro, la
vinculación de los educadores con la que venían se mantuvo incólume al no existir
ruptura del vínculo laboral.
El anterior criterio ha venido siendo reiterado por esta Corporación, entre otras, en
sentencia de 28 de enero de 202110:
«[…] del aludido procedimiento de incorporación de la demandante se destaca que
(i) no tenía la calidad de profesora municipal, sino nacional; (ii) Manizales era el lugar
geográfico en el que desarrollaba su funciones, circunstancia que no mutaba la
naturaleza de su vinculación, dado que la vacante que ocupaba y el colegio en el que
laboraba eran nacionales; y (iii) no se trató de una nueva designación, tanto es así
que no hubo modificación en cuanto al régimen salarial que le reconocía la Nación.
En consecuencia, conforme a lo certificado por la secretaría de educación el 10 de
febrero de 2006 y el 1° de agosto de 2016, la accionante «[…] prestaba sus servicios
como Docente plaza Nacional […]», lo cual no varió por la incorporación del
departamento de Caldas.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Radicado: 17001-23-33-000-2015-00285-
01 (363-2018).
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[…]
Por otra parte, en lo concerniente a los recursos con los cuales se financió el empleo
de la accionante, el acto de incorporación hace referencia al situado fiscal que si bien
atendía los gastos que generaban los servicios educativos nacionalizados y
territoriales, también lo hacía respecto de los nacionales como en este caso, en el
que, se reitera, la plaza era nacional sin que exista en el plenario prueba en
contrario.»11
Por tanto, dado que la naturaleza del nombramiento de la aquí demandante fue del
orden nacional y que las novedades de las que fue objeto administrativamente no
modificaron dicha naturaleza, es claro que el tiempo de servicio docente desde el
23 de marzo de 2004 es de naturaleza nacional, y por lo tanto no es posible tenerlo
en cuenta para efectos de la pensión gracia deprecada.
La discusión descrita previamente no es desconocida para las partes en disputa,
pues la entidad demandada, tanto en sede administrativa como en la defensa
ejercida en el proceso de la referencia, argumentó que el tiempo de servicio a partir
del nombramiento ocurrido con el Decreto 288 de 2004 no resultaba válido, en la
medida que i) este se produjo directamente por el Ministerio de Educación Nacional
y ii) la entidad territorial certificó la vinculación como nacional.
No obstante, la parte demandante - señora Berrio Vargas-, no allegó documentación
que lograra desvirtuar el certificado expedido por la entidad territorial o que explicara
jurídicamente que el nombramiento provenía de una vinculación de naturaleza
territorial o nacionalizada.
Vale la pena poner de presente respecto a la carga de la prueba, que conforme con
el artículo 167 del Código General del Proceso, se prevé que «Incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen», y para el caso que hoy nos ocupa, no cabe duda de que la parte
demandante tenía la obligación de acompañar sus argumentos y pretensiones con
material probatorio suficiente que demostrara el lleno de requisitos legales para
obtener el aumento prestacional reclamado, lo cual no ocurrió.
Ahora, no se advierte mayor gestión de la interesada, más allá de solicitar las copias
de los actos de nombramiento y de adjuntar las certificaciones laborales, las mismas
que determinan que el tipo de vinculación es nacional, cuando bien pudo haber
intentado allegar documentación que respaldara sus argumentos o certificaciones
que demostraran una vinculación de naturaleza diferente a la ya indicada.
La Corte Constitucional respecto a la carga de la prueba en materia pensional
cuando existan inconsistencias en la historia laboral del solicitante, en sentencia
SU-182 de 2019 señaló:
11 Véase también, Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 66001-23-33-000-2016-00086-
01(2163-2018). Sentencia de 16 de mayo de 2019.
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«En este punto es importante precisar que la carga de la prueba sobre las posibles
inconsistencias o irregularidades recae, en principio, sobre la administradora de
pensiones, pues “el trabajador sigue siendo el sujeto jurídico más débil del sistema,
por lo cual merece una especial protección del Estado”12. Además, la administradora
cuenta con “mejores y mayores elementos de juicio que le permitan adoptar una
decisión más fiel a la realidad de los hechos que se le plantean”13. Pero cuando la
administradora de pensiones presenta una “justificación bien razonada”,
soportada en medios probatorios que advierten razonablemente sobre una
inconsistencia o una irregularidad en la historia laboral, le corresponde al
afiliado desvirtuar tal hecho. En términos similares, la Sala Plena del Consejo de
Estado ha sostenido que, frente a una “censura fundada” de la administración, la
carga de la prueba se traslada al afiliado, quien podrá hacer uso de los distintos
medios probatorios a su alcance.14» (Negrilla de la Sala)
En esa línea de consideraciones, para la Sala el tiempo de servicio prestado por el
docente en el periodo que se analiza desde el marzo de 2004 en adelante es del
orden nacional, al tenor del certificado laboral mencionado, y por tanto no es
computable para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
2.6. Condena en costas de primera instancia
La apoderada de la parte demandante, en el escrito de apelación, solicita de igual
manera revocar la condena en costas impuesta en la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, no obstante, no realiza un análisis o
argumentación alguna sobre la cual se pueda realizar un estudio en cuanto a su
viabilidad o no. En razón de lo anterior, la Sala considera que no es posible
pronunciarse sobre la medida condenatoria en primera instancia y, en razón a ello,
se abstendrá de pronunciarse al respecto.
2.7 Conclusión
En ese orden de ideas, para la Sala no prosperan los argumentos planteados en el
recurso de apelación, pues, no se logró acreditar la prestación del servicio docente
con vinculación territorial o nacionalizada por al menos 20 años, ya que se insiste,
12 «Sentencia C-177 de 1998. MP. Alejandro Martínez. Reiterada recientemente en la Sentencia T-
376 de 2018. MP. José Fernando Reyes.»
13 «Sentencia T-482 de 2012. MP. Luis Ernesto Vargas.»
14 «“En su defensa el demandante se limitó a hacer apreciaciones generales sobre la presunción de
buena fe sin desvirtuar el cargo que le hizo la demandada, el cual fue reiterativo en señalar que
nunca prestó servicios al Municipio. En este aspecto confunde el demandante la carga de la prueba,
pues en este caso, frente a una censura fundada de la administración, le correspondía desvirtuar tal
acusación, demostrando por los diversos medios probatorios que efectivamente fue empleado del
citado Municipio, en las fechas que dice haber desempeñado los diferentes empleos a que hace
alusión en su demanda”. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. CP: Ana
Margarita Olaya Forero Sentencia del 16 de julio de 2002. Radicación número: 23001-23-31-000-
1997- 8732-02 (IJ 029).»
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se mantuvo en el orden nacional conforme al acto administrativo de nombramiento.
Con fundamento en lo antes expuesto, tampoco se advierte un desconocimiento de
la jurisprudencia de esta Corporación ni de la Constitución, como lo dispuso el a
quo, razón suficiente para confirmar la sentencia objeto de alzada, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda
2.8. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas de segunda
instancia comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar
a condenar en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de
la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de
las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión
de los argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí
resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales
trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto
de 2022.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
3. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 5 de octubre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda; de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación.
TERCERO. Se reconoce personería al abogado Edgar José Polanco Pereira como
apoderado de la UGPP, de acuerdo con el poder allegado vía correo electrónico y
que se encuentra visible en el índice 12 del expediente digital disponible en SAMAI.
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CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
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